argentina

condenado se queda sin custodia

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El gobierno de Santa Fe le saca la custodia a Eduardo ‘Tucu’ Costanzo. La provincia destina sólo dos policías a custodiar la vivienda de un condenado por delitos de lesa humanidad y pretende terminar con la medida. El ministro de seguridad Gaviola dice que "afecta la seguridad pública".

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[José Maggi] Santa Fe, Argentina. El Ministro de Seguridad santafesino Álvaro Gaviola le informó a la Justicia Federal rosarina que iba a dejar de prestar la custodia domiciliaria a Eduardo ‘Tucu’ Costanzo, sentenciado por crímenes de lesa humanidad. La medida se toma porque "afecta recursos logísticos en detrimento de la seguridad pública tales como especialistas en neutralización de explosivos y custodios del ámbito urbano, sometiendo a la Provincia al riesgo de quedar vinculada a posibles hechos disvaliosos que pudieran ocurrir: como por ejemplo la fuga de internos, atentados contra el mismo, denuncias por la inadecuada condición de detención, etc.".
El hecho de que Costanzo ya ha sido condenado por los delitos más graves, que prevé la legislación penal merece, sin duda, una custodia especial adecuada con elementos especializados y no continuando sujeto a una custodia ejecutada por personal policial no entrenado específicamente.
La custodia a Costanzo tiene especial interés de la Justicia Federal desde el 29 de agosto de 2009, cuatro días antes del inicio del juicio Guerrieri-Amelong. Ese día un ayudante de cuarta de apellido Funes del Servicio Penitenciario Federal solicitó se le informe el domicilio de Eduardo Costanzo "a los fines de efectivizar el traslado". Este hecho encendió la luz de alerta del tribunal, habida cuenta que el testimonio de Costanzo iba a inculpar a sus cuatro compañeros de banquillo: Guerrieri, Fariña, Amelong y Pagano. Los cuatro iban a ser trasladados en esa jornada por el mismo Servicio. El hecho fue interpretado como un acto intimidatorio.
El juez Otmar Paulucci dio la orden entonces de que "se extremen los recaudos de custodia del imputado para asegurar su integridad física, psíquica y su presencia en el debate". Sin embargo la seguridad sobre Costanzo no estuvo a la altura de lo esperado, ya que la propia familia del imputado denunció públicamente la falta de efectivos en la puerta del domicilio, y la repetición de episodios violentos e intimidatorios frente al mismo, por lo cual desde el 17 de febrero la custodia quedó a cargo de la policía provincial.
Por eso ahora Gaviola le envió una nota a Paulucci recordándole que "este Ministerio de Seguridad oportunamente comunicó que sólo se podrá dar en forma temporaria cumplimiento a dicho requerimiento, en razón de que la Provincia no cuenta con medios materiales ni recursos humanos para custodiar o proteger, de manera continua y efectiva, a imputados de causas penales que refieren a delitos de lesa humanidad".
La nota prosigue señalando que "la Provincia de Santa Fe no cuenta con un Programa de Acompañamiento o Protección que incluya a quienes se encuentran involucrados en calidad de imputados o condenados por tales delitos, siendo que en el orden nacional sí existe tal previsión, habiéndose creado la Dirección Nacional del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación (ley Nac. 25.764 y Dec. Nac.1755/08), entre cuyas misiones y funciones se encuentra la de proveer protección adecuada a cada caso, contando ellos con los medios y recursos suficientes para garantizar la seguridad de las personas en riesgo".
"Así -continúa Gaviola- a fin de dar cumplimiento a la medida solicitada, mientras tramitó el proceso judicial, se dispuso en el ámbito de la Unidad Regional II un servicio policial tendiente a la custodia de la prisión domiciliaria impuesta a Costanzo. Este servicio se efectivizó y se mantiene hasta la fecha con afectación de personal policial de la Brigada de Neutralización de Explosivos y de la Brigada de Orden Urbano".
Gaviola continúa en el texto diciendo que "el apartado IV de la sentencia condenatoria en los autos registrados bajo el N? 131/07 Y acumulado 42/09, naturalmente, trae aparejada una variación de la situación de Costanzo quien pasó de procesado a condenado, dado que ha recaído sentencia condenatoria de Prisión Perpetua e Inhabilitación absoluta y Perpetua por hechos calificados como Crímenes de Lesa Humanidad. Asimismo, en esta sentencia se dispone el cumplimiento de la pena en cárceles comunes para los condenados y respecto de Costanzo dispone que la prisión domiciliaria subsista hasta tanto el decisorio judicial adquiera firmeza y conforme la constatación del estado de salud del condenado".
"El hecho de que Costanzo ya ha sido condenado por los delitos más graves, que prevé la legislación penal merece, sin duda, una custodia especial adecuada con elementos especializados y no continuando sujeto a una custodia ejecutada por personal policial no entrenado específicamente. Además ello afecta recursos logísticos de la policía provincial en detrimento de la seguridad pública tales como especialistas en neutralización de explosivos y custodios del ámbito urbano, sometiendo a la Provincia al riesgo de quedar vinculada a posibles hechos disvaliosos que pudieran ocurrir: Como por ejemplo la fuga de] interno, atentados contra el mismo, denuncias por la inadecuada condición de detención, etc.)".

26 de mayo de 2010
25 de mayo de 2010
©rosario 12

murió ex jefe de policía homicida

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Sin condena murió un represor que estaba siendo juzgado en Tucumán. Alberto Cattáneo murió como consecuencia de los problemas cardíacos que padecía, y se convirtió en el segundo imputado que fallece durante el segundo juicio oral por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar que se desarrolla en Tucumán.

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Argentina. El militar retirado, de 81 años, murió dos días antes de la audiencia que estaba pactada para que miembros del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación informaran si Cattáneo, que se encontraba internado en una clínica de la capital tucumana, estaba en condiciones de seguir compareciendo.
El deceso de Cattáneo, que también padecía de una enfermedad pulmonar crónica, se produjo a las 11.26, según informó Mariano García Zavalía, secretario del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
El 12 de mayo el tribunal juzgador, que preside el magistrado Carlos Jiménez Montilla, había decidido aplazar nuevamente el desarrollo de las audiencias de debate del segundo juicio oral por violaciones a los derechos humanos debido al estado de salud de Cattáneo.
El 27 de abril, el tribunal ya había dispuesto suspender durante 10 días hábiles el desarrollo del juicio oral luego de que se constató que Cattáneo padecía un "síndrome coronario agudo, en el contexto de una infección aguda, con una enfermedad pulmonar obstructiva de base".
Desde hacía más de un mes, Cattáneo, que se había desempeñado como el segundo jefe militar de Tucumán (detrás de Antonio Bussi en 1976, cuando se produjo el golpe de Estado), se encontraba internado en una clínica privada de la capital tucumana.
Los problemas de salud de los imputados hicieron que el 1 de abril, el tribunal decidiera que el juicio oral continuara sin la presencia de Bussi, dado que, debido a los problemas cardíacos que padece, habían tenido que internarlo en dos ocasiones, lo que también había obligado a suspender las audiencias.
En este segundo juicio, que se reanudará el jueves, también están imputados Luciano Benjamín Menéndez (ex titular del III Cuerpo de Ejército), los hermanos Luis y Carlos de Cándido y Roberto ‘el Tuerto’ Albornoz.

[El ex jefe de policía estaba siendo juzgado por secuestros y desapariciones de detenidos durante la dictadura].

26 de mayo de 2010
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poch dice que fue mal interpretado

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Confesó en una borrachera y ahora está preso.

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Argentina. Uno de los casos paradigmáticos de los denominados "vuelos de la muerte" es el de Julio Alberto Poch. El teniente de fragata retirado, fue detenido el 22 de septiembre de 2009 en España, en base a testimonios de sus compañeros de la compañía aérea holandesa Transavia, que lo denunciaron a la policía local luego de escucharlo ufanarse de haber arrojando con vida al mar a quienes él consideraba como "terroristas de izquierda". Poch –extraditado a la Argentina el pasado 6 de mayo– negó las acusaciones ante el juez federal Sergio Torres, y responsabilizó a sus ex compañeros de aerolínea por un supuesto "malentendido". La confesión ocurrió durante una cena en un restaurante de la isla de Bali, en Indonesia, luego de que los holandeses calificaran de "régimen criminal" a la dictadura argentina. "Poch dijo que teníamos una imagen errónea de la época, que hubo una guerra y en la guerra muere gente", relató el piloto Tim Weert. Luego contó "cuando a bordo de su avión se echaba fuera de borda a personas con vida con el fin de ejecutarlas", agregó. "No hay problema, estaban drogados", les aclaró Poch con frialdad. El piloto de 57 años se retiró de la Armada en 1981 y se radicó junto a su familia en Zuidscherme, a 25 kilómetros de Amsterdam. Durante su escala en Valencia, donde había comprado una casa, fue detenido por la policía española a pedido de la Justicia argentina. El juez Torres –a cargo de la causa Esma– había solicitado su captura internacional luego de escuchar en persona, en Holanda, a los testigos de la confesión.
Ante los jueces de la Audiencia Nacional de España, Poch anticipó que se consideraba "malinterpretado", aseguró que no tenía "nada que ver" con los vuelos de la muerte y que desconocía la metodología. Luego de la extensa indagatoria en los tribunales locales, en la que Poch aseguró que él como piloto naval sólo guiaba aviones monoplaza, fue enviado nuevamente al penal de Marcos Paz. El método de arrojar personas vivas al mar fue probado por la Justicia en cuatro vuelos, cuyas víctimas, enterradas como NN, fueron identificadas gracias al trabajo de antropólogos forenses. La Justicia argentina abrió tres causas para investigar los vuelos, que aún no tienen ningún imputado.

24 de mayo de 2010
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testigos de los vuelos de la muerte

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Dos ex conscriptos fueron testigos de los ‘vuelos de la muerte’ que se realizaban en Mar del Plata. Ex conscriptos de la base donde funcionó el centro clandestino La Cueva declararon que los vuelos se hacían con un avión Albatros de la Armada. Algunas personas subían vivas y maniatadas. Otras ya muertas y embolsadas.

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[Diego Martínez] Argentina. "El avión se desplazaba despacito por la pista y paraba frente al radar. Entonces los reflectores apuntaban a los puestos de guardia para encandilarnos. Pero poníamos atención y alcanzábamos a ver cómo entre dos oficiales o suboficiales alzaban a personas embolsadas. Otra vez bajaron a mucha gente de un colectivo. Daban pasos cortitos, no podían caminar bien. El avioncito despegaba, a los treinta o cuarenta minutos volvía vacío y entraba otra vez al hangar. El avión tenía la insignia de la Armada."
Los hechos tuvieron lugar durante el primer año de la última dictadura en la Base Aérea de Mar del Plata. El viejo radar era la sede de La Cueva, el centro clandestino del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 del Ejército, que comandaba el coronel Alberto Barda, condenado a prisión perpetua hogareña por el Tribunal Oral Federal 5. El relato pertenece a un ex conscripto clase 1957 que el viernes declaró como testigo en el juicio al suboficial retirado Gregorio Rafael Molina –su identidad se reserva a pedido de la Justicia– y confirma que los vuelos de la muerte no sólo partieron de los aeropuertos de Ezeiza, Jorge Newbery y Campo de Mayo.
El método argentino de desaparición de personas, que según Adolfo Scilingo bendijo la jerarquía eclesiástica, aún rinde frutos un tercio de siglo después. Más allá de condenas aisladas como las de los generales Riveros, Verplaetsen & Cía. por el asesinato de Floreal Avellaneda, cuyo cadáver apareció en la costa uruguaya, siguen impunes centenares de militares, prefectos, policías e "invitados especiales" que según Scilingo también participaban en los vuelos. El único procesado por ese delito es el capitán retirado Emir Sisul Hess, quien contó en privado que los enemigos "caían como hormiguitas", y está en veremos la situación del teniente de fragata extraditado Julio Alberto Poch, quien la semana pasada declaró durante horas ante el juez federal Sergio Torres para convencerlo de que fue malinterpretado por sus colegas holandeses.
Los relatos que reactualizan el tema tienen un doble valor adicional: pertenecen a ex conscriptos, testigos centrales del terrorismo de Estado que recién ahora sienten que cuentan con las garantías necesarias para hablar, y tuvieron lugar durante un juicio oral y público, ante un tribunal de la Nación y mirando a los ojos al imputado, un torturador y violador de mujeres secuestradas que perteneció a la Fuerza Aérea Argentina.

Línea Directa con Hooft
"En la base aérea había doscientas personas, incluidos ciento sesenta conscriptos, la mayoría del interior. En cinco meses nos conocíamos todos", resume ante Página/12 en la sede del Programa Nacional de Protección de Testigos uno de los dos hombres que el viernes declararon durante horas y terminaron aplaudidos por sobrevivientes y familiares de desaparecidos. La condición para la entrevista es que se preserven identidades y rostros.
Uno padeció el servicio militar obligatorio en la oficina de comunicaciones de la base, destino que le permitió conocer a todos los interlocutores de los represores. "Tenía setenta internos. Después del golpe agregaron otro, creo que el 32, que comunicaba a quienes pedían por inteligencia. Empecé a escuchar y me di cuenta de que ahí abajo tenían a los detenidos", recuerda.
"Había un tipo que jodía con los hábeas corpus, un tal Hooft", declaró el viernes ante los jueces Juan Velázquez, Beatriz Torterola y Juan Carlos París. El nombre no sorprendió a los querellantes marplatenses: se refería el juez Pedro Federico Hooft, que continúa en funciones con varios pedidos de juicio político en el haber por su actuación durante la dictadura. "Hooft siempre pedía hablar con inteligencia. Cuando no atendían, el interno decía ‘va a ir el doctor Cincotta’", agregó. Eduardo Cincotta era un militante de la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), organización que sembró de muertos Mar del Plata durante 1975. Después del golpe se integró a los grupos de tareas del GADA 601 y murió el año pasado, a poco de haber sido detenido y procesado.
A diferencia de los conscriptos marplatenses, a quienes los militares trataban de mantener al margen de la represión ilegal, los del interior debían participar de operativos en la ciudad y también cubrir guardias externas, que les permitían conocer los movimientos de la base, e internas, durante las cuales tenían breves contactos con los secuestrados. "Sólo había un mínimo diálogo cuando pedían ir al baño. Teníamos que darles una capucha y ponernos otra nosotros para no vernos las caras", recuerda el hombre en referencia a las famosas medidas de contrainteligencia por cuyo relajamiento en la ESMA reniegan Pernías, Rolón & Cía. "Teníamos prohibido hablar", agrega y se enorgullece de haber burlado la orden: le informó a un abogado marplatense dónde estaba secuestrado, le dio una birome para que escribiera una carta y se la hizo llegar a su familia. "No me animé a tocar timbre, la dejé en la puerta", agrega.
Si bien la base era de la Fuerza Aérea, los interrogadores, que llegaban al atardecer y hacían su trabajo sucio durante la madrugada, pertenecían a inteligencia del Ejército, responsable primario de la represión ilegal. Los colimbas los llamaban "los verdugos". Una tarde de lluvia camino a La Cueva los dos hombres hicieron escala en la oficina de comunicaciones y entre mate y mate mostraron la picana eléctrica, que llevaban en un estuche. "No dijeron nada sobre su uso y no me animé a preguntar."
Los dos ex conscriptos, que entonces tenían veinte años, recuerdan a Molina como un personaje excéntrico. "Andaba lleno de granadas, cuchillos, cargadores, tipo Rambo, le faltaba un paracaídas, era fantástico." La otra característica, que los sobrevivientes también recuerdan, era el olor al perfume. "Era un tipo pulcro, siempre bien arreglado y perfumado", contaron ante el tribunal.

–¿Recuerda qué perfume usaba? –quiso saber un juez.
–No lo sé, doctor, pero en un cuartel un buen jabón de tocador ya es perfume –respondió y generó sonrisas en medio de tanta tragedia.

Bolsas desde La Cueva
"En la base había un solo avión, chiquito, que piloteaba (Gonzalo) Gómez Centurión. Después trajeron el Albatros de la Marina. Entonces empezaron los vuelos a la noche. Salía el avioncito, pasaban veinte, treinta minutos, y volvía. Decían que a la gente la llevaban semidormida y la tiraban al mar", declaró ante el tribunal el ex colimba de comunicaciones, en base a relatos de compañeros.
Testigos directos a pesar de los reflectores eran los soldados que cubrían los doce puestos de guardia externa, desde donde no sólo veían entrar a los secuestrados encapuchados en los autos de civil de los grupos de tareas. "Una noche vi cargar cinco o seis bolsas al avión. Las subían entre dos, se conoce que eran pesadas. Otras veces las arrastraban desde una punta. Esas bolsas salían desde La Cueva", explica a Página/12 el hombre de rostro curtido y mirada serena.
"Una vez vi salir gente del radar hacia los aviones. Los llevaban atados de los pies, seis o siete personas. Iban a los saltitos, subían como podían", contó el día anterior, y agregó: "El avión tenía la insignia de la Armada", dato curioso por tratarse de una base de la Fuerza Aérea y un centro clandestino del Ejército, que acondicionó el viejo radar abandonado para achicar distancias con Mar del Plata y así poder arrancar información rápido para retomar la cacería.

–¿Qué se siente después de declarar? –pregunta el cronista.
–Alivio. Es imposible vivir toda la vida con esa cruz. Fueron muchos años sin hablar, con trastornos psicológicos. Nadie se ocupó de nosotros. Hasta hoy nuestras familias no creen lo que vivimos, piensan que estábamos locos, dicen "¿cómo van a tirar gente al mar?". Les vamos a llevar el diario para que lo crean. Uno siempre estuvo dispuesto a poner un granito de arena, pasa que el temor siempre existió.

–¿Por qué ahora sí?
–Vemos que la situación está cambiando, que hay garantías, que se puede tener más confianza en la Justicia. Todavía hay miedo pero de a poquito se va a ir perdiendo. Cuando otros colimbas se den cuenta de que acá no hay ningún lucro, que no es una pavada para sacar una nota, que es para esclarecer la verdad y que esta vez vamos en serio, van a empezar a hablar, todos van a hablar.

24 de mayo de 2010
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la otra iglesia

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Los sacerdotes católicos que apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Son un grupo de curas tercermundistas que trabajan en las villas de Córdoba. En un documento avalaron la reforma que permite el cambio en el ámbito civil. "Hay otras voces en la Iglesia", afirman.

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[Emilio Ruchansky] Argentina. Un día después de que varios cientos de personas convocadas por grupos ultracatólicos marcharan por Córdoba capital pidiendo a sus senadores que voten en contra de la ley de matrimonio para personas del mismo sexo, un grupo de curas tercermundistas de esa misma ciudad decidió diferenciarse. O como dijo a este diario uno de ellos, el sacerdote Nicolás Alessio, "mostrar que dentro de la Iglesia existen otras voces a favor de la diversidad". Por eso difundieron un interesante "Aporte al debate sobre la modificiación a la ley de matrimonio civil", en el que critican el "fundamentalismo anacrónico" de quienes citan la Biblia para "justificar sus propios prejuicios" y señalan que apoyar, acompañar y profundizar esta ley pone a los fieles "en el camino del Evangelio de Jesús". Los jerarcas eclesiásticos, afirmó Alessio, "se consideran desde hace tiempo ‘los voceros de Dios’, entonces no discuten con nadie porque suponen que Dios no cambia de opinión".
Junto a once colegas suyos del Grupo de Sacerdotes Enrique Angelelli, este sacerdote recorre a diario las barriadas populares cordobesas con el compromiso social que heredó de sus referentes, todos ellos asesinados: Carlos Mugica, Oscar Romero y el cordobés Angelelli. Este sacerdote no usa sotana, ni se la pasa predicando las escrituras aunque cree que la catequesis debe incorporar nuevas problemáticas, dar lugar a los otros. Alessio privilegia la ayuda social. "Nosotros luchamos por la inclusión, la justicia y en contra de la pobreza –comentó Alessio– somos... curas villeros, como los llaman los porteños." En las barriadas, agregó, "es muy natural que haya parejas homosexuales y también que a los chicos a veces los críen sus vecinos, sus tíos, sus abuelas".
En su aporte al debate, este grupo de sacerdotes observa que "no necesariamente ni siempre" la Iglesia oficial, y sus opiniones, coinciden con el Evangelio. "Este es uno de los casos", dice el texto, que insiste en que "Jesús nunca fijó una doctrina cerrada sobre el matrimonio, simplemente siguió las costumbres de su época y avanzó en reconocer y defender, de una manera especial a las mujeres, en un contexto social machista y patriarcal". En ese escrito, redactado por Alessio, los sacerdotes aseguran que "nadie puede, y menos en nombre de Dios, afirmar que hay una sola manera de vivir la sexualidad y el amor".
Dos de los tres senadores nacionales por esta provincia, Luis Juez y Norma Elena Morandini, adelantaron su aprobación al proyecto de reforma del Código Civil que permita el casamiento entre personas del mismo sexo, a tratarse el 14 de julio. El senador Ramón Mestre objetó la adopción compartida, pero al parecer no definió aún su voto. Este tema preocupó a las organizaciones locales como Portal de Belén, Nazareth y Jóvenes Autoconvocados por la Vida, que durante la manifestación en contra de esta ley portaron carteles con dos hombres y dos mujeres tachados y banderas con consignas discriminatorias como "no a los caprichos de los pervertidos" y "la familia se extingue".
"Fueron sectores conservadores ligados al Opus Dei, ellos salieron a la calle a defender lo que nadie atacaba: el matrimonio heterosexal. Fue lamentable porque nadie pone en duda eso, estamos hablando de igualdad, de incluir otras elecciones sexuales", comentó Alessio al respecto, sin ocultar la vergüenza ajena. El texto que difundió el Grupo de Sacerdotes Enrique Angelelli también contiene un mensaje para los senadores con convicciones católicas: "Entendemos que un legislador puede profesar profundamente su fe cristiana y católica y, a la vez, con tal libertad de conciencia pensar, definir y actuar distinto de lo que propone la jerarquía eclesial. En la Iglesia Católica no hay un pensamiento único, hay lugar para la diversidad".
La dureza de la jerarquía preocupa particularmente a Alessio, párroco de la iglesia San Cayetano, en el barrio Altamira, que aseguró discrepar en la concepción económica, cultural, política y social de sus superiores. "No hay diálogo ni consultas con el resto de la Iglesia, nosotros tampoco queremos ser la opinión oficial. Somos críticos. Por eso queremos que quede claro a la opinión pública que hay otras voces", señaló Alessio. Redactar el comunicado, para él, significó afrontar "todo un desafío cultural, que tenía que ver con la pluralidad de opciones".
La reacción del obispado cordobés fue inmediata. El mismo miércoles que apareció el aporte de los curas tercermundistas, emitió un comunicado donde asegura que lo expresado por Alessio y los otros once sacerdotes "no representa, en ningún modo, el sentir de la Iglesia Católica" y pidió a los senadores cordobeses que se opongan "por el bien de la patria y de sus futuras generaciones". ¿Los argumentos de fondo? "La unión de dos personas del mismo sexo carece de los elementos biológicos y antropológicos propios del matrimonio y la familia."
Alessio, y ya lo ha dicho en varias oportunidades, tradujo estos conceptos y los que se vierten en contra de la adopción. "En el fondo consideran que los homosexuales son enfermos", dijo. Por eso insistió durante el diálogo que mantuvo con Página/12, en la importancia de romper con el dogmatismo: "Ni los obispos ni el Papa aceptan la realidad, que hoy vivimos en un mundo plural. Una cosa es el matrimonio como sacramento y otra es el mundo diverso en el que vivimos y sobre el que se debe legislar para protegerlo".
En Córdoba, según sondeos privados, el 53,4 por ciento de la población está en contra de la ley que amplía el matrimonio civil a lesbianas y homosexuales. Alessio lo sabe. "La Córdoba tradicional es conservadora, por eso nos castigan por todos lados y nos repudian", advirtió. Sin embargo, para él es bueno que se sepa que también existe otra Córdoba: "La de la reforma universitaria, la del Cordobazo. Una sociedad con gente abierta".

23 de mayo de 2010
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otro torturador a la sombra

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Detuvieron e indagaron a Ramón Telmo Ibarra, represor del Servicio de Informaciones. Está acusado de torturas y secuestros y se lo vincula a la masacre de Los Surgentes donde asesinaron a militantes rosarinos.

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[José Maggi] Santa Fe, Argentina. Ramón Telmo Alcides Ibarra alias ‘Rommel’, quien fuera jefe del Servicio de Informaciones de la Policía; fue detenido e indagado por la justicia federal en la víspera. Fue visto en el Servicio de Informaciones desde el inicio de la dictadura hasta finales de 1978. Está comprometido en la masacre de Los Surgentes ocurrida en la madrugada del 17 de octubre de 1976. En febrero del `77 formó parte de la intervención militar de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil bajo las órdenes del capitán Esteban César Molina. Ibarra fue el principal ejecutor de todas sus operaciones y además uno de los responsables del saqueo, quema y destrucción de los ochenta mil libros que contenía la biblioteca del edifico de la Vigil en Alem y Gaboto. También participó de la venta de los locales, bienes y terrenos que eran propiedad de la Biblioteca por un total de 10 millones de dólares. Antes de pasar a disponibilidad en 1998 se desempeñó como jefe de la División Informaciones de la UR II.
El ex torturador y policía retirado de la provincia, de 68 años, fue detenido en su domicilio de calle Saavedra 555 de la localidad de Viale, (Entre Ríos), y fue indagado en la mañana de ayer por el juez federal Marcelo Bailaque ante la presencia del fiscal Gonzalo Stara.
Ibarra fue imputado -hasta ahora- de la privación ilegítima de la libertad mediante violencia y amenazas de Hugo Rubén Méndez y de Angel Florindo (Chichin) Ruani. Así como de la privación ilegítima de la libertad mediando violencia y amenazas y torturas de Laura Torresetti, Carlos Alberto Corbella, Liliana Gómez, Juan Luis Girolami, Juan Carlos Patiño, Ana María Ferrari, y Celia Raquel Valdez de Luraschi.
La única respuesta de Ibarra -que estuvo acompañado de la defensora oficial Rosana Gambacorta- fue muy breve: "Me voy a abstener de declarar". Luego fue trasladado al penal policial de la Alcaidía Mayor de la Jefatura, en Ovidio Lagos al 5000.
Según el informe Borgonovo, realizado en 1997 y con el que se le dio de baja de la fuerza a los efectivos ligados al terrorismo de estado y que aun quedaban en actividad, Ibarra había sido Jefe del Servicio de Informaciones, con lo cual las imputaciones podría aumentar en los próximos días.
Consultada por Rosario/12 Marta Bertolino, denunciante de Ibarra recordó que "en la indagatoria le imputaron a Ibarra la privación ilegítima de la libertad de Juan Luis Girolami, quien era el dueño de la vivienda donde fuimos secuestrados junto con mi esposo, Oscar Manzur (hasta hoy desaparecido) Wenceslao Rueda, y la madre y hermana de Juan Luis, lamentablemente fallecidas. Voy a dar instrucciones a mis abogadas para que pidan que se amplíe la declaración indagatoria al menos a todo el grupo, dado que se trata de un hecho indisoluble que ya ha sido inexplicablemente desmembrado por la justicia, aunque ahora la audiencia oral por el caso de Oscar tramitará conjuntamente con la causa Diaz Bessone (ex Feced)".
Ibarra ya había sido investigado por delitos de lesa humanidad y convocado a prestar declaración indagatoria por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, pero fue beneficiado por la Ley de Obediencia Debida.
Entre los testimonios volcados en la Causa Feced que lo sindican a Ibarra figuran el de Mario Luraschi, quien afirma que lo "picaneó junto a Rubén el Ciego Lofiego" entre otros, y afirma que "lo podría reconocer". La mayoría de sus víctimas mencionadas más arriba lo nombraron claramente en sus declaraciones, y algunas podrían reconocerlo.
Por si fueran pocos los hechos de secuestros, torturas y desapariciones desde el 25 de febrero de 1977, Ibarra alias "Rommel" fue designado en el cargo de Director del Departamento de Educación de la Biblioteca Vigil junto a Carlos Sfulcini alias ‘Carlitos’ o ‘Carlos Bianchi’ en el cargo de Director del Instituto secundario de la Biblioteca Vigil, otro conspicuo miembro de la Patota de Feced, implicado en la desaparición de Tito Messiez y beneficiado con la prisión domiciliaria.

23 de mayo de 2010
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porfía del te deum

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Grupos retrógrados al interior de la iglesia católica argentina quieren convertir Te Deum del 25 en un acto político a favor de los criminales de la dictadura.

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[Horacio Verbitsky] La jugada de los abogados coincide con la decisión del presidente de la Iglesia Católica de celebrar en la catedral de Buenos Aires un Te Deum el martes 25 de mayo, pese a que el Poder Ejecutivo anunció que la celebración oficial se realizará en Luján, donde oficiará el obispo Agustín Radrizzani, quien fue elegido como su sucesor en Neuquén por Jaime de Nevares. Hasta ahora el Te Deum siempre había sido solicitado por las autoridades. Como se anticipó en esta página el 2 de mayo (Volver al ’55) una cadena de correos electrónicos invitó a convertir el oficio del cardenal Jorge Bergoglio en la catedral porteña en una manifestación política opositora. Su texto exhorta a que "el gobierno se dé cuenta que hay valores que no se pueden atropellar. El tedeum en la catedral tiene que ser la más grande demostración que jamás se haya visto". Un operador de ese acto es el diputado Gustavo Ferrari, jefe del gabinete en las sombras del filántropo colombiano Francisco de Narváez. Ferrari asumió la responsabilidad de concertar con los jefes de gobierno de la CABA, Maurizio Macrì, y de la Coalición Cívica Libertadora, Elisa Carrió. Otra usina organizadora es la Fundación Contemporánea, creada en Mendoza por el profesor Simón Bestani. Entre sus integrantes hubo varios miembros del gobierno de Celso Jaque, que la financió con subsidios. El documento liminar de los Contemporáneos sostiene que sólo Menem, en su primer mandato estuvo cerca de lograr el equilibrio entre los dos grandes "espíritus nacionales", el "hispánico, latino, católico, aislacionista" y "el liberal, racionalista, librecambista". Algunos Contemporáneos integran la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que también depende del Episcopado. Junto con la Fundación Adenauer, de la Democracia Cristiana alemana, organizaron un encuentro en Malargüe sobre "La Nueva Generación del Humanismo Cristiano", en la que participaron Gabriela Michetti y el obispo de San Rafael, Eduardo Taussig, el último discípulo del pensador integrista Carlos Sacheri. En la Capital varios de los miembros de la Fundación Contemporánea también han formado parte del Grupo Sophia, creado por el actual jefe de gabinete de ministros porteño, Horacito Rodríguez Larreta. Un miembro de la Fundación Contemporánea se distanció en desacuerdo con la interpretación de Bestani sobre "una guerra entre dos bandos" durante la última dictadura y con sus críticas a la política de derechos humanos del gobierno. Dentro de los preparativos para el martes, Bergoglio dispuso colocar altoparlantes en las columnas externas de la catedral, dirigidas a la Plaza de Mayo, cosa que no es habitual ni necesaria para la liturgia. Todo cambió el sábado pasado, cuando la denominada Celebración ciudadana por el Bicentenario, que se realizó frente a la Basílica de Luján, resultó un fiasco. Pese a que se dispusieron micros y se enviaron carteles con la convocatoria a todas las parroquias, la asistencia fue escasa. Muchos párrocos omitieron colgar los carteles. Hubo tan pocos asistentes que los medios opositores prefirieron realizar una cobertura discreta, sin esos incómodos detalles. Además desde algunas organizaciones del apostolado laico se reclamaron garantías al Arzobispado porteño de que el Te Deum del 25 no se convertiría en un acto político opositor. Esto indujo a Bergoglio a una mayor cautela. Emitió un comunicado en el que mencionó nuevos correos electrónicos en la misma línea del que hizo conocer este diario y rogó a los asistentes concurrir con un espíritu religioso y no político, de adoración y gratitud a Dios y de petición por la patria. Abrir el paraguas el 25 de mayo es una tradición bicentenaria.

23 de mayo de 2010
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quieren amnistía para chacales

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Un nuevo grupo de presión y el Te Deum de la catedral. Un grupo de presión reclama una amnistía y niega los principios del derecho internacional sobre crímenes de lesa humanidad. El grupo fue creado por la Corporación de Abogados Católicos que depende del Episcopado.

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[Horacio Verbitsky] Argentina. La semana pasada una nueva Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia remitió una carta pública a la Corte Suprema de Justicia. Sostiene que desde 2003 se ha consagrado una justicia de dos velocidades que niega derechos y principios esenciales "a los militares y fuerzas de seguridad empleados para combatir el terrorismo", quienes son juzgados por delitos de lesa humanidad "que no existían como tales al momento de los hechos". Interpreta que los ministros de la Corte sufren "inícuas presiones" por parte del Poder Ejecutivo, de miembros del Legislativo y de "grupos de presión" que "pretenden convertir la justicia en su propia venganza" y "no contentos con haber conseguido en los estrados judiciales un derecho ínfimo a sus enemigos, ahora van por más". Esa es una ostensible referencia a los avances de las investigaciones en dirección a los responsables civiles, como los ya detenidos James Smart y Joe Martínez de Hoz.

La Corporación
Este nuevo grupo de presión fue gestado por la Corporación de Abogados Católicos, creada por el Arzobispado de Buenos Aires en 1935. La sede de la Corporación figura donada por la compañía Pérez Companc, una de las pantallas de negocios del Episcopado. El propósito que declara la Corporación es ordenar los actos de las personas y de la sociedad según los dictados de la jerarquía católica, que conduce al organismo a través de un asesor espiritual, en este momento el monseñor Víctor Pinto. También se propone convertir las normas del llamado derecho natural de esa iglesia en leyes y actos de gobierno y defender a sus socios. Creada para sumar a sectores liberales y para no dejar demasiado a la vista la huella episcopal, la nueva Asociación está formada por dirigentes de Fores y del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, como sus ex presidentes Enrique V. Del Carril y Eugenio Aramburu, abogados de grandes empresas trasnacionales, ex funcionarios de la dictadura, partícipes en los alzamientos armados contra los gobiernos constitucionales y familiares de algunos detenidos por los delitos cuyo juzgamiento impugnan. Su presidente, Alberto Solanet, también lo fue de la Corporación. El propósito del grupo, explicitado por Solanet, es "una amnistía general", que clausure "la venganza, la persecución implacable". Esa fue la expresión que usó Martínez de Hoz para referirse a su detención. Sus hijos pretenden que fue dispuesta por el gobierno nacional como trofeo del Bicentenario, algo que no se sostiene en ninguna constancia de la causa. Otro de los firmantes es Eduardo Bieule, el actual presidente de la Corporación y su ex vocal Fernando Miguel Bosch. Bieule y Octavio Schindler, quien también suscribe la carta a la Corte Suprema, se niegan a reconocer la igualdad de derechos a quienes siguen una orientación sexual distinta a la mayoritaria y activan en contra de la reforma de los artículos del Código Civil sobre el matrimonio. Para los firmantes, "todos los ciudadanos estamos en libertad condicional", afirmación de inocultable tono autorreferencial.

Beautiful People
Un rubro nutrido entre los firmantes es el de los ex funcionarios de la dictadura, que temen seguir la suerte de Martínez de Hoz y Smart, o sus familiares. Entre ellos:

- Emilio Daireaux, fue uno de los miembros de la intervención militar en la Corte Suprema de Justicia a partir del golpe de 1976. Esa es la justicia que añora el grupo de presión.

- Alberto Rodríguez Varela, fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires y ministro de Justicia del dictador Jorge Videla. El general Ramón Camps le agradece en el prólogo de su libro ‘Caso Timerman. Punto Final’, "por su colaboración en este caso", no "por el solo hecho de haber desempeñado funciones en el gobierno militar".

- Edgardo Frola, fue subsecretario de Asuntos Institucionales de la provincia de Buenos Aires. Otro de los agradecidos por Camps en el mismo libro. Frola también fue abogado defensor del ex general Roberto Viola, del jefe carapintada Aldo Rico y de los los comisarios secuestradores y torturadores Samuel Miara y Luis Patti.

- Gastón Pérez Izquierdo, ministro de gobierno de Buenos Aires. Al concluir la dictadura acusó al canciller Dante Caputo de ¡"extorsión a los Estados Unidos"!

- Guillermo Walter Klein, fue segundo de Martínez de Hoz en el ministerio de Economía. La Comisión del Congreso que investigó la ruinosa estatización de la compañía Italo de electricidad por 400 millones de dólares allanó su estudio. Por la puerta y la escalera de servicio escaparon los hijos de Martínez de Hoz y Mariano Grondona con dos valijas cargadas de documentación. El funcionario del ministerio de Economía Juan Carlos Casariego de Bel, quien sostenía que la Italo no valía más de ocho millones de dólares, desapareció el 15 de junio de 1977, cuando iba a encontrarse con Klein. Dos centenares de carpetas sustraídas por los juniors Martínez de Hoz y Grondona fueron recuperadas y permitieron reconstruir también la fuga de capitales: el dinero de argentinos depositado en bancos del exterior se contabilizaba como préstamos que, una vez estatizados, engrosaron la deuda externa.

- Lucas J. Lennon, interventor en la Universidad Nacional de Buenos Aires, ministro de Justicia y luego defensor del último dictador, Benito Bignone, ya condenado. Miembro de la Corporación.

- Ricardo, Daniel y Marcelo Saint Jean, firmaron la carta en defensa de sus padres, los generales Manuel Ibérico y Oscar Alfredo Saint Jean, que fueron interventores el primero en la provincia de Buenos Aires y el segundo en el Ministerio del Interior. Fueron abogados del Banco Citi y de la banda de Camps y del comisario Miguel Etchecolatz.

- Bernardo José Menéndez firma como abogado, pero es un coronel del Ejército que actuó como subsecretario de interior con Galtieri. Este año fue condenado por cinco secuestros y un homicidio agravado, pero sigue en libertad hasta que el fallo sea confirmado por la Corte Suprema a la que se dirige denunciando falta de garantías para él y los suyos.

- José Ignacio Garona fue juez y camarista de San Isidro durante la dictadura y rechazó los recursos de hábeas corpus por los secuestrados del astillero Mestrina Jorge Omar Lezcano y Antonio Pandolfino. Fue defensor del ex brigadier Ramón Agosti. Un testigo mencionó entre sus compañeros de cautiverio a Rafael Carlos Eldestein. Garona le preguntó si sabía cuánto tiempo había pasado allí Celestein. "Eldestein", corrigió el testigo. "¿Cuánto tiempo compartió la habitación con Silverstein?", insistió Garona. Cuando el camarista Carlos Arslanian le deletreó el apellido, Garona farfulló: "Yo para ciertos nombres...". Para eludir riesgos, repreguntó: "¿Cuánto tiempo estuvo con ese hombre?"

- Gustavo y Horacio Tomás Liendo, hijos del ministro de Trabajo de la dictadura, involucrados en el escándalo de la quiebra del Banco Comercial de La Plata, a través del cual canalizaba sus negocios el entonces arzobispo de esa ciudad Antonio Quarracino. Gustavo fue su gerente de Asuntos Legales. El BCLP había creado en el paraíso financiero de Bahamas un banco cáscara offshore, al que fueron a parar algunos bienes que reclamaba el Vaticano. Horacio Liendo (h.) también está bajo investigación judicial por el mecaganje de 2001.

- Orlando Gallo, ex juez federal durante la dictadura, también ex dirigente de la Corporación de Abogados Católicos, defensor de varios de los compañeros de Aldo Rico en los alzamientos carapintada.

- Norberto Quantin. Durante la dictadura, el juez Raúl Zaffaroni ordenó la libertad de un detenido a disposición del Poder Ejecutivo. El fiscal Quantín apeló porque el Poder Judicial no puede "inmiscuirse en la esfera política" si la patria sufre una "guerra revolucionaria". La Cámara del Crimen confirmó el fallo de Zaffaroni. Quantín recurrió a la Corte Suprema alegando que el detenido carecía de "posibilidades ciertas y positivas de recuperación para acceder a su reinserción en la sociedad". En 1990 y 2003 aceptó dictaminar en el fuero federal, que no es el suyo, en favor del indulto para procesados y en defensa de las leyes de punto final y de obediencia debida. Este último dictamen contiene más provocaciones políticas que argumentos jurídicos y alega en forma maliciosa contra los principios generales del derecho que se oponen a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad: "¿Acaso en Francia, cuna de los derechos humanos, se aplican [esos principios] al general Aussaresses?", quien reconoció haber practicado la tortura y ejecuciones sumarias en Argelia. "¿Acaso los ponen en práctica los Estados Unidos, gendarme del mundo? ¿Se ha marginado a Israel del derecho internacional?" Claro que no, pero nadie los propondría como ejemplo.

Abogados de Negocios
Otro grupo destacable es el de los abogados de grandes empresas, muchos de los cuales litigan contra el Estado en foros internacionales y denuncian una presunta falta de seguridad jurídica. Algunos defienden además a represores:

- Martínez de Hoz (h.) y Manuel Benites representaron ante el Ciadi a la compañía eléctrica chilena Enersis, que reclamaba a la Argentina 1800 millones de dólares, y a la petrolera alemana Wintershall, que pedía 480 millones. Ambos son directivos de la compañía aérea LAN, en representación de capitales chilenos y estadounidenses.

- Jaime Luis Anaya y José de San Martín fueron denunciados en un litigio entre accionistas de la empresa Aluar, de la que Anaya, que también integra la Corporación, era el abogado principal. Según la accionista Mónica Madanes el voto del camarista en lo comercial Manuel Jarazo Veiras habría sido comprado por Aluar, mediante la contratación de San Martín, íntimo del camarista, para una auditoría ajena a la causa. Jarazo renunció.

- Patricio Petersen fue denunciado por el ex secretario de juzgado comercial José Uriburu, por direccionar a favor del Opus Dei la venta de la quiebra del Hotel Presidente. El entonces juez Antonio Boggiano fue absuelto en un jury que presidió otro miembro de la organización confesional beneficiada, Abelardo Rossi, uno de los interventores en la Corte Suprema designados por la dictadura. Petersen integraba la sociedad fachada del Opus.

- Enrique Guillermo Avogadro, director de la liquidada compañía financiera Credibono.

- Carlos Bosch, abogado del Banco Central y del banco Ciudad durante el menemismo.

- José Luis Fourcade fue abogado del estudio Uriel O’Farrell, que tenía entre sus clientes a grandes empresas estadounidenses, como Ford, Goodyear, Procter & Gamble y Duperial.

- Pablo Rueda, quien se formó como abogado en el viejo estudio Marval O’Farrell, que tenía como principales clientes a Coca-Cola, Texas Instruments, Banco de Boston, Merrill Lynch y Refinerías de Maíz.

Los Defensores
Aunque el grupo de presión diga que defiende personas y no "las demasías de ayer", algunos firmantes han dado muestras en contrario:

- Fernando Goldaracena. Como codefensor del ex almirante Armando Lambruschini llegó a sostener que "es inaceptable apelar a la ética o la moral para calificar la guerra". Citando a Macaulay adujo que "la moderación es una estupidez".

- Óscar Igounet fue defensor del ex capitán Rafael López Fader por su participación en el primer secuestro del empresario Osvaldo Sivak. Defiende la disuasión por medio del terror. "Manejando estratégicamente este condicionante del psiquismo, podrá conseguirse que el enemigo se desbande por pánico. Así es la guerra". Usó la influencia de su hermano, edecán militar de Memen, para lograr un indulto presidencial para López Fader, quien además fue contratado por la SIDE. También defendió al militar carapintada Héctor Daniel Ferrer detenido en el momento de cobrar 5000 dólares por la extorsión a un comerciante.

- Juan Aberg Cobo, defensor de Alfredo Ignacio Astiz y otros marinos y abogado de empresas norteamericanas. La declaración dice que no intentan "legalizar en actas judiciales una versión sesgada de la historia", lo cual contradice las estrategias seguidas en la causa ESMA. Aberg Cobo se autodefine como "soldado ignaciano", y no por su amigo Astiz.

- Juan Luis Gallardo y Gerardo Palacios Hardy, fueron columnistas habituales de la revista Gladius, dirigida por Rafael Breide Obeid y justificadora de la guerra sucia. Gallardo defendió los métodos represivos de la dictadura con un presunto cuento campero. Un comisario les pegó "tremenda marimba é palos" a los cuatreros y los hizo desaparecer. "Barbaridá, sí. Pero se acabó el cuatreraje."

- Abel Parentini, quien debió renunciar como ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, por su defensa de la dictadura.

- Félix Dufourq. Junto con su hermano Esteban presentó el recurso judicial que impidió la proyección de la película ‘La última tentación de Cristo’. Ambos son hijos del ex juez de la dictadura Félix Esteban Dufourq, cesanteado por el gobierno constitucional de 1984 y fundador del partido Orden y Justicia "para defender a la Argentina cristiana que está en peligro de desaparecer". Los Dufourq organizan la asistencia a las misas según el rito tridentino oficiadas por el ex obispo castrense Antonio Baseotto y las visitas a los militares detenidos en Marcos Paz y al sacerdote Christian von Wernich, cuya condena a prisión perpetua fue confirmada esta semana por la Corte Suprema, sin que la Iglesia le aplique una sanción canónica.

- Bobby Roth, secretario legal y técnico de la presidencia durante la dictadura de Onganía.

- Guillermo Moreno Hueyo, socio de Solanet, fue funcionario y defensor de De la Rúa.

- Enrique Munilla, defensor de Galtieri, era abogado del Banco General de Negocios de los hermanos Rohm. La jueza María Servini pidió indagarlo por las conversaciones telefónicas con un directivo prófugo, pero no le fue permitido, para garantizar el derecho de defensa que según dice el grupo de presión no se respeta.

- Augusto José Padilla fue candidato a diputado por el Modin de Aldo Rico, antes de que Eduardo Duhalde lo comprara.

- Federico Young, otro ex juez de la dictadura, debió renunciar a un cargo jerárquico en el gobierno porteño de Maurizio Macrì, cuando se denunció que, entre otros represores, había contratado al teniente coronel Enrique Jordana Testoni, juzgado en Rosario en una causa que lleva su nombre.

A pesar de sus contactos internacionales y su presunta sofisticación, los abogados de la asociación por la justicia y la concordia son provincianos ignorantes de lo que ocurre en el mundo: el lunes 17 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ratificó una condena por crímenes de guerra cometidos en 1944 por un ex militar soviético que hoy tiene 87 años y dijo que esos delitos ya eran imprescriptibles entonces.

23 de mayo de 2010
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