a juicio interventor de la dictadura
22 de mayo de 2010
Arranca el juicio oral al primer interventor de la dictadura en Santa Fe. González -quien hoy tiene 81 años y cumple prisión domiciliaria en Capital Federal por la llamada megacausa de Santa Fe- será juzgado por el homicidio del militante de la JP, Mario Marini y la privación ilegal de la libertad de su esposa.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. El primer interventor de la dictadura en Santa Fe, coronel José María González, será juzgado por crímenes de lesa humanidad. El juez federal Nº 2, Francisco Miño, elevó ayer a juicio oral una causa en la que el jefe golpista está procesado por la desaparición y el "homicidio" de un militante de la JP, Mario Osvaldo Marini y la "privación ilegal de la libertad" de éste y de su esposa, Ana María Cavandini, en diciembre de 1975. "González era la máxima autoridad del Ejército en la ciudad de Santa Fe y ningún operativo militar o disposición final de los detenidos se hacía sin su conocimiento y orden. Es responsable como autor mediato o intelectual del secuestro de los esposos Marini y el asesinato de Mario", dijo el abogado querellante Jorge Pedraza en el requerimiento de elevación a juicio al que tuvo acceso Rosario/12.
El coronel González está imputado también en otra mega causa que investiga el juez federal Nº 1, Reinaldo Rodríguez, quien en noviembre del año pasado lo procesó por "asociación ilícita", 22 homicidios de militantes políticos, "privación ilegal de la libertad" y "tormentos" en cuatro casos, todo en concurso real.
El 24 de marzo de 1976, González era el jefe del Area 212, así que esa madrugada al mando de tropas golpistas copó la Casa Gris, derrocó al gobernador Carlos Sylvestre Begnis y se convirtió en el primer interventor de la dictadura en la provincia, hasta mayo de 1976, cuando lo sucedió el vicealmirante Jorge Aníbal Desimoni, ya fallecido. En esos tres meses, lo secundó un gabinete integrado por jefes militares de Santa Fe y Reconquista, entre ellos el coronel Reynaldo Tabernero, quien asumió como ministro de Gobierno y tiempo después se convirtió en subjefe de la Policía Bonaerense y segundo del general Ramón Camps. Hoy, González tiene 81 años y cumple prisión domiciliaria en su departamento en la Capital Federal.
Marini vivía con su esposa y el bebé de ambos de 45 días en el barrio sur, en una casa humilde, Jujuy 3618 (hoy Pasaje Andrade). El diciembre de 1975, un grupo de tareas integrado por nueve represores allanó la casa y esperó que él llegara para detenerlo. Ana María y el niño fueron trasladados a la comisaría 1ª, en el microcentro, donde ella se enteró después que su esposo había muerto en las sesiones de torturas.
En 2007, apareció en el archivo de los Tribunales Federales un expediente con un acta que prueba el secuestro: Marini fue detenido el 9 de diciembre de 1975, a las 21.30, y supuestamente se fugó a las 21.55. Es decir, que según este documento, estuvo preso 25 minutos y lleva 35 años desaparecido. "Una fábula que oculta la verdadera trama y a la que ni siquiera se la puede llamar ’ley de fuga’ ya que seguramente Mario fue muerto en la mesa de torturas y luego tuvieron que fraguar los acontecimientos porque habían actuado a cara descubierta, sin tabicar o encapuchar a Ana María Cavandini", explicó Pedraza.
El acta del secuestro de Marini está firmada por el teniente coronel Carlos Adalberto Rodríguez Carranza, quien entonces era el oficial de operaciones del Area 212 y después del golpe del 24 de marzo asumió como jefe de la Policía de la provincia de Santa Fe hasta mayo de 1976. Rodríguez Carranza murió impune. También estaba imputado en la causa de la Escuela de Mecánica de la Armada por la desaparición de otra militante política, Laura Susana Di Doménico, secuestrada en Santa Fe, el 24 de setiembre de 1976 y trasladada a la Esma, donde fue vista por otros detenidos, entre noviembre y diciembre de 1976.
Mientras estuvo detenida en la comisaría 1ª, Cavandini fue interrogada dos veces por un oficial del Ejército que "le dijo que había formado parte del procedimiento en su casa" y "luego le admitió que Mario ’se les había escapado’". Ese militar era el capitán Douglas Patrick Dowling, del Destacamento de Inteligencia 122, con asiento en Juan de Garay y avenida Freyre de Santa Fe. "Era un hombre de 35 años, ojos claros, buenos modales, facciones delicadas, que había llegado poco tiempo antes a Santa Fe desde otro lugar, que tenía hijo o hijos en edad escolar que también habían venido con él. Y conforme a su legajo del Ejército reservado en la causa está fallecido", dijo Pedraza.
"En total agregó el abogado , Ana María estuvo detenida cuatro años y medio a disposición del PEN. Permaneció detenida en Santa Fe en el Buen Pastor y en octubre de 1976 la llevaron a Devoto. Con el correr del tiempo y habiendo sido visitada por sus familiares supo que su casa había sido literalmente desmantelada, que les robaron todas sus pertenencias: ropas, vajillas, libros, regalos de casamiento, electrodomésticos y sólo le dejaron los muebles vacíos".
La querella ubicó el secuestro y asesinato de Marini en el período previo al golpe del ’76 cuando el poder militar ya se había superpuesto al poder civil, un lapso en el que desaparecen también otros 20 militantes políticos en Santa Fe. "El coronel González era el jefe del Distrito Militar y del Comando de Artillería 122 (luego Area 212), entre octubre de 1974 y noviembre de 1976, cuando lo reemplazó el coronel Juan Orlando Rolón. González era la máxima autoridad del Ejército y ningún operativo militar o disposición final de los detenidos se hacía sin su conocimiento y orden. Es responsable como autor mediato o intelectual" de los delitos de lesa humanidad por los que se lo juzgará, concluyó Pedraza.
©rosario 12 
Argentina. El ex piloto y oficial retirado de la Armada argentina Julio Alberto Poch, extraditado por España hace dos semanas, volvió hoy a negar su participación en los ‘vuelos de la muerte’, en el marco de una causa en la que está acusado de haber arrojado gente viva al mar durante la última dictadura (1976-1983).
[Darío Aranda] Argentina. Nunca en doscientos años los pueblos indígenas habían llegado con tanta masividad hasta el centro del poder político de Argentina. Y el reclamo, unívoco y contundente, fue el mismo de los últimos dos siglos: tierra, rechazo a las empresas que los desalojan, respeto a su cultura ancestral y justicia frente a los atropellos del pasado y el presente. "La tierra, robada, será recuperada", fue el canto con el que las comunidades indígenas de diez provincias ingresaron ayer a la tarde a Plaza de Mayo. Todos los discursos denunciaron el rol extractivo y contaminante de las compañías mineras, agropecuarias y petroleras, y también a la dirigencia política "que por acción u omisión permite nuestra opresión". Aclararon que no marcharon para festejar el Bicentenario, sino para "mostrar que seguimos vivos". La presidenta Cristina Fernández de Kirchner los recibió en la Casa de Gobierno y prometió atender sus reclamos. Luego de ocho días de marcha, Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, aseguró que esperaban "anuncios concretos a las históricas demandas".
Santa Fe, Argentina. El ex oficial de Inteligencia de la Policía santafesina, Eduardo Ramos, sentenciado a 23 años de prisión por los secuestros y tormentos a cinco víctimas de la dictadura, fue autorizado por el Tribunal Oral Federal a salir tres veces por semana de la cárcel de Las Flores "para ir a estudiar la carrera de letras" en la Facultad de Humanidades y Ciencias. "Es otra provocación más de la justicia federal que actúa en la provincia de Santa Fe", denunció la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en una declaración que firman su presidenta, Graciela Rosenblum y su secretario, José Schulman, quien fue precisamente uno de los torturados por el represor.
Santa Fe, Argentina. Una mujer de 30 años quedó detenida en Venado Tuerto acusada de promover y facilitar la prostitución de dos hermanas menores de 12 y 13 años, que fueron rescatadas por la policía durante el procedimiento. Como resultado de la investigación, oficiales de la comisaría 2ª lograron recuperar ayer al mediodía a otras dos menores, de 13 y 14 años, a las que la mujer ofrecía a cambio de 100 pesos. A pesar del secreto de sumario dispuesto por el juez Eduardo Bianchini, trascendió que las cuatro nenas rescatadas viven junto a sus familiares en un asentamiento precario, a siete cuadras de la vivienda en la que detuvieron a la mujer en la periferia de la ciudad.
Argentina. José Alfredo Martínez de Hoz, el ex ministro de economía de la última dictadura, procesado con prisión preventiva por dos secuestros extorsivos en 1976, fue trasladado ayer al hospital de la unidad penal de Ezeiza por orden del juez federal Norberto Oyarbide. El magistrado rechazó el pedido de arresto domiciliario formulado por los abogados del ex funcionario de facto, que invocaban problemas de salud propios de sus 85 años. A más de un cuarto de siglo del final de la dictadura, el ex hombre fuerte del dictador Videla abandonó ayer la clínica De Los Arcos, donde se alojó por una supuesta descompensación el día que la policía fue a detenerlo a su residencia en el edificio Kavanagh. Ayer pasó su primera noche en una prisión común. Sus abogados ya apelaron la medida.
[Juan Carlos Tizziani] Argentina. A casi dos meses del asesinato de Silvia Suppo, una marcha convocada por el Foro contra la Impunidad y la Justicia se plantó anoche en la plaza de Mayo para reclamarle a Hermes Binner "una investigación a fondo y el esclarecimiento de un crimen político". Se lo pidieron de dos maneras: en los discursos, en la plaza de Mayo, y en una carta que después dejaron en la Casa Gris. "El asesinato de Silvia, luchadora ejemplar, es la máxima expresión del costo que tiene la impunidad en la provincia", dice el petitorio del Foro que agrupa a organismos de derechos humanos, expresiones sociales y políticas.
[Claudio Socolsky] Argentina. La ‘Marcha de los Pueblos Originarios, Caminando por la verdad hacia un Estado Plurinacional’ pasó ayer por Rosario, penúltima parada de un largo viaje que culminará mañana en Buenos Aires. Unos ocho mil integrantes de las columnas NOA y NEA se concentraron en el parque Irigoyen, donde está emplazado el monumento al ‘Che’ Guevara, para escuchar a los representantes de las comunidades. Todos los oradores revindicaron a la referente nacional de la Organización Barrial Tupac Amaru, Milagro Sala. "Hay gente que no entiende que uno en la vida tiene que ser solidario con la gente, con el otro; mirémonos la cara, somos todos iguales", dijo a Rosario/12 la dirigente social. En el marco de la Marcha, la agrupación Pueblos Originarios en Lucha de Rosario, mantuvo tres piquetes, en Circunvalación a la altura de Sorrento y Garibaldi y además, en Travesía y Alberdi "para darle la bienvenida a los hermanos que vienen marchando".