argentina

desprocesan a alemann

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Megacausa ESMA. La Sala II de la Cámara Federal porteña consideró que el ex secretario de Hacienda durante la última dictadura no estaba obligado a denunciar los hechos criminales cometidos en la ex ESMA, y que permanecen bajo investigación a cargo del juez Sergio Torres, a quien ordenó que redireccione su búsqueda para averiguar si el ex funcionario "cometió otros delitos".

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Argentina. Así, los votos de los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzum dieron lugar a la apelación que la defensa de Alemann realizó a la decisión de Torres de procesarlo por encubrimiento de los crímenes y torturas realizados por funcionarios de la última dictadura en la ex Escuela de Mecánica de la Armada.
Juan Ernesto Alemann, que secundaba al ahora procesado y detenido ministro José Alfredo Martínez de Hoz, fue procesado en 2003. Torres dio por acreditada la visita del ex secretario de Hacienda dictatorial a la ESMA a mediados de 1980 "a fin de tomar contacto, en la sala de torturas y de partos conocida como ’La Huevera’, con Orlando Ruiz", detenido allí, encapuchado y engrillado, acusado de haber participado en un atentado en noviembre de 1979 contra la vivienda del funcionario, consta en el expediente de la megacausa ESMA.
Según el juez, en ese entonces Alemann "habría tomado conocimiento de los hechos que allí ocurrían de modo sistemático", al menos en la persona de Ruiz, lo que convertiría al hecho en un encubrimiento al no haber denunciado la situación de los prisioneros.
Sin embargo, la Sala II elaboró su resolución en base a la reforma en el artículo 277 del Código Penal que estableció que "la obligación de denunciar (..) no existe para cualquiera sino sólo para aquellos que están obligados a hacerlo" y citó a los fiscales, miembros de las fuerzas de seguridad y policía cuando ejecuten labores de prevención, y los jueces.
Además, los camaristas resaltaron que tal reforma depara un tratamiento más benigno al imputado y por ende debe aplicarse íntegramente, por lo que junto con la declaración de nulidad del procesamiento ordena al juez "redireccionar la investigación para evaluar si la conducta de Alemann "puede resultar constitutiva de otro ilícito penal".

18 de mayo de 2010
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macri responsable de espionaje

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El juez Oyarbide difundió los fundamentos del procesamiento de Mauricio Macri por escuchas ilegales. La resolución le atribuyó al jefe de Gobierno responsabilidad por las escuchas a su cuñado, Daniel Leonardo, y a Sergio Burstein.

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[Irina Hauser y Raúl Kollmann] Argentina. El juez Norberto Oyarbide le atribuyó a Mauricio Macri responsabilidad en las escuchas ilegales a su cuñado, Daniel Leonardo, y al dirigente de la agrupación Familiares de las Víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, en base a una secuencia de hechos descriptos en los fundamentos del procesamiento dados a conocer ayer. El policía de su máxima confianza, Jorge Palacios, era jefe de Ciro James y se muestra en las llamadas telefónicas que cada paso que daba James venía precedido de una comunicación de Palacios. Las escuchas a Leonardo se hacen por un conflicto interno en la familia Macri, algo que denuncia el propio Leonardo. Justo cuando intervienen el teléfono de Leonardo, Ciro James resultó designado en forma insólita en el Ministerio de Educación, donde no hizo ningún trabajo y las pruebas de que estaba allí por orden superior son categóricas. Respecto de Burstein, también se verifica que el número lo proporciona Palacios y de inmediato James se comunica a Misiones para que intervengan el teléfono. Según Oyarbide, el móvil fue monitorear los diálogos de Burstein relacionados con la causa AMIA, porque si Palacios resultaba procesado, como efectivamente ocurrió, eso afectaría a la administración Macri.
A lo largo de 70 páginas, Oyarbide y su secretario letrado, Gustavo Russo, fundamentaron el procesamiento del jefe de Gobierno porteño. La acusación fue por violación de secreto, abuso de autoridad, falsificación de documentos y ser partícipe de una asociación ilícita.

Respecto de Leonardo, la secuencia es la siguiente:

-Daniel Leonardo acusa a Macri. Oyarbide transcribe: "Atribuyo la pinchadura de teléfono a la relación que tengo con la familia Macri, por medio de mi esposa Sandra Cristina Macri, ya que desde el inicio de nuestra relación, el padre, Franco Macri, se opuso [...] es por ello que creo, sin posibilidad de error, que el Sr. Franco Macri habrá hablado con Mauricio Macri a los efectos de que violaran mi intimidad por medio de pinchadura de teléfono".

-Después de que Leonardo acusó a Macri, hubo una operación para que retirara la acusación. El cuñado sostiene que lo presionaron para que leyera ante la prensa un desmentido, cuyo texto se le mandó por mail. Así se señala en los fundamentos: "Debe resaltarse el particular modo elegido por Mauricio Macri a los efectos de que Néstor Leonardo desmienta públicamente hechos que pudieran involucrar al imputado en autos, los que habían sido expuestos por el propio Leonardo ante esta sede en declaración juramentada. Sin perjuicio de ello, la víctima no accedió a transitar el camino más fácil, por el contrario concurrió ante estos estrados acompañando una impresión del mail que recibió y no leyó ante la prensa".

-El gran protagonista de las escuchas, Ciro James, aparece entonces en el centro de la escena de la operación. Macri declaró que no lo conocía, que tampoco sabía de su contratación en el Ministerio de Educación y desconocía que estaba por ingresar a la Metropolitana.

-En el expediente aparece acreditado que el ex ministro de Educación Mariano Narodowski y su ex jefa de Gabinete Roxana Barroso, sostuvieron que James integraba un grupo de abogados de la Universidad de La Matanza, que asesorarían al ministerio. Sin embargo, el secretario Legal y Técnico de la Universidad dijo que nunca recomendaron a James y que no sabían siquiera que James trabajaba en Educación.

-Declararon tres abogados de la Universidad de La Matanza. Los tres dijeron que entregaban trabajos mensuales que se llamaban avance de obra, pero James admitió que "no recuerda haber firmado ningún trabajo". Todos coinciden en que nunca vieron a James en el ministerio e incluso hay contradicciones entre Narodowski y Barroso respecto del trabajo, los horarios y la presencia de James en el ministerio.

El juez hace un resumen. "Hasta aquí se encuentra acreditado, con el grado de precariedad propio de esta instancia, lo siguiente: la inexistencia de constancias respecto de la labor de James en el Ministerio de Educación, la falta de precisiones respecto del origen de la recomendación para que fuera contratado, que percibía el monto máximo permitido para la modalidad de contratación celebrada, que el asesoramiento que prestaba era ‘de carácter informal’, que en un primer momento se ocultó su condición de empleado del Ministerio, que Mauricio Macri intentó desvincularse de la escucha telefónica de su cuñado a través de un comunicado de prensa falso y que afirmó públicamente que era un infiltrado en su gobierno. Así, la totalidad de los argumentos señalados, que encuentran respaldo en el cúmulo probatorio reunido en autos, me permiten colegir que sólo una persona –Mauricio Macri– podría estar interesada en tener acceso a las conversaciones de Néstor Daniel Leonardo y, a la vez, tener un nivel de injerencia, propio de su función pública, que permita llevar a cabo la contratación de James dentro de la órbita del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires."
Continúa el magistrado. "Leonardo hizo referencia, en su testimonio, a las reiteradas ocasiones en que Franco Macri quiso comprar su disolución matrimonial. Como consecuencia de esta conversación –que derivó en una pelea matrimonial entre su esposa, Sandra Macri, y el resto de la familia– se le retiró a Sandra el pago de dividendos que cobra como accionista de la empresa SOCMA, donde detenta un 20 por ciento de las acciones, como así también los intereses de un fideicomiso que tenía fuera del país. Como podrá verse, Leonardo plantea la problemática en torno a su relación matrimonial con Sandra Macri como un asunto de vital trascendencia en el seno de su familia, siendo ello lo que lo llevó a sostener que cree, sin posibilidad de error, que Franco Macri, a través de Mauricio Macri habrían violado su intimidad interviniendo su teléfono."

Oyarbide hace una secuencia elocuente:

-El 2 de mayo de 2008 se pide en Misiones la intervención del teléfono de Daniel Leonardo, sobre la base de una falsa causa por homicidio.

-El 8 de mayo el juez misionero ordena la intervención del teléfono.
 
_El 9 de mayo se abre el expediente de contratación de Ciro James en el Ministerio de Educación.

-El 23 de mayo la SIDE interviene el teléfono de Leonardo.

-El 30 de mayo la Ciudad acepta el contrato de James en el Ministerio de Educación.

El juez concluye que la contratación fue para darle cobertura legal a la actividad ilícita de James y retribuir dicha tarea. A la postura pública de Macri de que a James lo infiltró la Policía Federal, Oyarbide contrapone un argumento sencillo: "Fue el propio Jorge Palacios quien recomendó e incorporó a James a la Policía Metropolitana".
Respecto de Burstein, el magistrado señala que Macri estaba interesado en escucharlo para hacer un seguimiento de la causa AMIA, ya que un eventual procesamiento de Palacios podría derivar en un grave problema para su gobierno.

En ese tramo del texto, Oyarbide también presenta una secuencia llamativa:

-El 6 de agosto de 2009, Palacios llama a James.

-Este le devuelve de inmediato el llamado.

-La lógica indica que en esa comunicación Palacios le pasó a James el número de Burstein.

-En el minuto siguiente, James llama a Burstein, obviamente para chequear que ese teléfono fuera el de Burstein. Es seguro que lo llamó haciéndose pasar por un promotor o alguna excusa semejante.

-No bien termina el diálogo, James llama a Misiones y les pide a los policías de esa provincia que gestionen en el juzgado la intervención del teléfono.

-El juez de Misiones pide la intervención ese mismo día.

-Al día siguiente se produce la misma serie de llamados, pero a la inversa. De Misiones se comunican con James y éste con Palacios.

-Los llamados se producen después de las 21, lo que indica que no tenían que ver con un simple aspirante a entrar a la Metropolitana, como pretendió argumentar Palacios.

Oyarbide señala que, ya desde los tiempos de Boca Juniors, Palacios era su estrecho colaborador, así como lo fue el ex gerente del club, Andrés Ibarra. Este último aparece como jefe administrativo del Ministerio de Educación, justo el lugar en el que resultó contratado James, con un sueldo de 6000 pesos por mes.
El juez no dejó de transcribir una notoria declaración de Roberto Digón, ex directivo de Boca, enfrentado a Macri. "Ya en tiempos en que Palacios estaba en club, era conocido como un as en las pinchaduras telefónicas."

18 de mayo de 2010
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peligrosos criminales en libertad

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Bonfatti se reunió con querellantes de la causa Díaz Bessone. ‘El Cura’ Marcote fue liberado el 19 de abril, diez días antes que Vergara y Lofiego. El ministro dijo que "tendría que hacerse un seguimiento para que no estén cerca de ningún testigo" y prometió realizar modificaciones al Programa de Protección.

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[José Maggi] Argentina. Un grupo nutrido de querellantes de la causa Díaz Bessone (ex Feced) le exigió explicaciones ayer al ministro de gobierno Antonio Bonfatti por su falta de advertencia ante la liberación de tres represores, que serán juzgados a partir de 21 de julio. Los militantes también tiraron sobre la mesa un dato más preocupante: Mario ‘el Cura’ Marcote fue liberado el 19 de abril, es decir diez días antes que Ramón Vergara y Rubén ‘el Ciego’ Lofiego. Bonfatti no pudo precisar las fechas pero aseguró que los ministros se enteraron "48 horas después" y prometió una reunión el viernes con funcionarios de Gobierno, Seguridad y Justicia. "Todos podemos cometer errores -reconoció- pero estamos dispuestos a modificarlos. Quiero trasladarles la firme convicción de proteger a los testigos y de que se haga justicia", remarcó. Lilian Echegoy pidió cambios en el Programa de Protección de Testigos.
Elida Luna, de Familiares, se quejó "porque nos enteramos por los diarios de la liberación de los tres represores". A su lado Héctor Medina planteó: "Concretamente queremos saber por qué no nos enteramos a tiempo de la liberaciones, y por qué faltó comunicación entre los Ministerios ya que la policía depende de Gobierno. Si bien reconocemos que hay una resolución judicial, esta información debió haber fluido hacia el Programa de Protección de Testigos, porque no se puede proteger a nadie sino tenés información correcta".
"La otra petición -abundó Medina- es que se exprese públicamente el gobierno provincial sobre las liberaciones, y le pedimos también que ejerzan presión sobre el recurso de Queja que está en la Corte Suprema, ya que esto permitiría que los tres represores vuelvan a prisión que es el lugar donde debieron haber estado".
Alfredo Vivono advirtió que "según informaron varios abogados Marcote fue liberado diez o quince días antes de lo que oficialmente se reconoce. Por eso le advertimos al ministro que si bien nos preocupa enterarnos por los diarios, nos preocupa mucho más que ellos como gobierno se enteren como nosotros de esta liberación".
Bonfatti explicó: "Tuvimos que acatar la decisión de la justicia, y en este caso la toma el Servicio Penitenciario y lamentablemente a todos los ministros nos informaron 48 horas después, por lo cual ahora hemos planteado directivas precisas tanto al Servicio Penitenciario como la policía que ante cualquier liberación de un detenido implicado en delitos de lesa humanidad, la comunicación debe ser previa a la liberación".
"Por otro lado -agregó el ministro- hemos hablado con el fiscal de la causa porque no creemos que los tres liberados solo deban presentarse a cumplir semanalmente con determinadas obligaciones, sino que tendría que hacerse un seguimiento para que no estén cerca de ningún testigo, de ninguna manera.

¿Es verdad que Mario Marcote fue liberado el 19 de abril? --preguntó Rosario/12.
No sé exactamente la fecha pero lo que sí puedo decirle es que nos enteramos 48 horas después.

¿Pero puede confirmar si hubo una primera liberación, a mediados de abril y luego dos más a fin de mes?
Si me pregunta fechas concretas se me va a escapar, pero puedo darle la firme decisión política de este gobierno de involucrarnos en la protección de los testigos, de que se esclarezcan para el bien del país estos casos, que se haga justicia, y que aquellos que han cometido ilícitos de todo tipo, paguen en la cárcel si es necesario.

¿En qué lugar falló la cadena de información teniendo en cuenta que la Alcaidía de la jefatura la maneja la propia policía?
Falló hacia arriba, hacia el propio Ministerio porque se lo tomó como una liberación de presos comunes, y en verdad no lo son, por lo cual desde ahora hemos dado órdenes nuevas. La cadena falló en el que no informó, en los escalones inferiores.

¿Van a cambiar el Programa de Protección de Testigos?
Precisamente esto lo vamos a abordar con las organizaciones (de derechos humanos) en un reunión con los tres ministros del área y sus tres secretarios (Justicia, Gobierno y Seguridad), más los directores del Programa de Protección de Testigos y del Servicio Penitenciario que se realizará de ser posible el viernes.

También participaron del encuentro Gustavo Brufmann, Juan Rivero, Didi Quiroga, Liliana Gómez, Olga Moyano, Carlos Novillo, Laura Ferrer, Leticia Faccendini y Ana Moro.

18 de mayo de 2010
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ddhh como política de estado

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Referentes de los bloques de diputados opinan acerca de la declaración sobre los juicios de lesa humanidad. El miércoles pasado, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto promovido por el CELS por el cual se declaró "política de Estado" a los juicios por crímenes de lesa humanidad que se llevan adelante.

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Argentina. Remo Carlotto (Frente para la Victoria): "En el Centro de la Agenda".
"Desde su comienzo, el proceso político iniciado por Néstor Kirchner y continuado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha puesto en el centro de la agenda política la resolución de los crímenes de lesa humanidad como un imperativo del funcionamiento pleno del sistema democrático, en el marco del ejercicio irrestricto de la justicia. Prueba de ello han sido las decisiones tomadas, como la conformación de una Corte Suprema independiente, la anulación y posterior declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia, punto final e indultos y el apoyo a la histórica lucha de los organismos de derechos humanos en el marco de la memoria, la verdad y la justicia. El proyecto, desde la perspectiva de nuestro bloque, significa la ratificación de la política de derechos humanos llevada adelante por nuestro gobierno como política de Estado."

Ricardo Gil Lavedra (UCR): "Me Parece Favorable"
"El texto de la declaración, en marco del Bicentenario, de apoyo a la política de verdad y justicia y la condena permanente a los crímenes de lesa humanidad, para que los juicios concluyan, me parece favorable, además de importantísima. La postura de la UCR es que aceleren todo lo posible los juicios. El Gobierno tuvo la virtud importante y la gran voluntad política de impulsar los juicios, pero sin una visión estratégica de cómo llevar adelante los juicios de la forma más rápida posible después de cinco años que la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. A diferencia de la aceleración que le imprimió la Corte Suprema a través de la comisión interdisciplinaria que creó y que este año aceleró muchas audiencias orales. Nuestra postura es que los juicios se terminen lo más rápido posible para beneficio de las víctimas, de los victimarios y de todos los argentinos."

Elisa Carrió (Coalición Cívica): "Un Proyecto Relevante"
"El proceso de justicia que condena por delitos de lesa humanidad debe ser para nuestro país una política de Estado, y la aprobación del proyecto de declaración se torna relevante en tanto fue votado por unanimidad y compromete al conjunto de las fuerzas políticas de nuestro país. Se debe dotar a la Justicia de recursos humanos y económicos para agilizar los procesos y garantizar la seguridad de los testigos, para evitar que hoy tengamos que lamentar la existencia de nuevos desaparecidos. Desde los comienzos del ARI, nuestra fuerza ha sido autora de proyectos en esta materia, sin haber nunca utilizado la bandera de los derechos humanos con el fin de obtener algún rédito político. La historia ha encontrado y encontrará siempre al ARI y a la Coalición Cívica en la lucha por la verdad, justicia y condena para los delitos de lesa humanidad."

Federico Pinedo (PRO): "La Justicia Debe Acelerar"
"Respaldamos el proyecto porque nos parece que desde el punto de vista político todos los argentinos debemos asumir un piso mínimo para que esto no nos vuelva a pasar nunca más. Este es un acuerdo avalado por todas las fuerzas políticas como base mínima de convivencia. Este es un tema que lo debe resolver la Justicia y el poder político debe aportar, si es necesario, todos los recursos necesarios, incluido el económico, para que la Justicia afronte y resuelva todas las causas pendientes en el tiempo más rápido posible. No puede ser que treinta años después este tema esté sin definición, aunque hay que reconocer que hasta que la Corte no se pronunció contra las leyes que frenaban los juicios, los mismos se habían paralizado. La Justicia tiene que acelerar y concluir los juicios."

Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro): "Los Juicios Son Prioritarios"
"El juicio y castigo a todos los responsables del genocidio de la dictadura es prioritario. En ese sentido, que la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia se haya declarado como política de Estado es un hecho histórico de suma importancia. En estos años se ha avanzado muchísimo anulando las leyes de impunidad y generando un contexto político a favor de la búsqueda de justicia. En ese contexto, una de nuestras preocupaciones es la demora en los juicios. Por eso, sería importante mejorar la capacidad del Poder Judicial y el ministerio público para investigar estos crímenes. La defensa de los derechos humanos, el compromiso con la verdad y la justicia y el entendimiento que nuestro futuro habita en la memoria no sólo tiene el respaldo por unanimidad de nuestra militancia, sino que es un rasgo de identidad constitutivo de nuestra fuerza."

Mónica Fein (Partido Socialista): "Nos Define como Nación"
"Para el Partido Socialista, éste es un tema fundamental y fundacional. Los juicios por delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos por el terrorismo de Estado son esenciales e imprescindibles para la consolidación de las libertades democráticas y el Estado de Derecho. Construir la memoria histórica que permita revelar el pasado a las nuevas generaciones es tarea de la sociedad en su conjunto, pero dentro de ella los actores políticos tenemos una mayor responsabilidad. Por eso, aprobar este proyecto significa que la Cámara de Diputados, más allá de todos los debates y diferencias que se evidencian en la cotidianidad de su funcionamiento, puede expresar unanimidad cuando hablamos de temas que nos definen como nación. Es muy positivo que la comisión haya hecho propio el pedido del CELS y que esta declaración se haya hecho cerca del Bicentenario.

18 de mayo de 2010
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manifestación a favor de violador

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Movilización en Olavarria a favor de un acusado de violación. Un médico ginecólogo de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, fue detenido, acusado de abuso sexual de seis pacientes en su consultorio. Ayer, un centenar de personas marchó en contra de la investigación judicial.

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de entre 25 y 46 años, mientras las atendía en su consultorio privado. La movilización tiene similitudes con la convocada días atrás en General Villegas: una vez más la palabra de las víctimas, mujeres, aparece devaluada y se invisibiliza el grave delito contra su integridad sexual que denuncian. "Y se las señala como mentirosas o culpables, hasta que demuestren lo contrario", cuestionó Griselda Astudillo, de la organización de mujeres de Olavarría Jácara Colectiva Feminista.
El médico acusado es Jorge Lescano, oriundo de Córdoba pero radicado hace varios años en Olavarría, donde comparte el consultorio con su esposa, también ginecóloga. Fue detenido a pedido del fiscal Nº 5, Martín Pizzolo, el 4 de mayo. Lo apresaron en su consultorio, donde paralelamente la Justicia realizó un allanamiento y secuestró las historias clínicas de las mujeres que lo denunciaron penalmente. El viernes, el juez de Garantías de Olavarría, Carlos Villamarín, le concedió la excarcelación extraordinaria. El ginecólogo está acusado de "abuso sexual gravemente ultrajante" cometido contra cuatro pacientes y de "abuso sexual simple" contra otras dos. Lescano no quiso hacer uso de la excarcelación y permanece internado en un hospital local debido a que al segundo día de estar en prisión en una seccional policial adujo que sentía dolores en el pecho y lo trasladaron al centro de salud.
La causa se inició a fines de abril. Una de sus pacientes lo denunció con el patrocinio legal de la abogada Valeria Sansimoni. La mujer había ido primero a la Comisaría de la Mujer de Olavarría, pero no le quisieron tomar la denuncia, según reveló ayer a Página/12 su abogada. "Después de escuchar la descripción que hizo de los hechos sufridos en el consultorio, hablé con varios ginecólogos y ginecólogas conocidos y me confirmaron que lo que el médico le había hecho a la señora no se trataba de un tratamiento ginecológico", explicó Sansimoni. De acuerdo con la denuncia, el médico la habría sometido a una supuesta terapia para mejorar el desempeño sexual que incluyó acceso carnal. El caso trascendió rápidamente en Olavarría: el ginecólogo atiende a mujeres de sectores medios y altos de la ciudad y se convirtió en el tema de conversación de los últimos días en comercios y reuniones sociales. Conocida la primera denuncia, se presentó en la fiscalía otra paciente con un relato similar. Y luego otras cuatro mujeres más se acercaron al estudio de Sansimoni y al de otra abogada, Elda Donatelli, para denunciar hechos parecidos. Las dos abogadas llevan el caso. El juez de Garantías caratuló como "abuso sexual gravemente ultrajante" en los casos de las cuatro mujeres que denunciaron que sufrieron acceso carnal de parte del ginecólogo y como "abuso sexual simple" en los dos en los que no hubo penetración pero sí tocamientos y manoseos indebidos. Tres de las denunciantes son mujeres casadas. Los hechos denunciados ocurrieron entre dos meses y un año y medio atrás. El Colegio Médico, que abarca a 16 distritos de la zona, pidió ser aceptado como particular damnificado en la causa, según informó su presidente, Saulo Ciocchini. El Círculo Médico de Olavarría dijo que su postura "es y será colaborar con la Justicia y esperar la decisión final de ésta".
Pero una vez más, como en General Villegas, frente a la denuncia de delitos contra la integridad sexual cometidos contra mujeres, un sector de la población asumió una posición que revictimiza a las víctimas al descreer de su palabra, a pesar, incluso, de que las denuncias provienen de varias pacientes y sus relatos son coincidentes.
La marcha en apoyo a Lescano fue convocada por familiares y amigos del médico detenido, a través de correos electrónicos y carteles colocados a partir del jueves en algunos comercios de la ciudad. No fue multitudinaria: participaron poco más de cien personas. Andrés Llado, un hombre que se identificó como "marido de una paciente" de Lescano, fue el promotor de la movida. Los manifestantes se concentraron ayer a las 15 en la puerta del consultorio, España 3412, para respaldar al ginecólogo acusado de graves delitos. "Justicia por Lescano", decía uno de los carteles que llevaban. "Lescano, creemos en usted y en la Justicia. La verdad siempre triunfa", decía otra pancarta. La abogada Sansimoni se mostró sorprendida por la concentración: "Es lamentable el quiebre en la sociedad que generan los delitos contra la integridad sexual y el descreimiento hacia las víctimas no sólo de parte de varones, sino también de otras mujeres. Nuestra sociedad sigue siendo muy machista", reflexionó.

17 de mayo de 2010
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policía no da garantías

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Juan Lucero, sobre la seguridad a testigos de los juicios. Es lo que propone este ex preso político y ex diputado provincial del ’73 al ’76. Lucero vino a Rosario a testimoniar en una causa por terrorismo de Estado. Asegura que lo preocupa que sean policías los que le dan la seguridad a los testigos.

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[José Maggi] Argentina. "Me preocupa la falta de seguridad brindada a quienes estamos decididos a que el país cambie en serio. No podemos tener una seguridad policial bajo ningún punto de vista, la policía no nos da ninguna garantía. En el tiempo de Brandazza la seguridad la dábamos nosotros, y no aceptábamos seguridad policial porque la policía está ligada a los que han producido estos hechos de terrorismo de Estado, fueron gente de las diferentes fuerzas armadas y la policía". El que habla es Juan Lucero, más conocido por su apodo "Chancho" ex diputado provincial entre 1973 y 1976, quien declaró esta semana ante el juez federal Marcelo Martín Bailaque en la causa que investiga el secuestro y desaparición de Daniel Gorosito en 1976. En diálogo con Rosario/12, Lucero -radicado en Dinamarca reivindicó la investigación de todos los delitos cometidos por el terrorismo de Estado, pero no a través de las mismas fuerzas armadas o policiales que los cometieron. Por eso pidió la creación de un cuerpo propio de civiles que custodien a los testigos de las diferentes causas por delitos de lesa humanidad. La idea suena creíble en boca de quien encabezara la Comisión legislativa que investigara el Caso Brandazza, y que saliera vivo de siete atentados contra su vida.

¿Qué lo preocupa?
Hoy lo más preocupante es la falta de una organización del Estado ya sea provincial o nacional que investigue los hechos como corresponda, porque las cosas ocurrieron hace años, pero la investigación debería hacerse como corresponde. Por ejemplo el caso de Brandazza, en el que logramos probar que ahí se lo había tenido secuestrado y lo habían asesinado (la dependencia policial de Dorrego al 900). Hay elementos para hacer una investigación, porque de lo contrario van a seguir ocurriendo hechos como este de Silvia Suppo, o Julio López y otro más, y quizás puedan ocurrir más. Y me preocupa la falta de seguridad brindada a quienes estamos decididos a que el país cambie en serio. Nosotros no podemos tener una seguridad policial bajo ninguna punto de vista porque la policía no nos da ninguna garantía. En el tiempo de Brandazza la seguridad la dábamos nosotros, y no aceptábamos seguridad policial.

¿Por qué?
Porque la policía está ligada a los que han producido estos hechos de terrorismo de estado, fueron gente de las diferentes fuerzas armadas del país, como pasó en el caso Brandazza en la subárea Rosario, o después con la Triple A. Entonces esta gente no está para brindarnos servicios de inteligencia, sino que pretenden producir un hecho a favor de quienes los utilizan como herramientas, y que siguen existiendo, como los Martínez de Hoz, Cavallo, López Murphy o Macri. Y son muy peligrosos, porque están sirviendo a alguien que existe, enormes corporaciones dirigidas desde Nueva York a través de mafias, de las que Cavallo es uno de los representantes más grandes. Por eso digo que si no existen organizaciones del propio estado que investiguen estos hechos van a ocurrir cosas como las que pasan en Rosario: donde desde los clubes privados y los barrios privados en los que está esta camarilla, siguen organizando cosas contra el Pueblo. Por eso repito lo de Daniel Gorosito, tiene que investigarse y no lo pueden parar cosas como las de Julio López o Suppo, y menos aún compensar a las familias con una indemnización. Con esto no se hace nada, esta no es una respuesta a lo que ha ocurrido. El hecho de sangre no se puede pagar con ningún dinero del mundo por más que la gente lo acepte por necesidad.

¿Qué pudo aportar sobre Gorosito?
A Daniel lo conocí en la cárcel de Coronda donde hablé a través de una ventana. En ese momento me confió que tenía temor porque Feced lo había amenazado. Yo le conté que a mí también me habían intentado sacar y no lo había logrado porque había ordenes de no hacerlo. Al poco tiempo lo vinieron a buscar a la cárcel y los carceleros lo sacan fuera de su celda, pero empezamos a golpear jarros, a gritar, hicimos todos ruido para que no se lo llevaran. Así que lo dejaron y lo pusieron en otro calabozo con un sindicalista que después contó que antes de sacarlos les habían hecho firmar su libertad, para después hacerlos aparecer muertos en combate. Esta mecánica la usaron también en Rosario con un chico de apellido Galeano, que se les estaba muriendo en la tortura, y le hicieron firmar la libertad para después asesinarlo afuera. Esto lo hicieron Cirone (Octavio) y Kushidonchi (Adolfo, ambos gendarmes y directores de la cárcel Coronda el primer en 1977 y el segundo en el 78). Los dos estuvieron primero en la cárcel de Encausados de Rosario y después fueron para allá. Como muestra de lo que hacían me castigaron durante tres años en una celda todo tapiado, taparon al ventana, 24 horas encerrado. A veces me sacaban una hora, cuando todos estaban encerrados, a dar una vuelta. Creí que me moría, y terminé hablando con los bichitos".

16 de mayo de 2010
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unanimidad en juicios a dictadura

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La Cámara de Diputados declaró por unanimidad que los juicios por los crímenes de lesa humanidad constituyen una política de Estado.

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[Horacio Verbitsky] La Cámara de Diputados declaró por unanimidad "política de Estado" los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. El proyecto fue preparado por el Centro de Estudios Legales y Sociales en adhesión al Bicentenario. Primero en comisión y luego en el recinto se aprobó sin un solo voto en contra o abstención. Los considerandos del CELS tienen la amplitud que se extraña en los debates partidarios. Reconoce el trabajo de la Conadep y el juicio a las juntas promovido por el ex presidente Raúl Alfonsín, que consolidaron los derechos humanos como pilar político de la restitución del estado de derecho y sustento ético del entramado social; recuerda que las leyes de impunidad fueron declaradas nulas por la justicia en 2001 en la causa Simón a solicitud de organizaciones de la sociedad, celebra la aceleración de esos procesos a partir de 2005 con el aval de los tres poderes del Estado y el impulso que dio a esas causas el ex presidente Néstor Kirchner.
Esa recapitulación valora los aportes que distintos sectores políticos y sociales hicieron para llegar al resultado actual, del que algunos políticos livianos proponen retroceder, como el ex senador Eduardo Duhalde, que busca captar el voto del sector reducido pero homogéneo que antes cubría el ex comisario Luis Patti, hoy detenido y procesado por sus crímenes, y el teniente coronel Aldo Rico, que parece cómodo con su horizonte municipal. Duhalde cree que ese porcentaje, de 5 a 10 por ciento del electorado, le permitiría sentarse a alguna mesa de negociación en caso de una eventual segunda vuelta entre dos candidatos fuertes en 2011. Sigue así la línea de los ex presidentes Alfonsín y Carlos Menem, quienes no se resignaron al natural paso del tiempo y las coyunturas y pretendieron conservar una vigencia que la sociedad les negaba.
En un Congreso dividido y enfrentado, una votación unánime es excepcional. Sin embargo ni La Nación ni Clarín se dieron por enterados, como si el hecho no hubiera ocurrido. Ese intento vano de reescribir la realidad tiene explicaciones diferentes. El diario orientado por Claudio Escribano reclamó durante mucho tiempo una amnistía para los responsables del terrorismo de Estado y desde que advirtió su imposibilidad, postula una insostenible equivalencia con los actos cometidos por miembros de las disueltas guerrillas de entonces. Clarín, por su parte, embarcado en una batalla de vida o muerte, tergiversa o denigra cualquier acto que sospeche merecedor de alguna simpatía oficial. El daño que esos medios están haciendo a su credibilidad al abandonar su razón informativa de ser y alinearse como alfiles de un combate político y económico será más duradero que este gobierno que, como todos, pasará.

Rémoras
Ya han concluido 23 debates de juicio oral, con 68 condenados y siete absueltos, y otros 10 debates se están realizando ahora, que involucran a 59 miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad y algunos civiles. Menos de 1500 personas fueron acusadas por crímenes de lesa humanidad, es decir un porcentaje minúsculo de quienes integraron esas fuerzas entre 1976 y 1983 (no menos de 50.000 oficiales y suboficiales en cada año). Sólo 649 fueron procesados, de los cuales 421 están detenidos con prisión preventiva y 228 en libertad. Hubo 230 imputados que murieron mientras eran investigados y 18 fueron declarados incapaces, entre ellos el ex dictador Emilio Massera. En varias jurisdicciones es ostensible la decisión de algunos jueces de impedir que las causas lleguen a la instancia del juicio oral. El caso paradigmático es Mendoza, donde los camaristas Luis Francisco Miret y Otilio Romano saben que de llegarse a esa instancia se ventilarán en esas audiencias sus propias responsabilidades. Ambos han sido denunciados ante el Consejo de la Magistratura, que la semana próxima analizará citarlos para que hagan su descargo. Ambos fueron parte del dispositivo del Estado Terrorista por lo que también investiga su desempeño el fiscal Omar Palermo. Miret está descontrolado y luego de que la Universidad Nacional de Cuyo lo suspendiera como profesor, llegó furioso a su sede e increpó a los alumnos que lo denunciaron por haber encubierto las torturas y violaciones cometidas por la Inteligencia policial mendocina. A los gritos expuso la apetencia de orden que a su juicio tenía el país, como implícita justificación del golpe de 1976. Mucho más astuto, Romano ha permanecido en silencio, especulando con una argucia procesal. Uno de los jueces del Consejo de la Magistratura señaló que el desempeño cuestionado de Romano ocurrió cuando era fiscal, por lo cual no se lo podría destituir como juez. Tampoco se podría remitir el caso a la Procuración General, que se encarga de los fiscales, porque ahora es juez. De aceptarse este sofisma sólo el Padre Eterno podría revisar su conducta. Sin embargo, hace dos semanas el Consejo de la Magistratura resolvió de otro modo una situación idéntica. El dictamen 132/10 afirma que correspondía citar al juez del Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba Carlos Otero Alvarez por actos cometidos cuando era secretario de un juzgado de primera instancia. Igual que Romano, Otero Alvarez no denunció los tormentos que le contaban haber padecido los detenidos. Otero Alvarez renunció, tal como hizo el año pasado por idéntico motivo el camarista mendocino Carlos Pereyra González. Entre los firmantes de ese dictamen figuran los jueces Miguel Gálvez y Luis Cabral, que no podrían cambiar de criterio sin escándalo en el caso de Romano.
El paralelismo de Mendoza con Córdoba va más allá. Quien denunció a Otero Alvarez fue el ex preso político Luis Miguel Baronetto, a cuya esposa Marta González se le aplicó la ley de fugas en la Unidad Penitenciaria 1. La apertura del debate oral de esa causa fue fijada para el 27 de mayo, pero el Tribunal Oral 1 decidió acumular una nueva causa, lo cual implicará una nueva postergación del debate. Según Baronetto, en ese expediente quedará en evidencia "la complicidad de los funcionarios judiciales que autorizaron el retiro de la cárcel de San Martín de los 29 presos políticos que fueron fusilados. Tal actitud de la familia judicial se entiende mejor si recordamos que fue este mismo Tribunal el que encubrió al ex Juez Otero Alvarez, hasta que las evidencias de su pasado obligaron el retiro".

Complicidades
La defensa de la impunidad en Mendoza combina personal judicial con intereses políticos y económicos. El diario Uno, de la sociedad que integran Francisco De Narváez, José Luis Manzano y Daniel Vila, publicó la semana pasada una nota escandalizada con el título "Magistrados en una conferencia. Omar Palermo, Héctor Cortés y Antonio González Macías, integrantes de los tribunales federales, presenciaron una charla de Horacio Verbitsky. Deben actuar en causas que se criticaron allí". No es verdad que se hayan criticado las causas. Se denunció la complicidad de Miret y Romano con el terrorismo de Estado. El diario se pregunta si los jueces asistentes "están en condiciones de actuar de manera imparcial cuando deberán dar a conocer sus sentencias en casos en que se investigan los hechos sucedidos durante la dictadura". Ese mismo inaudito argumento emplearon los defensores de varios compañeros de causa de Luciano Benjamín Menéndez para recusar a Cortés, quien integra el Tribunal Federal 2 que a partir del 1 de julio debe entender en el próximo juicio al ex Comandante del Cuerpo III de Ejército. Extendieron la recusación a sus dos colegas de tribunal por no declarar "la inconveniencia de haber asistido a dicha conferencia". Palermo no estuvo presente, pero al nombrarlo ese diario militante busca deslegitimar lo que decida sobre la situación de Romano y Miret. Yo no soy parte en esas causas y ninguno de los jueces que me escucharon adelantó opinión alguna sobre ningún hecho. Ni en ese ni en ningún otro expediente se discute la legitimidad o la moralidad de los crímenes del Estado Terrorista ni la vigencia de las leyes de punto final y obediencia debida. En el resto de la Argentina secuestrar, torturar y asesinar son delitos y las leyes y decretos de impunidad han sido nulificados por la Corte Suprema y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo único que se analiza en cada juicio es la intervención que puedan haber tenido en los hechos las personas acusadas, determinar si cometieron o no los crímenes que se investigan. Cualquier otro enfoque encubre una vergonzante convalidación del terrorismo de Estado.
La intencionalidad del diario de Manzano, De Narváez y Vila es obvia. Romano es uno de los camaristas que suspendieron la aplicación en todo el país de la ley de servicios audiovisuales, por la impugnación de un diputado mendocino. En defensa de ese interés particular del Grupo el diario no vacila en defender la impunidad por los crímenes de la dictadura. Como de todos modos la situación de Romano y Miret se torna insostenible, arrecian las presiones para asegurarse los relevos. La semana pasada estuvo varios días en Buenos Aires el juez federal Walter Bento (acusado por los organismos defensores de los derechos humanos de atomizar las causas para dilatar su avance y tornar más difícil la visualización de las responsabilidades). Lo acompañó su secretario y candidato a juez federal Marcelo Garnica. Su postulación fue impugnada por la organización mendocina Xumek y por el CELS, por las deficiencias de su secretaría en la instrucción de los expedientes del terrorismo de Estado. Bento mantuvo varias entrevistas en respaldo de Garnica.

Sin Agenda
Casi un año después de las elecciones generales, la iniciativa política y económica sigue en manos de la presidente CFK, mientras el Grupo Ahhh... se aísla de las cuestiones centrales que interesan a la sociedad. Las ganancias que ese conglomerado informe obtuvo en el Congreso dependen sólo en parte del resultado electoral y en buena medida de la deserción de tránsfugas del oficialismo, ya sea porque no obtuvieron las candidaturas que creían merecer o porque toman distancia para cotizar mejor su aporte en casos puntuales.
La derrota en la provincia de Buenos Aires y la mayoría de los grandes distritos ha complicado la gestión oficial. Pero hasta ahora la única victoria nítida del Grupo Ahhh... fue la piñata de los cargos, desde los cuales obstruir los proyectos gubernamentales, lo cual terminó volviéndosele en contra. Puso en evidencia la inviabilidad del fantasioso propósito de gobernar desde el Congreso en contra de las políticas dispuestas por una mandataria electa en 2007 por votos tan legítimos como los de 2009 y devaluó la retórica republicana y consensual de quienes ejercieron su nuevo poder con mayor prepotencia y arbitrariedad que la que denunciaban. También aportó en ese sentido la visión apocalíptica de los principales medios de comunicación, que comienzan a padecer el síndrome Carrió: los anuncios de catástrofes inminentes y la hipérbole en los calificativos terminan por saturar y producen el efecto contrario. Sobre todo cuando las calamidades ocurren en otros lugares del mundo en los que se aplican las mismas recomendaciones que hasta comienzos de este siglo condujeron a la bancarrota argentina, mientras aquí se han preservado puestos de trabajo e ingresos populares gracias a una lista de prioridades distinta a todo lo conocido por lo menos desde 1975. Por ahora con timidez, muchas individualidades de la oposición comienzan a buscar la salida de la trampa en la que su propia conducción (o la falta de cualquier conducción) las encerró. Un ejemplo fue el diálogo con el gobierno que buscó y obtuvo el senador electo por la CCL Samuel Cabanchik. Otro, los intentos de Margarita Stolbizer y Pino Solanas por establecer proyectos diferenciados de los de la UCR, el duhaldismo y el PRO. Salvo el arrebato de los principales cargos en las comisiones legislativas, el Grupo Ahhh... no ha conseguido avanzar ninguno de los temas de su agenda. En algunos casos el gobierno no ha sido ni hábil ni respetuoso de las formas institucionales, y por ello ha debido empantanarse durante meses en la justicia y el Congreso. Pero la racionalidad de las decisiones adoptadas, como el empleo de una parte de las reservas del Banco Central para el pago de compromisos contemplados en la ley de presupuesto, terminaron por prevalecer. El Grupo Ahhh..., en cambio, actúa en forma errática y no ha logrado mostrar otro objetivo que fastidiar al gobierno.

El Rol del Estado
La nota escandalizada del diario Uno, de la sociedad de Francisco De Narváez, José Luis Manzano y Daniel Vila.
El contexto internacional favorece a CFK en la comparación: las medidas que están incendiando a Grecia y las que amenazan la carrera política de José Luis Rodríguez Zapatero son las mismas que en 2002 permitieron la más brutal transferencia de ingresos de toda la historia argentina, del conjunto de la sociedad a los grupos económicos del capital más concentrado, una fuga de treinta mil millones de dólares y los niveles de desocupación, indigencia y miseria más elevados desde que se llevan registros. La recuperación de parte apreciable de ese terreno perdido se debió al rol activo del Estado en la economía y la sociedad, a partir de la reconstrucción de la autoridad presidencial. Por primera vez en muchos años, el sistema político fijó las reglas a los actores económicos y no a la inversa. Enmendar las arbitrariedades que puedan haberse cometido en ese camino es deseable. Pero mellar ese instrumento disciplinador de los intereses económicos que no se resignan a las nuevas reglas del juego es suicida para una dirigencia política que debe revalidar sus títulos cada dos años ante una opinión pública consciente de la incidencia de las decisiones que toman los políticos sobre su vida cotidiana. La respuesta que la Presidenta dio hace 45 días en la reunión con el 70 por ciento de los gobernadores no fue suficiente para detener los proyectos legislativos que procuraban desfinanciar al Estado. Allí CFK analizó vetar una hipotética ley que modificara la distribución del producido del impuesto a las transacciones con cheques; replicar con la supresión de las transferencias que se envían a las provincias como parte del Programa de Asistencia Financiera (PAF) y/o el Fondo Federal Solidario que incluye un tercio de las retenciones a la soja, y/o impulsar la derogación del impuesto al cheque en el presupuesto 2011. En vez de esperar la decisión legislativa se adelantó a reestructurar los pasivos provinciales con el Estado nacional, sin diferenciar entre gobernadores aliados o adversos. El Programa Federal de Desendeudamiento implica una progresiva licuación de esas deudas, por 65.522 millones de pesos, que se pagarán a veinte años y con dos de gracia, sin el ajuste por CER y a una tasa fija del 6 por ciento anual. Los argumentos en contra suenan patéticos: que se distribuye dinero de las provincias, que se lo hace en forma discrecional, que discrimina en contra de quienes no se endeudaron. Por ese camino, el Grupo Ahhh... será responsable de la recuperación de un gobierno al que en forma prematura había dado por muerto.

Los Pueblos Originarios
Esta semana llegarán a la Plaza de Mayo las columnas que partieron desde La Quiaca, Posadas y Villa Tulumaya, en Mendoza, en la Marcha de los Pueblos Originarios, representantes de treinta naciones y veinte lenguas anteriores a la colonización imperial, la represión religiosa, la vida republicana y la masacre militar. Hace dos años, el periodista británico Richard Gott publicó un esclarecedor artículo en el diario londinense The Guardian sobre la composición étnica de la Argentina. Gott entrevistó al genetista Daniel Corach (el primo bueno), cuyas investigaciones indican que el 56 por ciento de la población actual del país tiene sangre indígena. "No somos tan europeos como creemos", explica Corach, quien durante más de una década examinó el ADN de 12 mil personas en once provincias. Según el investigador de la Universidad de Buenos Aires, 20 millones de argentinos son de origen indígena mientras apenas 16 pueden remontar sus ancestros a Europa. Con una percepción ausente en la prensa local, Gott vinculó estos datos con el proyecto del Bicentenario y con la decisión de CFK de acelerar la integración del país a un continente que rechaza las tradiciones de sus colonizadores blancos. Impulsada por Milagro Sala, de la organización Tupac Amaru, esa movilización anticipa debates que en el tercer siglo de vida independiente reclaman su lugar en la agenda pública de una Argentina que será plurinacional y pluricultural o no será.

16 de mayo de 2010
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procesan a jefe de gobierno de bs as

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El juez Oyarbide consideró al jefe de gobierno porteño integrante de una asociación ilícita que se dedicaba a las escuchas ilegales. La causa por las pinchaduras telefónicas, revelada meses atrás por Página/12, terminó anoche con el procesamiento del jefe de Gobierno, un hecho inédito.

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[Irina Hauser y Raúl Kollmann] Argentina. El juez federal Norberto Oyarbide procesó anoche al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos, en concurso con la participación en una asociación ilícita. En la causa por espionaje ilegal –revelado en su momento por Página/12–, el magistrado le imputó a Macri responsabilidad en la escucha que tuvo como víctima a su cuñado, Daniel Leonardo. Cuando se habla de falsificación de documentos públicos, hace referencia a que se armó una causa falsa contra Leonardo en Misiones para justificar la escucha telefónica ilegal. El procesamiento a Macri es sin prisión preventiva, pero con un embargo de 250.000 pesos. El juez también procesó a los dos jueces de Misiones, José Luis Rey y Horacio Gallardo, por los mismos delitos, y amplió la acusación contra Jorge "Fino" Palacios, acusándolo del espionaje en cinco casos más. Respecto del ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski consideró que fue encubridor, porque le firmó un contrato a Ciro James como asesor, sin que el espía hiciera trabajo alguno. Por último, el magistrado sobreseyó al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro.
No faltan quienes sostienen que Oyarbide tomó esta decisión para esquivar la recusación de Montenegro, que ahora llegó a la Cámara de Casación. Otros afirman que lo único que relaciona a Montenegro con el espionaje es que James estuvo en el ministerio varias veces y que había entrado a la Metropolitana, pero que no hay un elemento puntual, un interés específico, como el de Macri con su cuñado.
A las 20 de ayer, el juez convocó a las partes para firmar delante de ellos el fallo. Citó a los abogados de los imputados y al fiscal Alberto Nisman. Estaba también presente el secretario letrado, Gustavo Russo. Como los fundamentos son muy extensos, Oyarbide resolvió que recién los va a entregar a partir del lunes, por lo que anoche sólo firmó la parte resolutiva, es decir, los procesamientos y el sobreseimiento.
Desde el vamos, Macri trató de instalar la idea de que en el expediente no hay nada en su contra y que por lo tanto toda la causa es una maniobra política, supuestamente armada por el gobierno nacional en complicidad con el juez Oyarbide. Ayer, insistió con los mismos argumentos. Sostuvo que el procesamiento "estaba escrito antes de comenzar la causa" y que el kirchnerismo está "dispuesto a dañar" a todo aquel que se le oponga, en este caso él.
Sin embargo, quienes tuvieron acceso a la causa aseguran que no es común ver un expediente sobre espionaje con tanta cantidad de pruebas: jueces que armaron expedientes falsos por homicidio y robo, órdenes escritas para realizar las escuchas, un jefe policial que habla con el espía interviniente casi 200 veces, el mismo espía que retira personalmente las escuchas, un contrato falso en el Gobierno de la Ciudad y el espionaje contra un familiar directo.

Las Imputaciones
Desde el punto de vista de la causa, a Macri se le imputa lo siguiente:

- Que en los últimos años Fino Palacios fue su policía de confianza, al punto que lo designó como jefe de seguridad de Boca Juniors durante su presidencia y lo puso a cargo de la Metropolitana ni bien armó esa fuerza. La ligazón con Palacios era tan estrecha que mantuvo su designación pese a que estaba a punto de ser procesado por irregularidades en la causa AMIA. Ni siquiera hoy desliza la menor crítica hacia el detenido Fino y lo sigue avalando.

- Ese jefe de su confianza tuvo un subalterno directo, Ciro James, con el que cruzó casi 200 llamadas en tres meses. Es decir, a un promedio de más de dos comunicaciones diarias. Palacios llevó a James a la Metropolitana, le iba a dar un cargo de importancia y se sabe que participaba en actividades de la fuerza mucho antes de ser designado.

- El vínculo entre Palacios y James también queda en evidencia en la escucha a Sergio Burstein, dirigente de Familiares y Víctimas del atentado a la AMIA. Eran los tiempos en que Palacios estaba a punto de ser procesado, de manera que a Fino le importaba muchísimo escuchar lo que hablaba Burstein sobre la causa AMIA, en especial con el fiscal Alberto Nisman. También puede deducirse que a Macri le interesaba la cuestión, porque necesitaba saber qué ocurriría con su policía preferido.

- Pero lo que acerca definitivamente el caso del espionaje a Macri es la escucha a Daniel Leonardo, su cuñado. Existía un serio conflicto familiar y el clan Macri quería probar, a través de las escuchas, supuestas preferencias sexuales de Leonardo. El objetivo –según cree el juez– era exhibirle las escuchas a Sandra Macri, la hermana de Mauricio, y convencerla de que se divorcie. Aunque nunca lo terminó de decir, Macri sugiere que esta operación de espionaje ilegal fue contratada por su padre, Franco. Ni el juez ni el fiscal creen que Palacios y Ciro James hubieran puesto en marcha la escucha sin el visto bueno de Mauricio.

- Para probar ese último vínculo, aparece la contratación de James en el Ministerio de Educación porteño, justito en la época en que se hicieron las escuchas a Leonardo. Y lo cierto es que no hay explicación para que le hayan pagado 6000 pesos por mes a James: no existe constancia de que haya hecho algún trabajo y los demás abogados contratados declararon que no lo vieron en el ministerio. Los dos especialistas de la Universidad de La Matanza que supuestamente recomendaron a James para ese trabajo negaron en forma categórica que lo hayan hecho y hasta dijeron que ni siquiera sabían que trabajara allí. Narodowski fue quien habló de la recomendación de los especialistas de la Universidad de La Matanza: terminó procesado porque el juez consideró que mintió y, por lo tanto, fue parte de la maniobra.

- Como un indicio más aparece un dato llamativo. Después de retirar las cintas con las escuchas a Leonardo, Ciro James aparecía usando el celular en la zona de Barrio Parque, justo donde viven Franco y Mauricio Macri. El juzgado determinó que en ese tiempo el padre estaba de viaje en China, por lo que consideraron ese dato como otro indicio más que vincula la operación de espionaje a Leonardo con Mauricio.

Cuando el jefe de Gobierno sostiene que su procesamiento estaba escrito desde el comienzo del expediente, la realidad es que efectivamente las sospechas apuntaban en su dirección. Es que en el centro de la escena estaba Palacios, con quien mantenía –y mantiene– un estrecho vínculo.
Macri también alega que la Policía Federal y la SIDE, es decir el gobierno nacional, fueron los que dieron origen a la causa. Es posible. El punto de partida fue una llamada anónima a la casa de Burstein y el individuo que llamó le dijo a la hija del dirigente de las víctimas de la AMIA que Fino Palacios le pinchaba los teléfonos. Lo concreto es que Oyarbide determinó que era cierto. Y las pruebas de que la escucha se estaba haciendo resultaron apabullantes.
El otro argumento de Macri es que seguramente James espiaba con anterioridad, cuando revistó durante años en el área de Inteligencia de la Policía Federal. También es posible y Oyarbide lo está investigando. Lo cierto es que la maniobra de espionaje ilegal se descubrió en 2009 y funcionaba en ese momento en la órbita del jefe de la policía de Macri y espiaban a un cuñado del jefe de Gobierno. Una interpretación es que Macri usó un aparato de espionaje que podría estar funcionando de antes.

El Resto
Oyarbide sorprendió ayer respecto de la ampliación del procesamiento contra Palacios. Se esperaba que definiera su papel como jefe de la asociación ilícita, algo que tácitamente le pidió la Cámara Federal. Según dicen los allegados al juez, el magistrado todavía no está en condiciones de definir los roles dentro de esa asociación: no puede certificar quién fue el jefe ni quién el organizador. Por ello, la ampliación del procesamiento es sólo porque le añade responsabilidad en el espionaje ilegal de otras cinco personas.
La situación de Narodowski se complicó a raíz de las declaraciones de Cristian Cabral y Rolando Echave, de la Universidad de La Matanza. El ex ministro de Educación los mencionó como las personas que recomendaron a James. Cabral y Echave no sólo lo negaron. Ambos dijeron que ni sabían que James trabajaba en el ministerio porteño y contaron que ellos mismos concurrían a dar un asesoramiento en la cartera de Narodowski y nunca vieron allí a James. Otro elemento de peso: el contrato de James no se publicó en el Boletín Oficial, otra evidencia de que se encubría algo.
El sobreseimiento de Montenegro circulaba como una posibilidad en las últimas semanas. También se especulaba con que Oyarbide le dictaría una falta de mérito, para que el ministro continuara bajo investigación. En Comodoro Py había quienes pronosticaban el sobreseimiento esencialmente porque de esa forma pasa a ser abstracta la recusación de Montenegro al juez. Ya no está acusado de nada, no hay razón para recusarlo. El ministro nunca estuvo demasiado de acuerdo con la designación de Palacios al frente de la Metropolitana –Fino fue puesto allí por Macri– y entre los espiados no hay ninguno que parezca de interés específico de Montenegro. Por supuesto, también está el argumento de que los dos protagonistas principales de la asociación ilícita, Palacios y James, revistaban en ese ministerio. Por eso, pese al sobreseimiento del juez, Montenegro será interpelado el martes próximo en la Legislatura porteña.
El procesamiento de los ex jueces misioneros Horacio Gallardo y José Luis Rey estaba cantado. Se les imputan los mismos delitos que a Macri: participar en una asociación ilícita dedicada a escuchar ilegalmente. La responsabilidad de los ex magistrados consistió en convalidar expedientes falsos por homicidio y robo. Sobre esa base libraban órdenes a la SIDE para que intervinieran teléfonos y la realidad es que ni siquiera incorporaron las escuchas a los expedientes. Las cintas las retiraba James de la SIDE y se las quedaba.

15 de mayo de 2010
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