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homenaje a dos detenidos-desaparecidos


Sentido homenaje a dos detenidos-desaparecidos asesinados en Rosario y enterrados en Melincué en 1976. Con un acto por la mañana en Melincué y otro por la tarde en Rosario, familiares llegados de Francia y México de Yves Domergue y Cristina Cialceta, pudieron dar sepultura definitiva a sus hijos asesinados hace 34 años.
[Pablo Fornero] Argentina. El Bosque de la Memoria, en el Parque Scalabrini Ortiz, con el silencio y la paz que lo envuelven, fue el lugar elegido para homenajear al francés Yves Domergue y a la mexicana Cristina Cialceta Marull, secuestrados y asesinados el 26 de setiembre de 1976 por el terrorismo de Estado en Rosario y luego, enterrados como NN en Melincué. Hace diez días, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de ambos y un numeroso grupo de familiares vino especialmente al país. Ayer a la tarde, los recordaron plantando un ejemplar de timbó y arrojando a su alrededor las cenizas de ambos. "Mis padres pueden levantarse a la mañana sin preguntarse dónde están", dijo Eric, hermano de Yves.
Participaron del acto la vicegobernadora Griselda Tessio, y el Director del Museo de la Memoria, Rubén Chababo. Asistieron también la Secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta, el secretario de Comunicación Social, Rubén Galassi y la diputada provincial Alicia Gutiérrez. También estuvo el embajador de Francia, Jean Pierre Asvazadourian.
Chababo fue el encargado de presentar el "especial, sentido y tan intenso" homenaje. En nombre del Museo de la Memoria y la Oficina de Derechos Humanos, procuró "abrazar y acompañar" a los familiares que, unidos y emocionados, contemplaban sus palabras. "Hoy se cierra un círculo porque la tumba ya tiene nombre", valoró. Culminó su discurso con el relato del poema "Y la muerte no tendrá dominio" del galés Dylan Thomas, que expresa: La fe en sus manos será un relámpago de dos, y los unicornes males raudos los atravesarán y aunque todo termine en separación ellos no serán destruidos. "Con amor para todos sus familiares", se despidió.
Visiblemente emocionada, Tessio celebró "la recuperación del nombre" de Domergue y Cialceta Marull. Dijo sentir algo especial por la historia de los jóvenes fallecidos porque tenían "un poco más" que la edad de sus hijos. Aprovechó la ocasión para condenar el accionar de la patota comandada por Agustín Feced durante la última dictadura al sostener que el ex Comandante de Gendarmería "vino a sembrar la sangre en las calles de la ciudad". Para finalizar, reflexionó que Yves y Cristina "van a florecer para que todos los rosarinos puedan ver los brotes de la primavera".
Luego habló Eric, hermano de Yves, que prefirió detenerse en la "larga lista de agradecimientos" y no en el homenaje porque "ya está hecho en la búsqueda. Esto es un triunfo de todos y hoy podemos decir tarea cumplida", exclamó. Francés pero con residencia en Argentina, contó con la compañía de su padre, Jean, y dos de sus hermanos, François y Brigitte, quienes arribaron al país para vivenciar la ceremonia. Eric parecía el más aliviado de los familiares, incluso esbozaba una pequeña sonrisa, reconfortante luego de años y años de lucha. En cambio, el llanto y la congoja se apoderaron de sus cercanos. "Todo este proceso lo vengo viviendo desde hace un año y medio que vengo con la pista. Eso me permite procesarlo de otra manera. Ellos acaban de desembarcar de Francia y tienen todo esto junto, todo este calor humano, deben estar vapuleados en el buen sentido", describió más tarde en diálogo con Rosario/12. Mientras Eric hablaba, Jean y la madre de Cristina, María Elena, permanecían agarrados de la mano. Detrás de sus lentes y arrugas, se percibía el fin de un tormento interminable. Con el tiempo, intentarán que la paz y la armonía se apoderen del recuerdo de sus hijos.
Después de los discursos, los familiares se agruparon y plantaron el árbol. Sin ningún motivo que remita a su hermano y a Cristina, Eric eligió un ejemplar de timbó por la "fortaleza que tiene y porque crece muy enérgico". Bien juntos, arrojaron las cenizas de ambos al hueco que se formó para la plantación. Estaban guardadas en un tarro de plástico envuelto en un papel de fondo amarillo que tenía pegadas, a su vez, dos fotos de Yves y Cristina. La emoción se apoderó de todos. "Duro, ¿no?", le preguntó la diputada Gutiérrez a Chababo y ambos compartieron las emociones en silencio. De a uno, familiares, amigos, autoridades y militantes fueron usando una pala y arrojando la misma tierra que se usó para cavar el pozo.
A la mañana, Yves y Cristina fueron recordados en Melincué, dónde se realizaron dos actos, uno en el Cementerio donde estaban enterrados y otro en la escuela Pablo Pizzurno. Allí, nació toda "esta maravilla", como entiende Eric. Porque en el 2003, un grupo de estudiantes secundarios de ese colegio emprendió, a pedido de la profesora Juliana Cagrandi, un trabajo práctico. Gracias al material que recabaron los chicos, Cagrandi se presentó ante la Secretaría de Derechos Humanos y efectuó la denuncia sobre la existencia de dos cuerpos enterrados como NN cuyas inhumaciones databan de la época de la dictadura. Así nació la pista para encontrar los cuerpos. Cagrandi también estuvo en el Bosque de la Memoria. Muy emocionada, recibió el agradecimiento público de Eric y se alegró por el calor que envolvió al homenaje, en las primeras horas de la tarde. "Yves y Cristina se merecían un lindo día", dijo al pasar.

8 de agosto de 2010
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cómo juzgar a los colaboracionistas


Posición sobre el juzgamiento para todos los colaboracionistas. Criterios para la discusión.
[José Maggi] Argentina. En un documento fechado en junio de 2008 la Procuración General de la Nación a través de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos fijo posición sobre el juzgamiento de los colaboradores.
En esta reconstrucción de la realidad de los centros clandestinos no pueden dejar de incorporarse los designios de las personas que habían fundado y trabajaban en los centros clandestinos de detención (es decir los represores). Debe tenerse en cuenta que estos eran los creadores de estos lugares, y quienes tomaban allí las decisiones cruciales. Analizados desde el punto de vista de quienes cumplían su cometido en ellos, los CCD eran sitios a los cuales podían ser conducidas personas privadas de la libertad sin orden formal, sitios donde esas personas podían ser apremiadas para conseguir información, que luego serviría para realizar nuevas detenciones y para juzgar la conducta del detenido. Habida cuenta de la cantidad de personas que pasaron por circuitos similares y continúan desaparecidas, no parece aventurado ni original suponer que en la mayoría de los casos ese juicio implicó la muerte. Quizás ahora estemos en mejores condiciones de entender las opciones de supervivencia que se presentaban en el muy acotado abanico de posibilidades de una persona detenida en tales lugares. Intuyendo que su situación eufemismo para su vida pendía de la posibilidad de que dicho juicio le fuera favorable, una de las formas de actuar para acrecentar esa posibilidad era metamorfosearse a imagen y semejanza de su captor juez. El mecanismo se hace todavía más complejo, ya que éste suele advertir esta dinámica y la usa en su favor, permitiendo y alentando esa colaboración, que le simplifica su trabajo.
Por último, debe señalarse que la circunstancia de que muchos detenidos optaran por sacrificarse a sí mismos tolerando nuevas torturas y exponiéndose a un altísimo riesgo de muerte, con tal de no colaborar con el régimen y no delatar a compañeros, o no participar en hechos delictivos en contra de éstos, no puede tener ninguna relevancia en la valoración jurídica de las conductas de quienes no siguieron este camino. Aun cuando desde el punto de vista psicológico siempre cabe la posibilidad fáctica de actuar de otro modo esto es, de cumplir con la norma lo cierto es que el derecho no exige al ciudadano el comportamiento de un héroe.

8 de agosto de 2010
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de víctima a verdugo


El caso de Ricardo Chomicki, juzgado en Rosario por terrorismo de estado, divide las posturas entre familiares y organismos de derechos humanos. Fue detenido en la dictadura militar pero tras la tortura y en pleno cautiverio pasó a colaborar -junto a su esposa hoy prófuga- con la patota de Feced en Rosario.
[José Maggi] Argentina. Ricardo Chomicki es uno de los seis imputados en la Causa Díaz Bessone. Está sentado allí junto al sexagenario ex comandante del Segundo Cuerpo durante la dictadura por haber colaborado con el aparato represivo. Para muchos el pase de militante a torturador, es lisa y llanamente condenable. Pero para otros no es el lugar que debe ocupar: El criterio bajado por la fiscalía es el de no juzgar a las víctimas: "Quien entra víctima a un centro clandestino, sale en la misma condición" es el precepto más escuchado por estos días. Por eso ni la fiscalía, ni la querella de HIJOS, ni la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acusarán al Cady Chomicki. Sin embargo un grupo nutrido de víctimas ha rechazado esta postura y sigue exigiendo condena. Esta es la base de las imputaciones hechas por el grupo de abogadas querellantes compuesto por Gabriela Durruty, Daniela Asianri, Leticia Faccendini y Jessica Pellegrini. Es la recopilación de los testimonios que denuncian la actitud de Chomicki, y de su esposa Nilda Folch, alias la Polaca, prófuga de la justicia.
La pareja Chomcki-Folch, remeda a la de José ‘El Pollo’ Baravalle y Graciela Porta, alias la Corcho. Ambos estaban en Italia cuando la justicia federal rosarina ordenó su detención. Baravalle decidió entonces quitarse la vida arrojándose desde un puente ferroviario. Porta sigue viviendo en Italia.
"Ricardo Miguel Chomicki alias ‘Cady’: DNI 12.804.205, argentino, casado, nacido el 16/02/1957, hijo de Rodolfo Héctor (fallecido) y Josefina Isabel Borthiry". Estos son los datos con los que comienza la requisitoria de elevación a juicio de la Liga Argentina por los Derechos Humanos representada por Gabriela Durruty, Daniela Asinari, Leticia Faccendini y Jessica Pellegrini. Alli se lo acusa de:

a) 19 casos de privación ilegal de la libertad mediante el uso de violencia y amenazas durante más de un mes a Analía Minetti, José Aloisio, Osvaldo Daniel Bas y Mansilla, María Inés Lucchetti de Betanin, Elba Juana Ferraro de Bettanin, Mirta Isabel Castellini, Hugo Cheroni, Benito Espinoza, Juan Alberto Fernández, Carmen Lucero, Gustavo Rafael Mecchetti, Ana María Moro de Cheroni, Máximo Antonio Mur, Marcelino Panicali, Gustavo Piccolo, Generoso Ramos Peralta, Juan Carlos Ramos, Adrián Jorge Sánchez y Francisca Van Bove de Espinoza.

b) Cinco casos en los que impuso además tormentos físicos y psíquicos a las personas que permanecieron privadas ilegítimamente de su libertad en dependencias de la Jefatura de Policía de la Provincia. Concretamente por haberlas sometido en forma sistemática y generalizada, a condiciones inhumanas y degradantes de detención, caracterizada por tabicamiento, engrillamiento, prohibición de habla, golpes continuos, amenazas constantes, desnudez forzada, deficiente alimentación, condiciones deplorables de higiene y salud, además de haberlas sometido a sesiones especiales de interrogatorios bajo la aplicación de corriente eléctrica en distintas partes del cuerpo, provocarles asfixia, quemaduras, golpes y otro suplicios. Las victimas son Osvaldo Daniel Bas y Mansilla, Mirta Isabel Castellini, Hugo Cheroni, Gustavo Rafael Mecchetti, Adrián Jorge Sánchez.

c) Por haber tomado parte de una asociación integrada entre otros por Leopoldo Fortunato Galtieri, Carlos Alberto Ramirez, Agustín Feced, entre otros que estaba organizada, decidida y dispuesta a poner en práctica una pluralidad de planes de ataque al individuo y a la sociedad, mediante la comisión de delitos indeterminados, pero esencialmente dirigidos contra la vida, la libertad y la integridad psíquica de las personas.

Testimonios
Nilda Virginia Folch y Ricardo Miguel Chomicki argumentan que fueron inicialmente secuestrados por el grupo represivo que actuaba en el "Servicio de Informaciones" y, como tal, en un primer momento padecieron su condición de víctimas. Posteriormente pasaron a integrar el grupo represivo. Sobre el punto, Agustín Feced en la declaración indagatoria prestada por ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas expresó que ambos eran mantenidos en las oficinas en las que trabajaba el grupo represivo, que a Folch le tenía afecto porque le encontraba un parecido con su hija mayor, que cuando no los necesitó más les gestionó con el Comando del II Cuerpo de Ejército la libertad, que actuó como padrino del casamiento de ambos, y que les proveyó documentos falsos, haciéndoles cambiar también el aspecto exterior.
Al prestar su declaración indagatoria Folch ( hoy prófuga de la justicia) expresó haber estado privada de su libertad desde el 01/12/1976 hasta el 12/06/1976, en la Sección Informaciones de la Jefatura de Policía, donde fue torturada con picana eléctrica y golpes, con el objeto se que brindara información de datos de gente, de casas que conocía, por ejemplo de la UES (Unión de Estudiantes Secundarios) que los tres primeros meses estuvo como desaparecida, después la legalizaron y pasó a estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Por su parte Chomicki en sucesivas declaraciones manifestó haber sido aprehendido a fines de noviembre de 1976 hasta el 15/02/1977, tiempo en el que permaneció como desaparecido, y desde esa fecha hasta el 12/06/1977 quedó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Que fue trasladado a la Jefatura de Policía donde fue sometido a torturas de modo sistemático. Que a partir de los veinticinco días de su secuestro Agustín Feced tomó conocimiento de su pareja, Folch encontrándole un parecido con su hija, a partir de lo cual cambió su situación, porque Feced decidió darles protección, llevándolos desde "la favela" hasta un sector donde había dos literas y una pequeña cocina, contigua a la sala de torturas (aclarando que cuando se torturaba a veces los sacaban y otras no), que empezó a oficiar de "mandadero", asistiendo a los detenidos, a veces llevándolos al baño y otras curándoles las heridas.

Su Relación con Represores
De acuerdo a lo expresado por José Aloisio la pareja formaba parte del grupo represivo. Stella Maris Hernández reconoció que consiguió hablar con Guzmán Alfaro por intevencion de Nilda, la Polaca; Benito Espinoza mencionó que en el sótano del Servicio de Informaciones estuvo con ‘el Cady’ y con su mujer ‘Victoria’ o ‘Mireya’ quiénes colaboraban con los "servicios", y llamaba la atención la libertad con la que se movían. María Inés Lucheti de Bettanin señaló que estos acusados conocían la situación de los cautivos y actuaban bajo la "protección" del Jefe de Policía Feced bajo órdenes directas de éste. De similar tenor son las declaraciones de Juan Alberto Fernández, Carmen Lucero a través Adrián Jorge Sánchez, Máximo Antonio Mur, Francisca Van Bove de Espinoza, Ana Moro y Marcelino Panicali

La Tortura
Ana Moro pudo escuchar el interrogatorio que se le efectuaba a una persona oriunda de Córdoba, la que no sabía lo que se le preguntaba, ante lo cual fue amenazado con que se le iban a perforar los ojos con una birome por parte del ‘Cady’ Chomicki, quién otro día le expresó a ella que no le iban a hacer daño ni a ella ni a su cuñada, porque no la consideraban "subversivas" y que ellos estaban en una lucha contra la "subversión", expresando también que en el lugar se comentaba que ‘El Cady’ torturaba con ‘El Ciego’.
José Américo Giusti escuchó, a través de la pared donde se hallaba la sala de torturas, que una cautiva llamada ‘Victoria’ torturaba a otra cautiva, apremiándola a preguntas, insistiendo que le dijera cosas, se sentían los quejidos y parecía que la víctima se encontraba amordazada. María Inés Lucchetti de Bettanin aseguró que durante su interrogatorio bajo torturas físicas en el "Servicio de Informaciones" participó del mismo una mujer apodada ‘Victoria’ o ‘La Polaca’.
Gustavo Mechetti dijo que en las sesiones de torturas físicas en las que fue sometido fue golpeado e interrogado por Chomicki y que en la misma estuvo presente su esposa Nilda Folch apodada ‘Victoria’. Osvaldo Daniel Bas y Mansilla señaló que Chomicki y su mujer ‘La Polaca’ oficiaban de escribientes de lo declarado bajo torturas físicas por los cautivos.
Mirta Isabel Castellini declaró haber sido torturada con picana eléctrica por parte de ‘El Cady’ y su mujer ‘Victoria’, éstos dos últimos presos políticos.
Francisca Van Bove dijo que en la sala de torturas donde le toman declaración pudo ver que era una chica joven ‘Victoria’, ‘Mireya’ o ‘Polaca’, colaboradora civil.
Adrián Sánchez indicó que del lugar de torturas lo retira una mujer a la que apodaban ‘Victoria’, a quién después pudo ver en muchas oportunidades en el Servicio de Informaciones.
Oscar Ramón Bustos declaró haber sido secuestrado y trasladado a la Comisaría Séptima, donde puede ver al marido de la ‘Polaca’ Folch al que le decían ‘el Cady’, de donde fue trasladado al "Servicio de Informaciones" por más o menos dos meses donde es torturado por Folch, a quién conocía de su militancia previa en la UES. Y aclaró también que su padre también estuvo allí cautivo y también fue torturado por la misma; Gustavo Piccolo recuerda el caso de un cautivo muy deteriorado por las torturas a quién ‘El Cady’ lo sonsacaba para que colaborara con el interrogatorio.
Elba Ferraro de Bettanin señaló que luego de doce horas de terribles torturas el cautivo llamado Alberto Tion pidió agua, y ‘el Cady’, que colaboraba con la Policía, le señaló que no podía hacerlo porque se moriría y, ante la insistencia de Tion, ‘el Cady’ fue a consultar con los policías y volvió con un sifón de soda, le sirvió tres o cuatro vasos, tras lo cual Tion comenzó a boquear, suspiró muy fuerte y murió. Marcelino Panicalli declaró haber sido interrogado por ‘el Cady’, el que aplicaba picana eléctrica en las sesiones de torturas, quién también en una oportunidad cuando se apersonó alguien que se presentó como "juez militar" le pegó reiteradamente en los testículos.
Hugo Cheroni aseguró que ‘el Cady’ lo torturó y le mencionó que "cantara" porque "le convenía".

Conclusiones
Los casos de ambos presentan la particularidad de haber sido, inicialmente, víctimas del plan sistemático de represión clandestina e ilegal, a manos de la "patota" que actuaba en el "Servicio de Informaciones". En el marco de tal situación, ambos participaron directamente de muchos de los delitos cometidos por grupo represivo estatal.
Cabe aclarar que el hecho de haber brindado datos al grupo represivo bajo las condiciones extremas de tormentos que eran la característica saliente del modelo concentracionario del "Servicio de Informaciones", ni tampoco el haber brindado colaboraciones menores y circunstanciales como cebar mate a los miembros del grupo represivo, son conductas que se encuentren englobadas bajo el aspecto de la persecución penal pública. En esa dirección, no se reprocha a Ricardo Chomicki y a Nilda Folch las actitudes motivadas por la actuación de un plan sistemático de represión que evidentemente se hallaba dirigido a quebrar la personalidad de los cautivos. El reproche que se esgrime es la participación activa de los mismos en hechos consistentes en privaciones ilegítimas de libertad, tormentos y muerte de las personas que allí se encontraban cautivas.

8 de agosto de 2010
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reabren causa contra patti


Reabren causa por el secuestro y asesinato de Cambiaso y Pereyra Rossi. El fiscal federal de San Nicolás había solicitado hace cinco años la anulación de los sobreseimientos de Patti, y otros dos imputados por el crimen de los dos militantes. Ayer, el juez Villafuerte Ruzo decidió reabrir la causa.
Argentina. El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, firmó ayer la reapertura de la causa por el secuestro y asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, ocurrido en Rosario en mayo de 1983. La medida había sido solicitada por el fiscal Juan Patricio Murray y los abogados de HIJOS, representantes legales de las hermanas Ethel y Gladys Cambiaso. En un fallo inédito, y luego de cinco años de reclamos el magistrado aceptó el pedido de la fiscalía y las querellas para que se declare la denominada "Cosa juzgada írrita", categoría jurídica que permitirá retomar la investigación por los secuestros, torturas y homicidios de los dos militantes, y en la que se encuentran imputados, entre otros, el ex comisario de Escobar Luis Abelardo Patti.
El fiscal federal de San Nicolás, quien realizó una profunda investigación sobre la suerte corrida por Cambiaso y Pereyra Rossi, había solicitado en marzo de 2005 al juez Villafuerte Ruzo que declare la "cosa juzgada írrita". Esto es la anulación de los sobreseimientos dictados por el juez Juan Carlos Marchetti, con que fueron beneficiados Patti, y otros dos imputados en 1986. También había pedido la reapertura de la causa. A ese requerimiento, se habían sumado también los familiares de las víctimas patrocinados por los abogados de la agrupación HIJOS Rosario, Ana Oberlin, Nadia Schujman, Lucas Ciarnello Ibáñez y Alvaro Baella.
Para Gerardo Fernández, de HIJOS, la noticia significa "un paso importante para que el crimen de esos compañeros no quede impune, para que los familiares recuperen esperanzas en la justicia, y para avanzar en este camino hacia la construcción de una sociedad que no deja sin castigo los delitos de lesa humanidad cometidos contra los hombres y mujeres de su pueblo que dieron la vida por una patria para todos".
El 14 de mayo de 1983 a las 10.30 un grupo de entre cinco y diez personas irrumpió en el bar Magnun ubicado en la esquina de calle Córdoba y Ovidio Lagos, donde Cambiaso y Pereyra Rossi tomaban un café. Luego de reducirlos el grupo comando arrastró a ambos hasta los vehículos que habían dejado estacionados frente al local. Alrededor de las 17 del mismo día, los militantes fueron fusilados por los integrantes del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional de Tigre, Luis Abelardo Patti, Juan Amadeo Spataro y Rodolfo Dieguez, en un camino rural de la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires, a dos kilómetros de la Ruta Nacional 9.
Murray sostiene que "los sucesos políticos previos y posteriores a los asesinatos, acentúan la hipótesis de que los Servicios de Inteligencia de las tres fuerzas armadas ejecutaban operaciones y acciones con la finalidad de enrarecer el clima político, para justificar la suspensión al llamado a elecciones generales para el mes de octubre". También se buscaba "condicionar a las autoridades legítimas que surgieran de las mismas en la pretendida investigación y juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos ejecutadas como operaciones de Terrorismo de Estado durante la dictadura por las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales".
El trabajo de revisión de todo lo actuado por la justicia realizado por el fiscal Murray, permitió afirmar que desde un primer momento se pretendieron ocultar los rastros de lesiones producto de las torturas sufridas por las víctimas previo a sus muertes, y esconder que una de las lesiones mortales de una de las víctimas había sido producto de un disparo de arma de fuego a quemarropa y a una distancia incompatible con el relato formulado por los imputados.
Según las conclusiones que constan en el escrito presentado por el fiscal federal a Villafuerte Ruzo, este trabajo de simulación fue realizado "por parte de las autoridades policiales de la Provincia de Buenos Aires, quienes actuaron ejecutando las tareas de instrucción -supuestamente para dilucidar lo acontecido-, primero bajo la dirección del juez federal Luis Milesi -quien resultaba ser Suboficial Mayor (RE) del Ejército Argentino y ocupaba dicha Judicatura desde el 24 de marzo de 1976 y luego del juez Juan Carlos Marchetti, complicado en causas de robo de hijos de desaparecidos en su rol de Juez de Menores de San Nicolás en esa época".

7 de agosto de 2010
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patti otra vez en la mira


Reabren la causa por el asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. A cinco años del pedido del fiscal Murray, el juez Villafuerte Ruzo hizo lugar a la reapertura de la causa por el secuestro, tortura y asesinato de los militantes peronistas en 1983. Patti, Bignone, Verplaetsen y Nicolaides tendrán que rendir cuentas.
Argentina. A veintisiete años de los crímenes y a cinco del pedido original del fiscal federal Juan Patricio Murray, el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, reabrió la causa por los secuestros, torturas y asesinatos, en 1983, de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. Fue uno de los últimos crímenes con el sello del terrorismo de Estado: secuestro y tormentos a cargo de militares y civiles de Inteligencia del Ejército, asesinato en enfrentamiento fraguado por policías bonaerenses, incluido Luis Abelardo Patti, que ese mismo año pasó varios meses preso. La reapertura de la causa implica que rendirán cuentas desde los fusiladores hasta el condenado Reynaldo Bignone.
Cambiasso y Pereyra Rossi fueron secuestrados el 14 de mayo de 1983, frente a testigos, en el bar Magnum de Rosario. Horas después fueron asesinados cerca de Zárate por una patrulla de la Unidad Regional de Tigre integrada por Patti y los suboficiales Rodolfo Diéguez y Juan Amadeo Spataro. Un comunicado del Ministerio del Interior y la Policía Bonaerense informó que fueron "abatidos en un enfrentamiento". Los policías fueron felicitados por el jefe de la Bonaerense, el ahora condenado Fernando Verplaetsen, y calificados como "jóvenes valientes" por Bignone. El peritaje de los tejidos de las víctimas modificó el escenario: estableció que antes de morir habían sido golpeados, torturados con picana eléctrica, atados con cuerdas, y que los disparos mortales habían sido a quemarropa.
El juez Juan Carlos Marchetti dictó la prisión preventiva de los policías, pero luego cambió de posición y los sobreseyó. Pese a las evidencias, consideró que no estaba probada la relación entre el secuestro y los asesinatos. Las víctimas bien podían haberse fugado después de la sesión de picana, robado un vehículo, armas y marchado hacia Zárate, donde tuvieron la mala suerte de toparse con Patti, que en legítima defensa los acribilló a balazos. El 4 de noviembre de 1983 la Cámara de Apelaciones de San Nicolás confirmó el sobreseimiento, aunque advirtió que testigos clave habían modificado "extrañamente" sus dichos.
En marzo de 2005, tras la anulación de las leyes de impunidad, el fiscal Murray pidió la nulidad del sobreseimiento y la reapertura de la causa por privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio. Luego se sumaron al reclamo de familiares de Cambiaso y Pereyra Rossi patrocinados por los abogados de H.I.J.O.S. regional Rosario. La investigación del fiscal sugiere que al momento de los crímenes, luego del "Documento final" que dio por muertos a los desaparecidos y encomendó al "juicio divino" el análisis de la represión ilegal, los servicios de Inteligencia estaban diagramando y ejecutando operaciones para enrarecer el clima político, con la esperanza de suspender el llamado a elecciones o bien condicionar la política del futuro gobierno sobre los crímenes de la dictadura.
A partir del estudio de la causa, el fiscal observa la pretensión de ocultar los rastros de torturas y de disparos a quemarropa. Adjudica el trabajo a los policías bonaerenses, que instruyeron la causa bajo la dirección del juez Luis Milesi (suboficial del Ejército devenido juez con el golpe de Estado) y luego del juez Marchetti. Entre quienes no pudieron desconocer el operativo señala a los jefes de los Cuerpo I y II, generales Juan Carlos Trimarco y Eduardo Espósito, al jefe de policía, Verplaetsen, al jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, y al dictador Bignone. Murray también desmenuzó la actuación de Marchetti y sostuvo que el sobreseimiento tras la prisión preventiva era "inexplicable desde el punto de vista jurídico" (Marchetti es quien como juez de Menores falseó en 1977 un expediente de adopción para entregar en guarda a Manuel Goncalvez a personas de su confianza, delito por el que lo sobreseyó Villafuerte Ruzo y sobre el que debe pronunciarse la Cámara Federal de Rosario).
Al margen de las irregularidades, Villafuerte Ruzo asignó especial importancia a la nueva prueba aportada dos años atrás por Eduardo Constanzo, ex personal civil de Inteligencia (PCI) del Destacamento 121 condenado en abril a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en la Quinta de Funes y otros centros clandestinos de Rosario. En declaraciones judiciales y ante la prensa, Constanzo relató que el seguimiento de Cambiasso estuvo a cargo de Juan Andrés Cabrera, alias Barba, otro PCI que luego se encargó de interrogarlos "en el camioncito Mercedes Benz 608". "Lo del bar Magnum lo hacen (Víctor ‘Chuli’) Rodríguez, (Pascual) Guerrieri y toda la patota, que la integraba también el Gato (Edgardo) Andrada, arquero de Central", recordó. Entre quienes llevaron a los secuestrados hasta el camino rural cercano a la localidad de Lima mencionó a Ariel Porra, alias Puma, y a "Filtro, alias Sebastián, que es el yerno del coronel (Edgardo Juvenal) Pozzi". Del trabajo final se encargó Patti.

7 de agosto de 2010
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ciudad sin criminales


Deberán cambiar la denominación de las calles, plazas o escuelas que tengan nombres de funcionarios dictatoriales. La jueza Elena Liberatori indicó que la Legislatura tiene que realizar los cambios antes de la finalización de su próximo período de sesiones porque la ley que prohíbe homenajear a gobernantes de facto está vigente "hace doce años".
[Laura Vales] Argentina. No sólo Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu se quedarán sin su plaza. Una jueza ordenó a la Legislatura porteña que cambie los nombres de todas las calles y lugares públicos que en la ciudad de Buenos Aires recuerdan a funcionarios de facto. El fallo hizo lugar a un pedido de amparo presentado por un vecino de la ciudad, que es abogado y militante peronista. Al macrismo la noticia no pareció caerle bien. El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, consideró que la sentencia "es perder el tiempo en cosas que no tienen sentido".
El amparo fue dictado por la jueza en lo Contencioso Administrativo Elena Liberatori, quien puso un plazo a la Legislatura para que realice los cambios antes de la finalización de su próximo período de sesiones. La jueza llamó la atención a los diputados porteños por su falta de acción en el tema, ya que les recordó que el artículo 5 de la ley 83 que prohíbe homenajear a gobernantes de facto poniéndoles su nombre a las calles está vigente "hace doce años".
Liberatori fue la primera magistrada en autorizar una boda gay en Argentina, antes de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. El gobierno de Macri la considera su enemiga desde que, a comienzos de la gestión de Mauricio, frenó la intervención de Obsba, la obra social de los empleados municipales.
En cumplimiento de este fallo, a unas diez calles, dos escuelas y un par de plazoletas deberán borrárseles sus nombres. La calle que inició el reclamo está en los bosques de Palermo y se llama Intendente Guerrico, en homenaje al intendente porteño nombrado en 1930 por el presidente de facto José Félix Uriburu, tras el primer golpe militar de la historia del país. Otros casos:

- La plazoleta de Colegiales Ernesto Padilla, intendente del gobierno militar de Pedro Ramírez, en 1943.

- Las escuelas Octavio Pico (en Flores) y Ernesto Padilla (Colegiales).

- Las calles Capitán Claudio Rosales, Mecánico Militar Leopoldo Atenzo, Cadete Carlos Larguía, Soldado Miguel Santi, del barrio de Liniers, en recuerdo de militares que murieron en el golpe de Estado contra Ramón S. Castillo.

La denuncia con el pedido de amparo fue presentada por el abogado Hansel Stegemann, quien también redactó un proyecto de ley que fue presentado en la Legislatura por Juan Cabandié, pero que no había logrado avanzar. Según contó a Página/12, la mayoría de los nombres de intendentes o funcionarios de facto que hay en la ciudad fueron puestos por la última dictadura La camada de Jorge Rafael Videla bautizó además a dos plazas con los nombres de Teniente General Lonardi y Teniente General Pedro Eugenio Aramburu, presidentes de facto tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón. En estos casos, la movilización de organizaciones barriales y políticas ya había logrado el cambio de nombre. La Plaza Aramburu pasó a llamarse El Angel Gris, mientras que el cambio de nombre de la plaza Lonardi está en trámite.
La medida judicial, en cambio, no alcanzará a la avenida Julio A. Roca. A pesar de que el reclamo para que se cambie su nombre y se saque el monumento que recuerda al jefe de la Campaña del Desierto, su caso no queda comprendido en la Ley Nº 83, que fundamenta el amparo. El texto de la ley dice en su artículo 5 que "en ningún caso deberán designarse calles o lugares públicos con nombres de autoridades nacionales, provinciales o municipales que hayan ejercido su función por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático". Pero la medida servirá como un antecedente favorable.
Los que conocen la ciudad y su historia recuerdan casos emparentados con el que ahora se discute. Canalejas, dicen, cambiaba de nombre en períodos democráticos a Felipe Vallese (así se llama hoy), un obrero y militante sindical que fue desaparecido en los años ’60. Buenos Aires tuvo una Avenida del Justicialismo, y todavía hay quienes insisten en decirle Cangallo a Perón. Durante los meses de movilización social que siguieron al estallido de 2001 era común que los nombres de las calles fueran cambiados vía sténcil o pintura en aerosol. Roca se llamaba Pueblos Originarios y a la Avenida Independencia le tachaban siempre la primera sílaba.
El amparo de Liberatori es apelable, por lo que habrá que ver si el Gobierno de la Ciudad se presenta a objetarlo, un gesto que no parece muy probable. De todas maneras, vale tener en cuenta que cuando el denunciante llevó el caso a la Justicia, el macrismo se presentó en el expediente e hizo objeciones, del tipo de que el reclamo no habilitaba a pedir un amparo, o que cuestiones como éstas no debían dirimirse en los tribunales. En su dictamen, la jueza Liberatori no hizo lugar a esos argumentos. "La subsistencia de nomenclatura urbana alusiva a ex funcionarios de gobiernos de facto resulta claramente contraria al derecho vigente, y que, por ende, las ordenanzas que dispusieron tales nombres a los espacios públicos resultan inconstitucionales", sostuvo.
El mecanismo previsto para cambiar el nombre a una calle o lugar público es su tratamiento en la Legislatura, que debe llamar, antes de votar la nueva denominación, a una audiencia pública para escuchar las opiniones de los vecinos.

7 de agosto de 2010
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calles de nombres aberrantes


Hansel Stegemann presentó el amparo. "Son cerca de diez calles".
[Laura Vales] Argentina. "Es insólito que mientras se juzga a los integrantes de los gobiernos de facto en materia de derechos humanos sigamos acatado las normas que ellos dictaron", apunta Hansel Stegemann. Abogado, miembro de la organización Peronismo Militante, integrante de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación –donde integra la comisión directiva de la seccional Buenos Aires–, Stegemann es quien presentó el pedido de amparo por el nombre de las calles porteñas.

¿Cómo surgió la idea?
Por una iniciativa anterior. Primero presentamos una medida cautelar, que el juez Roberto Gallardo resolvió favorablemente, que ordenó retirar de la fachada de la Jefatura del Gobierno porteño unas placas que homenajeaban a funcionarios de facto. Ahí advertimos que todavía quedaban muchos otros lugares, plazas, calles, escuelas. Por eso se presentó este amparo.

¿Cuántas calles con nombres funcionarios de dictaduras hay en Buenos Aires?
Alrededor de diez calles, hay además dos escuelas y algunas plazoletas. La plaza Aramburu ya fue cambiada, y la plaza Lonardi está en proceso de cambiar de nombre.

¿Son de distintas dictaduras o todos corresponden a la misma época?
La mayoría son del golpe del ’30, con la particularidad de que fueron puestos por la última dictadura. Es decir, la última dictadura no se autohomenajeó, pero homenajeó a la dictadura del ’30. Y también la del ’55, con Lonardi y Aramburu.

¿Qué calles usó? ¿Tapó con nombres de militares calles que recordaban a militantes populares, por ejemplo? ¿O eligieron por la importancia de la calle en sí?
Entre las medidas que pedimos hubo una que la jueza no resolvió, y es el pedido de que declare la inexistencia jurídica de todas las normas de facto dictadas para la nomenclatura urbana. Si hubiera hecho esto, la calle Monroe, por ejemplo, volvería a tener el nombre de Juan Manuel de Rosas. Y volvería a existir la Avenida del Justicialismo. Que declarara la inexistencia jurídica de las normas dictadas por gobierno de facto era incluso más importante, porque aunque en este caso se refiriera a la nomenclatura urbana, sentaría un antecedente jurídico para otras normas de la dictadura, como la Ley de Entidades Financieras.

¿Ya le hicieron el chiste de Perón?
(Se ríe) ...Sí, que según mi argumento también hay que cambiarlo. Pero no es así: el motivo por el cual la calle se llama Perón es homenajearlo como presidente constitucional.

Este amparo, ¿se va a aplicar al caso de Roca?
No, porque no fue funcionario de facto. Sí a la plaza Ramón Falcón. Pero a la calle Ramón Falcón, en cambio, no.

¿Por qué?
Porque era policía, no funcionario de gobierno. Pero como la plaza Ramón Falcón fue bautizada así por la última dictadura, sí se aplica el amparo.

¿Es apelable el fallo?
Sí, pero hay que ver si el macrismo lo apela. No creo que se oponga a sacar de las calles los nombres de los funcionarios de facto... (lo piensa) Bueno... puede ser, después de todo nombraron a funcionarios como (Abel) Posse. Todo puede pasar.

7 de agosto de 2010
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proyecto contra el sexo pagado


Lo que dice el proyecto que penaliza a los clientes de putas.
[Mariana Carbajal] Argentina. La iniciativa que busca perseguir penalmente a quienes paguen por sexo propone reprimir con prisión de tres a quince años "al que sometiere a una persona a explotación y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella", es decir, también le apunta al proxeneta. El proyecto retoma el espíritu de la vieja Ley de Profilaxis, vigente desde 1937 y poco respetada, que prohíbe los prostíbulos, y propone que sea castigado con prisión de uno a cuatro años "el que establezca, sostenga, administre o regentee, ostensible o encubiertamente, casas, whiskerías, pubs, privados, cabarets, locales o cualquier otro sitio donde se realice, se promueva o se facilite la prostitución ajena". Incluye agravantes "cuando el hecho fuera cometido o encubierto por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, o cualquier otro funcionario público", para quienes la pena será de tres a seis años y se aplicará la inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo que el de la condena. El proyecto establece, por otra parte, que no es punible "quien cometiere un delito como consecuencia, directa o indirecta" de ser o haber sido víctima de los delitos antes mencionados, entendiendo que la situación padecida por la persona sometida a explotación sexual "impide una libre determinación de su obrar, así como puede sufrir de diversas formas de coerción o dependencia que resultan absolutamente condicionantes para obstaculizar la libre adopción de decisiones". La despenalización incluye cualquier represalia o persecución "por infracciones a leyes de inmigración, o por otras actividades en que participen como consecuencia directa o indirecta de su situación de víctimas de trata o de explotación sexual".
La iniciativa propone incorporar a las personas explotadas sexualmente que lo soliciten a programas que garanticen "un ingreso mensual igual o mayor al salario mínimo vital y móvil", asegurar su atención en los establecimientos de salud públicos y privados, para ellas y su grupo familiar, así como el acceso a todos los niveles de la educación. La iniciativa también compromete al Estado a que facilite el acceso a una vivienda digna para estas personas, así como al crédito y a planes de vivienda social.

7 de agosto de 2010
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