los asesinos son polis
7 de julio de 2010
En busca de los jefes de la represión. La investigación de dos muertes en Bariloche apunta a los autores intelectuales. El juez que investiga los crímenes de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas encabezará hoy una inspección ocular en el lugar donde la policía reprimió una protesta. Creen que es difícil identificar a los autores materiales de las muertes.
[Carlos Rodríguez] Argentina. Mientras sigue sin producir novedades de importancia la causa en la que se investiga el homicidio de Diego Bonnefoi, hoy se realizará una inspección ocular y una reconstrucción de los hechos –posteriores a esa muerte– en los que perdieron la vida Nicolás Carrasco, de 16 años, y Sergio Cárdenas, de 29. Por pedido del fiscal Marcos Burgos, la investigación en los casos de Carrasco y Cárdenas apunta sólo en dirección a los grupos policiales que reprimieron, en la tarde-noche del jueves 17 de junio, a la multitud que se había movilizado en las cercanías de la sede de la comisaría 28, en la zona del Alto, para repudiar el asesinato de Bonnefoi. Fuentes allegadas a la investigación admitieron que será difícil establecer quiénes fueron los autores materiales de las muertes de Carrasco y de Cárdenas, pero sí se puede avanzar hacia los jefes que estuvieron al frente de la represión, quienes pueden ser imputados como autores intelectuales de los dos crímenes. Como parte de la prueba, no se descarta una pericia de sonido –a través de imágenes y audios grabados por la prensa– para establecer responsabilidades, como se hizo antes en el caso del asesinato de Teresa Rodríguez, en Cutral-Có.
El caso Bonnefoi es investigado por el juez Miguel Angel Gaimaro Pozzi, quien ayer le tomó declaración testimonial, en Cámara Gesell, a dos de los chicos que acompañaban a Bonnefoi en el momento de su muerte, a manos del cabo Sergio Colombil, quien continúa detenido. La causa sigue bajo secreto de sumario y se supone que la situación procesal de Colombil recién se resolverá en agosto, una vez que concluya la feria judicial. El ex juez de esa causa, Martín Lozada –quien le había dictado la prisión preventiva a Colombil por homicidio doblemente agravado–, ahora está a cargo del doble crimen ocurrido durante la represión policial de las protestas.
Hoy Lozada conducirá la inspección ocular que se hará cerca de Onelli y Osés, donde cayó herido Carrasco, y en Onelli y Sobral, donde murió Cárdenas. La muerte de Carrasco fue presenciada por un hermano suyo, de 17 años, quien estará presente en la reconstrucción. También irán testigos del ataque sufrido por Cárdenas, quien tenía en el cuerpo un perdigón de plomo que le había ingresado por la espalda, cerca del cuello, mientras que Carrasco tenía varios perdigones.
Todo parece indicar que los proyectiles fueron disparados por escopetas policiales. Cada cartucho contiene ocho perdigones que, luego del disparo, salen de su habitáculo y se esparcen en distintas direcciones. Prueba de que la investigación le apunta a la policía fueron los allanamientos realizados en ocho destacamentos, en la búsqueda del libro de movimientos, el libro de armas y el de municiones. Lo que se buscan son los nombres, apellidos, jerarquías y número de las armas de todos los policías que estuvieron participando en los sucesos del 17 de junio.
En la investigación existen dudas sobre si están registrados todos los policías que participaron. Si bien la pesquisa intenta determinar quiénes fueron los autores materiales de las dos muertes, se sabe que es una tarea difícil. De todos modos, a través de los registros, se puede determinar quiénes fueron los jefes a cargo del operativo policial y cuál es la responsabilidad que le cupo a cada uno, una vez que se pueda establecer el área de actuación de cada una de las fuerzas intervinientes.
Aunque se cree que todo puede haber sucedido en medio de un caos, es evidente que tiene que haber habido un jefe o más de uno al frente de la represión. Se sabe que participaron agentes de la comisaría segunda del Centro Cívico, de la seccional 27 de Melipal, de la comisaría 28 del Alto –que fue destruida por los manifestantes–, de la Unidad Penitenciaria Nº 3 de Bariloche, que tiene la mitad de personal penitenciario provincial y de personal policial. También fueron allanadas la sede del grupo antimotines BORA, en la calle Namuncurá, y la Brigada de Investigaciones, entre otras dependencias policiales.
Los querellantes que representan a los familiares de Carrasco y de Cárdenas entregaron a Lozada cerca de mil fotografías y videos que registraron distintos momentos de la represión. Con un material similar, en septiembre del año 2000, los físicos Ernesto Martínez y Rodolfo Pregliasco, del Instituto Balseiro de Bariloche, realizaron una pericia de sonido que les permitió establecer que la bala que mató a Teresa Rodríguez, en Cutral-Có, en 1997, había partido del grupo de policías que dispararon contra los manifestantes.
En aquel caso, como hoy en Bariloche, la versión policial era que el tiro había provenido de los manifestantes. Respecto de lo sucedido en el Alto, quedó desvirtuada la versión policial de que habían usado sólo postas de goma. Eran de plomo los perdigones que mataron a Carrasco y a Cárdenas. Por eso, todo apunta hacia la policía de Bariloche.
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Argentina. El juez de instrucción de Bariloche, Martín Lozada, ordenó el secuestro de los libros internos de ocho dependencias policiales rionegrinas, para determinar los nombres de un centenar de uniformados, incluidos sus jefes. Lozada, que fue apartado del caso Bonnefoi, investiga la participación policial en las muertes de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, durante la represión del 17 de junio pasado. También secuestró proyectiles de postas de plomo y comenzó a analizar fotografías y videos sobre la represión. El miércoles se realizará una inspección ocular en los lugares donde cayeron los cuerpos de Carrasco y Cárdenas, de acuerdo con testimonios de vecinos que dicen haber visto el momento en el que las víctimas recibían los disparos. Entre miércoles y jueves, las familias de las dos víctimas fueron recibidas como querellantes por Lozada, junto a la de Bonnefoi, y según aseguraron, serán recibidas por la Cámara de Diputados de la Nación y por la presidenta Cristina Fernández.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. El vicepresidente del PJ santafesino, Jorge Fernández, pidió ayer la expulsión de las filas de su partido de dos condenados por crímenes de lesa humanidad: Mario Facino y Eduardo Ramos, a quienes la justicia sentenció a 20 y 23 años de cárcel por el secuestro y torturas a detenidos políticos. Fernández fundamentó su solicitud en la gravedad de la condena. "Hay razones políticas, éticas y jurídicas para expulsarlos del Partido Justicialista", dijo a Rosario/12. Fernández pidió que el PJ cancele las fichas Facino y Ramos en una nota que presentó ante el Tribunal de Disciplina en su doble condición de afiliado y vicepresidente del PJ. Y envió una copia al consejo ejecutivo que preside el senador Ricardo Spinozzi, quien está de viaje fuera del país. Si el reclamo prospera, el Tribunal de Disciplina debería recomendar la expulsión de los dos represores al congreso provincial. Pero para evitar demoras, Fernández solicitó que esa decisión la adopte directamente el propio consejo provincial que preside Spinozzi, "ad referendum del congreso partidario", aclaró.
[Nicolás Lantos] Argentina. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en mayo de 2009, condenó al Estado argentino por haber violado el derecho a la libertad de expresión en el caso del periodista Eduardo Kimel, penado por señalar la complicidad de un juez con el asesinato de cinco religiosos palotinos durante la última dictadura. La sentencia intimaba al Estado a reformar la legislación sobre calumnias e injurias, le ordenaba pagar una indemnización al periodista y a "realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad". Ayer por la mañana, en la sede del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la presidenta Cristina Fernández saldó este último compromiso pendiente. Kimel había fallecido el 10 de febrero de este año, por lo que el acto tomó la forma de un emotivo homenaje. "No se puede sufrir cárcel por hablar u opinar, cualquiera sea la opinión", sostuvo la Presidenta en el punto más alto de un discurso breve pero intenso. También aseguró que "jamás hubo en la Argentina la libertad de prensa de hoy", aunque "falta completar el otro derecho, el de libre expresión, que por la concentración monopólica no se puede llevar a cabo".
Argentina. Treinta y un presos políticos de la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba fueron fusilados por militares del III Cuerpo de Ejército entre abril y octubre de 1976, cuando la cárcel se transformó en campo de exterminio. Fermín Rivera escuchó en cautiverio la promesa del general Sasiaíñ de ejecutarlos "lentamente", vio morir a varios compañeros y denunció los crímenes en plena dictadura. El viernes, con Videla y Menéndez en el banquillo, comenzó el juicio por el que peleó durante 34 años. "Relatar el asesinato de entrañables amigos es terrible, doloroso, pero es una cuenta pendiente con mis compañeros y con la historia", dice. Ex preso político durante una década, Rivera repasa la historia de quienes encubrieron delitos de lesa humanidad, advierte que "vamos a luchar por verdad y justicia hasta que alcance a todos los responsables".
[Nora Veiras] Argentina. Con voz firme y tono menos castrense, Jorge Rafael Videla habló por primera vez en un tribunal de la democracia. "Asumo mi responsabilidad en la guerra interna librada contra el terrorismo subversivo, mis subordinados se limitaron a cumplir mis órdenes como comandante en jefe", dijo el ex general que encabezó el último golpe militar de la Argentina. Repitió que el Tribunal Oral de Córdoba "carece de competencia" para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad, reivindicó como su "juez natural al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas" y anunció que no va a prestar declaración. A menos de un mes de cumplir 85 años y de doce años de prisión, Videla apareció con mejor semblante, inclusive, que cuando en plena dictadura declaró ante corresponsales extranjeros: "Los desaparecidos no están ni vivos ni muertos, están de-sa-pa-re-ci-dos". El jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, otro de los 31 acusados por las torturas y crímenes cometidos en la Unidad Penitenciaria 1 (UP1) de Córdoba también se hizo del micrófono. Con el mismo libreto que viene usando en los juicios en los que fue condenado ya en Tucumán y Córdoba, señaló que "los terroristas marxistas que, conducidos desde el extranjero, asaltaron la República porque no creían en nuestras instituciones democráticas, ahora aprovechan, se refugian y usan esas mismas instituciones democráticas para juzgar a quienes las defendimos". Menéndez luego anticipó, al igual que su jefe máximo, que no va a declarar porque desconoce la Justicia civil.
Argentina. La mandataria afirmó que el reconocimiento público del periodista Eduardo Kimel es "un hecho emblemático en la Argentina porque no es sólo el caso de un periodista condenado por su opinión es algo más profundo, pone blanco sobre negro lo que ha sido la Argentina de las últimas décadas".
El abogado Pablo Llonto, querellante en el juicio entablado por las Abuelas de Plaza de Mayo y dos familias de desaparecidos para establecer la identidad de los hijos adoptivos de la directora del diario Clarín, sostuvo que "la ley sólo exige que se agoten las tomas de muestras no traumáticas", por lo cual al fracasar aquellas instancias "podrían quedar abiertas otras posibilidades".