ciencia por la identidad
27 de junio de 2010
Juez comprobó que había al menos ocho cuerpos en la fosa común. El magistrado Francisco Miño ahora ordenó la exhumación y traslado de los restos a Buenos Aires, para que el Equipo Argentino de Antropología Forense pueda trabajar sobre la identidad de los cuerpos hallados en una fosa común.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. El juez federal Nº 2 de Santa Fe, Francisco Miño, que investiga enterramientos clandestinos de víctimas del terrorismo de estado en un predio del Ejército ya pudo constatar que en la fosa común descubierta por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el campo San Pedro, a 40 kilómetros de Santa Fe, había restos de ocho personas, seis de ellas con las marcas del terror: "lesiones en el cráneo compatibles con heridas producidas por armas de fuego". Y ordenó la exhumación de los cuerpos y su traslado al laboratorio de los peritos forenses, en Buenos Aires, para que se realicen los estudios genéticos que permitan identificar a los desaparecidos. Fuentes seguras consultadas por Rosario/12, revelaron que se trata de restos de cinco hombres y tres mujeres jóvenes, uno de ellos apareció con "un objeto de metal en la mano izquierda que podría ser un anillo" y otro tenía "una pieza dentaria de acrílico y metal", que podrían orientar las investigaciones. El traslado se concretó a mediados de esta semana con custodia de la Gendarmería.
La fosa común fue encontrada el miércoles 9 de junio, en un sector agreste del campo San Pedro, de propiedad del Ejército, ubicado en la zona de Campo Andino, a 15 kilómetros de Laguna Paiva. La opinión pública se anotició del descubrimiento casi una semana después, el martes 15. Y el viernes 18, el juez Miño realizó la inspección judicial en el lugar junto al secretario penal del Juzgado, Mateo Busaniche y autorizó a los forenses a concluir "las tareas de exhumación, registro, embalaje y posterior traslado de los restos" al laboratorio del Equipo de Antropología, en Buenos Aires.
El hallazgo no tiene precedentes en el país. "Es la primera fosa común que se encuentra en jurisdicción militar", dijo el antropólogo Miguel Nieva, quien integra el grupo de investigadores junto a sus colegas, Juan Nóbile y Leonardo Ovando. La primera vez que se hallaron fragmentos humanos en un centro clandestino fue en el "Pozo de Arana", en La Plata, donde estuvo secuestrado Julio López. "Pero esta es la primera vez que se encuentran restos humanos en un predio del Ejército. Se hicieron trabajos en varios lugares del país, se trabajó en La Perla, en el Batallón de Arsenales en Tucumán y en otros lugares, pero es la primera vez que logramos encontrar restos en un predio militar", precisó Nieva.
La causa que instruye el juez Miño se inició en abril de 2007 por una denuncia de la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe, que agrupa a las Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Aunque ya en 1984, la Conadep se había hecho eco de comentarios de vecinos y conocedores de la zona que habían visto movimientos de vehículos militares y sospechaban de enterramientos clandestinos. El campo San Pedro tiene más de 100 hectáreas y era utilizado por el Ejército para maniobras y ejercicios de artillería.
El elemento clave que orientó la pesquisa fue la cal que utilizaron los ejecutores para hacer desaparecer los cuerpos de sus víctimas. Precisamente, los restos encontrados ahora estaban bajo un manto blanco. "Es una fosa común, en cuyo interior se hallaron restos humanos de varias personas cubiertos con cal y evidencia balística asociada a los mismos", dijo el Equipo de Antropología Forense al anunciar el hallazgo. La sepultura no era muy profunda. Los investigadores creen que fue cavada a pala, sin utilizar ninguna máquina retroexcavadora. Es un rectángulo de 2.70 por 1.70. Y a los 80 centímetros de la superficie comenzaron a aparecer los restos de cal que cubrían todo el sector. Una vez retirada la cal, los forenses encontraron los primeros restos humanos ("un miembro inferior"), por lo que a partir de allí comenzaron un trabajo de excavación arqueológica. Y la verdad comenzó a salir a la luz. Hallaron los restos de ocho personas jóvenes. "Cinco hombres y tres mujeres", según fuentes seguras consultadas por Rosario/12.
Los ocho individuos fueron hallados en distintas posiciones, articulados y extendidos: seis estaban "decúbito dorsal", es decir boca arriba y dos "decúbito ventral", boca abajo. Los seis boca arriba tienen "lesiones perimorten en el cráneo compatibles con heridas producidas por arma de fuego", lo que revela que habrían sido ejecutados con el tiro del final. Uno de los cuerpos tenía también "un objeto de metal en la mano izquierda, posiblemente un anillo" y otro, "una prótesis dental de acrílico y metal en el maxilar superior", que podrían orientar las investigaciones forenses. Fueron enterrados a una profundidad variable entre 1.20 y 1.40.
La semana pasada, Nieva informó que también habían encontrado "una vaina servida de arma de fuego asociada con los restos, pero en este caso no es un indicio de relevancia porque era un campo de artillería y hay muchísimos fragmentos de municiones, vainas y proyectiles" que utilizaba el Ejército.
Las fuentes dijeron que en la fosa común no había otras cápsulas de proyectiles, ni restos de ropa. Un indicio de que podrían haber sido ejecutados en otro lado y luego llevados desnudos hasta el destino final. "Posiblemente los hayan matado en otra parte y después los arrojaron a la fosa", interpretó una de las fuentes.
La Casa de Derechos Humanos que impulsó la causa judicial hace tres años valoró la importancia del hallazgo. "Es la prueba de que este campo del Ejército operó como centro de exterminio de víctimas del terrorismo de estado", dijo Milagros Demiryi. Por lo que, ahora la investigación apuntará a precisar si hay más fosas comunes. "Los testimonios dicen que los enterramientos clandestinos con cal se hicieron varias veces. Hay datos cruzados, algunos testigos que hablan de dos hechos y otros de tres hechos. Indudablemente, el campo San Pedro se usó primero como centro de torturas y después pasó a ser centro de exterminio", planteó Jorge Castro.
Ahora, el Equipo de Antropología Forense intentará "identificar los restos encontrados" en San Pedro, pero también continuará con "la "prospección y búsqueda" de otros enterramientos clandestinos porque "aun resta explorar una gran superficie" del campo del Ejército.
©rosario 12 
[Juan Carlos Tizziani] Santa F, Argentina. El Tribunal Oral de Santa Fe escuchó a cuatro sobrevivientes de la dictadura dar testimonio de la agonía de Alicia López en la seccional 4ª y uno de ellos aseguró que la vio en el calabozo de enfrente, inerte, bañada en sangre y cubierta por una manta. "Yo creo que estaba muerta", aseguró Raúl Pintos, uno de los testigos que declaró ayer en el juicio al ex jefe de la comisaría, Mario Facino, acusado por el secuestro, torturas y asesinato de la docente y ex militante de las Ligas Agrarias, entre octubre y noviembre de 1976.
Argentina. En la escena del hecho, en el barrio Boris Furman de la zona del Alto, en una plaza, aparecieron objetos supuestamente robados por los chicos que salieron corriendo y un arma que, según la policía, podría haber estado en manos de Bonnefoi.
[Carlos Rodríguez] Bariloche, Argentina. Una nueva movilización, esta vez bajo un manto espeso de nieve, reunió ayer a familiares, amigos, vecinos de las víctimas y a diversos gremios, entre ellos la Unter, judiciales, docentes y la Asociación de Trabajadores del Estado. La larga marcha se hizo con la compañía de la nieve, que supone una serie de inconvenientes, superados con fervor por los manifestantes, que primero se acercaron a las tribunales de Bariloche, frente al lago Nahuel Huapi. La intención inicial era pedirle al juez de la causa, Martín Lozada, que se expidiera rápidamente respecto de la situación procesal del único policía detenido. Como la resolución ya había sido tomada horas antes de que las columnas llegaran al juzgado, la marcha fue de apoyo a la medida.
[Carlos Rodríguez] San Carlos de Bariloche, Argentina. "Mi hijo no estaba participando de la manifestación y tampoco lo mató una bala perdida, como dicen algunos. A Nicolás lo asesinaron a mansalva los del Grupo BORA", de la policía de Río Negro. Ricardo Carrasco, el papá de Nicolás Carrasco, de 16 años, otro de los chicos asesinados durante la represión que siguió a la muerte de Diego Bonnefoi, dijo que siente "bronca e indignación" frente a las marchas en apoyo de la policía, luego de los sucesos ocurridos la semana pasada en esta ciudad. Padre e hijo trabajaban juntos, como plomeros, y el jueves por la noche, cuando fue asesinado, Nicolás se dirigía a la casa de su novia y acertó a pasar por el medio de los incidentes, según le comentó a Página/12 su tío, Juan Carlos Curaqueo, secretario gremial de la filial local de ATE.
[Carlos Rodríguez] San Carlos de Bariloche, Argentina. "Le quitó la vida de modo jurídicamente injustificable." De esa forma lapidaria, el juez Martín Lozada calificó la actitud del cabo de la policía local Sergio Colombil, en la madrugada del 17 de junio pasado, cuando disparó por la espalda contra el adolescente Diego Bonnefoi. El magistrado convirtió ayer en prisión preventiva la detención que sufre Colombil desde el mismo día del hecho, por considerar que fue autor de homicidio "doblemente calificado por alevosía y por haber abusado de sus funciones" en el cargo que desempeñaba. En su resolución, Lozada sostuvo que el suboficial actuó "por fuera de las potestades que le fueron conferidas por el Estado democrático", dado que "disparó su arma de fuego en contra de la cabeza de su perseguido, a punto tal que le impactó en la zona del cráneo, cuando ninguna circunstancia ameritaba que hiciera tal cosa". De mantenerse la calificación cuando se llegue a la sentencia, en juicio oral y público, Colombil podría ser condenado a la pena máxima de reclusión perpetua. El caso de Diego Bonnefoi derivó en una protesta frente a la Comisaría 28ª de Bariloche que fue reprimida en forma violenta, lo que provocó otras dos muertes. Los episodios del jueves y viernes pasado conmocionaron la ciudad turística, sumida ahora en un debate que excede lo policial y que desnudó la dramática situación social de muchos de sus habitantes. También hubo dos marchas en apoyo a la policía.
Argentina. En su resolución, Lozada procesó a Colombil por "homicidio doblemente calificado" por alevosía y por haber abusado de sus funciones en el ejercicio de su cargo de empleado policial, delito por el que, de probarse su efectiva comisión, le correspondería la pena de reclusión perpetua.
Argentina. Secuestrado el 17 de junio de 1955, el médico y militante del Partido Comunista Juan Ingalinella falleció esa misma noche durante la tortura. La policía provincial fraguó su liberación, pero la repercusión nacional e internacional de la desaparición forzó la declaración de un policía y desencadenó un juicio que terminó asumiendo el juez Juan Antonio Vitulo, quien condenó a cadena perpetua a Francisco Lozón, Félix Monzón, Santos Barrera y Rogelio Luis Tixie, entre otros asesinos del militante. El magistrado entendió -por primera vez- que la inexistencia del cadáver no era óbice para dejar impune el asesinato. Después de 55 años, esta tarde, el Concejo Municipal distinguirá a Ingalinella como ciudadano ilustre post mortem, por iniciativa del presidente del bloque del Frente para la Victoria Arturo Gandolla.