el asesinato de presos políticos
11 de julio de 2010
Los juicios por las matanzas de presos políticos. Los fusilados. Se están realizando los procesos por Margarita Belén, la U9 de La Plata y la UP1 de Córdoba. En cambio, la causa por Palomitas, en Salta, está paralizada. Las historias de los presos y los asesinatos.
[Werner Pertot] Argentina. "Una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y en horas de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga. Extremistas que panfletean el campo, pintan acequias o se amontonan de a diez en vehículos que se incendian son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído sino para burlar la reacción internacional mientras en lo interno se subraya el carácter de represalias." Rodolfo Walsh se refiere a un aspecto del terrorismo de Estado que durante muchos años fue opacado por la denuncia de los campos de exterminio. Se trata de las masacres de presos políticos y del rol que cumplieron las cárceles. Las tres principales matanzas de presos están siendo juzgadas: los fusilamientos en Córdoba, la masacre de Margarita Belén, en Chaco, y los pabellones de la muerte de La Plata. El único que sigue en suspenso es el de la Masacre de Palomitas, en Salta.
Por las cárceles de la dictadura pasaron entre 10 y 12 mil presos políticos, en paralelo a los desaparecidos. No se trató de dos realidades separadas: las cárceles y los campos clandestinos de detención y exterminio formaron un "continuum represivo", según la denominación que encontró Pilar Calveiro. La politóloga (y sobreviviente de un campo) señala entre otras características comunes: los asesinatos en forma impune de prisioneros; la clasificación en "recuperables", "casi recuperables" e "irrecuperables" y el "traslado" como eufemismo del asesinato.
La dictadura dividió el país en zonas, subzonas y áreas para organizar la represión. Hubo masacres de presos políticos en la zona 1 (los pabellones de la muerte), en la zona 2 (Margarita Belén) y en la zona 3 (los fusilamientos en Córdoba y la Masacre de Palomitas, además de los asesinatos de detenidos en Santiago del Estero y Jujuy). "En la Argentina no hay presos políticos. Quienes se hallan detenidos no lo son con motivo de sus ideas o de sus discrepancias con el gobierno sino por la comisión de gravísimos delitos", afirmaba el dictador Jorge Rafael Videla ante el diario Clarín el 16 de junio de 1979.
Con la Venia de Videla
Cuando lo detuvieron en 1973, Gustavo Tissera era obrero fabril y militante del PRT-ERP en Córdoba. Tras las torturas en una comisaría, fue a parar a la Cárcel de Encausados. "Inauguramos la cárcel", recuerda Tissera. Los llevaron a la Cárcel de Encausados y los dejaron entre los presos comunes. "Ustedes son la pesada gil, porque roban pero para otros", le decía un preso común. Los presos políticos tenían un régimen autoimpuesto. "Nosotros nos levantábamos tempranísimo, hacíamos gimnasia, estudiábamos. Luego de la caída del gobernador peronista Ricardo Obregón Cano trasladaron a los presos políticos a la Unidad Provincial 1 (UP1), en un pabellón especial. En diciembre de 1975 tuvieron la primera requisa pesada y el día del golpe se suspendieron todas las visitas. Los militares desembarcaron en la cárcel el 1º de abril. Los sacaron al patio a los golpes y culatazos. Les dejaron la celda pelada. "Lo único que nos quedó era una frazada", recuerda Tissera.
El general Juan Bautista Sasiaiñ fue personalmente, entró a la celda de Tissera. Sasiaiñ miró un plato de caldo con dos o tres fideos. "Claro, así cualquiera es subversivo", dijo y pateó el plato. "Están condenados a muerte. Pero no se pongan contentos, porque van a morir lentamente, de manera que se arrepientan de haber nacido", les dijo. Golpeó a un preso y se fue. Desde entonces las diferencias entre lo que ocurría en esa cárcel y lo que pasaba en los campos se angostaron. Les tapiaron las ventanas y les dieron un tacho para hacer sus necesidades. Las guardias quedaron a cargo de la policía militar, la Gendarmería y los militares. Se generalizaron las palizas colectivas, las torturas, los simulacros de fusilamiento.
El capitán Gustavo Alsina era uno de los que más se ensañaba con las mujeres, a las que obligaron a entregar a sus bebés a las familias. "Despedite de tu hijo, porque no lo vas a ver más", le dijo a una de ellas el represor Enrique Pedro Mones Ruiz, el mismo que llamó en el juicio "ese terrorista" al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
El 5 de junio de 1976, en una de estas sesiones de tortura, en las que los obligaban a hacer ejercicios militares, Raúl "Paco" Bauducco recibió un golpe en la cabeza y cayó al suelo. El cabo Miguel Angel Pérez, que lo había golpeado, sacó su arma y se la puso en la cabeza. "No doy más", le respondió Bauducco, cuando le ordenó levantarse. Pérez miró a su superior, Mones Ruiz, quien asintió. Y lo fusiló frente a cincuenta testigos.
En tandas, sacaron a grupos de presos y los fusilaron. A Eduardo Bártoli lo llevaron de la cárcel al centro clandestino de detención D2, donde lo mataron el 30 de abril junto a dos desaparecidos. No fue el único caso de conexiones entre cárcel y centros clandestinos: el oficial de inteligencia Carlos Yanicelli sacó de la cárcel a Diana Fidelman y la llevó al D2, donde se ensañaron con ella en la tortura por ser judía. "Te vamos a hacer jabón", le decían. La salida la autorizó el juez Adolfo Zamboni Ledesma, lo que demuestra que la complicidad del Poder Judicial con el terrorismo de Estado está lejos de ser un patrimonio sólo de Mendoza.
El 17 de mayo fue el primero de los "traslados". Diana Fidelman había estado bailando todo el día. Con las otras presas, hicieron una obra de teatro donde satirizaban a los represores, como forma de resistir las torturas diarias. Se la llevaron junto a Miguel Mozé, José Svagusa, Ricardo Verón, Eduardo Hernández, Ricardo Yung. Antes de que la fusilaran, ella los miró con sus ojos azules y les gritó: "No sean cobardes. Mátenme de frente". El barrio escuchó los sonidos secos de los disparos.
El siguiente "traslado" fue el 28 de mayo. Una patota militar fue en busca de dos presos del ERP, Carlos Sgandurra y José Angel Pucheta. En el enfrentamiento fraguado en el que los fusilaron también mataron a José Osvaldo Villada, un desaparecido al que hicieron pasar como un miembro del "bando atacante". El 19 de junio se llevaron a Claudio Zorrilla, Miguel Angel Barrera, Esther Berberis y Mirta Abdón. A las presas las tuvieron que sacar en andas. "Nos quieren matar", gritaba La Turca Abdón. El 30 de junio fusilaron a José Cristian Funes y Marta Rosetti, quien antes de irse repartió su ropa entre todas sus compañeras.
El 14 de julio de 1976, Alsina sorprendió a José René "Turco" Moukarzel recibiendo un paquete de sal de un preso común. Lo desnudaron y lo estaquearon en un patio, donde le tiraron agua fría, mientras lo golpeaban. Lo dejaron una noche helada, hasta que murió. Alsina fue a la enfermería a ver el cuerpo y golpeó al enfermero que estaba intentando asistirlo. "Dejá que se atienda solo. Total, es médico", le dijo.
El 12 de agosto de 1976 el teniente Osvaldo Quiroga retiró de la cárcel a Eduardo de Breuil, Gustavo de Breuil, Miguel Vaca Narvaja e Higinio Toranzo. Los encapucharon a todos. En un momento el vehículo se detuvo en un lugar donde había militares entrenando.
–Teniente D’Aloia, ¿va a jugar el sábado contra la escuela de aviación? –preguntó un soldado.
–Callate, que acá tenemos unos subversivos. Después te veo –contestó, irritado, el teniente Francisco D’Aloia.
Los vehículos volvieron a avanzar. Tiraron una moneda para decidir a cuál de los hermanos De Breuil dejaban vivo. A Eduardo lo obligaron a ver el fusilamiento de su hermano, de 21 años: "Ahora volvés a la cárcel y les contás esto que viste. Les va a pasar a todos", le dijeron. El 20 de agosto fusilaron a Ricardo Tramontini y Liliana Páez y el 11 de octubre a Florencio Díaz, Pablo Balustra, Jorge García, Miguel Cevallos, Oscar Hubert y Marta González de Baronetto.
En el juicio están acusados, además de Videla y Luciano Benjamín Menéndez, otros 31 represores, incluidos Yanicelli, Quiroga, D’Aloia, Pérez, Alsina y Mones Ruiz.
Margarita Belén
Los presos políticos de la cárcel de Resistencia (Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal) tuvieron una larga discusión. Se habían enterado, gracias a un guardia, de que iban a fusilar a algunos de ellos. Incluso tenían una lista. La pregunta era: ¿Resistir colectivamente o dejar que sacaran a un grupo de presos? "Es mejor que maten a veinte y no a los doscientos que somos, compañeros", argumentó Néstor Sala.
En la noche del 12 al 13 de diciembre de 1976 el oficial Oscar Casco se acercó a la reja y nombró a los que tenían que salir.
–¿Qué pasa, señor? –se le acercó Jorge Giles.
–Traslado, Giles, traslado.
–¿Un día domingo, celador?
–Yo sólo cumplo órdenes.
Afuera estaba lleno de camiones del Ejército. Casco dio un ultimátum: "¿No los quieren dejar salir? Yo me retiro y entra el Ejército. Pero no entran a buscarlo a Sala, sino para matarlos a todos por el delito de motín". Néstor Sala salió, no sin antes dar un discurso ante los otros presos. "Hoy nos sacan para matarnos. Les pido que se lo cuenten a mi mujer, a mi hijo y al pueblo. ¡Viva Perón, carajo!", gritó. Con él, se llevaron a Luis Angel Barco, Manuel Parodi Ocampo, Carlos Duarte, Luis Fransen, Mario Cuevas y Patricio Tierno.
Los llevaron a la Alcaidía donde los torturaron salvajemente. Luego, los juntaron con un grupo de desaparecidos y marcharon hacia Margarita Belén. Todos los militares y policías de la comitiva dispararon, en un pacto de sangre. Luego se sentaron a comer un asado en el lugar de la masacre.
En Chaco están siendo juzgados por esto Horacio Losito, Germán Riquelme, Guillermo Reyes, Athos Renés, Rafael Sabol, Luis Alberto Pateta, Ernesto Simoni, Aldo Martínes Segón y Luis Eduardo Chas. Norberto Tozzo está en trámite de extradición, preso en Brasil. "Tanto la causa de Córdoba como la de Chaco sustentaron la causa 13, del Juicio a las Juntas, porque allí están todas las huellas de la cadena de mandos", planteó a Página/12 Jorge Giles, ex preso político y director del Inecip.
Pabellones de la Muerte
Eduardo Jozami llegó a La Plata en un traslado de Devoto en octubre de 1976. En diciembre, asumió un nuevo director: Abel Dupuy. El 13 de diciembre de 1976, el mismo día de la masacre de Margarita Belén, los sacaron a todos de la celda. "Nos hacían caminar entre dos filas de milicos con palos. Esa requisa fue la señal de que cambiaban las cosas en la cárcel. Fue de una violencia exagerada", recuerda Jozami. Luego de su acto de asunción, Dupuy ordenó sacar todos los libros que les habían secuestrado (cerca de cinco mil) y los quemó en frente de la cárcel.
A partir de allí, se generalizaron las torturas: les hacían sacar la cabeza por el pasaplatos para golpearlos o pincharles los ojos, alternaban palizas con baños de agua helada. En una de estas sesiones, a Marcos Ibáñez Gatica lo dejaron en estado vegetativo y murió a los pocos días.
Lo mismo ocurrió en los casos de Juan Barrientos y Alberto Pintos.
El 3 de enero de 1977 organizaron a los presos según su procedencia política y su grado en las organizaciones armadas. En el pabellón 1 colocaron a los dirigentes de Montoneros. En el 2, a los del PRT-ERP. Los presos políticos los llamaron "los pabellones de la Muerte". No se equivocaron. A las cinco de la tarde del 5 de enero de 1977 vinieron a buscar a Dardo Cabo y Rufino Pirles, dos dirigentes de Montoneros. Los raparon y los sacaron para un "traslado" a Sierra Chica. "El día que los sacan nos pareció medio raro. Dardo hacía preguntas: ‘Che, qué raro un traslado a esta hora’. Al otro día nos enteramos de que los habían matado. Después de eso cada vez que salías del pabellón te daban por muerto. A mí una vez me sacaron para ver un abogado y cuando volví, me recibieron como si hubiera resucitado", relata Jozami, actual director del centro cultural de la memoria Haroldo Conti.
El 27 de enero se llevaron a Julio César Urien y Angel Georgiadis. Militante de Montoneros, Urien era marino y provenía de una familia militar, que hizo gestiones con el general Albano Harguindeguy y consiguió que no lo mataran. Luego de dos días encapuchado, lo subieron a una camioneta, lo colgaron de los pies y lo llevaron a la cárcel. "Apareció" en Sierra Chica. En su lugar, volvieron a La Plata y se llevaron a Horacio Rapaport, que estaba en una celda de castigo por haber reclamado por los otros dos presos que habían sacado.
La existencia de los pabellones de la muerte fue denunciada internacionalmente, lo que llevó a los represores a cambiar la metodología. "Nos volvió a tomar de sorpresa cuando lo sacan a Domínguez y a los dos compañeros del pabellón 2", plantea Jozami. A Guillermo Segalli, Abel Carranza y Miguel Alejandro Domínguez los liberaron en febrero de 1978 (estaban a disposición del PE nacional). Afuera los esperaba una patota, que los secuestró. Poco después, el juez Eduardo Marquard le dio la libertad a Jorge García, que era en realidad Juan Pettigiani (estaba preso con un nombre falso). También lo secuestraron. La metodología se repitió el 21 de marzo de 1978 a las once de la noche, cuando dejaron salir al abogado Juan Carlos Deghi. Se lo llevaron dos Falcon verdes a cien metros de la salida de la cárcel. Sus hijas lo estaban esperando con las velitas en su casa para festejar su cumpleaños.
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[Emilio Ruchansky] Con 21 senadores presentes y 8 ausentes, la sesión del 20 de septiembre de 1888 del Senado tuvo sólo dos oradores: Manuel Derqui y Aristóbulo del Valle. Ambas fueron exposiciones extensas y a favor del matrimonio civil. Derqui comenzó haciendo algunas observaciones al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Simplificó, por ejemplo, el inciso 2 del artículo 17 que exigía, para casarse, las partidas de nacimiento y de matrimonio (religioso) de los respectivos padres. Pidió que sólo se pidieran los nombres y apellidos de los padres, su nacionalidad, profesión y domicilio, porque esas partidas eran "difíciles de conseguir".
[Emilio Ruchansky] Argentina. Para los senadores que llevaron al recinto la posición eclesiástica, la Iglesia representa "una autoridad moral superior al pueblo y superior a la historia". Así lo expresó, y consta en actas, el senador por Córdoba Pedro Funes. Luego, como muchos diputados y senadores en la actualidad, aseguró que la igualdad de derechos, para los inmigrantes en este caso, no "era una suprema necesidad" y se embarcó en un discurso basado en la intolerancia religiosa a la que representaba.
[Emilio Ruchansky] Argentina. No eran homosexuales y lesbianas a quienes se pretendía incluir en el Código Civil en 1888, cuando se debatió la reforma de la legislación para instaurar el matrimonio civil en la Argentina. Eran miles de inmigrantes los principales beneficiarios, que por no haber en el país sacerdotes de su culto o no profesar una religión, como explicaba el entonces presidente Miguel Juárez Celman, se veían "en la dura alternativa de traicionar su conciencia o de privarse del derecho de formar un hogar amparado por las leyes". Al igual que en estos días, la discusión en el Senado pasaba por igualar los derechos de una minoría y la Iglesia veía la reforma como una amenaza a la familia y una violación a "la ley de Dios", tal como repitió el arzobispo porteño Jorge Bergoglio 122 años después de la aprobación del matrimonio civil.
Argentina. Osvaldo ‘Valdi’ Uferer fue detenido en dos ocasiones: a fines de abril del ’75 estuvo en la alcaidía del Chaco durante 20 días. La segunda, ocurrió un año después, en 1976, cuando un patrullero lo levantó de la calle y lo depositó en la Brigada de Investigaciones de la policía chaqueña. Estuvo siete años preso. Pasó por la alcaidía, la U7, y la U9 en La Plata. El jueves declaró en la causa "Caballero", en Resistencia. Contó que en la Brigada una vez lo torturaron hasta que se desmayó: "Me dejaron tirado en el piso al lado de una puerta vaivén". Cuando despertó escuchó la voz de Gabino Manader y los gritos de Nora Valladares durante un interrogatorio. "Manader le decía bueno... bueno... terminemos... decime lo que quiero saber y te devuelvo la bombacha, te vestís y listo..." Como la mujer no respondía la torturaron un poco más, hasta que el policía (imputado en la causa) se cansó y le dijo: "Bueno, ¿sabés qué? Vamos a traer a tu hijo". "Nora estaba detenida con un bebé de siete meses –continuó Valdi–. Le aplicaron la picana, porque cuando sonaba la picana el bebé lloraba." Valdi observaba y escuchaba todo tirado en el piso. Pudo ver a la hoy diputada nacional Elsa Quiroz, a Horacio Cracogna, a Nora Valladares, Jorge Migueles y también a Arturo Franzen y Manuel Parodi Ocampo, dos de las víctimas de la Masacre de Margarita Belén. "Yo me preguntaba por qué se torturaba en el centro de la ciudad, enfrente de la plaza central, donde juegan nuestros niños. Ahora tengo la idea de que esto era un plan premeditado para sembrar el terror", reflexionó.
Argentina. Francisco Miret y Otilio Romano no son los únicos jueces acusados de convalidar las ilegalidades cometidas por la última dictadura. A paso lento pero firme, avanza el proceso de justicia sobre otros magistrados y funcionarios judiciales señalados como cómplices de las acciones cometidas por el terrorismo de Estado.
Argentina. A fines de agosto de 1975, un día después de haber sido torturado durante horas, Hugo René Tomini recibió la visita del juez Luis Francisco Miret en el calabozo del Departamento de Informaciones de la policía de Mendoza.
[Nora Veiras] Argentina. "El Poder Judicial federal de la provincia de Mendoza evidenció (durante la dictadura) una clara voluntad de no investigar las atrocidades que se cometieron (...) Esta afirmación está basada en un hecho incontrovertible: pese a las innumerables denuncias de cientos de desapariciones y/o homicidios, torturas, privaciones ilegales de libertad y abusos sexuales (...) no hubo un solo funcionario de las fuerzas de seguridad que resultara imputado o seriamente investigado por la comisión de esos delitos." A lo largo de casi doscientas fojas, el fiscal general Omar Palermo detalló la connivencia de la Justicia con los represores y solicitó que se cite a declaración indagatoria a los actuales camaristas federales de Mendoza Otilio Romano y Luis Francisco Miret y al ex juez Gabriel Guzzo, entre otros, por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, por omitir hacer cesar detenciones ilegales y por encubrir por omisión el deber de denuncia. Calificaciones que tributan en delitos de lesa humanidad.