argentina

hasta que se demuestre lo contrario

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Texto firmado por numerosas personas y organizaciones agrupadas en Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo.

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Argentina. Teniendo en cuenta las declaraciones públicas de Jorge Daniel Pedraza, en su carácter de funcionario público del gobierno de la provincia de Santa Fe, como Director de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica, repudiamos que:

- Refuerce la hipótesis de robo cuando la justicia todavía no se expidió y hay elementos de prueba solicitados por parte de los querellantes, minimizando que Silvia fue una testigo clave en el juicio contra el ex juez federal Víctor Brusa y otros represores y que también impulsaba la causa que investiga la desaparición de su compañero Reinaldo Hattemer, secuestrado el 25 de enero de 1977 en la ciudad de Rafaela.

- Elogie públicamente el desempeño policial rafaelino, existiendo las siguientes evidencias de la desprolijidad e inoperancia en su accionar desde ocurrido el asesinato hasta la fecha: La policía realizó el peritaje del lugar del crimen en ausencia de la Fiscal de turno y sin proteger la escena del crimen como el protocolo lo exige (no cerrando el perímetro y permitiendo el acceso a curiosos); no encontró huellas en el lugar del hecho "ni siquiera las de Silvia Suppo; no dio con testigos que reconocieran a los imputados; no pudo encontrar al remisero que trasladó a los presuntos asesinos hasta la terminal de ómnibus y, cuando la justicia finalmente lo encontró, la policía lo citó ilegalmente a declarar en la comisaría antes de hacerlo frente al juez y no entregó a la justicia el video de las filmaciones que la concesionaria de la terminal de ómnibus de Rafaela aportó a pocas horas de la salida de la ciudad de los implicados.

- Elija y respalde al diario Castellanos de la ciudad de Rafaela, medio gráfico que desde el comienzo, mediante un operativo de prensa basado en mentiras y manipulación tendenciosa de la información, instaló y cerró el caso en la hipótesis de homicidio calificado en ocasión de robo, aún con la investigación en curso; medio que además siempre deslegitimó el reclamo de justicia que sostenemos desde el Espacio Verdad y Justicia.

Es llamativo que ante los dichos públicos del funcionario provincial de Derechos Humanos Pedraza, ninguna otra autoridad provincial haya salido a plantear otro punto de vista. Siendo ésta la postura oficial del gobierno y teniendo en cuenta el contexto de continuas amenazas y atentados sufridos por testigos y querellantes no sólo en Santa Fe y Rosario, si no en todo el país en las últimas semanas, nos preguntamos ¿cuáles son las reales motivaciones políticas que sostienen esta versión?
Por todo lo expuesto seguimos luchando y exigiendo ESCLARECIMIENTO YA! del asesinato de Silvia Suppo, aparición con vida de Julio López, cárcel común y perpetua a los genocidas.

Siguen las firmas: Familiares y compañeros de Silvia Suppo, Enredadera. Grupo de mujeres y feministas; Centro Cultural y Social Estación Esperanza; La casona de los pibes; Centro Testimonio Rafaela; Movidero; Programa de Promotores Territoriales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; Copa de leche Todos para Todos. Adhesiones: H.I.J.O.S. Regional Santa Fe, Víctor Salami, Beatriz Pfeiffer, Lydia Vieyra Denunciantes causas 16/08 y 05/09 Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe; Anatilde Bugna y Stella Marys Vallejos. Querellantes juicio "Brusa y otros"; Carlos Raviolo, José Villarreal Testigos causa "Brusa y otros"; Mirta Acuña de Baravalle MADRE DE PLAZA DE MAYO LINEA FUNDADORA; Alberto B Ilieff, Sara Torres"presidenta de la Coalición Internacional contra la Trata de Personas (CATW), ASOCIACION DE EX DETENIDOS DESAPARECIDOS Buenos Aires; Profesionales Latinoamericanos/as contra el Abuso de Poder, Pilar Vendrell; Unión por los Derechos Humanos La Plata Ex detenid@s desaparecid@s, Familiares y Compañer@s, María Eva Rearte, Osvaldo Hugo Cucagna, Mariana S. Gottero, Fulvio Stanis, Claudia Korol, Casapueblos (Madrid), Campaña de Apoyo a Juicios (Madrid), Periódico Codo a Codo (Madrid), Martha Rosenberg, Asoc. Civil Las Diversas, Espacio Feminista de la ciudad de Santa Fe, Paula Heredia, Olga Morales DNI 6430720.

22 de junio de 2010
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caravana por la memoria

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Convocan a marcha por la memoria histórica.

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Argentina. La Casa de Derechos Humanos y el Foro por la Justicia y contra la Impunidad convocaron "a todas las fuerzas sociales, religiosas, políticas, sindicales y estudiantiles" a participar en una "caravana de la memoria, la justicia y la verdad" hasta el campo San Pedro, cuando se cumplan un mes del hallazgo de una fosa común con restos humanos.
"Convocamos para el mes de julio del 2010, a recorrer desde la ciudad de Santa Fe los 40 kilómetros que nos separan hasta la tranquera del campo San Pedro y brindar un primer abrazo simbólico, como al hijo pródigo que vuelve de lugares lejanos, que vuelve en nombre de la vida, del amor y la lucha que nos cobija a todos los que creemos en una Argentina distinta".
"Invitamos a marchar, para depositar en sus puertas todas las rosas que creamos necesario. Para comenzar a recibirlos en la luz del día, en un camino que se develará con la prontitud de las ciencias específicas. Que los devolverá al camino de la lucha que siempre abrazaron".
"Agradecemos a todos los habitantes de Laguna Paiva, a testigos que ya no están, a organismos y amigos, que aportaron su información, a los que creyeron en el difícil sendero de conservar y construir memoria. Sin ellos, sin sus aportes, este hallazgo hubiera sido imposible", dijeron.

22 de junio de 2010
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baqueano detecta fosas común

 

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La declaración de un baqueano que cuidaba el campo San Pedro fue crucial. La identidad del testigo se mantiene en reserva. Sus dichos fueron la llave para que la Casa de Derechos Humanos presentara la denuncia ante el juez Miño. El elemento clave fue la cal que se habría usado para ocultar los cuerpos. 

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[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. Rosario/12 tuvo acceso a un testimonio clave que orientó la búsqueda del Equipo Argentino de Antropología Forense que la semana pasada halló una fosa común con restos humanos en el campo San Pedro, en una investigación judicial de enterramientos clandestinos de la dictadura. Es el relato de un baqueano, que cuidaba el predio militar hace más de 30 años. Y fue incorporado por la Casa de Derechos Humanos a la causa que se inició en marzo de 2007 ante el juez federal Nº 2, Francisco Miño. La identidad del testigo se mantiene en reserva, pero existe una versión grabada.
El elemento clave de la pesquisa fue la cal que habrían utilizado los ejecutores para hacer desaparecer los cuerpos. Precisamente, los restos encontrados la semana pasada por los antropólogos estaban bajo un manto blanco. "Es una fosa común, en cuyo interior se hallaron restos humanos de varias personas cubiertos con cal y evidencia balística asociada a los mismos", dijo el Equipo de Antropología Forense al anunciar el hallazgo.
El hecho que relató el encargado del campo ocurrió en 1977. "Un día, a media mañana llegó un grupo del Ejército. Por experiencia, logro distinguir entre ellos a algunos que pertenecían a Inteligencia. Yo sabía que cuando venían los de Inteligencia, me tenía que retirar. Días atrás habían descargado gran cantidad de bolsas de cal, cosa que me había llamado la atención. Las habían apilado en una de las habitaciones de lo que era el casco antiguo del campo", agregó.
"A mí me traen a Santa Fe, al Distrito Militar. Y en estas situaciones, yo sabía también que no iba a poder volver al campo, por lo menos en tres o cuatro días, así que aprovecho para volver a mis pagos y ver a mi familia", siguió.
"Cuando vuelvo al campo, veo que ya no estaban las bolsas de cal apiladas en la pieza. Uno como baqueano que siempre fue, conocía cada rincón, cada huella, cada hondonada del campo porque diariamente lo recorría a pie o a caballo para arreglar un alambrado, buscar un animal o hacer cualquiera de las tantas tareas que uno desarrolla normalmente para mantener un campo", afirmó.
"Era común encontrar pozos y excavaciones. Era un campo de maniobras del Ejército, así que era normal que cavaran trincheras o casamatas, pero nunca se tomaban el trabajo de taparlas, quedaban así nomás, al descubierto. Pero esta vez, lo que me llama la atención es que los habían vuelto a tapar con tierra. Si bien no había rastros de la cal en los alrededores de la fosa, yo había escuchado que era una práctica común en estos casos el uso de la cal. Y desde que yo llegué al campo, en el vecindario se hablaba de que ocurrían estas cosas en el campo de San Pedro", relató el testigo.
La Casa de Derechos Humanos recordó que ya "en 1985, era común escuchar relatos de los vecinos de Laguna Paiva sobre hechos relacionados al terrorismo de estado que involucraban al campo de San Pedro. Lugareños, pescadores o vecinos de la zona hablaban de haber visto zapatos apilados o excavaciones que suponían eran fosas. Y en ese mismo año se entregan diversos elementos de prueba a la Conadep". Pero después, las leyes de impunidad frustraron la posibilidad "de una investigación sobre lo que ya no tenemos dudas, que era un campo de exterminio del Ejército Argentino".
Sin embargo, la Casa de Derechos Humanos que integran Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y el Movimiento Ecuménico recopiló más indicios y testimonios anónimos. "Sobre fines del 2006, ya era posible sustentar con seriedad una denuncia", que fue presentada ante el juez Miño, el 19 de marzo de 2007.
Uno de los problemas era la extensión del campo de más de 100 hectáreas. "Las nuevas herramientas tecnológicas abonaban la búsqueda, pero el elemento que nos animaba a persistir en la investigación era la cal utilizada", agregó.
"El primer señalamiento de un posible lugar atrajo la presencia de una camioneta del Ejército con personal de civil, que se aproximó a esta primera demarcación. Este hecho que consta en los expedientes de la causa, nos hizo confirmar la sospecha que algo importante había y que molestaba", recordó la Casa de Derechos Humanos.
"Al principio, el Equipo Argentino de Antropología Forense hizo algunas muestras de terreno, pero sin ningún resultado concreto. Era necesario un presupuesto que la justicia federal finalmente aportó y desde febrero de 2010 el trabajo fue sistemático, sobre un terreno hostil".
"Luego de más de cuatro meses de trabajo y hacia el sur del primer señalamiento, con más de 2.000 muestreos de terreno, se encontraron restos humanos sueltos. Y finalmente apareció la cal, ese elemento ajeno al lugar que era la pista concreta que se tenía y se buscaba".
Los militantes de la Casa de Derechos Humanos están convencidos que los restos hallados son de víctimas del terrorismo de estado. "Están allí. No sabemos cuántos, pero vamos a rescatarlos del olvido, porque hemos reencontrado una pequeña porción de historia escondida, ocultada por criminales que tendrán rostro concreto, cargo y rango militar determinado, del primero al último, aunque algunos se hayan muerto sin recibir el castigo de esta justicia tan demorada".

22 de junio de 2010
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una rata sin memoria

  

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Debió declarar en la causa de los hermanos Julien en Uruguay, emblemática del Plan Cóndor. El dictador Gregorio Álvarez dijo que se había enterado de la existencia de los desaparecidos por la prensa. Afirmó que el Ejército estaba "compartimentado", sin explicar qué significa. También fue a indagatoria el ex canciller Blanco.

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Uruguay. El dictador uruguayo Gregorio ‘Goyo’ Álvarez y el ex canciller Juan Carlos Blanco declararon ayer por un caso paradigmático del Plan Cóndor. Se trata del secuestro de dos menores que aparecieron en Chile, tras la desaparición en Argentina de sus padres, de nacionalidad uruguaya.
Álvarez, gobernante de facto entre 1981 y 1985, y el ex ministro de Exteriores llegaron en móviles policiales a prestar declaración indagatoria por el secuestro de Victoria y Anatole Julien, hijos de dos uruguayos desaparecidos. "Ni sé por qué estoy citado acá. Aclaro que yo no tengo ninguna participación en ninguna actividad represiva, ni en decisiones ni en planificación", se atajó Blanco frente a la prensa.
La causa fue iniciada en abril de 2008 por Victoria Julien. Después de que la primera jueza "extraviara" la denuncia, el expediente cambió de juzgado y empezó a avanzar. Sin embargo, la causa aún está en una etapa presumarial, es decir, los represores sólo están siendo indagados y aún no hay ningún procesado por la sustracción de los hijos del matrimonio Grisonas-Julien.
La querella presentó un documento de junio de 1976, que daba cuenta de la coordinación represiva entre Argentina y Uruguay. Pero el ex canciller Blanco negó que se tratara de instrucciones para secuestrar y desaparecer en ambas orillas del Río de La Plata. Blanco dijo que ese télex sólo hacía mención a los mecanismos convencionales para una extradición. Enseguida, aprovechó el por entonces titular de la Cancillería para escudarse en su condición de civil y declararse ajeno a los crímenes de la dictadura uruguaya.
Álvarez también hizo gala del cinismo habitual. Dijo ante los abogados y funcionarios judiciales que se había enterado de la existencia de desaparecidos por la prensa. Pero, como novedad, se quejó porque el Ejército estaba "compartimentado", aunque no explicó qué quiso decir con esa expresión. Además, el dictador aprovechó para cargar contra José Gavazzo, dejando al descubierto en los tribunales las internas militares, que generalmente son preservadas por los represores en medio de su pacto de silencio. Gavazzo coordinaba las acciones represivas con Buenos Aires y con Santiago de Chile.
Si bien no hay imputados aún en la causa, algunos pasos está dando el expediente de la mano del juez Alejandro Guido y de la fiscal Adriana Costa. Pero no hay demasiadas alternativas frente al silencio de los represores y a lo que la fiscal Mirtha Guianze llama las "islas de facto dentro del Estado de derecho", que siguen manteniendo los archivos de la represión más secretos que nunca. "Hay información a la que el sistema judicial uruguayo no puede acceder", denuncia a Página/12 el abogado Pablo Chargoñia, patrocinante de Victoria Julien. "Esto se debe a que falta una decisión política del Ministerio de Defensa nacional o a que el poder civil no tiene demasiada fuerza frente a un poder militar que aún sobrevive". Chargoñia agrega: "También se sufren los ecos de la ley de impunidad, que hace que estén paralizadas otras causas que pueden estar conectadas con ésta".
Como explicó el abogado, hay otros integrantes del Servicio de Información de Defensa (SID) que están yendo al juzgado en calidad de indagados. Blanco y Álvarez ya están en prisión por otros casos. El ex canciller fue condenado a fines de abril a 20 años de prisión por la desaparición y muerte en 1976 de la maestra Elena Quinteros. Pero el ministro de Relaciones Exteriores del régimen militar se encuentra en la cárcel desde 2006 por otros casos de violaciones a los derechos humanos. La última sentencia contra el dictador Álvarez fue dictada en octubre pasado, cuando lo condenaron a 25 años de prisión por el asesinato de 37 opositores en 1977 y 1978.
El secuestro de los hermanos Julien es uno de los casos más aberrantes y paradigmáticos de la Operación Cóndor. El padre de los chicos, Roger Julien, era dirigente del uruguayo Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), pero fue asesinado en Buenos Aires y su cuerpo nunca apareció. Su esposa, Victoria Grisonas, había intentado escapar con el nene de cuatro años y la nena de un año. No lo logró: fue herida y trasladada con sus hijos al centro clandestino de detención Automotores Orletti. Anatole recuerda haber pasado por allí. Después, los niños fueron llevados a Montevideo y, según testigos, pasaron un tiempo en el SID, en donde el varón recuerda haber jugado con el represor Gavazzo (El País, marzo 2009). Luego, los subieron a un avión de línea hasta Chile. A fines de noviembre de 1976, Victoria y Anatole fueron encontrados en una plaza de Valparaíso y adoptados por una familia. Victoria, principal impulsora de la causa, recién se enteró de su historia a los nueve años. Todavía resta mucho por saber y mucho más para que la Justicia haga lo que debe hacer.

Informe de Luciana Bertoia.

22 de junio de 2010
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cárcel de la rioja usada por dictadura

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La Justicia reveló que la cárcel de La Rioja era un centro clandestino de detención. Una investigación judicial realizada por el fiscal federal Darío Illanes concluyó que la cárcel riojana fue "el centro clandestino de detención que operó en el Área represiva 314" durante la última dictadura militar.

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Según el documento, la prisión que durante años se llamó Instituto de Rehabilitación Social (IRS) de la ciudad de La Rioja, fue "por excelencia el lugar de reunión de detenidos en diferentes situaciones, sin perjuicio de que hayan existido otros sitios en los que se detenía y se torturaba a personas, como las comisarías regionales, el Batallón 141, el Escuadrón 24 de Gendarmería Nacional (en Chilecito) o la Base Aérea CELPA (en Chamical)".
El jefe de Seguridad de ese Instituto durante el gobierno militar, Eduardo Abelardo Britos, se encuentra en Paraguay tratando de evitar la extradición pedida por el Juzgado Federal de La Rioja, luego de haberse fugado del país cuando conoció que podía ser procesado.
Illanes, que actúa en la megacausa por violaciones a los derechos humanos que tiene como acusados a Luciano Benjamín Menéndez y más de 60 supuestos responsables, entre militares y civiles, aseguró que por el IRS "pasaron casi todos los detenidos en la Provincia en algún período del lapso en el que estuvieron privados de la libertad" y que "se trataba de un centro de detención y tortura".
Previo a la dictadura, el Instituto era controlado por el "Batallón de Ingenieros 141, sede del Area 314", pero después del 24 de marzo de 1976 "el Pabellón 1 del lugar -destinado a alojar presos políticos- pasó a encontrarse también bajo el control de Gendarmería Nacional".
"Las mujeres eran ubicadas en pabellones, divididos en celdas que compartían entre tres o cuatro detenidas. Tenían ventanas que daban al patio interior, pero estaban cubiertas de papel o pintura para evitar la visibilidad. También había ranuras en las puertas, que permitían ver un pasillo interior del IRS", indicó el documento.
El fiscal determinó que los interrogatorios "eran dirigidos y llevados a cabo por personal de Gendarmería Nacional, la Policía provincial, la Policía Federal y el Ejército, (con quienes) colaboraba personal del propio IRS" y que indefectiblemente implicaban alguna clase de tortura física o psicológica, como golpizas feroces, aplicación de picana eléctrica en diferentes partes del cuerpo, simulacros de fusilamiento, amenazas de muerte y más tortura y obligación a escuchar los tormentos sufridos por otros detenidos".
La Fiscalía se basó en testimonios de ex presos políticos para confirmar que "los detenidos vivían bajo la amenaza constante del personal que los custodiaba de ser llevados a interrogatorios y de sufrir tormentos. En muchos casos, eran privados de los alimentos y de la posibilidad de ir al baño fuera de la celda. También los guardias entraban a sus celdas y los sometían a fuertes golpizas".

22 de junio de 2010
21 de junio de 2010
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cidh critica prisiones de buenos aires

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su "profunda preocupación" por las "graves condiciones" de detención en la provincia de Buenos Aires y denunció el "uso abusivo" de la detención preventiva.

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Argentina. Las demandas están incluidas en un informe publicado hoy por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la visita a la Argentina que realizó la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad del organismo del 7 al 10 de junio, durante la cual se reunió con autoridades locales y nacionales y visitó varias cárceles y comisarías.
La Relatoría calificó de "preocupante" el "uso abusivo de la detención preventiva" y señaló que datos de las organizaciones de la sociedad civil apuntan a que "más del 70 por ciento de las personas privadas de libertad" en la provincia de Buenos Aires están en prisión preventiva.
El organismo dijo haber observado que los jueces "optan por la medida cautelar más gravosa para la vigencia del derecho a la libertad durante el proceso, con el objeto de mostrar eficiencia y evitar los reclamos de la sociedad, los medios de comunicación y del mismo poder político".
La CIDH "exhorta a las autoridades a aplicar la detención preventiva con un criterio eminentemente excepcional e implementar medidas alternativas", dijo en su comunicado, en el que además consideró "necesario adecuar la legislación procesal de la provincia a los estándares internacionales de derechos humanos". El organismo verificó además que, debido al déficit de plazas penitenciarias, algunos detenidos pueden permanecer "meses" o hasta más de un año en dependencias policiales no adecuadas para una estancia prolongada y exhortó al Estado a "adoptar las medidas necesarias" para que éstas "dejen de funcionar como centros de detención".
Por otra parte, denunció que ha recibido información según la cual en los centros de detención se inflingen "torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes" con "golpizas frecuentes", duchas frías o prácticas como la "falanga" o "pata-pata" -golpes propinados en la planta de los pies- y hasta disparos con balas de goma, entre otros. En total, señaló la Relatoría, entre febrero y junio de este año se reportaron 241 casos de torturas y otros tratos crueles, de los cuales 115 fueron denunciados formalmente ante las autoridades.
En este sentido, lamentó la "falta de voluntad del Estado para investigar y denunciar los actos denunciados", así como la "impunidad imperante" y la "falta de un registro oficial" de estos actos e instó al Estado a "tomar las medidas necesarias para prevenir la tortura". Entre otros, llamó a las autoridades judiciales a "investigar, juzgar y sancionar a los responsables de hechos de torturas, teniendo en cuenta, para su calificación jurídica, la gravedad de los mismos y los estándares internacionales".
La Relatoría también consideró "preocupante" el "mal estado general" de las estructuras e instalaciones físicas de los centros penitenciarios, así como la "queja generalizada por la calidad precaria y el difícil acceso tanto a los servicios médicos como a medicamentos" y la "queja reiterada" sobre la "insuficiencia y baja calidad" de los alimentos para los detenidos.
En sus conclusiones, la Relatoría exhortó al Estado argentino a "dedicar atención prioritaria y voluntad política" para mejorar la situación de los detenidos en la provincia de Buenos Aires, especialmente mediante el "fortalecimiento" de los mecanismos de protección, entre otros garantizando la "independencia" de los jueces para que "cumplan de manera efectiva con su función de control de la legalidad de la detención preventiva y de la ejecución de la pena, libres de cualquier tipo de ingerencia o presión".
Además, llamó al Estado argentino y a la provincia de Buenos Aires a "diseñar e implementar una política penitenciaria acorde con los principios internacionales que rigen la materia" y a elaborar un "plan general" para "superar la grave situación que padecen las personas privadas de la libertad y a asegurar el goce efectivo de sus derechos humanos".

22 de junio de 2010
21 de junio de 2010
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condenas por ddhh en lo que va de año

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De las causas por crímenes cometidos durante la dictadura, que conforman el mapa judicial 2010, cinco ya finalizaron con condenas a los represores.

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Argentina. El último presidente de facto, Benito Bignone, fue condenado en abril a 25 años de cárcel por el Tribunal Nº1 de San Martín, por los delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, y la misma pena recibieron los ex militares Santiago Omar Riveros y Fernando Verplaetsen, entre otros. En el mismo mes, pero en Rosario, la Justicia condenó a cadena perpetua al ex teniente coronel Pascual Guerrieri, al ex mayor del Ejército Jorge Alberto Fariña, al ex teniente Juan Daniel Amelong, al ex personal civil de Inteligencia Eduardo Rodolfo Costanzo y al ex agente civil Walter Dionisio Salvador Pagano por el secuestro, desaparición y torturas, entre otros delitos, de 28 víctimas ocurridas entre 1977 y 1978 en los cerca de veinte centros clandestinos de detención que funcionaron en Santa Fe. Otro tribunal santafesino le dictó al ex agente civil de inteligencia del Ejército Horacio Barcos la pena de 15 años de prisión por privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y extorsión en dos ocasiones. En Salta, los ex coroneles Carlos Alberto Arias y Luis Angel Zírpolo recibieron 20 años de condena por el secuestro y homicidio del escribano Aldo Melitón Bustos, en la ciudad de Tartagal, en febrero de 1978. El fallo más reciente fue emitido a principios de junio por el Tribunal Oral de Mar del Plata contra el ex suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Molina, al que le dictaron prisión perpetua por secuestro y torturas ejercido contra 38 víctimas.

21 de junio de 2010
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ocho juicios en marcha

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Los juicios en Capital, La Plata, Chaco y Tucumán. Los represores que actuaron en La Plata, en la ESMA, Orletti, El Vesubio, Olimpo, El Banco, en Margarita Belén y las jefaturas de Policía de Chaco y Tucumán son juzgados en la actualidad.

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Argentina. Ocho juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura se encuentran en marcha. Las violaciones a los derechos humanos cometidas en los centros clandestinos de detención (CCD) de la ESMA, Automotores Orletti, El Vesubio y unificados el Club Atlético, El Banco, El Olimpo –todos en la ciudad de Buenos Aires– se encuentran en pleno juicio oral. En Chaco se investiga la masacre de Margarita Belén y el CCD que funcionó en la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia y en Tucumán también se juzga a los responsables del CCD para el que utilizaron la ex Jefatura de Policía tucumana. En La Plata está en proceso la investigación sobre el servicio penitenciario de la Unidad 9 durante el gobierno de facto.
La megacausa que aborda uno de los centros clandestinos de detención más grandes del país y quizás el más emblemático, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), se inició a fines del año pasado. La instrucción que se encuentra en curso aborda la desaparición de las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon y por otro lado la del periodista y escritor Rodolfo Walsh, dos de los tramos que contiene la investigación. El Tribunal Oral Federal Nº 5 juzga los delitos cometidos por, entre otros, los ex marinos Jorge "Tigre" Acosta –jefe del Grupo de Tareas 3.3.2, la patota que secuestraba a las víctimas–, Alfredo Astiz, integrante operativo y conocido por haberse infiltrado en un grupo de familiares de desaparecidos entre los que se encontraban las monjas, y Ricardo Cavallo, extraditado de México a España y de España a la Argentina.
El Tribunal Oral Federal Nº 1 lleva adelante el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, sindicado como una de las bases del Plan Cóndor, a través del que las dictaduras del continente coordinaban acciones represivas y por el que pasaron gran cantidad de ciudadanos extranjeros. Los imputados son el ex vicecomodoro de la Fuerza Aérea Néstor Guillamondegui, el ex coronel del Ejército Rubén Visuara, el ex general de División Eduardo Cabanillas y los agentes civiles Raúl Guglielminetti, Eduardo Ruffo y Honorio Martínez Ruiz. Los delitos por los que están juzgados son el de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado impuesto sobre 65 víctimas.
El juicio que trata los crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército comenzó el 23 de noviembre. Allí se investigan los delitos que se practicaban en los centros clandestinos de detención conocidos como Club Atlético, El Banco y el Olimpo, todos dentro de la ciudad de Buenos Aires. El policía Julio Simón (que utilizaba el alias de "Turco Julián") y que ya cuenta con dos condenas por delitos similares, junto a otros catorce imputados como Samuel Miara –condenado por la apropiación ilegal de los mellizos Reggiardo Tolosa–, comparecen por el secuestro y torturas contra 180 personas. Se calcula que cerca de cuatrocientos testimonios serán escuchados por el tribunal. En otro juicio se juzga por delitos de lesa humanidad a ocho represores –los ex militares Pedro Alberto Durán Sáenz y Héctor Humberto Gamen, entre otros– por vejaciones cometidas en la cárcel clandestina El Vesubio, también en la Capital.
En abril se inició el juicio oral contra los represores que actuaron en la Unidad 9 de la penitenciaría de La Plata. Allí se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos contra noventa personas. El ex director de la unidad, Abel Dupuy, y quien era su subalterno entonces, Isabelino Vega, son algunos de los catorce imputados que tiene la causa. El 11 de mayo se presentó a declarar el ex canciller Jorge Taiana como testigo de los apremios y las vejaciones, al haber pasado por allí en su condición de detenido en 1976.
La masacre de Margarita Belén, que se tramita en la Justicia chaqueña, recae sobre nueve represores: ocho ex militares y un ex policía. La causa investiga la ejecución en 1976 de un grupo de presos políticos luego de que los retiraran de la Unidad Penitenciaria Nº 7 de Resistencia bajo un supuesto traslado, pero al llegar a la localidad de Margarita Belén fueron acribillados por sus custodios. Por otro lado, la Justicia del Chaco también instruye sobre la investigación que abarca a los delitos de lesa humanidad cometidos contra 26 personas en el centro clandestino que funcionó en la Dirección de Investigaciones de la policía local durante la dictadura. Por último, en Tucumán se inició en febrero un nuevo juicio oral contra los ex comandantes Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, los dos condenados ya a prisión perpetua por el secuestro y asesinato en Tucumán del senador Guillermo Vargas Aignasse en 1976. En este caso, el tribunal investiga los delitos cometidos contra veinte víctimas en el centro clandestino de detención que funcionó en la ex Jefatura de Policía provincial.

21 de junio de 2010
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