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testimonio de un ex policía


Testimonio de ex policía en el juicio al ex jefe de la Seccional 4ª, Mario Facino. Gómez estuvo arrestado en la comisaría durante cuatro meses, pero oficiaba como ayudante de cocina. "Yo la vi ahí, en malas condiciones. Muy enferma, muy deteriorada", dijo. Hoy habrá una inspección judicial en el lugar.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. Un ex policía que declaró ayer en el juicio al ex jefe de la seccional 4ª, Mario Facino, identificó el último lugar donde vio con vida a Alicia López durante la dictadura, a fines de 1976. "Ella estaba en uno de los calabozos. Yo le daba de comer", reveló Raúl Oscar Gómez, quien estuvo arrestado en la comisaría durante cuatro meses, entre agosto y diciembre de 1976, pero oficiaba como ayudante de cocina y repartía la comida. "Yo la vi ahí, en malas condiciones. Muy enferma, muy deteriorada", dijo al señalar uno de los cuatro calabozos a los que otros presos políticos llamaban "tumbas" porque eran ciegos, no tenían luz ni ventilación, apenas una mirilla a la que los guardias solían tapar con cartones.
La semana pasada, varios testigos: Alejandro Córdoba, José Schulman y Graciela Roselló dijeron haber visto con vida a Alicia en la misma celda que señaló Gómez y uno de ellos, Raúl Pinto, aseguró que la vio inerte, bañada en sangre y tapada con una manta por lo que creyó que estaba muerta. Todos ellos, más el ex chofer de la comisaría, Dalmacio Vázquez, y el ex vicepresidente de la Conadep Santa Fe, Juan Carlos Adrover, participarán hoy, a partir de las 10, en una inspección judicial a la comisaría 4ª que convocó el Tribunal Oral Federal que juzga a Facino.
La de ayer era la última audiencia de las testimoniales, pero sólo declararon tres testigos: Gómez, Adrover y la sicóloga Fabiana Rouseaux. Los otros dos que estaban citados: la periodista y poeta Stella Calloni presentó un certificado médico y José Luis García se disculpó porque está en el exterior según informó el abogado de la querella , por lo que podrán declarar después de la feria judicial, el 23 de julio próximo. Y es probable que ese día también Facino diga sus últimas palabras ante el Tribunal. Los alegatos pasaron entonces para el 29 de julio y el veredicto se conocerá en los primeros días de agosto.
Hoy, los jueces del Tribunal: María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Ricardo Moisés Vázquez realizarán una inspección judicial a la comisaría 4ª, junto con fiscales, defensores y querellantes, a la que han sido citados siete testigos que declararon en el juicio: Córdoba, Schulman, Roselló, Pinto, los ex policías Gómez y Vázquez y el doctor Adrover.
Gómez relató ayer en el juicio que estuvo arrestado en la comisaría 4¬ durante cuatro meses, entre agosto y diciembre de 1976. Pero no compartía las celdas con los detenidos políticos. El y otros ex policías estaban "alojados" según sus palabras en una oficina desocupada de la seccional, sobre la calle Tucumán y tenían ciertas libertades. "Yo salía a hacer los mandados y ayudaba en la cocina a preparar la comida, que luego repartíamos entre los presos", dijo.

¿Recuerda haber visto a detenidos políticos? le preguntó el fiscal Martín Suárez Faisal.
Sí, estaban en las celdas contestó Gómez. Y mencionó a Schulman. "Recuerdo también a Alicia", agregó Gómez, a quien identificó como "una mujer no muy alta y que estaba en malas condiciones" de salud.

Uno de los abogados de la querella le preguntó entonces si Alicia recibía atención médica. "No, nunca la he visto recibir atención médica", respondió el ex policía.

¿Recuerda en qué lugar estaba Alicia López?
Había cuatro calabozos juntos. Estaba en uno de ellos. Siempre estaba en el mismo lugar. La vi en malas condiciones. Estaba muy enferma, muy deteriorada explicó.

Gómez dijo que había estado bajo arresto en la comisaría 4¬ hasta fines de 1976. "¿Cuándo usted se fue, ella seguía allí?", le preguntaron.
No, ya estaba más. Yo la vi hasta unos días antes que me trasladaran a otra comisaría. Pero ella ya no estaba más. Yo le daba de comer comentó.

Otro de los testigos que dijo haber visto a Alicia en uno de los calabozos de la comisaría 4ª fue Alejandro Córdoba. "Un día taparon la mirilla de la puerta con un cartón. Pero yo pude ver que traían a una persona en brazos, tapada con una manta. La llevaba un policía, sin armas, pero que tenía un cuchillo en la cintura. La dejó a esa persona en el calabozo, pero no salió enseguida, lo que nos llamó la atención. Cuando el policía se fue, la persona que estaba en la celda se pudo incorporar, se asomó y nos dijo quién era, que se llamaba Alicia López y que había sido violada por el policía que la trajo", recordó.
Córdoba situó ese hecho entre el 22 y 23 de octubre de 1976. Alicia había sido secuestrada el 21 de octubre. Y dijo que hablaba con ella cada vez que podía asomarse a la mirilla. "Yo estaba todo el tiempo asomado. Hablaba con otros detenidos: Pablo Nuñez, Alicia, (Juan José) Dalino y con los otros (que estaban en otras celdas más lejanas), Schulman, (Alcides) Schneider y (Eduardo) Almada, a los gritos".

29 de junio de 2010
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solidaridad con juez lozada


Un balde de agua fría para la familia del chico asesinado.
[Carlos Rodríguez] Argentina. La decisión de la Justicia de Bariloche de apartar al juez Martín Lozada de la causa por el homicidio de Diego Bonnefoi cayó como un balde de agua fría sobre los familiares, amigos y allegados no sólo de la familia del chico asesinado por el cabo policial, sino también del círculo que rodea a los parientes de las otras dos víctimas de la represión policial, el adolescente Nicolás Carrasco, de 16 años, y Sergio Cárdenas, de 29, padre de dos niños de 1 y 5 años. "El apartamiento de Lozada era totalmente previsible. Todo hace presumir que el propio juez lo esperaba, motivo por el cual aceleró el análisis de la causa, dictó la prisión preventiva, le dio la calificación más grave al hecho, a fin de dejar sentada su opinión porque seguramente intuyó que lo querían sacar del medio porque saben que es un juez garantista que se juega por la verdad", le comentó ayer a este diario un dirigente político y hombre de leyes que conoce muy bien la interna judicial de la ciudad.
El apartamiento del juez Lozada llegó cuando la familia Bonnefoi ni siquiera había completado su presentación como querellante en la causa por el homicidio. "Hoy (por ayer) nos entrevistamos con el juez Lozada. Fue al mediodía, cuando todavía seguía a cargo del expediente, pero ya se sospechaba que era posible el cambio de juez. Ahora nos tenemos que presentar ante el juez Gaimaro Posse, el nuevo juez, de manera que todavía no estamos acreditados como querellantes y ni siquiera hemos tenido acceso a la causa", explicó a este diario el abogado Jorge Alejandro Tshunder, quien asumirá como representante legal de la familia Bonnefoi. El letrado había concurrido el viernes pasado al juzgado de Lozada, pero el trámite todavía no se había completado, de manera que por ahora "no podemos hacer nada, salvo esperar a ser reconocidos como querellantes".
"Esto no nos sorprende para nada, era de esperar", le dijo a este diario Lucrecia Radonzzini, abogada de ATE, quien representa a la familia del chico Carrasco, mientras que Rubén Marigo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche, hace lo propio con la familia de Sergio Cárdenas. "El hecho de que hubiera avanzado el caso Bonnefoi nos alentaba a que también se dieran pasos positivos en la investigación de las otras dos muertes, en las cuales, por ahora, no hay ninguna novedad de importancia", explicó Radonzzini.
"La justicia para la gente que vive en la zona del Alto parece que no existiera –reflexionó anoche, con Página/12, Juan Carlos Curaqueo, secretario gremial de ATE y tío del pibe Nicolás Carrasco–. Mi sobrino ni siquiera estaba participando en la protesta del jueves (17), cuando las fuerzas del BORA lo rodearon y lo mataron. El pibe murió esa misma noche y no el viernes a la madrugada como dijeron algunos medios. Esto significa que las heridas que recibió fueron muy graves."
Todo lo que pasó con Nicolás fue presenciado por su padre, Ricardo Abel Carrasco, y por otros muchos vecinos que se habían movilizado hasta la esquina de Onelli y Sobral, donde se produjeron las dos muertes que siguieron a las protestas por el asesinato de Bonnefoi. "Todavía estamos buscando a los testigos, pero es difícil que se presenten, porque hay mucho miedo. A los testigos los persiguen, los intimidan y no se les da la protección necesaria." Curaqueo recordó que ya es "una costumbre la persecución policial a los pibes que viven en los barrios del Alto. Los sábados por la noche, la gente no los deja acercar a la ciudad, los echa de mala manera".
Nadina Moreda, representante del Inadi en Río Negro, fue profesora de una escuela nocturna en el Alto y recuerda que los chicos siempre le comentaban que "para ellos era imposible llegar a la calle Mitre, al Centro Cívico, sobre todo durante la temporada de turismo invernal. La policía hacía un cordón y los paraba, como si se tratara de un puesto fronterizo". Moreda dijo que, después de las dos marchas que se hicieron a favor de la policía, en la red social Facebook aparecieron "mensajes y dichos discriminatorios por parte de personas conocidas de Bariloche". Había frases muy duras. La más habitual era: "Hay que matarlos de chiquitos", dirigida a los jóvenes que se habían movilizado para repudiar el asesinato de Bonnefoi. Como en Bariloche todo el mundo se conoce, se sabe quiénes escribieron esas frases y a quiénes fueron dirigidas, incluso con nombre y apellido. El Inadi estaba analizando ese material con vistas a una eventual denuncia por discriminación.

29 de junio de 2010
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juez demasiado correcto


"No bajaremos los brazos".
Argentina. "Que no lo dejen libre al cabo, por favor. Es lo único que pido. Yo no sé qué voy a hacer si lo largan, va a ser muy doloroso. Todos sabemos que el cabo (Sergio) Colombil mató a mi hijo con alevosía, por la espalda." El que se lamenta es el padre de Diego Bonnefoi, que acaba de enterarse de que el juez Martín Lozada fue apartado de la investigación. Su mujer se descompuso al oír la noticia. "Al juez lo conocí cuando fui a retirar el cuerpito de mi hijo, me trató muy bien, me pareció amable, un hombre de ley, con códigos, como tiene que ser un juez", agregó Sandro Bonnefoi.
Hoy, este hombre se acercará a los tribunales de Bariloche para pedir información de la causa. Si la investigación no avanza, aclara, seguirán las marchas. "Vamos a pedir justicia, no vamos a bajar los brazos, queremos que este policía esté preso, que pague por el crimen que cometió. Ojalá que el cambio de juez no complique la situación", dijo Bonnefoi a Página/12, quien promete seguir golpeando puertas. "Yo no pido plata, ni favores políticos, queremos que Colombil sea enjuiciado y vaya preso. Y que sea rápido", dijo.
La noticia, reconoce, le llega en un momento de dolor y tristeza y sólo agrega desesperanza por la confianza que él, su mujer y sus otros seis hijos depositaron en Lozada, apartado por supuesta "parcialidad". "Lo único que esperamos es que el próximo juez sea como el primero, que tenga la firmeza y el mismo sentido de justicia que Lozada; si no vamos a salir a la calle todas las veces que sea necesario y vamos a seguir gritando", dijo Bonnefoi, que también querría que esto sirviera para que los policías de su provincia sepan manejar sus armas responsablemente.

29 de junio de 2010
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a fojas cero


No hay mejor defensa que inclinar la balanza. Apartaron al juez que llevaba el caso de gatillo fácil de Bariloche y desprocesaron al policía. El juez Martín Lozada había calificado el caso Bonnefoi como "homicidio agravado". La Cámara decidió apartarlo, a pedido de la defensa, y el policía podría ser acusado de homicidio culposo, que puede ser excarcelable. Por el momento, no fue liberado.
[Horacio Cecchi] Argentina. Una decisión de la polémica Cámara Segunda del Crimen de Bariloche apartó al juez Martín Lozada de la investigación por el caso de gatillo fácil de Diego Bonnefoi. La defensa del cabo Sergio Colombil había pedido la recusación de Lozada por una serie de ítem típicos de manual de abogado, como el de "favoritismo", "coerción" y "preopinión". La Cámara, de abierta rivalidad con el juez Lozada, aceptó los ítem y ordenó el traslado de la causa al juzgado 6, a cargo del juez que lo subroga, Miguel Angel Gaimaro Pozzi, afín con los dictados de la inclinada balanza judicial barilochense. El traspaso a Gaimaro Pozzi implica no sólo el cambio de brújula en la investigación del caso, sino que lisa y llanamente significa la anulación de todo lo actuado tras el pedido de recusación, esto es, la indagatoria al policía (a la que el cabo se negó) y, especialmente, la nulidad del procesamiento por asesinato agravado dictado por Lozada. El juez Gaimaro Pozzi llamará a indagatoria al policía (quien presuntamente esta vez sí declarará) y deberá calificar nuevamente el delito. En Bariloche corría la versión de que Pozzi lo acusará de homicidio culposo, un delito que podría asemejarse al de un choque automovilístico. Después de todo, Diego chocó contra una bala.
El pedido de recusación fue presentado por Marcelo Ganuza, defensor privado del cabo Colombil, al propio juez Lozada el 19 de junio. La presentación consta de varios ítem. Coacción, porque sostuvo que el juez le recomendó declarar, lo que Colombil consideró una presión; riesgo a la seguridad personal, porque lo había citado a declarar el viernes, en medio del reclamo y la represión; violación del derecho de defensa porque el juez intervino sin que se hubiera designado defensor; parcialidad, porque fue al barrio a calmar los ánimos y "llevó consuelo a los padres del chico y no a la esposa e hijos del imputado"; preopinión, por declaraciones a los medios.
Lozada negó cada una de los reclamos: negó la coacción; dijo que la citación fue suspendida para no poner en riesgo al imputado; sostuvo que cuando intervino a las 5 de la madrugada del jueves, se constituyó en el lugar, tomó contacto con la policía, impartió directivas y tomó declaración a los policías que se encontraban con Colombil. Sostuvo que el 17 de junio, con una funcionaria presente, notificó al cabo de que estaba imputado y lo invitó a designar defensor. Y, por último, que ante la "inusitada demanda de información", informó sobre lo que ya figuraba en las primeras actas de la investigación, realizadas por la propia policía.
La Cámara no tomó en cuenta ninguno de los ítem, a excepción de una nota de este diario, publicada el 19, horas antes de que se presentara la recusación y que tomó como prueba de preopinión. En ella, el juez respondía a Página/12 sobre el "dudoso origen" de un arma hallada en la escena del crimen y sostuvo que no había "nada que indique que perteneciera" a la víctima.
El arma, un revólver calibre 22, fue hallada durante un rastrillaje a unos cuatro metros de donde se encontraba el cuerpo. Lo que no especificó la resolución de los camaristas es en qué consistió el prejuzgamiento, habida cuenta de que los dos rastrillajes los habían realizado policías, es decir, pares del imputado, y que sospechosamente no habían encontrado el arma durante el primer rastrillaje, cuando se presentó el juez en el lugar de los hechos, sino unas cuantas horas más tarde.
La decisión de los camaristas comenzó a correr por Bariloche en las últimas horas de ayer y provocó desazón e incertidumbre tanto en la cara oculta de la Suiza argentina, los barrios del Alto, como entre sectores progresistas y organizaciones sociales. "Estamos espantados", dijo a este diario Mara Bou, integrante de la Asamblea por los Derechos Humanos (Apdh) local. La noticia recién empezaba a recorrer las pantallas. "¿Lo liberaron al policía? –preguntaban otros–, es un escándalo y puede pasar cualquier cosa", se atemorizaban. Incluso, se hablaba de persecución al juez.
"Nulidad de la indagatoria y procesamiento con prisión preventiva –sostiene la decisión judicial–, lo que no quiere decir que ahora quede en libertad", aclaró una fuente de los tribunales. La decisión corresponde al juez Gaimaro Pozzi, al que la versión antes citada adjudica la hipótesis de la colisión. No sería sorprendente. Gaimaro Pozzi es el mismo juez que liberó por falta de mérito al padre y al tío de T.N., una adolescente que había abortado con autorización de Lozada, luego de que la chica en abril pasado los denunciara por violarla durante años. El fallo de Lozada autorizando el aborto a T.N. fue anulado por la Cámara del Crimen de Bariloche. La medida fue decidida con posterioridad a la intervención médica, lo que indica que buscaba un efecto aleccionador sobre otros jueces, aislar la posición de Lozada.
En aquella ocasión la Cámara del Crimen fue la Primera, constituida por los jueces Alfonso Pavone, Alejandro Ramos Mejía y Marcelo Barrutia, representantes de los sectores más conservadores y en el caso de Pavone con militancia en el ala más recalcitrante de la Iglesia Católica. No son los mismos camaristas que tratan el caso Bonnefoi, en el que actúa la Cámara Segunda. Para el caso, valga la diferencia: uno de sus integrantes fue denunciado ante el Inadi, acusado de tratar a una empleada de "judía de mierda".

29 de junio de 2010
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demasiadas dudas sobre una prueba


Declara el jefe de investigaciones de Rafaela por un video en la causa de Silvia Suppo. El subcomisario Horacio Maidana deberá dar explicaciones sobre el CD que el apoderado de la Terminal de ómnibus entregó en la Jefatura, pero que nadie reconoce haber recibido. Un remisero también complicó la pesquisa policial.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. Dos testigos complicaron a la pesquisa policial del asesinato de Silvia Suppo y alimentaron aún más las dudas de la familia de la víctima. Uno es el apoderado de la Nueva Terminal de Rafaela, Hernán Gunzinger, quien aseguró haber entregado un video de los presuntos homicidas 48 horas después del crimen, pero la prueba recién fue incorporada a la causa dos meses más tarde porque el empresario aportó una segunda copia. "Yo me dirigí a la Jefatura de Policía, a Investigaciones y allí entregué el CD a uno de los jefes de apellido Amaya", dijo Gunzinger. Amaya es el subjefe de la Unidad Regional V, quien negó el hecho. El otro testigo es el remisero que transportó a los limpiacoches que se atribuyeron el homicidio hasta la terminal de micros, pero que antes de declarar en la causa judicial tuvo que pasar por la Jefatura de Policía de Rafaela (ver aparte). Mañana, y a pedido de la querella que representa a los hijos de Suppo, está citado a declarar ante el juez Alejandro Mognaschi, el subjefe de Investigaciones, subcomisario Horacio Maidana, a quién le pedirán explicaciones sobre el CD que Gunzinger dice haber entregado en la Jefatura, pero que al parecer nadie recibió.
La confusa situación con el video ya tuvo su resonancia política cuando dos funcionarios del gobierno de Hermes Binner salieron a respaldar la pesquisa policial. "La investigación fue prolija", dijo el ministro de Seguridad, Alvaro Gaviola, a quién "no le consta" que el video hubiera estado poder de sus subordinados a poco del asesinato de Suppo. Y después, un director de la Secretaria de Derechos Humanos, Jorge Pedraza, sumó su elogio a los investigadores y hasta calificó al jefe de Unidad Regional V, comisario Juan Mondino, como "uno de los oficiales jóvenes de la democracia que quieren hacer bien las cosas".
El video de la Nueva Terminal fue filmado por las cámaras de seguridad de la estación de colectivos el 29 de marzo, el día del crimen, cuando los dos imputados, Rodrigo Sosa y Rodolfo Cóceres, se fueron de Rafaela en un viaje de línea sin que nadie los moleste.
La querella tuvo noticias de esta filmación dos meses después, el 26 de mayo, cuando la concesionaria de la estación de ómnibus informó al juez Mognaschi que la terminal tiene "un sistema de monitoreo a través de cámaras IP, que está a cargo de la empresa Willtel" y un archivo de imágenes. Pero que ese video ya había sido "entregado a personal policial de investigaciones". La nota está firmada por el responsable de la empresa, Carlos Cassinerio y el apoderado, Hernán Gunzinger.
Gunzinger fue citado a declarar en la causa y ratificó ante el juez lo que la empresa ya le había dicho por escrito. "En su momento, cuando la Policía se hizo presente en la Terminal para tratar de recabar datos sobre estas personas (Sosa y Cóceres), debe haber sido dos días después del hecho, me pidieron las filmaciones de las cámaras que están dispuestas en la Terminal. Ellos ya venían con conocimiento que teníamos ese sistema y yo personalmente retiré un CD con el material fílmico requerido de la empresa Willtel, que se encarga del tema y luego se lo llevé a la Policía. Yo me dirigí a la Jefatura de Policía, a Investigaciones y allí entregué el CD a uno de los jefes de apellido Amaya. En ese momento, yo no le hice firmar ningún recibo ni quedó documentada la entrega del material fílmico. De todas maneras, estas imágenes quedan guardadas", dijo Gunzinger y se comprometió a entregar al Juzgado una segunda copia del "material que oportunamente entregué a la Policía". Y así lo hizo, el 8 de junio.
Gunzinger desvinculó al responsable de la concesionaria, Carlos Cassinerio porque "está en Rafaela una vez por semana" y el encargado de buscar el video en Willtel y después llevarlo "hasta la Jefatura de Policía" fue el propio Gunzinger.
El subjefe de la Unidad Regional V también declaró en la causa y negó haber recibido el video del 29 de marzo que el empresario dice haber dejado en sus manos. "En ningún momento me dieron ningún tipo de filmación. Lo que sí me dio Gunzinger fue una clave para hacer monitoreo y nos dio la página donde debíamos ingresar" por internet, explicó Amaya. Aunque después, ante otra pregunta, dijo que no recordaba si eso había sido antes o después del hecho.
Le preguntaron entonces sobre lo que había dicho Gunzinger, que él fue hasta "la Jefatura de Policía de Rafaela, a Investigaciones" y allí había entregado "el CD a uno de los jefes de apellido Amaya".
"Lo que puedo decir, es que él habla que fue a Investigaciones y yo hace seis meses que no estoy allí. El se puede haber confundido. Si me hubiera dado ese video lo hubiera entregado inmediatamente a la gente de Investigaciones, sobre todo por la gravedad del hecho que se investiga" -contestó Amaya.
Uno de los abogados querellantes, Guillermo Munné, le preguntó entonces si "podía comentar el motivo por el que se pidió ese video". Y le recordó una reunión que el jefe de la Unidad Regional V, comisario Mondino y el propio Amaya tuvieron con uno de los hijos de Suppo, Andrés Destéfani y el propio Munné, al día siguiente del asesinato de Suppo, el 30 de mayo. "Allí usted manifestó que se iban a pedir esas filmaciones" a la Nueva Terminal -le planteó Munne.
"No recuerdo, puede ser. Concretamente, nunca tuve en mis manos ningún video de la terminal de Rafaela, ni lo vi para nada, ni antes ni ahora -se defendió Amaya".

28 de junio de 2010
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amenazan a hija de desaparecido


Entraron a la casa de Eleonora Mogilner, pero no se llevaron nada. Abrieron la puerta del altillo, como cuando secuestraron a su mamá en esa misma casa. Le dejaron un cuchillo en la cama junto a sus cosas de valor. Su tío declaró en la causa sobre la Unidad 9. Otros testigos de ese juicio también fueron amenazados.
[Victoria Ginzberg] Argentina. La tapa en el cielorraso que da al altillo, abierta. Esta imagen remite en Eleonora Mogilner al secuestro de su madre, que sigue desaparecida. Esa tapa fue lo primero que ella y sus hermanos vieron en junio de 1976 cuando la patota que se había llevado a Beatriz Regalía los dejó salir del cuarto donde los tuvo encerrados casi un día entero. La misma tapa que vio levantada hace doce días, cuando llamó a la policía porque creía que le habían robado. De la casa no se llevaron nada de valor. Pero dejaron un cuchillo sobre la cama, el camino al altillo despejado y la certeza de que el episodio era una amenaza.
"Hubo una sobreactuación de impunidad. El mensaje está claro: ‘Entramos y salimos de donde queremos, cuando queremos, conocemos esta casa’. No es una amenaza a nosotros en particular, es a todos y está hecha en la ciudad donde secuestraron a Julio López", dice el tío de Eleonora, Guillermo Mogilner, que no tiene dudas de que el acontecimiento está relacionado con la causa sobre los crímenes cometidos en una Unidad 9, en la que él declaró en mayo, quince días antes de que los desconocidos entraran en lo de su sobrina.
El sábado 12 de junio Eleonora fue a una cena de HIJOS La Plata, que celebraba sus quince años. Volvió a su casa cerca de la una, abrió el portón de rejas para entrar el auto y vio pisadas en el barro que iban hasta una de las celosías. Miró por la ventana y vio pisadas de barro adentro. Trató de no hacer ruido, se quedó del otro lado del portón, dejó el auto en marcha y llamó al 911.
"Cuando llegó la policía y pude entrar, lo primero que vi y me asustó fue la tapa del altillo abierta y una silla abajo. Me hizo acordar al secuestro de mi mamá, que ocurrió en esa casa. Le pedí a la policía que suba allá, pensé que podía haber alguien", cuenta Eleonora a Página/12.
En ese momento, ella creía que había sido víctima de un robo. En la cocina y el comedor las puertas de las alacenas estaban abiertas, pero todo estaba en su lugar. En su pieza había ropa tirada, el placard revuelto y pisadas sobre las cosas. Sobre la cama, llamaba la atención un par de zapatillas sin estrenar. "Qué raro, no se llevaron esto", le comentó una mujer policía. Tampoco se habían llevado el televisor, ni el equipo de música. Le preguntaron si tenía algo de valor y sólo recordó un sobre con 700 dólares que en ese momento no vio. Con el dato del dinero faltante la policía se fue del lugar.
Un rato después, Eleonora se puso a ordenar el contenido de varios cajones que estaba disperso sobre la cama. Así, encontró el cuchillo, que ella había dejado en la cocina y un sobrecito de madera que decía 700 y tenía los dólares adentro. También había una cámara de fotos, un grabador y dos alhajeros que le habían dado vuelta. No faltaban una argollita y un anillo que podían ser de interés para cualquier ladrón. "Me di cuenta de que estaban todas las cosas de valor, que no se habían llevado nada y me asusté. Pensé ‘esto es otra cosa’".
No había sido un mes sencillo. El 9 de junio se cumplieron 34 años del secuestro de su mamá –cuando ella tenía diez– en esa misma casa, y el 31 de mayo escuchó la declaración de su tío Guillermo en el juicio de la Unidad 9. Guillermo Mogilner no sólo habló allí de su detención.
Al día siguiente del secuestro de Beatriz Regalia, su hermana Dora Ethel fue a buscar a Eleonora para llevarla a la clase de gimnasia. Los represores que habían copado la casa la encerraron junto con sus sobrinos y, a la tarde, cuando dejaron a los tres niños con los vecinos, la secuestraron. "Para salir le sacaron una capucha que le habían puesto para que los vecinos no ‘creyeran’ que era un secuestro. Tiraron una manta al piso y delante de los chicos empezaron a cargar las cosas de la casa, los electrodomésticos, la vajilla; el tipo que levantaba el paquete dijo: ‘Esto es para las chicas del cabaret’", cuenta Guillermo. Dora Ethel estuvo tres días en algún lugar que no pudo identificar. Fue liberada el 12 de junio de 1976. El papá de Eleonora y hermano de Guillermo, Juan Mogilner, desapareció en Córdoba en 1977 junto a su segunda mujer. La madre de Guillermo y Juan también fue llevada por unos días a un centro clandestino y su padre tuvo que exiliarse en Suecia. "Cuando viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, él y el padre de otro compañero que estaba preso llevaron en secreto al presidente de la CIDH a ver el centro clandestino de Arana, que habían demolido, y La Cacha, que era un centro relacionado con la U9. A los quince días, a mi viejo se le salen las gomas del auto, no se mató de causalidad. Se fue y volvió en 1984", relata Guillermo. Agrega que mientras él estaba en la cárcel, su mujer se salvó por pocos minutos de ser secuestrada y sus hijos, que quedaron con vecinos, terminaron en La Pampa. "Durante cinco años no supe nada de ellos. Vivieron en el exilio interior, en la miseria. La nuestra es una familia golpeada por la represión, como las de tantos miles. Pero eso establece una relación, un sentido del deber de tener que aclarar esta situación", asegura Guillermo.
A partir del falso robo en la casa de Eleonora, los Mogilner se enteraron de que no eran los únicos testigos que habían sido intimidados.
El primer día del juicio, dos personas fueron a la casa de Juan Scatolini y le dejaron dicho que no se olvidara de que "tenía que votar a los de Azul". Eduardo Caldarola, que vive en España, recibió llamados cuando viajó a la Argentina para declarar. Enrique Fidalgo, psicólogo del Comité de Defensa de la Salud, la Etica y los Derechos Humanos, que trabaja con la contención a testigos, denunció que entraron tres veces a su casa. La última vez, el mismo día que amenazaron a Eleonora. Se llevaron un pendrive y se comieron unas empanadas. "En mi heladera no tengo nada potable, pero al otro día de este hecho, cuando fui a buscar unos postrecitos dietéticos que tenía, me di cuenta de que no estaban", relaciona Eleonora.
"Acá hay un salto. Ya no son amenazas telefónicas. Acá hay prepotencia, impunidad. ‘Te doy vuelta la casa, me como las cosas de la heladera, no me llevo nada’. La silla debajo de la tapa del altillo. Este mensaje está rodeado de ambigüedades que no son ambigüedades. No te dejan una nota diciendo ‘ha sido amenazado’. Tu cabeza te da vueltas y otra gente te pregunta ¿estás seguro? Pero el mensaje es claro y está relacionando el secuestro de Beatriz con la actualidad. Hay un lenguaje que entienden las víctimas. ¿Por qué Eleonora se acordó del secuestro de su madre? Porque le están haciendo acordar a ese secuestro. Es obvio que el que estuvo el sábado a la noche en la casa de ella o el que lo mandó, estuvo en el procedimiento", asegura Guillermo.
A Eleonora le preocupa la naturalización de estos hechos: "Hay gente que te dice: ‘No te preocupes, todo el mundo está amenazado. No pasa nada’. Pero la amenaza ya es algo que pasa".
"Lo más escandaloso que tiene el escándalo es que uno se acostumbra –agrega Guillermo citando a Simone de Beauvoir–. En esta causa hay 200 testigos, no se puede proteger a todos y a sus familiares. En cambio, sí se puede investigar un puñado de personas, que está muy acotado. Este mensaje es específico y tiene que haber sido de alguien que estuvo allá y está acá. Este tipo de mensajes, además, tiene una tecnología, no lo puede hacer cualquiera. Es gente que ya lo ha hecho, gente con disciplina para no llevarse ni 25 dólares. La construcción de esa escena tiene una tecnología que no la maneja cualquiera. Que esto pase en 2010 es un escándalo y no nos podemos acostumbrar. Si es política de Estado que estos juicios sigan adelante, si es política de Estado que en democracia exista igualdad ante la ley y a los represores se les garantiza su derecho a defensa, que lo tienen, se lo respeto. Que usen su derecho hasta la última chicana. Pero las víctimas no tienen garantizado su derecho de ir a acusar a quienes los victimizaron."

27 de junio de 2010
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predio de cien hectáreas


Griselda Tessio sobre el campo del ejército. Predio tiene cerca de cien hectáreas.
Santa Fe, Argentina. La vicegobernadora Griselda Tessio dijo que el descubrimiento de una fosa común en el campo San Pedro no la sorprendió porque los comentarios sobre inhumaciones clandestinas en el predio militar se remontan a la época de la Conadep, en 1984. "El hallazgo es muy importante. Por supuesto, que tenemos que esperar los cotejos de ADN para la identificación de los restos, pero es un hecho muy importante porque adentro de un predio militar nadie va a poder alegar que son enterramientos de particulares", dijo Tessio, quien fue fiscal federal hasta febrero de 2007 y estuvo a cargo de la unidad de investigación de crímenes de lesa humanidad en Santa Fe, Rosario y San Nicolás. La abogada de Hijos coincidió: "Estamos ante una metodología del terrorismo de estado que no tiene antecedentes en el país", dijo Lucila Puyol.
"Por suerte, se comienza a desentrañar este sistema de exterminio, que además de las inhumaciones en los cementerios hubo enterramientos clandestinos en este caso en un predio del Ejército. En los operativos siempre tuvo participación el Ejército, pero ¿qué pasó con el cuerpo de los desaparecidos?, algunos fueron en los vuelos de la muerte, otros inhumados como NN en los cementerios, otros arrojados en los caminos y rutas (y luego sepultados también sin identidad) y ahora sabemos que también hubo enterramientos clandestinos en un predio militar, como en el campo San Pedro, que pertenece al Ejército.

¿Ustedes creen que hay más fosas comunes? -preguntó Rosario/12.
Sí, no van a ir al medio del monte por una sola fosa de ocho cuerpos. Esto formaba parte de una metodología de la desaparición de personas y por lo tanto utilizaron ese predio militar para ocultar los cuerpos "contestó.

Tessio valoró la importancia del hallazgo pero no se mostró sorprendida. "No me sorprende. Porque esto son comentarios, rumores y, en algunos casos, denuncias de larga data. El ex presidente de la Conadep Santa Fe, doctor (Juan Carlos) Adrover, dijo que en esa época ya se hablaba de esto. Yo tuve muchas veces comentarios, pero en un primer momento no teníamos el Equipo Argentino de Antropología Forense; luego, durante gran parte de mi tarea en esta temática el juez de las causas era el doctor (Víctor) Brusa (condenado a 21 de prisión por violaciones a los derechos humanos), así que no tengo necesidad de hacer mayores comentarios", agregó la vice.
Tessio renunció a la Fiscalía Federal el 1º de febrero de 2007 y "después debió haber mayores precisiones sobre el lugar" de la fosa común porque "el predio de San Pedro es muy grande, tiene más de 100 hectáreas, era utilizado como campo de maniobras del Ejército. Entonces, no se puede explorar 100 hectáreas si no hay algún recuerdo, aun cuando puede haber sido vago por la cantidad de años que pasaron, pero sí algo concreto que orientara la excavación", apuntó. La denuncia de la Casa de Derechos Humanos ante el juez federal Nº 2, Francisco Miño, fue impulsada el 19 de marzo de 2007, cuando Tessio ya había renunciado a su cargo de fiscal.

27 de junio de 2010
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identidades que faltan


El impacto en otras causas en Santa Fe.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina.El hallazgo de la fosa común en el campo San Pedro tendrá resonancia otras causas que investigan el destino final de otras nueve víctimas de la dictadura. El juez federal Nº 1, Reinaldo Rodríguez ya logró identificar a cinco de ellas, pero aún falta devolverle el nombre a las cuatro restantes. Se trata de militantes políticos que fueron inhumados como NN en los cementerios de Coronda, Maciel, Barrancas y Santa Fe, entre marzo de 1976 y enero de 1977, por lo que vale repasar cada caso:

- La masacre del camino de Las Moras. Era hasta ahora el único antecedente de una fosa común que había sido hallada en la provincia. La descubrió un arriero el 20 de marzo de 1976, cuatro días antes del golpe militar, a la vera de la ruta 64, entre Larrechea y Coronda, a mil metros de la autopista Santa Fe Rosario, con los cuerpos de cuatro mujeres jóvenes. La dictadura dejó trascender que habían sido "estranguladas" y asoció el caso a una supuesta "trata de blancas", según las crónicas de la época. Falso. Luego los restos fueron inhumados en el cementerio de Coronda como NN, hasta que la justicia comenzó a develar la verdad: eran militantes de la Juventud Peronista ejecutadas con disparos en la cabeza y las manos atadas a la espalda. La primera que se identificó fue Olga Teresita Sánchez, el 15 de setiembre de 2004; la segunda, María Cristina Mattioli, el 6 de setiembre de 2007, y la tercera, Graciela Cristina Siryi, en abril de 2008. Falta saber quién era la cuarta, pero los investigadores creen que puede ser otra militante de la JP, oriunda del Chaco, que estaba en Santa Fe y a quien se la vio por última vez internada en el hospital José María Cullen, por lo que esperan los resultados del ADN.

- La masacre de Barrancas. Tres militantes políticos aparecieron acribillados en la zona rural de Barrancas, en 1976. Uno, el 28 de setiembre. Y dos, el 30 de setiembre, en el camino viejo a Yrigoyen, a un kilómetro de la autopista Santa Fe Rosario. Dos de ellos fueron sepultados en el cementerio de Barrancas, donde estuvieron 32 años hasta su exhumación en junio de 2008. Pero el tercero terminó en el cementerio de Santa Fe, donde fue localizado recién en marzo de este año en el cuadro de tierra Nº 5, con las marcas del terror y el tiro de gracia. La investigación del juez Rodríguez ya le devolvió la identidad a dos de ellos: Rubén Juan Forteaga (el 3 de agosto de 2009) y Roberto Enrique De Vicenzo (8 de marzo de 2010), quien fue visto con vida en "El Pozo", el centro clandestino del Servicio de Inteligencia de la Policía de Rosario. Así que ahora espera los resultados de análisis genéticos para precisar quién era el tercero de los caídos. Una de las hipótesis indaga sobre los militantes del peronismo revolucionario secuestrados en Rosario en setiembre de 1976.

- Un NN en el cementerio Maciel. Los grupos de tareas arrojaron el cuerpo a la vera de la autopista Santa Fe Rosario, a la altura del kilómetro 54. Lo encontraron el 3 de agosto de 1976, era un hombre de 30 a 35 años, cabellos castaños claro, cuerpo mediano, de aproximadamente un 1.80 de estatura, según el informe de la Policía. Estaba amordazado, con los ojos vendados y quemado, principalmente en las manos y los pies. La autopsia reveló como causa de muerte una "hemorragia interna aguda, producida por herida de bala y el traumatismo que produjo la destrucción del hígado y el riñón. En cuanto a las quemaduras, éstas han sido posteriores a la muerte que data de dos o tres días atrás".

- El crimen del 4 de enero de 1977. La inhumación fue ordenada al día siguiente por orden del Centro de Operaciones Tácticas (COT) de la Jefatura del Area 212. La firma el entonces coordinador del Area, subcomisario Julio Alberto Villalba. Se trata del "cadáver de una persona de sexo masculino" que "resultara abatido en un enfrentamiento ocurrido en esta ciudad de Santa Fe, el 4 de enero de 1977, a la tarde", "cuya identificación no ha sido lograda" y "por lo tanto, se deberá registrar como NN".

27 de junio de 2010
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