diecisiete ratas en san luis
5 de julio de 2010
El juez federal de San Luis, Juan Esteban Maqueda, dictó el procesamiento a los 17 represores que se presentaron días atrás ante el llamado a indagatoria dispuesto por la fiscal federal, Mónica Spagnuolo, acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia durante la dictadura militar.
Argentina. La medida alcanza a Vicente Moreno Recalde, Marcelo González Moure, Ricardo Rossi, Mario Luis Calderón, Horacio Ángel Dana, Juan Amador Garro, Armando Nicolás Martínez, Guillermo Rosello, Celso Borsalino, Higinio Rafael Robles, Armando Gil Puebla, Andrés Ortubia Salinas, Rafael Enrique Leyes, Omar Lucero, Félix Natel y Guillermo Albisu, todos ellos militares y policías federales y provinciales.
Así lo informó el abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) filial San Luis, Carlos Pereyra, indicando que los imputados están acusados de 21 hechos de secuestro y torturas; 7 asesinatos, además del secuestro, tortura y homicidio de Graciela Fiochetti, Sandro Santana Alcaráz y Pedro Valentín Ledesma, causa en la que algunos de ellos fueron testigos y luego resultaron incriminados.
Salvo el médico Andrés García Calderón, quién está imputado por encubrir los homicidios de Graciela Fiochetti y Santana Alcaraz, los otros 16 imputados están acusados de los homicidios de Raúl Cobos, Domingo Ildegardo Chacón, Adolfo Pérez, Luis María Frumm, Vicente Rodríguez, Dante Bodo, Nolasco Leyes y Rafael García. Asimismo, están acusados por los secuestros y torturas de Aníbal Oliveras, Manuel Alfonso, Juan Vergés, Carlos Correa, Andrónico Agüero, Mirta Rosales, Ana María Garraza, Isabel Catalina Garraza, Juan Cruz Sarmiento, Alfredo Montoya, María Luisa Ponce de Fernández, Jorge Alfredo Salinas, Juan Manuel Echandía, Beatriz Lucy María, Alejo Sosa, Julio Lucero Belgrano y Ramón Gómez.
Esta medida del juez Federal puntano, se suma al procesamiento por la participación criminal en los mismos hechos de los condenados recientemente, Carlos Pla, Juan Carlos Pérez, Luis Orozco y contra el fallecido Víctor Becerra, además del procesamiento dispuesto en junio de 2009 contra Luciano Benjamín Menéndez y Miguel Ángel Fernández Gez.
También siguen procesados pero en libertad, Humberto Godoy y Carlos María Alemán Urquiza, quien fue liberado por una resolución de la Cámara Federal de Mendoza luego de pasar tres años detenido sin que la causa llegara a juicio.
El abogado Carlos Pereyra señaló que la APDH apeló la resolución "porque creemos que es evidente que hubo una asociación ilícita, conformada claramente por un plan sistemático, destinado a la eliminación física de personas aplicado en todo el país". "Ese plan sistemático tuvo un organigrama y fue dirigido por funcionarios del Estado, que sirviéndose de los medios del Estado, por cuestiones políticas, destruyeron a un sector de la población al que consideraban como enemigo", agregó el letrado.
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Argentina. Durante la segunda jornada del juicio contra los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez por el fusilamiento de 31 presos políticos detenidos en la Penitenciaría de la capital mediterránea y por el llamado ‘Caso Gontero’, el ex presidente de facto sostuvo que no quería declarar sino "reiterar que asumo en plenitud mis responsabilidades castrenses por todo lo actuado por el Ejército durante la guerra interna contra la subversión".
Santa Fe, Argentina. A tres meses del asesinato de Silvia Suppo, la asociación de ex presos políticos de la dictadura cuestionó la pesquisa policial del crimen y las declaraciones de funcionarios del gobierno de Hermes Binner que descartaron "las motivaciones políticas con sorprendente celeridad". La justicia "no puede, ni debe, clausurar livianamente la línea de investigación del crimen político. Semejante ligereza no haría más que convalidar las complicidades que subsisten con los represores aún libres y sus voceros, que pretenden frenar el accionar judicial", dijeron.
[Horacio Cecchi] Argentina. La imagen de dos de los camaristas de Bariloche, que la semana pasada ordenaron el apartamiento del juez Martín Lozada del caso de gatillo fácil que dio vuelta Bariloche, está enmarcada en un particular passe-partout jurídico. En 1998, Héctor Leguizamón Pondal ya había protagonizado un escándalo con claras connotaciones antisemitas al insultar a la fiscal Mirta Siedlecki y pedir el apartamiento del camarista Carlos Rozanski que lo investigaban por corrupción, "por tratarse de un judío". Una década después, Pondal sumó a su cuenta un pedido de amparo contra el colegio más exclusivo de la región, el Woodville, bilingüe, de doble escolaridad y con una mensualidad accesible a pocos bolsillos. El amparo pedía que su hijo, que había sido reprobado en tres exámenes en febrero de 2008, debía repetir el cuarto año, injustamente desde la óptica del padre, quien consideraba que eran los docentes los que se habían excedido en su criterio y no su hijo el que no había estudiado. El juez civil respondió casi de inmediato ordenando la inscripción del joven en el quinto año. La decisión judicial desató un escándalo. Para esa época, el caso apareció retratado en graffiti por todo el pueblo: "Hacé como el juez Pondal", decían con algo de bronca y lógica de estudiantina las pintadas. No fue el primer exabrupto público. Otro de los integrantes de la Cámara del Crimen, Miguel Lara, es motivo de la Ley 25.852 que protege a los menores de 16 años de ser expuestos y revictimizados en las audiencias judiciales. Ni ideólogo ni redactor, sólo motivo. Lara fue quien provocó a Rozanski a redactar el proyecto luego de que durante un juicio a un violador, Lara le preguntara a la víctima, una chica de 16 años con retraso mental: "Pero decime la verdad, ¿a vos no te gustaba el Pato? ¿Lo tocabas abajo?".
[Victoria Ginzberg] Argentina. El equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo está compuesto por cinco profesionales de entre 29 y 25 años. El viernes, los abogados que trabajan para el organismo de derechos humanos que encabeza Estela Carlotto estaban de mudanza. Con las paredes todavía peladas y mientras sus compañeros ayudaban a pasar cables y acomodar escritorios, Alan Iud, que dirige el grupo, habló con Página/12 sobre las causas y consecuencias vinculadas a la imposibilidad de obtener el perfil genético de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín y el pasado y futuro de esa causa judicial.
[José Maggi] Argentina. En tiempos en que la Iglesia Católica, con su jerarquía a la cabeza gana las calles denostando el proyecto de ley de matrimonio homosexual o igualitario; en Rosario un sacerdote comprometido con su gente de Nuevo Alberdi, se anima a confrontar el discurso oficial y acepta bendecir a parejas del mismo sexo. Se trata del padre Daniel Siñeriz que no ha dudado en acampar frente la Municipalidad para lograr que su barriada pobre termine de sufrir por las inundaciones, o cortar una ruta cuando la causa lo justifique. "Cómo no bendecir a personas que juegan esa opción de vida y lo hacen público, que tienen un nivel de valentía y de autenticidad, como para ponerse frente a los demás con honestidad. Esto es valorable y respetable. Y yo lo bendigo", aseguró.
[Mariana Carbajal] Argentina. ¿La prostitución puede considerarse como un trabajo o es siempre una forma de violencia sexual? ¿Cuándo una persona elige libremente ganarse así la vida? ¿Tiene la opción de decidir entre ser empleada, vendedora o prostituta, por ejemplo? ¿Elige ser prostituta porque le interesan las condiciones de trabajo en relación a otras? El debate, que divide aguas entre feministas y tiene implicancias políticas, quedó planteado en el auditorio de la Facultad de Derecho de la UBA, cuando la española María Luisa Maqueda Abreu, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Granada, sostuvo en su ponencia que "en nombre de la vulnerabilidad de las mujeres se construyó el mito cultural de la trata de blancas" que "oculta experiencias de mujeres, con proyectos migratorios, que eligen en forma temporal o no ejercer la prostitución". Su postura generó un murmullo generalizado de desaprobación entre el público y la rápida réplica de la investigadora y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, Silvia Chejter, que compartía la mesa con la española, en la segunda y última jornada del Encuentro Internacional sobre Violencia de Género, organizado unos días atrás por el Ministerio Público de la Defensa. Página/12 aprovechó la discusión abierta y la siguió, una vez finalizadas las exposiciones, con otras especialistas presentes en el salón, como la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, la abogada costarricense Alda Facio, directora del Programa Mujer, Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito (Ilanud), y Lidia Schiavoni, investigadora y profesora del Departamento de Antropología Social de la Universidad Nacional de Misiones. Y sumó otros ejes: ¿termina la persecución de la trata perjudicando a las mujeres en prostitución? ¿Es una buena alternativa la criminalización de los clientes, como se aplica en Suecia?
[Luis Miguel Baronetto] Argentina. Con el inicio del juicio por los fusilamientos y asesinatos de los 31 presos políticos de la UP1, desde abril a octubre de 1976, empezó el camino para saldar una deuda de 30 años de la Justicia federal de Córdoba. La primera investigación de estos crímenes se realizó pocos años después de la recuperación de la democracia. Pero quedó abortada en 1987 por las leyes de impunidad del gobierno de Raúl Alfonsín. Y después, el indulto del presidente Carlos Menem a los genocidas. Aquel proceso, sin embargo, posibilitó la recolección de pruebas y testimonios que ahora servirán para el juicio caratulado con el nombre del dictador Jorge Rafael Videla, que encabeza la lista de militares y policías acusados de estos crímenes, porque los presos fusilados estaban a disposición del PEN (Poder Ejecutivo Nacional).