quieren inventar nuevo delito
7 de agosto de 2010
Presentan un proyecto de ley para penalizar a los clientes de prostitución. Un grupo de diputados de diversos partidos presentó una iniciativa para convertir en delito el consumo de prostitución. El objetivo es combatir la trata de mujeres con ese fin. Las penas van de seis meses a tres años de prisión.
[Mariana Carbajal] Argentina. Para combatir la explotación sexual y la trata de mujeres, diputadas de un amplio arco político proponen penalizar a los clientes-prostituyentes. El proyecto de ley, elaborado por Marcela Rodríguez, de la Coalición Cívica, fue presentado en los últimos días con las firmas de María Luisa Storani (UCR), Héctor Recalde (Frente para la Victoria), Mónica Fein (Partido Socialista), Virginia Linares (GEN), Claudia Rucci (Peronismo Federal) y Graciela Caselles (Partido Bloquista). "Está documentado en distintos países que lo que genera la trata es la demanda del comercio sexual. Sin explotación sexual no hay trata", destacó a Página/12 la diputada Rodríguez, al explicar el fundamento de la iniciativa, que toma como modelo la política que se aplica en Suecia desde hace una década, donde los clientes-prostituyentes son perseguidos penalmente igual que los proxenetas. La propuesta legislativa también penaliza el funcionamiento de locales que suelen estar habilitados por los municipios, como whiskerías y cabarets, y que en realidad son pantallas de burdeles.
El proyecto incorpora al Código Penal una figura que reprime con prisión de seis meses a tres años "al que entregare una suma de dinero o una cosa apreciable en dinero por el uso sexual de una persona" víctima de trata, en situación de vulnerabilidad o si mediara abuso de poder. Además, crea un programa de prevención y atención de las víctimas de trata para explotación sexual, que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social. "Hay dos aspectos para abordar: por un lado erradicar la explotación sexual y por el otro darles a las víctimas una salida que realmente les garantice un efectivo goce de sus derechos", señaló Rodríguez a este diario.
La idea es que el proyecto se incluya en el debate abierto esta semana en las comisiones de Legislación Penal y Familia de la Cámara de Diputados para reformar la ley de trata.
–¿Se puede penalizar al cliente-prostituyente si la prostitución en la Argentina no es un delito? –le preguntó Página/12 a la autora del proyecto.
–Sí, porque lo que estaríamos creando es un tipo penal que reprime la explotación sexual. La ley de trata tiene problemas y por esa razón se está trabajando para mejorarla. Contempla del mismo modo distintos tipos de situaciones de trata, por ejemplo a una víctima de explotación laboral en un taller textil como a una niña de 11 años que es violada 42 veces por día en un burdel. La explotación sexual constituye una forma de violencia de género y como tal requiere una respuesta específica. La mayoría de las víctimas de trata para explotación sexual están siendo reclutadas a edades inferiores a los 15 años y cada vez son más chicas. La penalización de la conducta de "comprar a una persona para su uso sexual" no se basa en una simple concepción punitivista ni constituye una intromisión en la vida privada de las personas, sino que la acción de "comprar" implica un daño para la libertad e integridad sexual de la víctima, así como para su libre determinación. Se trata sencillamente de una forma más de explotación sexual.
La iniciativa tiene amplia fundamentación en legislación comparada y tratados internacionales de derechos humanos, e incluso en un reciente informe de la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de las víctimas de la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Sigma Huda sostiene que "es extremadamente difícil, si no imposible, como una cuestión de hecho para los usuarios de prostitución, evitar usar prostitutas tratadas, aun si de buena fe ellos intentan hacerlo". Para Huda, los usuarios de prostitución que deseen asegurarse de que no estarán involucrados en el comercio sexual con una víctima de trata "deben desistir del uso de personas prostituidas, porque seguramente si ellos están tan bien intencionados, preferirían renunciar a la experiencia del comercio sexual".
Para la redacción del proyecto fue consultada la jurista norteamericana Catherine A. MacKinnon, asesora en cuestiones de género del fiscal Luis Moreno Ocampo en la Corte Penal Internacional (CPI). Pionera en litigio estratégico en casos de violencia contra las mujeres, MacKinnon es una de las ideólogas del modelo sueco que logró que la trata de niños y mujeres "casi haya desaparecido en el país nórdico y la prostitución haya bajado casi en un 80 por ciento en algunas ciudades", según reveló ella misma en una reciente entrevista de este diario.
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Argentina. La jornada de ayer del juicio oral y público de la causa Díaz Bessone, estuvo signada por la lectura de siete casos de secuestros y torturas a Liliana Gómez, Elida Luna, José Aloisio, Azucena Solana, Eduardo Seminara, Alfredo Vivono, y uno de los casos más estremecedores del expediente: el secuestro y la tortura de Marta Bertolino y Oscar Manzur, y la recuperación de su hija Alejandra nacida en cautiverio.
[María Laura D’Amico] Argentina. Pese a la ola de frío polar, ayer a las dos de la tarde un grupo de treinta personas esperaba amontonada en la vereda de la Unidad 9 de La Plata la llegada de los integrantes del Tribunal Oral Federal Número 1. Estaban citados para realizar una inspección ocular, en el marco del juicio que se está realizando contra catorce penitenciarios acusados de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.
Santa Fe, Argentina. El Tribunal de Disciplina del PJ santafesino dio curso a un pedido de expulsión de los represores Mario Facino y Eduardo Ramos y resolvió producir su dictamen el próximo 20 de agosto,por lo que si es favorable el justicialismo podría ser el primer partido político de la provincia que cancela las fichas de dos condenados por crímenes de lesa humanidad. Facino y Ramos ya cumplen una sentencia de 20 y 23 años de prisión por secuestros y torturas de detenidos políticos, aunque ahora el ex presidente comunal de San José del Rincón afronta un segundo juicio por el "homicidio" de una militante de las Ligas Agrarias, Alicia López, donde la querella le solicitó prisión perpetua y la Fiscalía 25 años de cárcel. "Hay razones políticas, éticas y jurídicas para expulsarlos", dijo Jorge Fernández, vicepresidente del PJ.
Argentina. La identificación de los restos del ciudadano francés Yves Domergue y la mejicana Cristina Cialceta Marul, enterrados en 1976 en una tumba NN en el cementerio de Melincué en el sudoeste de Santa Fe se convertirán en prueba en causas por delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura que se llevan adelante en Rosario. Así lo confirmo ayer a la agencia Télam Nadia Schujman, abogada del equipo jurídico de querellantes. En el caso de Domergue, militante del Partido Revolucionario del Pueblo (PRT), la familia se constituirá en querellante esta semana en la causa por su desaparición que se tramita en los juzgados federales de esta ciudad, explicó Schujman.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. El juicio al ex jefe de la comisaría 4ª, Mario Facino por el secuestro, torturas y asesinato de la militante de las Ligas Agrarias, Alicia López, puso bajo la lupa a otros represores. El fiscal Martín Suárez Faisal pidió que se investigue al comisario Ricardo Ferreyra, quien reemplazó a Facino en la jefatura de comisaría 4ª a fines de 1976 y al grupo de tareas del Ejército que operaba en la seccional. "La famosa patota", según la llamó Facino sin dar nombres porque al único que acusó fue a su sucesor: Ferreyra. Suárez Faisal dijo que en las audiencias surgió "la responsabilidad de otras personas", por lo que solicitó al Tribunal Oral que remita al juez federal en turno las declaraciones de cinco testigos y del propio imputado para que "se instruya causa penal o, en su caso, se amplíen las investigaciones en trámite" por crímenes de lesa humanidad.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. La acusación discrepó ayer con los pedidos de condena al ex jefe de la comisaría 4ª Mario Facino, acusado por el secuestro y asesinato de la docente y militante de las Ligas Agrarias, Alicia López, en 1976. El Ministerio Público Fiscal pidió una pena de 25 años de prisión, pero la querella que representa a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre fue más a fondo y solicitó prisión perpetua. El juicio probó "la comunión ideológica" de Facino con la dictadura. "El compromiso de que la llamada ’lucha contra la subversión’ debía llevarse a cabo por cualquier medio, por atroz que fuere, y aún fuera de la ley" lo transformó "en el perfecto colaborador" de la represión ilegal, dijo el fiscal Martín Suárez Faisal. Ahora, el próximo alegato será de la defensa, el 5 de agosto y el veredicto se conocería el viernes 13 de agosto.
Santa Fe, Argentina. El gobernador Hermes Binner y la vicegobernadora Griselda Tessio participaron ayer de una ceremonia encabezada por la presidenta Cristina Fernández en el marco de la cual se restituyó la identidad de los restos del ciudadano francés Yves Domergue y de la ciudadana mexicana Cristina Cialceta, ambos desaparecidos durante la última dictadura militar.