cuando los papeles incomodan
9 de mayo de 2010
Denuncian a Rutemann por intentar destruir archivos de la dictadura.
[Victoria Ginzberg] El 15 de enero de 1992, el entonces gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, firmó un decreto que en su artículo primero decía: "Autorizar al Cuerpo de Bomberos de la Provincia a efectuar el retiro de la documentación existente en las manzardas Este y Oeste de la Casa de Gobierno." Exceptuaba esos papeles del decreto 1596/87, que establecía las pautas de conservación de documentos de la administración pública. De esta forma se disponía la destrucción de los partes de la ex Dirección General de Informaciones, que daban cuenta del proceder de las Fuerzas Armadas y de Seguridad durante la última dictadura. El material se salvó del fuego debido a gestiones de organismos de derechos humanos de Rosario y fue trasladado al Archivo General provincial, de donde fue rescatado el año pasado por la fiscal de Santa Fe Mabel Colalongo. El jueves pasado, Patricia Isasa, que estuvo secuestrada en tres campos de concentración de Santa Fe, presentó una denuncia contra el ex gobernador. Pidió que se investigue a Reutemann por intentar eliminar información pública conducente al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad.
Los Decretos
El decreto de 1992 daba cuenta de que las manzardas Este y Oeste de la Casa de Gobierno provincial, ocupadas por los archivos de inteligencia, estaban en malas condiciones y afirmaba que la documentación se encontraba en "grado de destrucción parcial o total en algunos casos" y que eso "estaría causando un daño considerable a la estructura del edificio". Por este motivo, establecía el retiro de los papeles de ese lugar y los exceptuaba del decreto 1596/87, que establecía las pautas de conservación en documentos en el ámbito de la Administración Pública Central. Pero en 1995, y según el relato de Isasa, "luego de que los organismos de derechos humanos de Rosario lograron que no se destruyera el archivo", Reutemann firmó otro decreto en el que señalaba que la documentación producida y recibida por la ex Dirección General de Informaciones, que era de "conservación permanente", debía llevarse al edificio del Archivo General de la Provincia. En el artículo segundo ordenaba que "en el término de 120 días de concretado el traslado, la Dirección del Archivo General de la Provincia elaborará un detallado informe y clasificación". Esta última medida no se concretó. El año pasado, Colalongo, que había colaborado con la Conadep y el Juicio a las Juntas y recordaba la existencia de esos papeles, fue a revisarlos y se encontró con información potencialmente valiosa para las investigaciones sobre el terrorismo de Estado en su provincia.
La Denuncia
Isasa tenía 16 años cuando fue secuestrada, el 30 de julio de 1976, durante sus vacaciones de invierno en la ciudad de Santa Fe. Fue torturada, abusada y violada. Pasó por las comisarías primera y cuarta y la Guardia de Infantería Reforzada. "En la búsqueda de la verdad supe de la existencia del ‘Archivo Ideológico’. Del tratamiento que los diferentes gobiernos dieron a esta valiosa documentación se infiere el respeto a los derechos fundamentales que forman parte de la conciencia sociouniversal como lo son la vida, la libertad, la dignidad", dice Isasa en la denuncia que presentó el jueves ante los fiscales de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado por Jorge Auat y Pablo Parenti. La procuración giró la presentación a Colalongo, quien debe evaluar si Reutemann es responsable de intentar destruir información pública conducente al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad. "Incluso hay que investigar si parte de ese material no se quemó antes de que fuera enviado al edificio del Archivo General de la Provincia", arriesga Isasa, quien agrega que buscó el original del decreto del 15 de enero de 1992 durante ocho meses.
"Se hablaba de una orden de Reutemann para destruir el archivo de la ex Dirección General de Informaciones, pero hasta ahora no había pruebas. Se especulaba con que se había dispuesto la quema por una cuestión burocrática, de cumplimiento de los plazos para la conservación de documentos públicos, el decreto demuestra que no fue así y que, antes de los plazos establecidos, se alegó que estaba en malas condiciones y que estaba causando daños en el edificio de la Casa de Gobierno. Es llamativo", dijo a Página/12 un funcionario judicial.
"No hago esta denuncia porque Reutemann sea de derecha, sino por la criminalidad de sus actos de gobierno: 23 muertos en las inundaciones más otros 160 como consecuencia de ellas, siete muertos en diciembre de 2001 y el nombramiento en la Suprema Corte de su primo y su abogado. Esto que denuncio ahora es el primer hecho", manifestó Isasa.
Los miles de papeles que forman parte del archivo del organismo que encabezó el capitán Rondello Barbaresi dan cuenta del seguimiento a militantes, dirigentes políticos, sindicales o estudiantiles antes y durante la última dictadura. Hay, por ejemplo, un largo informe pedido a la policía de Santa Fe por sus colegas de Misiones vinculado con el dirigente radical Marcelo Stubrin, un parte sobre una reunión de la Juventud Radical y Franja Morada en la casa de Luis "Changui" Cáceres. También están registrados la clausura del periódico Estrella de Cañada de Gómez, la detención de su director por publicar una caricatura de Jorge Rafael Videla y la persecución a miembros de organismos de derechos humanos a raíz de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero lo más importante es que aporta pruebas sobre "detenciones" y actos de espionaje realizados contra personas que luego fueron desaparecidas.
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Argentina. Emoción fue lo que sobró en el acto de presentación del Proyecto Barrio Travesía, que desarrollará la Fundación Madres de Plaza de Mayo en Juan José Paso y Travesía. Con Hebe de Bonafini como figura emblemática, estuvieron las autoridades municipales y nacionales pero el dato predominante fue la presencia de la comunidad qom. "Con esta iniciativa se cumple un sueño. Yo sé que esperaron mucho tiempo. Las madres sabemos que los pueblos originarios fueron siempre olvidados, también por nosotras. Perdón por eso", dijo Hebe y recibió un aplauso atronador. Más tarde, los rostros se inundaron de emoción cuando Celia Medina, de la comunidad qom, tomó la palabra para agradecer "a las madres y a todas las autoridades". "Cuando tuvimos que abandonar las tierras de nuestros ancestros en busca de un futuro encontramos marginalidad, pobreza y desinclusión. Pero hoy, muchos años después, y fruto de una larga lucha, los sueños de una vida mejor empiezan a concretarse. Gracias Madres, por ser la llave y el motor de nuestra esperanza".
Argentina. Tres fallos de la Sala II de la Cámara Federal determinaron que es delito fumar cigarrillos de marihuana en público si afecta a terceros o representa un "riesgo a la salud" de los demás. En los tres casos, el tribunal revocó otros tantos fallos de primera instancia, en los que la jueza federal María Servini de Cubría había considerado que el consumo no había trascendido la esfera privada, por lo que, en base al fallo de la Corte Suprema de Justicia, había dictado el sobreseimiento de los acusados.
[Emilio Ruchansky] Argentina. Por primera vez, la manifestación a favor de la legalización de la marihuana, que el año pasado convocó a miles de personas alrededor del Planetario porteño, será una marcha propiamente dicha. Los activistas se reunirán hoy en Plaza de Mayo a partir de las 14 y caminarán hasta el Congreso para pedir "una nueva ley de drogas, más humana, justa y eficaz". La convocatoria tendrá adeptos en diecinueve ciudades, entre ellas Córdoba, Rosario, Comodoro Rivadavia, Mar del Plata, Mendoza y Neuquén. Todas estas manifestaciones fueron autoconvocadas y se suman a la iniciativa conocida como Global Marijuana March (GMM), que se realiza en 300 ciudades alrededor del mundo.
Argentina. La asamblea extraordinaria de la Asociación de Prensa de Santa Fe resolvió por unanimidad expulsar del gremio a un agente secreto del Destacamento de Inteligencia Militar 122, Carlos Rafael Cenoz, que apareció en los archivos desclasificados del Ejército como Personal Civil de Inteligencia (PCI). "No podemos admitir un afiliado que haya participado de la dictadura", dijo el secretario general del sindicato, Pablo Jiménez. "Estamos trazando un límite muy claro: en el gremio de los trabajadores de prensa de Santa Fe no hay lugar para los que formaron parte del terrorismo de estado", afirmó otro de los asistentes al plenario.
[Laura Vales] Argentina. Lo negó en privado: les juró a los integrantes de la familia Molfino que era un error, que él no había sido servicio de inteligencia durante la dictadura, que no había tenido nada que ver con la desaparición de Marcela, su novia de la adolescencia, ni con el secuestro de Noemí, la mamá de Marcela, asesinada también por un grupo de tareas. Julio César Marturet, subsecretario de Acción Cooperativa de Misiones, alegó que lo estaban confundiendo con otro y que el Marturet que apareció en los listados recientemente desclasificados de quienes trabajaron como personal de inteligencia del Batallón 601 no era él, aunque su nombre y su número de documento coincidieran con los que se leen en los listados. Pero ayer, finalmente, Marturet presentó la renuncia, y el gobernador Maurice Closs se la aceptó.
Argentina. La Fundación Madres Plaza de Mayo iniciará hoy una obra emblemática en Rosario: el plan de urbanización en el barrio Toba, ubicado en Juan José Paso y Travesía. El proyecto contempla la construcción de 400 viviendas en dos etapas, obras de infraestructura, viales y de equipamiento urbano. En la primera etapa se construirán 256 viviendas, un Centro de Atención Primaria, un destacamento policial, una escuela, un polideportivo, un templo y un Salón de Usos Múltiples (SUM). El presupuesto estimado para la primera etapa de la intervención es de 104 millones de pesos, aportados íntegramente por el gobierno nacional y el plazo de ejecución cercano al año y medio. "Es una obra de notable impacto social para toda la zona noroeste", destacó el secretario general de la municipalidad, Jorge Elder.
Argentina. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, admitió que tampoco él sabía que Rubén Lofiego, Mario Marcote y Ramón Vergara había quedado libres, a pesar que los tres salieron desde la Alcaidía de la Unidad Regional II de Policía. "Nosotros en el Programa de Protección a Testigos no supimos el día exacto en que Lofiego y los otros salieron en libertad. Pero vamos a investigar qué pasó", dijo en un diálogo con Rosario/12.