proponen pensión para ex detenidos
10 de julio de 2010
Proponen pensión vitalicia para resarcir a ex detenidos políticos de la dictadura. La iniciativa que analizará la Legislatura promueve un beneficio similar al que perciben los ex combatientes en la guerra de Malvinas. Ya rige en Buenos Aires.
Santa Fe, Argentina. Un proyecto de ley que se discutirá en la Cámara de Diputados después del receso parlamentario propone reparar a los ex detenidos políticos de la dictadura con una pensión vitalicia similar a la que perciben los ex combatientes en la guerra de Malvinas. Una norma de esta naturaleza ya está vigente en la provincia de Buenos Aires, por lo que si prospera el trámite legislativo, Santa Fe sería la segunda provincia del país en resarcir a quienes sobrevivieron a las torturas y martirios en los centros clandestinos de detención. "Las víctimas del terrorismo de Estado merecen un reconocimiento institucional y un resarcimiento económico. Y este es apenas un paso más en la reparación de la dignidad robada", dijo el diputado Marcelo Brignoni, autor de la propuesta.
Brignoni presentó su proyecto acompañado por cinco de sus colegas del oficialismo y la oposición: José María Tessa, los kirchneristas Luis Rubeo, Gerardo Rico y Oscar Urruty y Antonio Riestra, del Frente Progresista. Se trata "de una pensión mensual no contributiva de carácter vitalicio para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 hayan sido condenados por un consejo de guerra, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o privados de su libertad por causas políticas, gremiales o estudiantiles", explicó Brignoni
El monto de la pensión sería similar al que ya perciben los veteranos de Malvinas, equivalente a tres veces el haber mínimo de pensión vigente en Santa Fe.
"La provincia de Buenos Aires ya tiene una legislación de esta naturaleza", dijo Brignoni. La ley 14.042 sancionada por la Legislatura bonaerense "otorga una pensión graciable a aquellas personas que durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 hayan sido condenadas por un consejo de guerra, puestas a disposición del PEN y/o privadas de su libertad, como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas o de seguridad, por causas políticas, gremiales o estudiantiles".
"El golpe militar que instauró la última dictadura abolió las instituciones, destruyó toda resistencia social, provocó injusticias y desigualdades, quebrantó el orden constitucional implantó el asesinato de personas, la desaparición forzada y el robo de bebés como prácticas habituales del Estado terrorista argentino", recordó Brignoni. "Muchos argentinos y argentinas padecieran graves tormentos privados de su libertad, les robaron sus bienes y sus hijos y en muchos casos perdieron su propia vida".
Fue "la dictadura cívico militar más sangrienta" de la historia del país. Sus jerarcas eran "señores del poder y amos de la muerte" y "sus víctimas nunca más volvieron a sus vidas y a la de sus familias como antes de este genocidio".
"Nuestra tarea de hoy es intentar ser los voceros de las víctimas de aquel horror, solidarizarnos con el dolor de aquellos que padecieron en las cárceles o que vivieron y sufrieron el exilio", agregó.
"Felizmente, nuestra actualidad indica que el gobierno nacional y el pueblo argentino están haciendo una reparación histórica a las víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de estado en nuestro país, mediante los juicios que se sustancian en nuestros días y después de muchos años de impunidad".
"Entendemos que este es el momento de llevar adelante otro tipo de reparación porque los sobrevivientes de tan aberrante dictadura, así como sus familiares, padecieron y padecen daños imborrables, producidos como consecuencia de lo vivido. Muchos de ellos han tenido dificultades para reinsertarse en la vida social y laboral al recuperar la libertad y hoy están en situaciones de extrema vulnerabilidad social, sin cobertura social ni posibilidad futura de contar con una jubilación digna".
"Por lo tanto, todos ellos merecen un reconocimiento institucional y un resarcimiento económico. Nuestro proyecto es apenas un paso más en la reparación de la dignidad robada. Y esa es nuestra obligación como Estado provincial. Debemos asumir esa responsabilidad histórica?, planteó Brignoni. El proyecto otorga la pensión a ex presos políticos que "hubieran tenido domicilio real en la provincia de Santa Fe al momento de su privación de libertad y que no sean beneficiarios de una prestación nacional, provincial o municipal derivada de la misma situación". Será "compatible con el desempeño de cualquier actividad remunerada en relación de dependencia o autónomos" e "inembargable, salvo deudas por alimentos".
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[Diego Martínez] Argentina. Cristiano consecuente como sacerdote y luego como laico, víctima del terrorismo de Estado por su militancia en villas, crítico de la conducción de la Iglesia por su complicidad con la dictadura y dirigente esencial del movimiento de derechos humanos desde fines de los ’70, Patrick Rice falleció de manera repentina, el miércoles por la noche, en un hospital de Miami. Rice fue cofundador y secretario de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam), nacida en 1981 para potenciar la lucha de quienes enfrentaban dictaduras en América latina y el Caribe, y hasta los últimos días acompañó a sobrevivientes y testigos en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Luego de visitar a familiares y amigos en su Irlanda natal, se descompuso durante la escala del vuelo Dublín-Buenos Aires. Paradójicamente para quien sembró amigos en todo el mundo, murió lejos de sus seres queridos. Sus restos llegarán a la Argentina en los próximos días. Será velado en la Casa de Nazareth.
Tucumán, Argentina. Uno de los momentos de mayor conmoción que se vivieron durante el proceso judicial en Tucumán fue cuando el mes pasado el testigo Juan Carlos Clemente aportó de manera sorpresiva dos biblioratos con documentación confidencial de los represores que manejaron el centro clandestino de detención "Jefatura de Policía". La documentación histórica que entregó Clemente no sólo develó la lista con las 293 víctimas que estuvieron secuestradas en la ex jefatura, sino también quiénes fueron los oficiales, suboficiales y agentes que integraron la ‘patota’ del Servicio de Información Confidencial (SIC), liderada por el represor Roberto ‘el Tuerto’ Albornoz, ahora condenado en el juicio oral y público que se sigue por violaciones a los derechos humanos cometidos en ese centro clandestino de detención. Los documentos secretos fueron publicados por Página/12.
[Ramiro Rearte] Tucumán, Argentina. Luciano Benjamín Menéndez escuchó la condena en su contra sin inmutarse. Siguió con la mirada fija sin hacer caso de la palabra del secretario del tribunal, que estaba leyendo su sentencia. Su abogado defensor, Horacio Guerineau, fue el primero en retirarse del edificio y, para evitar los abucheos de miembros de organismos de derechos humanos que hacían vigilia en la puerta, se fue por una salida lateral. Roberto ‘el Tuerto’ Albornoz, ex jefe de inteligencia de la policía tucumana, tampoco se alteró al conocer que deberá cumplir cadena perpetua en el penal de Villa Urquiza.
[Horacio Cecchi] Argentina. Un fallo de los jueces Agustín Alvarez Sagarra, Diana Alismonti y Patricia Patanella, de la Cámara de Apelaciones de Quilmes, no sentará jurisprudencia, pero sí memoria. En un galimatías jurídico sorprendente, los camaristas excarcelaron al ex policía José Salmo, que había sido condenado hace 15 días a seis años y medio por disparar y dejar paralítica a Carla Lacorte en 2001. Tras la presentación de un hábeas corpus por parte de la defensa del policía, los jueces decidieron hacer lugar al hábeas corpus, pero además opinaron que el fallo del Tribunal Oral Nº 5 estaba teñido de "componentes políticos" y que una "suerte de solidaridad con la damnificada" de parte de "la movilización de determinados sectores en pos de la condena del procesado Salmo" presionó en la sentencia. No conformes con emitir su opinión respecto de una condena sobre la que ni la propia defensa pedía opinión, los camaristas decidieron opinar críticamente sobre el fallo mismo de un tribunal superior, como lo es Casación, que había ordenado condenar al ex policía por considerarlo culpable de lesiones gravísimas, anulando el fallo anterior que lo había absuelto. "Estamos dispuestos a seguir adelante con nuestra lucha y por supuesto vamos a apelar", dijo a este diario Carlos Musante, pareja de Carla Lacorte.
[Raúl Kollmann] Argentina. El juez español Baltasar Garzón será el orador principal del acto central con el que se recordará a las víctimas del atentado contra la AMIA. La concentración está convocada para el viernes 16, el último día antes de las vacaciones de invierno, justamente para permitir que asistan los alumnos de distintos colegios. Como siempre, el acto se hará frente al edificio de la mutual judía, en Pasteur 633, a las 9.50, y es convocado por la agrupación Familiares de las Víctimas de la AMIA, así como por la DAIA y la AMIA. El domingo 18, cuando se cumplirán 16 años del atentado, la agrupación Memoria Activa realizará la concentración en el mismo lugar, con la consigna "85 muertos, 16 años, cero culpables". En ese acto, Memoria Activa anunciará que considera que el Estado argentino no cumplió con ninguno de sus compromisos –como, por ejemplo, juzgar a quienes desviaron la investigación– y por lo tanto elevará el caso a la Corte Internacional de La Haya. En la tarde de ayer, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió a los dirigentes de la agrupación Familiares. Como todos los años, le informaron sobre los actos, aunque la impresión es que esta vez la Presidenta no participará, porque hasta el jueves estará en China.
Argentina. El tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán emitió su veredicto en el proceso que llevó a cabo contra el represor y otros tres imputados por violaciones a los derechos humanos cometidos en esa provincia durante la última dictadura militar. El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército deberá cumplir la pena en una cárcel común.
Tucumán, Argentina. Ante un tribunal, Luciano Benjamín Menéndez afirmó que los que antes eran "ilegales", en la actualidad "nos juzgan y nos condenan".