el día en que el dictador quería hablar
3 de julio de 2010
Jorge Rafael Videla, juzgado por primera vez desde el proceso a los ex comandantes. Empezó en Córdoba el juicio oral y público contra Videla, Menéndez y otros 29 represores. El dictador pidió la palabra, pero el presidente del tribunal le dijo que debía esperar su turno. Se leyó la acusación fiscal.
Argentina. Los 31 imputados se distribuyeron en cuatro filas de butacas, separados del público por un blíndex. Jorge Rafael Videla se sentó en primera fila, con una carpeta en las manos, a la derecha de Luciano Benjamín Menéndez. El tribunal dio inicio a la audiencia a las 10.50.
Con la lectura de la acusación fiscal comenzó ayer en Córdoba el juicio oral y público a Videla, Menéndez y otros 29 imputados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Se trata del primer juicio al ex presidente de facto desde el proceso a los ex comandantes, en 1985.
El dictador de 84 años hizo una señal hacia el tribunal con intenciones de hablar mientras se describía el esquema de la represión ilegal en Córdoba, pero recibió una drástica respuesta de Jaime Díaz Gavier, presidente del Tribunal Oral Federal 1, que le ordenó guardar silencio y le recordó que podrá hacer uso de la palabra más delante.
La sala de audiencias, con capacidad para un centenar de personas, estuvo colmada por representantes de organizaciones civiles, de derechos humanos, familiares de víctimas y, en menor medida, de los imputados, incluido un hijo de Videla. Díaz Gavier les ordenó a los allegados a los represores retirar una bandera argentina que habían desplegado, en tanto los familiares de las víctimas debieron cubrir las remeras con los rostros de sus seres queridos. "Para evitar situaciones de roces", explicó el juez. Estuvieron presentes el intendente, Daniel Giacomino; el vice, Carlos Vicente; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde; el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Raúl Sánchez, y la diputada del Frente para la Victoria Carmen Nebreda.
Frente a los tribunales se concentraron centenares de miembros de organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas, sociales y educativas. La manifestación, que partió desde Ciudad Universitaria hacia el edificio de tribunales, fue convocada por Hijos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Abuelas de Plaza de Mayo, el Serpaj y la Asociación de Ex Presos Políticos. En la calle hubo murgas y se colocaron siluetas en recuerdo de las víctimas. También funcionó una radio abierta en el cruce de las calles Concepción Arenal y Paunero.
La nota de color del día la aportó un hermano del mayor Gustavo Adolfo Alsina, que intentó desvincular al imputado de las torturas que derivaron en el homicidio de José Moukarzel nada menos que ante la hermana de la víctima. Moukarzel era un médico del Ejército Revolucionario del Pueblo y murió luego de permanecer un día estaqueado, desnudo, en el patio de la cárcel. "No alcancé a reaccionar, fue muy fuerte lo que ha pasado", explicó Marta Josefina Moukarzel.
La lectura de la acusación estuvo a cargo del secretario del tribunal, Pablo Bustos Fierro. Según el escrito fiscal, el "aparato represivo" que se instaló a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 tenía como máximo responsable a Videla. "Luego de la toma ilegal del control de las instituciones del país, se pergeñaron acciones secretas, de modo clandestino y anormal, hasta convertirse en una práctica sistemática para el aniquilamiento de personas con pensamiento distinto", leyó. Agregó que "para ejecutar el aniquilamiento de los grupos políticos y sociales se utilizó toda la maquinaria y logística militar y de poder". Añadió que tal accionar se apoyaba en "un sistema jurídico secreto para legalizar el secuestro, la tortura y en muchos casos la muerte simulando situaciones inexistentes", como ocurrió con los 27 presos políticos asesinados en operativos que se publicitaban como "intentos de fuga" por los que se realiza el juicio. La jornada concluyó a las 18.10.
El abogado Martín Fresneda, miembro de Hijos, calificó al juicio como "histórico" y a Videla como "uno de los principales responsables del terrorismo de Estado en el país".
Eduardo Duhalde, en diálogo con la prensa, sostuvo que el juicio "es muy importante, tanto por los crímenes que se juzgan como por los represores sentados en el banquillo de los acusados". Consideró que "es muy bueno que se investigue, que ningún crimen de lesa humanidad quede impune". "Estamos convencidos de que no se puede profundizar la democracia sobre la ciénaga del olvido, de la impunidad", destacó el secretario de Derechos Humanos. Afirmó que "deben ser juzgados todos los responsables, sean militares, civiles o policías" y evaluó que "en ese sentido se ha avanzado". "Son más difusas las responsabilidades en algunos casos, pero se avanza", reconoció y recordó que "de aquí a fin de año comenzarán otros juicios importantes". El juicio a Videla, Menéndez & Cía. se reanudará el lunes a las 9.30.
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[Carlos Rodríguez] Argentina. Después de marchas y contramarchas ya están confirmados los dos jueces que tendrán a cargo las investigaciones, por separado, del crimen del chico Diego Bonnefoi, de 15 años, y de las dos personas, el adolescente Nicolás Carrasco, de 16, y Sergio Cárdenas, de 29, que fueron asesinadas a balazos durante la represión de las marchas realizadas en Bariloche, el jueves 17 de junio, para protestar por la primera de esas tres muertes. La Cámara Segunda del Crimen ratificó al juez Miguel Angel Gaimaro Pozzi al frente de la causa por el asesinato de Bonnefoi, mientras que el juez Martín Lozada –apartado de ese caso–, asumió ayer la responsabilidad de investigar los hechos en los cuales se produjeron las muertes, alcanzados por perdigones de bala, de Carrasco y Cárdenas. Los familiares de ellos dos denunciaron públicamente que ambos "murieron como consecuencia del accionar policial". Presentados como querellantes, ambas familias pedirán la semana próxima que se incorporen a la causa testimonios y filmaciones que demostrarían la violencia que alcanzó el accionar policial.
Córdoba, Argentina. El Tribunal Oral Federal N° 1 de la ciudad de Córdoba inició el proceso judicial para definir la culpabilidad del ex presidente de facto y el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, más otras 30 personas, acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
[Horacio Cecchi] Argentina. Fue breve el período Gaimaro Pozzi en el caso Bonnefoi, apenas tres días. Breve, pero señero. El martes, juez alcanzó a declarar el secreto de sumario de una causa que de tan pública amenazaba con trastrocar las costumbres de la balanza judicial barilochense. Y ayer pidió apartarse con el argumento de sentir vulnerado su honor por una publicación, un diario porteño del que no citó el nombre, que lo menoscabó ubicándolo en el seno de "la corporación judicial" que apartó a Lozada. Pero, antes de apartarse, citó a nueva indagatoria al cabo por ahora detenido Sergio Colombil. Colombil ahora sí aceptó declarar, lejos de Lozada, de los medios, de la turbamulta del Alto, de los familiares de las víctimas y de la neurosis actual de los tribunales, en el cruce de Las Américas y Argentina de la monona Dina Huapi, donde se asienta la subcomisaría 69ª, a 16,5 kilómetros del despacho de Gaimaro Pozzi. Como en casa y con delivery judicial. La versión de la declaración es curiosa y responsabiliza principalmente al Estado, a la cartuchera defectuosa comprada con su propio pecunio y a la buena puntería de la mala suerte. Según esa versión, que hizo una conveniente gambeta al secreto de sumario, el cabo tuvo que perseguir al chico con el arma en la mano, tropezó, cayó el arma y, en un efecto de drop, rebotó en el suelo y disparó impactándole en la nuca.
Argentina. Un tribunal argentino comenzará a juzgar mañana al dictador Jorge Videla por el fusilamiento en 1976 de 29 presos políticos en una cárcel de la provincia de Córdoba, en el centro del país.
Argentina. El Caso Tripiana, abierto a partir de la desaparición en marzo de 1976 del militante de la Juventud Peronista, Francisco Tripiana, entró en una nueva fase tras la decisión de los integrantes de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal de Buenos Aires, que concedieron la excarcelación a Aníbal Alberto Guevara, "bajo caución institucional, sin costas".
Argentina. Julio Alak señaló que "negarse sistemáticamente a los análisis, impedir la extracción de sangre, entorpecer la causa judicial y finalmente ausentarse del país, demuestran una firme voluntad de negarle a los familiares de los desaparecidos, a las Abuelas y a todo el pueblo argentino, el derecho a la verdad".
Argentina. Mendoza comenzará a vivir hoy su primer juicio por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. El proceso a cargo del Tribunal Oral Federal 2 se desarrollará en la ciudad de San Rafael y tendrá como imputados a un militar y cinco policías, incluido un médico y un abogado. El condenado Luciano Menéndez no será de la partida porque mañana comenzará a ser juzgado en Córdoba junto al dictador Jorge Videla. Los organismos de derechos humanos locales calificaron la apertura del juicio como "auspiciosa", aunque destacaron que "sólo se tratarán cuatro sobre un total de 237 asesinatos y desapariciones vinculados con la provincia".