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perito para la causa silvia suppo


Enviado por la Nación.
[José Maggi] Argetina. Un experto del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación intervendrá en la causa del asesinato de Silvia Suppo, a pedido de los familiares de la víctima. "Se trata de Alberto Linares, quien forma parte de la Unidad de Intervención en Victimología Ministerio de Justicia de la nación quien va a hacer pericias sobre el lugar del los hechos, la ropa y las armas que se usaron en el crimen. Vamos a ver si a través del aporte de estas huellas se puede establecer si los dos detenidos son los partícipes del hecho, y si se puede sumar alguna otra información para abrir la investigación", explicó Andrés Destefani, hijo de Suppo, quien le solicitó al juez de la causa la participación del perito.
Linares es un especialista que va a disponer de los recursos técnicos, científicos y humanos para obtener huellas e información de toda la escena del crimen. Además va a solicitar datos a empresas de colectivos para ver cómo se movilizaron los detenidos para ver si se pueden rastrear los movimientos de estas dos personas después del hecho.
Destéfani -hijo de Silvia Suppo, asesinada el 29 de marzo en Rafaela luego de declarar en la causa Brusa- aclaró que "en ningún momento desconfiamos del juez ni del fiscal que han hecho un buen trabajo. Nuestras críticas fueron hacia la investigación policial hecha en los primeros momentos del crimen, hacia los peritajes y la forma en que se manejaron".
"El robo seguido de muerte es una hipótesis que no se puede corroborar al 100 por ciento y que se debe pasar por otros filtros para ser verdad. Lo que decimos es que se pone demasiado énfasis en esta idea mientras creemos que hay que seguir la otra línea que es la más probable y es el homicidio político que es la que menos se investigó. Recién ahora se tomaron las primeras medidas y por eso nos pareció apresurada, irresponsable e irrespetuosa la actitud de la policía que a pocos días del hecho dijo que estaba todo aclarado, cuando ni siquiera estaba la autopsia ni los peritajes, que, además aportaron poco", agregó el joven.
El hijo de Suppo reveló que su madre había observado en octubre pasado a un hombre que con gesto intimidatorio se paraba frente a la vidriera de su comercio y la miraba.

28 de abril de 2010
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obra macabra


Emblema de la clase dominante.
[Raúl Dellatorre] Tercera generación de estancieros y terratenientes, frecuentador de tertulias de la Sociedad Rural (donde uno de los salones lleva su nombre), del Jockey Club (donde fotos de sus antepasados ilustran las paredes) y de cócteles y encuentros de caridad con banqueros, exportadores, importadores y traficantes de rubros varios, José Alfredo Martínez de Hoz siempre se sintió merecedor de una impunidad infinita. Sus antepasados se cuentan entre los primeros beneficiarios de las privatizaciones, cuando Julio Argentino Roca barrió a los indios de las pampas y el desierto, y repartió gratuitamente esas extensiones entre familias ‘de bien’.
Pero sería injusto ligar la fortuna familiar sólo a las privatizaciones. También supo sacar provecho de las nacionalizaciones, como en el caso de la Italo (CIAE, Compañía Italo Argentina de la Electricidad), cuando ya descapitalizada la pasó a manos del Estado a cambio de 300 millones de dólares.
Pero acusarlo de "colaborador" o cómplice de la dictadura instalada en 1976 sería no reconocerle el lugar que le corresponde en la historia. Como presidente del Consejo Empresario Argentino (una entidad con notables similitudes con otra actual, no sólo de nombre), Martínez de Hoz encabezó una misión que visitó a los comandantes de las fuerzas armadas a principios de 1975 (Isabel Perón en el gobierno) para "convocarlos" a que contribuyeran a preservar el orden y restituir las condiciones para "la producción y el trabajo" en sus plantas.
M. de H., presidente de Acindar, propuso a los jefes militares todo un sistema de espionaje industrial para detectar a los activistas sindicales que pudieran "atentar" contra el correcto desempeño de las cosas. El banco de pruebas del nuevo diseño fue justamente la planta de Acindar en Villa Constitución. La presión empresaria y militar arrastró al gobierno desfalleciente a ordenar una violenta represión contra la huelga que llegó a cumplir 59 días, y terminó con su principal dirigente (Alberto Piccinini) y el cuerpo de delegados presos durante ocho años y dos asesinatos.
Era mayo de 1975. Menos de un mes después, detrás de la figura de Celestino Rodrigo, aparecía en el Ministerio de Economía Ricardo Zinn para ejecutar el mortal shock recesivo con efectos devastadores para la democracia. Rodrigo le dio su nombre al golpe económico: el Rodrigazo. Zinn le puso el plan, y reveló su verdadera identidad diez meses después, abril de 1976, cuando aparece como jefe del gabinete de asesores y mano derecha de Martínez de Hoz.
Zinn contaría meses después, en un libro, el sentido de su intervención en el gobierno de Isabel: era necesario dar el golpe desde adentro para terminar con la "descomposición" y posibilitar que volviera "a salir el Sol en la Patria". Un destino de grandeza, el mismo que Martínez de Hoz siente para sí mismo cuando se ve en el espejo de sus antepasados. Y de su "obra".

28 de abril de 2010
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negocios forzados en la cárcel


Los secuestros de los empresarios Federico y Miguel Gutheim. El titular de la firma Sadeco y su hijo fueron secuestrados para renegociar un contrato con comerciantes de Hong Kong. A causa de ese negocio fallido a Martínez de Hoz le habían negado una línea de créditos.
Argentina. Los secuestros extorsivos de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, forzados a renegociar desde la cárcel un contrato privado con comerciantes de Hong Kong en plena dictadura militar, fueron investigados en la década del ’80 a partir de una denuncia del fiscal de investigaciones administrativas Ricardo Molinas. El entonces juez federal Martín Irurzun llegó a procesar con prisión preventiva al dictador Jorge Rafael Videla y a sus ministros del Interior, Albano Harguindeguy, y de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, luego indultados por Carlos Menem.
En la investigación judicial se llegó a probar que en abril o mayo de 1976 el empresario Federico Gutheim, titular de la firma Sadeco, logró un cupo de exportación por seis mil quinientas toneladas de fibra de algodón. Luego de obtener los avales bancarios necesarios y la apertura de las cartas de crédito al exterior por un valor de 12.155.000 dólares, la dictadura le denegó los permisos, con lo cual lo obligó a incumplir los compromisos comerciales. En octubre, Gutheim recibió un llamado de la Secretaría de Comercio Exterior, desde donde le reprocharon que por su culpa Hong Kong le había denegado a Martínez de Hoz una línea de créditos. Gutheim ofreció renegociar el contrato, pero los acontecimientos se precipitaron.
En la noche del 5 de noviembre de 1976, la policía detuvo a Gutheim y a su hijo Miguel Ernesto. El arresto se dispuso por decreto 2840 de Videla y Harguindeguy, con el argumento de que su actividad comercial atentaba contra la paz interior, la tranquilidad y el orden público, y tenía "directa y estrecha relación con las causas que motivaron la declaración del estado de sitio".
Días después los visitó en la cárcel un funcionario del Ministerio del Interior, quien les dio a entender que su libertad dependía de la renegociación de los contratos con Hong Kong. Dieron el visto bueno y con ese objetivo fueron sacados en cuatro oportunidades, tal como consta en las actas notariales ratificadas por el escribano Félix Oks. Las reuniones se desarrollaron en las oficinas de Sadeco con la presencia de policías y de representantes de firmas tales como Dreyfus y Co., Gordon Woodroffe and Co., Far East Ltd. Hong Kong, Hong Kong Spinners Ltd. y Nan Fung Textiles Ltd., que llegaron al país invitadas por el Ministerio de Economía. También participaron funcionarios de Comercio Exterior como Agustín Jaime Pazos y Horacio Rodolfo Vega.
Los Gutheim fueron liberados cinco meses después, el 6 de abril de 1977, esta vez por el decreto 949/77, según el cual las causales invocadas cinco meses antes habían desaparecido. Dos meses después fueron detenidos nuevamente, esta vez junto a sus abogados, por agentes de la sección Delitos Económicos de la Policía Federal. Varios días después recuperaron su libertad.
Los procesamientos de Irurzun fueron confirmados el 14 de julio de 1988 por la Cámara Federal, integrada por Horacio Cattani, Juan Pedro Cortelezzi y Wagner Gustavo Mitchell, quienes destacaron que "no se imputó jamás (a los Gutheim) actividad alguna que pueda vincularse con el decreto que impuso el Estado de sitio". Si bien Martínez de Hoz no firmó los decretos, se lo imputó por el interés evidente que tenía en esas negociaciones con detenidos a disposición del Poder Ejecutivo.
"Las víctimas no solicitaron esas entrevistas y se prestaron a ellas porque estaban privadas de su libertad, siendo conducidas a las reuniones bajo custodia policial y reintegradas, en las cuatro oportunidades, a la cárcel, siguiendo en la misma condición de presos, lo que permite presumir fundadamente el carácter extorsivo de las detenciones", sostuvieron los jueces. Martínez de Hoz se defendió manifestando que los hechos no podían considerarse delictivos, pues constituían decisiones de política económica que la Justicia no tenía por qué investigar. Carlos Menem lo liberó.

28 de abril de 2010
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le anularon el indulto


La corte anuló el indulto que beneficiaba al ministro de Economía de la última dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz. Los jueces señalaron que como el delito por el que está acusado es de lesa humanidad, no prescribe. Fue el ideólogo del plan económico que necesitó del terrorismo de Estado para aplicarse.
[Irina Hauser] Argentina. La Corte Suprema anuló el indulto que le garantizó impunidad a José Alfredo Martínez de Hoz durante las últimas dos décadas. Ahora deberá ser juzgado por su participación en los crímenes del terrorismo de Estado y podría terminar preso. La decisión del alto tribunal obliga a la Justicia a reanudar la investigación contra el ex ministro de Economía de la dictadura, quien encarnó la cara civil del golpe militar, por el secuestro extorsivo del empresario algodonero Federico Gutheim y su hijo Miguel, ocurrido el 5 de noviembre de 1976, que por tratarse de un delito de lesa humanidad –recordaron los jueces supremos– no prescribe. El fallo firmado ayer también invalidó el perdón presidencial que Carlos Menem concedió al dictador Jorge Rafael Videla y al ministro del Interior, Albano Harguindeguy, ambos detenidos.
La Corte comenzó en julio de 2007 a derribar la barrera de los indultos concedidos en democracia que todavía impedían juzgar a los represores. Fue en el caso del ex general Santiago Omar Riveros, quien finalmente fue condenado a 25 años de prisión la semana pasada por los crímenes cometidos en Campo de Mayo. Para el alto tribunal "los delitos de lesa humanidad, por su gravedad, son contrarios no sólo a la Constitución Nacional, sino también a toda la comunidad internacional", cuyos tratados obligan a los Estados que los adoptan a "esclarecerlos e identificar a sus culpables". La resolución de ayer dice que se deben aplicar exactamente esos mismos conceptos a Martínez de Hoz, Videla y Harguindeguy.
Los tres habían comenzado a ser juzgados y estuvieron detenidos en 1988 por el secuestro de los Gutheim, detenidos ilegalmente para ser forzados a renegociar un contrato de exportación, frustrado, con comerciantes ingleses y chinos residentes en Hong Kong, del que la dictadura quería beneficiarse (ver página 2). Pero el indulto de Menem dejó el proceso judicial trunco. Para la Corte, los indultos dieron lugar a la "impunidad", un concepto que definió como "la repetición crónica de las violaciones a los derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares". Es "la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena", describió el tribunal, con el consiguiente incumplimiento de las obligaciones internacionales.
La causa sobre los Gutheim se reabrió en 2006, cuando el juez Norberto Oyarbide aceptó un reclamo de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos. Luego se sumó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Oyarbide declaró la inconstitucionalidad de los indultos en danza. Luego lo hizo la Sala II de la Cámara Federal. Los acusados llegaron a la Corte con un recurso extraordinario, que ayer la mayoría rechazó. En cambio, respaldó la decisión de retrotraer todo al momento previo a los indultos y anular los sobreseimientos.
Federico Gutheim tenía una empresa textil, Sadeco. Para darle aspecto de legalidad a su detención y la de su hijo, Videla y Harguindeguy la ordenaron por decreto. Martínez de Hoz está señalado como quien dio la orden de mantenerlos cautivos durante cinco meses y dos días. La Secretaría de Derechos Humanos pedirá ahora la detención del creador de la plata dulce. En tribunales, todo el mundo da casi como un hecho que Oyarbide daría ese paso en cuanto vuelva la causa a su despacho. "Martínez de Hoz fue el verdadero jefe civil del golpe terrorista del 24 de marzo, costó mucho llegar a la nulidad de su indulto", le dijo el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, a Página/12. "Se trata de una figura emblemática como autor del proyecto económico que tenía por finalidad la dictadura: la aplicación de la política económica del ajuste, para lo cual se valía de la rebaja escandalosa del ingreso, el desmantelamiento del Estado, la concentración monopólica del capital financiero y necesitaba del disciplinamiento de la sociedad mediante el terrorismo de Estado, con su secuela de muertes y desapariciones", agregó el funcionario.
Videla está preso por varias causas, entre ellas porque está cumpliendo la condena del juicio a las juntas. Harguindeguy fue detenido hace dos años –por orden de la jueza María Servini de Cubría, en días que subrogaba a Oyarbide–, cuando un guardavidas lo vio tomando sol en Pinamar. Pero ahora está siendo sometido a pericias médicas para determinar si está en condiciones de ser juzgado.
Martínez de Hoz, además de ser candidato al arresto, deberá recibir sentencia. La caída del indulto que lo amparó podría favorecer el avance de otras causas en su contra: en una, a cargo de Ariel Lijo, está acusado como jefe civil del golpe de 1976; en otra, que también instruye Oyarbide, se lo vincula con el asesinato de Juan Carlos Casariego de Bel, director del Registro de Investigaciones durante su gestión en Economía. Casariego fue secuestrado tras negarse a firmar un dictamen para la nacionalización de la Compañía Italo Argentina de Electricidad.
La resolución suprema que ayer anuló indultos fue firmada –igual que el fallo de 2007 sobre Riveros– por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni. Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Carmen Argibay no se pronunciaron. Los dos primeros convalidaron los indultos en los noventa. Argibay acuerda con la inconstitucionalidad, pero habría objetado el modo en que fue planteada.
El abogado Rodolfo Yanzón, de la Fundación Liga por los Derechos Humanos, dijo que "la importancia de este fallo radica en que por primera vez se podrá juzgar al ministro de Economía de la dictadura por crímenes de la represión ilegal y esto permitirá dejar en claro los verdaderos motivos de la picana, la capucha y los centros clandestinos de detención".

28 de abril de 2010
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mantienen sentencia a scilingo


La Justicia española rechazó revisar la sentencia de Scilingo.
España / Argentina. El Tribunal Supremo rechazó que el ex miembro de la Armada argentina, Adolfo Scilingo, presente un recurso de revisión de la sentencia, que en 2007 le impuso 1084 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. Por esos delitos y por la detención ilegal de personas, Scilingo fue condenado en España a 640 años de cárcel en 2005, pero el alto tribunal elevó la pena en julio de 2007.
Scilingo había admitido su participación en los llamados "vuelos de la muerte" en los que la dictadura arrojó presos políticos vivos al mar o al Río de la Plata desde aviones militares.
Según precisó la agencia italiana de noticias ANSA, se trata de la segunda vez que el Tribunal Supremo niega al represor que presente ese recurso "extraordinario", pues ya lo había hecho en 2009.
Según la sala penal del alto tribunal, "lo intentado no cumplimenta los requisitos imprescindibles de un verdadero recurso de revisión". En ese sentido, para aceptar tal pedido "falta el carácter de novedad, pues el condenado insiste en argumentaciones y elementos probatorios que ya pudieron hacerse valer en el curso del proceso".
"Las alegaciones sobre obediencia debida y la regulación legal de las torturas son cuestiones jurídicas ya examinadas y rechazadas en la sentencia y desde luego nunca podrían constituir la base de un recurso de revisión", concluyó el tribunal.

27 de abril de 2010
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indultos son inconstitucionales


Fin al olvido menemista. La Corte Suprema declaró inconstitucional el indulto a Martínez de Hoz. La decisión, que confirmó fallos de instancias anteriores, fue dictada en el marco de la causa en la que se investiga el secuestro extorsivo del empresario Federico Gutheim y su hijo Miguel Ernesto, durante la última dictadura militar.
Argentina. La Corte consideró que las cuestiones planteadas en la causa son sustancialmente análogas a las cuestiones examinadas y decididas en la causa "Videla", por lo cual dejó firme la sentencia apelada de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. La misma, había confirmado un fallo de primera instancia que declaraba la inconstitucionalidad del decreto de indulto que beneficiaba al ex ministro de Economía.
En la causa "Videla", la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal confirmó el 14 de julio de 1988 la prisión preventiva dictada contra Jorge Rafael Videla y Albano Eduardo Harguindguy, por el delito de secuestro extorsivo reiterado con motivo de las detenciones y puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional del empresario Federico Gutheim y de su hijo Miguel Ernesto.
Ese tribunal había entendido que "surgía de modo inequívoco la falta absoluta de razonabilidad de las detenciones de los Gutheim", ya que "con respecto al padre no ha podido invocarse más que su carácter de responsable de la firma SADECO S.A. y el incumplimiento de contratos celebrados con los comerciantes ingleses y chinos residentes en Hong Kong y la repercusión desfavorable" de esta situación respecto del comercio exterior argentino. El hijo, en tanto, no perteneció jamás a razón social o empresa alguna que haya participado en actividades de exportación.
La investigación del caso se extendió luego al ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Posteriormente, el ex presidente de la Nación, Carlos Menem, indultó tanto a Martínez de Hoz, como a Videla y Harguindeguy. En consecuencia, se declaró extinguida la acción y se dispuso el sobreseimiento definitivo de Videla.
El proceso quedó paralizado hasta la presentación interpuesta el 20 de junio de 2006 por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la fundación Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de los decretos de indulto. También, el secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, planteó un pedido similar respecto del decreto que indultó a Videla.
El juez de la causa declaró finalmente la inconstitucionalidad del decreto y la nulidad de los actos que fueron su consecuencia directa. La Cámara confirmó el fallo. Ante esta situación, la defensa de Videla presentó un recurso extraordinario ante la Corte, que fue rechazado.

27 de abril de 2010
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lo juzgarán por homicidio


El 15 de junio arranca nuevo juicio al ex jefe de la 4ª, Mario Facino. Esta vez será juzgado por homicidio. Alicia López, dirigente de Ligas Agrarias, fue secuestrada por un grupo de tareas el 21 de octubre de 1976 en su casa y martirizada en el centro clandestino ‘La casita’ y en la comisaría 4ª, donde la vieron con vida varios detenidos políticos.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. El juicio al ex jefe de la seccional 4ª, Mario Facino, por la desaparición y asesinato de la docente y militante de las Ligas Agrarias, Alicia López de Rodríguez, comenzará el 15 de junio próximo. Así lo resolvió ayer el Tribunal Oral Federal que estará integrado por sus dos vocales: María Ivón Vella y José María Escobar Cello y se completará con un juez del Tribunal Oral Nº 1 de Rosario, Ricardo Moisés Vázquez. Facino ya fue condenado en el juicio al ex juez Víctor Brusa y otros cuatro policías a 20 años de prisión por secuestros y tormentos en la comisaría que tuvo al mando hasta fines de 1976, pero ahora será el primer represor de Santa Fe que será juzgado por "homicidio" que prevé la pena de prisión perpetua. Hoy, el ex comisario cumple la condena en su quinta de San José del Rincón.
Alicia fue secuestrada por un grupo de tareas el 21 de octubre de 1976 en su casa del barrio Candioti sur y martirizada en un centro clandestino conocido como "La casita" y en la comisaría 4ª, donde la vieron con vida varios detenidos políticos: José Schulman, Graciela Roselló, Raúl Pinto y Alejandro Faustino Córdoba, quienes están citados a declarar en el juicio. Incluso uno de ellos, Raúl Pintos, dijo que a Alicia "no sólo la torturaron, sino que también la mataron en la comisaría 4ª". El estaba detenido en la celda vecina y la pudo ver por la hendija de una puerta. "Allí estaba Alicia, en frente mío, desangrándose y muerta, tapada con una capa", relató.
En el debate se introducirá por lectura otro testimonio clave, el del fallecido Eduardo Almada, quien aportó en la causa un dato revelador. "Alicia es trasladada afuera de ese lugar (la comisaría 4ª), pero ingresa nuevamente a una celda grande donde le ponen en una cama. Luego de unos días se presentó frente a la celda el suboficial (Nicolás) Correa del Ejército Argentino y trasladó a Alicia, a quien ya no la volvieron a ver2, dijo Almada. Correa no era otro que el ex asesor de seguridad del gobernador Jorge Obeid.
En realidad, el Ministerio Público y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre que es querellante en la causa ofrecieron dieciocho testigos, entre ellos el esposo de Alicia y ex juez Luis Juan Rodríguez y su suegra, María Isabel Rodríguez, quien no sólo observó el secuestro de su nuera, sino que también escuchó que ella identificó a un "entregador".
Durante el juicio a Facino, el Tribunal realizará una inspección de la seccional 4ª, como ya ocurrió en el juicio a Brusa y compañía. Pero ahora, el fiscal Martín Suárez Faisal agregará otra prueba histórica: una reproducción arquitectónica a escala de la comisaría que incluye el edifico policial contiguo y una cochera anexa, confeccionada sobre la base de un croquis realizado por la Conadep en 1984 y fotografías obtenidas en una inspección que se realizó en esa época, aportadas a la causa por el Archivo Nacional de la Memoria.
Facino está imputado por la desaparición de Alicia López desde el 6 de marzo de 2008, cuando el juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez lo procesó por "privación ilegítima de la libertad, tormentos, encubrimiento y homicidio". El 1º de octubre de 2008, la Cámara Federal de Rosario confirmó la mayoría de los cargos, pero revocó el encubrimiento.
En un fallo de 53 fojas, la Cámara ponderó el relato de la suegra de Alicia y testigo del secuestro de su nuera, María Isabel Rodríguez. Fue el 21 de octubre de 1976 a la medianoche, cuando ingresó a su casa un grupo de "gente armada, algunos con uniforme de color oscuro, borceguíes y armas largas y otros eran jóvenes de jeans y zapatillas. Todos usaban un gorrito en la cabeza". "Estaban hasta en los techos", dijo la mujer que alcanzó "a ver varios automóviles Peugeot 504 estacionados. Al salir su marido, lo pusieron contra la pared, lo apuntaron, lo insultaron. Ella oyó los gritos, se asomó y salió, la apuntaron y uno de civil que sería el entregador dijo: ’No, esa no es’ y la soltaron", recordó.
Después, "al abrirse la puerta, entraron todos los uniformados con el entregador y al verlo Alicia le dijo dijo: ’¿Vos acá’?. Revisaron la casa, le dijeron a Alicia que se vistiera y se la llevaron. Ella pensaba que volvería, tanto que se llevó una bolsita con fruta. Salieron los autos a velocidad y le dijeron que no se moviera hasta que no escuchara silencio. Al día siguiente, llamó a la madre de Alicia para que realizara la denuncia y empezó el peregrinaje", recordó la mujer.
La Cámara Federal dijo que está probado que Alicia López estuvo detenida en la comisaría 4ª cuando Facino era el jefe. "También está acreditado que se encontraba enferma o cuanto menos muy debilitada y que lejos de habérsele proporcionado la atención médica y alimentación requeridas, se la mantuvo confinada en una celda pequeña, con escasa luz y ventilación, durmiendo en el piso y sometida a crueles condiciones de vida y de maltrato. La privación de libertad de López siempre fue ilegal".
"Según los testigos, López habría pasado primero por el centro clandestino de detención conocido como ’La casita’, donde la habrían torturado con picana eléctrica, y si en los primeros momentos de su privación de libertad, Facino no habría tenido intervención en ese cautiverio, lo cierto es que sí le cupo tal actuación cuando López pasó a la mentada seccional 4ª", agregó la Cámara.

27 de abril de 2010
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estilo de vida con trabas


Los swingers quieren tener personería. Dicen que la Inspección General de Justicia les demora el trámite en forma arbitraria. A la asociación que promueve el "estilo de vida swinger" ya le rechazaron la inscripción en 2002 porque su finalidad lesionaba "la moral y las buenas costumbres". El Inadi advierte que la actual demora constituye una práctica discriminatoria.
[Mariana Carbajal] Argentina. La Asociación Argentina de Swingers reclama que le otorguen la personería jurídica, una pelea que lleva desde hace ocho años. En 2002, la Inspección General de Justicia le rechazó el trámite. El organismo, que depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, alegó en ese momento que la promoción del estilo de vida swinger, objetivo de la entidad, lesionaba "la moral y las buenas costumbres" y atentaba contra el deber de fidelidad establecido en el artículo 198 del Código Civil, aun cuando no haya engaño u ocultamiento y exista el consentimiento recíproco de los cónyuges de mantener relaciones sexuales con terceras personas. En diciembre, la AAS volvió a insistir con el pedido pero todavía no obtuvo respuesta. "Están cajoneando el expediente", cuestionó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien patrocina a la AAS.
La entidad acompañó su nueva presentación con un dictamen del Inadi del 31 de agosto de 2009 que recomienda a las autoridades de la IGJ otorgar la personería jurídica a la AAS, y advierte que denegársela contraria los valores democráticos, y los principios de igualdad, libertad y laicidad, y en consecuencia, se encuadra en una práctica discriminatoria. Como antecedente, la AAS incluyó un fallo de 2006 de la Corte Suprema de Justicia que avaló el reclamo de personería jurídica de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual de Argentina y revocó una sentencia de cámara que había sostenido que la Alitt perseguía fines sociales contrarios al bien común.
En diálogo con Página/12, el presidente de la AAS, Daniel Bracamonte, aseguró que en el país hay alrededor de 100 mil parejas swingers. Bracamonte vive en el barrio porteño de Villa Urquiza, es periodista, tiene 53 años y junto a su esposa, Beatriz Mufachio, practica el estilo de vida swinger desde hace dos décadas. Bracamonte y Mufachio tienen dos hijos, de 30 y 27 años. El titular de AAS contó que edita desde hace 14 años la revista Entre nosotros swingers, que "vende unos 10 mil ejemplares cada mes". "En la ciudad de Buenos Aires hay siete clubes swingers y tres más en la provincia de Córdoba", apuntó.

–¿Para qué quieren la personería jurídica? –preguntó este diario.
–No buscamos tener un permiso para realizar nuestra actividad porque la practicamos en la intimidad. Lo que nos pasa es que sin personería jurídica se nos dificulta lograr habilitaciones de los clubes swingers. Nos categorizan como discotecas y cuando llega una inspección y ven a una persona haciendo un striptease, lo clausuran. Tenemos que "arreglar" inspectores y policías para no sentir la presión de que nos van a cerrar. ¿Por qué los criadores de palomas tienen derecho a agruparse y nosotros no? Queremos tener una sede para poder dar charlas, talleres y apoyo psicológico para parejas que tal vez tienen la fantasía de ser swingers pero no se animan por celos, el miedo al día después u otros factores. Hoy ese apoyo lo brindamos en forma privada.

Un pedido de personería jurídica habitualmente no demora más de un mes. El de la AAS ya lleva más de cuatro meses. Página/12 consultó en la IGJ pero el organismo no respondió sobre la situación del expediente de la AAS.
Ocho años atrás, la entidad intentó obtener la personería jurídica por primera vez. Pero le fue denegada a través de la Resolución Nº 541, dictada el 28 de junio de 2002 por la IGJ, y por la Sala A de la Cámara Nacional Civil. Ese fallo no fue apelado y quedó firme. De acuerdo con el estatuto constitutivo de la AAS, sus objetivos son "la promoción del estilo de vida swinger, entendido éste como propuesta alternativa en materia sexual y cultural en la estructura matrimonial y de parejas" y la difusión de "la filosofía swinger por medio de revistas, videos, y/o páginas web". "Esta actividad permitirá agrupar a los swingers desarrollando su cultura, preservando su intimidad y divulgando las normas que los definen", dice el documento presentado en la IJG.
Gil Domínguez sostiene que el fallo de la Corte Suprema que en 2006 avaló por unanimidad el pedido de personería jurídica de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti-Transexual es un antecedente incuestionable para allanar el camino para que la AAS obtenga la suya. Ese fallo revocó una sentencia de la Sala K de la Cámara Civil –que a la vez había confirmado lo resuelto por la Inspección General de Justicia– y dictaminó que en resguardo del derecho fundamental y humano de asociarse con fines útiles, Alitt estaba facultada para obtener la personería jurídica conforme lo establece el artículo 33 del Código Civil, es decir, con el objetivo de promover el bien común, explicó Gil Domínguez.

27 de abril de 2010
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