sin techo, pero con derechos
31 de mayo de 2010
Un proyecto de ley para las personas que viven en la calle. La iniciativa fue presentada en la Legislatura porteña, pero también es impulsada en el Congreso nacional. Busca convertir a los "sin techo" en "sujetos de derecho" y precisar las obligaciones del Estado hacia ese colectivo.
[Gustavo Veiga] Argentina. El grave problema social que significa vivir en la calle no tiene una ley marco ni forma parte de la agenda política. Si el tema cobró cierta visibilidad desde el 2009 fue por una persistente campaña de Proyecto 7 (una entidad que reúne a quienes pasaron por aquella situación o aún continúan en ella) y las denuncias contra la represión sistemática de la UCEP que dependía del gobierno porteño. Un grupo de legisladores nacionales y de la ciudad busca precisar los derechos de unas quince mil personas que duermen a la intemperie, sólo en la Capital Federal. Será el primer proyecto de ley que se discutirá en el país sobre el tema. La propuesta es definir a los afectados "como sujetos de derecho y no como objeto de aplicación de un programa" para terminar con políticas públicas que sólo contemplan el asistencialismo como salida. La norma es tributaria de un marco jurídico que ya existe en Brasil para ciudadanos en situación semejante. Lula firmó un decreto que protege y les restablece derechos a los sin techo. Aquí los sectores involucrados tratarán de que se voten en la Legislatura y también en el Congreso nacional.
El 9 de diciembre pasado ingresó a la Legislatura un proyecto de ley que tiene la firma de Alicia Andreozzi y Horacio Avila, de la ONG Proyecto 7. Es producto del trabajo de más de una decena de organizaciones, de profesionales especializados en la problemática y de las discusiones que se dieron en la Comisión de Ciudadanía Plena de la Legislatura. La iniciativa considera personas en situación de calle a quienes habiten en ella o en espacios públicos sin acceso a la red de albergues, así como también a aquellos que los utilicen. Y contempla además a los ciudadanos que corren el riesgo de perder su casa por desalojos inminentes, por habitar en viviendas precarias o que se encuentran alojados en instituciones penales, de menores o médicas.
La diputada nacional Liliana Parada, de Proyecto Sur, hizo propia la aspiración de la ONG: "Empezamos a pensar la idea de una ley para reconocer y restituir derechos. O sea, para dar un paso adelante, porque todo lo que brindaron hasta ahora los sucesivos gobiernos fueron planes focalizados en el asistencialismo. La idea era ver la situación primero, y luego empoderar a través de una ley los derechos que ya están consagrados en la Constitución de la ciudad", explicó.
La norma menciona los deberes del Estado porteño hacia las personas en situación de calle: entre otros, "la lucha contra los prejuicios y acciones violentas", "la prioridad en la atención a quienes padezcan de alguna discapacidad física o adicción", "la promoción de la organización política y su participación en el diseño, control social, seguimiento y evaluación de la política pública" y, por último, que "se debe realizar un relevamiento anual" que permita "tener un diagnóstico y fijar las políticas puntuales para los distintos subgrupos".
Uno de los ejes del proyecto es el que sus autores llaman "derecho a la ciudad y al uso del espacio público": "El derecho a la ciudad es definido como un derecho integral que involucra dimensiones políticas, sociales, económicas y culturales". Este comprende "el derecho a circular libremente, el derecho al espacio público, a su uso, disfrute y apropiación, el derecho al acceso a los servicios y a la infraestructura pública".
Una de las dificultades más serias con que se topan las personas en situación de calle es que, en muchos casos, carecen de documento de identidad. Por eso, un artículo establece que tienen derecho a "recibir un nombre personal y a tramitar la documentación necesaria para acreditar identidad, ya sea para aquellos nacidos en territorio argentino como aquellos naturalizados y/o radicados en el país; así como los derechos vinculados con la ciudadanía tales como: inscripción en el sistema de seguridad o previsión social, sufragio, celebración de contratos, intervención en procesos judiciales y administrativos, realización de actos notariales y acceso a cargos públicos". A ese efecto, el proyecto prevé lo que señala como "domicilio social".
La diputada Parada, que denunció las prácticas violentas de la UCEP y sufrió un acto de intimidación cuando un desconocido atacó a su madre en mayo del año pasado, sostiene sobre el proyecto: "Es bastante ambicioso. Recupera el espacio público, al que llamamos espacio común. Queremos apoderarnos de este término, que es el que nos robaron. En el espacio público está la gente en situación de calle que genera peligro y la que no está, tiene miedo y no sale a la calle. Hay organizaciones con gente en situación de calle y otra que no, como el caso de las ollas. Se está planteando superar el tema de dar comida. La ley va a poner en debate determinadas cuestiones que están tapadas".
El proyecto se encuentra en la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social de la Legislatura. Incluso adhirieron algunos diputados del PRO, pese a que el gobierno de Mauricio Macri sistemáticamente intentó desplazar por todos los medios a los indigentes que duermen en las calles de la ciudad. Los fundamentos de la ley lo confirman: "Se han puesto en práctica acciones agresivas y violentas que promueven la movilidad, el desplazamiento y la erradicación de los sujetos en los espacios públicos. Estas acciones no sólo someten a los ciudadanos/as que viven esta situación a mayores niveles de vulnerabilidad y de exclusión social, sino que también imponen mayor control sobre sus actividades cotidianas".
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[Adriana Meyer] Argentina. La causa por el robo a la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense culminó su etapa de investigación y fue elevada a juicio oral por el fiscal Marcelo Martini, con cuatro imputados que el 30 de diciembre pasado se llevaron dinero, aparatos electrónicos e información del despacho de la secretaria Sara Derotier de Cobacho. La Cámara rechazó pasar el caso al fuero federal, por lo cual será juzgado como un simple robo. Durante estos meses, el devenir de la causa exasperó las diferencias internas entre un grupo de funcionarios políticos y el subsecretario Fernando Cano.
[Carlos Rodríguez] General Villegas, Argentina. Violeta tiene tres hijos y está preocupada por el nivel de información que maneja el menor, Pablito. "El caso de abuso sexual, el video que circuló, la presencia de los medios de la Capital Federal, la agitación que generó, las expresiones públicas. Es como si no me hubiera dado cuenta de que a los 11 años ‘para los 12’ hoy se pueda tener tanta información sobre un tema como éste. Los comentarios de mi hijo menor y los de sus amigos son tremendos, no sé cómo manejar la situación." La maestra de un colegio religioso de esta ciudad recibió la preocupación de la madre y admite que tampoco supo dar una orientación precisa. En la esquina de Rivadavia y San Martín, frente al supermercado La Anónima, dos chicos que tienen la edad de Pablito confirman que los pibes, si se trata de acumular habladurías sobre un caso de abuso sexual que sigue conmocionando a esta ciudad de más de 20 mil habitantes, tienen tanta habilidad como cuando juegan con la PlayStation.
[José Maggi] Argentina. Cinco represores miembros de la Patota de Feced fueron detenidos el último jueves e indagados durante largas horas por la justicia federal. Estas son las imputaciones y sus -escuetos- descargos.
[Horacio Verbitsky] Argentina. La masividad de los festejos por el Bicentenario de la Nación Argentina desbarató la Operación Amnistía, impulsada desde un cuidadoso segundo plano por el Episcopado Católico. La solicitud del perdón fue transmitida al gobierno nacional por un obispo de esa iglesia y lleva las firmas de los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Benito Bignone, el general Santiago Omar Riveros y el vicealmirante Hugo Siffredi, el comisario Miguel Etchecolatz y el sacerdote Christian von Wernich, el Turco Julián y El Nabo Barreiro, el ex jefe del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Carlos Tepedino y su especialista civil en organizaciones religiosas Julio Cirino, los miembros del grupo de tareas de la ESMA Raúl Scheller y Pablo García Velazco, los procesados por la masacre de Margarita Belén y un centenar de ex militares, marinos, policías, penitenciarios y agentes civiles de Inteligencia detenidos por su participación en crímenes de lesa humanidad. Como la jerarquía eclesiástica obvió el protocolo para entregar la solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en forma extraoficial, sin una nota introductoria, el gobierno no le dará respuesta. Sólo contestará si el Episcopado se hace responsable de la solapada gestión que emprendió.
[Alicia Simeoni] Santa Fe, Argentina. Una cantidad de expedientes que contienen los datos de bebés nacidos con sus madres en cautiverio durante la dictadura militar, o bien de quienes echó mano la Policía de Menores después del asesinato de sus padres, o de algunos de ellos en uno de los momentos más terribles del terrorismo de Estado, se encuentran en el juzgado de Menores Nº 2 de los Tribunales provinciales. Esos registros no llegaron, todavía, a las manos de quienes trabajan en la investigación histórica para reunir elementos probatorios de cada uno de los hechos que forman parte de los delitos de lesa humanidad cometidos en la zona de acción del Segundo Cuerpo de Ejército, en especial en Rosario. Muchos de los expedientes corresponden a chicos que fueron restituidos a sus familias en situaciones que ya son públicas, otros deberán estudiarse para determinar si corresponden al origen recién mencionado, pero todas las tramitaciones pueden dar pistas para la reconstrucción histórica de la que fue la supresión de identidad y la apropiación de los chicos en la Argentina en el período que va, sobre todo, entre 1976 y 1980. Por otra parte, existen casos de niños NN que además de pasar por el ámbito policial, desde donde eran derivados al juzgado, fueron llevados antes al Hogar del Huérfano de Rosario. Al menos dos de esos expedientes, que corresponden a bebés de quienes no se conocía nombre y apellido desaparecieron, no pudieron encontrarse y puede presumirse que fueron destruidos en virtud de la ley que lo permitía. El listado que comprende cada uno de los casos llegó a la Unidad Fiscal de Asistencia para las causas de Derechos Humanos que funciona en el edificio de los Tribunales Federales de Rosario, una instancia que deberá decidir cómo contar con la información contenida en esos escritos y también con aquella que seguramente existe puertas adentro del juzgado de Menores Nº 1 que estuvo a cargo de Jorge Zaldarriaga, secretaría de Juan Leandro Artigas. Justamente Artigas pasó a ocupar la titularidad del Nº 2, en reemplazo de Clotilde Cariello, en 1980.
[Carlos Rodríguez] Argentina. En Tartagal, Salta, hay conmoción por una historia real que podría ser el argumento de una película de terror. Todo comenzó en la madrugada del domingo 9 de mayo con la desaparición de Evangelina Pisco, de 16 años, de la comunidad chorote, a la salida de una bailanta. María Eugenia Aramayo, prima hermana de Evangelina, fue a la casa de los padres de la chica para avisarles que ella se había caído al pozo de una cloaca. A María Eugenia nadie le creyó. Intervino la policía local y se complicó todo. Cuatro jóvenes –tres chicas, entre ellas Aramayo, y un joven, Luis ‘Chaqueñito’ Campero– fueron detenidos. Llamó la atención que después de estar en manos del personal de la Brigada de Investigaciones de Tartagal, María Eugenia y ‘Chaqueñito’ terminaran confesando que habían asesinado a Evangelina, que la habían degollado y arrojado su cuerpo al pozo. Diez días después, el cuerpo de la chica apareció en la profundidad de la cloaca, ahogada en forma accidental, como había dicho su prima en su declaración inicial. Los cuatro chicos fueron dejados en libertad y ahora se investiga a por lo menos cuatro policías, acusados de haber torturado a los jóvenes para que confesaran un crimen que no existió.
Argentina. El gobierno de La Pampa decidió ayer separar de su cargo a la docente Susana Orn hasta que termine la investigación sumaria por las declaraciones que hizo a la prensa, en las que "justificó el accionar de algunos personajes de la historia", como el ex dictador Leopoldo Fortunato Galtieri y el ex presidente Julio Roca, según informó la directora del nivel inicial y primario de la provincia, Ana María Franzante. Estas figuras del pasado habían sido incluidas, junto a otras, en un acto escolar por los festejos del Bicentenario en la Escuela Nº 133 de la localidad pampeana de General Campos. "Son dos cuestiones las que se investigan: una es el acto en sí, del que participó toda la institución; y la otra, y fundamental, son las declaraciones de la maestra. Irrepetibles", explicó Franzante. Ante esta situación, el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, sostuvo que "la sociedad debe reaccionar" cuando se reivindican figuras como la de un ex dictador y advirtió que "en esto no puede haber el más mínimo silencio pedagógico".