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un espía en la intendencia

mqh - 15 de mayo de 2010 - 20:15 - argentina

Denuncian que un funcionario de la municipalidad de Hurlingham fue agente de inteligencia. Andrés Antonio Raiola se desempeña como representante del Ejecutivo en el Consejo para la Persona con Discapacidad y en el Plan Argentina Trabaja. Figura como agente civil durante la dictadura en los listados del Batallón 601 que fueron desclasificados.

[Victoria Ginzberg] Argentina. Andrés Antonio Raiola es empleado de la Municipalidad de Hurlingham. Se desempeña como representante del Ejecutivo en el Consejo para la Persona con Discapacidad y está ligado a la implementación del Plan Argentina Trabaja. El concejal Adrián Eslaiman, de Nuevo Encuentro, denunció ayer que ese funcionario fue miembro del Batallón 601 durante la última dictadura militar. El dato surge de los listados desclasificados a principios de este año. Allí figura Raiola como personal civil de inteligencia. Cumplía funciones, según el documento, como agente de apoyo y procesamiento.
Durante la sesión del Concejo Deliberante local de ayer, Eslaiman presentó un proyecto de declaración para repudiar la presencia de Raiola en el municipio y un pedido de informe en el que solicita que el intendente peronista Luis Emilio Acuña clarifique, entre otras cosas, en qué día, mes y año se produjo la incorporación a la plantilla de personal o fue contratado Raiola y cuáles fueron las aptitudes tenidas en cuenta para su designación. También se pregunta si la presencia del ex agente "debe ser interpretada en línea con la decisión explícita de negarse a crear en el ámbito municipal el área de Derechos Humanos y Políticas de la Memoria, que desarrollan la mayoría de los Ejecutivos municipales de la provincia, en consonancia con las políticas del gobierno nacional". Estuvo acompañado por representantes de organismos de derechos humanos, entre otros de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Comisión de Ex Detenidos y Desaparecidos de Mansión Seré, la Comisión de Derechos Humanos de Ituzaingó y la Comisión de Secuestrados y Desaparecidos de Campo de Mayo.
Cerca del intendente aseguraron que, luego de la denuncia del concejal de Nuevo Encuentro, el intendente Acuña pidió informes sobre el funcionario cuestionado. Alegaron que el empleado municipal habría sido "administrativo" del Batallón en "septiembre de 1983" y que trabaja en la intendencia desde 2006 "cubriendo el cupo por discapacidad". Agregaron que el hombre en cuestión "estaría tramitando su jubilación".
En los fundamentos de su proyecto, el concejal del partido que lidera Martín Sabbatella recordó que "el Batallón de Inteligencia 601 fue el núcleo central del plan sistemático de exterminio llevado a cabo por la dictadura militar: se especializaba en hacer inteligencia sobre todos aquellos grupos y personas que consideraba subversivos, utilizando técnicas de infiltración, seguimientos, secuestros, torturas y desaparición final mediante el asesinato de los cautivos y el ocultamiento o destrucción de sus cuerpos". Eslaiman señaló que "los agentes de apoyo y procesamiento eran los encargados de analizar y clasificar la información que era luego utilizada por los grupos de tareas para planificar los operativos de secuestro".
"Hurlingham es un triángulo rodeado por el Colegio Militar, Campo de Mayo y la Base Aérea de El Palomar. Aquí viven los médicos que hicieron los partos en Campo de Mayo, aquí Videla fue catequista, aquí hubo un pacto de silencio entre familias tradicionales y el poder político local. Desde que Hurlingham es partido lo gobernó, primero, un intendente que fue servicio de la SIDE durante la dictadura, Juan José Alvarez, y ahora uno que se denomina de centroderecha. Aquí jamás hubo un acto oficial por el 24 de marzo. Hay 69 desaparecidos y ni una sola placa, aunque sí hay una placa para Aramburu", dijo Eslaiman a Página/12.

15 de mayo de 2010
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cobraban coimas a prostíbulos

mqh - 14 de mayo de 2010 - 17:12 - argentina

Una mujer que trabaja en la división trata de la federal denunció ante un juez que sus jefes cobran coimas a prostíbulos. Nancy Miño Velázquez hacía tareas de inteligencia en la división policial de combate a la trata de mujeres para prostitución. Ayer denunció en la Justicia que los responsables del área recaudan dinero de los responsables de ese delito.

[Eduardo Videla] Argentina. El juez federal Ariel Lijo investiga desde ayer si en la División Trata de Personas de la Policía Federal se cobran coimas a dueños de prostíbulos para permitir que continúen en funcionamiento. La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer que es personal de la Policía Federal, que integró hasta hace poco la división creada especialmente para el combate de la trata de personas y que incluso intervino en algunos procedimientos. La mujer, que es personal administrativo de la fuerza, dice haber realizado "tareas de inteligencia dentro y fuera de prostíbulos" y acusó directamente al titular de esa división, el comisario Jorge Omar Fernández, de recaudar el dinero proveniente de acusados por el delito de trata de mujeres para la prostitución. También denunció un intento por parte de ese oficial de "plantar dos menores en un boliche" de Pompeya, como parte de una interna policial. Desde la Oficina de Comunicación de la Policía Federal desestimaron la denuncia. "Esta mujer está con licencia médica de características psiquiátricas", dijo el comisario Ricardo Pedace, responsable del área. Sin embargo, fuentes del juzgado federal dijeron a este diario que se trata de "un relato creíble en la medida en que se pueda chequear" y anunciaron que se dará intervención en el caso a la Unidad Fiscal para la trata de personas (Ufase). También dispuso una custodia permanente por parte de efectivos de la Gendarmería para garantizar su seguridad.
La denunciante es Nancy Graciela Miño Velázquez, de 38 años, nacida en Paraguay pero nacionalizada argentina. Miño es hija de un ex integrante de la Federal y su ex esposo es miembro de la fuerza. Tiene un hijo de 13 años que vive con su padre. Ayer, después de declarar durante siete horas ante el juez federal, hizo un relato de su denuncia ante Página/12. Contó que ingresó a la Federal hace dieciocho años y que trabajaba en el Comando Radioeléctrico, en la atención de llamados al 911, hasta que en octubre de 2008 la trasladaron en comisión a la División Trata de Personas. "Dijeron que como sé hablar en guaraní, podía hacer tareas de inteligencia en lugares donde había chicas paraguayas que no hablaban castellano", relató. "Además, como vendía lencería erótica, tenía contactos con gente que estaba en la prostitución."
"Me mandaron a hacer inteligencia interna y externa en privados, cabarets o boliches, pero yo tenía que pasarle toda la información sobre los lugares donde había menores a Fernández, en forma personal. Algunos los tengo detallados porque siguen existiendo", dijo.
Mencionó un caso en el que le encomendaron localizar a una pareja de dominicanos con pedido de captura por la Ley de Trata, identificados como Williams G. G. y Ana Felicia M. de F. Los ubicó, después de infiltrarse entre prostitutas dominicanas, "en el boliche Chicharrón, ubicado en Bartolomé Mitre y Callao". Pero la pareja nunca fue detenida y "según gente que está en la prostitución, los dejaron escapar a cambio de 50 mil pesos".
Lo mismo habría ocurrido con un sujeto de apellido Chini quien, "según Fernández, tenía varios puteríos en Lanús y lo tenía que localizar porque tenía que pagar para la continuidad del funcionamiento de los privados". Miño dice que obtuvo el domicilio del proxeneta y lo pasó a sus superiores, pero supone que "como todavía está en libertad, debe haber habido algún arreglo". Agregó que en un procedimiento en el Chaco, el propio jefe de la División "dijo que inventó una detenida". Y en otro allanamiento realizado en una whiskería ubicada sobre la ruta, cerca de Pergamino, "se plantó cocaína que había facilitado el sargento F. S. y un arma limada que había llevado el comisario Fernández".
También denunció la participación en operativos de un policía retirado, de apellido Lobera, quien habría intervenido en los procedimientos realizados en enero en la ciudad de Mar del Plata, de los que dio cuenta en su momento Página/12. "El no figura en la nómina del personal que viajó, aparece la inspector Carolina Rotundo, pero no fue, estuvo él y puede verse en las fotos", relató Nancy Miño.
La testigo agregó que en 2009, un oficial de apellido Ojeda Mercado le ofreció "regentear un prostíbulo en la calle Avellaneda", en el barrio de Flores. Y que una suboficial de apellido González "que trabajaba en la Comisaría 5ª, que era mano derecha del comisario, me dijo que necesitaba gente de confianza para un prostíbulo en la avenida Córdoba". "El mismo Mercado me dijo que Fernández regenteaba prostíbulos en Ciudadela y Ramos Mejía", dijo la testigo ante el juez.

¿Cuándo fue que decidió hacer esta denuncia? –le preguntó este diario.
Fue cuando se me pidió que plantara menores en un boliche de la avenida Perito Moreno, en Pompeya.

¿Cómo iban a plantar menores en un boliche?
Una menor la iba a aportar el sargento S. de la Villa 1.11.14, y yo tenía que conseguir una chica del ambiente de la prostitución. Me lo pidió el comisario Fernández el 12 de febrero de este año. Les iban a dar dos documentos apócrifos, como que eran mayores, porque en los boliches no son giles, no toman menores.

¿Para qué querían plantar menores?
Porque después el comisario iba a ordenar que un grupo de rescate bajara al lugar. Quería hacer todo esto porque (el comisario inspector Omar) Cipolla (su superior inmediato) le había llamado la atención, porque un subinspector de Trata había levantado un bolso con dinero que tenía que haber sido levantado por la División Delitos contra la Salud.

¿Qué hizo usted entonces?
Fui a hablar con el comisario Cipolla, que es el jefe del Departamento de Delitos contra las Personas, el superior de Fernández. Me tomó los datos, pero no tomó en cuenta lo que dije. Como respuesta, me trasladaron a la calle Azopardo, al sector de documentación, a la vuelta de la División Trata. Por eso, el 21 de abril pedí licencia médica y no volví más, tenía miedo por mi vida.
En fuentes del juzgado federal de Ariel Lijo consideraron que el relato de Miño es creíble, pero difícil de comprobar. "Al trascender la denuncia por la prensa, si hay un pago de dádivas, como se denuncia, simplemente se deja de hacer por un tiempo", sugirieron desde el juzgado. Además, por lo general, no suele haber pruebas del pago de coimas. Y los testigos, según consta en la causa, son todos integrantes de la División Trata de Personas
La declaración, añadieron fuentes cercanas a la causa, hace alusión a la interna que surgió en la Policía Federal a partir de la creación de la División Trata de Personas. "Esa división comenzó a trabajar en un territorio que era exclusivo de la División Delitos contra la Salud, que era la que controlaba los prostíbulos, en aplicación de la ley de profilaxis", dijo el abogado Mario Ganora, de la Defensoría del Pueblo. La prostitución y en particular el proxenetismo han sido señalados, históricamente, como una de las fuentes de recaudación de la policía.
Miño se presentó a declarar el martes ante el juez federal Miguel Angel Torres, quien mandó la causa a sorteo. Desde entonces, se alojó en el local de la Fundación La Alameda –una organización dedicada a la lucha contra la trata de personas– para protección de su seguridad personal.
El caso recayó en el juzgado de Ariel Lijo, quien ayer mismo citó a declarar a la testigo. Miño es asistida por los abogados Ganora y Rodolfo Yanzón, de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, ambos colaboradores de La Alameda.

14 de mayo de 2010
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verdad y justicia, irrenunciables

mqh - 13 de mayo de 2010 - 18:54 - argentina

Diputados aprobó un proyecto del CELS sobre los juicios a los represores. La Comisión de Derechos Humanos tomó la iniciativa del CELS como propia. Repudia las graves violaciones a los derechos humanos y asegura que el proceso de verdad y justicia es una política de Estado de carácter irrenunciable. Fue votado por unanimidad.

Argentina. La Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad un proyecto de declaración impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) mediante el cual se declaró "política de Estado" a los juicios por crímenes de lesa humanidad que se llevan adelante en todo el país.
"En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo es menester reafirmar el repudio hacia las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del terrorismo de Estado y asegurar el proceso de verdad y justicia como una política de Estado de carácter irrenunciable que debe completarse en plazos razonables dentro del más absoluto respeto a las garantías del debido proceso. Esta política de memoria y justicia, que nos distingue hoy como país en la comunidad internacional, representa una bisagra ética fundamental del Estado de derecho que beneficia a la sociedad argentina en su conjunto", señala la iniciativa.
El proyecto lleva las firmas de Horacio Verbitsky y Gastón Chillier, presidente y director ejecutivo del organismo de derechos humanos, y fue adoptado como propio por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, que preside la diputada de Libres del Sur Victoria Donda y cuyos vicepresidentes son Remo Carlotto, del Frente para la Victoria, y Elisa Carca, de la Coalición Cívica. La comisión, que también integran legisladores de la UCR, el GEN, el PRO, Nuevo Encuentro, SI, el socialismo y el Peronismo Federal, trató la propuesta el martes. En general, ante proyectos presentados por particulares, la práctica parlamentaria es que algún legislador lo tome como propio, pero, en este caso, la iniciativa fue adoptada por la misma Comisión de Derechos Humanos, un hecho que sólo registra un antecedente histórico.
En los fundamentos de la declaración se señala que "el valor de la igualdad ante la ley y el respeto a la dignidad humana forjaron un vínculo inquebrantable entre democracia y justicia durante la transición política en 1983. El trabajo de la Conadep y el Juicio a las Juntas no se limitaron sólo a la creación de evidencias, el conocimiento de lo sucedido y el juzgamiento de los máximos responsables, sino que contribuyó a la consolidación de los derechos humanos como pilares políticos de la restitución del Estado de derecho y como sustento ético del entramado social". También se menciona la reapertura del proceso judicial con la declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y el impulso a las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, dado desde los tres poderes del Estado. Finalmente, se expresa que "el Bicentenario es una ocasión propicia para renovar esa voluntad política y reafirmar el camino emprendido por las instituciones democráticas. No se trata sólo de juzgar hechos atroces de nuestro pasado reciente como Nación, sino de establecer un acuerdo para nuestra convivencia futura sobre la base del respeto de los derechos básicos de las personas y de consolidar una política de Estado que está por encima de las banderías partidarias".

13 de mayo de 2010
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sigue infierno en el norte de cauca

mqh - 12 de mayo de 2010 - 18:13 - argentina

Indígenas y campesinos siguen en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las Farc. Los más afectados son los habitantes de los municipios de Toribío, Jambaló, Corinto, Miranda y Caloto.

Colombia. Las escenas cada vez son más preocupantes. Guerrilleros del frente sexto de las Farc bombardean caseríos en el norte de Cauca con ‘tatucos’, que son explosivos hechizos. Los ataques desencadenan la reacción de militares adscritos a las brigadas Tercera y Vigésimo Novena, que custodian la zona. En la mitad del fuego está la población inerme.
Ya van varios días de combates en algunos poblados de los municipios de Toribío, Jambaló, Corinto, Miranda y Caloto. "Ha sido una cosa sin mayor prevención. De repente, quienes están en sus parcelas trabajando sienten que se inician los enfrentamientos", cuenta Rafael Coicué, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acín).
"Los niños se asustan mucho. Por eso, nos toca irnos de las casas y no volver hasta cuando haya calma", cuenta una mujer, cargando a su bebé.
Los indígenas ya saben que cuando están en peligro deben salir corriendo hacia refugios en sitios definidos con anticipación.
Pero no siempre alcanzan a llegar. El pasado 6 de mayo, murieron las indígenas Patricia Noscué Ulcue, de 20 años, y Luz Edith Taquinás Ipia, de 18, en el resguardo Tacueyó, en Toribío, como consecuencia de los enfrentamientos entre guerrilleros y militares.
En ese mismo combate quedaron heridos: Reinaldo Meza Medina, de 21 años; Andrés Darío Meza Taquinás, de 11 años; Yorman Daniel Largo Vana, de 13 años; Ledy Johana Ulcue Largo, de 16 años; Rosa Elena Ipia Peteche, de 54 años; Mirian Yatacue Ipia, de 32 años; Orlando Gualiche Sandoval, de 49 años.
Además, el enfrentamiento impidió durante más de diez horas la posibilidad de que estudiantes y profesores pudieran ir a la escuela en Tacueyó.
Los refugios a donde van los indígenas son territorios neutrales, donde nadie puede entrar con armas y en sus alrededores tampoco se pueden presentar enfrentamientos que pongan en peligro a los refugiados. Eso está regido, incluso, por normas y reglamentos internacionales.
Pero estar allí tampoco es garantía de tranquilidad. "Las Farc y los militares están entrando a estas zonas", denuncia el indígena.
La escuela de la vereda Pajarito, de Caloto, fue declarada refugio. Allí, indígenas voluntarios iniciaron actividades de juego para los niños. Con ellas, intentan mitigar los temores que les han causado las explosiones y los disparos.

Presencia Histórica
El lugar donde se están presentando los enfrentamientos ha tenido permanente presencia de los guerrilleros desde los años 60. "Siempre han estado aquí y eso no hay que negarlo. Las autoridades indígenas habían planteado que ellos respetaran a la gente, que no reclutaran niños y que podían pasar por el territorio, pero no quedarse en él. No podían acercarse a las escuelas, ni a los sitios de reunión de los indígenas, ni instalar campos minados. Ese era el protocolo y ellos a veces lo respetaban", cuenta Coicué.
Pero todo empezó a cambiar desde el 11 de noviembre del año pasado, cuando luego de que el Ministerio de Defensa anunciara 14 medidas para atacar a las Farc en Cauca. y las Farc reaccionaron sin distingos.
"Después de eso, no se tuvo en cuenta recomendación alguna. Los guerrilleros nos dijeron que estamos en guerra y todo lo que se haga serán actos de guerra. Los más afectados somos nosotros", dice Coicué.
En este nuevo episodio del conflicto en el norte de Cauca, las Farc mantienen su presencia en las zonas rurales, pero también han ubicado algunos de sus hombres en las zonas urbanas.
Su tarea es mimetizarse entre los civiles y hacer labores de inteligencia para tratar de detectar a posibles colaboradores de la fuerza pública. También, analizan el territorio para planear ataques contra el Ejército y la Policía.
En las zonas de retaguardia, las Farc están sembrando minas que les aseguran su repliegue ante posibles persecuciones del Ejército.
En ese escenario, los indígenas han denunciado la suplantación de su guardia por parte de guerrilleros de las Farc. La situación se hizo evidente después de que militares del Batallón Pichincha dijeron que en el municipio de Corinto "miembros del Cabildo y la guardia, portando bastones de mando, estaban interfiriendo y dificultado operaciones militares en las veredas del Jagual, Bella Vista y el Tablón, y que además en un sitio llamado La Cominera, el Cabildo no había permitido mover el cadáver de un guerrillero dado de baja en operación militar, situaciones que suponían por parte de la fuerza pública una colaboración de los indígenas con la guerrilla".

"Somos Neutrales"
Ese comentario de los militares llevó a las autoridades indígenas a insistir en que la orden es no intervenir, ni vincularse en el conflicto, y mantenerse neutral. Cualquier anomalía se le debe reportar al Cabildo y ningún indígena debe actuar individualmente, sin autorización. Esa es la consigna.
Pero así como los líderes indígenas no aceptan la colaboración con la guerrilla, ordenan que tampoco se haga con la fuerza pública, pues necesitan mostrarse neutrales en aquella zona de enfrentamientos.
Por eso, rechazan también que los militares se alojen en las casas de la gente o en las escuelas. Lo grave no es sólo que puedan ser atacados y estén en peligro las vidas de quienes pasan por allí, sino que los hombres armados involucran a la gente en sus actividades.
"Si van a pelear, que se vayan para las montañas, donde no haya tantas casas ni tantos niños", dice un indígena que tuvo que desplazarse a un refugio.
Particularmente, se ha denunciado que niños y adolescentes son utilizados como correos humanos. Cualquiera de los bandos les asignan la tarea de hacer vigilancia y advertir la presencia de su enemigo, algo que los convierte a menudo en blancos de venganzas.
Ya se han presentado muertes de jóvenes como consecuencia de esa estrategia. Por ejemplo, el pasado 17 de enero, en la vereda Cima, de Corinto, fue muerta Sara Beatriz Pete Taquinas, de 12 años y estudiante de la escuela Villa del Rosario. Su hermana fue herida en el mismo ataque.
Así se viven los enfrentamientos que en los últimos días azotan el norte de Cauca. El Gobierno tiene como estrategia atacar militarmente, y la guerrilla mantenerse en el territorio que ha ocupado durante años. Los más afectados son los campesinos que han tenido que irse o aprender a vivir esquivando la muerte.

12 de mayo de 2010
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canciller irrecuperable

mqh - 12 de mayo de 2010 - 18:07 - argentina

El canciller Jorge Taiana declaró en el juicio contra represores de la Unidad 9. Contó detalles sobre su encierro durante la última dictadura. Dijo que estuvo alojado en uno de los "pabellones de la muerte", narró la ejecución de cuatro de sus compañeros y mencionó a los represores "más activos" en los tormentos.

[María Laura D’Amico] Argentina. A veinte días de cumplir sesenta años, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jorge Enrique Taiana, habló por primera vez ante la Justicia argentina acerca de su experiencia como detenido durante la última dictadura militar. Enfundado en un traje negro, dando pasos lentos pero seguros, el canciller se dirigió a la silla ubicada en el centro del escenario del auditorio de la ex AMIA y se sentó frente a los jueces que componen el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata para dar testimonio en el juicio contra catorce agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, acusados de delitos de lesa humanidad cometidos en la Unidad penal No 9. Allí relató su paso por uno de los "pabellones de la muerte", mencionó los nombres de los oficiales "más activos" en los castigos y contó cómo él y sus compañeros se fueron dando cuenta de que un "traslado" podía ser sinónimo de "asesinato".
"En la Unidad 9 vi de todo y fui testigo de violaciones serias a los derechos humanos y atentados al derecho a la vida", dijo el canciller antes de entrar a la sala.
Taiana llegó a la U9 el 26 de octubre de 1976 desde el penal de Villa Devoto. Había sido detenido en 1975 y en total pasó siete años en prisión.
Frente a los jueces, con las piernas cruzadas y las manos sobre el abdomen, aseguró haber sufrido maltratos por parte de los agentes que cumplían tareas en ese centro de detención y recordó los nombres de los oficiales "más activos" en los castigos: "(Jorge Luis) Peratta era un hombre rudo que tenía el rol del hombre malo que pegaba. Otro era (Raúl Aníbal) Rebaynera, que también hacía mérito de su vocación y provocaba. También estaba (Ramón) Fernández, ‘El Manchado’".
Peratta, Rebaynera y Fernández son tres de los catorce imputados en esta causa. Los otros penitenciarios que están siendo juzgados por el tribunal que preside Carlos Rozanski son el ex director de la Unidad 9 Abel Dupuy, el ex subjefe Isabelino Vega, los ex agentes Elvio Cosso y Valentín Romero y los penitenciarios Víctor Ríos, Catalino Morel, Segundo Andrés Basualdo y Héctor "El Oso" Acuña, además de los médicos Carlos Domingo Jurio, Enrique Leandro Corsi y Luis Domingo Favole, quienes están acusados por no haber evitado las torturas seguidas de muerte de Alberto Pinto.
Con tono calmo, Taiana hizo referencia a la violenta requisa del 13 de diciembre de 1977, fecha en que Dupuy asumió al mando de la Unidad 9. El canciller recordó que ahí se produjo "un importante cambio en el funcionamiento del régimen" al que definió como la "incorporación del penal al conjunto de la estrategia represiva que se llevó adelante en el país". Detalló que ese día había un clima enrarecido. "De repente los guardias empezaron a abrir las puertas y nos obligaron a salir a toda velocidad y con la vista fija en el piso. Se oían los gritos, ruidos y golpes de los otros pabellones." Cuando llegaron al salón de actos, tuvieron que desnudarse y luego fueron revisados y golpeados. Taiana recordó que cuando regresó a su celda estaba todo revuelto y le faltaban algunas de sus pertenencias. Luego, los presos fueron clasificados según su grado de inserción social.
"Yo era un irrecuperable", afirmó. Explicó que por ese motivo fue alojado en el pabellón uno, "que pocas semanas más tarde se conoció como uno de los pabellones de la muerte". Hoy se sabe que allí eran alojados los militantes de Montoneros, mientras que al dos iban los integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo. "Ahí éramos catorce personas de las cuales mataron a cuatro", afirmó.
Taiana se refirió a los asesinatos de Dardo Cabo y Rufino Pirles, que fueron sacados del penal con la excusa de que serían trasladados y al día siguiente aparecieron asesinados en un supuesto intento de fuga. "Sabíamos que había detenidos no reconocidos, pero no sabíamos qué les pasaba. Nadie pensaba en el exterminio, sino en condiciones extremas de detención. No se unía ‘traslado’ a ejecución’. Se fueron sin resistencia. Después fuimos reconstruyendo lo que pasó", aseguró. Así, relató cómo, a partir de ese hecho, los presos empezaron a tomar conciencia de lo que podía pasarles. "Nos dimos cuenta de que estábamos ante una estrategia de ejecución extrajudicial y en peligro, que esto no era un caso aislado y que seguramente se iba a repetir."
No se equivocaban. Tres semanas más tarde fueron a buscar a Julio César Urien y Angel Giorgiadis. Urien logró salvar su vida gracias a la influencia de su familia. "Entonces se llevaron a Horacio Rapaport, que era un preso bastante representativo", contó Taiana. "La sensación que tuvimos es que lo perdimos por horas porque los familiares habían hecho mucho afuera y a las pocas horas llegó la misión de la Cruz Roja", que recordó como "la primera denuncia que pudimos hacer ante alguien en esa situación. Ahí sentimos que habíamos logrado romper cierto grado de aislamiento".
De todos modos, por esos días corría el rumor de que habría nuevos fusilamientos. "Se decía que los próximos serían Villanueva, Jozami y yo." El ministro relató que pidió una entrevista con el director del penal Dupuy: "Le señalé que lo que estaba pasando era una cosa muy seria y que en algún momento alguien lo iba a revisar". El director le contestó: "¿Usted se cree, Taiana, que a mí me saca un preso cualquier teniencito? No, las órdenes son de arriba y yo tengo toda la documentación".
Sobre este tema volvió el defensor de Dupuy, Roberto Citerio, quien le preguntó al canciller si creía que su defendido podía oponerse a esa orden militar. "Yo creo que sí", afirmó Taiana y explicó que "la responsabilidad por la seguridad de las personas en un penal son de las autoridades del penal. Primero, era dudosa la legalidad del traslado en general. Segundo, luego del primer caso se sabía que era una orden que no se debía cumplir".
La declaración de Taiana duro más de una hora. Al salir del edificio de la ex AMIA de La Plata, en el mismo tono calmo con que llegó, el canciller dijo a la prensa: "Me emocioné mucho. Son muchos recuerdos, mucha gente, sobre todo los que fueron ejecutados, que eran amigos. Yo todavía vivo el dolor de no tenerlos. Pero creo que es un deber colaborar con el juicio. Tiene que ver con mis responsabilidades en relación con los derechos humanos y con la Justicia, que son dos valores fundamentales que reclama la sociedad argentina. Como gobierno y como persona, para mí era una obligación".

12 de mayo de 2010
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investigan archivos de inteligencia

mqh - 11 de mayo de 2010 - 21:57 - argentina

Se abrió investigación judicial sobre archivos de inteligencia. "Hay que determinar si el delito fue en calidad de tentativa, porque no se consumó el resultado", dijo la fiscal que investigaba la denuncia de Patricia Isasa. "También podría caber el encubrimiento", agregó a este diario Colalongo.

[José Maggi] Argentina. Los mismos archivos que en 1987 el entonces gobernador José María Vernet decidió conservar en pleno alzamiento carapintada, a pesar de los pedidos del capitán Rondello Barbaresi, responsable de la ex Dirección General de Informaciones, y que el propio Víctor Reviglio también preservó, pudieron haber sido destruidos de cumplirse la orden emanada de puño y letra del entonces gobernador Carlos Reutemann, en enero de 1992. Esta es la primera aseveración que se desprende de la documentación entregada por la denunciante Patricia Isasa, sobreviviente y querellante en la Causa Brusa. La denuncia ya está siendo investigada por la fiscal federal Mabel Colalongo, luego de ser presentada ante Jorge Auat, coordinador de la Unidad de Fiscalización de causas por derechos humanos.
"Esta denuncia señala cómo fue históricamente tratado por los distintos gobiernos santafesinos ese Archivo Intermedio, y el destino que iba a tener", indicó Colalongo. "Entre otras cosas, Isasa presenta decretos firmados por Reutemann sobre el archivo, algunos de los cuales ordenaban retirar la documentación existente la que debía ser entregada a los bomberos, conscientes creo del tipo de documentación de la que se trataba. Esto se tiene que confirmar, así como ver quiénes eran las personas que informaban y presentaban la información con la que se redactaba esa documentación, que relataban las detenciones ilegales, que hemos podido verificar con las fotocopias obtenidas luego de un arduo trabajo".

¿De qué documentación estamos hablando?
Hay documentación que da cuenta de procedimientos ilegales y detenciones con nombre y apellido de víctimas de acuerdo al registro de Conadep, que son víctimas del plan sistemático. Hay procedimientos de enfrentamientos fraguados donde mueren víctimas en total estado de indefensión. Hay muchos casos de Rosario, pero también elaboramos un informe sobre Reconquista que ya envié al fiscal federal de esa ciudad, que ya nos agradeció la información. Lo mismo hicimos con Santa Fe- contestó la fiscal.

De haberse constituido algún tipo de delito en la acción de Reutemann, ¿qué figura penal le cabría?

Hay muchas cuestiones que revisar, como el tiempo transcurrido desde el decreto y si existen actos que pudiesen haber interrumpido el posible delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, o en su caso un delito especial como la destrucción de pruebas vinculadas a delitos de lesa humanidad. Hay que determinar si el delito fue en calidad de tentativa, porque no se consumó el resultado. También podría caber el encubrimiento, pero no quiero anticipar nada porque no tengo la información que necesito. En principio la denuncia da cuenta del distinto tratamiento que se le dio durante los sucesivos gobiernos a esta documentación: están los decretos de Vernet y Reviglio conservando esta documental y también está el decreto 77 de Reutemann firmado en enero de 1992, ordenando al entrega a bomberos de esta información específica".
El 15 de enero de 1992, Reutemann firmó un decreto que en su artículo primero decía: "Autorizar al Cuerpo de Bomberos de la Provincia a efectuar el retiro de la documentación existente en las manzardas Este y Oeste de la Casa de Gobierno." Exceptuaba esos papeles del decreto 1596/87, que establecía las pautas de conservación de documentos de la administración pública. De esta forma se disponía la destrucción de los partes de la ex Dirección General de Informaciones, que daban cuenta del proceder de las Fuerzas Armadas y de Seguridad durante la última dictadura.

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al congreso, por la legalización

mqh - 09 de mayo de 2010 - 23:45 - argentina

Marchas por el uso no punido de la marihuana en Buenos Aires y en el interior. Ayer se realizaron 200 concentraciones pidiendo el fin de las leyes que reprimen el cultivo y consumo en todo el mundo, quince de las cuales fueron en el país. La del Congreso fue la mayor, y de las más alegres.

[Carlos Rodríguez] Argentina. La avenida de Mayo, tal vez la más apegada –por historia y tradición– a los festejos del Bicentenario, fue ayer testigo, desde la Casa de Gobierno hasta el Congreso, de una marcha multitudinaria, tal vez la más importante en número y en visibilidad de las que se han hecho hasta ahora en la ciudad de Buenos Aires, para reclamar que las leyes y la fuerza pública dejen de "detener, discriminar y maltratar" a los usuarios de marihuana. "Autocultivo, autocultivo", fue la consigna que levantaron miles de hombres, mujeres y jóvenes, familias enteras en muchos casos, alineados detrás de un cartel cargado de ironía: "La marihuana causa paranoia, confusión, manía persecutoria y pérdida total del contacto con la realidad, en las personas que nunca la fumaron". Desde un escenario minúsculo montado frente al Congreso nacional, varios oradores pidieron que se firme la ley que despenalice de una vez el consumo y la tenencia personal y que la norma sea "clara, muy clara", para que no tenga "segundas interpretaciones" por parte algunos jueces.
"Basta de cárcel por marihuana. Sí al cultivo. Basta de narcos", decía una de las tantas pancartas levantadas por los manifestantes. "Acá hay trabajadores, amas de casa, estudiantes. Estamos aquí reunidos para reclamar un derecho. No somos ladrones ni asesinos", dijo uno de los oradores espontáneos. La afirmación de que allí había familias se confirmaba en la plaza del Congreso. Un hombre de 45 años, con la barba y la cintura plenas, luciendo un look con cierto aire hippie, defendía el derecho a fumar marihuana en compañía de sus dos hijos. "Vine con ellos, acá están, son mayores de edad, tienen derecho a elegir. No son enfermos, no son violentos. No lo somos ninguno de nosotros. Sólo nos gusta fumarnos un porro, sin ofender a nadie."
La Marcha Mundial por la Marihuana se realiza desde 1999 en más de 200 ciudades del mundo. Este año, en la Argentina se realizaron 15 concentraciones incluyendo la de Buenos Aires, coordinadas por la revista THC, bajo el lema de que se respeten "los derechos de los usuarios medicinales y las libertades individuales" de los consumidores, que se impulse "la promoción de políticas de salud, prevención y reducción de daños" para que consuman cualquier tipo de droga y, sobre todo, que se sancione "una nueva ley más humana, justa y eficaz". Los convocantes y los participantes en general recordaron que la Corte Suprema de Justicia "ya la declaró inconstitucional a la ley vigente y ahora le toca al Congreso". El abogado Albino José Estefanolo, rodeado de periodistas y manifestantes, bregó en favor del "inmediato envío al Congreso (por parte del oficialismo) de una nueva ley de drogas. Este es el momento. Se nota una mayor madurez. Sólo basta mencionar que uno de los miembros de la Corte Suprema, Carlos Fayt, que en 1986 había fallado a favor de la condena de un consumidor de Rosario, hoy, 23 años después, ha cambiado su voto en ese punto. Es importante que eso ocurra. Por eso, el tema se tiene que tratar en el Congreso cuanto antes".
Una mujer con una remera con la imagen de la Pantera Rosa, rodeada de inocentes hojas de marihuana, pedía información sobre un tema para ella crucial: "Yo consumo desde hace muchos años, pero nunca se lo inculqué a mi hijo, que hoy tiene 17. El tiene su libertad y yo sé que fuma, igual que yo, aunque no lo aliento a hacerlo ni le inculco nada. ¿Puedo yo socializar este tipo de consumo abiertamente, hoy, con mi hijo, o tengo que esperar a que sea mayor de edad?". Estefanolo le aconseja que se abstenga de "alentarlo" hasta que sea adulto. En la plaza del Congreso, muchos admitían ser "debutantes" en la marcha pública y tenían la misma alegría que se nota, en las marchas gays, cuando la gente encuentra espacio para decir "soy lo que soy", sin joder a nadie y sin que lo jodan.

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mapa del terrorismo de estado

mqh - 09 de mayo de 2010 - 23:41 - argentina

Proyecto para señalar los centros clandestinos en Santa Fe. El proyecto presentado por la diputada Alicia Gutiérrez (SI) había perdido estado parlamentario. Ahora fue presentado nuevamente y la legisladora confía en que será aprobado pronto por el resto de los bloques partidarios.

[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. La diputada Alicia Gutiérrez (SI) insistió esta semana con una ley para señalizar como "sitios de la memoria del terrorismo de estado" a los centros clandestinos de tortura y exterminio que operaron en la provincia durante la dictadura. Un proyecto que presentó hace ya dos años, pero que caducó a fines de abril, pero que ahora renovó su estado parlamentario y el compromiso de sus colegas del oficialismo y la oposición que será aprobado lo antes posible. "Hay una promesa y una voluntad política para tratarlo. Incluso, un interés de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia para que haya una legislación sobre este tema", dijo la legisladora.
Gutiérrez presentó el proyecto en setiembre de 2008 y fue girado a cuatro comisiones: Derechos y Garantías, Cultura, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales. Las tres primeras le dieron dictamen favorable, pero quedó cajoneado en la cuarta: Asuntos Constitucionales, que preside la diputada socialista Inés Bertero. En la sesión del jueves, la primera del período ordinario, Gutiérrez formalizó un nuevo proyecto idéntico al anterior, pero solicitó que sólo fuera enviado a Asuntos Constitucionales para que se complete el trámite legislativo y el pleno de la Cámara lo aceptó. "Hay voluntad política para que esta ley sea aprobada lo antes posible", afirmó.
La iniciativa caducó en el pase de una comisión a la otra. "Y después, en Asuntos Constitucionales hubo otras urgencias y otros proyectos y éste quedó postergado. Pero ahora existe el compromiso de tratarlo", se entusiasmó la diputada del SI. "Incluso, un interés de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia para que haya una legislación sobre el tema. Ya hay una política de señalamiento de los lugares donde operó el terrorismo de estado, pero quieren llevarla a cabo con un marco legal".
La ley propuesta por Gutiérrez considera "sitios de la memoria del terrorismo de estado a los lugares ubicados dentro del territorio de la provincia de Santa Fe, en los que funcionaron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983", dice el artículo 1. "El Poder Ejecutivo provincial garantizará la preservación" de todos estos lugares (") para "facilitar las investigaciones judiciales" y "la memoria histórica", agrega el artículo 2.
"Esto implica que todos los lugares donde hayan existido campos de concentración y exterminio, conocidos por municipios, comunas o por la provincia, la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe se encargará de señalizarlos con una aclaración de que ahí funcionó un centro clandestino de detención e inclusive poner el nombre de las víctimas. El texto no lo especifica, pero deja cierta libertad para que así se haga. Y hasta, faculta a llamar a un concurso para que la señalización tenga la misma estética en toda la provincia.
"La ley es importante -insistió Gutiérrez porque nos parece totalmente injusto que en un lugar como "La Intermedia", por ejemplo, que está a la vera de la autopista Santa Fe Rosario, donde hay una casa, un campo que se cultiva y vive gente, y nadie sepa cuando pasa por allí que existió en campo de concentración" que operaba uno de los represores condenados a prisión perpetua en el juicio de Rosario, el teniente coronel Juan Daniel Amelong. Además de Amelong, también fueron condenados a perpetua por delitos de lesa humanidad los coroneles Pascual Guerrieri y Jorge Fariña, y los agentes civiles del Ejército durante la dictadura, Walter Pagano y Eduardo Costanzo.
En el juicio de Rosario quedó probada la existencia de cinco campos clandestinos: la Quinta de Funes, la escuela Magnasco, La Intermedia, la Fábrica Militar de Armas y La Calamita", recordó Gutiérrez. "Estos centros clandestinos de detención existieron, no fueron una fábula de tres o cuatro personas sino que los testigos y querellantes atestiguaron dónde estuvieron detenidos, dieron detalles y dijeron quiénes habían sido sus captores y los reconocieron. Entonces, esto es un hecho muy importante".
"Muchas veces, hemos intentado señalizar estos lugares. Hace varios años, los familiares de las víctimas de la Quinta de Funes plantamos un árbol que fue extraído rápidamente y pusimos una placa que también fue cortada a la semana. Hoy no existe ninguna señalización de esos hitos de la memoria. No estamos pidiendo la expropiación ni nada por el estilo, pero sí que en cada localidad la gente sepa, los adolescentes y los niños sepan que sucedió en estos lugares. Eso me parece lo más importante. Los jóvenes son los que más preguntan, los que más acompañan, los que masivamente se incorporan a las marchas del 24 de marzo, los que nos acompañaron el día de las sentencias en los juicios en Santa Fe (al ex juez de Santa Fe, Víctor Brusa y cinco policías) y en Rosario (a Guerrieri Amelong y compañía) Entonces, nos parece muy importante que todo esto tenga un correlato como parte de la memoria histórica de un pueblo.
"Algunos municipios también lo intentan. Mañana, lunes, vamos a ir con el Espacio Juicio y Castigo de Rosario a la Municipalidad de Granadero Baigorria, donde el Concejo Municipal aprobó por unanimidad una ordenanza que tiene que ver con el señalamiento de los lugares de los centros clandestinos de detención", finalizó Gutiérrez.

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