nuevos procesos contra represores
21 de junio de 2010
En los próximos días comienzan cinco juicios a represores que actuaron en la dictadura y en septiembre, otro más. Algunos ya han sido condenados en todo el país, otros están siendo juzgados en ocho juicios en la actualidad y en las próximas semanas habrá cinco nuevos procesos en marcha. Un informe completo de la marcha de la Justicia con respecto a las violaciones de los derechos humanos.
[Alejandra Dandan] Argentina. Se abre una nueva etapa de juicios orales por los delitos de lesa humanidad. Con acumulación de causas y la perspectiva del demorado inicio de los juicios orales en Mendoza, en las próximas semanas empezarán cuatro nuevos procesos. Se harán en Santa Fe, San Rafael, Córdoba y Rosario. Para septiembre, en tanto, está previsto el comienzo del juicio oral por el plan sistemático de apropiación de menores en la Ciudad de Buenos Aires. En alguna de las causas se evaluarán los crímenes cometidos en los centros clandestinos, y la de Mendoza avanzará contra lo que los querellantes definen como "el entramado de impunidad que impidió hasta ahora el avance de las causas". La lista se suma a los ocho juicios orales que siguen desarrollándose actualmente en el país y a los cinco con condenas de 2010.
Santa Fe, el Comienzo
El próximo miércoles 22 empieza el juicio contra Mario Facino, jefe de la comisaría 4ª de Santa Fe hasta fines de 1976 y luego ascendido a jefe del Comando Radioeléctrico hasta el 14 de agosto de 1979. Será el tercer juicio oral por los crímenes de la dictadura y el primero que incluye la figura del "homicidio", que prevé una pena a perpetua. Facino irá a juicio por el secuestro y homicidio de Alicia López de Rodríguez, una maestra, militante de las Ligas Agrarias, madre de tres hijos y esposa de un magistrado, también militante, que a esa altura estaba detenido en la cárcel de Rawson. A ella la secuestró una patota integrada por unas veinte personas, el 21 de octubre de 1976, mientras estaba en la casa de su suegra.
Para Lucila Puyol, de Hijos, es una de las causas emblemáticas de la provincia: revela el rol de la comisaría 4ª en el circuito de la represión. Según los datos de los organismos de derechos humanos, la comisaría solía ser uno de los primeros lugares al que eran trasladados los detenidos. Luego, muchos eran llevados a otros destinos, entre ellos a los centros clandestinos conocidos como "las casitas" que estaban fuera de la ciudad. "Alicia fue muy torturada y violada en la comisaría", dice Puyol. "Sus compañeros dicen que la vieron muy mal físicamente, y obviamente no fue atendida y finalmente alguno de ellos la vio muerta en la misma comisaría."
El juicio lo llevará adelante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Ricardo Moisés Vázquez. Pasarán alrededor de 28 testigos. Entre ellos, Osvaldo Lovey, uno de los dirigentes legendarios de las Ligas Agrarias. Cuando concluya el proceso, Facino recibirá probablemente su segunda condena. El ex comisario fue condenado a 20 años de prisión durante el juicio al ex juez Víctor Brusa. En el momento de la sentencia Rosario/12 indicó que allí quedó demostrado, entre otros datos, que el ex jefe de la comisaría 4ª "resultó una pieza clave en el cumplimiento del plan sistemático". La oficina donde se hacían las torturas "se encontraba contigua a su despacho (el de Facino), quien como jefe de la seccional concurría a su trabajo a cualquier horario".
San Rafael, el ‘Negro’ Tripiana
Para Mendoza se aproxima una fecha histórica. Para el 1º de julio está previsto el inicio del primer juicio oral de la provincia por el secuestro y desaparición de Francisco Tripiana, un obrero de la construcción, trabajador de la cosecha de uva y militante de la JP, secuestrado de su casa en San Rafael en la madrugada del golpe de Estado de 1976. Por la acumulación de causas, el juicio incluirá además el secuestro y desaparición de Guillermo Berón, Pascual Sandoval y Roberto Osorio, todos militantes justicialistas, ninguno con estudios universitarios.
Mariano es el hijo de Francisco Tripiana. Tenía ocho meses cuando una patota entró a la casa para llevarse a su padre. Todavía intenta saber quién era él, buscando a amigos de la vida y militantes. "Yo estoy reconstruyendo la historia –dice–, su militancia social, pero más allá de los años que pasaron nunca pude hacer el duelo, pasaron 34 años en los que yo hoy tengo cuatro hijos, nietos de un desaparecido, y siempre que cuento esto me quiebro."
El juicio va a estar a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 integrado por Roberto Julio Naciff, Héctor Fabián Cortés y Jorge Roberto Burad. No habrá feria judicial. Los imputados son el ex jefe del Ejército Luciano Benjamín Menéndez; Aníbal Alberto Guevara Molina, teniente del Ejército; Raúl Alberto Ruiz Soppe, jefe de la Unidad Regional II de Policía de Mendoza; Juan Roberto Labarta Sánchez, oficial de la policía de Investigaciones D-2; José Martín Mussere Quintero, oficial de la policía de Mendoza; Cristóbal Ruiz Pozo, médico de la Policía, y Raúl Egea Bernal, abogado de la Policía.
"Es el primer juicio oral por los crímenes contra la humanidad en Mendoza –dice el abogado Pablo Salinas–, y creo que lo más importante es haber roto el entramado de impunidad que hacía que no se pudieran hacer hasta ahora los juicios en esta provincia."
Córdoba, la Unificación
Un día mas tarde, el 2 de julio empieza en Córdoba un juicio oral contra Eduardo Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 31 imputados. El juicio reúne dos causas. La primera es el expediente conocido como Gontero en la que se investigan secuestros y tormentos sobre 11 personas, detenidas y trasladas a la sede del Departamento de Informaciones Policiales (D-2), luego a las instalaciones que el Tercer Cuerpo del Ejército tenía en el campo de "La Rivera" y finalmente a la Unidad Penitenciaria Nº 1. La otra causa, a la que luego de la acumulación se la considera como expediente principal, es por el fusilamiento de 31 presos políticos que estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y que fueron sacados para un supuesto traslado y ejecutados. Las dos causas tienen responsables y seis víctimas en común. Esa fue una de las razones por las que se unificó el expediente. Pero no la única. "En los dos episodios intervino el mismo Comando del Tercer Cuerpo del Ejército", dice a Página/12 Martín Fresneda, abogado de la querella, que además señala una coincidencia en el circuito represivo. La política de acumulación de causas es uno de los reclamos de los organismos de derechos humanos porque no sólo acelera los procesos. Sirve además para entender la sistematicidad de las políticas represivas. "Las personas estaban detenidas en la Unidad Penal Nº 1, pero muchas veces se los llevaban a realizar un interrogatorio ilegal en la Rivera o en la D-2 del Pasaje Santa Catalina, y se probó –dice el abogado– que en esos traslados mataron a dos personas". A diferencia de otras causas, lo singular es que las víctimas eran presos políticos a disposición del PEN, del Ejército y de la Justicia Federal, dice Fresneda. Por eso, el juicio "va a evidenciar sin lugar a dudas unos niveles de complicidad de la Justicia, por la sujeción del Poder Judicial al poder militar".
Rosario
El próximo juicio comenzará el 21 de julio por el centro clandestino de detención que funcionó en la sección Informes de la Jefatura de la Policía de Rosario, en perjuicio de 86 víctimas. Fue el centro clandestino más importante de Rosario. Por ahí pasó la mayor parte de las víctimas y hubo algunos sobrevivientes. El edificio que estaba en pleno centro de la ciudad estaba operativamente acondicionado: en los pisos superiores se hacían las torturas y los que llegaban a los subsuelos sabían que probablemente iban a sobrevivir. Pese a que durante muchos años continuó a cargo de la policía, ahora es la sede del gobierno santafesino en Rosario. Ana Oberlín es una de las abogadas de Hijos. "Rosario tiene una particularidad –dijo–, estaba muy definido el territorio que correspondía al grupo operativo de la Policía y al del Ejército, la pelea era por los botines de guerra, porque además de todo hacían secuestros comunes para extorsionar." El edificio de la policía estaba comandado por ellos.
La causa conocida como Agustín Feced, por el gendarme que fue jefe de la Policía de Rosario durante la represión, empezó a instruirse en los ’80. Feced luego murió. Y hoy la lista de imputados incluye al ex militar Ramón Díaz Bessone; José Rubén Lofiego, Mario Marcote, Ramón Vergara, Carlos Scortecchini, Ricardo Chomicki y Nilda Folch, dos civiles ex detenidos a quienes la organización Hijos considera como víctimas y no imputa penalmente. El juicio estará en manos del Tribunal Oral Nº 2, pasarán unos 120 testigos y se calcula que el proceso se extenderá durante un año.
Buenos Aires
El calendario de los próximos juicios orales culmina el 20 de septiembre en Buenos Aires. El Tribunal Oral Federal Nº 6 iniciará ese día un proceso contra Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone, Cristino Nicolaides, Santiago Omar Riveros, Jorge Eduardo Acosta, Antonio Vañek y Rubén Oscar Franco por 33 casos de apropiación de menores durante la última dictadura. Se trata del llamado "Plan Sistemático". Los acusados están imputados por los delitos de sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de diez años. En el juicio se intentará probar que existió un plan sistemático de sustracción de menores y se juzgará a Juan Antonio Azic, acusado como responsable directo por la sustracción de María Victoria Donda.
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[Lucila Puyol, Paula Condrac y Guillermo Munné] El 29 de marzo el asesinato más cruel y sangriento a una compañera militante de derechos humanos se sucedía en la ciudad de Rafaela. Inmediatamente viajamos hacia allí. Nos sorprendimos un poco al no ver ningún operativo policial en las rutas de acceso y salida a la ciudad que intentara impedir la fuga de los asesinos. Cuando llegamos a lo que fuera la escena del crimen, a escasas horas del asesinato, el lugar no tenía las fajas de seguridad que suele dejar la policía de investigaciones, tampoco un vallado perimetral, ni nada que hiciera suponer un procedimiento de los que habitualmente se realizan ante un asesinato.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. Los dos hijos de Silvia Suppo, Andrés y Marina Destéfani, renunciaron al programa de protección a testigos y víctimas del terrorismo de estado en rechazo a declaraciones del director de Investigación y Reconstrucción de la Memoria, Jorge Pedraza, a quien su jefa y secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Rosa Acosta, prometió desmentir, pero que no lo hizo. "Si para el gobierno, el asesinato de nuestra madre no es un crimen político y no hay ningún riesgo, entonces no es necesario que nosotros estemos en un programa destinado a testigos y querellantes en causas por delitos de lesa humanidad. Por eso, decidimos renunciar", dijo Andrés Destéfani en un diálogo con Rosario/12.
[José Maggi] Argentina. A sólo un mes de iniciarse el juicio oral y público por la causa Díaz Bessone (ex Feced) la fiscal federal del caso Adriana Saccone renunció a su cargo. La excusación fue confirmada por el fiscal general Jorge Auat, responsable de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de estado."Se excusó por decoro, luego de haber sido recusada por uno de los defensores quien reveló que su padre el ex fiscal federal Víctor Saccone durante la última dictadura había rechazado algunos habeas corpus presentados por los familiares de desaparecidos".
[Carlos Rodríguez] Argentina. En un intento por terminar con la grave situación que se vive en la ciudad de Bariloche por el asesinato de dos adolescentes y un hombre –en hechos que se atribuyen a la policía local–, el gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, resolvió el traslado de la comisaría 28ª, uno de cuyos agentes, el cabo Sergio Colombil, está detenido imputado por el crimen del chico Diego Bonefoi, de 15 años, una de las tres víctimas. La decisión del gobierno fue comunicada por la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Gladis Cofré, a dirigentes de organismos sociales, de derechos humanos y de distintos sindicatos, que concurrieron ayer a la Municipalidad para demandar esa mudanza. Lo mismo fue pedido, en forma pública, por Sandro Bonefoi, el padre de Diego, cuya familia vive calle de por medio de la seccional. "No quiero abrir la puerta y ver que la comisaría sigue funcionando. Yo quiero vivir en paz, y estoy en paz a pesar de todo. No quiero convertirme en un papá asesino de policías", advirtió ayer Bonefoi en diálogo con Página/12.
Argentina. La defensora del Pueblo de Río Negro, Ana Piccinini, denunció ayer que la policía de la provincia "reprime, pega, mata y está en los delitos de trata por explotación sexual". Por esas razones, consideró que no le sorprende que Diego Bonefoi "haya sido asesinado por un policía". Respecto del caso, aseguró que hasta ahora "no hay ninguna denuncia por robo" que involucre al chico asesinado. Por otra parte, Piccinini cargó contra el ministro de Seguridad y Justicia rionegrino, Víctor Cufré, de quien dijo que es "el jefe de la connivencia de la policía con la trata de personas".
Argentina. Diversos integrantes del Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD) repudiaron la "violenta represión" que causó la muerte de dos personas en Bariloche y cuestionó al grupo policial que intervino porque "ya cuenta con graves denuncias por hechos de violencia en otras localidades". "Repudiamos la violenta respuesta estatal producida ayer (por el jueves) en la ciudad de Bariloche frente al reclamo por el asesinato del adolescente Diego Bonefoi a manos de un policía de la provincia de Río Negro", señaló el comunicado firmado, entre otros, por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria.
[Carlos Rodríguez] Argentina. "Estamos en la comisaría (segunda), con dos defensores de menores y con representantes de organizaciones sociales, tratando de garantizar los derechos humanos elementales." En diálogo con Página/12, mientras los médicos revisaban a trece jóvenes detenidos –y golpeados– por la policía antimotines ayer por la tarde en el centro de San Carlos de Bariloche, el juez Martín Lozada dio cuenta del "clima de caos" que se vivía en esa dependencia policial y en buena parte de la ciudad. Vecinos y dirigentes de organismos de derechos humanos denunciaron la violenta represión que siguió ayer en el Centro Cívico y en los barrios del Alto, para intentar ponerles fin a una serie de protestas populares para repudiar el asesinato del chico Diego Bonefoi, de 15 años, a manos de un uniformado que ya fue detenido. A ese episodio le siguió la muerte –se cree que a consecuencia de la violencia policial– de otras dos personas que participaron en las manifestaciones. "No caben dudas de la participación del suboficial", cuyo nombre no fue proporcionado, en el crimen de Bonefoi, admitió el ministro de Gobierno de Río Negro, Diego Larreguy, quien informó que "se están haciendo pericias" en las armas de otros policías, para determinar si de allí salieron las balas que mataron a dos de los manifestantes.