argentina

llegó piloto homicida poch

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El último vuelo del piloto de la muerte. Poch llegó y mañana será indagado. El juez federal Sergio Torres indagará mañana al represor Julio Poch, quien llegó esta madrugada extraditado desde España. Está acusado de ser uno de los pilotos de los vuelos de la muerte, desde los cuales se arrojaba al mar a prisioneros del centro de tortura de la ESMA.

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Argentina. El represor arribó a las 5:30 al aeropuerto internacional de Ezeiza, conducido por efectivos de INTERPOL, y de allí fue conducido a los tribunales de Comodoro Py 2002.
El secretario Pablo Yadarola lo notificará de los motivos de la detención, se constatará su estado de salud, se le preguntará si ratifica al abogado Gerardo Ibáñez como su defensor, se le indicará que mañana será indagado y se lo remitirá al penal de Marcos Paz desde donde será conducido nuevamente mañana a primera hora a los tribunales de la zona de Retiro.
Poch, quien tiene doble nacionalidad holandesa y argentina, ex piloto naval y últimamente piloto de la compañía Transavia, filial de Air France y KLM, fue detenido en septiembre pasado en el aeropuerto de Valencia cuando se disponía a viajar a Holanda.

6 de mayo de 2010
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lo que blando no sabía

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La liberación de los represores Lofiego, Marcote y Vergara. Se inició una investigación para establecer quién obvió informar de la liberación de tres represores de la Alcaidía policial. "No podemos informar a los testigos protegidos algo que nosotros mismos no sabíamos", se defendió el funcionario.

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[José Maggi] Argentina. El responsable del Programa Provincial de Protección de Testigos, Óscar Blando, se defendió ayer de las críticas recibidas por parte de organizaciones de derechos humanos que pidieron reveer el funcionamiento del Programa ante la falta de aviso a los testigos en causas de lesa humanidad sobre la liberación desde una dependencia policial provincial de tres represores rosarinos: ‘El Ciego’ Lofiego, ‘El Cura’ Marcote y Ramón Vergara. "No podemos informar a los testigos protegidos algo que nosotros ni la Secretaría de Derechos Humanos sabía", explicó Blando. Al mismo tiempo reveló que se ha iniciado una investigación en el Ministerio de Seguridad para establecer quién obvió informar a sus superiores, y adelantó que "se van a articular acciones con programas nacionales de cuidado de testigos porque el tema excede a la provincia de Santa Fe". De igual modo ayer Héctor Medina, de Familiares de Detenidos, solicitaron una urgente reunión con el ministro de Gobierno Antonio Bonfati, para abordar el funcionamiento del Programa.
Blando indicó ayer que la decisión de la justicia federal de liberar a los tres procesados por terrorismo de estado, "causó honda preocupación y obviamente estamos en desacuerdo con el criterio adoptado por la Cámara de Casación". "Esta tramitación se conocía -agregó-, se sabía aunque no sabíamos el monto de las cauciones y el momento de la liberación".
El funcionario provincial criticó la medida porque "en un proceso de lesa humanidad hay que cuidar al testigo víctima, porque a veces es la principal prueba, que puede frustrarse cuando los principales imputados están libres".

¿Qué están pensando en esta nueva etapa para el cuidado de los testigos?
Esto nos ha trastocado todo, por ejemplo el tribunal aún no nos dio la lista definitiva de los testigos de la causa Díaz Bessone (ex Feced) que suman unos 200, por lo cual hoy (por ayer) repetí el pedido de la lista completa. De ese listado alguno ya están incorporados, en verdad muy pocos, al Programa porque pertenecen a testigos de la causa Guerrieri.

¿A cuántos testigos están protegiendo hoy?
Son una veintena, lo digo al pasar porque no tengo una lista definitiva. Pero repito, esta decisión ha trastocado todo con lo cual tendremos que optimizar recursos financieros y humanos dentro del Programa que excede a la provincia de Santa Fe, con lo cual estamos articulando a través de la Nación con otros programas nacionales de testigos. También está la posibilidad de obtener recursos de la Nación, ya que Santa Fe tiene problemas, así como otras estrategias del Programa. Estamos conteniendo a la gente, llamando a personas por persona y a los grupos en la Secretaría de DDHH, estamos comunicándonos.

El último lunes hubo una dura crítica desde los sobrevivientes porque los tres represores fueron liberados desde la Alcaidía de la Jefatura de policía, y no se les informó a los testigos que estaban siendo dejando libres.
La Secretaría de Derechos Humanos y los del Programa no estábamos informados, no teníamos conocimiento desde el ministerio de Seguridad. Ahora se investigan las responsabilidades de quiénes tenían que informar y no lo hicieron, porque estos tres no eran delincuentes comunes que eran liberados. El Programa y la Secretaría no informaron porque no lo conocían y estamos investigando quién tenía que dar esta información y obviamente no lo hizo.

¿Para cuidar a los testigos el propio Programa no debería tener información concreta, por ejemplo, sobre el paradero de estos represores? ¿No lo entiende como un error grave?
Toda la información que podemos obtener la compartimos, ya que la protección no es sólo el cuidado policial, sino la contención psicológica, entre otras. Pero no podemos informar lo que no nos informan.

6 de mayo de 2010
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nueva provocación del poder judicial

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La libertad bajo fianza no debería extenderse a personas juzgadas por delitos de lesa humanidad.
Intro

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[Norma Ríos] Argentina. Una nueva provocación se ha gestado desde las entrañas del poder judicial, cómplice durante 35 años de los genocidas, hacia el campo popular: la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal a puesto en libertad a tres feroces criminales de lesa humanidad: Rubén ‘El Ciego’ Lofiego, Mario ‘El Cura’ Marcote y Rubén Rito ‘El Pelado’ Vergara.
Lofiego fue el destinatario de nuestro primer escrache en junio de 1998. Ya entonces decíamos quién era: será juzgado por torturas, amenazas, privación ilegal de la libertad, homicio calificado, asociación ilícita (y no se habla de las violaciones, rapiña, complicidad en robos de bebés).
A ‘El Cura’ Marcote, cuya particularidad era violar a las compañeras con un gran escapulario colgando del pecho, los encontraron primero trabajando en una escuela para adolescentes protegido por la iglesia rosarina y tiempo después fuimos a su casa a decirle que "Si no hay justicia, hay escrache" por los tormentos, privaciones de la libertad, por lo que ahora se lo juzga (tampoco se le computan la violaciones).
Vergara logró mantenerse más en el anonimato. Igual que sus socios criminales, será juzgado por una mínima parte de lo que hizo.
Pero gracias a "sus amigos" llegarán caminando a su juicio, igual que lo haremos los militantes del campo popular, querellantes, testigos, familiares, madres e hijos de los militantes desaparecidos.
Ya el miércoles pasado había rumores, pero tanto querellantes como testigos, familiares y afectados en general, se enteraron por los diarios.
A un mes del asesinato político de la testigo Silvia Suppo, a días de la condena a cárcel perpetua a los cinco genocidas en un juicio histórico en Rosario, poca cintura política demostraron aquéllos responsables de la seguridad de los testigos y querellantes, que tanto debería preocuparlos.
Ninguna persona del gobierno advirtió a nadie que podía cruzarse en las calles con estos asesinos caminando libremente, porque habían pagado una fianza de $ 25.000 (Lofiego) y $ 55.000 los otros dos. Tal vez, lo que sería aún peor, no sabían nada...
Voy a remarcar algunos puntos de una realidad que lastima cada día: la impunidad vigente en cada hecho que se relacione con estos criminales, la certeza de cuánto les deben políticos, empresarios, funcionarios, periodistas, jueces...
Evidentemente, no es lo mismo un criminal de lesa humanidad que ha cometido los hechos más aberrantes que pueda imaginar la mente humana, que disfrutó de la impunidad, que puede escapar o lo que es peor, pegar el zarpazo de fiera herida contra cualquiera de nosotros, que los comúnmente llamados "ladrones de gallinas" que se pudren en cárceles horrendas, cuando zafan del gatillo fácil o de los "vindicators de la justicia", llámese éste vecino, hombre común o diva de TV.
Hoy, en este mismo momento que escribo, me informan que el Negro Martino, querido amigo y militante del campo popular, injustamente acusado de un delito que no cometió, ha sido detenido en un allanamiento de su hogar a las 4 de la madrugada, como en las épocas siniestras. La Coqui o Cocó, una travesti enferma gravemente, debió intentar quemarse viva y cortarse toda para que la lleven al médico aunque se está muriendo. Un cartonero de Buenos Aires comienza una huelga de hambre porque hace más de dos años está preso sin condena y no sabe por qué.
Su gran delito es ser parte de los que luchan y sufren cada día las consecuencias del plan de hambre y exclusión que se consolidó gracias al genocidio ejecutado por los Lofiegos, los Amelong, los Marcotes, los Guerrieris, los Fariñas y tantos miles que ensucian las calles de nuestra tierra.
Es imprescindible que los rosarinos tomemos nota de lo que significa esta libertad a pocos días del comienzo del juicio más importante, el de la Causa Feced, hoy bautizada Díaz Bessone.
Porque el 15 de abril muchos pensaron que era posible creer en una nueva etapa de nuestra historia reciente. Y pelearemos en todos los frentes para que así sea.

La autora es presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario.

6 de mayo de 2010
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enemigo íntimo

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"Aquí estás, triste párpado, estiércol / De siniestras gallinas de sepulcro, pesado esputo, / Cifra de la traición que la sangre no borra..." (Pablo Neruda, ‘El general Franco en los infiernos’).

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[Miguel Ángel Molfino] Argentina. La imagen más recurrente que tengo del Pato es esa en que le cebaba mate a Mamá mientras ella estiraba la masa de los fideos del mediodía que comeríamos todos, o sea, mis hermanos, yo y el mismísimo Pato. Estudiante de Ciencias Económicas en la Universidad del Nordeste, en Resistencia, novio de mi hermana Marcela, desde hacía años era un habitué de mi casa. Cuando digo habitué, digo que se pasaba el día entre nosotros, como un hermano más.
Al desclasificarse la nómina de espías civiles dependientes del Batallón 601 de Inteligencia, nos estrellamos con la sorpresa de que el agente civil de inteligencia –con rango de agente de reunión– con número de orden 2832, DNI 7.863.331, no era otro que nuestro amigo del alma, Julio César Marturet, para nosotros el Pato.
Pero eso no es todo: es el actual subsecretario de Acción Cooperativa y Mutual de Misiones, donde reside desde 1982, una vez que se evaporó de Resistencia. Espía en la dictadura, funcionario en la democracia, como titula la revista digital Superficie de Misiones.
Nuestra historia familiar sólo necesitaba esta nueva crueldad para cantar ¡Bingo!
Fuimos infiltrados en nuestro propio hogar.
El espía Marturet llegó a Resistencia en 1967 procedente de Goya, Corrientes, de donde es oriundo. Alquiló una habitación en una pensión vecina a nuestra casa familiar en la que vivía también el sargento ayudante Cáceres, que revistaba en la unidad de la SIDE de Resistencia.
Nos hicimos muy amigos, jugábamos al fútbol, salíamos a varearnos por las rutinarias calles resistencianas y era un puntual asistente de los asaltos que mis hermanas organizaban en mi casa (las mujeres ponen la comida, los varones ponen la bebida). Así fue como se puso de novio con Marcela, mi tercera hermana, que terminaría secuestrada y desaparecida en 1979.
Durante cinco años fueron novios, hasta que Marcela lo dejó para unirse al que sería el compañero de su corta vida: Guillermo Amarilla, uno de los máximos líderes de la JP nacional.
Mientras duró el noviazgo, el espía Marturet frecuentó una casa que hervía de pasión política, los Molfino se preparaban para dar el gran salto: unirse a las crecientes luchas populares que sacudían el país por entonces. Y él fue un testigo privilegiado.
Nadie reparó en el silencio contemplativo de Marturet: mientras se sucedían las discusiones, él asistía con esa cualidad que sólo poseen los espías: son invisibles, grises, se mimetizan con las paredes y el mobiliario. Nunca se le escuchó una sola opinión y ahora, gruñendo con mis hermanos, pegando puñetazos a las paredes, nos repetimos hasta el cansancio, ¡cómo fuimos tan ingenuos! Por qué no sospechamos de él hacia esa época, porque es de conjeturar que sus delaciones habrán decidido muchos de los rumbos represivos que adoptaron los milicos para destrozar a nuestra familia. Y se habrá ganado un prestigio negro entre sus pares por la calidad de su implantación.
No conozco un caso igual. Todos los que militamos en los ’70 sabemos de varios casos de infiltración, pero que se haya infiltrado una familia es toda una novedad. Y lleva a pensar que debieron existir situaciones similares.
Cuando finalmente la familia empezó a desarmarse (pasajes a la clandestinidad, cárcel, exilio) el espía Marturet –ya no conservaba el status de novio de Marcela– siguió concurriendo a casa, ahora en plan de solo amigo.
Y cuando ya se produjeron las desapariciones de Marcela y Guillermo Amarilla y el asesinato de Mamá, el espía Marturet persistió en una agónica amistad con mi hermano José Alberto, hasta que abandonó Resistencia en 1982, con la misión cumplida.
Hoy hablé con él por teléfono. Lo localicé en su oficina de subsecretario misionero. Y se cansó de negar su papel siniestro durante la dictadura. Podrán imaginarse qué clase de palabras usé para azotarlo.
Ahora el problema es que, para el gobierno de Misiones, es una brasa que les quema y no sabe qué hacer. Amigos de Posadas me comentaron que no lo quieren cesantear, aduciendo que es un tipo muy eficiente en su puesto.
Según esos corrillos, lo trasladarían a una oficina en Iguazú, rodeado por la belleza de las cataratas.
Un buen premio para un traidor. Ojalá Dios tenga ganas de apiadarse de su alma. La familia Molfino no tiene ganas.

6 de mayo de 2010
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diputados aprueban matrimonio gay

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A la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que permite el casamiento entre personas del mismo sexo. Fueron 126 votos a favor, 110 en contra y cuatro abstenciones. Los bloques más grandes votaron en forma transversal; la centroizquierda apoyó sin fisuras. Ahora, la iniciativa pasa al Senado. Los festejos en la comunidad gay-lésbica.

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[Emilio Ruchansky] Argentina. Eran las 2.25 y habían pasado doce horas de debate, cuando la activista María Rachid y su compañero Esteban Paulón salieron de un cuarto cercano a la bandeja de la presidencia de la Cámara de Diputados, adonde ingresaron en calidad de asesores, y miraron a los ojos a los diputados y a las diputadas presentes. Se estaba por votar la media sanción de la reforma que permite el casamiento entre personas del mismo sexo. "Quería ver a la cara a los que iban a votar en contra, que vieran a quienes estaban perjudicando, porque el público estaba en las gradas altas y no se los podía ver fácilmente", recordó Rachid, titular de la Federación Argentina de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans (Falgbt). Sólo los que votaron a favor se animaron a mirarla a los ojos, los otros no.
Cuando el tablero marcó que había 125 votos a favor, 109 en contra y 6 abstenciones (después hubo una corrección: los números fueron 126, 110 y 4), Rachid y Claudia Castro, su novia hasta que la Corte Suprema de Justicia o el Senado diga lo contrario, se abrazaron e intercambiaron lágrimas triunfales. La sala se llenó de papelitos y se oyó un grito compartido entre militantes y algunos diputados: "¡Igualdad, igualdad, igualdad!". Rachid fue hasta el Salón de los Pasos Perdidos y empezó una seguidilla de abrazos de la que perdió la cuenta. Después bajó la escalera abrazada a la diputada Vilma Ibarra, una de las autoras del proyecto. En ese momento, otro reclamo fue cantado en el Congreso: "¡Documentos legales, para travestis y transexuales!".
Afuera, cientos de simpatizantes cortaron intermitenmente la avenida Rivadavia, saludos con bocinazos. Entre ellos estaba César Cigluitti, de la Comunidad Homosexual Argentina. Dos activistas por la diversidad sexual del Partido Socialista rosarino charlaron con la kirchnerista Silvia Vázquez. "Me sorprendieron, nunca una barra se portó tan bien como ustedes", les dijo la diputada. "Y mirá que había gente para abuchear entre los diputados", le respondió una de las jóvenes.
Al rato, militantes y varios legisladores como Ibarra, su colega Martín Sabbatella, la ex diputada Silvia Augsburguer y los radicales Ricardo Gil Lavedra y Silvia Storni fueron a festejar al único lugar abierto a las 3.30: el restorán Plaza del Carmen. Brindaron, se sacaron fotos y hubo lugar para pensar la estrategia en el Senado. Se fueron dos horas después. Rachid no llegó a dormir media hora, cuando sonó su celular y comenzaron a pedirle entrevistas para radio. "A las 9 ya tenía las cámaras de televisión en casa", comentó la activista, que ayer sobrellevó, como pudo, "la resaca de la felicidad". Ayer decía, emocionada, que al momento de la votación sintió cómo le caían encima los años de trabajo. "Me acordé de todos los compañeros y compañeras que militaron por esto, de los que se desgastaron en el camino por la cantidad de obstáculos que tuvimos", señaló.
Rachid pasó la extensa jornada a pocos metros del recinto, en las salas contiguas donde trabajan los asesores. Allí se acercaron varios legisladores a saludarla y felicitarla; y también recibió una sorpresa. Fue a hablarle un jeque radical, que hace un año y medio, cuando ella le llevó el proyecto, no se negó a firmarlo, directamente se negó a recibirla. Esa noche el diputado le confesó que había modificado mucho lo que pensaba, se había "sensibilizado". Igual, no votó a favor. Era uno de esos que "al principio no aceptaban ni la unión civil", dijo la radical Storni.
Para la dirigente del Partido Socialista se ganó algo importante, más allá de la media sanción: "Esto le abrió la cabeza a mucha gente, permitió que la sociedad vea el tema de una forma diferente". En los cuatro años que estuvo en el Congreso, Augsburguer jura que nunca vio un debate tan fuerte y conmovedor. La sorprendió Pinky, del PRO, quien recordó el sufrimiento de tantos actores y actrices discriminados por su orientación sexual y tuvo un frase muy acertada para la sesión: "Gobernar es hacer feliz a la gente". La socialista también notó el valiente discurso del jefe de bloque de su partido, Ricardo Cuccovillo, quien se refirió, conteniendo las lágrimas, a lo injusto que le parecía que su hijo homosexual no tuviera los mismos derechos que su otro hijo heterosexual. "Cuccovillo ayudó a cambiar varias voluntades a la hora de la votación", comentó la ex diputada. "Incluso el senador Adolfo Rodríguez Saá dijo que ese discurso lo conmovió y lo dejó pensando", agregó.
La influencia del trabajo de organizaciones como la Falgbt y la CHA se notó en el recinto. Aunque todo empezó por la declaración de la inconstitucionalidad de dos artículos del Código Civil por parte de algunos jueces, hubo pocas argumentaciones jurídicas en el debate, donde se mencionaron el artículo 16 y 19 de la Constitución Nacional, que plantean la igualdad ante la ley y el derecho a la autonomía y a la privacidad, respectivamente. Se habló más de la vida de las personas y las transformaciones sociales.
Augsburguer, Rachid y Vilma Ibarra fueron las primeras en reunirse en octubre pasado en un despacho del Congreso, donde decidieron no esperar a que la Corte Suprema fallara sobre el caso de Rachid y Castro y que se avanzara directamente en el Congreso. Ibarra, que durmió sólo 15 minutos más que Rachid, dijo que ayer, no bien terminó la votación, se fundió en un largo abrazo con Sabbatella. "Vi tanta gente llorando que sentí que para ellos esto era reparación por tanta discriminación y sufrimientos", dijo la diputada de Nuevo Encuentro. Para ella, el cambio desde octubre hasta ayer fue abismal: "Los diputados más trogloditas defendían la Unión Civil como pidiendo disculpas por no votar a favor, avergonzados por lo que hacían".
En adelante, la Falgbt comenzará a rondar el Senado, a dar información a los distintos senadores, como lo hicieron con los diputados. Según Rachid, si todo sale bien, en un mes se podría debatir en esa cámara, más conservadora. "La militancia está envalentonada con lo logrado y tienen razón", dijo Augsburguer al respecto. Ibarra recordó que están a favor el jefe de bancada radical, Gerardo Morales; el del kirchnerismo, Miguel Angel Pichetto; el socialista Rubén Giustinianni y María Inés Estenssoro, de la Coalición Cívica. "Siempre se dice que no es momento para hablar estas cosas –apuntó Ibarra–, pero el tema llegó a las casas. Si fui a hablar sobre al Congreso a la escuela de mi hija y me preguntaron por el matrimonio homosexual. Un chico de 10 años me gritó: "¿Por qué no se pueden casar?"

6 de mayo de 2010
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policías amenazan a juez

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Extraño operativo de policías federales contra un juez penal. El juez de instrucción Alejandro Cilleruelo, que investiga la protección policial a prostíbulos en la Capital y cuenta por ello con custodia de la Gendarmería, denunció que fue interceptado e intimidado por policías federales de civil.

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[Carlos Rodríguez] Argentina. "¡Bájense o los matamos hijos de puta!" Esa fue la frase que dice haber escuchado el juez de instrucción Alejandro Rodolfo Cilleruelo, de boca de un hombre "sumamente exaltado y con los ojos enrojecidos" que lo apuntó con un arma y que resultó ser un policía federal. Cilleruelo, que tiene antecedentes de denuncias por "aprietes" contra otros jefes policiales, aseguró que fue "amenazado de muerte e insultado" por cuatro policías vestidos de civil durante un aparente control vehicular en la avenida Cruz, cerca del barrio Lugano I y II. Voceros de la Policía Federal, consultados por Página/12, aseguraron en cambio que el episodio, ocurrido el 23 de abril, "sólo fue un control vehicular de rutina" y negaron que se hubieran producido amenazas. Según la Federal, los policías eran de la División Robos y Hurtos y efectivamente estaban de civil.
El día del hecho, el juez iba en un Volkswagen Polo en compañía de sus custodios de la Gendarmería Nacional por la avenida Cruz, en la mano que va hacia la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con lo que denunció el magistrado, fueron interceptados por cuatro hombres de civil que dijeron ser policías y que se movilizaban en un Peugeot sin identificación.
Luego de comunicarles que estaban haciendo un "control vehicular", uno de los policías "sacó su pistola reglamentaria, les gritó ‘bájense’ y les advirtió que si no lo hacían los iban a matar", relató a este diario una fuente judicial. El juez y los gendarmes se identificaron y a la vez pidieron que también lo hicieran quienes les apuntaban con sus armas. De acuerdo con la versión del juez, sólo lo hicieron dos de los policías, un subinspector de apellido Vegeta y el sargento primero Olivieri.
La denuncia fue radicada, en un primer momento, ante la comisaría 52ª de la Federal. El juez recalcó que ninguno de los policías llevaba uniforme y que el vehículo en el que se movilizaban carecía de "cualquier tipo de identificación visual que lo vinculara con una fuerza de seguridad". Según el juez, cuando estaba en la seccional para exponer lo ocurrido, un oficial, "el subcomisario Priolo", se comunicó con Gabriel Bustos, un secretario del fuero criminal que colabora con Cilleruelo, para pedirle que mediara para que el juez desistiera de la acción penal.
El juez Cilleruelo tiene como custodia a personal de la Gendarmería Nacional debido a que recibió amenazas desde que aportó datos a una investigación por la supuesta protección policial a prostíbulos de la Capital Federal. En su denuncia ante la comisaría 52ª, el magistrado dejó sentado que el jefe del operativo, cuyo nombre no se dio a conocer, estaba "sumamente exaltado, con los ojos vidriosos, enrojecidos y fuera de órbita" cuando los amenazó con su arma reglamentaria.
Los hechos ocurrieron en la avenida Cruz, cerca del cruce con la General Paz, en la parte posterior del colegio industrial Delpini. Uno de los gendarmes que custodiaban al juez explicó en voz alta que estaban con un magistrado, por lo cual uno de los policías cambió de actitud y les dijo: "Sigan, sigan". Cilleruelo se negó a continuar y bajó del auto para discutir con los policías.
"Carecían de todo tipo de identificación a la vista, como ser gorras, chalecos o pectorales con la inscripción de la Policía Federal, vistiendo con ropa común pero desaliñada", detalló el juez, tras cuestionar "la excesiva e injustificada violencia" de los policías, que le hizo presumir que "se trataba de un asalto". Ahora, la causa tramita en el juzgado de instrucción a cargo de Ricardo Rongo.
En 2008, durante un viaje a Misiones, el juez Cilleruelo se puso en contacto con los padres de una chica secuestrada por una organización que la explotaba sexualmente en Buenos Aires. El caso tenía relación con un prostíbulo que funcionaba en el barrio porteño de Mataderos y que tenía, al parecer, la protección de policías de la comisaría 42ª.
La causa la llevaba el juez Norberto Oyarbide y fueron acusados por "encubrimiento" los policías Fabián Agustín Güidali, el subcomisario Angel Medina y dos sargentos de la 52ª. Cilleruelo, en su afán por ayudar a encontrar a la chica secuestrada, llamó al comisario Héctor Lucca, jefe de Güidali. Poco después recibió "varias llamadas amenazantes" de parte de Lucca. El juez lo denunció penalmente y desde entonces se mueve en forma permanente con una custodia de Gendarmería.

5 de mayo de 2010
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cuestionan libertad de represores

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Desde la justicia cuestionan la liberación de Lofiego, Marcote y Vergara. El jefe de la Unidad Fiscal que sigue las causas por delitos de lesa humanidad criticó a la Cámara de Casación porque no tuvo en cuenta la posibilidad de fuga y que los acusados de la causa Feced pueden complicar la producción de pruebas.

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[José Maggi] Argentina. Jorge Auat, el jefe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, criticó ayer la decisión de la Sala II de la Cámara de Casación Penal, que liberó a los tres represores rosarinos, porque pasaron más de cuatro años sin juicio. "En casos de delitos de lesa humanidad, la libertad del imputado tiene un efecto intimidatorio hacia los testigos, con los cual se entorpece claramente el proceso judicial, además del peligro de fuga", señalo Auat. "El problema central es que la Cámara de Casación no tiene en cuenta al verdadero alcance de la peligrosidad procesal", al tiempo que advirtió sobre "algún trabajo por parte de los imputados para entorpecer la producción de pruebas". En este sentido, Auat cuestionó la "falta de firmeza" de algunos jueces, al permitir a la defensa de los represores utilizar maniobras para "dilatar" los procesos que conducen al juicio oral.
Para Auat, las excarcelaciones de Rubén Lofiego, Mario el Cura Marcote, y Ramón Vergara "no son un episodio aislado. Lo venimos advirtiendo desde hace tiempo: el tema excarcelación va por un lado y la prisión preventiva por otro, aunque ambas situaciones tienen el mismo ADN. Venimos diciendo que en el tema de excarcelaciones la resolución de las cámaras y los jueces no advierten que la excarcelación es la contracara de la prisión preventiva que neutraliza la peligrosidad procesal, ya que estando libres pueden entorpecer el proceso o bien se corre el peligro de su fuga. En el caso (de los tres represores rosarinos) podría no haber peligro de fuga porque las cauciones garantizarían la comparecencia, pero pueden entorpecer el proceso judicial por algún ’trabajo’ en la producción de las pruebas".
"Además -agregó- en estos casos de delitos de lesa humanidad, la libertad del imputado tiene un efecto intimidatorio hacia los testigos, con los cual se entorpece claramente el proceso judicial por lo cual decimos que no hay una evaluación efectiva por parte de los jueces".
Auat reconoció que "los procesos judiciales no pueden ser eternos, hay que hacer los juicios con la mayor celeridad posible, y tratar de evitar así en que la prisiones preventivas se resuelvan de este modo".
"No hay ningún obstáculo para que en dos o tres años, el grueso de las causas tengan juicio y castigo. Si esto no ocurre es porque el sistema judicial falla", dijo el titular de la oficina que sigue los procesos por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.
Y agregó que "esa es la preocupación" del Ministerio Público, del cual depende la Unidad, al tiempo que explicó: "El tiempo perdido es un problema serio en estas causas", debido a la edad de los imputados y también de las víctimas y sus familiares, así como a la alta exposición de los testigos.
"La edad de los autores de los crímenes no puede no estar en la agenda judicial, es central; tampoco la alta exposición de los testigos en procesos de juicios muy extensos. La impunidad no sólo es un concepto normativo, sino que debe ir acompañado de un grado de compromiso por parte de los jueces", sostuvo Auat.
El jefe de los fiscales en causas por terrorismo de estado criticó "la estrategia de dilación que utilizan algunos defensores (privados y oficiales), que tienen un interés directo en que las causas no avancen". "Ahora bien -agregó- los operadores judiciales pueden advertir esta maniobra (recursos procesales como las recusaciones) desde el primer escrito que presenta la defensa". "Es lectura de manual, pero muchas veces en vez de corregirlas algunos jueces permiten que se logre el cometido, es decir que no haya juicios y, por lo tanto, tampoco estado de derecho", dijo Auat.
Tras calificar a quienes utilizan esas maniobras de "militantes de la impunidad", Auat dejó claro que "acá no es cuestión de cambiar leyes, porque estas existen, sino de que el Poder Judicial tome las medidas que tiene tomar" para dar "respuestas a la sociedad".

5 de mayo de 2010
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contra la impunidad vip

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La detención de Martínez de Hoz, como representante de una clase alta intocable hasta ahora, es una muestra notable de la fortaleza de la democracia argentina.

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[Mario Wainfeld] Argentina. La detención del otrora ministro José Alfredo Martínez de Hoz reaviva el debate sobre la política económica de la dictadura, con toda lógica. Pero el ciudadano Martínez de Hoz no está siendo procesado por su ideología ni por las reformas que implementó. Se lo acusa de un delito de lesa humanidad cometido en el contexto del terrorismo de Estado. El sistema legal vigente habilita acciones penales si existen crímenes supuestamente comprobados. El acusado goza de todas las garantías del debido proceso, incluida la presunción de inocencia. La acusación a "Joe" no es una genérica imputación sobre su acción de gobierno: versa sobre el secuestro extorsivo de Federico Gutheim y su hijo. Un caso típico de uso de la maquinaria estatal como parte de un plan sistemático de represión y exterminio.
Ese caso es, a su modo, curioso aunque no único. La mayoría de los detenidos, encarcelados, asesinados o desaparecidos por la dictadura fueron trabajadores. Federico Gutheim, en cambio, era un empresario. Integraba un sector que en su mayoría instigó a la dictadura, la nutrió de cuadros, la avaló y la encubrió. Pero hubo situaciones en que la violencia estatal se descargó contra protagonistas del sector empresario o de las clases altas, mayormente embanderadas con el Proceso. Fernando Branca pagó con la vida ser el esposo de Martha McCormak, amante del genocida Emilio Massera. Los señores de la vida y la muerte en la ESMA también secuestraron y asesinaron a otros empresarios y se apoderaron de sus bienes.
Martínez de Hoz fue un ideólogo del régimen (acaso el principal) pero, a la hora de la hora, embarró sus guantes blancos, en un desborde de poder sin límite.
Un delito concreto lo coloca ante un juez. Se celebra su arresto pensando en muchas otras responsabilidades, inextricablemente ligadas pero jurídicamente diferentes.

El cronista interpreta que los objetivos de la dictadura trascendían a (eran más vastos y ambiciosos que) su plan económico. El proyecto era derruir la cultura política argentina, debilitar todas las formas de organización social, que eran muchas y aguerridas, desempatar la puja entre la clase trabajadora (eventualmente aliada a sectores medios) y los dueños del capital. Terminar con una sociedad de modales y demandas igualitarios o hasta jacobinos. Desmembrar el Estado benefactor que era su sustrato y revertir las conquistas laborales y sindicales, únicas en América del Sur.
El primer 2 de abril infausto de la dictadura fue el de 1976, cuando Martínez de Hoz enunció su programa económico, que contenía recetas consabidas, intentadas en ocasiones anteriores pero desbaratadas por la movilización popular. Los tecnicismos monótonos (Martínez de Hoz hablaba en voz baja e inexpresiva) se aderezaban con alusiones al "orden" y "la paz", que iluminaban su afán: nuevos paradigmas para la política, nuevas reglas de comportamiento en la calle, en las costumbres cotidianas, en el arte, en las relaciones laborales. Sólo podían lograrse apelando a la violencia extrema, jamás irracional pues estaba centrada en toda la gama de los movimientos sociales y políticos. La masacre fue piedra basal de los cambios efectivamente logrados.

El apellido, la formación académica, el abolengo de los dueños de la tierra lo diferenciaban de tantos uniformados de apellidos inmigrantes sin garbo: Videla, Massera, Agosti, Viola, Galtieri. La condición civil, la proveniencia de clase, las generaciones que se sucedieron en la Sociedad Rural acentuaban el aura de impunidad de Martínez de Hoz.
Cuando se reabrieron los juicios contra los represores, se puso de moda comentar que pagaban "perejiles": médicos, policías o soldados de bajo rango. La sucesión de sentencias y procesos desmiente esa impresión inicial, ya han sido condenados jerarcas militares. Quedaba exenta la pata civil, en especial la proveniente de clases dominantes añejas, habituadas a ser intocables e intocadas. La detención de Martínez de Hoz es, en ese aspecto, un salto cualitativo.
Otro lugar común de la derecha doméstica aduce que la búsqueda de verdad y justicia clava la mirada atrás, distrae del futuro, entorpece el progreso. Ayer fue un día simbólico que refutó ese concepto. Casi en simultáneo con la detención en la Cámara de Diputados se trataba la ley de matrimonio gay, un paso gigantesco en materia de igualdad en derechos civiles y humanos, una prueba de maduración de la sociedad. Que hayan ocurrido este martes es una casualidad, pero, piensa el cronista, hay una densa lógica histórica que explica la simetría de ambos avances, sólo imaginables (y aun así, tan trabajosos) en democracia.

5 de mayo de 2010
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