Blogia
mQh

argentina

un villano de película


Sus ancestros eran esclavistas. Su bisabuelo financió el exterminio de los indígenas. El ex ministro Martínez de Hoz participó como ideólogo en la campaña de exterminio iniciada por la dictadura.
[Luis Bruschtein] Argentina. En el cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 participaron 225 personas; 79 se pronunciaron a favor del virrey Cisneros y contra los patriotas. Entre ellas, estaba el esclavista de gran fortuna José de María Martínez de Hoz.
A fines del siglo XIX, la Sociedad Rural financió la llamada Campaña del Desierto lanzada por el general Julio Argentino Roca para exterminar a los pueblos originarios y expropiarles sus tierras. El presidente de la Sociedad Rural era otro Martínez de Hoz, bisabuelo del actual, y por esa ayuda Roca le regaló 2.500.000 hectáreas en la Patagonia.
En 1975, José Alfredo Martínez de Hoz y otros directivos del Consejo Argentino Empresario visitaron al jefe del Estado Mayor, el general Jorge Rafael Videla. Trascendió que le pidieron "que contribuya a preservar el orden en las circunstancias que impiden la libertad de trabajo, la producción y la productividad". En ese momento dirigía la empresa Acindar, que fue pionera del golpe con la represión de la huelga en su planta de Villa Constitución. El inspector de la Policía Federal, Rodolfo Peregrino Fernández, declaró que "Acindar pagaba a todo el personal policial un plus extra para convertir a la planta en una especie de fortaleza militar con cercos de alambre de púas".
Nadie confirmó esa reunión del Consejo Argentino Empresario con Videla, ni se aclaró si allí efectivamente se habló del golpe del 24 de marzo o se empezó a planificar el disciplinamiento feroz de la sociedad para la aplicación de un nuevo plan económico. Pero la presencia allí del descendiente de esclavistas y de financiadores del genocidio indígena pasó a ser irrelevante cuando Videla, inmediatamente después de dar el golpe, lo designó como su ministro de Economía.
Que su antepasado José de María haya sido esclavista y votado en contra del proceso de la independencia, que su bisabuelo haya financiado la Campaña del Desierto y que él mismo haya presionado a Videla para dar el golpe genocida del ’76, no son delitos penados por la ley. Ni siquiera es delito haber financiado o empujado a los militares a una carnicería. La saga Martínez de Hoz no mató con sus manos, simplemente se benefició de lo que otros hacían.
Cuando lo nombró Videla, Martínez de Hoz no era nuevo en esas lides. Desde varios años atrás se había convertido en consejero económico de militares golpistas. Tener cerca una oreja de uniforme era parte del negocio y la política de la época. Había sido ministro en Salta por el gobierno militar que derrocó a Perón en 1955. Y después le había sido impuesto por los militares al efímero presidente José María Guido en los ’60.
El trazo biográfico es tan grueso que parece el villano clásico de una historieta. Ya son pocos los villanos así, Martínez de Hoz forma parte de una raza en extinción. Ahora no tienen prosapia y la sociedad no cede tan groseramente ese lugar de poder en la oscuridad, el lugar de los que hablaban con presidentes y generales para poner y sacar ministros, presidentes y generales, del que impone medidas para enriquecerse y solamente aparece en las páginas sociales, nunca en las de política.
Videla dio el golpe del ’76 en función de los intereses económicos que representaba Martínez de Hoz. Ese fue el verdadero motivo. Y la función del ex ministro es la más horrenda porque de allí se derivan todos los crímenes que se cometieron. Pero esa función no se castiga.

5 de mayo de 2010
©página 12 
rss

ahora, los civiles


Satisfacción por el arresto de ex ministro de la dictadura.
[Adriana Meyer] Argentina. Representantes de organismos de derechos humanos coincidieron en ponderar la detención de José Alfredo Martínez de Hoz, a quien definieron como un emblema de la dictadura cívico-militar. "Fue uno de los responsables directos del genocidio, quizá más que Videla", opinó Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD). Esa organización, junto con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, hizo hace cuatro años el pedido de imputación contra el ex ministro de Economía del último gobierno de facto. "Fue parte de los civiles partícipes de diagramar junto a las Fuerzas Armadas lo que fue la opresión de un pueblo", dijo Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, al expresar su satisfacción por la decisión judicial.
"Esperamos que los médicos que están evaluando su estado de salud certifiquen sin condicionamientos que si ayer paseaba por (la avenida) Santa Fe, hoy no puede estar enfermo", agregó Carlotto. Para Taty Almeyda, de Madres Línea Fundadora, es "maravilloso" haber logrado "detener a este individuo que ha sido la cabeza del desastre económico y cómplice total de la dictadura". Dijo Almeyda a Página/12 que las Madres "esperan que sea el inicio de un avance hacia los civiles, ahí está la esperanza, que se siga haciendo justicia porque los milicos no hicieron el golpe solos, hay una larga fila de civiles cómplices".
La abogada Andrea Pochak, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), consideró que "cualquier persona tiene que rendir cuentas por los crímenes de lesa humanidad, esto no es una investigación política ni una revancha ideológica, sino una investigación penal y Martínez de Hoz está siendo investigado como responsable directo de un delito, haber sido partícipe de un secuestro". Pochak hizo esta aclaración en respuesta a quienes piensan que el ex funcionario de la dictadura está siendo juzgado por su responsabilidad como ministro de Economía. "Se lo acusa de un delito aberrante, no por su responsabilidad en el sometimiento económico de un pueblo, lo cual sería fantástico, pero no es el caso, porque la Justicia investiga personas y delitos", apuntó la letrada del CELS.
"Es un paso importantísimo y nos alegramos de haber conseguido que un personaje como Martínez de Hoz vaya preso", dijo Calvo (AEDD). Sin embargo, la sobreviviente recordó que "hicieron falta 4 años y tres días desde la presentación de Justicia Ya! para que se anule su indulto, cuando al ex presidente Néstor Kirchner le hubiera demandado cinco minutos firmar un decreto para anular ese indulto". Para Calvo, es probable que Martínez de Hoz no viva lo suficiente como para recibir su condena, porque "la causa recién empieza", y lamentó que, en caso de ser sentenciado, "sólo sea por la privación ilegal de dos personas". A su criterio, "en este país sólo se juzga a los que actuaron directamente en los hechos, no se juzga el genocidio, está claro que las órdenes las daba Martínez de Hoz a Videla".
Por su parte, el abogado Rodolfo Yanzón hizo un reconocimiento "al que hizo la investigación", el fiscal Ricardo Molinas. Y opinó que "esto nos tiene que abrir las puertas para discutir otro tipo de responsabilidad, y la relación directa entre delitos económicos, la picana, la capucha y los centros clandestinos de detención es el primer paso para empezar a discutir la responsabilidad de los civiles".

5 de mayo de 2010
©página 12
rss

detienen a ideólogo de la dictadura


Fue arrestado José Alfredo Martínez de Hoz, ideólogo del plan económico de la última dictadura. El ex ministro de Economía fue retirado en camilla y trasladado a un sanatorio. El juez destacó "la deliberada impunidad de los procederes" en el caso Gutheim, por el que fue detenido.
[Diego Martínez] Argentina. José Alfredo Martínez de Hoz, ex ministro de Economía de la última dictadura y símbolo máximo de la política que castigó "a millones de seres humanos con la miseria planificada", como advirtió Rodolfo Walsh en marzo de 1977, fue procesado ayer con prisión preventiva por orden del juez federal Norberto Oyarbide por dos secuestros extorsivos que el magistrado calificó como crímenes de lesa humanidad, por ende imprescriptibles. La investigación judicial de los delitos que padecieron los empresarios Federico y Miguel Gutheim, forzados a renegociar desde la cárcel un contrato privado con comerciantes extranjeros en 1976, se interrumpió gracias a un indulto del ex presidente Carlos Menem que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la semana pasada. Eduardo Luis Duhalde, titular de la Secretaría de Derechos Humanos, definió a Martínez de Hoz como el "jefe civil del golpe de Estado" y calificó la medida judicial como "una decisión histórica que implica reparar una de las más importantes deudas con la sociedad argentina".
Martínez de Hoz vivió hasta ayer en el cuarto piso del edificio Kavanagh, en Florida al mil. Tal como había requerido la Secretaría de Derechos Humanos, Oyarbide decretó su "prisión preventiva de cumplimiento efectivo". También le embargó sus bienes por dos millones de pesos. Los efectivos de Interpol que fueron a detenerlo con orden de trasladarlo a la división Delitos Especiales de la Policía Federal debieron esperar horas hasta que un equipo médico constató el estado de salud del anciano de 85 años, que según fuentes policiales se encontraba "postrado". Finalmente fue retirado en camilla y trasladado en ambulancia al sanatorio De los Arcos.
En 1988 el juez federal Martín Irurzun procesó al dictador Videla y a sus ministros Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy como coautores del secuestro extorsivo de los Gutheim. El economista estuvo más de dos meses preso en la Unidad Penal 22 de Viamonte a 1100. El 14 de julio de 1988 la Cámara Federal confirmó las preventivas de los militares, firmantes del decreto que ordenó las detenciones, y ordenó liberar a Martínez de Hoz, no por falta de indicios sobre su responsabilidad, sino porque a diferencia de los uniformados no había dejado sus huellas en el decreto. Los camaristas Gustavo Mitchell, Horacio Cattani y Juan Pedro Cotelezzi no concluyeron que Martínez de Hoz fuera "inocente" o "ajeno a la detención", como el imputado afirmó el miércoles pasado en una solicitada. La investigación seguía abierta cuando Menem le perdonó sus delitos.
El proceso estuvo paralizado hasta mediados de 2006, cuando los organismos de derechos humanos solicitaron la reapertura de la causa y la declaración de inconstitucionalidad de los indultos, reclamo al que se sumó la SDH. El miércoles pasado se pronunció en tal sentido la Corte Suprema de Justicia, con votos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni. El mismo día Martínez de Hoz manifestó mediante una solicitada que se siente víctima de "una persecución interminable" por parte del gobierno nacional. Incluyó entre los supuestos cómplices a la Justicia federal y a la Corte Suprema de Justicia, con "escasas y honrosas excepciones". Duhalde solicitó su detención de inmediato. Oyarbide ordenó el viernes la prohibición para que el imputado saliera del país. Como Martínez de Hoz había prestado declaración indagatoria en los ’80, ordenó su detención sin necesidad de volver a indagarlo.
El juez destacó en su resolución, de treinta y tres fojas, "la deliberada impunidad de los procederes" que caracterizaron el caso de los Gutheim. También se refirió al "irrazonable empleo del poder coercitivo del Estado nacional sobre sus súbditos, las más absoluta desatención –plenamente consciente y determinada– a las esenciales garantías ciudadanas y el avasallamiento de todo principio constitucional". En resumen, "la actuación de las máximas autoridades de la Nación disponiendo, según su parecer, designios y/o conveniencias políticas y/o personales, sobre la vida y la fortuna de las personas, al margen de toda regla de convivencia y del Estado de Derecho", escribió.
Duhalde expresó su "profunda satisfacción" por la decisión judicial durante una conferencia de prensa, en el auditorio Emilio Mignone, en la que anunció la creación de una unidad especial de investigación de delitos económicos en la decretaría que conduce. El funcionario destacó que el procesamiento es "por su actividad delictiva y no, como ha pretendido el procesado en la insostenible solicitada publicada días atrás, por un afán de persecución interminable". También recordó que "la dictadura cívico-militar produjo un verdadero genocidio económico al pueblo argentino" y consideró que Martínez de Hoz "representó a las facciones más concentradas del capital financiero, de los sectores industriales –como ex presidente de Acindar y la Italo– y como conspicuo miembro de los grandes terratenientes por su pertenencia a la Sociedad Rural Argentina". Martínez de Hoz está imputado en otras dos causas judiciales por delitos durante la dictadura: una como jefe de la asociación ilícita que dio el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976 y la otra por la desaparición de Juan Carlos Casariego de Bel, ex director del Registro de Investigaciones de la dictadura, secuestrado luego de oponerse a la estatización de la Compañía Italo Argentina de Electricidad.

5 de mayo de 2010
©página 12
rss

represores libres con fianza


Tres represores de Rosario fueron puestos en libertad. Lofiego, ‘el Cura’ Marcote y Vergara fueron liberados el viernes pasado, aunque recién ayer trascendió la medida judicial. ‘El Ciego’ pagó 25 mil pesos de fianza y 55 mil pesos cada uno de los otros dos. "Es una vergüenza", dijeron los organismos.
[José Maggi] Argentina. Los represores Rubén ‘el Ciego’ Lofiego, Mario ‘el Cura’ Marcote y Ramón Rito Vergara fueron liberados el viernes por la justicia federal, y abandonaron la Alcaidía Mayor de la Jefatura de policía tras el pago de una fianza: 25 mil pesos en el caso de Lofiego, y 55 mil pesos en los otros dos casos. Los tres acusados de delitos de lesa humanidad llegarán en libertad al juicio por la llamada causa Díaz Bessone (ex Feced) previsto para el 21 de julio. Los querellantes denunciaron no haber sido notificados del trámite procesal. "Es una vergüenza habernos enterados por los medios de prensa", apuntó Héctor ‘Chinche’ Medina, de Familiares.
El 31 de mayo de 2009 Rosario/12 publicaba que "la Cámara de Casación Penal ordenó la libertad de José Rubén Lofiego, uno de los más emblemáticos represores rosarinos, por haber pasado más de cuatro años detenido sin sentencia. Además, le fijó una fianza de 100 mil pesos, más tres fiadores cada uno de los cuales debe acreditar ese monto". Según explicó la abogada Gabriela Durruty el pedido de libertad había sido elevado a la Cámara de Casación luego de que fuera denegado por el Tribunal Federal Nº 2.
Esta medida, agregó Durruty, "no sólo supone que Lofiego, Marcote y Vergara estarán en libertad al momento de ser juzgados. Podrán llegar al Tribunal caminando", sino que además "van a permanecer en libertad durante el juicio pero seguirán así hasta que no quede firma la condena por la Corte Suprema de Justicia".
Lofiego tendrá que responder por los cargos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en 17 oportunidades, asimismo por privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por la duración de más de un mes con tormentos en cuarenta y cuatro oportunidades, y privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia, amenazas y homicidio calificado en tres oportunidades.
Marcote será juzgado como autor de tres hechos de privación ilegítima de la libertad agravada por violencias, amenazas y por la duración de más de un mes en concurso real con veinticinco hechos de tormentos. Además, de privación ilegal de la libertad agravada en concurso real con tormentos en veintiséis oportunidades por el delito de asociación ilícita calificada.
Vergara se encuentra procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en 14 oportunidades con asociación ilícita calificada.
Organismos de derechos humanos y abogados de los familiares de desaparecidos calificaron como "muy grave" la decisión de la Cámara de Casación de Capital Federal. Y solicitaron a la Corte Suprema que busque una solución al tema que sirva para todos los casos similares que puedan aparecer.
Para Marta Bertolino -por la parte querellante-, la libertad bajo fianza de estos represores muestran que "en el poder Judicial hay bolsones de impunidad". Laura Ferrer, testigo de la causa Feced, se preguntó "cómo es posible que si van a recibir condenas a prisión perpetua, se les permita esperar el juicio en libertad". Elida Luna de Familiares se quejó también por haberse enterado "por las radios locales de la noticia. Y nos preocupa porque son acusados de delitos aberrantes".
La abogada de Familiares de Desaparecidos, Leticia Faccendini explicó que "la Cámara de Casación consideró que se encontraban vencidos los plazos de la prisión preventiva" y ordenó liberar a los ex policías aplicando una medida "simétricamente para un delito de lesa humanidad que para uno común".
Militantes y sobrevivientes del ex Servicio de Informaciones sostuvieron ayer en rueda de prensa que la situación de gravedad es doble: por un lado, porque hay riesgos de que los ex policías liberados se fuguen; pero también temen por los testigos que deberán declarar en el proceso que comenzará el próximo 21 de julio.
Los concejales del Frente para la Victoria, Arturo Gandolla y Norma López remarcaron que "si bien la orden del Tribunal tuvo que ser acatada, la provincia debió garantizar la protección de los testigos, que desde el viernes hasta el lunes, estuvieron expuestos a encontrarse en las calles con sus denunciados, a ser objeto de intimidaciones por parte de esos represores. Esto es otra muestra de ineficiencia absoluta en la seguridad pública santafesina".
Medina y Lilian Echegoy entendieron que debe rediscutirse el Programa Provincial de Protección de Testigos "porque es increíble que nos tengamos que enterar por los medios de la liberación".

4 de mayo de 2010
©rosario 12
rss

cada uno con su dictamen


En diputados repudiaron los afiches anónimos.
[Miguel Jorquera] Argentina. El oficialismo y la oposición no lograron ponerse de acuerdo ayer en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. Los opositores asociaron el kirchnerismo con los escraches a periodistas y pidieron al Gobierno que detuviera el juicio ético que las Madres de Plaza de Mayo realizaron a los "cómplices" de la dictadura militar. Los legisladores del Frente para la Victoria se plegaron al repudio de los afiches anónimos contra periodistas del Grupo Clarín, pero se negaron a "censurar" y "prohibir" el acto que más tarde encabezó Hebe de Bonafini. Sin margen para consensuar un dictamen, cada uno presentó el suyo.
La iniciativa de las Madres de Plaza de Mayo dividió aguas entre legisladores oficialistas y opositores. "No quieren asumir responsabilidad, pero avalan ese juicio. Puede estar en riesgo la integridad de estos periodistas", dijo la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, la radical Silvana Giudici, en referencia al "juicio ético y político" contra periodistas acusados de ser "cómplices con la dictadura". Además de los radicales, firmaron el dictamen de la oposición los diputados del PJ disidente, la Coalición Cívica y el macrismo.
Dante Gullo, vicepresidente del cuerpo, dejó en claro que el oficialismo acompañaría el repudio a los afiches, pero no el rechazo al acto de las Madres: "Todos podemos hablar y aquellos que puedan sentirse afectados (por el juicio) tienen todos los elementos para expresarse. Las Madres pueden expresarse con libertad, esto es democracia. Yo estoy dando la cara, a mí no me tiembla la voz cuando digo que no nos vamos a dejar manejar por ciertos monopolios", afirmó Gullo.
La decisión del oficialismo de emitir un despacho al margen de la oposición estuvo en línea con lo expresado al mediodía por Néstor Kirchner en su paso por la Cámara baja. Frente a los integrantes del bloque de diputados K explicó que no avala los denuncias anónimas y que cada vez que confrontaron con el Grupo Clarín, sobre todo después de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo han hecho "con nombre y apellido".
Antes de fijar posición, los integrantes de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja escucharon a los periodistas cuya independencia fue cuestionada a través de afiches anónimos. Varios de los invitados no dudaron en responsabilizar al Gobierno por los escraches.
Joaquín Morales Solá dijo que "no creo que el Gobierno no tenga nada que ver" en los afiches e ironizó que "no hacían falta porque para ofender ya lo tenemos al jefe de Gabinete (Aníbal Fernández) todas las mañanas en las radios". Luego expresó su temor de que "los ataques" puedan crecer hasta llegar a tener "algún muerto". "Tenemos los teléfonos pinchados", denunció Gustavo Silvestre, mientras que Ricardo Kirschbaum pidió que el ministro Fernández utilice "los mismos servicios que actúan contra la prensa" para que "averigüen quién hizo los afiches".
También participaron del encuentro Daniel Santoro, Marcelo Bonelli, Luis Majul, Edgardo Alfano, Fanny Mandelbaum y miembros del Foro de Periodismo Argentino (Fopea). Magdalena Ruiz Guiñazú cuestionó la iniciativa de las Madres: "No queremos que vuelvan a ocurrir hechos dramáticos en la Argentina". Y volvió a reproducir ante los diputados la entrevista que le realizó en 1984 a Hebe de Bonafini –y que había emitido en su programa de la mañana–, en la cual la Madre de Plaza de Mayo agradecía la "difusión" de su tarea, a pesar de que ayer estaba incluida entre los periodistas "enjuiciados" por el organismo de derechos humanos.

4 de mayo de 2010
©página 12
rss

prensa cómplice de dictadura


El "juicio popular" de la Asociación Madres de Plaza de Mayo a la prensa en la dictadura. En medio de la polémica por la actuación de la prensa, la Asociación encabezada por Hebe de Bonafini realizó un acto en Plaza de Mayo en el que se "condenó" simbólicamente a medios y periodistas por "traición al pueblo".
[Laura Vales] Argentina. Una gigantografía reproducía una tapa de Somos del ’78: Jorge Rafael Videla festejando con los brazos en alto un gol de Argentina en el Mundial, con el título ‘Un país que cambió’. Otra de La Nación estaba fechada un año antes, en septiembre del ’77. La tapa aseguraba sin pretensión de ser irónica: "Videla y Carter hablaron de democracia y derechos humanos". Ubicadas una al lado de otra, en la Plaza de Mayo, ayer se pudieron volver a leer varios hitos del periodismo que apoyó al golpe. El Semanario Extra contra la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (‘¿Qué buscan?’), Gente durante la guerra de Malvinas (y el título ‘Estamos ganando’). El material de archivo fue parte de la escenografía con la que se realizó, organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, el "juicio ético y político a los medios durante la dictadura".
Sobre el escenario montado a un costado de la Pirámide de Mayo se instalaron los escritorios para los ‘fiscales’, otro para Hebe de Bonafini, que presidió el juicio, y el estrado de los ‘testigos’. Abajo, en varias hileras de sillas, se sentaron las madres y el público, que hicieron de jurado popular. Antes de llamar al primer testigo, los fiscales recordaron la lista de los medios y periodistas juzgados: los diarios Clarín, La Nación y La Nueva Provincia, las editoriales Perfil y Atlántida, los periodistas Mariano Grondona, Claudio Escribano, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú, Vicente Massot, Samuel ‘Chiche’ Gelblung y Máximo Gainza Castro.
"El plan criminal de la dictadura incluyó a un grupo de medios y de personas, cuya tarea fue justificar la represión y contrarrestar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos", planteó la periodista Claudia Acuña, la primera de los ‘testigos’ en pasar al estrado. Acuña aportó una serie de notas publicadas por la editorial Atlántida, de la familia Vigil. Una de ellas fue una entrevista a Thelma Jara de Cabezas, cautiva y torturada en la ESMA, a quien obligaron a hacer un reportaje para la revista Para Ti. Otro caso similar fue el de la nota "Cómo viven los desertores de la subversión" que Somos publicó en diciembre de 1977, con fotos de un supuesto "centro de rehabilitación para extremistas". "Mostrar estas fotos conociendo lo que fueron los centros clandestinos de detención da miedo", apuntó Acuña.
La periodista también recordó cómo José Claudio Escribano se pronunció en favor de la dictadura en 1981, ante la asamblea de la SIP, leyó una editorial en la Máximo Gainza Castro, director de La Prensa, tras sostener que "el éxito obtenido por las Fuerzas Armadas contra la subversión es de pública notoriedad" consideraba sobre la situación del país: "los derechos existen, las garantías constituciones existen".
El segundo ‘testigo’ fue Néstor Busso, presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. También periodista, Busso centró su testimonio en cómo la dictadura diseñó un modelo comunicacional propio por medio de la ley de radiodifusión. "Junto con la sanción de la ley de radiodifusión, la dictadura privatizó 66 medios, entre radios y canales de TV", reseñó. "Este modelo tuvo un correlato en los diarios, con la apropiación de Papel Prensa, el principal proveedor de papel para el sector, empresa que fue entregada a Clarín, La Nación y La Razón."
Desde el escenario se leyó un escrito enviado por José Pablo Feinmann sobre Mariano Grondona. El texto sacó del archivo una columna que Grondona dedicó a defender, en 1974, a José López Rega, mentor de la Triple A. "Hay hombres cuyo destino es hacer la tarea", decía el conductor de Hora Clave y actual columnista de La Nación en su columna. Otros de los testigos que participaron en el juicio hablaron también del rol de los editorialistas de la dictadura. El periodista Carlos Rodríguez se refirió por ejemplo a Rolando Hanglin, quien en aquellos años hablaba en contra de "la campaña antiargentina en el exterior", y del rol que ‘Chiche’ Gelblung tuvo como director de la revista Gente, destacada por sus elogiosos reportajes a Videla y un respaldo que acompañó sin fisuras a todo el Proceso. Antes de terminar su testimonio, Rodríguez mostró los partes que Rodolfo Walsh mandaba desde la agencia Ancla a todas las redacciones. "Ningún periodista que haya trabajado en esa época puede decir que no sabía lo que estaba pasando."
La ronda de testimonios fue cerrada por Pablo Llonto. El periodista y abogado mostró una foto que registró a Joaquín Morales Solá en un agasajo que el general Antonio Domingo Bussi dio al periodismo tras asumir el control militar de Tucumán. También recordó que actualmente hay un caso abierto a cargo del juez federal Daniel Rafecas en el que se investiga cómo se hizo una nota en la que un periodista de Clarín dice que ingresó a un centro clandestino de detención y entrevistó a detenidos. "El jefe de la sección política del diario en aquel momento era Morales Solá", apuntó.
Llonto llevó una grabación de un reportaje que Magdalena Ruiz Guiñazú hizo a Videla, en 1977, cuando cubrió un viaje que el dictador hizo a Estados Unidos. "Señor presidente, usted mencionaba la forma distorsionada que en el exterior se presenta nuestra realidad", se oyó decir a Ruiz Guiñazú.
Los tres fiscales –Sergio Gandolfo, y los periodistas Luis Sarranz y Lucía García– dieron un cierre a la jornada pasando en limpio lo escuchado. "En tiempos en que reina el temor, uno no hace lo que quiere, pero tampoco hace lo que no quiere", consideraron. Como el juicio popular fue filmado y quedará a disposición del público en la Casa de las Madres, propusieron que se arme, con más material, un archivo de la prensa y los periodistas que actuaron en la dictadura, para las generaciones venideras. "Estoy convencida de que en un tiempo no muy lejano habrá también un juicio a los periodistas que avalaron la tortura", agregó Bonafini. También anunció que el de ayer no será el último juicio popular: "el próximo va a ser contra los jueces".

4 de mayo de 2010
©página 12
rss

debía robar para la policía


Una jueza ordenó investigar a una fiscal, la DDI y la comisaría de Bolívar. Un detenido con salidas transitorias denunció que policías bonaerenses lo amenazaron para que robara para ellos. Lo denunció a una fiscal, pero dice que la causa no avanzó. Y terminó golpeado en la calle. Ahora, la Justicia investiga todo el caso.
[Horacio Cecchi] Argentina. Una fiscal, la DDI y la comisaría de Bolívar fueron denunciados por persecución a un preso que cumplía salidas durante el día y se negaba a salir a robar para los Bonaerenses. En 2007, después de que le otorgaran el beneficio de realizar salidas durante el día y regresar a la unidad (la 17, de Urdampilleta), dos jefes de calle de la comisaría bolivariana lo interceptaron –según la denuncia– para recomendarle que "si querés terminar bien con tus beneficios, tenés que salir a robar para nosotros. Pensalo y vení a vernos". El hombre, Cristian Noblia Palomeque, intentó despegarse del abrazo de oso que le ofrecían los Bonaerenses. Grabó la conversación y la presentó ante la fiscal de la UFI 15, Julia María Sebastián. El peor de los males fue que la investigación jamás se inició. El hombre aseguró luego que los Bonaerenses lo persiguieron, que fue apuñalado en la calle, que le inventaron causas, que le inventaron víctimas, que le inventaron ruedas de reconocimiento. En una ocasión –según denunció–, la fiscal le recomendó que "abandonara la ciudad porque su presencia amedrenta a la policía". Noblia no se fue. El 29 de marzo pasado presentó un pedido de hábeas corpus que fue aceptado por la jueza de Azul, Dora Fernández Seixo, quien ordenó además investigar a la comisaría, a la DDI y a la fiscal Sebastián. Doce días después lo cruzaron en Bolívar cuando caminaba con su pareja. Los molieron a palos a los dos. Antes de abandonarlos hechos un guiñapo de sombras sobre el asfalto, le dedicaron una particular visión de la Justicia: "Che, Noblia, ahora el hábeas corpus metételo en el culo". Y se fueron.
Noblia estuvo detenido en varias ocasiones por robo simple. En 2007, por su conducta en prisión, recibió el beneficio de la detención morigerada. Todos los días debía volver a dormir a la Unidad 17 de Urdampilleta a las nueve de la noche, y tenía salida a las ocho de la mañana siguiente. Originario de Bolívar igual que su familia (tiene pareja y dos hijos pequeños), y conocido en la ciudad, un tiempo después de iniciar las salidas recibió una visita indeseable. Según denunció luego, un jueves de agosto de 2007, dos jefes de calle de la comisaría lo interceptaron en una vereda y le recomendaron: "Si querés terminar bien con tu beneficio de las salidas, tenés que robar para nosotros. Pensalo y vení a vernos". Noblia lo pensó rápido. Esa misma tarde, con un grabador oculto, fue a la comisaría y negoció. Luego fue a la radio de Bolívar y al canal, y relató lo que le había pasado. Al día siguiente se presentó ante la Fiscalía 15, a cargo de Julia María Sebastián. Entregó la grabación que, según sostuvo, fue escuchada por Sebastián, otro fiscal y él mismo. La fiscal le dijo que no temiera y que se iba a "encargar del tema".
Noblia no creyó demasiado. Ese mismo día dejó a su familia en Bolívar y viajó solo a Pico Truncado, Santa Cruz, donde permaneció un tiempo que juzgó prudente, un año. La realidad le demostró que no se había equivocado. Los medios locales, enterados de la denuncia, corrieron hasta la puerta de la fiscalía, donde Sebastián respondió que desconocía la existencia de alguna grabación.
Al año decidió regresar en busca de su familia. No llegó a Bolívar. A 160 kilómetros lo detuvieron. Lo acusaron de robo, pero quedó detenido en la Unidad 20 de Trenque Lauquen, tipo granja de régimen semiabierto. Y en febrero del año pasado quedó nuevamente en libertad.
Se trasladó a Bolívar y a partir de ese momento las persecuciones pasaron a un nivel cotidiano. Uno de los mecanismos que reveló son considerados como métodos habituales de apriete policial: le inventaban causas. "El 18 de septiembre hubo un robo en Bolívar. Se lo adjudicaron a él, pero en ese momento estaba con nosotros en La Plata, aportando datos para la denuncia –dijo a Página/12 Alicia Romero, del Comité Contra la Tortura–. Pero no terminó ahí. Las dos mujeres damnificadas declararon que desde la fiscalía las llamaron para decirles que quien las había asaltado era Noblia. Después les mostraron fotos de Noblia para que lo reconocieran, pero ellas dijeron que no había sido él. Pero igual les hicieron firmar que lo habían reconocido."
La investigación fiscal bolivariana no cejó allí. En el Comité Contra la Tortura, casi con sorna, describen el paso siguiente: "Llamaron a rueda de reconocimiento y lo incorporaron a Noblia Palomeque en la rueda. Las mujeres, cuando presintieron en qué estaban, se negaron a participar. Una de ellas incluso estaba tan alterada que se descompuso. Igual avanzaron con la rueda. Y, por supuesto, no lo reconocieron".
La Bonaerense, como brazo de la fiscalía, siguió de todos modos tomando fotos a Noblia, a su familia, a sus amigos, y recorriendo todos los trabajos en los que se presentaba para desalentar la idea. En julio de 2009, Noblia recibió una cuchillada en la calle, cuando tenía a su pequeña hija en brazos, a la salida del jardín de infantes. En la denuncia que presentó sostuvo que el ataque fue enviado por la policía. El atacante denunció a su vez que el agresor había sido el ex detenido. Noblia puso a los padres como testigos. Nunca fueron citados por la fiscal.
Un poco antes le armaron otra causa por amenazas a la DDI. Lo tuvieron ocho días detenido y lo llevaron a declarar al despacho de la fiscal Sebastián. No se le pudo probar nada, pero la fiscal le recomendó, de corazón, que se fuera del pueblo porque la policía estaba amedrentada con su presencia. Noblia aprovechó para preguntarle qué había pasado con las grabaciones y la fiscal le respondió –de acuerdo con la denuncia del propio Noblia– que mejor se olvidara del asunto.
Asesorado entonces por el Comité Contra la Tortura, el 29 de marzo pasado presentó un pedido de hábeas corpus ante el Juzgado 2 de Garantías de Azul, a cargo de Dora Fernández Seixo. La jueza acogió favorablemente el pedido, y ordenó a la comisaría y a la DDI de Bolívar que "se abstengan de tomar medidas de coerción personal contra Noblia, que eviten toda persecución y/u hostigamiento sobre él o su familia", y ante la posibilidad de que se hubieran cometido delitos de parte de los vigilantes de la ley y de la fiscal de investigaciones, remitió las actuaciones a los ministros de Justicia y de Seguridad bonaerenses (Ricardo Casal y Carlos Stornelli), al ministro de Justicia de la Nación (Julio Alak) y a la procuradora de la Suprema Corte bonaerense (María del Carmen Falbo). Además ordenó investigar a la fiscal Sebastián.
El 10 de abril, conscientes de la gravedad de las acusaciones, los Bonaerenses se llamaron a recato: cruzaron en la calle a Noblia cuando caminaba con su pareja. Los golpearon a cachiporrazos, puñetazos y patadas, salvajemente, sin discriminar. Después, cuando se retiraban, dejaron a Noblia la sensación de que la impunidad existe, idea notablemente sintetizada en aquella frase: "Che, Noblia, ahora metete el hábeas corpus en el culo".

3 de mayo de 2010
©página 12
rss

sobre la clase alta argentina


El historiador Roy Hora repasa el recorrido de los sectores dominantes. En una charla que se desliza desde la Revolución de Mayo hasta el rechazo de la 125 (y que resulta reveladora en muchos aspectos), Página/12 realiza un recorrido histórico focalizándose en los sorprendentes itinerarios de los sectores tradicionalmente dominantes.
[Leonardo Moledo] Argentina. Usted se dedica hace tiempo al estudio de las clases altas en la Argentina, un tema que parece determinante para entender no sólo la dinámica social de nuestro país, sino también todo su desarrollo histórico.
Sí, claro. Creo que las elites de la Argentina sirven como un excelente mirador para pensar cosas más amplias de la historia argentina. Dado que en algunos momentos están en posiciones verdaderamente muy importantes, uno puede sacar conclusiones interesantes sobre sus relaciones con el Estado, con las clases subalternas...

Se podría decir que, en realidad, nunca salieron del escenario, ¿no?
Si uno mira la historia argentina a largo plazo, hay momentos en que la importancia de las elites es mucho más considerable que en otros.

Bueno, hagamos un recorrido histórico centrándonos en las elites.
Vamos. En primer lugar, diría que en la primera mitad del siglo XIX, después de la crisis del imperio español, después de las guerras de la independencia, como consecuencia de la movilización popular, se produce una desorganización tal que las elites pierden el poder que habían alcanzado durante el período colonial. Se ven obligadas a replegarse respecto de sus posiciones de poder político e incluso respecto de su importancia en el plano económico. Eso se detecta muy bien en el rosismo, que tiene en su base una muy importante movilización popular. Eso cambia en la segunda mitad del siglo XIX: ahí se vuelve muy razonable, para entender qué es lo que está pasando en el país, mirar las cosas desde la perspectiva de las elites. En la primera mitad del siglo es muy razonable mirarla desde abajo.

¿Qué es lo que está sucediendo?
Tenemos allí un proceso de crecimiento económico muy acelerado, un proceso de consolidación del Estado igualmente importante y un incremento global de la riqueza en un marco de mayor desigualdad. En un momento en que a la Argentina le va muy bien (incluso comparándola con países a los que les va muy bien), las elites se quedan con una tajada más grande que la que habían conseguido acaparar hasta más o menos 1850.

¿Las elites son las mismas? ¿O hay un cambio en la composición social?
En eso hay perspectivas diferentes. Lo que hay que entender, desde mi punto de vista, es que ese mundo de las elites es un mundo complejo. Lo que tenemos en la Argentina es, cada vez más, una clase económicamente dominante que tiene una influencia cada vez más pequeña en el día a día de la vida política. Hay gente que ha llegado a la convicción de que es posible hacer negocios en el país, que hay que pensar con mentalidad de empresario para enriquecerse. La ambición de ocupar un lugar en la vida política no está necesariamente abierta a las elites. Argentina, a diferencia de Chile o Brasil, no es un país que tenga una vida política oligárquica, en la cual las familias más ricas, por serlo, detenten los lugares más importantes del gobierno. Ninguna de las familias más ricas de Argentina dio a los políticos más importantes del país en ese tiempo. Muchos de ellos, de hecho, vinieron del interior. El caso emblemático es Roca: un señor que viene de una familia de linaje pero que en realidad es muy pobre, que hace fortuna gracias a su carrera política pero que no nace rico. Los nombres con los que tradicionalmente uno identifica la clase alta argentina (Anchorena, etc.) no son actores importantes de la vida política.

¿Roca no fundó una nueva elite con la repartija de tierras robadas a los indios?
Lo que se denomina la ‘Campaña del Desierto’, el gran avance final sobre las tierras indígenas y el saqueo de esos territorios, permite que en la provincia de Buenos Aires se reconstituya la gran propiedad, que estaba perdiendo su influjo. En las décadas siguientes, cuando el ferrocarril hace posible la producción en esos lugares, efectivamente se producen fortunas de escala internacional. Pero ojo: la relación causal entre los intereses de la elite económica y la misión del Estado de ocupar ese territorio no es lineal ni es obvia. Entre los grandes propietarios de ese tiempo, por ejemplo, hay muchos que no participan de ese proyecto.

Y los que reciben tierras, ¿no se convierten en parte de la elite económica?
A decir verdad, los que reciben tierras terminan vendiéndolas, porque no tienen recursos para explotarlas o no saben cómo hacerlo. No debería pensarse que la incorporación de ese enorme botín territorial llevó directamente a la formación de una nueva elite constituida por aquellos que recibieron las tierras por parte del Estado. Una de las cosas que hay que tener en cuenta de ese período es que el mercado de tierras es muy dinámico. La tierra se compra y se vende mucho. La Argentina tiene grandes propietarios, pero esos grandes propietarios controlan más o menos el 25 por ciento de la tierra. El resto está dividido en propiedades más pequeñas. La sociedad es compleja, con gente muy rica arriba pero con mucha otra que participa del crecimiento, y eso le da a la Argentina una estabilidad social que en tiempos más recientes se fue erosionando. Después del ’80, además, hay mucho cambio tecnológico (alambrados, ganado refinado). Argentina se convierte en uno de los sistemas ganaderos más eficientes del mundo y en uno de los grandes exportadores de cereales. Eso requiere no solamente nuevas tierras sino cambios tecnológicos, desarrollos en el sistema de transportes. Los agricultores tienen que aprender a manejar empresas agrarias que son 10 o 50 veces más grandes que las que conocen de Europa.

¿Y aprenden?
Si hay un momento en que las elites cumplen un rol fundamental en la economía nacional y logran presentarse a sí mismas como actores que renuevan y modernizan la economía, ese es el período que va de 1880 a 1910. Allí surge la figura del ganadero modernizador, que copia el modelo ganadero británico a tal punto y con tal éxito que en un momento logra desplazar a los británicos del mercado de carne. Ese logro tiene que ver con que acá la tierra es muy barata, pero también tiene mucho que ver con la función empresarial. El hecho de que eso haya sucedido les dio una cierta legitimación a las clases altas, las puso en un lugar en el que no habían estado: empezaron a ser vistas como un elemento positivo y no solamente como rentistas.

Y después empieza el siglo. Entran, entonces, actores nuevos, que horrorizan a las elites (recuerde, por ejemplo, los escritos de Cané, que culminan en su Ley de Residencia). ¿Qué hacen las elites allí?
Yo diría dos cosas. Primero: ese lugar común de que la inmigración empieza a fines del siglo XIX es errado. En 1869, si uno mira el primer censo nacional, ya entonces la mitad de la población de Buenos Aires era extranjera. La inmigración es un fenómeno que constituyó este país. En 1880 el proceso se acelera, pero no es algo nuevo en la experiencia de las elites. Es cierto que algunos (Cané, Lugones) creyeron que la Argentina criolla estaba siendo desplazada. Pero hay que tener en cuenta que esos señores son intelectuales, no son miembros plenos de las elites económicas. Se ganan su lugar en la alta sociedad diciendo cosas, pero hay que ver qué importancia real tienen esas cosas que dicen. Es cierto que Cané tenía opiniones denigratorias hacia los inmigrantes, pero si uno mira qué piden efectivamente los empresarios, nunca va a ser que se restrinja la inmigración. La Argentina es un país que se armó con la inmigración y los empresarios saben muy bien que la inmigración trae más beneficios que problemas (sin ir más lejos, la oferta de fuerza de trabajo, escasa en este país, aumenta notablemente).

¿Y cuándo empieza a haber problemas con la clase alta?
En la segunda década del siglo, a partir de 1910. Hay un punto clave, 1912, cuando se da la primera huelga agraria: el Grito de Alcorta, que da nacimiento a la Federación Agraria.

Que ellos ahora están reivindicando.
La cuestión es que hasta aproximadamente 1910 los intereses de los grandes y los pequeños propietarios no eran exactamente iguales, pero tampoco confrontaban tan fuertemente. Una economía con mucha tierra muy barata, con fronteras en expansión, donde lo verdaderamente caro y escaso es la fuerza de trabajo, hace posible mucha compatibilidad entre dueños del suelo y dueños del trabajo. La condición para que eso funcione es, no obstante, que haya tierra abundante y barata. Cuando empieza a subir el precio de la tierra en explotación, los dueños del suelo se convierten en actores que llevan las de ganar en la negociación con el resto de los participantes del proceso productivo del agro. Sube mucho la renta, se achica el ingreso del resto, y empieza a haber conflictos. A partir de 1910 eso cambia y se empiezan a producir confrontaciones.

¿Cómo se produce el Grito de Alcorta?
Se produce en Santa Fe. Una cosecha muy buena de trigo –que precisamente porque es muy buena y porque Argentina tiene mucha incidencia en el mercado mundial– hace que bajen los precios internacionales y eso afecta los ingresos de los chacareros, que deciden reunirse y luchar por una baja del precio del arrendamiento, amenazando el día antes de la siembra con no sembrar nada. Lo que tenemos ahora es un conjunto de agricultores que está muy convencido de que su verdadero problema son los grandes propietarios, que en las dos o tres décadas anteriores han ganado mucho y se han convertido en una elite muy visible. Son entonces identificados como los grandes obstáculos para la modernización de la agricultura argentina. Esto ocurre desde Alcorta hasta más o menos 1940. Hay un momento clave allí que es la crisis del ’30, cuando caen mucho los precios internacionales de los granos que Argentina exporta. Los platos rotos los van a pagar, por supuesto, los que habían sido en esos años previos cada vez más débiles en términos de su capacidad de negociación. En los años treinta, por lo tanto, se termina de conformar una imagen del campo argentino como un lugar que no ofrece una posibilidad de progreso social.

Y además por esa época está el radicalismo, que toma una postura que favorece más a los pequeños chacareros que a los grandes propietarios.

Sí. Yrigoyen llega al poder en el ’16 sabiendo que hay conflictos en el campo. La nueva fuerza gobernante no puede permanecer indiferente frente a eso por una simple razón: para llegar al poder tiene que ganar elecciones y por lo tanto, en la medida de sus posibilidades pero sin afectar el cuadro de funcionamiento global de la economía argentina, va a favorecer a los arrendatarios. De hecho hay una ley de arrendamiento del año ’21 que es votada incluso por los conservadores. ¿Por qué ocurre esto? Simple: porque los conservadores también tienen que ganar elecciones. Y ahora hay un voto rural que, si bien no es mayoritario, cuenta. La preocupación tanto de los radicales como de los conservadores es hacer algunos cambios pequeños sin alterar el funcionamiento de la economía ni los mecanismos de funcionamiento vigentes en el campo. Eso ocurre porque los chacareros no son una fuerza política central en la vida política. Y si un actor no logra constituirse como una fuerza política de peso, no va a ser escuchado en la mesa de negociaciones.

Estamos, entonces, en los años ’30...
Donde hay un cataclismo importante del que Argentina sale relativamente bien parada. De repente el país se tuvo que acomodar a un escenario muy difícil. Pasaron allí dos cosas: el campo se empobrece (tanto los pobres como los ricos), pero como el poder de negociación de los ricos es más grande, el ajuste lo van a sufrir más los de abajo. Allí se termina de consagrar esa imagen que ya se estaba formando en el imaginario colectivo de los grandes propietarios como una rémora para el progreso social, que viven de la explotación de campesinos cada vez más pobres. Ya entonces hay gente que empieza a pensar que hay que generar otro tipo de economía. De ahí la industrialización. A partir de ese momento, el motor del crecimiento pasa al mercado interno.

Después de eso, y como consecuencia de eso, irrumpe el peronismo...
Y hay una decisión que toma Perón que es políticamente acertada, que es la de elegir como enemigo de su retórica, como polo negativo, a la oligarquía terrateniente. Por ese momento, si bien ya es mucho menos importante y rica que el empresariado industrial, tiene un lugar central en el imaginario colectivo.

Pero, no obstante, Perón no hace nada serio en contra de esa oligarquía terrateniente.
No comparto esa opinión. Lo que hace el gobierno de los coroneles del ’43, del que Perón es parte, es aprobar una ley de arrendamientos reduciéndolos, congelándolos e impidiendo la expulsión de los arrendatarios. Esa ley va a durar hasta fines de la década del ’60. Lo que ocurre es que los sectores más ricos tienen tierras de las que no pueden disponer, con gente a la que no pueden sacar, y cobran cada vez menos. Es cierto que no hubo una reforma agraria a la nicaragüense, pero a lo largo de 25 años hubo una especie de reforma agraria que aniquiló las bases sobre las que se asentaba la alta burguesía agraria tradicional.

Es lógico que toda esa alta burguesía, entonces, fuera tenazmente opositora. ¿Y qué pasa con esa elite que quedó debilitada política y económicamente?
Bueno, desde 1910, desde que Argentina se volvió democrática, las elites fueron perdiendo peso. Los grandes dirigentes del radicalismo o del conservadurismo, salvo algún que otro figurón, deben su posición a su destreza política y no a la cantidad de hectáreas que tienen. A los miembros de las clases altas que quisieron hacer una carrera política en la era democrática les fue en general muy mal, porque la política argentina es democrática y es bastante plebeya: hay un humor antielitista en nuestra cultura que tiene rasgos positivos en general. El peronismo acentuó esto, y las clases altas tradicionales se volvieron cada vez más marginales. Quienes se quedaron en el campo, perdieron mucho peso. Los que supieron pasarse a otros sectores productivos con más capacidad de crecimiento tuvieron más éxito.

¿Y qué pasa con el golpe militar? ¿Vuelven esos sectores?
Suele ser percibido como una revancha de los sectores tradicionales, pero yo no diría que fue tal cosa. Sin duda las clases altas cerraron filas con ese gobierno en aspectos como la restauración del orden laboral: esa fue una demanda muy importante y en torno de esa demanda se cometieron muchas barbaridades. Sin embargo, del ’79 en adelante la Argentina mantuvo un tipo de cambio que no fue para nada favorable para los sectores rurales. Si hay un momento en el cual al campo le empieza a ir bien de nuevo es con las transformaciones de las últimas dos décadas.

Con el uno a uno les tiene que haber ido muy mal.
En ese contexto en particular, un tipo de cambio que no era favorable para las exportaciones significó la oportunidad para la transformación técnica de la agricultura. Los resultados de eso se expresan con mucha claridad en la última década, pero la base tecnológica se fue creando en la década previa. Ese fue un proceso, de todos modos, que no se dio sin costo social: muchas empresas agrarias pequeñas desaparecieron.

¿Y qué pasa con la 125?
Estamos en un escenario muy distinto. No están ya los grandes nombres de la alta burguesía tradicional. Los nombres que vienen a la mente son otros (Grobocopatel, etc.). La Argentina tiene un empresariado rural muy transformado. No hay continuidad entre las familias tradicionales y aquel empresariado que hoy tenemos ante nuestros ojos. Lo que puso de relieve la Resolución 125 es un cambio muy considerable, que ha vuelto al sector rural al lugar de actor central de la economía argentina. Eso no pasaba desde los años ‘20. En la mente de los sectores que se identifican con el sector rural está la idea de que es una fuerza de progreso, que está en condiciones de desempeñar un papel positivo en el desarrollo del país.

¿Y es verdad?
Bueno, tenemos un empresariado rural muy poderoso que se ha fortalecido no sólo económica sino culturalmente. Es un sector que se ve a sí mismo como un actor más importante que la industria por sustitución de importaciones. Sobre esta condición y en este escenario reaccionaron frente a una presión puntual...

Negándose a pagar impuestos.
Exactamente, sí. De cualquier manera, creo que hay que ponerse en la mente de los empresarios para entender ese rechazo. Ellos piensan: "Nosotros hemos hecho lo que hemos hecho sobre la base de nuestro propio esfuerzo, sin recibir del sector público apoyo". Tienen una concepción en gran medida antiestatalista. En los últimos años esto se ha acentuado por la tensión política y los llevó a iniciar un movimiento cuyas consecuencias últimas no estaban en la cabeza de nadie.

¿Y cómo termina esto?
Creo que la Argentina tiene que pensar bien de qué manera puede recomponer una estrategia de desarrollo que contemple mejor la capacidad de crecimiento de su sector internacionalmente más competitivo en un momento en que se vuelven a dar condiciones muy favorables para la expansión agraria. Estoy seguro de que el sector agrario no va a resolver sólo los problemas de la Argentina, pero me parecería razonable que hubiese políticas públicas mejor pensadas para favorecer el potencial de crecimiento del sector agrario (y que parte de ese crecimiento, de paso, pueda traducirse en la creación de una economía más compleja que integre otras demandas que nunca van a ser integradas simplemente por la expansión del sector exportador). Eso supone revisar algunas convicciones respecto de la sustitución de importaciones.

¿Por ejemplo?
La idea de que la Argentina sola puede, cuando hay cosas que se hacen mucho mejor y mucho más barato en otros lugares. Nuestro país tiene una deuda social pavorosa. Debemos buscar una manera de compatibilizar un escenario estable que permita el crecimiento de los sectores más dinámicos con compromisos firmes y de largo plazo, que permitan que parte de la riqueza generada por el crecimiento se vuelque sobre aquellos sectores históricamente más postergados.

3 de mayo de 2010
©página 12
rss