argentina

comenzó análisis de muestras

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Comenzaron los estudios para cotejar los ADN de Felipe y Marcela Noble. Nadie cuestionó las muestras.

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[Raúl Kollmann] Argentina. Los estudios para cotejar los ADN de Felipe y Marcela Noble Herrera con las familias de desaparecidos empezaron ayer por la mañana sin obstáculos. En presencia de la jueza Sandra Arroyo Salgado, los testigos certificaron que las heladeras en las que se guardó el material genético de los hijos de la dueña de Clarín, estaban precintadas y con las firmas que hicieron el día en que se hizo el procedimiento en la casa de Ernestina Herrera de Noble. Dentro de las heladeras, el material estaba guardado en sobres, también firmados, y los especialistas resolvieron utilizar parte de las muestras, dejando el resto para una eventual contraprueba. Organizaciones de derechos humanos realizaron un abrazo al Hospital Durand para reafirmar su respaldo al Banco Nacional de Datos Genéticos, que permitió la restitución de la identidad de decenas de hijos de desaparecidos.
En el inicio de los estudios estuvieron presentes la titular del BNDG, María Belén Rodríguez Cardozo, que actúa como perito oficial; la perito de parte que representa a Ernestina Herrera de Noble, Primarosa Chieri; el perito que asiste en nombre de Marcela y Felipe, Alejandro Ruiz Trevisán, y el especialista de Abuelas de Plaza de Mayo, Carlos Vullo. Quien no asistió fue la ex jefa del BNDG, Ana María Di Leonardo, que todavía no aceptó actuar en la causa. A partir de hoy, todas las tardes se fija el horario de los estudios para el día siguiente, de manera que los profesionales estén presentes en cada una de las jornadas. Se estima que los estudios estarán listos en un plazo de quince a veinte días.
El punto clave del comienzo de ayer fue la certificación de que el material secuestrado el viernes 28 de mayo, en el procedimiento realizado en casa de la dueña de Clarín, era el mismo que se presentó ayer para hacer los estudios. La ropa que entregaron Marcela y Felipe, después de cambiarse en el baño de esa vivienda, estaba conservada en heladeritas que, adentro, contenían sobres con el material.
Todo estaba lacrado y con las firmas de los que estuvieron presentes aquella vez: la abogada de los hermanos Noble Herrera, Roxana Piña, el secretario del juzgado y los dos testigos civiles convocados para el procedimiento. Ayer no hubo objeciones en ese terreno: las firmas fueron reconocidas por todos y quedó certificado que el material era el mismo que se tomó en el allanamiento. El silencio incluyó a la abogada Piña, pese a todo lo que se había publicado sobre las supuestas condiciones "vejatorias" en las que aseguran que se realizó la obtención de muestras.
Una vez realizada esa verificación, que se dejó asentada en un acta, la jueza y los letrados –entre ellos el que representa a las familias querellantes, Pablo Llonto– se retiraron para permitir el trabajo técnico. "Las cosas se hicieron con toda la normalidad, tal como marca la ley", confirmó el apoderado de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, Mariano Gaitán, quien, tras participar del procedimiento, informó que "las partes no manifestaron ningún planteo, de modo que esto va a continuar normalmente. En los próximos días tendremos noticias sobre el resultado".
Paralelamente, militantes de organizaciones de derechos humanos, sociales y sindicales realizaron durante la mañana un abrazo simbólico al Banco Nacional de Datos Genéticos. En este marco, Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, expresó su repudio a que "haya dudas sobre la seriedad del trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos" y reafirmó la exigencia de "memoria, verdad y justicia". Dijo que, "si Marcela y Felipe Noble Herrera son apropiados o no, se va a saber por la seriedad de este Banco Nacional de Datos Genéticos".
En tanto, la secretaria general de Ctera, Stella Maldonado, destacó la necesidad de "acompañar, una vez más, la lucha contra la impunidad y por la identidad de los jóvenes apropiados por los genocidas" y sostuvo que la causa que involucra a Felipe y Marcela Noble Herrera "conmueve a todos en tanto ciudadanos". Maldonado remarcó que se trata de "una de las causas más profundas que hacen a la posibilidad de reconstituir a la sociedad argentina de lo que ha significado la dictadura militar, el genocidio, la apropiación de niños, y la necesidad de afrontar que todavía hay 400 jóvenes que no han recuperado su identidad".
Por otra parte, Roberto Baradel, secretario general de Suteba, consideró que "es central defender al Banco Nacional de Datos Genéticos, que ha permitido la recuperación de la identidad de muchos chicos apropiados. Hoy, abogados inescrupulosos, grupos mediáticos y grupos económicos lo están atacando vilmente y, por eso, hacemos este abrazo, por el derecho a la identidad", sostuvo Baradel.
"Que se ponga en duda el trabajo que aquí se realiza es que se ponga en duda mi identidad y la de mis viejos", cerró uno de los nietos recuperados, que se encontraba ayer en el acto.

8 de junio de 2010
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en boca cerrada no entran moscas

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Dijo el avestruz antes de esconder la cabeza en la arena. Gobierno argentino optó por el "no comment". El canciller Taiana se reunió ayer con su par chileno, Alfredo Moreno, en el marco de la Asamblea de la OEA. Pero luego no hubo comentarios. El embajador halagó la política de derechos humanos.

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Argentina. El canciller Jorge Taiana conversó ayer con su par chileno, Alfredo Moreno, en Lima sobre la situación creada por las declaraciones del embajador en Buenos Aires, Miguel Otero. Los cancilleres compartieron la larga jornada de sesiones de la Asamblea de la OEA y en algún momento se los vio hablando a solas, aunque no trascendió el contenido de la charla. Pese a que obviamente los dichos del embajador no cayeron bien, el gobierno argentino no hará ni declarará nada a propósito de la situación de Otero.
Desde el vamos, la llegada de Otero –ex senador de la Renovación Nacional, de orientación pinochetista– causó escozor en Buenos Aires. En algún momento se evaluó la posibilidad de rechazar la designación, pero en un gesto de buena voluntad hacia la gestión de Sebastián Piñera, la presidenta Cristina Kirchner le dio el plácet de inmediato. Es que mucho se había hablado sobre el posible enfriamiento que podría darse en la relación bilateral a partir del traspaso en Chile entre la socialista Michelle Bachelet y el derechista Piñera, y desde ambos lados de la Cordillera buscaron hacer gestos para eliminar tensiones. Piñera eligió Buenos Aires para su primer viaje al exterior y Cristina Kirchner respondió aceptando al embajador designado, pese a la mochila que cargaba.
En el gobierno destacaban que los dichos de Otero tenían que ver únicamente con la realidad chilena y que no había hablado de Argentina. Es más, remarcaban que los pocos contactos que el embajador mantuvo con la presidenta se desarrollaron con total amabilidad. Ayer, Otero, en su intención de calmar el revuelo, halagó a Cristina Kirchner. "En este mes que he estado en la Argentina he aprendido a apreciar la labor de la presidenta Fernández en el manejo de los derechos humanos. Lo están haciendo en forma extraordinariamente adecuada. Han entregado las cosas a la Justicia y han entendido el profundo dolor que sintieron todas aquellas personas que fueron víctimas de una dictadura", buscó mostrarse entusiasmado el embajador.
Claro que para entonces pocos creían en la repentina preocupación de Otero por las víctimas de las dictaduras militares. El CELS emitió un comunicado de repudio. "Resulta preocupante que mientras la sociedad argentina avanza en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, el representante de un país que ha sufrido las gravísismas consecuencias de la implantación del terrorismo de Estado pondere los supuestos beneficios de estos acontecimientos", dijo Gastón Chillier, director del CELS.
Del sector político, el diputado radical y presidente de la Comisión de Defensa, Julio César Martínez, salió a pedir que el gobierno argentino revoque el plácet a Otero. "Proviniendo de quien provienen, dichas declaraciones no pueden ser tomadas como un exabrupto", concluyó.

8 de junio de 2010
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reivindican banco genético

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Tres jóvenes que recuperaron su identidad después de 2006 responden a los cuestionamientos al Banco Nacional de Datos Genéticos. El abogado de Ernestina Herrera de Noble, Gabriel Cavallo, impugna el trabajo del BNDG a partir de 2006. Tres nietos recuperados después de esa fecha reivindican el funcionamiento de la institución que les permitió conocer sus orígenes.

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[Victoria Ginzberg] Argentina. Francisco Madariaga supo en febrero de este año que su mamá estaba desaparecida. Pudo abrazar a su papá, que lo había buscado durante 32 años. Martín Amarilla se enteró quién era en noviembre de 2009, dos años después de que le sacaran sangre. Alejandro Sandoval recuperó su identidad en junio de 2006, y en su caso hubo que hacer dos allanamientos en su casa porque él se resistía a enfrentarse con la verdad. Si prospera el planteo del ex juez Gabriel Cavallo, nuevo defensor de Ernestina Herrera de Noble, que impugna el trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos desde 2006 a la fecha, sus orígenes y el de otras quince personas volverían a quedar cuestionados. "Resulta que nos chuparon treinta y pico de años y nos quieren meter en esta pelea. No lo merecemos. Yo me siento manoseado. Es faltarle el respeto a mucha gente. A mí, a mi mamá muerta, a las Abuelas", se enoja Francisco." Para nosotros, que ya recuperamos la identidad, el planteo es hasta ridículo, pero también están los que están por venir, los 400 nietos que faltan", agrega Martín. Alejandro habla en nombre de todos cuando dice: "Acá lo que importa son los chicos: si se hace el análisis y resulta que son hijos de desaparecidos, tiramos la casa por la ventana porque significa recuperar a dos hermanos. No nos importa el monopolio, la política, no nos importa nada. Los estamos esperando, como a los 400 que faltan. Y les vamos a dar el tiempo que necesiten".
Las historias de Alejandro, Martín y Francisco son únicas, pero hay aristas en las que se reconocen. Y tal vez sólo ellos y el resto de los jóvenes que pasaron por el trance de dudar si eran hijos de desaparecidos que fueron apropiados durante la última dictadura militar puedan asomarse a la idea de lo que les pasa por la cabeza a los hijos adoptivos de la dueña de Clarín. En el caso de Felipe y Marcela Noble Herrera ni siquiera está comprobado si están atravesados por el terrorismo de Estado. Pero esta duda inicial sólo podrá ser superada si se concretan los análisis de ADN que los abogados de Herrera de Noble lograron postergar durante más de ocho años.
Alejandro, Martín y Francisco fueron apropiados por agentes de inteligencia vinculados a la represión ilegal. Alrededor de treinta jóvenes restituidos crecieron, en cambio, con civiles que los adoptaron. En general, estas personas no fueron detenidas, ya sea porque fueron terceras de "buena fe" o porque los jueces decidieron no procesarlas.
Preguntas
La charla no empieza por el caso de los hermanos Noble Herrera. Los jóvenes quieren reivindicar sus orígenes, sus búsquedas y las de sus familias y el proceso que llevó a que los tres se encuentren a tomar unos mates en la sede de las Abuelas de Plaza de Mayo. Creen que a partir del cuestionamiento al BNDG que hacen los abogados de Clarín sus propias historias están siendo impugnadas.
El termo lo trae Martín. Alejandro es el único de traje y corbata. Francisco es el último en llegar y los otros elogian su remera: fondo negro y en letras naranjas la leyenda "la identidad que florece es la que nace de la verdad". Por momentos, las preguntas las hacen ellos. "¿Cómo te llevabas con tu apropiador? ¿Era violento?", interroga Francisco a Martín. Eso sí, después dirá: "No preguntes más, periodista, sobre por qué tenía la certeza de ser hijo de desaparecidos. Eso se lleva adentro. Es difícil de explicar".

Dos Años de Espera
Martín dice que dudaba desde el nacimiento. Que su adopción era una certeza. Pero nadie se lo confirmaba. Como sus apropiadores eran grandes, creía que tal vez eran sus abuelos biológicos y que le ocultaban la muerte de sus verdaderos padres. En 2007 fue a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y se sacó sangre para saber si era hijo de desaparecidos. El resultado fue negativo. Le dijeron que existía la posibilidad de que efectivamente fuera hijo de desaparecidos pero que por algún motivo su caso no estuviera entre las muestras del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). El prefirió hacer borrón y cuenta nueva. Dos años después, recibió un llamado telefónico. Le pidieron que se presentara en la Conadi. Una sobreviviente de Campo de Mayo había asegurado que la desaparecida Marcela Molfino había dado a luz a un niño mientras estaba secuestrada en ese centro clandestino. Pero el dato no figuraba en Abuelas. El caso no había sido denunciado nunca antes. Otros dos testimonios sumaron coincidencias y, así, la sangre que Martín había dejado en el Banco se cruzó con muestras que fueron solicitadas a las familias de Marcela Molfino y Guillermo Amarilla. "Cuando secuestran a mi vieja nadie sabía que ella estaba embarazada. Algunos piensan que quedó embarazada en cautiverio, porque ella y mi papá estuvieron un tiempo detenidos juntos en la ESMA. Otros piensan que estaba de una o dos semanas cuando se la llevaron. Pero son conjeturas. Cuando la secuestraron, hubo un tiroteo y la hirieron. Muchos pensaban que había muerto al poquito tiempo. Menos iban a pensar que estaba embarazada."
Su apropiador se llamaba Jorge García de la Paz y era auxiliar contable del Batallón 601, pero a Martín le daba vergüenza y en la escuela decía que era empleado, oficinista. Murió cuando Martín tenía 14 años:

"El vínculo era extraño, era alcohólico. Por momentos estaba todo bien y por momentos era un infierno. Conmigo no era violento. Me preguntaba si era feliz. La violencia pasaba por otro lado, la mentira ya es un acto de violencia. Con ella (su apropiadora) sí era violento, no llegaba a pegarle, pero estaba al límite. Yo sentía la necesidad de contenerla."

Sin Demoras
"A mí me tocó un tipo bastante más jodido –arranca Francisco–, tenía una relación violenta. Tenía una agencia de seguridad, yo fui a trabajar ahí en el último tiempo y eran amenazas de muerte, peleas constantes. El jamás me iba a decir la verdad. Mi meta era hacer quebrar a la mujer y el dos de febrero lo logro, me dice que no soy su hijo. El 3 vine a Abuelas, el 4 me saqué sangre y el 17 de febrero me dicen... Ahora él está en Marcos Paz con sus amigos." El es Víctor Alejandro Gallo, también agente de inteligencia del Ejército, que fue detenido por la jueza Sandra Arroyo Salgado.
Francisco no quiere que nadie le saque el mérito de haber encontrado a su papá (Abel Madariaga, secretario de Abuelas de Plaza de Mayo), de recuperar la historia de su mamá, Silvia Quintela, que lo parió en Campo de Mayo, y de haber mandado al ex carapintada Gallo a prisión. Nadie. Y menos el ex juez Cavallo: "Mi apropiador estuvo vinculado a la causa AMIA, le alquiló ametralladoras antiaéreas al Gordo Valor, tiene la Masacre de Benavídez y yo lo metí preso. Yo vine a Abuelas. Y esto que hacen tira para atrás toda mi lucha y la de todos nosotros". Encontrar su identidad fue, para Francisco, poner nombre y apellidos, hacer historia con la certeza que siempre llevó adentro, aunque admite que de chico recibió algunos mensajes. "Cuando el padre de Gallo estaba viejo y se estaba por morir, tenía demencia senil. El me decía ‘zurdito, puto, maricón, sacate el arito’. Todos decían ‘está loco’... y después me entero de todo. ¡El viejo me estaba diciendo la verdad! ¡Estaba buenísimo!"

Dos Años de Resistencia
Alejandro escucha y dice que los admira. El jamás tuvo dudas. Tenía una linda y apacible vida. El año pasado, durante el juicio a su apropiador, Víctor Rei, él fue testigo por la defensa. "Yo defendía lo que conocía, tuve una buena crianza, una buena educación y me pasó todo lo contrario que a ellos dos. A Amarilla le daba vergüenza decir que su padre era militar y yo me mudé cuando me enteré que podía ser hijo de desaparecidos, me daba vergüenza, nunca había escuchado qué era un desaparecido, qué era una Abuela de Plaza de Mayo", cuenta Alejandro.
Su vida cambió un buen día en que un mensajero le tocó la puerta con una citación de la jueza María Servini de Cubría. Cuando fue a Comodoro Py para ver de qué se trataba, se encontró con el secretario letrado Ricardo Parodi Lascano, que le dijo que podía ser hijo de desaparecidos y le pidió 240 mil pesos para "perder el expediente" (el funcionario judicial fue denunciado por Alejandro Sandoval y dejó su cargo). Rei fue a prisión y desde allí lo llamaba para que se negara a sacarse sangre. "Tenés que cuidar a Alicia (su apropiadora), si te hacés el análisis la van a meter a ella en cana", le decía.
Servini de Cubría ordenó un allanamiento, pero Rei fue alertado y le avisó a Alejandro, que ahora relata: "Preparamos el lugar, agarramos el cepillo de dientes de él y se lo pasamos por la boca al perro, el peine también. Los policías que vinieron, en ese entonces lo hacían policías, se sentaron a tomar mate y nos pedían ‘dame el cepillo de dientes’, ‘tomá el del perro’, ‘un peine’, ‘tomá el del perro’. Me pidieron una prenda y cuando voy a agarrar algo del lavarropas, me dicen `dame esa que está limpia`. También se llevaron sábanas y toallas limpias. Cuando llega a las manos de Servini y ve cómo estaban las cosas, dio una nueva orden y ahí vinieron a las tres de la mañana, ya vinieron con testigos, todo bien, hicieron lo que tenían que hacer. A mí me molestó que vinieran a las tres de la mañana. Si agarro y te pido tu media, a vos te va a molestar... es molesto que te saquen tus cosas, pero si vas al trasfondo de por qué te hacen esto, una vez que pasa el vivo, que te enfriaste, decís ‘tienen razón’. Es que no te querés hacer el análisis de sangre para saber una realidad porque estás defendiendo a una persona que por suerte y por desgracia te dio una buena vida. Pero atrás de todo eso hay una lucha de más de treinta años de gente que quiere saber dónde están sus nietos. Vos sos mamá, te roban a tu hijo, vos querés saber dónde está".
Alejandro asegura que, a él, el clic le hizo cuando terminó el juicio contra Rei. Su apropiador y su familia lo responsabilizaron por la condena a 16 años que recibió. Agradece que la Justicia se llevara sin preguntar sus prendas –las sucias– al Banco Nacional de Datos Genéticos, porque fue la forma de saber la verdad sin sentir culpa. "Lo dije el año pasado cuando la Corte Suprema avaló los allanamientos, para mí es lo mejor que hay, a mí me sacó la mochila." Entre los varios planteos que hizo Rei en el proceso judicial, también figuró la impugnación a los análisis de ADN de Alejandro. Para despejar toda duda, el examen se repitió, esta vez, a través de una muestra de sangre, pero el resultado no varió.
"Es un proceso. A uno le puede llevar un día, a otro, un año, y capaz que a otro le lleva una vida. Está el caso de Matías Reggiardo Tolosa, a quien considero un hermano. El salió en la tele diciendo que no quería saber nada, etc. Pero Matías estuvo el otro día acá, vino a hablar con Estela. Las Abuelas no publicitan esas cosas, porque las Abuelas no le dicen a nadie ‘tenés que hablar’. Marcela y Felipe deben querer a esa mujer. No lo discutimos. Pero ellos conocen una historia y es probable que no sea la verdad", dice Alejandro.

Dos Hermanos
Marcela y Felipe. Alejandro, Martín y Francisco quisieran preservarlos. Quisieran sentarse a tomar un café con ellos y preguntarles cómo están y no mencionar la causa judicial. Pero también se preguntan, porque lo saben, cómo se aguantan vivir sin un "contexto", no saber a quién se parecen, de dónde vienen algunos de sus deseos. "Es un presente continuo que no te lleva a ninguna parte. Es la mentira constante", aseguran. Alejandro está convencido de que "no hay nada más lindo que saber la verdad, aunque te puede doler". "Hablan de vejación –agrega–, vejación es la que sufrieron nuestros viejos." Los tres se irritan cuando cuestionan a las Abuelas. "Sin ellas, sin el Banco Nacional de Datos Genéticos, nosotros no sabríamos nada", se hace oír Martín. Se enojan porque los abogados de Clarín actúan como si los análisis se fraguaran con el único objetivo de ganar una pelea política: "A las Abuelas no les interesa cualquier chico, una abuela quiere a su nieto. Y si el análisis da y desconfían, que se lo repitan en cualquier parte del mundo", coinciden. "A mí me llevó diez años llegar acá –cuenta Francisco–. El proceso lo hice antes y lo sufrí. Pobrecito el que tiene que vivir un minuto lo que viví yo. Ellos hablan con bronca del procedimiento, pero a mí me pasaron un montón de cosas y hasta que no conocí a mi familia, a mis tíos, a mis primas, no me puse en ese lugar: la puta..., me sacaron a toda esta gente que era mía, que me quiere, que haga lo que haga va a estar. Había un montón de gente, pero un montón, que ni me podía imaginar, esperándome. Estos chicos no son libres. Ellos no están hablando. No sé lo que están pasando y tampoco los cuestiono. Pero si los querés, dejalos que conozcan su verdad."

6 de junio de 2010
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cerca del desenlace

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El caso Noble Herrera se acerca al desenlace. Salvo una improbable intervención de última hora de la Cámara Federal de San Martín (el tribunal que ordenó apurar el análisis), mañana comenzarán las pruebas genéticas para determinar si los jóvenes adoptados por la principal accionista del Grupo Clarín son o no hijos de desaparecidos.

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[Horacio Verbitsky] Argentina. Mañana a las 8.30 comenzará en el Banco Nacional de Datos Genéticos el análisis de las prendas de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, cuya identidad reclaman conocer las Abuelas de Plaza de Mayo. Distintas organizaciones sociales y defensoras de los Derechos Humanos están organizando un abrazo al Hospital Durand, donde funciona el BNDG, en apoyo a la realización de una prueba a la que desde hace nueve años se oponen tanto la principal accionista del Grupo Clarín como sus hijos. Al mismo tiempo la Cámara Federal de San Martín ha convocado a las partes a una audiencia por la recusación de la jueza Sandra Arroyo Salgado que presentó la heredera de Clarín, representada por el ex juez federal Gabriel Cavallo. Arroyo, que el viernes rechazó la recusación y la elevó a la Cámara, debe resolver otra presentación de Cavallo que cuestiona la realización de esas pruebas en el BNDG. Fue esa misma Cámara la que apartó de la causa al juez Conrado Bergesio por su reticencia a ordenar el test genético e indicó a la nueva titular que lo hiciera de inmediato. Parece acercarse a un posible esclarecimiento un caso que con el paso de los años ha ido adquiriendo mayor repercusión pública, potenciada por la dura pugna que en todos los terrenos enfrenta al Grupo Clarín con el gobierno nacional. El escrito de Ernestina Herrera señala que el 24 de marzo de este año la presidente CFK la mencionó en un discurso como apropiadora, algo que no está establecido en la causa. En otros casos, los jóvenes cuya identidad se procuraba conocer también se opusieron al análisis, lo cual dio lugar a dos fallos de la Corte Suprema de Justicia, uno rechazando la extracción compulsiva de sangre, y el otro admitiendo métodos alternativos menos invasivos, pero ninguno alcanzó similar estado público.

Las Adopciones
En diciembre de 2002 el juez federal Roberto Marquevich ordenó la detención de la señora de Noble, basado en las irregularidades comprobadas en los dos expedientes de adopción. El que corresponde a Felipe, sostiene que la madre, Carmen Luisa Delta, lo puso a disposición del tribunal de menores Número 1 de San Isidro, el 7 de julio de 1976. Ese mismo día, su titular, Ofelia E. Hejt, ordenó su entrega a la editora periodística, sin disponer ningún estudio ambiental ni determinar el lugar y las circunstancias del nacimiento de la criatura. La misma conducta siguió en el caso de Andrés La Blunda, de dos meses, que el Ejército dejó en casa de un vecino el 20 de abril de 1977 luego de secuestrar a sus padres, que nunca reaparecieron. De inmediato, la jueza lo entregó a una hermana del vecino. Según los archivos de ese tribunal, en todos los otros casos que la misma jueza atendió entre 1975 y 1978, las guardas provisorias se concedían recién al cabo de varios meses, que se empleaban en investigar tanto a los padres como a los adoptantes. Además de estas llamativas excepciones, Marquevich comprobó que la señora Delta no existía y que el número del documento de identidad mencionado correspondía a un hombre. En el caso de la niña, la investigación figura como realizada, pero los datos son falsos. La señora Herrera declaró que la bebita había aparecido en el jardín de su casa en las Lomas de San Isidro el 2 de mayo de 1976. Ofreció como testigos a la vecina de al lado y al cuidador de la casa de la vecina. En el expediente de adopción de 1976, vecina y cuidador confirmaron esa versión. Pero el 6 de mayo de 2001, Roberto Antonio García, entonces de 85 años, declaró ante Marquevich que nunca fue cuidador de esa casa ni vivió en Lomas de San Isidro. En cambio durante casi 40 años condujo el auto de Roberto Noble primero y de su viuda después. Tampoco la presunta vecina vivía allí, según declaró su nieta y confirmó la Policía Federal. Por último, el juez también corroboró otra afirmación del chofer, con informes del Registro de las Personas y de la Cámara Electoral: que tampoco la señora de Noble vivió nunca en la dirección de Lomas de San Isidro que figura en el expediente de adopción. Ese domicilio sirvió para elegir el dadivoso juzgado de Ofelia Hejt, quien murió antes de declarar en esta causa. En la adopción los niños recibieron los apellidos Noble y Herrera, pese a que Roberto J. Noble había fallecido una década antes.

La Recusación
La falsedad de estos instrumentos fue la base para la sospecha, para la citación a indagatoria de la señora Herrera y para el análisis genético ordenado. La Cámara Federal dispuso su libertad y desde entonces su situación procesal es la falta de mérito, es decir que no hay pruebas suficientes para procesarla pero tampoco para sobreseerla y debe seguir la investigación. El CELS cuestionó entonces la detención como prematura, porque no estaba probado que Marcela y Felipe fueran hijos de detenidos desaparecidos, único caso en el que los delitos comprobados no habrían prescripto. Lo que nadie podía imaginar entonces es que ocho años después esas pruebas no se hubieran realizado, por la oposición de los Noble.
La recusación, que la jueza rechazó, fue presentada fuera de los plazos procesales admitidos. Arroyo Salgado se hizo cargo de esta causa en marzo. Cavallo sostuvo que recién el 28 de mayo supo que la jueza también había intervenido en el expediente que se le sigue a Marquevich por la detención de su cliente, pero los carísimos abogados anteriores de la señora Herrera sabían de esta intervención de Arroyo, ya que ellos fueron quienes denunciaron al ex juez y controlaron el expediente. Según Cavallo esto implicó un prejuzgamiento contra la señora de Noble. El hecho significativo es que la recusación recién fue presentada luego de que la jueza ordenara el tan demorado examen de ADN, lo cual la asimila a una nueva maniobra dilatoria. El artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación es taxativo al enumerar doce motivos de inhibición, ninguno de las cuales se aplica al caso. El inciso 1 se refiere a la intervención en el mismo proceso como fiscal, defensor, denunciante, querellante, actor civil, perito, testigo o, en otras actuaciones judiciales o administrativas, haber actuado en favor o en contra de alguna de las partes involucradas. El inciso 10 alude a consejos u opiniones manifestados sobre el proceso fuera del expediente. Otras causales se originan en parentescos, relaciones de amistad o enemistad, tutorías, deudas, sociedades comunes, acusaciones o denuncias, beneficios, dádivas o presentes recibidos. Arroyo analizó la conducta de Marquevich, a quien sobreseyó por privación ilegítima de la libertad y abuso de poder, pero no la de Ernestina Herrera. Sólo debía decidir si las decisiones del juez eran "posibles o válidas desde la lógica y la hermenéutica jurídica", pero en ningún lugar afirmó que le parecieran "adecuadas" o las compartiera. Varias veces señaló que su pronunciamiento era independiente de su opinión sobre lo decidido por el ex juez. Respecto de la orden de detención dijo que no correspondía imputarle un delito a Marquevich, aunque ella se inclinaba en sentido contrario a su decisión ya que se sentía más próxima a otra "matriz de pensamiento". Por eso, "aun cuando yo considerara que tal o cual temperamento era incorrecto, y jamás lo hubiera adoptado como juez de la causa, a partir de ello no era posible colegir que estábamos ante una resolución arbitraria e ilegal", escribió en aquella causa y copió ahora en el rechazo a la recusación.

El Banco Genético
Una de las batallas centrales de los Noble se libró contra la toma y análisis de las muestras en el Banco Nacional de Datos Genéticos. La primera jefa de ese servicio, Ana Di Lonardo, mantiene desde 2006 un litigio por su remoción de allí, en el que su abogado es el socio de Cavallo, Pablo Miguel Jacoby. Al impugnar al Banco, Cavallo reseña ese conflicto interno, que se habría producido por la negativa de Di Lonardo a entregar información confidencial al secretario de Derechos Humanos Eduardo Duhalde. En represalia fue jubilada y hasta la designación de un nuevo responsable, durante diez días se cortó lo que Cavallo llama "la cadena de custodia", por lo que no pueden tomarse como indubitables las muestras que se cotejarán con la de los Noble Herrera. Repuesta por un amparo judicial, Di Lonardo fue separada por segunda vez del Banco, que durante tres meses quedó a cargo del ex abogado de Abuelas de Plaza de Mayo Ramón Torres Molina. Se habría producido así una segunda ruptura de esa cadena. Di Lonardo dijo entonces que no se hacía responsable por cualquier alteración e inviolabilidad de los registros del Banco, aunque no especificó cuáles serían. Una auditoría de la Ciudad de Buenos Aires detalló irregularidades cometidas durante la gestión de Di Lonardo, que ahora el abogado de la viuda de Noble utiliza para impugnar la intervención del Banco, en una causa en la que designó como perito de su parte a la responsable de aquellas irregularidades, Ana Di Lonardo. El escrito de Cavallo es autocontradictorio. Le resta valor a la auditoría como una estrategia para deslegitimar a la ex directora Di Lonardo, pero luego la exalta para demostrar las presuntas irregularidades del Banco.
El minucioso relato del conflicto interno y las cuestiones administrativas no identifica situaciones específicas que puedan dañar a la clienta de Cavallo. La sospecha se basa en asuntos institucionales, pero no se prueba con credibilidad la pérdida de valor científico de las muestras. Ante una observación en ese sentido, el abogado dijo creer que en el caso de una de las familias que iniciaron la causa, hay muestras de ADN de la madre y no del padre. Su temor es que el resultado del análisis diga que no es posible excluir la pertenencia a ese grupo familiar y que eso se use políticamente contra su cliente. En realidad, eso no alteraría la situación legal presente, sólo prorrogaría la falta de mérito actual a la señora Herrera mientras no hubiera datos más exactos. En cambio, fuentes del Banco aducen que en los cuatro años desde la separación de Di Lonardo se tomaron nuevas muestras en todos los casos en los que se pudiera advertir alguna irregularidad. "Además, un ADN no se puede inventar para hacerlo coincidir con otro. Es un disparate científico". Cavallo concluye en su impugnación que la integridad de la información reservada en el Banco no merece fiabilidad. Como si otro y no él hubiera firmado esas líneas, Cavallo se sorprende por la reacción de las Abuelas de Plaza de Mayo, que denunciaron la gravedad del cuestionamiento implícito a todas las identificaciones y restituciones realizadas en los últimos cinco años. En 2006, el CELS cuestionó el proyecto de ley sobre creación del Instituto Nacional de Datos Genéticos. Estas objeciones paralizaron el proyecto y fueron tenidas en cuenta tres años después cuando la ley 26.548 creó el Banco Nacional de Datos Genéticos. El CELS planteó entonces que el Banco no debía depender de la Secretaría de Derechos Humanos, dado su rol como querellante en muchas causas. A raíz de ello, quedó en la órbita del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y los organismos que querellan no pueden formar parte de su Consejo Consultivo, cosa que sí ocurre con el ministerio de Justicia. Esto responde al respeto por las garantías judiciales de imparcialidad, que el CELS practica también puertas adentro. Durante algunos años, la Comisión Directiva tenía entre sus miembros a un científico del Equipo Argentino de Antropología Forense, pero cuando se reabrieron las causas y el CELS comenzó a actuar en algunas como querellante, el EAAF dejó de integrar la Comisión Directiva, ya que quedaría cuestionada la objetividad de sus peritajes. Del mismo modo, cuando un miembro de la Comisión Directiva es designado para un cargo público, como ocurrió con el actual canciller Jorge Taiana, el CELS le solicita la renuncia. En cambio, la relación del Banco con el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva no afecta su independencia. Del mismo modo la policía investiga causas en las que actúa el ministerio público, la Oficina Anticorrupción produce informes técnicos en causas de corrupción, los hospitales nacionales y locales realizan pericias que luego son usadas en causas judiciales. Con otro criterio, la policía no podría hacer ni una pericia balística.
En el periodo que Cavallo impugna, 19 nietos recuperaron su historia mediante análisis realizados en el Banco, diez en forma voluntaria y nueve mediante allanamientos para obtener material genético. Estos son: Evelyn Bauer Pegoraro, Natalia Suárez Nelson Corvalán, Jorge Guillermo Martínez Aranda, Alejandra Casado Cugura, Laura De Sanctis Ovando, Federico Pereyra Cagnola, Bárbara García Recchia, Alejandro Sandoval Fontana y Laura Ruiz Dameri. En los dos últimos debió repetirse el allanamiento, porque en uno la policía se llevó ropa limpia y en ambos hubo avisos anticipados sobre el día y hora del procedimiento. Eso explica la sorpresa con que actuó ahora Arroyo Salgado. La jueza ordenó entrecruzar los patrones genéticos de Marcela y Felipe con los de las dos familias querellantes; de no haber coincidencia, con los casos de niños desaparecidos en 1976. Por último, con el resto del Banco.


La falsedad de las dos adopciones y la persistente negativa a la prueba genética, son presunciones fuertes sobre la posibilidad de que Felipe y Marcela sean hijos de detenidos desaparecidos. Pero eso no puede darse por sentado hasta que una comprobación científica irrefutable lo diga. En un lapso de 20 a 45 días debería conocerse si provienen de algunas de las familias cuyos datos se guardan en el BNDG. En el Uruguay una batalla judicial similar libró Sara Méndez, sobreviviente del campo de concentración porteño de Orletti, por reencontrarse con el bebé que antes de ser secuestrada había inscripto con el nombre de Simón Riquelo. Un político oriental le aportó el dato de un niño de la misma edad, adoptado por familiares de uno de los represores uruguayos que llevaron a Montevideo a los detenidos en Buenos Aires. Primero los adoptantes y cuando tuvo edad suficiente el propio joven, que se llama Gerardo Vázquez, se opusieron al análisis genético. Durante trece años Sara recorrió su país y el mundo, exigiendo que Gerardo se hiciera la prueba. Cuando por fin aceptó, el resultado fue negativo. Vázquez no era Simón Riquelo, que fue hallado años después, siguiendo otra pista.

6 de junio de 2010
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aprueban ley de protección de testigos

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Diputados aprobó la ley de protección a testigos y víctimas para crímenes complejos y organizados. Es la última del paquete de cinco leyes de la reforma penal. Extiende el programa que hoy se aplica en los juicios de lesa humanidad al resto de los delitos. Fue girado al Senado.

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Santa Fe, Argentina. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y giró al Senado la ley de Protección a Testigos y Víctimas que extenderá el programa que ya se aplica en los juicios de lesa humanidad al resto de los delitos en la provincia, sobre todo a los crímenes complejos y organizados en los que el aporte de testigos es clave para esclarecerlos. "Hemos dado un gran paso para una justicia independiente", festejó el jefe del bloque del Frente Progresista, Raúl Lamberto, al explicar que la media sanción completa el paquete de cinco leyes de la reforma judicial que ya están vigentes: la ley de transición, el Ministerio Público de la Acusación, el Sistema Público de la Defensa y la Organización de los Tribunales Penales. La norma salió del recinto sin controversias, pero el trámite previo no fue sencillo ni rápido, la Cámara se tomó un año y medio, para madurar el texto que ahora remitió al Senado.
Lamberto dijo que la ley de Protección a Testigos y Víctimas será "muy importante" en los casos de "delitos complejos y crímenes organizados, donde muchas veces el aporte de los testigos es fundamental para esclarecerlos, pero ante el temor o la falta de seguridad, los testigos declinan sus testimonios y esto impide muchas veces llevar adelante las investigaciones. De hecho, en los países donde se han dado luchas importantes contra el delito organizado se garantiza con leyes la protección de testigos y querellantes", explicó el legislador.
La provincia ya tiene un programa para proteger y acompañar "a testigos, víctimas y querellantes en los juicios de lesa humanidad. Es una primera experiencia que se hizo con un grado orgánico y posibilitó que muchos de los testigos que participaron y participan en estos procesos tuvieran protección", dijo Lamberto. "Ahora a través de esta nueva ley, extenderemos este tipo de protección a todos los delitos que exceden el marco de lesa humanidad y forman parte del damero delictual de la provincia".
El programa se pondrá en marcha con el mismo mecanismo que se utiliza en los delitos de lesa humanidad. "Tendrá que haber un pedido de los testigos y víctimas y una aceptación del Estado. La protección será tanto física como psicológica. Y las medidas que se tomarán irán de la mano con la necesidad y la realidad. Es decir, puede haber una protección que incluya el cambio de domicilio y alternativas que permitan una seguridad personal, y no sólo para los testigos y las víctimas sino también para sus familiares", dijo Lamberto.
"La idea es seguir lo que se está haciendo en los delitos de lesa humanidad, que haya un cuerpo especial, muy preparado y adiestrado técnicamente para este tipo de actividades, y continuar en esa senda. Esa unidad especial estará dentro de la fuerza de seguridad, pero con el control civil del Ministerio de Justicia de la provincia", apuntó.
La ley "tiene como objetivo brindar asistencia y protección a quienes se encuentren en situación de riesgo y peligro real para su vida, libertad, integridad física o psíquica, como consecuencia de su intervención como testigos o víctimas de un delito, participación en un proceso penal, estar imputado o vinculado a una determinada causa".
La norma crea "el Sistema de Acompañamiento y Protección a Testigos y Víctimas en procesos penales, con la clara voluntad política de respetar, acompañar, asistir y proteger a estas personas, adoptando las medidas preventivas para reducir su vulnerabilidad y minimizar los riesgos a los cuales están expuestas por su actuación dentro de tales procesos", señaló Lamberto. Y agregó: "Este programa es un medio para evitar interferencias, presiones, abusos, en aras de lograr una administración de justicia cercana a los ciudadanos".
"Los testigos necesitan tener la confianza suficiente para brindar colaboración, necesitan estar seguros de que recibirán apoyo y protección contra la intimidación y los daños que puedan tratar de causarles quienes integran grupos delictivos o quienes se ven amenazados por sus aportes a la investigación, sea para disuadirlos de que colaboren, o bien para castigarlos por hacerlo", argumentó Lamberto. "Es fundamental generar plena confianza en las instituciones y en el sistema penal, en aquellas personas que por su colaboración en un proceso penal se encuentran en riesgo de sufrir hostigamientos". Si el Senado ratifica la media sanción de Diputados, la Legislatura completará el paquete de leyes de la reforma penal en la provincia.

6 de junio de 2010
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jueza rechaza recusación

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La jueza Sandra Arroyo Salgado rechazó su recusación y confirmó los estudios de ADN. La magistrada señaló que la recusación en su contra no tiene fundamentos y que sólo busca dilatar otra vez el análisis de ADN entre Marcela y Felipe Noble Herrera y los familiares de desaparecidos. La defensa designó como perito a la ex directora del BNDG.

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[Raúl Kollmann e Irina Hauser] Argentina. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, rechazó ayer la recusación planteada por el abogado de Ernestina Herrera de Noble, elevó la recusación a la Cámara Federal, pero al mismo tiempo ratificó que los estudios de ADN empezarán el lunes próximo, a las 8.30, en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). En una resolución de 24 páginas, la magistrada insistió en que la recusación no tiene fundamentos y que sólo busca dilatar otra vez el análisis de histocompatibilidad entre Marcela y Felipe Noble Herrera y los familiares que están buscando a sus nietos. Por lo tanto, y dado que la Cámara Federal ordenó que no se perdiera más tiempo, Arroyo Salgado reiteró su decisión de empezar con los estudios el lunes. La Cámara Federal de San Martín podría resolver sobre la recusación dentro de las próximas 48 horas, pero si no lo hace o si ratifica a la jueza, los estudios comenzarán el lunes.
En una catarata de planteos con los que Gabriel Cavallo, abogado de la dueña de Clarín, intentó frenar los análisis ordenados hace casi ocho años, hubo una recusación de la jueza, una impugnación del BNDG, un planteo de inconstitucionalidad de una ley y un pedido de postergación de los estudios del lunes.
Arroyo Salgado decidió seguir adelante porque, en cualquier caso, si algún tribunal superior termina aceptando alguno de los planteos de la defensa, se dictarán las nulidades que correspondan. Pero las muestras tomadas el viernes pasado no tienen valor pericial indefinido, sino que los especialistas del Banco afirman que los estudios deben hacerse dentro de los dos meses de tomada la muestra. Si se aceptaran nuevas postergaciones, lo logrado el viernes pasado se perdería y habría que volver a hacer pasar a las víctimas –Marcela y Felipe– otra vez por el procedimiento de toma de muestras.
El fundamento de la recusación presentada por la defensa de Herrera de Noble es que Arroyo Salgado se pronunció el año pasado en una causa en la que debía resolver la situación procesal del ex juez Roberto Marquevich en relación con la detención de la dueña de Clarín y la marcha de ese expediente. La jueza sobreseyó a Marquevich por el delito de privación ilegal de la libertad y lo procesó por el delito de violación de secreto. Según Cavallo, Arroyo Salgado prejuzgó por los argumentos que usó para sobreseer a Marquevich.
En su respuesta de ayer, la magistrada consigna lo siguiente:

- Que la recusación se plantea después de que la jueza ordenó la toma de muestras de ADN del viernes pasado. Que se trata de una jugada dilatoria para evitar que los estudios se hagan.

- Que ella no opinó sobre el fondo de la causa, sino que se pronunció sobre la conducta legal o ilegal de Marquevich. Dice, por ejemplo, que ella como jueza podría haber tenido otro criterio respecto de la detención de la dueña de Clarín, pero que tuvo que dictaminar si la actuación de Marquevich constituyó o no un delito. Por eso –sostiene– nunca se pronunció sobre el fondo de la cuestión.

- La magistrada transcribió 19 párrafos de aquel fallo. Se repite en todos, escritos hace un año, que no estaba opinando sobre el fondo de las decisiones de Marquevich, sino únicamente en si actuó legal o ilegalmente.

- "Dado que el recusante alega hechos manifiestamente inciertos, hago saber a la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que habrá de intervenir en la presente recusación, que he resuelto no suspender el peritaje de histocompatibilidad que dará comienzo en la sede del Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand el próximo lunes 7 de junio, a las 8.30."

Por lo que trascendió en el juzgado, todas las partes tiene designados peritos para participar de los estudios. La defensa de Herrera de Noble propuso como su perito de parte a Ana María Di Lonardo, ex directora del Banco, que está en confrontación con ese instituto y con Abuelas de Plaza de Mayo.

4 de junio de 2010
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video no consta en causa suppo

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Gaviola habla de la investigación policial por el caso Suppo. No le consta que la policía tenga un video que no se incorporó a la causa. "Trabajamos por el esclarecimiento del crimen", dijo.

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[José Maggi] Santa Fe, Argentina. El ministro de Seguridad, Alvaro Gaviola, respondió que no le "constaba" que los policías que investigan el crimen de Silvia Suppo tuviesen en su poder los videos de la Terminal de ómnibus de Rafaela. Y opinó que la investigación policial hasta ahora "fue prolija", renegando con el concepto vertido a este diario por una fuente de la investigación quien había asegurado que la Gendarmería encontró "la escena del crimen muy contaminada, es como si la hubieran limpiado porque no encontraron ni una gota de sangre".

Rosario/12 reveló que los policías que investigaron el crimen de Silvia Suppo en Rafaela, tenían su poder videos entregados por la Terminal de ómnibus de esa ciudad que mostraba lo ocurrido con los dos sospechados del homicidio el 29 de marzo, material que no fue aún incorporado al expediente judicial. ¿Qué tiene para decir?
Que no me consta que los hayamos tenido en poder nuestro, no obstante cualquier medio de prueba que esté a nuestro alcance lo vamos a favorecer y alcanzar al señor juez interviniente. Hoy tenemos dos detenidos con una grado de certeza interesante en cuanto a la autoría material y esto como siempre dije, para nosotros y para mí, no es una causa cerrada ni mucho menos, sino que hay elementos concretos para seguir trabajando en pos del esclarecimiento sobre si hay otra motivación detrás de esto, queremos llegar a la verdad.

¿Cuál es su opinión acerca de la investigación y a la forma en que actuó la policía?
Nosotros hemos pensado que la investigación ha sido hecha de manera hasta ahora prolija, no tengo motivos para pensar otra cosa, aunque que si así se dispone tomaremos las medidas correctivas del caso.

Cabe recordar que el juez de Instrucción Nº 2 de Rafaela, Alejandro Mognaschi recibió ya los informes de expertos de Gendarmería Nacional convocados para investigar el asesinato de Suppo con magros resultados: sólo pudieron recuperar algunas porciones de rastros que será difícil comparar con las huellas dactilares de los dos imputados Rodrigo Sosa y su primo, Rodolfo Cóceres. Estos son cuatro filamentos pilosos que estaban adheridos en la camisa de la víctima y en el pantalón de uno de los detenidos y algo de material biológico en los cuchillos que utilizaron los homicidas.
El peritaje de Gendarmería en el local de cueros que atendía Silvia es el tercero que se hace desde el asesinato: los anteriores fueron hechos por la Policía de Rafaela y la de Santa Fe. Sin embargo esta no fue la única desprolijidad que pasó por alto Gaviola: el día del crimen, 29 de marzo, Sosa y Cóceres escaparon de Rafaela en un colectivo rumbo a Santa Fe. Eran las tres de la tarde. La Nueva Terminal informó al juez que "cuenta con un sistema de monitoreo a través de cámaras IP, que está a cargo de la empresa Wiltel" y que "esos archivos fueron entregados a personal policial de investigaciones". Sin embargo, esas imágenes no fueron incorporadas a la causa. El dato de la nota con la firma de Juan Carlos Tizziani, fue ampliado ayer por la abogada Lucila Puyol, quien reveló que "la fiscal del caso ya había exigido que las mismas sean incorporadas de inmediato la expediente".
El ministro Gaviola también fue consultado por este diario sobre la detención del subjefe de la Alcaidía, Fernando Arco, bajo la sospecha de cobrar coimas a dos detenidos por mejorar sus condiciones de encierro. "Esto no deja de ser una cosa que nos llama la atención, pero como siempre hemos tomado el tema con la seriedad del caso y con las decisiones de que ante cualquier irregularidad darle obviamente la participación a Asuntos Internos, y si lo dispone una orden judicial darle una colaboración plena.

¿Cuál cree que es el nivel de corrupción de la policía? -preguntó Rosario/12.
La policía no escapa a lo que son las generales de la ley de la sociedad en que vivimos. También está mal generalizar de que todos sean corruptos. No es así y la prueba está en que está la Secretaría de Control creada por esta gestión, que ha sido la decisión férrea del gobernador y mía desde que asumí, y los hechos así nos avalan: frente a cualquier sospecha, actuar fuertemente como en el caso de esta caso de la Alcaidía que nos ocupa, en el que frente a una orden judicial se la acató, pero (se demoró) el tiempo de ejecución de la orden porque se dio en horario de visitas de los familiares de los internos. Creo que estamos yendo en el buen camino en la ejecución de todo esto.

4 de junio de 2010
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crímenes en la base del plan cóndor

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Empezó ayer el juicio a cinco represores acusados por delitos de lesa humanidad en Automotores Orletti. El general retirado Eduardo Cabanillas, el coronel retirado Rubén Visuara y los ex agentes de la SIDE Raúl Guglielminetti, Eduardo Ruffo y Honorio Martínez Ruiz están acusados de imposición de tormentos y homicidios en 65 casos.

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[Nicolás Lantos] Argentina. Rubén Visuara llegó a la Sala de Audiencias de los tribunales de Comodoro Py con una bufanda que le cubría la cara, como si de esa forma pudiese evitar los flashes que lo retrataban sentado en el banquillo de los acusados. Visuara es uno de los cinco represores que comenzaron a ser juzgados ayer por crímenes de lesa humanidad perpetrados en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, el destino de los detenidos-desaparecidos del Plan Cóndor. Junto a él estaban su antecesor como titular de la División de Operaciones Tácticas de la SIDE, Eduardo Cabanillas; y los agentes civiles Raúl Guglielminetti, Eduardo Ruffo y Honorio Martínez Ruiz. Todos ellos están acusados por los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado contra 65 víctimas de la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. Se leyó el requerimiento de elevación a juicio elaborado por el fiscal Federico Delgado, en el que sostiene que Orletti no estaba conducido por "una horda desbocada", sino que se trató de un "enclave del terror" donde todo estaba "calculado y planificado". Rodolfo Yanzón, abogado querellante, en diálogo con Página/12, dijo tener "buenas expectativas" de que los imputados reciban "penas ejemplares" y aseguró que "para antes de fin de año" debería haber un veredicto.
En Orletti, ubicado en el barrio de Floresta, estuvieron detenidos, entre otros, Marcelo Gelman, hijo del escritor Juan Gelman; Carlos Santucho, hermano del dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo Mario Santucho, y los actores Luis Brandoni y Marta Bianchi. En su requerimiento, el fiscal Delgado aseveró que se trataba de un "enclave del terror" que no era conducido por "una horda desbocada", sino "algo calculado y planificado que convertía a todos en condenados a muerte, donde reinaba la cultura de la crueldad, la corrupción degradante de poder sin límites". Al igual que el juez federal Daniel Rafecas en su momento, cuando condujo la investigación del caso, Delgado comparó este centro clandestino con los campos de concentración del nazismo.
Los cinco imputados llegaron a la sala del subsuelo de Comodoro Py poco después de las diez de la mañana, el horario anunciado para el comienzo del juicio, que se retrasó cerca de una hora. Con dos cuartos intermedios, la lectura del requerimiento se estiró hasta bien entrada la tarde. Además del coronel retirado Visuara y el general retirado Cabanillas y los agentes civiles de inteligencia Guglielminetti, Ruffo y Martínez Ruiz, había un sexto imputado en la causa, el vicecomodoro Néstor Guillamondegui, pero "fue declarado inhábil para afrontar el juicio", tal como determinaron los peritos oficiales. De todas formas, la Justicia decidió que se le realicen "exámenes periódicos" para determinar cuándo será capaz de ser juzgado.
La bufanda no fue el único recurso que intentó Visuara para evitar los flashes molestos. Antes de la lectura del dictamen de Delgado, su defensor pidió permiso al tribunal para que el represor no esté presente en aquellas audiencias en las que no sea imprescindible. Los otros cuatro acusados adhirieron a la solicitud, que el presidente del Tribunal Oral Federal 1, Jorge Gettas, aceptó estudiar y resolver "oportunamente". De todas formas, les recordó que es obligatorio que los acusados estén presentes en las lecturas del requerimiento, la acusación, las indagatorias, alegatos y el veredicto, por lo que el juicio continuó sin más interrupciones y con los cinco represores escuchando un repaso por su labor en Automotores Orletti, a medida que se desplegaba el requerimiento del fiscal. El TOF 1, integrado por los jueces Gettas, Adrián Grunberg y Oscar Almirante, prevé escuchar más de cien testimonios no sólo de sobrevivientes argentinos, sino también provenientes de países limítrofes, ya que por ese centro clandestino pasaron los detenidos en el marco del Plan Cóndor, de coordinación de fuerzas represivas de toda la región.
"Tenemos buenas expectativas. Es un tribunal serio, con jueces capacitados para llevar adelante un juicio de estas características –confió Rodolfo Yanzón–. Contamos con un fiscal que también es una garantía. Los cinco sometidos a este juicio van a recibir altas condenas." De todas formas, Yanzón aclaró que "tenemos un juicio por 65 víctimas cuando sabemos que por Orletti pasaron cientos, y con cinco imputados cuando los criminales fueron muchos más". Hecha esta salvedad, se manifestó "muy optimista" y asegura que "antes de fin de año" debería conocerse el veredicto.
El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, que estuvo presente en el comienzo del juicio –aunque se retiró pronto–, consideró que el inicio de este proceso, junto al que investiga la Masacre de Margarita Belén (ver aparte), representan "otro paso gigantesco en la búsqueda de la Verdad y la Justicia" que volvió a tomar impulso con "la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida". El funcionario hizo un repaso sobre la situación de los casos por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura y recordó que "mil doscientos militares ya fueron imputados, más de un centenar ya fueron juzgados y condenados y quinientos centros clandestinos de detención fueron reconocidos, en tanto ahora se avanza también en el juzgamiento de cómplices civiles" de la represión. "La reapertura de los juicios a los genocidas de la última dictadura volvió a convertir a la Argentina en un modelo mundial en materia de derechos humanos", concluyó.

4 de junio de 2010
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