Blogia
mQh

argentina

quieren inventar nuevo delito


Presentan un proyecto de ley para penalizar a los clientes de prostitución. Un grupo de diputados de diversos partidos presentó una iniciativa para convertir en delito el consumo de prostitución. El objetivo es combatir la trata de mujeres con ese fin. Las penas van de seis meses a tres años de prisión.
[Mariana Carbajal] Argentina. Para combatir la explotación sexual y la trata de mujeres, diputadas de un amplio arco político proponen penalizar a los clientes-prostituyentes. El proyecto de ley, elaborado por Marcela Rodríguez, de la Coalición Cívica, fue presentado en los últimos días con las firmas de María Luisa Storani (UCR), Héctor Recalde (Frente para la Victoria), Mónica Fein (Partido Socialista), Virginia Linares (GEN), Claudia Rucci (Peronismo Federal) y Graciela Caselles (Partido Bloquista). "Está documentado en distintos países que lo que genera la trata es la demanda del comercio sexual. Sin explotación sexual no hay trata", destacó a Página/12 la diputada Rodríguez, al explicar el fundamento de la iniciativa, que toma como modelo la política que se aplica en Suecia desde hace una década, donde los clientes-prostituyentes son perseguidos penalmente igual que los proxenetas. La propuesta legislativa también penaliza el funcionamiento de locales que suelen estar habilitados por los municipios, como whiskerías y cabarets, y que en realidad son pantallas de burdeles.
El proyecto incorpora al Código Penal una figura que reprime con prisión de seis meses a tres años "al que entregare una suma de dinero o una cosa apreciable en dinero por el uso sexual de una persona" víctima de trata, en situación de vulnerabilidad o si mediara abuso de poder. Además, crea un programa de prevención y atención de las víctimas de trata para explotación sexual, que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social. "Hay dos aspectos para abordar: por un lado erradicar la explotación sexual y por el otro darles a las víctimas una salida que realmente les garantice un efectivo goce de sus derechos", señaló Rodríguez a este diario.
La idea es que el proyecto se incluya en el debate abierto esta semana en las comisiones de Legislación Penal y Familia de la Cámara de Diputados para reformar la ley de trata.

–¿Se puede penalizar al cliente-prostituyente si la prostitución en la Argentina no es un delito? –le preguntó Página/12 a la autora del proyecto.
–Sí, porque lo que estaríamos creando es un tipo penal que reprime la explotación sexual. La ley de trata tiene problemas y por esa razón se está trabajando para mejorarla. Contempla del mismo modo distintos tipos de situaciones de trata, por ejemplo a una víctima de explotación laboral en un taller textil como a una niña de 11 años que es violada 42 veces por día en un burdel. La explotación sexual constituye una forma de violencia de género y como tal requiere una respuesta específica. La mayoría de las víctimas de trata para explotación sexual están siendo reclutadas a edades inferiores a los 15 años y cada vez son más chicas. La penalización de la conducta de "comprar a una persona para su uso sexual" no se basa en una simple concepción punitivista ni constituye una intromisión en la vida privada de las personas, sino que la acción de "comprar" implica un daño para la libertad e integridad sexual de la víctima, así como para su libre determinación. Se trata sencillamente de una forma más de explotación sexual.

La iniciativa tiene amplia fundamentación en legislación comparada y tratados internacionales de derechos humanos, e incluso en un reciente informe de la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de las víctimas de la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Sigma Huda sostiene que "es extremadamente difícil, si no imposible, como una cuestión de hecho para los usuarios de prostitución, evitar usar prostitutas tratadas, aun si de buena fe ellos intentan hacerlo". Para Huda, los usuarios de prostitución que deseen asegurarse de que no estarán involucrados en el comercio sexual con una víctima de trata "deben desistir del uso de personas prostituidas, porque seguramente si ellos están tan bien intencionados, preferirían renunciar a la experiencia del comercio sexual".
Para la redacción del proyecto fue consultada la jurista norteamericana Catherine A. MacKinnon, asesora en cuestiones de género del fiscal Luis Moreno Ocampo en la Corte Penal Internacional (CPI). Pionera en litigio estratégico en casos de violencia contra las mujeres, MacKinnon es una de las ideólogas del modelo sueco que logró que la trata de niños y mujeres "casi haya desaparecido en el país nórdico y la prostitución haya bajado casi en un 80 por ciento en algunas ciudades", según reveló ella misma en una reciente entrevista de este diario.

7 de agosto de 2010
©página 12
rss


relatos estremecedores


Nueva audiencia del juicio oral y público a represores. Ayer se leyeron siete casos de secuestros y torturas en el marco de la causa Díaz Bessone. El testimonio de los querellantes dimensionó cabalmente la magnitud de la represión estatal perpetrada por los acusados durante la última dictadura militar.
Argentina. La jornada de ayer del juicio oral y público de la causa Díaz Bessone, estuvo signada por la lectura de siete casos de secuestros y torturas a Liliana Gómez, Elida Luna, José Aloisio, Azucena Solana, Eduardo Seminara, Alfredo Vivono, y uno de los casos más estremecedores del expediente: el secuestro y la tortura de Marta Bertolino y Oscar Manzur, y la recuperación de su hija Alejandra nacida en cautiverio.
Bertolino fue secuestrada estando embarazada de ocho meses, junto a su esposo Manzur quien era delegado gremial en el sanatorio Británico. Ambos fueron llevados a la ex Jefatura de Policía y sometidos a torturas físicas y psíquicas. Mansur desde entonces permanece desaparecido.
La lectura de la requisitoria de elevación a juicio trasuntó de modo estremecedor la forma en que Bertolino dio a luz a su hija Alejandra, quien ya había sido objeto de torturas estando en el vientre materno. Fue conducida por la Patota a la Maternidad Martin y con una guardia de casi diez personas agolpada en el pasillo, en esas condiciones y bajo esas amenazas transcurre su trabajo de parto. Alejandra es hoy otra de las víctimas del terrorismo de Estado que declarará ante el Tribunal Oral 2 por los hechos de los que fueron víctimas los tres.
También se leyeron los casos de los querellantes Elida Luna, José Aloisio, Liliana Gómez, Azucena Solana, Eduardo Seminara y Alfredo Vivono representados por Gabriela Durruty, Daniela Asinari, Jessica Pellegrini y Leticia Faccendini.
De la lectura del relato realizado por Luna surgió que su compañero Daniel Gorosito fue secuestrado por la patota mientras se encontraban ambos en el Hospital Provincial junto a su hija Paula. Daniel transitó por diversas unidades de detención como la Unidad III y el Penal de Coronda hasta que fue conducido al Servicio de Informaciones de la jefatura de policía. Actualmente permanece desaparecido.
Solana fue detenida con 15 años de edad, en tanto Aloisio, Gómez, Seminara (actual Vicerector de la UNR) y Vivono también padecieron la mecánica de secuestro y tortura desplegada por la dictadura.
La lectura de los desgarradores testimonios de los mencionados querellantes dimensionó cabalmente la magnitud de la represión estatal perpetrada por los acusados durante la última dictadura militar.
La requisitoria de elevación de este grupo importante de querellantes también hizo referencia a la responsabilidad que le cabe a cada uno de los imputados Ramón Genaro Díaz Bessone, Ramón Rito Vergara, José Carlos Antonio Scortechini, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote y Ricardo Miguel Chomicki, en los delitos de privaciones ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, tormentos, homicidios y asociación ilícita por los que están siendo juzgados, reiterando que todos estos delitos se enmarcaron en el genocidio perpetrado en nuestro país durante la última dictadura militar. El próximo lunes a las 9.30 se proseguirá el juicio.

5 de agosto de 2010
©rosario 12 
rss


visitan prisión donde estuvieron


Ex detenidos, querellantes y jueces realizaron una inspección ocular de la Unidad 9 de La Plata. En el marco del juicio por delitos de lesa humanidad, el Tribunal Oral Federal Número 1 de La Plata decidió recorrer la prisión donde fueron torturados y asesinados detenidos políticos durante la última dictadura militar.
[María Laura D’Amico] Argentina. Pese a la ola de frío polar, ayer a las dos de la tarde un grupo de treinta personas esperaba amontonada en la vereda de la Unidad 9 de La Plata la llegada de los integrantes del Tribunal Oral Federal Número 1. Estaban citados para realizar una inspección ocular, en el marco del juicio que se está realizando contra catorce penitenciarios acusados de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.
Algunos fumaban y otros esperaban, en silencio, volver a recorrer los lugares donde estuvieron detenidos hace más de treinta años. Eran testigos que declararon en las audiencias que desde abril se realizan en la ex AMIA. Algunos lo hacían por primera vez. Otros, contó Hugo "Cachorro" Godoy, dirigente de la CTA, volvieron en 2007 a rendir un homenaje a los trece compañeros y diecisiete familiares de detenidos en la U9, asesinados en la dictadura. Pusieron una placa con sus nombres y bautizaron la calle del frente, la 76, con el nombre de la madre del ‘Manzanita’, Delia Avilez de Elizalde Leal.
Construida en 1960, la cárcel conserva la misma fachada de entonces, sólo que está muy deteriorada. La pintura blanca está amarillenta, las paredes son húmedas. Al ingresar, tras pasar varias puertas de rejas, se llega al pasillo donde convergen los pabellones. A la izquierda, se encuentra el uno, actualmente denominado "de encuentro familiar". Hay dibujos infantiles y, sobre la pared amarilla, una inscripción que dice "No hay persona en este mundo que te quiera como yo". Las celdas allí fueron modificadas: donde antes habían dos, ahora hay una sola y hay una cama de dos plazas con una mesita. Además, hay un inodoro. Sin embargo, el sacerdote tercermundista Elías Muse recordó que él estuvo detenido en la primera celda y, apoyando su mano sobe la mirilla, contó a los miembros del Tribunal cómo vio cuando se lo llevaron de la celda contigua a Dardo Cabo, fusilado esa noche en un supuesto intento de fuga.
A la derecha del pasillo principal, el pabellón dos "está igual", dice Dalmiro Suárez. Las celdas siguen siendo reducidas y tienen doble puerta pintadas de amarillo. Algunas están ocupadas por presos comunes que miran por el agujero del pasaplato a la gente que recorre el lugar. Néstor Rojas se detiene frente a una de las puertas y repite la escena anterior: "Por acá vi cómo lo sacaban a Segali".
Desde el pasillo se pueden ver los patios. Uno está igual: "En ese banco nos sentábamos a jugar al ajedrez", recuerda Suárez. El otro está cambiado, tiene algunas divisiones y sobre una pared del fondo se ve un mural con caricaturas de Videla, Massera, Agosti, Camps y Etchecolatz. Más abajo, la inscripción "La memoria los señala, la historia los condena". A medida que se avanza por el pasillo, el frío vuelve a sentirse como en la intemperie.
Los que fueron los "chanchos" ahora se llaman "Pabellón de separación del área de convivencia" y siguen siendo los calabozos de castigo. Allí van los presos sancionados, los que recién llegan o los que requieren voluntariamente algún tipo de aislamiento, explican dos agentes del Servicio Penitenciario Federal. Son celdas de 2,10 por 1,80, con una especie de banco de cemento y una letrina que alguna vez debe haber sido blanca. Cuentan los detenidos que de ese pozo que sigue igual de infecto debían sacar el agua para tomar, cada vez que un guardia, desde afuera, decidía largar el chorro. En los "chanchos" todo está casi igual, pero ahora hay una canilla y huele a pintura fresca.
Si en los pabellones uno y dos, en los años de Abel Dupuy, se alojaba a los presos que los miembros de la fuerza definían como "irrecuperables", al trece y catorce llevaban a los "medianamente recuperables". En estos pabellones el frío se siente tan intenso como en un descampado y por eso eran conocidos como ‘La Siberia’. Los vidrios de las ventanas están rotos o no están, el piso está mojado, las paredes descascaradas. Carlos Alvarez agarra del brazo a Carlos Rozanski, presidente del Tribunal, y le dice que él estuvo en una de esas celdas. "El piso tenía tres centímetros de agua y había un compañero que era asmático. Eran pabellones que habilitaron de prepo porque no estaban en condiciones. Metieron a dos y hasta tres personas en un lugar que a duras penas era para una."
Querellantes, abogados y público se amontonaron en círculo para escuchar el relato. Rozanski, Roberto Falcone y Mario Alberto Portela –los jueces que completan el TOF1– escuchaban en silencio. Más atrás, los abogados defensores esperaban, junto a los imputados Raúl Aníbal Rebaynera, Catalino Morel y Héctor Acuña, su turno para la inspección. Los otros ex integrantes del Servicio Penitenciario que están siendo juzgados, Abel Dupuy, Jorge Luis Peratta, Ramón Fernández, Isabelino Vega, Elvio Cosso, Valentín Romero, Víctor Ríos y Segundo Andrés Basualdo prefirieron no asistir. Tampoco lo hicieron los médicos imputados Carlos Domingo Jurio, Enrique Leandro Corsi y Luis Domingo Favole.
Al concluir el recorrido, el presidente del Tribunal afirmó a Página/12 que "fue positivo porque se pudo lograr que todas las partes estuvieran, observaran y recorrieran lo que hacía falta recorrer. Es un complemento muy importante que permite ver en imagen, poder apreciar, lo que se escuchó durante el juicio. Después cada uno podrá sacar sus conclusiones". Al salir de la cárcel, el ex detenido Roberto Páez reflexionó: "Uno camina por lugares donde estuvo encerrado, donde tenía que caminar con la cabeza baja, las manos atrás, arrinconado, presionado permanentemente. Me acordé cuando yo estuve ahí. Me puse a pensar cómo hacía para superar eso y yo recitaba poemas. Todos los poemas que me acordaba los repetía. Y después inventaba. Pensaba que no había que desesperarse porque no era el fin". Para finalizar, Páez agregó: "Nosotros caíamos presos por pensar un país distinto. Eso nos ayudó a no quebrarnos, a demostrarles que no íbamos a salir derrotados sino con los sueños intactos. Ver a los compañeros acá con las mismas fortalezas, con el optimismo de siempre me emociona. La vida nos puso una prueba y creo que la superamos".

3 de agosto de 2010
©página 12 
rss


pj santafesino purga a represores


Facino y Ramos podrían ser expulsados del PJ santafesino. La semana pasada el Tribunal de Disciplina del PJ eligió sus autoridades y resolvió darle curso al pedido del vicepresidente del partido. La próxima reunión será el 20 de agosto para expedirse y emitir dictamen sobre la expulsión de ambos.
Santa Fe, Argentina. El Tribunal de Disciplina del PJ santafesino dio curso a un pedido de expulsión de los represores Mario Facino y Eduardo Ramos y resolvió producir su dictamen el próximo 20 de agosto,por lo que si es favorable el justicialismo podría ser el primer partido político de la provincia que cancela las fichas de dos condenados por crímenes de lesa humanidad. Facino y Ramos ya cumplen una sentencia de 20 y 23 años de prisión por secuestros y torturas de detenidos políticos, aunque ahora el ex presidente comunal de San José del Rincón afronta un segundo juicio por el "homicidio" de una militante de las Ligas Agrarias, Alicia López, donde la querella le solicitó prisión perpetua y la Fiscalía 25 años de cárcel. "Hay razones políticas, éticas y jurídicas para expulsarlos", dijo Jorge Fernández, vicepresidente del PJ.
Fernández formalizó la solicitud de expulsión de Facino y Ramos en una nota ante el consejo provincial partidario. Y luego éste la remitió al Tribunal de Disciplina, pero con una segunda nota de estilo que firma el propio presidente del PJ y jefe del bloque de senadores, Ricardo Spinozzi.
La semana pasada el Tribunal de Disciplina se constituyó en la sede del PJ, eligió sus autoridades y resolvió darle curso al pedido del vicepresidente del partido. La próxima reunión será el 20 de agosto para expedirse y emitir dictamen, según confirmaron a Rosario/12 fuentes partidarias. En el encuentro, fue elegido presidente del Tribunal un dirigente histórico del justicialismo, Jorge Albertengo y secretaria la ex concejala de Rosario, Verónica Riera. Los otros miembros son el ex concejal de Santa Fe, Virgilio Viglieca, Edmundo Fernández, Jorge Rocas, Sergio Battistoni y Emilio Sánchez García.
En diciembre último, en el juicio al ex juez Víctor Brusa, el Tribunal Oral Federal condenó a Ramos a 23 años de cárcel por la "privación ilegal de la libertad agravada" a cinco víctimas de la dictadura (Anatilde Bugna, Ana María Cámara, Stella Vallejos, Patricia Isasa y José Schulman y "tormentos" (a Bugna, Cámara, Vallejos, Isasa y Jorge Pedraza). Y a Facino a 20 años de prisión por "privación ilegal de la libertad" a tres ex detenidos políticos (Patricia Isasa, José Schulman y Eduardo Almada) y "tormentos" a Isasa. Pero ahora, Facino es juzgado la desaparición y asesinato de otra militante política, Alicia López, donde la querella le pidió "prisión perpetua" y el Ministerio Público Fiscal una pena de 25 años de cárcel y que se unifique con la condena anterior. No será el último proceso: los dos represores también están imputados en otra causa por "asociación ilícita" que podría llegar a juicio oral el año que viene.
La expulsión de Ramos de las filas del PJ ya había sido reclamada hace más de una década por una de sus víctimas, Anatilde Bugna, quien lo denunció como "uno de los torturadores de la dictadura" que aparece "en el informe de la Conadep Santa Fe del año 1984". "La violación de los derechos humanos durante el terrorismo de estado y la impunidad posterior a través de las leyes de punto final y obediencia debida y los indultos han generado consecuencias profundas en el conjunto de la sociedad, han impedido el castigo a los culpables y la posibilidad de definir en el plano social que es lo permitido y lo prohibido, que es lo lícito o lo ilícito, lo ético y lo que no lo es", escribió Bugna hace trece años. Rosario/12 publicó esa nota que nunca fue tratada por el Tribunal de Disciplina del PJ.
El 23 de junio, cuando declaró en el juicio por el asesinato de Alicia López, José Schulman volvió a denunciar que Facino y Ramos seguían afiliados al PJ. "Lo más irónico de la situación por no decir trágico es que el PJ permitió que este Facino fuera presidente comunal de San José del Rincón. Quiero denunciar a la sociedad santafesina que Facino y Ramos siguen siendo afiliados al PJ de la provincia de Santa Fe. Un partido que alberga en sus padrones a personas que han sido condenadas por crímenes tremendos", dijo en la sala del juicio.
Fernández se hizo eco entonces de las denuncias de Bugna y Schulman y pidió que la expulsión de Ramos y Facino "ad referendum" del congreso partidario. "Hice las consultas y me dijeron que los dos estaban afiliados al PJ. Yo pensaba que Ramos no estaba en el padrón porque había sido afiliado de Acción por la República (el partido que fundó el ex ministro Domingo Cavallo), pero me informaron que se reafilió en el año 2000 y el que lo presentó fue el ex senador nacional Jorge Massat", explicó Fernández.
"Así que solicité como afiliado y vicepresidente del partido que el Tribunal de Disciplina constate si Facino y Ramos son afiliados; en su caso, desde cuándo y quién los presentó ambos. Y en caso de ser afiliados, pedí la inmediata expulsión del PJ por estar condenados por delitos de lesa humanidad", dijo Fernández. Y justificó el reclamo en "en razones políticas, éticas y jurídicas. Ya hay una condena judicial y es por delitos gravísimos".

3 de agosto de 2010
©rosario 12 
rss


nuevas pruebas contra díaz bessone


Los cuerpos que suman evidencias.
Argentina. La identificación de los restos del ciudadano francés Yves Domergue y la mejicana Cristina Cialceta Marul, enterrados en 1976 en una tumba NN en el cementerio de Melincué en el sudoeste de Santa Fe se convertirán en prueba en causas por delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura que se llevan adelante en Rosario. Así lo confirmo ayer a la agencia Télam Nadia Schujman, abogada del equipo jurídico de querellantes. En el caso de Domergue, militante del Partido Revolucionario del Pueblo (PRT), la familia se constituirá en querellante esta semana en la causa por su desaparición que se tramita en los juzgados federales de esta ciudad, explicó Schujman.
En tanto, la desaparición de su compañera, Cristina Cialceta, es uno de los 93 casos que se ventilan en el juicio oral contra el ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genero Díaz Bessone, que comenzó hace dos semanas en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Rosario. Las audiencias continuarán mañana, a partir de las 9.30.
"Tanto la identificación de sus restos como el expediente judicial hallado en Melincué se incorporan como prueba al juicio, porque si bien la misma se produjo luego de la elevación a juicio del expediente contra Díaz Bessone, antes no estaba disponible", explicó Schujman.
La desaparición de la mejicana Cialceta constituye uno de los 17 casos de homicidio por los que se acusa a Díaz Bessone, porque "en la jurisdicción de Rosario los tribunales federales presumen que la desaparición de una persona constituye su homicidio", añadió la abogada.
Ahora, con la identificación de sus restos en el cementerio de Melincué, también está la prueba del homicidio de la militante mejicana. Domergue y Cialceta fueron secuestrados en Rosario el 20 de septiembre de 1976 en las inmediaciones del Batallón de Comunicaciones 121 del Ejército, pero no hubo ningún tipo de rastro ni testigo directo del secuestro, ni pistas del paso de la pareja por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la región.
Sus cuerpos, acribillados a balazos, aparecieron en un camino rural cerca de la localidad de Carrera, a pocos kilómetros de Melincué, donde los encontró un hombre que transitaba por el lugar y dio aviso a la policía.
Finalmente, fueron enterrados como NN en el cementerio de esa ciudad del sudoeste santafesino en plena dictadura militar. Yves Domergue tenía 22 años y Cristina Cialceta 20 cuando fueron secuestrados y asesinados.
La identificación de sus restos, realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense, fue anunciada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el miércoles pasado en la Casa Rosada, junto a los familiares de las víctimas. En el hallazgo de los cuerpos intervino la secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, a partir de una investigación realizada por alumnos de quinto año de la escuela Nº 425 de Melincué.

2 de agosto de 2010
©rosario 12 
rss


represor en la mira


El fiscal santafesino Martín Suárez Faisal pidió que se establezca su responsabilidad al frente de la seccional 4ª entre el 77 y el 79, tras la denuncia de su antecesor.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. El juicio al ex jefe de la comisaría 4ª, Mario Facino por el secuestro, torturas y asesinato de la militante de las Ligas Agrarias, Alicia López, puso bajo la lupa a otros represores. El fiscal Martín Suárez Faisal pidió que se investigue al comisario Ricardo Ferreyra, quien reemplazó a Facino en la jefatura de comisaría 4ª a fines de 1976 y al grupo de tareas del Ejército que operaba en la seccional. "La famosa patota", según la llamó Facino sin dar nombres porque al único que acusó fue a su sucesor: Ferreyra. Suárez Faisal dijo que en las audiencias surgió "la responsabilidad de otras personas", por lo que solicitó al Tribunal Oral que remita al juez federal en turno las declaraciones de cinco testigos y del propio imputado para que "se instruya causa penal o, en su caso, se amplíen las investigaciones en trámite" por crímenes de lesa humanidad.
El fiscal pidió que se despachen al juez en turno los testimonios de José Ernesto Schulman, Graciela Roselló y Alejandro Córdoba, quienes vieron con vida a Alicia López en una celda tumba de la 4ª. Más los de Hernán Gurvich, el ex policía José Dalmacio Vázquez y el propio Facino, quien "repetidamente refirió a la actuación de lo que él llamó ’La patota’" en la comisaría que estaba bajo su mando, precisó Suárez Faisal en el alegato ante el Tribunal.
El comisario Ferreyra ya había sido señalado en el juicio al ex juez Víctor Brusa, cuando declaró como testigo. El abogado querellante Horacio Coutaz solicitó al Tribunal Oral que "se investigue su responsabilidad (la del sucesor de Facino) por los delitos cometidos en la 4ª durante los años 1977 y 1978 respecto de las víctimas" que declararon en las audiencias. Lo mismo planteó el Ministerio Público Fiscal. Y el Tribunal hizo lugar al requerimiento y remitió copias de los testimonios al Juzgado en turno.
Ahora, en el juicio por el asesinato de Alicia López, Facino apuntó a Ferreyra, quien estuvo al frente de la comisaría 4ª durante casi tres años, "desde el 23 de diciembre de 1976 y hasta noviembre de 1979", afirmó. Sin embargo, Ferreyra dijo en el juicio a Brusa que él "no tenía la fecha exacta" en que estuvo a cargo y creía recordar que había sido desde "fines de 1977 hasta mediados de 1980". Entre "el 23 de diciembre de 1976" que recordó Facino y "fines de 1977" que admitió Ferreyra hay una diferencia que no parece casual. Los dos también dijeron que uno reemplazó al otro.
Facino tomó el testimonio de otro ex policía Raúl Gómez para tirarle a Ferreyra. En los últimos meses de 1976, Gómez estuvo detenido en la comisaría 4ª por otras cuestiones, pero se movía con cierta libertad y hasta ayudaba en la cocina. "Gómez tenía contactos con todos, andaba por los calabozos, inclusive le daba la comida a los otros presos. Y dijo que no vio gente encapuchada y golpeada, como sí había visto en la comisaría 1ª (donde había estado antes). ¡Qué casualidad! ¿Saben quién me relevó a mí en la comisaría 4ª? El comisario Ferreyra, que había sido subjefe de la seccional 1ª", dijo Facino. Y siguió: "Yo no sé qué poder tuvo el comisario Ferreyra para que no se lo indagara y detuviera como estoy detenido yo. Ferreyra estuvo a cargo de la seccional 4ª desde el 23 de diciembre de 1976 hasta noviembre de 1979. Hay muchísimas declaraciones de gente que fue torturada (en ese lapso)".
Uno de los testimonios que recordó Facino fue el Roberto Cepeda, secuestrado en la provincia de Córdoba el 11 de mayo de 1977 y luego trasladado a Santa Fe. "Cepeda estuvo en la comisaría 4ª en 1977, no en 1976 y dijo que zafó de la situación porque un día escuchó la voz de una mujer que era muy apreciada por él. Era la mujer de Ferreyra, el comisario", insistió Facino.
En el juicio a Brusa, Cepeda relató las torturas que había padecido. "Cuando yo ingreso a la comisaría 4ª tenía un golpe brutal en la cabeza, que no paraba de sangrar. Me había colocado un pullover que se pegó con sangre. Cuando me lo sacan, me arrancan el cuero cabelludo. Estaba realmente muy mal, tirado en el suelo, hecho un estropicio. Escucho entonces la voz de una mujer que conocía, que venía del patio y así, casi inconsciente, grité el nombre de esa persona. Era una ingeniera agrónoma, a quién yo había ayudado en sus últimas materias en la Facultad de Esperanza y era la pareja del jefe de la comisaría 4ª. Tal vez, esa persona tuvo algo que ver con que haya salvado mi vida. Esa fue la persona que le dijo a mi familia que yo estaba vivo y allí inmediatamente me llevan a la Guardia de Infantería Reforzada", recordó Cepeda.
Facino dijo que Brusa nunca "pisó la comisaría 4ª" cuando él era el jefe, hasta fines de 1976. "Jamás", insistió. "No hay una sola persona que pueda decir que Brusa estuvo en la seccional 4ª tomando declaración o esas cosas cuando yo estaba de jefe. Brusa participó cuando estuvo Ferreyra. Y acá, Ferreyra negó que Brusa hubiera estado. Hay declaraciones firmadas por el juez y tomadas en la seccional 4ª", recordó.
El 25 de noviembre, cuando declaró como testigo en el juicio a Brusa, Ferreyra dijo conocer al ex magistrado. "Lo conocía porque era del Juzgado Federal". "¿Se presentaba en la comisaría 4ª?", le preguntó entonces el fiscal Suárez Faisal. "Alguna vez podría haber pasado, pero no para realizar alguna actividad judicial", contestó Ferreyra.

2 de agosto de 2010
©rosario 12 
rss


el colaborador perfecto


El juicio a Facino ingresó en su última etapa en Santa Fe. Su rol en la maquinaria del terror. La querella pidió prisión perpetua y la Fiscalía 25 años de prisión por el secuestro, torturas y homicidio de Alicia López. "No se trató de un hecho aislado o sorpresivo", dijo el fiscal Suárez Faisal. Y ubicó a Facino como "autor mediato" del asesinato de Alicia.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. La acusación discrepó ayer con los pedidos de condena al ex jefe de la comisaría 4ª Mario Facino, acusado por el secuestro y asesinato de la docente y militante de las Ligas Agrarias, Alicia López, en 1976. El Ministerio Público Fiscal pidió una pena de 25 años de prisión, pero la querella que representa a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre fue más a fondo y solicitó prisión perpetua. El juicio probó "la comunión ideológica" de Facino con la dictadura. "El compromiso de que la llamada ’lucha contra la subversión’ debía llevarse a cabo por cualquier medio, por atroz que fuere, y aún fuera de la ley" lo transformó "en el perfecto colaborador" de la represión ilegal, dijo el fiscal Martín Suárez Faisal. Ahora, el próximo alegato será de la defensa, el 5 de agosto y el veredicto se conocería el viernes 13 de agosto.
El Tribunal escuchó dos alegatos: primero, el de la querella a cargo de los abogados de la Liga, José Iparraguirre y Marcelo Boeykens, quienes acusaron a Facino por "genocidio" y le pidieron prisión perpetua. Y luego, el de los fiscales Suárez Faisal y Patricio Longo, quienes pidieron una condena de 25 años de prisión por los tres delitos de lesa humanidad que se le imputan al ex jefe de la 4ª: "privación ilegal de la libertad", "tormentos agravados" y "homicidio" y se unifique la pena con otra anterior a 20 años de cárcel que el Tribunal impuso a Facino en el juicio a Víctor Brusa.
La 4ª era un centro clandestino de detención dirigido por Facino, en 1976. "Era el eje del circuito represivo de Santa Fe", dijo Suárez Faisal. Y por lo tanto, el jefe "fue el responsable de la privación ilegítima de la libertad en condiciones infrahumanas de Alicia López y de su posterior fallecimiento en esa seccional".
"Si bien en este juicio no se acreditó que Facino le quitara la vida a Alicia López con sus propias manos, sí se probó con certeza que es el responsable penal de su muerte, que conocía los medios que se utilizaron para cometer el homicidio y que quiso y aceptó ese resultado", planteó el fiscal. "No se trató de un hecho aislado o sorpresivo. No existió la posibilidad de que Facino desconociera lo que estaba pasando en ese lugar porque la comisaría 4ª que él dirigía era un eslabón esencial en la estructura represiva de la dictadura en Santa Fe".
El fiscal fundó "la autoría y participación criminal" de Facino en "la teoría del dominio del hecho en un aparato organizado de poder", que sostuvo la Cámara Federal de Capital en la condena a las juntas militares, en 1984, confirmada luego por la Corte Suprema de la Nación. Y ubicó a Facino como "autor mediato" del asesinato de Alicia por su rol en la maquinaria del terror.
"Facino era el jefe de la comisaría y como tal tenía a su cargo a todos los detenidos en 1976. El tuvo el dominio de los hechos de los que fue víctima Alicia López, dirigía el centro clandestino de detención, tomaba las decisiones trascendentes, dirigía a todo el personal policial y controlaba que se cumplan el plan sistemático planificado por los mandos militares", agregó.
El fiscal dijo que el "motivo" que llevó a Facino a "delinquir" fue su compromiso con la dictadura. "La convicción de que la llamada ’lucha contra la subversión’ debía llevarse a cabo por cualquier medio, por atroz que fuere, y aún fuera de la ley. Esa comunión ideológica con el plan sistemático trazado por los altos mandos militares, que no se encontró en otros funcionarios policiales, transformó a Facino en el perfecto colaborador para que las fuerzas armadas y de seguridad con sede en la zona adjudicaran a la comisaría 4ª que él dirigía las funciones de centro clandestino de detención".
A eso se agregó "su ambición de escalar posiciones dentro de la Policía de la Provincia" para lo cual "debía demostrar" a los mandos militares "lo que era capaz de hacer en pos de los fines sostenidos por la dictadura. Es decir, se valió de los resultados de sus delitos para adquirir ’prestigio’ ante quienes tenían en aquel momento el poder de decidir designaciones policiales". En diciembre de 1976, ascendió a "jefe del Comando Radioeléctrico. Después, asumió como jefe de la Agrupación Cuerpos. Y luego "quedó a cargo varias veces de la Jefatura de la Unidad Regionl I, siempre durante la peor parte de la dictadura". Una prueba del ascenso de Facino durante la dictadura es una felicitación que consta en su legajo, el el 18 de febrero de 1978, por "el inestimable gesto de patriotismo puesto de manifiesto oportunamente". "Es una nota muy ilustrativa", dijo el fiscal porque la firma el ministro de Gobierno de la provincia, Eduardo Máximo Sciurano, "el mismo que estuvo varias veces a cargo del Poder Ejecutivo y estuvo perfectamente al tanto de los hechos el mismo día del secuestro de Alicia López, al punto que ordenó que un móvil del mismo Comando Radioléctrico que luego dirigiría Facino, se constituya en el lugar para asegurar que no hubiera ninguna equivocación en el operativo que perjudique a una familia amiga".
"Todo esto hecha por tierra el tenor de las declaraciones de Facino durante el juicio, cuando quiso mostrarse como un policía opositor al régimen militar", concluyó Suárez Faisal.

30 de julio de 2010
©rosario 12 
rss


restituyen identidad de desaparecidos


Desaparecidos en Melincue. "Es necesario tener una identidad". Ceremonia fue encabeza por la presidente Cristina Fernández de Kirchner.
Santa Fe, Argentina. El gobernador Hermes Binner y la vicegobernadora Griselda Tessio participaron ayer de una ceremonia encabezada por la presidenta Cristina Fernández en el marco de la cual se restituyó la identidad de los restos del ciudadano francés Yves Domergue y de la ciudadana mexicana Cristina Cialceta, ambos desaparecidos durante la última dictadura militar.
Durante el acto la Presidenta afirmó que "es necesario tener identidad" y dijo que "no se puede vivir sin saber quién es uno". En esta línea, reivindicó el derecho a la identidad como una conquista colectiva y no individual cuando consideró que "no se puede vivir toda la vida sin saber quién es uno".
"Todos tenemos que colaborar para lograr la tarea de identificación de los 700 cuerpos que tiene el Equipo de Antropología y también de los nietos que todavía nos faltan recuperar", agregó.
Los cuerpos de Cialceta y Domergue se encontraban enterrados como "NN" en el cementerio de Melincué desde 1976, y fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense con la asistencia de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, a partir de una denuncia realizada por una docente de la escuela Nº 425 de esa ciudad.
Del acto que tuvo lugar en el Salón de los Científicos Argentinos del Bicentenario, de la Casa de Gobierno, en la ciudad de Buenos Aires, también participó Miguel Nieva del EAAF y la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta.
"Con esta noticia sentimos un doble alivio porque podemos dar vuelta una página y porque ahora sabemos que los mataron al poco tiempo de ser secuestrados, por lo que no tuvieron tiempo de atormentarlos, que eso era algo que nos seguía preocupando 30 años después", señaló Eric Domergue, presente en el acto.
"No supimos nada de Cristina en más de 30 años. Es muy duro remover todo este tiempo que creía haber superado", señaló por su parte María Elena Marull, de 88 años, madre de Cialceta, quien no oculta, sin embargo, su alegría por saber que a su hija "no la tiraron al río".
Marull, quien no asistió al acto por no estar "en condiciones" dado su afección cardíaca, dijo que "nunca se sabrá" quiénes fueron los autores de la desaparición y el asesinato de la joven pareja.
Más optimista se mostró Eric, quien pretende ahora avanzar con la investigación judicial del caso. "Estos huesos hablan, dan mucha información. Sabemos cómo los mataron. Estaban muy baleados, especialmente en la cabeza. Se recuperaron proyectiles muy deteriorados, pero proyectiles al fin", señaló Eric.
Todas estas pruebas serán remitidas la semana próxima al juicio oral y público contra Ramón Genaro Díaz Bessone, ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, por 91 casos de secuestro, privación ilegítima de la libertad y torturas.
Desde París, el Gobierno francés también celebró la noticia de la identificación de los restos.
El próximo 7 de agosto el padre de Yves, de 80 años y que vive en Francia, participará en Argentina de dos actos en homenaje a su hijo y a Cristina en Melincué y Rosario y un día después en una misa en Buenos Aires.

29 de julio de 2010
©rosario 12 
rss