testimonio de mariano tripiana
15 de julio de 2010
"Yo quería saber dónde estaba mi viejo". El testimonio de Mariano Tripiana, hijo de uno de los desaparecidos clave en el juicio de Mendoza. Los secuestros ejecutados por los policías y militares durante la dictadura militar en Mendoza llegaron a juicio oral. La desaparición de Francisco Tripiana, José Guillermo Berón y Roberto Simón Ozorio son tres de los casos investigados.
[Alejandra Dandan] Francisco Tripiana era un militante del Partido Auténtico, una organización política afín a Montoneros. Se ganaba la vida como pintor de casas y con las cosechas temporales de la uva. El 23 de marzo de 1976 a las 24, un comando entró a buscarlo a los culatazos a su casa, en la ciudad mendocina de San Rafael. Dos días después apareció detenido en la Comisaría 8a, luego en la Departamental de los Tribunales que funcionaba como centro de torturas. Y ocho días más tarde, los represores fraguaron un acta de libertad, pero no volvió a aparecer. Su caso es uno de los que se investiga en el primer juicio oral y público que finalmente se está haciendo en la provincia de Mendoza. La causa incluye el secuestro y desaparición de otros tres compañeros de la Juventud Peronista, todos trabajadores, secuestrados por su compromiso político, según precisó la requisitoria fiscal. El rol de la policía de Mendoza es otro de los ejes de la causa.
"Nos costó 34 años", cuenta Mariano Tripiana, su hijo, por entonces apenas nacido. "El lunes declaró mi madre –dice–; fue muy fuerte la sensación de volver a verla sola, entrando a un lugar como ése y enfrentarse otra vez con las mismas personas: vio ahí sentado a Guevara, el jefe del operativo que se llevó a mi padre, que en ese momento tenía bigotes, y que ahora no tiene bigotes, está más gordo y pelado, pero ella lo reconoció y les pidió en la audiencia que, por favor, rompan su pacto de silencio, que digan donde están los cuerpos."
Mariano va a declarar el próximo lunes. Ese día, volverá a ver las caras que en muchas ocasiones buscó en soledad. Una vez logró pararse ante uno de los represores que supuestamente estaba con prisión domiciliaria.
"Cuando lo vi en la calle, le dije que no estaba cumpliendo la detención", dice. "Yo llevaba encima una cámara de fotos y le dije: ‘Dígame dónde están los cuerpos y yo no le digo al juez que usted está saliendo de su casa’. Yo quería negociar, pero me puse nervioso y la foto nunca me salió." Todavía no se habían reabierto los juicios. "Yo quería saber dónde estaba mi viejo, dónde están los cuerpos de todos los compañeros y, bueno, durante tantos años nos costó vivir todo eso." Y sigue: "A mi mamá la discriminaron de la fábrica donde trabajaba porque de un día para el otro le dijeron que no tenía más trabajo porque su esposo era un subversivo; a los 12 años yo andaba vendiendo escobas por la calle, y ver cómo un papá jugaba con sus hijos y yo no lo tenía... Son un montón de cosas que hizo el terrorismo de Estado, que te dejan marcado".
Alguna de esas marcas empezaron a cerrarse cuando el Estado reimpulsó los juicios. Pero no fue lo único, Mariano habla de un aire de época, de una cosa más vital. "Vamos sanando nuestra identidad porque en otras épocas no podíamos salir a la calle libremente diciendo que somos hijos de desaparecidos, ahora además de los juicios hasta se nos respeta por eso".
El primer juicio de Mendoza empezó a moverse luego de las denuncias de los organismos de derechos humanos contra Luis Francisco Miret y Otilio Romano. Los dos camaristas que integraron el Poder Judicial de la dictadura, que fallaron contra la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fueron parte del lobby que frenó todo avance de las causas en la provincia. El viernes pasado el fiscal Omar Palermo pidió la indagatoria de ambos por sus actuaciones en la dictadura. Entre otras medidas, ambos habían ordenado la libertad de los represores que hoy son acusados en San Rafael y que fueron detenidos recién hace una semana, días después del comienzo del juicio.
Son Aníbal Alberto Guevara, teniente coronel retirado; Raúl Alberto Ruiz Soppe, jefe de la Unidad Regional II de Policía de Mendoza en oportunidad de los hechos; José Martín Mussere, oficial de la Policía de Mendoza que actuó de enlace entre fuerzas militares y policiales. También Juan Roberto Labarta, oficial de la Policía de Investigaciones o D2 de San Rafael; Cristóbal Ruiz Pozo, médico de la Policía de Mendoza; Raúl Egea, abogado de la Policía de Mendoza. Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, fue separado de esta misma causa por enfrentar otro juicio en Córdoba.
Además de Tripiana, se investiga la desaparición de José Guillermo Berón, militante de Unidades Básicas del Movimiento Peronista y secuestrado el 28 de agosto de 1976 durante una fiesta. Estuvo en la seccional 8 de San Rafael y en la Sección de Bomberos de Tribunales. Roberto Simón Ozorio era empleado de la farmacia de Alberto Martínez Baca, ex gobernador de Mendoza. Lo secuestraron el 25 de marzo de 1976 a las 2.30 de la madrugada, el grupo de tareas estaba integrado por militares, policías y civiles. Ofelia Cejas de Martínez Baca escuchó que a Ozorio lo tenían medio muerto, agonizando en el Hospital Schestakow. Pascual Armando Sandoval pertenecía a la Juventud Peronista. Lo secuestraron el 26 de marzo de 1976 mientras trabajaba en la cosecha de la Finca Antonio Bittar de Colonia Elena, en San Rafael. La madre le llevó comida durante tres días a la Departamental, hasta que le comunicaron que "había sido puesto en libertad", describe la requisitoria fiscal. Nunca más volvieron a verlo.
"Uno de los principales motivos de las detenciones estaba fundado en razones ideológicas", indicó el requerimiento fiscal. "En general tenían una concepción política de izquierda ‘radical o sustancial’, si se quiere, en algunos casos o con el ‘peronismo de izquierda’ o ‘centroizquierda’ con sus diversos matices, postura menos extrema." Tripiana, Ozorio, Sandoval y Berón "presentan una conexión o nexo común que los identifica, esto es: la concepción ideológica, política o gremial que profesaban". Además de citar las estadísticas de la represión y antecedentes de otras causas, la fiscalía reforzó esa posición con las declaraciones de testigos. La viuda de Martínez Baca, por ejemplo, aseguró que conocía a Tripiana y a su esposa "porque ésta solía comprar en la farmacia de San Rafael" y además porque "era miembro del Partido Peronista". O el padre de Guillermo Berón explicó que su hijo "era obrero rural, militaba en la Juventud Peronista y su actividad política se desarrollaba dentro de la corriente de opinión contraria a la presidenta señora Estela Martínez de Perón. Es decir que militaba en el peronismo de izquierda".
En la provincia hubo numerosos centros clandestinos, pero las comisarías ocuparon un lugar muy importante, ya que "si bien eran lugares de tránsito, muchas de las personas fueron sometidas a tormentos". El paso por las comisarías era parte de la ruta de numerosos detenidos, la mayoría luego era "legalizado" en la Jefatura de Policía o en la Penitenciaría de Mendoza. San Rafael dependía de VIII Brigada de Montaña, y mantuvo esa lógica.
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[Soledad Vallejos] Argentina. Después de 15 horas de sesión ininterrumpida, después de tres meses de discusión en comisión, después de tres años de campaña de la comunidad gay-lésbica, el Senado aprobó a las cuatro de la madrugada de hoy en general el proyecto de ley que establece la posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan casarse en igualdad de condiciones con las parejas heterosexuales. En la primera votación se rechazó el dictamen de mayoría de la comisión, lo que permitió votar la media sanción de Diputados. Esa votación registró 33 senadores a favor del matrimonio igualitario, 27 en contra y tres abstenciones. Argentina se convirtió así en el primer país sudamericano en legalizar los matrimonios homosexuales.
Argentina. Comenzó esta mañana la ronda de testigos del juicio contra el dictador Jorge Rafael Videla y el represor Luciano Benjamín Menéndez que se lleva a cabo en Córdoba. Declaran sobrevivientes de la Unidad Penitenciaria número 1 (UP1) y familiares de presos políticos asesinados en esa dependencia. Además, será indagada como testigo la ex jueza Cristina Garzón de Lascano, quien fue sindicada ayer como una de las funcionarias que tenía conocimiento sobre los actos represivos cuando actuaba como Secretaria de la Justicia Federal.
[Emilio Ruchansky] Argentina. José Domingo Maciel llevaba cinco meses como barrendero del municipio de Cipolletti, en Río Negro, cuando ayer por la madrugada fue víctima de una explosión que lo arrojó a cinco metros de donde estaba. Murió en ese instante, a las 3.10, debido a la onda expansiva de una bomba oculta en una bolsa negra y apostada en el medidor de gas de la escuela de cadetes de la policía provincial, donde no hay clases por el receso invernal. Según los investigadores, el artefacto explosivo fue armado con una garrafa de gas de tres kilos, cargada con pólvora y conectada a un detonante que se activó al abrirse la bolsa. Otra bomba similar apareció a cinco cuadras de la primera, en una mochila sobre la puerta de una empresa telefónica, y no se detonó. "Sospechamos que a los agresores les explotó más rápido de lo que pensaban la primera bomba y, por eso, huyeron y abandonaron la segunda sin activarla", aseguró un funcionario local.
Argentina. Carlos Fernández, padre del joven que fue hallado muerto en la comisaría de la ciudad bonaerense de Salliqueló, denunció que a su hijo "le han cortado el cuello y lo han desfigurado" a golpes en la seccional, donde perdió la vida el domingo, dos horas después de haber sido detenido por presuntos disturbios en la vía pública. Además, el hombre afirmó, en declaraciones al canal TN, que la esposa de su hijo tuvo que irse de la ciudad, ubicada a unos 550 kilómetros de Capital Federal, porque recibió "amenazas de muerte de la Policía".
Córdoba, Argentina. El Tribunal Oral Federal 1 abrió el debate oral y público a las 10.15, luego del cuarto intermedio impuesto el martes de la pasada semana, con la declaración del ex policía Carlos Yanicelli, ex integrante de la D2 (Departamento de Informaciones Policiales).
[Raúl Kollmann] Argentina. "El fiscal Diego Molina Pico condujo, a través de los medios de comunicación audiovisuales y gráficos, la acusación en mi contra. Me trató de mafioso, de integrante del cartel de Juárez, algo que él mismo tuvo que descartar después. No hay, al día de hoy, tras siete años, ni siquiera una razón mínima que explique la suposición de que yo fuese el autor de la muerte de mi esposa, cuya familia –padre, madre, hermanos y demás miembros–, que la amaban y la aman, me han respaldado en todo momento y lo siguen haciendo hasta el día de hoy, seguros de mi inocencia. A punto tal que sus padres me cedieron íntegramente los derechos hereditarios que tenía en la sucesión de su hija." Este es un párrafo de la denuncia que Carlos Carrascosa, el viudo de María Marta García Belsunce, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiendo que intervenga en el caso.
[Werner Pertot] Argentina. El fiscal Jorge Auat denunció por mal desempeño a Carlos Olivera Pastor, a cargo del Juzgado Federal de Jujuy, por el nulo avance de las causas de derechos humanos, entre ellas, la de la Masacre de Palomitas. Olivera Pastor tiene desde hace dos años las condiciones para dictar una sentencia, pero su principal medida fue liberar a uno de los responsables de la masacre, Hugo César Espeche. "Liberaron a un asesino confeso, porque me pidió perdón en el ámbito judicial", recordó Nora Leonard, ex presa política y hermana de una de las fusiladas en la masacre.