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puntos oscuros de un crimen


Piden una segunda autopsia del cuerpo de Silvia Suppo. Los abogados querellantes solicitaron que esté a cargo de forenses de la Nación. La primera autopsia "fue incompleta", señalaron.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. La querella pidió ayer al juez de Instrucción Nº 2 de Rafaela, Alejandro Mognaschi, que investiga el asesinato de Silvia Suppo, otra batería de pruebas para esclarecer los puntos oscuros que rodean el crimen, entre ellas una segunda autopsia de la víctima que debería practicarse en el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación. La primera autopsia se hizo en el Instituto Médico Legal de Santa Fe, pero sus conclusiones no explican la mecánica de las heridas y tampoco si las nueve puñaladas que recibió Silvia se corresponden con los dos cuchillos incautados a los presos: Rodrigo Sosa, de 18 años y su primo, Rodolfo Cóceres, de 22, que se atribuyeron el homicidio. Ayer, ambos detenidos pasaron por los Tribunales de Rafaela, donde aceptaron la extracción de muestras de sangre que serán utilizadas para comparar el ADN con material biológico que un equipo de criminalística de Gendarmería Nacional pudo recuperar de la escena del crimen: cuatro filamentos pilosos que estaban adheridos en la camisa de Suppo y en el pantalón de uno de los imputados.
Suppo fue apuñalada el 29 de marzo, después de las 9 de la mañana según confesaron sus atacantes y falleció alrededor de las 13 en el hospital de Rafaela. Sus hijos, Marina y Andrés Desféfani, se negaron a que la autopsia quede a cargo del médico de la Unidad Regional 5, por lo que el juez Mognaschi ordenó el traslado del cuerpo a Santa Fe, para que la practique el forense en turno en los Tribunales, doctor Pimpinella. "La autopsia se realizó en forma correcta, pero incompleta" dice el escrito de los abogados querellantes Lucila Puyol y Guillermo Munné porque no se enviaron a Santa Fe los cuchillos incautados a Sosa y Cóceres ni la ropa de la víctima.
Pimpinella produjo un informe y se lo remitió al juez de la causa, pero también incompleto, porque omitió agregar las fotos y radiografías del cuerpo que se tomaron durante la autopsia. Para evitar que esta situación se repita, la querella solicitó al juez Mognaschi que oficie "al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación para que practique una nueva autopsia" del cadáver de Suppo, remita "los cuchillos secuestrados" en la causa y "la ropa perteneciente a la víctima". Y designe como peritos de parte a dos profesionales de confianza: María Dolores Perassolo y el antropólogo Miguel Nieva. Además, debería enviar "la historia clínica" de Silvia confeccionada en el hospital de Rafaela y en el servicio de emergencia que la trasladó al nosocomio.
Según el informe de Perassolo, que la querella agregó al escrito, la primera autopsia "se realizó en forma correcta, aunque incompleta", por lo que sugirió "la realización de una segunda autopsia". "En ese momento, ni el médico forense, ni el técnico eviscerador, ni la perito contaban con la información necesaria del caso. Hoy sería de utilidad la realización de una nueva autopsia para un mejor encause de la investigación. Ya que al contar ahora con el arma, ésta se debería usar para cotejar con las heridas" y "dilucidar que si fue la que causó dichas heridas. Así también al contar con el croquis de la escena del crimen se puede inferir la localización del cuerpo como fue encontrado".
"En cuanto a la cadena de custodia, nunca se tomó conocimiento en qué condiciones fue entregado el cuerpo y, hasta el día de hoy, no se tiene conocimiento todavía de los exámenes realizados a las muestras tomadas en la sala de autopsia (sangre, uñas, hisopados y humor vítreo). Tampoco se adjuntaron al informe, las fotografías tomadas durante la autopsia, ningún tipo de esquema de la localización de las heridas, ni las radiografías tomadas" en el estudio.
En el informe no consta el orden de producción de las lesiones infringidas a la víctima (puñaladas). Porque "al momento de realizarse la autopsia aún no se contaba con los cuchillos, presuntas armas blancas utilizadas en las lesiones, por lo que hoy se plantea como necesario compararlos con las heridas del cadáver a los fines de determinar si son o pueden ser los productores de las lesiones".
"Y en la observación externa, el cadáver tenía dos uñas cortadas, elemento que no fue informado en ninguna parte del informe medico legal. Ni se investigo la cadena de custodia, no hay fotografías de lo mencionado, ni se indagó a quien fue entregado el cuerpo", dice el informe de Perassolo.

3 de junio de 2010
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la obstrucción es un delito


La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo denunció a la dueña de Clarín y a sus abogados. Estela Carlotto criticó la estrategia dilatoria de Ernestina Herrera de Noble, quien recusó a la jueza Sandra Arroyo Salgado y cuestionó al BNDG. Dijo que el ex juez Gabriel Cavallo, ahora abogado de Clarín, "se ha puesto del lado de la mafia".
Argentina. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, denunció por "obstrucción de justicia" a Ernestina Herrera de Noble luego de que la dueña de Clarín recusara a la jueza Sandra Arroyo Salgado, la magistrada que ordenó entrecruzar las muestras de ADN de Marcela y Felipe Noble Herrera con todas las familias de desaparecidos que figuran en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). "Es siniestro pensar que las Abuelas queremos un nieto a cualquier costa", dijo Carlotto en una conferencia de prensa en la que criticó duramente al ex juez Gabriel Cavallo, flamante abogado de Herrera de Noble: "Se ha puesto del lado de la mafia", aseguró. Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, calificó las demoras como "una situación abusiva", comparó la estrategia dilatoria de los letrados de Clarín con las de "represores de todo el país" y explicó que unos y otros mantienen "la esperanza de que un cambio de la situación política les permita recuperar la impunidad".
"La señora de Noble busca remover a la jueza por haber avanzado con una investigación independiente y en cumplimiento de órdenes de tribunales superiores", destacó Carlotto, quien convocó a la conferencia luego de que trascendiera que el ex juez Cavallo recusó a la magistrada de San Isidro por supuesto "prejuzgamiento" y solicitó la nulidad de todo lo actuado, incluyendo el procedimiento en el que se secuestraron objetos personales con muestras de ADN con el objetivo de determinar si Marcela y Felipe Noble Herrera son hijos de desaparecidos. Además, Cavallo cuestionó la actuación del Banco Nacional de Datos Genéticos desde 2006 en adelante.
La presidenta de Abuelas señaló que "dudar del BNDG desde 2006 es dudar de la identidad de 18 nietos y nietas recuperados". "La señora de Noble está obstruyendo la justicia, esa acción es un delito y ciertos sectores, sobre todo políticos de renombre, utilizan el tema para sus campañas de 2011", afirmó Carlotto en referencia a la seguidilla de declaraciones de Elisa Carrió, Eduardo Duhalde, Mauricio Macri, Francisco de Narváez y Ernesto Sanz, entre otros, publicadas el domingo en Clarín y el lunes en La Nación. "Sin más información que la brindada por una de las partes se han involucrado irreflexivamente en una estrategia de obstrucción a la verdad y la justicia", lamentó.
"Hacen como una alianza en concordancia con lo que públicamente manifiestan los abogados que dicen defender a estos chicos, puestos por la señora de Noble, diciendo que se los está martirizando y que el procedimiento fue salvaje y agresivo", explicó Carlotto. Para que revean su actitud anunció que les enviará copia de las actas de allanamiento, donde consta "que todo fue meticulosamente delicado, con personal femenino para la niña, en un lugar privado, con entrega voluntaria de ropa, cosa que firmaron los propios abogados".
Carlotto definió a los dirigentes políticos como "voces inescrupulosas" y sostuvo que se están haciendo "cosas salvajes y siniestras para tapar un delito, porque evidentemente detrás de esta obstrucción de justicia hay algo muy grave".
Horacio Verbitsky recordó que el CELS cuestionó en 2002 la detención de la viuda de Noble "porque estaba probada la falsedad de la adopción, pero no que se tratara de una apropiación de hijos de desaparecidos, y en consecuencia de un delito de lesa humanidad". "Lo que no podíamos haber imaginado es que las pruebas genéticas demorarían ocho años. Eso tendría que haberse hecho de inmediato y es lo que hoy exigen Abuelas, el CELS y la propia Justicia, porque ya es una situación abusiva", destacó. El presidente del CELS agregó que la actuación de los abogados del Grupo Clarín "coincide con la estrategia dilatoria de las defensas de represores de todo el país para evitar llegar a juicio oral" y apuntó que "la idea es dilatar la prueba, suspender audiencias, plantear recusaciones infinitas, incidentes procesales de todo tipo y hasta se inventan elementos procesales que no están en el Código", siempre "con la esperanza de que un cambio de la situación política les permita recuperar la impunidad".

3 de junio de 2010
2 de junio de 2010
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magros resultados en caso suppo


El peritaje de gendarmería en el local que atendía a Silvia Suppo. Las pericias se realizaron sobre la escena del crimen, las ropas de la víctima y de los imputados y los cuchillos que utilizaron éstos.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. El juez de Instrucción Nº 2 de Rafaela, Alejandro Mognaschi recibió los informes de expertos de Gendarmería Nacional convocados para investigar el asesinato de Silvia Suppo, en Rafaela. Los peritos trabajaron sobre la escena del crimen, pero los resultados son magros: sólo pudieron recuperar algunas porciones de rastros que será difícil comparar con las huellas dactilares de los dos imputados: Rodrigo Sosa y su primo, Rodolfo Cóceres; cuatro filamentos pilosos que estaban adheridos en la camisa de la víctima y en el pantalón de uno de los detenidos y algo de material biológico en los cuchillos que utilizaron los homicidas. Todo, quedó para los estudios de ADN que serán comparados con muestras de sangre que extraerán a Sosa y Cóceres, en una diligencia prevista para hoy, a las 10. El peritaje de Gendarmería en el local de cueros que atendía Silvia es el tercero que se hace desde el asesinato -los anteriores fueron hechos por la Policía de Rafaela y la de Santa Fe . "La escena del crimen estaba muy contaminada, es como si la hubieran limpiado porque no encontraron ni una gota de sangre", dijo a Rosario/12 una fuente que tiene acceso a la investigación. Pero no fue la única sorpresa. El día del crimen, 29 de marzo, Sosa y Cóceres escaparon de Rafaela en un colectivo rumbo a Santa Fe. Eran las tres de la tarde. La Nueva Terminal informó al juez que "cuenta con un sistema de monitoreo a través de cámaras IP, que está a cargo de la empresa Wiltel" y que "esos archivos fueron entregados a personal policial de investigaciones". Sin embargo, esas imágenes -si existen no fueron incorporadas a la causa. Y si es así, ¿dónde está el video?, se preguntó la fuente.
Los peritos de Gendarmería intervinieron en el expediente a pedido del juez Mognaschi, que aceptó una propuesta del responsable de la Unidad de Intervención y Victimología del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Alberto Linares. El funcionario estuvo en Rafaela enviado por el jefe de gabinete, Aníbal Fernández por indicación expresa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, después de la reunión que ambos mantuvieron con el hermano y el hijo de Silvia, Hugo Suppo y Andrés Destéfani, en la Casa Rosada.
Las pericias de Gendarmería se realizaron sobre la escena del crimen, las ropas de la víctima y de los imputados y los cuchillos que Sosa y Cóceres utilizaron en el ataque y reconocieron después en la indagatoria. Estos son los resultados de la investigación:

- Huellas. En el local de calle Sargento Cabral al 256 se encontraron algunas "porciones" dactilares. Pero que no incriminan a los dos presos. "El rastro identificado como M2 no posee suficientes puntos característicos para determinar identidad. El rastro identificado como M3 no es apto para cotejo. Y el rastro identificado como M5 no se corresponde con los dígitos de las fichas dactilares (de los imputados)", dice el informe de Gendarmería al que tuvo acceso este diario.

- Rastros. "En la inspección se lograron revelar: 1) Tres porciones de rastros papilares sobre la vitrina de vidrio, identificadas como M2, M3 y M5. 2) Se realizaron tomas de muestras de dos manchas pardas, ubicadas en el marco central de la vitrina de vidrio identificadas como M1 y M4, pero que arrojaron resultados negativos al ensayo para sangre humana. 3) Se realizó un ensayo idéntico en una muestra de agua que estaba en balde (que había utilizado Suppo antes del crimen) arrojando también resultado negativo para sangre humana".

- Material biológico. "Se tomaron muestras de las hojas metálicas de ambos cuchillos (incautados a los victimarios) para un posterior análisis de ADN. Y se hallaron, aislaron y preservaron cuatro filamentos de aspectos pilosos adheridos a las prendas: un pantalón deportivo (de uno de los imputados) y una remera blanca (que vestía Silvia)".

El juez pidió también informes a la Nueva Terminal de Rafaela para reconstruir la ruta de Sosa y Cóceres, que escaparon el mismo día del crimen, 29 de marzo, alrededor de las tres de la tarde, en un colectivo a Santa Fe. La empresa informó que viajaron en algún coche de "la empresa Ruta 70, la cual tiene los servicios de El Cóndor y San Cristóbal, con frecuencias diarias a Santa Fe y viceversa. Pero que no cuentan con un registro de compra de boletos, a través de un número identificatorio de documentos". Tampoco "tenemos conocimientos físicos de estas personas, para poder reconocerlos si estuvieron en el predio de la terminal en la fecha sugerida".
Pero "sí, la Nueva Terminal cuenta con un sistema de monitoreo a través de cámaras IP, que está a cargo de la empresa Wiltel y como así también un almacenamiento de imágenes. Estos archivos fueron entregados a personal policial de investigaciones, para el proceso de los mismos", fue la respuesta que recibió el juez Mognaschi.
Una fuente consultada por Rosario/12 se sorprendió por esta revelación. "No hay ningún video incorporado a la causa. La respuesta al oficio judicial refiere claramente a los hechos del 29 de marzo de 2010. Por lo tanto, si esas imágenes existen no corresponden a cualquier día, sino al día del crimen. Y si fueron entregadas al personal policial de investigaciones, no están en el expediente. Entonces, la pregunta es: ¿dónde está el video", concluyó.

2 de junio de 2010
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jueza pone fecha


La justicia dispuso que las partes designen peritos y que se realicen los estudios genéticos de los Noble Herrera. El 7 de junio empezarían los análisis del material genético de los Noble Herrera. Piden el juicio político de Bergesio.
[Raúl Kollmann] Argentina. La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado libró ayer los oficios para que todas las partes que intervienen en el caso de Marcela y Felipe Noble Herrera designen peritos para la realización de los estudios de comparación de ADN. Según trascendió, el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) tiene intención de empezar los trabajos científicos del caso el próximo lunes 7 de junio. En forma paralela, la jueza denunció penalmente a su antecesor en la causa, el también juez federal Conrado Bergesio. En su presentación –que igualmente se realizó ante el Consejo de la Magistratura–, Arroyo Salgado le imputó a Bergesio los delitos de retardo de justicia y omisión en la realización de pruebas. La primera orden para que se concreten los estudios de ADN tiene fecha del 17 de diciembre de 2002 y la Cámara Federal de San Martín ordenó la inmediata realización de la comparación de ADN el 30 de abril de 2004. Desde esta última fecha pasaron seis años.
Arroyo Salgado salió ayer públicamente a explicar cómo se hizo el procedimiento del viernes. Confirmó, paso a paso, lo adelantado en exclusiva por Página/12 en su edición del sábado:

- En la reunión en el juzgado, se les ofreció a Marcela y Felipe que dieran su consentimiento para la utilización de muestras. Marcela respondió: "No consiento que mi material genético sea utilizado para ningún tipo de análisis de histocompatibilidad". Felipe contestó: "No, no estoy de acuerdo". Cuando se le preguntó si aceptaban dar nuevas muestras, Marcela dijo: "Me opongo a dar cualquier tipo de material genético". Felipe dio la misma respuesta: "Me opongo a dar de nuevo cualquier tipo de material".

- Ante la negativa de los jóvenes, la jueza ordenó la obtención del material a partir de las prendas que vestían Marcela y Felipe. Por ello, determinó que debían ser interceptados en la vía pública, llevados a su domicilio y que en un lugar privado entregaran la ropa interior y la vestimenta necesaria para realizar los estudios.

- En diciembre, cuando se hizo el anterior allanamiento, se trabó por una hora y media el ingreso al domicilio de los Noble Herrera. En ese ínterin, llegaron custodios y abogados. Marcela dijo que no tenía ropa interior puesta y entregó una ropa interior que, según sospechan en la Justicia, podría pertenecer al personal doméstico. De Felipe tampoco se obtuvo ninguna prenda que probadamente le haya pertenecido. Con ese antecedente, Arroyo Salgado resolvió asegurarse de que en el procedimiento del viernes se consiguiera ropa con sudor, pelos y material apto para hacer el estudio de histocompatibilidad.

- En el procedimiento intervinieron secretarios del juzgado, médicos del BNDG y del Cuerpo Médico Forense, policías de civil y testigos. En todos los casos, se trató de varones y mujeres, de manera que el trato con Marcela y Felipe fuera con personas del mismo sexo. La entrega de la ropa interior se hizo dentro de un baño y, obviamente, tenían la chance de ponerse otra ropa interior de inmediato porque estaban en su propia casa. Esto último no hubiera sido posible en el juzgado.

- Todo lo ocurrido quedó registrado en un acta que fue firmada por los dos abogados, Alejandro Carrió y Roxana Piña, quienes no manifestaron queja alguna ni consignaron la existencia del trato vejatorio que horas después alegaron.

Arroyo Salgado había hecho constar en el escrito con el que ordenó las medidas que el procedimiento se hiciera "resguardando la intimidad, el pudor y el trato respetuoso que corresponde a las víctimas". Ayer, en declaraciones realizadas en Radio del Plata, la jueza reiteró que actuó exactamente de la misma manera que lo hizo en los tres casos anteriores en los que intervino: Ricchiuti, Torres Molina y Feretton).
En la denuncia penal contra el juez Bergesio, Arroyo Salgado menciona tres denuncias que se produjeron a lo largo del expediente porque el magistrado no avanzaba en la toma de muestras y en los estudios genéticos. Por ejemplo, en el texto entregado ayer a la Justicia, Arroyo Salgado cita que la fiscal Rita Molina pidió el 7 de enero de este año que se hagan los estudios y el juez ni siquiera le contestó. Cuando la Cámara de San Martín se pronunció en 2004 ya le había dicho a Bergesio que estaba incurriendo en retardo de justicia y mencionó "la inexplicable demora del magistrado". Arroyo Salgado cita aquella resolución de 2004 en un textual: "debiendo el juez sin más demoras practicar la peritación genética pendiente". Este año, en febrero, la Cámara volvió a ordenar el estudio genético en forma inmediata y Bergesio tampoco cumplió con lo requerido.
Para redondear, la jueza habla de la forma irregular en la que se concretó el allanamiento de diciembre, la no remisión de las muestras que se mantuvieron guardadas en una caja fuerte del juzgado de Bergesio y una actuación "mancomunada" entre una de las partes –en referencia a la dueña de Clarín– y el juez.

1 de junio de 2010
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polémica por allanamiento


La jueza Arroyo Salgado negó acusaciones de los Noble Herrera: "El trato fue respetuoso, se guardó el pudor".
Argentina. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, defendió ayer el operativo realizado el viernes último con el objetivo de obtener nuevas muestras de material genético de Felipe y Marcela Noble Herrera en el marco de la causa que intenta determinar si son hijos de desaparecidos. La magistrada aseguró que la requisa se desarrolló "conforme lo marca la Constitución" y con un trato "respetuoso", por lo que negó las acusaciones sobre un operativo "vejatorio" e "intimidatorio" y desechó cualquier "especulación política" en el caso.
"El trato fue sumamente respetuoso, guardando el pudor de las personas, atendiendo a la condición de víctimas. Tengo la plena seguridad de que toda la diligencia se desarrolló conforme lo marcan la Constitución y el Código de Procedimiento", aseveró la magistrada. Por su parte, el abogado Ignacio Padilla, patrocinante de Marcela y Felipe Noble Herrera, coincidió en que el operativo transcurrió "sin ningún exceso", pero remarcó que "lo reprochable es cómo se ordenó por parte del juzgado". Aunque la magistrada aclaró que los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble –directora del diario Clarín– "se negaron a firmar" el acta judicial sobre el secuestro de sus prendas íntimas, subrayó que ese documento "es impecable, y está firmado de conformidad por los dos letrados" defensores –Alejandro Carrió y Roxana Piña– presentes en el lugar.
"Cuando fue la requisa más íntima sólo estuvo presente la técnica especialista, que debe asegurar el elemento que está secuestrando, y una testigo, nada más. Se hizo en presencia de dos personas, no en presencia de siete", sostuvo la jueza para desmentir lo dicho por Marcela Noble Herrera. En el mismo sentido, Arroyo Salgado negó que hubiera autorizado una requisa en la vía pública –tal como también había trascendido–, sino que dejó en claro que la misma debía realizarse "dentro del domicilio".
En cuanto a las denuncias de que habría sido un operativo "vejatorio" e "intimidatorio", Arroyo Salgado comentó que lo que le llama la atención es que "en todo lo actuado los abogados no dejaron constancia de nada de esto". La magistrada también negó que cuando fue interceptada la camioneta que conducían los letrados en proximidades del domicilio de la directora de Clarín haya existido algún "hecho de violencia ni de muestra de armas".
Durante la audiencia que mantuvo el viernes en su juzgado con Felipe y Marcela Noble Herrera, la jueza les preguntó si accedían a que las muestras de ADN pudieran ser confrontadas en el Banco de Datos Genéticos. Como se negaron y también rechazaron aportar nuevas pruebas, Arroyo Salgado agregó que "frente a esto, la ley impone al juez el deber de lograr estas muestras por otros mecanismos y consagra expresamente la potestad de requisas personales o registros domiciliarios". En este sentido, la magistrada recordó que en los allanamientos dispuestos en diciembre pasado –cuando la causa aún estaba a cargo del juez Conrado Bergesio–, "el personal tardó una hora y media para ingresar al domicilio", con lo que fundamentó la "inmediatez" del nuevo operativo.

1 de junio de 2010
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malas artes de ña ernestina


Estela Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, denunció a la directora de Clarín y a sus abogados por "perturbar" el accionar judicial al pretender remover del caso a la jueza que investiga si sus hijos adoptivos son hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar.
Argentina. También advirtió que "hay algo muy extraño y muy oscuro" detrás del caso Noble y mencionó a los militares Ramón Camps y Jorge Videla y a monseñor Plaza como "los posibles entregadores de Marcela y Felipe" al matrimonio Noble Herrera.
Carlotto brindó una conferencia de prensa este mediodía en la sede de Abuelas para denunciar a Herrera de Noble y a sus abogados por "perturbar" el accionar judicial al pretender remover del caso a la jueza Sandra Arroyo Salgado, cuya investigación, afirmó, "es independiente".
Según Carlotto, detrás de la "estrategia dilatoria" de Herrera de Noble se esconden "algunos políticos" que "buscan votos para 2011", y señaló entre ellos a Elisa Carrió como alguien "que llora todos los días como si llorar solucionara algo".
La titular de Abuelas calificó de "siniestro" el intento de sembrar sospechas sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos, aseguró que es "perverso pensar que las Abuelas" quieren "un nieto a cualquier costa" y agregó que "es una ofenda tremenda" que se "desconfíe" del Banco, que "nació con Abuelas".
"Es siniestro pensar que a través del Banco, creado por nosotras en 1984, las Abuelas queremos cualquier nieto a costa de lo que sea", afirmó Carlotto ante los cuestionamientos de la defensa de los hijos adoptivos de la dueña del grupo Clarín, Marcela y Felipe Noble Herrera, acerca la seriedad del organismo encargado de almacenar información genética para la identificación de personas.
Carlotto cuestionó también al nuevo abogado defensor de Ernestina Herrera de Noble, Gabriel Cavallo, por "desprestigiar al Banco después de todo lo que ha hecho para la restitución de 101 nietos de desaparecidos".
"Este ex juez se ha puesto del lado de la mafia", lamentó Carlotto, y advirtió que dudar de la tarea del Banco Nacional "es dudar de la identidad de 18 de los nietos recuperados".                   
Carlotto respaldó el procedimiento realizado el viernes pasado para la obtención de nuevas muestras de material genético de los Noble Herrera para determinar si son hijos de desaparecidos. "La jueza tomó todos los recaudos para que no existiera violencia y las versiones sobre formas vejatorias son absurdas e inexactas", afirmó Carlotto.

1 de junio de 2010
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dejan libre a autor de 46 asesinatos


El séptimo represor que quedó libre en la provincia por la justicia. El coronel Diab ni siquiera llegó a plantear el recurso ante Casación porque directamente lo dejó libre la Cámara Federal de Rosario, que se había opuesto a la medida en los casos anteriores y tuvo que aceptar el criterio del tribunal superior.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. La justicia federal dejó suelto al cuarto represor preso en la mega causa que investiga un centenar de crímenes de la dictadura en Santa Fe. Se trata del teniente coronel Jorge Roberto Diab, que operaba como segundo jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122 y hoy está procesado por 46 homicidios de militantes políticos, asociación ilícita, cuatro secuestros y torturas y la supresión de identidad de María Carolina Guallane, la joven que recuperó su nombre en 1998: Paula Cortassa. Diab ni siquiera llegó a plantear el recurso ante Casación porque directamente lo dejó libre la Cámara Federal de Rosario, que se había opuesto a la medida en los casos anteriores y tuvo que aceptar el criterio del tribunal superior. "Estos genocidas han cometidos delitos gravísimos en el marco de un plan sistemático y sin embargo, ahora vemos una serie fallos vergonzosos que los deja libre y en la calle", dijo la abogada de Hijos, Lucila Puyol, quien reclamó también al gobierno de Hermes Binner la misma reacción que tuvo cuando salieron de la cárcel los tres represores de Rosario: Rubén Lofiego, Mario Marcote y Rito Vergara, lo que significa que ya son siete los excarcelados por la Cámara Nacional de Casación Penal en la provincia de Santa Fe.
La saga ya había comenzado en vísperas del 24 de marzo, cuando horas antes de recordarse el golpe de 1976, la Cámara Nacional de Casación Penal -en un fallo dividido: votaron a favor, los camaristas Eduardo Riggi y Angela Ledesma y en contra, la doctora Liliana Catucci- ordenó la excarcelación del teniente coronel Domingo Morales, acusado por 16 asesinatos, asociación ilícita y la supresión de identidad Carolina. La fecha de la sentencia era otra metáfora: 23 de marzo, en vísperas del Día de la Memoria por el golpe de 1976. Aunque no se cumplió inmediatamente, sino hasta el 7 de abril, cuando Morales salió de la cárcel de Las Flores, donde era el único militar preso por delitos de lesa humanidad.
Siguió el 17 de abril, cuando excarceló a otros dos militares: el general Carlos Alberto Settel y el suboficial Mario Carmelo Ferger, imputados por la desaparición y el homicidio de dos soldados conscriptos: Edgardo Ferreyra y Roberto Daniel Suárez, en 1977. El viernes último, le tocó a Diab.
Diab pasó el fin de semana en libertad después de notificarse en el despacho del juez federal Reinaldo Rodríguez, quien había rechazado todas las excarcelaciones. Lo mismo ocurrió con la Cámara Federal de Rosario.
La abogada de Hijos interpretó la serie como "una maniobra más. Ellos saben que los delitos que cometieron son gravísimos y una vez que están procesados seguramente no van a ser absueltos. Entonces, primero fueron por las prisiones domiciliarias y ahora por las excarcelaciones, mientras dilatan los procesos. Son personas mayores y piensan que la instrucción de las causas puede demorar entre cuatro y seis años porque lo que hacen en forma permanente es plantear nulidades, recusaciones, apelaciones, revocatorias y nuevas apelaciones. Entonces, van dilatando los procesos", explicó Puyol.
"Los delitos de lesa humanidad que se les imputan son gravísimos, una multiplicidad de homicidios y desapariciones en el marco de un genocidio perpetrado en nuestro país. Es inconcebible que se considere que por el mero transcurso del tiempo, estas personas que son homicidas múltiples, genocidas, van a modificar sus actitudes o no van a obstaculizar la justicia o no van a intimidar a los testigos o no van fugarse, que son las condiciones por las cuales cualquier persona procesada por delitos, incluso de menor cuantía, cumple el proceso en la cßrcel. Este mismo criterio no se aplica para los delincuentes comunes cuando por un hecho como puede ser un homicidio estßn presos durante todo el proceso hasta la condena", agregó.
Y si a Diab se le imputan 46 homicidios, ¿qué tendría que hacer para que lo manden a la cárcel? preguntó Rosario/12.
Hay que ser un delincuente común de un barrio pobre y marginal y no un genocida con poder, contactos y relaciones. Supongo que eso es lo que hay que hacer. En Santa Fe, hemos logrado condenar a un juez federal. Pero no hay civiles imputados. Ni siquiera se ha tocado el sistema económico y de poder que sostuvo a la dictadura, ni en Santa Fe ni en el resto del país. Los fallos de Diab y Morales son una vergüenza por la multiplicidad de crímenes que se les imputan y en ninguno de los dos casos hay una cuestión de edad o de salud. Además, tenían un mando y una responsabilidad de amplia trascendencia en el aparato represivo contestó.
Puyol comparó también la reacción de la Casa Gris ante la salida de los represores de Rosario y los de Santa Fe. "Nos pareció muy importante que el gobierno de la provincia haya tenido una posición respecto de los excarcelados en Rosario, pero no tuvieron ningún acercamiento a los organismos de derechos de Santa Fe y ni siquiera una mención crítica en la prensa local. Y esto es preocupantes porque nos dice que hay algunos procesados que tienen menos repercusión por ser menos conocidos que otros, seguramente Morales y Diab no son tan conocidos como Lofiego, Marcote y Vergara", concluyó.

1 de junio de 2010
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qué trato vejatorio


La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, aseguró que los allanamientos realizados el viernes último para la obtención de nuevas muestras de material genético de Felipe y Marcela Noble Herrera se desarrollaron conforme lo marca la Constitución y el Código de Procedimiento", y con un trato "sumamente respetuoso".
Argentina. "El trato fue sumamente respetuoso, guardando el pudor de las personas, atendiendo a la condición de víctimas. Tengo la plena seguridad que toda la diligencia de allanamiento se desarrolló conforme lo marca la Constitución y el Código de Procedimiento", aseveró la magistrada.
En este sentido, afirmó que las medidas que tomó, en el marco de la causa que intenta determinar si los hijos adoptivos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, son o no hijos de desaparecidos, "no tienen nada que ver con ninguna especulación política". "Yo trabajo con la Constitución y la ley, y las medidas que tomé son las mismas que adopté en otros casos semejantes, por posible sustracción y apropiación de personas de la época de la dictadura", explicó Arroyo Salgado, quien -según consignó- estuvo a cargo de otros tres expedientes por restitución de identidad.
La magistrada contó en declaraciones a radio Del Plata que durante la audiencia que mantuvo el viernes en su juzgado con Felipe y Marcela Noble Herrera interrogó a ambos sobre si prestaban su consentimiento para que las muestras de ADN pudieran ser confrontadas en el Banco de Datos Genéticos.
"Ellos se manifestaron por la negativa, y les planteé si estaban dispuestos a aportar nuevas muestras de ADN y respondieron que no", precisó la jueza, quien sostuvo que, "frente a esto, la ley impone al juez el deber de lograr estas muestras de ADN por otros mecanismos alternativos y consagra expresamente la potestad de requisas personales o registros domiciliarios".
De este modo, afirmó que eso fue lo que dispuso inmediatamente, luego de terminada la audiencia. La jueza aseguró que "los dos abogados firmaron de plena conformidad" las actas de los allanamientos y sostuvo que "no hubo quejas en el procedimiento que estén documentadas en las actas".
"No hubo ningún trato vejatorio", afirmó Arroyo Salgado, quien detalló que al procedimiento "fueron dos secretarios del juzgado para garantizar al máximo los derechos" y sostuvo que, "incluso se realizaron con especialistas técnicos para dar mayores garantías, con personal femenino y masculino". En este sentido, la jueza detalló que "se documentó todo el procedimiento filmado para resguardar el trato que hubo de máximo respeto para con las víctimas" e indicó que "lo que no se filmó fue respecto de las prendas que ellos llevaban" por resguardo de la intimidad.
Por otro lado, negó que hubiese habido autorización para requisarlos en la vía pública y sostuvo que "lo que sí se facultaba era a interceptar en la vía pública previo al ingreso al domicilio" a Felipe y Marcela Noble Herrera. En este sentido, la magistrada recordó que "en los allanamientos dispuestos en diciembre pasado -cuando la causa aún estaba a cargo del juez Conrado Bergesio-, el personal tardó una hora y media para ingresar al domicilio". "Cuidamos la inmediatez (del procedimiento) teniendo en cuenta la experiencia del allanamiento del mes de diciembre", reiteró.
En otro orden, indicó que "serán notificadas todas las partes cuando el Banco de Datos Genéticos asigne una fecha" para realizar el peritaje que permitirá determinar si el ADN de Felipe y Marcela Herrera Noble se corresponde con el de alguna familia de desaparecidos durante la última dictadura.
En este sentido, Arroyo Salgado negó rotundamente que el Banco de Datos Genético no daría garantías por "cuestiones políticas" y recordó que ese cuerpo, que funciona en el Hospital Durand, "depende del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

31 de mayo de 2010
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