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curas casados leen misa


La misa de desafío al obispo. Los curas casados de Córdoba con el sacerdote sancionado. Desafiando la prohibición del arzobispo cordobés, Nicolás Alessio dio misa en la calle anoche y la dará hoy otra vez. En pocas semanas piensa dejar la Iglesia que lo reprime.
[Carlos Rodríguez] Córdoba, Argentina. La parroquia San Cayetano iba a quedar chica. Por eso, desde temprano, la misa concelebrada con representantes del Grupo Curas Casados de la provincia fue organizada sobre la calle Río Paraná. Como le había adelantado a Página/12, el párroco Nicolás Alessio no sólo no pidió perdón ni se retractó de su adhesión militante a la campaña a favor del matrimonio igualitario, sino que ratificó sus dichos y dio la misa. Se la había prohibido el arzobispo de Córdoba, Carlos José Ñañez, como sanción.
Anoche, con ‘Honrar la vida’ en la voz de Mercedes Sosa como fondo, el cura Alessio, vestido de "particular", con gorro de lana y poncho rojo con vivos negros, dijo que con la sanción de la nueva ley que posibilita el matrimonio entre personas del mismo sexo "hay una patria distinta, inclusiva, diversa y plural". A la tarde, Alessio había bautizado a un niño –desafiando otra prohibición– y hoy volverá a reunirse con sus fieles, en otra de sus habituales misas del fin de semana. Sabe que lo que está haciendo "va a tener un costo grande y como yo no quiero llevar a mi comunidad a un conflicto sangriento, lo más probable es que me vaya (de la Iglesia) el 7 de agosto", día del santo patrono del trabajo, que le da nombre a la parroquia.
Con un frío que rozaba los límites del bajo cero, unos quinientos fieles seguidores del cura Alessio lo apoyaron y vivaron durante la misa, que tuvo el tono de una fiesta en la que no faltaron las ironías. Alessio, que dijo ser "amigo personal" de Ñañez, leyó en forma textual el comunicado de la Curia que le prohibió dar misa y hacer casamientos. Puso énfasis, sobre todo, en el párrafo en el cual se sostiene que la sanción contra él obedece a que "últimamente efectuó y continúa efectuando declaraciones públicas en diversos medios de comunicación, a favor del presunto matrimonio entre personas del mismo sexo".
En la misa, Alessio insistió en que no habría de "enmendarse ni rectificarse" como le exigía su obispo. El que debía rectificarse, opinó, era el propio Ñañez, dado que "lo que él llama presunto matrimonio, ya no es presunto, es matrimonio. Ya son matrimonio, no hay nada que sea presunto". Sus palabras fueron seguidas por aplausos –y algunas risas–, de parte de una concurrencia heterogénea, que agrupaba a feligreses habituales de todas las edades, a militantes de organizaciones sociales, partidos políticos y a la Multisectorial que agrupa a gays y lesbianas de Córdoba, a representantes de organizaciones feministas.
Algunos de los presentes admitieron que no estaban de acuerdo con la posición del cura Alessio respecto del matrimonio gay. Pero, como explicó Juana, de 24 años, "estamos aquí porque es nuestro padre espiritual, nuestro amigo, nuestro compañero y una persona a la que todos apreciamos, a pesar de las diferencias y desde las diferencias". Juana reconoció que no suele ir a la iglesia, aunque a veces se mezcla con los religiosos que acompañan a Alessio "porque tienen algo, un ángel, que hace bien".
La misa se escuchó por un poderoso equipo de sonido instalado sobre la vereda de la parroquia San Cayetano en el barrio Altamira, cercano al popular barrio San Vicente, de la ciudad de Córdoba. ‘Vamos por la libertad’, cantaba Teresa Parodi. Las letras de las canciones parecían tener el carácter de editoriales que acompañaron a los distintos oradores. "Banderas de libertad, volvemos a soñar", repetía el estribillo de otra de Víctor Heredia. Y otra vez Teresa Parodi: "Canta compañero, no te quedes sin el fuego". En varios momentos, jóvenes y viejos se movieron al compás de la música, que se unió sin complejos al rezo tradicional.
Sobre una de las paredes exteriores del templo, un cartel improvisado a mano, decía: "Ay, Dios nuestro, perdónales. No saben lo que hacen". Sobre la cabeza de los oradores, en lo alto de la capilla, un mensaje decía: "Celebramos al Jesús liberador". Uno de los primeros en hablar fue Adrián (así se presentó), del grupo Curas Casados. Adrián, que ya no forma parte de la Iglesia Católica, dice que ellos, junto con el Grupo de Sacerdotes Angelelli, al que pertenece Alessio, están transitando "por el camino del pueblo colectivo, plural", al que definió como "un camino donde no cobran peaje". Terminó su intervención con dos consignas: "No nos van a quitar el sueño" y "Arriba la pluralidad".
Néstor, otro "cura casado", recordó que hace quince años tuvo que dejar los hábitos por haberse enamorado de una mujer. "No nos permitieron seguir ejerciendo nuestro ministerio, aunque nosotros seguíamos teniendo intacta nuestra fe en Dios y nuestra convicción de religiosos." Néstor habló sobre la persecución que sufrieron los que rompieron con el celibato: "No nos dejaron vivir en nuestro lugar, que era la iglesia. Los que habían sido nuestros compañeros, se apartaban de nosotros".
Después habló Pepe Ferrari, otro cura casado que hoy vive en Santa Fe con su mujer y sus hijos. "Yo tomé esta decisión hace más de dos décadas y ahora he vuelto a dar una misa, porque Nicolás (por Alessio) me invitó a participar." La misa se hizo bajo la invocación de San Cayetano, el santo patrono, y del obispo Enrique Angelelli, de quien se leyó un texto en el cual fundamentaba su decisión de adherir a los religiosos que dieron, hasta su vida, por lo que llamaron "la opción por los pobres".
Alessio cerró reiterando su oposición a someterse al juicio canónico que puso en marcha la Curia local. "Ir a juicio es como bajar al infierno", pero su tono, lejos de resultar dramático, despertó risas. Calificó al proceso de "antievangélico". Los abrazos fueron interminables. Antes, a solas con Página/12, Alessio dijo que le dieron "veinte días (de plazo) para nombrar un abogado defensor" pero aclaró que se resiste a seguir los pasos que marca el derecho canónico. "No creo en la burocracia ni en los papeles. No voy a acatar la orden de no dar misa ni de realizar casamientos. No me voy a retractar." Su postura es ésa, al tiempo que admite que sus días en la Iglesia están contados. "Mis amigos me piden que me quede hasta fin de año, pero lo más lógico es que me vaya después del 7 de agosto, porque para San Cayetano vienen todos los años entre seis y siete mil personas, y a ellos no les puedo fallar."

18 de julio de 2010
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seis chacales más al banquillo


Comienza el segundo juicio por terrorismo de estado en Rosario. La causa Feced cambió de nombre porque su principal imputado ya murió. Ahora se llama Díaz Bessone, porque es el segundo implicado en jerarquía. Es tan voluminosa que se dividió en partes. Una porción comienza a ser juzgada.
[Sonia Tessa] Argentina. Desde hace 26 años, desde enero de 1984, un grupo de personas que estuvieron privadas ilegítimamente de su libertad y sufrieron tormentos en el Servicio de Informaciones pelea para que se juzguen los delitos de lesa humanidad cometidos en el edificio de San Lorenzo y Dorrego, el centro neurálgico del terrorismo de Estado en la región. Por allí pasaron entre 1800 y 2000 prisioneros y muchos de ellos continúan desaparecidos. El miércoles, a las 9.30, comenzará el juicio oral de una parte de la causa conocida como Feced, que cambió su carátula a Ramón Genaro Díaz Bessone, jefe del Comando del 2º Cuerpo de Ejército hasta el 12 de octubre de 1976. Seis imputados, 93 víctimas, de los cuales 17 fueron asesinados, casi 200 testigos, dan cuenta de la magnitud del juicio. Y desde Hijos Rosario calculan que se juzgará sólo el cinco por ciento de los crímenes cometidos en ese centro clandestino de detención. Aunque hay muchos otros acusados cuyo proceso se encuentra en etapa de instrucción, y algunos prófugos, entre los enjuiciados estarán Díaz Bessone y el emblemático José Lo Fiego, lugarteniente de Feced. Además, una de las querellantes, Marta Bertolino espera que las audiencias permitan descorrer el velo sobre otros responsables, entre ellos civiles, como funcionarios judiciales y médicos que participaban de la tortura. "Creemos que los testimonios permitirán esclarecer un mapa de la represión ilegal en la zona", confío, al tiempo que cuestionó que los represores transiten el juicio en libertad. "Esperemos que el Tribunal decida detenerlos, porque existe un peligro cierto de fuga", indicó.
El juicio tiene un valor histórico para esclarecer y sancionar el terrorismo de Estado en el sur de la provincia. "Equiparamos su valor simbólico al de la Esma. El Servicio de Informaciones no sólo fue un centro clandestino de detención y exterminio, sino también un centro de distribución de detenidos", expresó la abogada Gabriela Durruty, que representa a una parte de los querellantes en la causa. En tanto, Nadia Schujman, que representa a otro grupo de querellantes, afirmó: "Aquí se va a juzgar a un máximo responsable del Segundo Cuerpo, a un ideólogo, que fue ministro de la dictadura, como Díaz Bessone, que hoy sigue desarrollando la teoría que justifica el terrorismo de Estado".
Díaz Bessone, Lo Fiego, Mario Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Scortechini y Ricardo Chomicky estarán sentados en el banquillo de los acusados. Los dos primeros serán juzgados por 17 y 3 homicidios, respectivamente. Todos deberán responder por tormentos, privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita. Los juzgará el Tribunal Federal Oral número 2, con los mismos integrantes que formaron el número 1 para la causa Guerrieri. Beatriz Caballero de Barabani, Otmar Paulucci y Jorge Venegas Echagüe escucharán durante más de un año a casi 200 testigos que darán cuenta de lo ocurrido en el edificio céntrico. Por otra parte, el equipo fiscal estará integrado por Gonzalo Stara, Mabel Colalongo y Mario Gambacorta. Sólo Díaz Bessone tendrá un abogado defensor privado, Gonzalo Miño, los otros cinco recurrirán a la defensa oficial, de modo que volverán a sentarse delante de los acusados por delitos de lesa humanidad los defensores Germán Artola y Silvio Galarza Azzoni, quienes defendieron a Jorge Fariña y Juan Daniel Amelong en la causa Guerrieri. También Lo Fiego tendrá defensa oficial, a cargo de Gritzko Gadea Dorronsoro.
La espera fue demasiado larga. El ex interventor de la policía provincial, Agustín Feced, murió en 1988. También murió el jefe del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo Galtieri. Y uno de los jefes del Servicio de Informaciones, Raúl Guzmán Alfaro. El paso del tiempo permitió que murieran impunes. Pero el miércoles será el día para empezar a juzgar a algunos de los que están vivos. "Para nosotros que este proceso llegue por fin a las audiencias orales es muy tardío, tiene décadas de retraso. Aún así, es importante porque es fruto de una lucha que nunca abandonamos. Pensamos también que a partir de lo que se ventile en las audiencias habrá muchas más imputaciones", afirmó Bertolino, una de las que denunció en enero de 1984. Y rememoró las dificultades que enfrentaron para iniciar la causa. "Un poco por el momento histórico que era, porque muchos de los tipos eran parte del aparato represivo que no estaba para nada desmantelado, las imputaciones que nosotros hacíamos eran las mínimas elementales, referidas a las autoridades del segundo cuerpo, de la policía y a los verdugos directos. Pero hay un montón de participaciones de gente como por ejemplo complicidades de la justicia, participación de otras fuerzas, médicos de la tortura, que todavía no han aparecido en escena y es probable que con el devenir de las audiencias empiecen a aparecer estos elementos de prueba", afirmó Bertolino, quien calculó que "por lo menos el 90 por ciento de la represión en el Gran Rosario pasó por el servicio de informaciones, en su conexión con el destacamento de inteligencia".
En la misma línea, Schujman afirmó que "la patota de la policía provincial tuvo características específicas y el centro clandestino donde operó esa patota fue el más grande de la provincia, por eso decimos que sólo se va a juzgar 5 por ciento, porque se calcula que entre 1800 y 2000 personas pasaron por el Servicio de Informaciones, nos parece significativo que por fin después de tantos años estén sentados donde tienen que estar".
Bertolino también apuntó que "el destacamento de inteligencia (cuyos máximos integrantes fueron juzgados en la causa Guerrieri) era el que pasaba la lista de quiénes había que detener, y los que hacían el trabajo de secuestro generalmente eran fuerzas conjuntas, pero la que nunca dejaba de estar presente era la patota de Feced que salía todas las noches a rastrillar las calles".
Durruty apuntó en el mismo sentido. "Feced intervino la policía de la provincia, y como fue parte del plan sistemático de todo el país, estuvieron al servicio de la represión encabezada por el Comando del Segundo Cuerpo, reportaban allí. Esto quedó absolutamente acreditado en la causa Guerrieri, que desde allí se organizaba la represión, que utilizaban todas las fuerzas que podía utilizar el aparato terrorista a partir de una sola organización para llevar adelante el plan de terror", dijo la abogada, que afirmó además: "Esta es una elevación parcial, que tiene los tres delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio. Pero agrega también la asociación ilícita, que nos permitirá acreditar una mayor cantidad de víctimas que pasaron por el servicio de Informaciones". Como ejemplo de ello, Durruty recordó el asesinato del militante Daniel Gorosito. "Tenemos acreditado que estuvo en el servicio de informaciones, que lo mataron allí, y sabemos fue víctima de la asociación ilícita integrada, entre otros, por estos seis imputados, si bien ninguno de ellos está imputado específicamente de este homicidio", afirmó.
Todos los delitos están agravados. En el caso de las privaciones ilegitimas de la libertad, los agravantes están dados por el uso de violencia y amenazas sobre las victimas y por haber durado más de un mes en algunos de los casos. A los homicidios los califica la alevosía, por la concurrencia de dos o mas personas en el hecho y criminis causa, es decir que esta cometido para ocultar otros delitos y como medio para procurar impunidad para sí y para otros. En los tormentos, se tipifica por ser las víctimas perseguidos políticos.
Para Schujman, otra característica de la causa es la cantidad de testigos directos que tendrá. "Hay muchísimos sobrevivientes que desde el año 84 están dando testimonio, poniendo el cuerpo, haciendo reconocimientos y también familiares que están persiguiendo justicia. Este momento es fundamental para con ellos y para toda la sociedad rosarina, que puede hacer efectivo el juicio a sus verdugos", consideró la abogada.
Sobre las posibles condenas, Bertolino trató de desactivar las expectativas de las máximas condenas para todos los acusados, como sí ocurrió en la causa Guerrieri. "No es bueno crear expectativas de una condena idéntica, porque no todos están imputados por homicidio, hay algunos como Lo Fiego y Díaz Bessone que sí tienen que responder por homicidios, algunos quedan imputados por la asociación ilícita. Además, es muy difícil llegar a establecer en forma fehaciente el autor directo de un homicidio. Nos importa que las condenas sean las máximas posibles, deslindando cada caso que no son iguales, que sean las máximas posibles y sobre todo que quede desplegado ante la sociedad de qué se trató la represión ilegal", consideró.

18 de julio de 2010
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pistolas taser violan convención


La justicia confirmó que la Policía Metropolitana no puede usar las pistolas taser. Una jueza consideró que su uso viola la Convención contra la Tortura de la ONU. El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, dijo que van a apelar y sugirió la posibilidad de convocar a una consulta popular sobre las políticas de seguridad.
Argentina. El gobierno de Mauricio Macri no podrá utilizar las polémicas armas de impulsos eléctricos Taser X26 en la ciudad de Buenos Aires. Así lo dictaminó ayer la Justicia en lo Contencioso Administrativo, que hizo lugar a un amparo presentado por el Observatorio de Derechos Humanos porteño (ODH) al considerar estos dispositivos como elementos de tortura. La sentencia generó un duro rechazo por parte del ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, quien negó que ese armamento "sirva para torturar", y anunció que apelará la medida. A su vez, apuntó hacia "una minoría que politiza todas las acciones del gobierno de Macri" y hasta deslizó la posibilidad de convocar a una consulta popular para que los vecinos se pronuncien acerca de cuáles deberían ser las políticas de seguridad que se implementen en la ciudad.
El fallo de la titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 9, Andrea Danas, demolió uno a uno los argumentos del PRO para que la Policía Metropolitana porte las armas de descargas eléctricas que formaban parte de su plan de seguridad. El escrito considera que su implementación viola la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas y ordena que el gobierno encabezado por Macri se "abstenga" de utilizarlas y "deje sin efecto" su adquisición.
"Esta es una victoria muy grande de los derechos humanos", afirmó Carlos Pisoni, del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH), a Página/12 apenas conocida la sentencia. La organización había presentado el 22 de febrero pasado un recurso de amparo ante la Justicia porteña para impedir la utilización de las Taser X26 por considerarlas un elemento de tortura basada en informes de Amnesty Internacional. En su momento, la jueza Danas suspendió su salida a la calle de manera cautelar y convocó al jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco, para que justificara con sus palabras el deseo del macrismo de dotar de ese armamento a su fuerza. En el fallo, Danas sostiene que la argumentación oficialista se redujo a "afirmaciones dogmáticas" basadas en la descripción técnica de las armas, pero "sin datos científico-médicos que desmientan la realidad que afirman no sólo el propio fabricante, sino también Amnistía Internacional". La jueza refiere a la "potencialidad letal" que las Taser pueden tener en personas con enfermedades preexistentes o bajo efecto de estupefacientes. También subraya que el posible daño no depende ni de la preparación técnica de los uniformados ni de las medidas de seguridad tendientes a evitar abusos, ambos pilares del discurso oficial en su defensa.
La sentencia tomó por sorpresa a los macristas, que intuían que la magistrada no avalaría la presentación. El mismo Montenegro anticipó que el Gobierno de la Ciudad "va a apelar" la medida, para que –según él– "la Cámara ponga un poco de cordura ante este tipo de disparates". "Hay una sensación de que una minoría politiza todas las acciones del gobierno. No se dan cuenta de que una mayoría silenciosa es la que sufre los problemas cotidianos de la inseguridad en la calle", disparó el ministro. En ese sentido, Montenegro anunció que desde el PRO harán una convocatoria "para que cada vecino opine sobre las políticas de seguridad" y, de esta forma, se expresen a favor o en contra de la construcción de una nueva comisaría para la Metropolitana o de que "se aprueben las leyes contra motochorros y trapitos". Así Montenegro unificó su queja contra anteriores veredictos judiciales contrarios a la construcción de comisarías en espacios verdes de la ciudad, y contra la Legislatura, que se resiste a tratar los proyectos oficialistas para erradicar motochorros, limpiavidrios y cuidacoches.
En sintonía se expresó el jefe de la Policía Metropolitana, que aseguró que el fallo le resulta "incomprensible", y calificó de "lamentable" la decisión de la jueza Danas. Con un argumento casi calcado, pero a la inversa, Burzaco resaltó que la magistrada "no tiene justificaciones técnicas ni médicas a partir de las cuales hacer semejantes injerencias", y volvió a insistir en la cantidad de fuerzas de seguridad que usan las X26 en todo el mundo. El funcionario se preguntó si en las provincias donde su utilización aún está permitida se están respetando los derechos humanos y si el Renar –que debe regular estas armas– las aprobó a sabiendas de que son consideradas un elemento para torturar.

Informe de Gabriel Morini.

17 de julio de 2010
14 de julio de 2010
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lo picaneaban en la herida


Al prisionero le aplicaban descargas eléctricas en la herida de bala que tenía en una pierna.
Argentina. Eusebio Esquivel fue detenido el 28 de julio de 1976. Poco tiempo antes había sido dado de baja en el servicio militar. Por entonces el servicio "a la Patria" era obligatorio, pero él había ido en forma voluntaria.
Lo llevaron a la Brigada de Investigaciones, le sacaron la venda y en los calabozos pudo ver a Tierno, Manuel Parodi Ocampo, Franzen, Luis Barco y Cuevas, "que tenía una herida de bala en la pierna derecha, donde lo picaneaban". Y los ubicaron en la sala de tortura a dos de los imputados: Luis Alberto Petetta y Aldo Martínez Segón.
El abogado Pujol le pidió al Tribunal que le retirara el papel ayudamemoria que Esquivel tenía en sus manos y consultaba de vez en cuando. El Tribunal accedió (antes de este caso, incluso después, otros testigos sí pudieron tener consigo sus anotaciones).
Ya en la alcaidía policial de Resistencia, Esquivel vio muy golpeados a Lucho Díaz, Fernando Piérola, Roberto Yedro y se enteró de que Néstor Sala estaba en un calabozo, herido de un bayonetazo.
Tras conocer la noticia de la Masacre, los presos políticos "realizamos una jarreada" (golpear los jarros de metal contra los barrotes). "Motín", murmuró uno de los imputados. Los mandaron a callar.

17 de julio de 2010
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la lista de la muerte


El testimonio de ex presos sobre la masacre de Margarita Belen. Jorge Giles detalló ante el tribunal cómo un agente penitenciario le había anticipado los nombres de quienes iban a ser fusilados en diciembre del ’76. También dieron su testimonio Eusebio Esquivel, Juan Carlos Goya y Jorge Migueles.
[Marcos Salomón] Resistencia, Chaco, Argentina. El ex preso político Jorge Giles, autor del libro ‘Allí va la vida’, en el que relata la masacre de Margarita Belén, contó ante el tribunal cómo un agente del Servicio Penitenciario le anticipó los nombres de los detenidos que iban a ser fusilados. Detalló las últimas horas de los presos, que fueron sacados de la U7, para llevarlos a ser torturados en la alcaidía policial, subidos a un convoy militar para ser trasladados a Formosa, y fusilados en el camino, cerca de Margarita Belén, fraguando un intento de fuga, el 13 de diciembre de 1976. En el último día de audiencias previo al receso invernal también declararon Eusebio Esquivel, Juan Carlos Goya y Jorge Migueles. Cruces entre las partes signaron una jornada en que la sala estaba abarrotada de familiares.

La Lista
A Giles, en realidad, lo arrestan en el interior provincial, en Villa Angela, en abril de 1975. Luego de torturarlo lo llevan a la alcaidía de Sáenz Peña, de allí a la Brigada de Investigaciones, donde sufrió más torturas, para después pasarlo a la alcaidía de Resistencia y finalmente a la U7.
Mucho antes de diciembre, los presos políticos alojados en el penal federal ya analizaban el peor de los escenarios, por tres razones:

1. Por una radio, escondida clandestinamente, se habían enterado de fusilamientos de presos políticos aplicando la Ley de Fugas.

2. Lo trasladan a Néstor Sala a Formosa, en el camino lo torturan y lo devuelven a la U 7.

3. Traslado del misionero Miguel Sánchez en el baúl de un automóvil. Tiempo después, entregaron el cadáver a su familia (relato ya conocido por otros testigos).

Pero, en realidad, el dato preciso lo dio un suboficial del Servicio Penitenciario Federal, quien le entregó a Giles un papel con la lista de presos políticos que iban a ser ejecutados, en una fecha aún no precisada, esquela que en la jerga carcelaria se denomina "paloma".
El listado, de más de veinte personas, era encabezado por Sala y el propio Giles, así como también figuraba Aníbal Ponti. Sin embargo, ambos se salvan del traslado.

La Despedida
Ese fatídico domingo 12 de diciembre, el Ejército rodeó la U7 e, inesperadamente, llegó el oficial Casco, de la guardia dura, que no debía estar de turno. Fue el propio SPF el que dio la noticia. Y fue Giles quien debió despertar a Sala, que estaba durmiendo la siesta en su celda, para comunicarle el traslado.
Antes de que los trasladados abandonaran el pabellón, el testigo, junto con Miguel Bampini, trató de pedir explicaciones. Pero no hubo respuesta, la orden estaba dada y el macabro plan de traslado ya estaba pergeñado. Fue en ese momento en que se produce la histórica despedida de Sala: "Compañeros, sé que éste no es un traslado más, es un traslado hacia la muerte. Les pido que les cuenten a mis hijos, a mi esposa, a mi pueblo, que muero con dignidad". Entonces, grita la famosa frase de José de San Martín: "Libres o muertos, jamás esclavos".
Entonces, los presos políticos llenaron la U7 con la Marcha Peronista, mientras veían cómo Sala se iba saludando con la V de la victoria. "No había sensación de miedo, sino de pérdida", recordó Giles.

El Después
La noticia del supuesto enfrentamiento del 13 de diciembre llegó por la radio clandestina, sintonizando una emisora brasileña: "Cada uno había perdido 10, 20 kilos, no estábamos en condiciones ni de jugar un partido de fútbol, mucho menos de intentar una fuga", relató.
Más adelante, Giles tuvo la oportunidad de denunciar la masacre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También lo intentó hacer ante el ex juez federal de Resistencia Luis Angel Córdoba, pero éste se limitó a decir: "No es mi competencia".
Ya en democracia, con las leyes de impunidad y los indultos, llevó la denuncia ante el juez español Baltasar Garzón. El final fue con aplausos (incluido el irónico de Horacio Losito, imputado en la causa). Giles se abrazaba emocionado con el ex preso político Carlos Aranda.
Tras el receso invernal, continuará el desfile de testigos que darán cuenta sobre la planificación de los fusilamientos en el descampado de las afueras de la capital chaqueña.

17 de julio de 2010
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democracia contra impunidad


A 16 años del atentado a la AMIA, el juez Baltasar Garzón explicó por qué fue entorpecida la investigación: "Marañas de intereses garantizan la impunidad". El magistrado español, suspendido cuando quiso investigar los crímenes del franquismo, fue el orador principal del acto por la AMIA. Marina Degtiar, de Familiares, pidió que no los confundan con "nostálgicos".
[Martín Granovsky] Fue el día más frío del año. ¿Será cierto que las camisetas, puestas por encima de la ropa, abrigan? Eso dijo después del acto Sergio Burstein, de Familiares de las Víctimas en la AMIA. Había una camiseta por cada víctima del atentado. Su amiga Marina Degtiar, que habló en nombre de Familiares, tenía puesta una con el número 25. "Los que protegieron, desviaron, pagaron en forma irregular y destruyeron pruebas, para nosotros son parte de la conexión local", dijo Marina. Sergio Borger, presidente de la AMIA, dijo que "el buen desempeño internacional del Gobierno debe ser acompañado por la Justicia local". Y el juez Baltasar Garzón, invitado de honor, dijo que ese día, el 18 de julio de 1994, "todos morimos un poco más, como nos pasa cada vez que actúan el terrorismo y el fanatismo religioso".
La presencia de Garzón fue como una solidaridad de ida y vuelta. De ida: uno de los jueces más prestigiosos del mundo ponía el cuerpo junto a los familiares de las víctimas y al lado del país que sufrió uno de los atentados más grandes de la historia mundial. De vuelta: Garzón está suspendido como juez y una trama de poder quiere cesarlo. Quienes reciban a Garzón de regreso en Europa, ahora quizás adviertan que si lo atacan estarán agrediendo también al mundo de las víctimas del terrorismo. Ayer, en Pasteur al 600, hubo familiares de los muertos el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y de los asesinados en Atocha el 11 de marzo de 2004. Todos escucharon la sirena que cada año suena a las 9.53, hora del atentado, como las notas tristes de un shofar, el cuerno de los judíos.
Buena parte del discurso de Garzón –voz firme de Madrid, la Castilla donde vive, con sonidos de su Andalucía natal– combinó el análisis de la Justicia universal y la crítica de los efectos de la impunidad.
Para él, 1994 encierra ese significado doble. Por un lado, la creación de los tribunales penales internacionales, un modo de reconocer el concepto de "víctima universal" y "un mecanismo para exigir el cumplimiento de instrumentos que impidieran los hechos atroces que dieron vida a la Segunda Guerra Mundial". Por otro lado, el atentado a la AMIA no resuelto hasta hoy, símbolo de la impunidad penal.
"La democracia es incompatible con la impunidad", dijo Garzón sin vueltas. Y en lo que pareció una referencia a la masacre de Francisco Franco, citó al pensador Isaiah Berlin: "El futuro de un pueblo no se puede construir sobre millones de cadáveres". Justamente Garzón fue suspendido cuando quiso identificar la suerte de miles de víctimas del franquismo para repararlas también mediante la Justicia.
La impunidad, dijo Garzón, es "un ejemplo de cobardía propio de torturadores y asesinos, pero también es una renuncia al Estado de derecho". Y agregó: "Ya sabemos que el dictador es un cobarde por naturaleza. Se ampara en el ejército, en policías secretas, en escuadrones de la muerte, en revoluciones mal pensadas o en grupos financieros ocultos. Marañas de intereses económicos y políticos garantizan la impunidad en democracia".
Recordó ‘La peste’, de Albert Camus. "Se trata solamente, o simplemente, de honestidad, el único medio para luchar contra la peste del fascismo, del terrorismo, de la indiferencia."
Y parafraseando al poeta Gabriel Celaya, dijo que la Justicia "es un arma cargada de futuro".

Por la Vida
La Justicia española resolvió la masacre de Atocha en un mes. En la Argentina no hay resultados después de dieciséis años. Garzón no mencionó a Juan José Galeano, el juez original de la causa, hoy procesado, o a Carlos Menem y al comisario mayor retirado Jorge Palacios, también procesados por encubrimiento, pero no hacía falta. Dijo que aunque ya "la Justicia ha tomado un rumbo más correcto", lo que inicialmente "debió ser un trabajo serio se convirtió en una tremenda frustración y rechazo para dar una respuesta". Y analizó: "Intereses ocultos e insensibles se cruzaron y negaron la mínima compensación a las víctimas. Propiciaron la pérdida de pruebas esenciales, de evidencias. Los que hicieron eso deben responder".
El juez terminó con dos expresiones, una de ellas en hebreo. "Nunca más. Lejaim, por la vida."
En el frío lo escucharon miles de personas. Cerca del palco, parados, se ubicaron entre otros el ex presidente Néstor Kirchner, los ministros Carlos Tomada y Alicia Kirchner, el vicecanciller Alberto D’Alotto, los secretarios Juan Manuel Abal Medina y Oscar Parrilli y, más lejos, el vicepresidente Julio Cobos. Cuando Garzón bajó del palco se paró junto al ex fiscal de Bahía Blanca Hugo Cañón y el rabino Daniel Goldman, los dos encargados de organizar su agenda en esta visita a la Argentina. Cañón, que en 1987 pidió la inconstitucionalidad de la ley de obediencia debida, es amigo personal de Garzón.
El acto fue conducido, en tono cariñoso y a la vez sobrio, por la periodista Mónica Gutiérrez, que arrancó pidiendo un minuto de silencio, recordó sin nombrarlo a Alfredo Yabrán cuando repetía que "tener poder es tener impunidad", dijo que los chicos pondrían una rosa y una vela por cada uno de los 85 muertos, destacó la presencia de Estela de Carlotto, por Abuelas de Plaza de Mayo, y presentó a los oradores.
Marina Degtiar, hermana de Cristian, asesinado por la bomba, dijo que "esta convocatoria, sostenida en el tiempo es única en el mundo". Aclaró que "la sirena no suena una vez más", sino "por primera vez" y "nos despierta de la letanía de angustia". Pero pidió, en nombre de los familiares, que "no nos tomen por nostálgicos o por ingenuos", y precisó que "es un día triste" sin que decir eso signifique "regodearnos en el dolor".
En un párrafo dedicado a Mauricio Macri y a Palacios, Degtiar dijo que "nos inventaron causas para escucharnos ilegalmente, y ése fue el costo que nos hicieron pagar por reclamar al jefe de Gobierno de la ciudad la destitución del jefe de la Policía Metropolitana que había encubierto el atentado".
Anunció que mañana, por hoy, los familiares se tomarían "nuevamente la licencia de renovar nuestras esperanzas", pero que ayer, en el acto, "recordar a los familiares duele". Dijo Marina al final: "Duele una vez más".
Dedicó una parte de su discurso al tablero internacional. Definió a Irán como un Estado que "financia y sostiene al terrorismo" y "niega el Holocausto e incluso amenaza con borrar a un país del planeta". Opinó que "se arma nuclearmente con el consentimiento de Rusia y Brasil, país hermano cada vez más lejano" y que "se dan la mano con Venezuela, que lejos de mostrar solidaridad con nuestro reclamo nos da la espalda apañando a un Estado que sembró la muerte y el odio en nuestro país".
"¿Hasta cuándo el mundo mantendrá relaciones comerciales con Irán permitiendo su penetración?", preguntó en su discurso el presidente de la AMIA tras recordar que su madre tiene grabado el número del campo de concentración de la Shoá.
Criticó a Irán porque se niega a extraditar a los sospechosos del atentado, uno de ellos el actual ministro de Defensa Ahmad Vahidi, y dijo que "la presidenta de la Nación en la última Asamblea General de las Naciones Unidas, a quien acompañamos, dio un valiente discurso y reclamó al mundo, e instó nuevamente a los ciudadanos iraníes a que se presenten ante la Justicia argentina".
"Sin justicia sólo hay negacionismo que genera terror, espanto, muerte, irracionalismo", afirmó Borger.
Al final, Juan Carlos Baglietto cantó ‘El témpano’. Esa que dice "vivo para no perder".

17 de julio de 2010
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defienden prostitución


La titular de AMMAR diferencia a las víctimas de trata de las que "ejercemos el trabajo sexual". Elena Reynaga, del Sindicato de Mujeres Trabajadoras Sexuales, recibirá un premio de la ONU por su trabajo en prevención del sida. Exige ser escuchada en los debates sobre prostitución y advierte sobre los "allanamientos mediáticos".
[Pedro Lipcovich] Argentina. "Si es mi cuerpo y mi decisión, si es mi manera de ganarme la vida y si, a veces, la paso bien, ¿cuál es el problema?", preguntó la titular del Sindicato de Mujeres Trabajadoras Sexuales de la Argentina (Ammar), a punto de viajar a Viena para recibir el premio que la ONU otorgó a la entidad por sus logros en la prevención del VIH/sida. Ammar exige ser escuchada en los debates sobre la prostitución: "Académicos y académicas disertan sobre nosotras sin conocernos ni darnos la palabra: eso también es violencia". Pide proteger a las víctimas de trata, a las que "tras rescatarlas las reenvían a sus lugares de origen, donde vuelven a caer en las mismas redes", distinguiéndolas de "las mujeres que ejercemos el trabajo sexual sin que nadie nos obligue". Y advierte sobre "los allanamientos puramente mediáticos, donde las compañeras son victimizadas y los dueños del prostíbulo nunca van presos". Ammar persiste en exigir la derogación de los edictos que, en todas las provincias menos tres, permiten a la policía mantener presas a las personas sin orden judicial.
"Las mujeres que integramos Ammar elegimos reconocernos como trabajadoras sexuales y, como tales, parte de la clase trabajadora: no somos tratadas, ni obligadas, ni secuestradas, y no nos sentimos más ni menos víctimas que cualquier otro trabajador a quien no se le respetan sus derechos laborales", sostiene un documento del sindicato –adherido a la CTA–, con relación a un debate sobre si la prostitución puede ser considerada un trabajo, que tuvo lugar en el reciente Encuentro Internacional sobre Violencia de Género (ver Página/12 del 4 de julio).
El documento denuncia "la violencia de los discursos de académicos y académicas que, muy lejos de conocer nuestras realidades, disertan desconociendo toda voz construida desde las trabajadoras sexuales". "Se arman congresos donde debaten acerca de nosotras, pero sin nosotras –deploró Reynaga, quien también es secretaria de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe–. Algunas feministas abolicionistas buscan erradicar la prostitución, se apuran a penalizar, y a nosotras nadie nos pregunta. Deberían reconocer que existe un movimiento nacional, regional y mundial de trabajadoras sexuales, que luchamos por el reconocimiento. Somos muchísimas. ¿Por qué no nos invitan a debatir? No hacerlo también es violencia hacia nosotras."
Reynaga –delegada latinoamericana ante el Consejo sobre Políticas y Trabajo Sexual de la ONU en Ginebra– pidió diferenciar entre los procedimientos contra la trata de mujeres a partir de investigaciones confiables y "los allanamientos puramente mediáticos, donde la policía pone a las compañeras contra la pared, les hacen revisaciones ginecológicas de mala manera, las victimizan totalmente, mientras el dueño del prostíbulo nunca es detenido, porque alguien le avisó". Advirtió que "como desde los países centrales está llegando mucho dinero con relación a este tema, aparece alguna ‘cooperativa’ dedicada a denuncias mediáticas que no resuelven el problema de fondo, sustentado en la corrupción, no sólo de policías sino de jueces y fiscales". Además, "a las compañeras que realmente son víctimas de trata se las manda a sus provincias o países de origen, donde vuelven a caer en las mismas redes, en lugar de contenerlas, ofrecerles alternativas laborales y darles atención psicológica".
Ammar exige la derogación de los códigos contravencionales que otorgan a la policía la facultad de "detener a las personas por 30 días sin dar cuenta a nadie. Rigen en todas las provincias argentinas menos la ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y, desde hace poco, Santa Fe. ¿Quién atiende a los hijos de estas compañeras, cuando pasan 30 días detenidas por hacer algo que ninguna ley prohíbe?", pregunta Reynaga, y denuncia que "si tres o cuatro chicas alquilan por su cuenta un departamento para trabajar, enseguida va a caer la policía para decirles que, si no pagan, tendrán problemas".
Según el documento emitido por Ammar, "la resistencia de muchos a considerarnos y respetarnos es que usamos como herramienta de trabajo nuestros genitales y eso, para quien considera la sexualidad como algo sagrado, es un pecado o una inmoralidad". "¿Cuál es el problema de que usemos esa parte del cuerpo para trabajar? –pregunta Reynaga– ¿Por qué otras partes sí pero ésa no? Cuando se pide la despenalización del aborto, con la que estamos totalmente de acuerdo, se argumenta que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. ¿Cuál es el problema si es mi cuerpo, mi decisión y mi manera de ganarme la vida y si, de vez en cuando, la paso bien?"

15 de julio de 2010
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piden detenciones en causa díaz bessone


Espacio Juicio y Castigo. En la foto se muestra a José Rubén Lo Fiego, uno de los represores.
Rosario, Argentina. El Espacio Juicio y Castigo Rosario reclamó ayer al Tribunal Oral Federal número 2 que los imputados en la causa Genaro Díaz Bessone, cuyo juicio oral y público comenzará el próximo miércoles, sean detenidos durante la tramitación del mismo para garantizar la seguridad de testigos, víctimas y querellantes. Los integrantes del Espacio Juicio y Castigo conformado por sobrevivientes, familiares, querellantes y organismos de derechos humanos , se reunieron ayer al mediodía con la secretaria del Tribunal, Silvina Andalaz, a quien le anunciaron que la semana próxima presentarán un escrito para pedir la detención de los imputados, que actualmente esperan el juicio en libertad.
"Hay antecedentes y jurisprudencia al respecto en otras causas, y no queremos que las víctimas se encuentren en la calle con sus verdugos, como ya ocurrió en algunos casos", explicó Juan Emilio Basso, de la organización Hijos, en declaraciones a Télam.
El militante también recordó que tanto el programa Verdad y Justicia del gobierno nacional como la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe realizaron presentaciones con el mismo objetivo, pero aún no fueron resueltas por el TOF.
De los seis imputados que tiene la causa, sólo el ex jefe del II Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone, está detenido, aunque con prisión domiciliaria. Los otros imputados son José Rubén Lo Fiego, ex oficial principal de la policía durante la última dictadura; Mario Alfredo Marcotte, quien tuvo el mismo rango policial; Ramón Rito Vergara, ex suboficial de la policía de Santa Fe; José Carlos Antonio Scortechini, ex comisario principal de la policía local; y Ricardo Miguel Chomicky, un civil que fue cómplice de la represión ilegal.
Todos fueron dejados en libertad por distintas instancias judiciales, ante la demora en el inicio del juicio oral, que finalmente comenzará el próximo miércoles.
Según explicó Basso, también plantearon durante la reunión que consideran "una censura injusta" que los testigos no puedan ingresar al recinto del tribunal con fotos de sus familiares desaparecidos, y solicitaron que el TOF "sea flexible con las acreditaciones, para que sea verdaderamente un juicio público".
La causa Díaz Bessone (ex Feced), es el mayor expediente judicial por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en Rosario y zona de influencia, y tiene como eje el centro clandestino de detenciones que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía local, de Dorrego y San Lorenzo, en pleno centro de la ciudad.
Desde el Espacio Juicio y Castigo detallaron que por allí pasaron unos dos mil detenidos desaparecidos.

15 de julio de 2010
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