argentina

fosa común en predio del ejército

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El Equipo Argentino de Antropología Forense encontró un número indeterminado de restos de humanos que pertenecerían a víctimas de terrorismo de Estado durante la última dictadura militar en una fosa común localizada en ‘Campo San Pedro’, un predio del Ejército Argentino, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.

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Argentina. A través de una orden del Juzgado Federal número 2 de Santa Fe, el Equipo de Antropología Forense inició a fines de 2007 "trabajos de prospección arqueológica a fin de localizar posibles inhumaciones clandestinas realizadas durante el último gobierno militar y en su caso la posterior identificación de los restos humanos", en el marco de la causa iniciada en marzo de ese año a partir de las denuncias de la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe y otros organismos de esa línea.
Dos años después el equipo halló "una fosa común, en cuyo interior se hallaron restos humanos de varias personas cubiertos con cal y evidencia balística asociada a los mismos", localizada en el ‘Campo San Pedro’, propiedad del Ejército Argentino.
En el mismo sentido, desde el organismo señalaron que "se han iniciado las tareas tendientes a lograr la identificación de los restos encontrados, sin perjuicio de lo cual cabe señalar que el hallazgo mencionado no dan por terminadas las tareas de prospección y búsqueda, restando todavía explorar una gran superficie del terreno".

15 de junio de 2010
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no reconoce a sus torturadores

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Pérez Esquivel: "Me hacían sentir el peso de las protestas internacionales en favor de mi libertad".

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Argentina. El premio Nobel de la Paz aseguró que mientras estuvo cautivo durante la dictadura en la Unidad 9 de La Plata logró salvar su vida "gracias a la solidaridad internacional", aunque señaló que esa situación no evitó que lo torturaran como al resto de los detenidos. Adolfo Pérez Esquivel contó detalles sobre su detención y no pudo reconocer a sus torturadores.
"Yo era un persona conocida a nivel internacional, pero en esa cárcel igual fui torturado, aunque hubo muchas personas que sufrieron más que yo", dijo Pérez Esquivel antes de declarar ante el Tribunal Oral Federal 1 en el juicio que se le sigue a ex agentes de ese penal por violaciones a los derechos humanos.
El fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos recordó que "estando en la cárcel me dieron el Memorial Juan XXIII de la Paz y ya estaba postulado como candidato al Premio Nobel".
Por esos reconocimientos, dijo que "era mirado continuamente por la mirilla que tenía en la celda" y aseguró que "igual fui torturado en los calabozos de castigo, donde me hacían sentir el peso de las protestas internacionales en favor de mi libertad".
El premio Nobel de la Paz recordó que fue detenido en abril de 1977 "cuando tramitaba la renovación del pasaporte en el Departamento Central de la Policía Federal". "Creo que mi detención tuvo que ver con las actividades que realizábamos a nivel continental en favor del respeto a los derechos humanos en nuestros país", dijo Pérez Esquivel, en el marco del juicio que se desarrolla en la sede platense de la AMIA.
Pérez Esquivel explicó que al poco tiempo de estar detenido en una dependencia de la Policía Federal "fui subido a un avión, atado al asiento y volamos sobre el Río de La Plata". "Me sacaron al aeródromo de San Justo para sobrevolar el Río de La Plata y nunca me dijeron que iban a hacer conmigo hasta que aterrizamos en el base aérea de El Palomar. Después fui derivado a la Unidad 9, donde fui liberado dos días antes de la final del Mundial del 78", dijo.
Cuando el Tribunal le solicitó si podía reconocer o identificar a los penitenciarios que son juzgados por violaciones a los derechos humano, presentes en la sala de audiencias, Pérez Esquivel respondió que: "A pesar de todo el sufrimiento no puedo reconocerlos. Ha pasado mucho tiempo".

15 de junio de 2010
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se retrasa juicio a facino

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Se enfermó integrante de tribunal.

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Santa Fe, Argentina. El Tribunal Oral Federal de Santa Fe suspendió el juicio al ex jefe de la comisaría 4ª, Mario Facino, por el secuestro y el asesinato de la docente y militante de las Ligas Agrarias, Alicia López, que debía comenzar esta mañana. La decisión fue adoptada porque uno de los jueces, el doctor José María Escobar Cello, tuvo que ser internado por un problema de salud en una clínica santafesina, así que ahora el arranque de las audiencias dependerá del momento en que los médicos den de alta al magistrado.
Escobar Cello presidió el Tribunal que condenó por delitos de lesa humanidad al ex agente civil del Ejército, Horacio Américo Barcos a once años de prisión y actuó como cuarto juez en el juicio en Rosario que sentenció a prisión perpetua a cinco represores que operaron en la Quinta de Funes, La Calamita y la Fábrica de Armas.
En el juicio a Facino el tribunal estaba integrado Escobar Cello, su colega María Ivón Vella y el juez del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario, Ricardo Moisés Vázquez
Facino será juzgado por los delitos de privación ilegítima de la libertad en concurso real con los delitos de tormentos agravados por ser ejercidos contra perseguidos políticos y homicidio, todos en perjuicio de Alicia López, quien fue secuestrada en el barrio Candioti sur y trasladada a un centro clandestino conocido como "La casita" y a la comisaría 4¬, donde la vieron con vida varias personas. Durante el juicio a Facino, en el que está previsto que declaren alrededor de 30 testigos, el Tribunal realizará una inspección de la Seccional 4ª.

15 de junio de 2010
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represor otra vez al banquillo

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Facino debe responder por homicidio. Comienza mañana el juicio contra el ex jefe de la 4ª por el asesinato de Alicia López. El represor ya fue condenado a 20 años de prisión por secuestro y torturas a otros militantes políticos, pero ahora será juzgado por el crimen de la docente desaparecida el 21 de octubre de 1976, que fue vista en esa comisaría, desangrada.

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[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. Mañana comenzará el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en Santa Fe. El Tribunal Oral Federal juzgará al ex jefe de la comisaría 4ª, Mario Facino, por el secuestro y asesinato de la docente y militante de las Ligas Agrarias, Alicia López, que está desaparecida desde el 21 de octubre de 1976. Facino ya cumple una condena a 20 años de prisión por el secuestro de tres militantes políticos: Patricia Isasa, José Schulman y Eduardo Almada y las torturas que sufrió Isasa, pero ahora será el primer represor santafesino que será juzgado por el cargo de "homicidio" de Alicia López, que prevé la pena de prisión perpetua.
Las audiencias arrancarán mañana, a las 9, ante el Tribunal integrado por dos jueces santafesinos María Ivón Vella y José María Escobar Cello, que se completará con su colega Ricardo Moisés Vázquez, vocal del Tribunal Oral Nº 1 de Rosario. El Ministerio Público será representado por los fiscales Martín Suárez Faisal y Patricio Longo. La defensa de Facino estará a cargo del defensor oficial Fabio Procajlo y su segundo, Fernando Sánchez. Y por la querella actuarán cuatro abogadas de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre: Leticia Faccendini, Jesica Pellegrini, Daniela Asinari y Gabriela Durruty.
Están citados a declarar 28 testigos, entre ellos dos históricos dirigentes de las Ligas Agrarias, Osvaldo Lovey, que fundó la organización en los ’70, en el Chaco y Remo Vénica, quien sobrevivió a la persecución de la dictadura durante cuatro años, refugiado en los montes de la Cuña Boscosa santafesina junto a su esposa, hasta que ambos pudieron salir del país. Un escape que bien relata el libro ‘Monte madre’, del periodista Jorge Miceli.
Según la programación del Tribunal, habrá seis audiencias, dos esta semana: mañana y el miércoles y luego el 22, 23, 24 y 28 de junio. El 29 de junio se realizará una inspección a la comisaría 4ª. Después, vendrá la feria judicial que comienza el 5 de julio, así que el debate se reanudará con los alegatos de las partes, previstos para el 23 y 29 de julio. La sentencia podría conocerse el 2 de agosto.
Mañana, y tras la lectura de los requerimientos de elevación a juicio del Ministerio Público y la querella, están citados a declarar dos familiares de Alicia: su suegra, María Isabel Rodríguez, testigo del secuestro y su esposo, el ex juez Luis Juan Rodríguez, quién también militaba en las Ligas Agrarias, pero que estaba preso en la cárcel de Rawson cuando secuestraron a su mujer.
El testimonio de la señora de Rodríguez volverá a plantear uno de los interrogantes del caso. ¿Quién era el entregador que conocía a su nuera y acompañó a la patota que la secuestró el 21 de octubre de 1976, en el barrio Candioti sur? La mujer relató el hecho en la instrucción de la causa, dijo que el grupo de tareas estaba integrado por más de 20 personas con armas largas, algunos de uniforme y otros de civil, que rodearon su casa porque creían que Alicia estaba allí, pero como no la encontraron la fueron a buscar a la casa de los padres de la señora de Rodríguez, que vivían a la vuelta. Y cuando Alicia quedó cara a cara con el "entregador" lo increpó: "¿Vos acá?", le dijo.
En su declaración judicial, le preguntaron a la suegra de Alicia si podía describir al "entregador", pero ella contestó: "No pude reconocerlo, pese a haberlo visto".
El miércoles, les tocará testimoniar a los dos históricos de las Ligas Agrarias: Lovey y Vénica. Y después, seguirán tres testigos que vieron a Alicia López con vida en la comisaría 4ª: Alejandro Faustino Córdoba, Alcides Schneider y Raúl Pinto. Incluso, Pinto dijo que a Alicia "no sólo la torturaron, sino que también la mataron en la comisaría 4ª". El estaba detenido en la celda vecina y la pudo ver por la hendija de una puerta. "Allí estaba Alicia, en frente mío, desangrándose y muerta, tapada con una capa", relató.
En el juicio al ex juez Victor Brusa, que condenó a Facino a 20 años de cárcel, entre otros, quedó probado que el ex jefe de la comisaría 4ª "resultó una pieza clave en el cumplimiento del plan sistemático" de la represión ilegal.
"La comisaría 4ª era el lugar por donde pasaban los detenidos ilegalmente, estaban transitoriamente allí y eran llevados desde otros centros de detención para ser sometidos a torturas", dice la sentencia. Incluso, "la oficina montada para llevar a cabo las torturas a las que eran sometidas las víctimas, se encontraba contigua a su despacho (el de Facino), quien como jefe de la seccional concurría a su trabajo a cualquier horario".
"Los calabozos y las llamadas ’tumbas’ por los testigos víctimas, donde permanecían durante días sin que se les permitiera acudir a los sanitarios, haciendo sus necesidades allí y conviviendo con ellas revelan una perversidad inusitada. El lugar y el hacinamiento ya eran suficiente, además de carecer durante el tiempo que pasaban por allí de colchón, vestimenta, atención médica, sin comida o con comida imposible de ingerir. En definitiva quedó claro que el accionar personal de Facino y su rol como jefe de la comisaría Cuarta lo constituía en un garante para que las fuerzas ilegales actuaran con impunidad en las privaciones ilegales y torturas en un establecimiento oficial", concluyó la sentencia.

14 de junio de 2010
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nadie sabe dónde está el video

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Dudas sobre la actuación policial en la pesquisa por el asesinato de Silvia Suppo. El juez Alejandro Mognaschi investiga por qué el video de la terminal de Rafaela donde se observa a los lavacoches que se atribuyeron el homicidio llegó a su despacho esta semana si la concesionaria se lo dio a la policía el 29 de marzo.

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[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. La pesquisa del asesinato de Silvia Suppo sumó otro punto oscuro. El juez Alejandro Mognaschi (Instrucción Nº 2), investiga ahora por qué un video de la estación de micros de Rafaela en el que se observa a los dos lavacoches que se atribuyeron el homicidio, Rodrigo Sosa y Rodolfo Cóceres, recién llegó a su despacho esta semana, cuando la concesionaria de la Nueva Terminal informó que se lo había entregado "a personal policial de investigaciones" hace dos meses, el 29 de marzo, poco después del crimen. La policía negó haber tenido acceso a esa copia. Y hasta el ministro de Seguridad de la provincia, Alvaro Gaviola, avaló esa versión y dijo que "no le consta" que la prueba hubiera estado poder de sus subordinados. La querella solicitó entonces al juez que pida explicaciones a la cúpula policial de Rafaela y mañana, a las 9, está citado el subjefe de la Unidad Regional V, comisario Leandro Amaya, para explicar el asunto en Tribunales.
El video que Mognaschi incorporó a la causa es una copia de seguridad que la Nueva Terminal tenía en su archivo de imágenes. El lunes pasado, el juez citó a declarar al responsable de la empresa, Carlos Cassinerio y al apoderado, Hernán Gunzinger, quienes ratificaron lo que ya le habían informado por escrito. "La Nueva Terminal cuenta con un sistema de monitoreo a través de cámaras IP, el cual está a cargo de la empresa Wiltell, como así también el almacenamiento de imágenes". Y "estos archivos fueron entregados a personal policial de investigaciones para el proceso de los mismos", dice la nota que Cassinerio remitió el juez, el 26 de mayo.
Los abogados querellantes solicitaron entonces a Mognaschi que le pida informes al jefe de la Unidad Regional V, comisario Juan José Mondino y a su segundo, comisario Amaya, para saber si "el 29 de marzo, la concesionaria Nueva Terminal de Rafaela entregó a personal de investigaciones, archivos de imágenes de video almacenadas en su sistema de monitoreo y en su caso, dónde se encuentran" y "si fueron aportados a la causa".
El lunes pasado, cuando Cassinerio y Gunzinger declararon ante el juez, uno de ellos ratificó que el "video del 29 de marzo fue entregado a un policía de investigaciones", según reveló a Rosario/12 la abogada querellante, Lucila Puyol. "Lo que pasa es que ellos no tienen el nombre de ese policía porque en ese entonces hubo varios procedimientos. Un policía fue, se los pidió y ellos se lo entregaron en plena confianza del rol que estaba cumpliendo. Pero lo que sucedió después es que la Policía en ningún momento informó al juez ni a la fiscal sobre ese video, ni lo incorporó como prueba en la causa", agregó Puyol.
Sin embargo, Cassineiro le dijo al juez Mognaschi que la empresa tenía en su poder una copia de seguridad del video y se la entregó. "Por eso, el Juzgado tiene el video porque lo aportó la Nueva Terminal y no la Policía", explicó la abogada. Esa es la contradicción que ahora investiga el doctor Mognaschi. Por qué la empresa concesionaria de la estación de micros le informó que había entregado el video a "personal de investigaciones" de la Policía de Rafaela hace dos meses. Por qué -si fue así la Policía no lo incorporó a la causa. Y por qué, ahora la Policía niega haber tenido ese video.
"No sé cuáles son las razones de todo esto", dijo Puyol. "Pero no vemos la diligencia, la velocidad, ni la prolijidad de la investigación policial de la que hablan algunos funcionarios del gobierno de la provincia", indicó la abogada.

¿Y qué motivaciones puede haber para no incorporar esa prueba al expediente? -preguntó Rosario/12.
Desconozco si hay razones subjetivas. Pero si recibieron de la Nueva Terminal un video que era importante para el esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo y no lo incorporaron a la causa, no sólo no cumplieron con su función, sino que además tienen una responsabilidad de la cual tendrán que dar explicaciones y nosotros se la pediremos.

¿La policía podría averiguar a quién le entregaron el video?
Debería averiguar. Pero recordemos que la supuesta investigación de la Policía no descubrió quién era el remisero que llevó a Sosa y Cóceres después del asesinato de Silvia Suppo hasta la Terminal de Rafaela (para viajar a Santa Fe en el colectivo de las 15) -dijo Puyol. Y siguió: "Hubo muchas cosas que no descubrió la Policía. No descubrió huellas y rastros en el escenario del crimen, donde la tan mentada prolijidad se tornó en una desprolijidad absoluta al no vallar el lugar y permitir el acceso de otras personas. Al día siguiente, la fiscal (Cristina Fortunato) tuvo que pedir un nuevo peritaje de personal de la Unidad Regional I y quince días después se ordenó un tercer peritaje de Gendarmería. Entonces, si tuvieron que venir peritos de Santa Fe y de Gendarmería es porque la investigación policial de Rafaela no fue tan prolija", concluyó la abogada querellante.

13 de junio de 2010
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prisión perpetua para represor

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Esa condena consideró el Tribunal Oral y Federal de Mar del Plata que le corresponde al ex subjefe de la Base Aérea de Mar del Plata, Gregorio Molina, por el homicidio de los abogados Óscar Centeno y Jorge Roberto Candeloro, tres violaciones a Marta García y la misma cantidad de accesos sexuales a Leda Barreiro, uno de ellos en calidad de tentativa, todos delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

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Argentina. Los jueces Juan Leopoldo Velázquez, Beatriz Torterola y Juan Carlos París condenaron a prisión perpetua, a cumplir en cárcel común, al represor Molina, de 64 años, por delitos de lesa humanidad cometidos en la ultima dictadura militar.
Al cabo del proceso judicial al que fue sometido Molina, que comenzó el 6 de mayo, el ministerio público había requerido en su alegato la prisión perpetua, accesorias legales y costas para el acusado.
En tanto, la Fiscalía consideró que Molina era coautor responsable del delito de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y con concurso premeditado de dos o más personas. En tal sentido había pedido al Tribunal que tenga en cuenta el informe de la CONADEP que da cuenta de una metodología constante a lo largo del país como contexto del terrorismo de Estado.
La querella a cargo del doctor César Sivo había solicitado la reclusión perpetua, accesorias legales y costas para el ex subjefe de la Base Aérea de Mar del Plata, pedido que coincidió con el realizado por el Colegio de Abogados.
El alegato de la querella consideró que "no importa que en la ejecución la reclusión y la prisión sean lo mismo, pero sí importa que la sociedad entienda que estos delitos cometidos de esta forma merecen una pena de reclusión perpetua, y no la pena de prisión perpetua".
Se trata del segundo juicio oral que se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.

10 de junio de 2010
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rechazan recusación de jueza

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La Cámara Federal de San Martín rechazó la recusación de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Los camaristas advirtieron que el pedido de recusación de los abogados de la dueña de Clarín fue presentado fuera del plazo legal. Además, señalaron que no hay motivos para dudar de la imparcialidad de la jueza. 

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[Raúl Kollmann e Irina Hauser] Argentina. La Cámara Federal de San Martín rechazó la recusación planteada por Gabriel Cavallo, abogado de Ernestina Herrera de Noble, contra la jueza Sandra Arroyo Salgado. Los tres camaristas, Daniel Rudi, Alberto Criscuolo y Hugo Gurruchaga, señalaron que la magistrada instruye la causa desde el 30 de abril de este año y que la defensa de la dueña de Clarín recién presentó la recusación el 28 de mayo, fuera del plazo legal. Sin embargo, la Cámara se metió en el fondo del pedido de apartamiento de la jueza y señaló que Arroyo Salgado no prejuzgó y no intervino en la misma causa, por lo que tampoco hay motivos para dudar de su imparcialidad. En varios tramos de la resolución, los camaristas mencionan que uno de los objetivos de la Justicia es evitar las demoras, algo sobre lo que vienen insistiendo en el caso de Marcela y Felipe Noble Herrera. Es que la propia Cámara dijo hace seis años, en 2004, que había que hacer los estudios de ADN en forma inmediata, y lo cierto es que empezaron a hacerse el lunes. La semana próxima, Arroyo Salgado se expedirá sobre otro de los planteos de la defensa de Herrera de Noble: la impugnación al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
La Cámara expresó otra vez su firmeza en la causa. La resolución sugiere, entre líneas, que la recusación puede ser una estrategia para pasar de un juez a otro y luego a otro y a otro, como forma de frenar la investigación todo lo posible.
Cavallo pidió el apartamiento de Arroyo Salgado sosteniendo que se enteró el 28 de mayo de que la jueza había opinado sobre Herrera de Noble en la causa en la que se trató la conducta del ex juez Roberto Marquevich. La Cámara le contestó en tono crítico diciéndole que Arroyo Salgado se pronunció sobre Marquevich en septiembre de 2009 y que en aquel expediente hubo participación de los abogados de la dueña de Clarín. De manera que –dijo la Cámara– no pueden alegar que se enteraron en los últimos días de algo que Arroyo Salgado escribió hace medio año. El Código establece un plazo de 48 horas para una recusación y dado que la jueza instruye el expediente desde el 30 de abril, los tiempos están totalmente vencidos.
Pese a que ese solo argumento era suficiente para rechazar el apartamiento de Arroyo Salgado, los camaristas sumaron varios conceptos más en las 17 páginas de la resolución. Entre otras cosas, sostuvieron que la jueza no intervino antes en el mismo expediente ni tampoco opinó extrajudicialmente sobre el caso. "El incidente de recusación debe ser rechazado por improcedente desde la garantía de imparcialidad consagrada en la Constitución", concluyeron los camaristas.
La estrategia de la defensa de Herrera de Noble pasó, al mismo tiempo, por distintos planteos:

- Cuestionar la toma de muestras ordenada por Arroyo Salgado en el procedimiento que se hizo el viernes 28 de mayo. Aunque públicamente los letrados hicieron conocer sus objeciones a través de los medios de comunicación y hablaron de una medida "vejatoria" y "violatoria de los derechos", en el expediente no sostuvieron nada parecido. La abogada de Marcela y Felipe, Roxana Piña, asistió al inicio de los estudios de ADN y no hizo objeción alguna. Incluso Piña firmó el acta de la recolección de muestras en el mismo momento del allanamiento sin hacer cuestionamientos. Parece haber cierto contraste en las últimas semanas entre el planteo público de Cavallo, defensor de Herrera de Noble, y la actuación de Alejandro Carrió y Roxana Piña, abogados de Marcela y Felipe.

- La recusación de Arroyo Salgado fue también para frenar los análisis de ADN, al punto que al mismo tiempo se presentó un pedido de postergación. Ayer la Cámara fue categórica y, sobre el final, señaló que no hay motivos para más demoras, con lo cual el planteo de postergación se convirtió en abstracto.

- Queda el planteo de la impugnación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Hoy vence el plazo para que se presenten las distintas posturas, incluyendo las de Abuelas de Plaza de Mayo y las familias querellantes. La impugnación del BNDG provocó un abrazo al Hospital Durand por parte de organizaciones de derechos humanos. La jueza resolverá la impugnación la semana próxima y todo indica que la va a rechazar, porque, además, en los tres casos anteriores similares en que intervino ordenó verificar la identidad en el BNDG.

9 de junio de 2010
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mantienen condenas a represores

La Justicia se negó a revisar las condenas de represores. Según la defensa, las penas fueron "arbitrarias".

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Argentina. La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó dos recursos presentados por los represores Luciano Menéndez y Antonio Bussi en los que solicitaban la revisión las condenas a cadena perpetua que recibieron en 2008. Los camaristas los calificaron de "inadmisibles" y carentes de "cabal respaldo".
Los magistrados Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Díaz Ojeda, con la intervención de la secretaria María Eugenia Di Laudo, calificaron de "inadmisible" a los recursos presentados para que la Corte Suprema revea esas condenas.
El fallo de la Cámara es un rechazo a un recurso extraordinario presentado por las defensas de ambos represores, que previamente habían recibido la misma respuesta ante un recurso de casación contra el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, que los responsabilizó por el homicidio del senador Guillermo Vargas Aignase.
Para los abogados, las condenas recibidas por Bussi y Menéndez había sido "arbitraria", algo que los camaristas no compartieron al sostener que "los argumentos expuestos no alcanzan para dar cabal respaldo a la pretensión".
"No basta con echar mano a la doctrina de la arbitrariedad de sentencia para que prospere tal impugnación", sostuvieron los jueces, que agregaron que "es menester exponer a la luz los errores que se le atribuyen al fallo atacado", algo que no realizaron los defensores de los represores.
La defensa también pidió la declaración de inconstitucionalidad de la prisión perpetua pues, a su entender, "resulta violatoria del principio de humanidad de las penas y constituye una pena cruel, inhumana y degradante que a su vez impide ajustar una respuesta punitiva proporcionada".

8 de junio de 2010
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