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violación, delito de lesa humanidad


Tan imprescriptible como la tortura. La violencia sexual también fue considerada un crimen de lesa humanidad. Por primera vez en el país, el Tribunal Federal que condenó a Horacio Américo Barcos por el secuestro de Amalia Ricotti y José Tur argumentó que las violaciones en los centros clandestinos de detención fueron parte del plan sistemático.
[Juan Carlos Tizziani] Argentina. El fallo del Tribunal Oral de Santa Fe que condenó al represor y ex espía del Ejército, Horacio Américo Barcos, a 11 años de prisión es el primero en el país que considera delito de lesa humanidad a la "violencia sexual" contra una secuestrada en un centro clandestino de la dictadura. "Los abusos sexuales y la violación sufrida por la víctima durante su cautiverio (...) constituyen una forma más de tormento y por ende corresponde encuadrar tales hechos en dicha figura penal, constitutiva de crímenes contra la humanidad", sentenció el Tribunal que integraron los camaristas José María Escobar Cello, María Ivón Vella y el subrogante Daniel Laborde. "Es un fallo muy importante que va a sentar jurisprudencia en la Argentina", opinó la abogada Zulema Rivera, quien patrocinó a la querellante en la causa, Amalia Ricotti.
Barcos fue condenado por integrar un grupo de tareas que secuestró y torturó a Ricotti y a su ex esposo ya fallecido José Alberto Tur, en mayo de 1978, en un chupadero en las afueras de Santa Fe que aún no fue localizado.
En los alegatos, la querella había pedido 21 años de cárcel para Barcos y el fiscal María Suárez Faisal 15 años. El Tribunal lo condenó a 11 años, pero unificó una sentencia anterior de cuatro años por "extorsión" en una pena única y efectiva de 15 años que deberá cumplir en la cárcel de Las Flores.
Rivera ratificó su crítica al monto de la pena a Barcos porque a su criterio "tendría que haber sido mayor", pero ponderó los fundamentos de la sentencia. "Leer los fundamentos fue reconfortante porque vimos que nuestro alegato tuvo una recepción muy grande en el Tribunal", dijo la abogada. Y subrayó que se trata del primer fallo en la Argentina que considera la "violencia sexual" contra víctimas de la dictadura como delito de lesa humanidad.
A juicio del Tribunal, "tormentos" es "todo trato infamante contra una persona privada de su libertad" que no puede defenderse y "un medio de mortificación a una persona, que se realiza sin causa aparente y sin que la ley exija del victimario un propósito definido, el que, naturalmente, existe en el ánimo del agente".
"El elemento central para que se configure este delito -dice la sentencia , lo constituye la intensidad del dolor causado a la víctima", que en los casos de Ricotti y Tur significó "el paso de corriente eléctrica por el cuerpo", "los simulacros de fusilamiento" y "la violencia de los golpes que padecieron".

Pero también, -agregó el Tribunal "lo constituyen los abusos sexuales y la violación sufrida por la víctima durante su cautiverio", según lo reveló Ricotti en el juicio a Barcos. Y después, lo ratificó otro de los testigos, Narciso Gómez, quien dijo que Tur le había contado que su esposa había sido violada durante el secuestro.
Ricotti convivió con el secreto de la violencia sexual en el centro clandestino durante 32 años. En sus declaraciones judiciales anteriores, dijo que había sufrido abusos, pero recién en el juicio a Barcos y ante los jueces del Tribunal reveló que había sido violada dos veces, por el acusado y por otro represor que no pudo identificar porque tenía una capucha en la cabeza. El fallo explica ese tiempo del dolor. "Resulta comprensible que la víctima no haya mencionado en anteriores presentaciones tal padecimiento, pudiendo hacerlo recién luego de superar la vergüenza y humillación que implica haber sido sometida a semejante práctica degradante, que lamentablemente parece haber sido habitual en hechos como los que aquí se juzgan", dijo el Tribunal.
Y concluyó: "Por lo tanto, consideramos que la violencia sexual soportada por las víctimas de estos aberrantes crímenes, también constituye una forma más de tormentos, y por ende corresponde encuadrar tales hechos en dicha figura penal, constitutiva de crímenes contra la humanidad".
"Es muy importante que el fallo considere a la violencia sexual como una forma más de los tormentos en este plan sistemático que se aplicó durante la dictadura. Porque hasta ahora, no había reconocido por ninguna sentencia sobre delitos de lesa humanidad en el país", señaló la doctora Rivera.

¿Esta es la primera? -preguntó Rosario/12.
Es la primera que considera a la violación como una forma más de tormento en un centro clandestino -contestó la abogada.

El fiscal Martín Suárez Faisal también consideró probado en el juicio que "Barcos abusó sexualmente de Ricotti aprovechándose del cautiverio y de su indefensión, circunstancia que surge de las declaraciones de la propia víctima, quien sostuvo que pese a encontrarse tabicada pudo ver el rostro de Barcos mientras era sometida y allí pudo corroborar que se trataba de la misma persona que los había secuestrado a ella y su marido".
"La violencia sexual forma parte del plan sistemático", dijo el fiscal en su alegato. Y citó a dos organizaciones con estatus consultivos de la ONU y la OEA: el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer (Cladem) y el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), que se presentaron como amicus curiae (amigos del Tribunal) en el juicio al general Santiago Omar Rivero, en el Juzgado Federal N? 2 de San Martín. "La violencia sexual como parte de los tormentos cometidos en los centros clandestinos de la dictadura fueron parte del plan sistemático de represión ilegal, por lo tanto delitos de lesa humanidad, imprescriptibles", dijo Suárez Faisal. "La prueba es harto elocuente, así como se tiene por probado que todo detenido fue torturado por el sólo hecho de haber sido detenido en cautiverio, deben valorarse bajo los mismos parámetros probatorios las denuncias de abusos sexuales, haciendo de las denuncias plurales y coincidentes de las víctimas el elemento de prueba fundamental. Estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres han sido invisibilizadas por mucho tiempo, tanto a nivel internacional como nacional, por la vergüenza, la culpa, el temor y la estigmatización de las que son objeto las mujeres afectadas".
"En contextos de conflicto y/o represión los cuerpos de las mujeres afectadas, se transforman en campos de batalla y, a través de la violencia sexual, los varones imponen de manera cruel el poder y la dominación que culturalmente ejercen sobre las mujeres", concluyó el fiscal.

26 de abril de 2010
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compromiso con abuelas


Griselda tessio y el caso Noble Herrera.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. La vicegobernadora Griselda Tessio interpretó la mora judicial en develar la identidad de los dos hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble como "un caso paradigmático" en el país. "Es muy preocupante que la Justicia por el nombre, el peso económico y el privilegio social de los actores demore una investigación de esta manera. Esta causa ya lleva ocho años, no empezó hace quince días. Es una larga lucha, una larga caminata y hasta diría una agonía de las Abuelas de Plaza de Mayo, que no sólo han perdido a sus hijos secuestrados, sino también a sus nietos apropiados", dijo Tessio. Y prometió: "Si no hay justicia aquí, yo también voy a acompañar a la Presidenta y a las Abuelas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo haré como vicegobernadora de la provincia de Santa Fe".
Tessio fue fiscal federal durante veintitrés años, hasta que en enero de 2007 Hermes Binner la propuso como su compañera de fórmula. Su trabajo en el Ministerio Público se caracterizó por la defensa de los derechos humanos. En 2005, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, la designó para dirigir la unidad de investigación de los delitos de lesa humanidad durante la dictadura en Santa Fe, Rosario y San Nicolás.
"Es paradigmático", dijo a Página/12 sobre el caso Noble Herrera, porque en las causas de apropiación de niños "uno pretende que la Justicia sea efectiva, rápida y contundente". Tessio coincidió con el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, al señalar que la adopción de los hijos de Noble fue "más que extraña e irregular". También recordó que "en la época de la dictadura, los jueces de Menores entregaban niños como quien entrega cachorritos, eso es lo que hacía la mayoría de ellos y no digo todos para no generalizar y herir susceptibilidades", afirmó.
Tessio remarcó que "en la investigación judicial hay un plexo de indicios que da a pensar que podrían ser niños apropiados durante la dictadura". "Además –agregó– hay otros testimonios de las Abuelas que buscan a sus hijas y a sus nietos o nietas secuestradas. Chicha Mariani dijo que por esa fecha, alguien le dijo que (el genocida y ex jefe de la Policía bonaerense, Ramón) Camps o alguno de sus lugartenientes había entregado un niño, porque son dos entregas distintas, a una persona de muy alto nivel. Podemos suponer que esa persona de muy alto nivel es ella."

–¿Usted acompañaría a las Abuelas de Plaza de Mayo a los tribunales internacionales, como propuso la Presidenta?
–Yo también los voy a acompañar como vicegobernadora de la provincia de Santa Fe. Si los tribunales argentinos no resuelven este caso que es paradigmático, las Abuelas tienen todo el derecho del mundo a recurrir a la jurisdicción internacional. Hemos descubierto apropiadores y niños apropiados y hubo bastante actividad judicial cuando los apropiadores no eran personajes tan importantes, como en el caso de (Juan) Cabandié.

Tessio destacó que "a nadie se le puede obligar a los 30 años que descubra afectos que no cultivó durante toda su vida, pero la familia biológica, más allá de las decisiones de los jóvenes apropiados, tiene derecho a saber su identidad, que es un valor jurídico más importante que la decisión de los jóvenes".

26 de abril de 2010
26 de abril de 2010
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preocupante demora


Griselda Tessio habló sobre el proceso judicial para conocer la identidad de los hijos de la dueña de Clarín. La vice de Hermes Binner, prometió que si la justicia argentina no da respuestas a las víctimas, ella también compartirá el compromiso de la presidenta de acompañar a las Abuelas ante los tribunales internacionales.
[Juan Carlos Tizziani] Argentina. La vicegobernadora Griselda Tessio interpretó la mora judicial en develar la identidad de los dos hijos adoptivos de la dueña del grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, como "un caso paradigmático" en el país. "Es muy preocupante que la justicia por el nombre, el peso económico y el privilegio social de los actores demore una investigación de esta manera. Esta causa ya lleva ocho años, no empezó hace quince días. Es una larga lucha, una larga caminata y hasta diría una agonía de las Abuelas de Plaza de Mayo, que no sólo han perdido a sus hijos secuestrados, sino también a sus nietos apropiados", dijo Tessio. Y prometió que si la justicia argentina no da respuestas a las víctimas, ella también compartirá el compromiso de la presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, de acompañar a las Abuelas ante los tribunales internacionales. "Si no hay justicia aquí, yo también voy acompañar a la presidenta y a las Abuelas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo haré como vicegobernadora de la provincia de Santa Fe".
Tessio fue fiscal federal durante veintitrés años, desde 1984 hasta enero de 2007, cuando el gobernador Hermes Binner la propuso como su compañera de fórmula. Su trabajo en el Ministerio Público se caracterizó por la defensa de los derechos humanos y las investigaciones de los crímenes del terrorismo estatal. En 2005, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, la designó para dirigir la unidad de investigación de los delitos de lesa humanidad durante la dictadura en Santa Fe, Rosario y San Nicolás, hasta que renunció para acercarse a la vocación de su padre: el ex gobernador radical Aldo Emilio Tessio. Así que su mirada sobre la demanda a la viuda de Noble por los hijos que adoptó después del golpe de 1976 está insospechada de cualquier sesgo político.
"Es un caso paradigmático" -dijo en un diálogo con Rosario/12 porque en las causas de apropiación de niños "uno pretende que la justicia sea efectiva, rápida y contundente", pero en ésta ocurrió todo lo contrario. "Ya lleva ocho años de trámites" y eso no sucedió con ninguna otra causa en ningún otro lugar del país.
Tessio coincidió con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, al señalar que la adopción de los hijos de Noble fue "más que extraña e irregular". "El encuentro de esa mujer con esos niños no fue casual. Ella dice que los encuentra por casualidad, que en (mayo de 1976) encontró una beba adentro de una caja, en las puertas de su casa de San Isidro. Y que no obstante esta situación, la jueza de Menores (ya fallecida, Ofelia Hejt) sin ningún tipo de garantías le da primero la tenencia y luego la adopción de esos niños sin haber investigado nada. Sabemos que en la época de la dictadura, los jueces de Menores entregaban niños como quien entrega cachorritos, eso es lo que hacía la mayoría de ellos y no digo todos para no generalizar y herir susceptibilidades", afirmó.
"Además, agregó hay otros testimonios de las abuelas que buscan a sus hijas y a sus nietos o nietas secuestradas. "Chicha" Mariani dijo que por esa fecha, alguien le dijo que (el genocida y ex jefe de la Policía bonaerense, Ramón) Camps o alguno de sus lugartenientes había entregado un niño, porque son dos entregas distintas, a una persona de muy alto nivel. Bueno, podemos suponer que esa persona de muy alto nivel es ella".
"Ahora, todas estas conjeturas, análisis e investigaciones ya llevan ocho años. Esta no es una causa que empezó hace quince días y que las Abuelas quieren que se resuelva ya.
Es una larga lucha, una larga caminata y hasta diría una agonía, porque las abuelas se están muriendo. No sólo han perdido a sus hijos secuestrados, sino que también han perdidos a sus nietos apropiados. Y para cualquier persona con sensibilidad, sobre todo para las mujeres que tienen hijos y nietos, llegar a pensar esta tragedia que atravesó una enorme cantidad de familias argentinas, lo que uno pretende es que la justicia sea efectiva, rápida y contundente", afirmó.
El 9 de abril último, la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó un recurso de los abogados de Herrera contra la resolución del juez federal Conrado Bergesio que disponía entrecruzar muestras de sangre y de ADN de Marcela y Felipe con todas las familias de niños apropiados que se conservan en el Banco Nacional de Datos Genéticos. El fallo aún no está firme. "¿Los artilugios judiciales frenarán la investigación genética?", se le preguntó a Tessio. "La Cámara de Casación ya resolvió. Sabemos que los abogados de la señora de Noble pedían que las extracciones de sangre y los análisis de ADN no se hicieran en el hospital Durand, que es donde deben hacerse por ley y que los resultados sólo se cruzaran con las familias querellantes en la causa. Yo tuve un caso así cuando era fiscal federal de Santa Fe, hicimos eso: la muestra genética sólo se comparó con una familia que buscaban a su hijo apropiado y la investigación fracasó. Acá hay que cruzarlos los ADN (de Marcela y Felipe) con toda la red del Banco Nacional de Datos Genéticos. Es muy preocupante que la justicia por el nombre, el peso económico y el privilegio social que los actores tengan demoren de esta manera una causa. Ahora, la última noticia es que estos jóvenes estarían dispuestos a someterse a la resolución de la justicia. Pero también sabemos que muchas veces se ha llegado a esa instancia y después un escrito (de la defensa) volvía toda la causa al estado anterior"
El 24 de marzo, la presidenta de la República se comprometió con las Abuelas de Plaza de Mayo y con los familiares de esos jóvenes que van a tener justicia porque van a tener identidad. Y dijo que si no podían encontrar justicia en la Argentina, los acompañaría como presidenta a los tribunales internacionales.

-¿Usted qué piensa?
Yo también los voy a acompañar como vicegobernadora de la provincia de Santa Fe sorprendió Tessio.

¿Usted acompañaría a las Abuelas y a la presidenta de la Nación ante una Corte internacional si no tienen justicia en el país?
Sí, absolutamente insistió la vice. Si los tribunales argentinos no resuelven este caso que es paradigmático, las Abuelas tienen todo el derecho del mundo a recurrir a la jurisdicción internacional. Hemos descubiertos apropiadores y niños apropiados y hubo bastante actividad judicial cuando los apropiadores no eran personajes tan importantes, como en el caso de (Juan) Cabandíe, a quien un ex PCI de la Policía Federal sometía a tormentos cuando era niño, según relató su hermana. Entonces, estos personajes se apropiaban de una criatura para torturarla, así como habían torturado hasta la muerte, probablemente, a sus padres. Entonces, si no hay una justicia en el país, hay todo el derecho del mundo a recurrir a los organismos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las que se ha recurrido por otras causas y muchos más hoy en día cuando la mayoría de los países están sometiéndose a la jurisdicción de los tribunales internacionales.

Para usted es un caso paradigmático.
Por supuesto. Es paradigmático porque lo que ocurre con este caso no sucedió con ningún otro en la Argentina. Entonces, debemos pedirle a la justicia que lo resuelva. Más allá, de que los hijos de Noble quieran tener relaciones con sus familias biológicas o no. Eso es otro tema, corre por otro registro. A nadie se le puede obligar a los 30 años que descubra afectos que no cultivaron durante toda la vida de esas personas. Pero la familia biológica, más allá de las decisiones de los jóvenes apropiados, tiene derecho a saber su identidad, que es un valor jurídico más importante que la decisión de los jóvenes.
Pero hay casos de hijos apropiados que no quieren saber su identidad. Si alguien no quiere saber cuál es su identidad real no hay justicia en el mundo que pueda obligarlo a saber. Pero sí la justicia tiene que velar por el deseo y el derecho de saber de la familia de sangre porque eso habla de la legitimación que los Estados modernos le dan a la cuestión de la identidad. Por algo en la Argentina hace más de 120 años y a costa de muchas luchas en la sociedad se estableció el Registro Civil, porque el Estado que es el que otorga la documentación, da fe que esa persona es realmente esa persona, concluyó Tessio.

25 de abril de 2010
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larga y ejemplar lucha de lila


Adela Forestello, madre de Plaza 25 de Mayo de Rosario habla sobre las condenas recientes. Su hija fue secuestrada en Rosario en 1977, a su nieta Victoria la recuperó al poco tiempo y con ella fue a escuchar las condenas perpetuas para los represores de Rosario. "Lo que dijeron los jueces fue aleccionador", explicó.
[Sonia Tessa] Argentina. La madre de la plaza 25 de mayo, Adela Panello de Forestello, vuelve a llorar en la tardecita del viernes, cuando recuerda el momento de la lectura de la sentencia a los cinco genocidas que se produjo el jueves 15 de abril. Caen lágrimas por su rostro arrugado y todavía bello, a los 87 años, pero nunca pierde la compostura. A Lila -como le dicen todos le cuesta precisar cuándo dio por muerta a su hija, Marta María Forestello, Lala para sus compañeros de militancia, desaparecida a los 24 años. Pero sí recuerda que recién después de 1984 supo que no volvería a verla. La angustia que le provoca la sentencia tiene que ver con ese tremendo dolor, aún vigente para ella y Victoria, que tenía un año y medio cuando fue secuestrada junto a su madre. Su abuela la crió, vivieron juntas buena parte de su vida, y fueron juntas a escuchar el veredicto del Tribunal Federal Oral que preside Otmar Paulucci. Forestello fue la única Madre de Plaza de Mayo que querelló en esta causa por la desaparición de su hija, secuestrada primero en el Servicio de Informaciones, y luego en Quinta de Funes, escuela Magnasco y La Intermedia. "Era lo máximo a lo que se podía aspirar. Todo lo que pasó no tiene vuelta atrás. Una sentencia no te cambia nada. Sólo saber que esos tipos que son una porquería van a estar presos toda la vida. Creo que es un momento para estar contenta", dice Victoria, que no quiere ningún protagonismo en la nota, y aclara que no participa en política. Lila, en cambio, empezó a trabajar en Familiares en plena dictadura, dio vueltas a la plaza 25 de Mayo durante aquellos años, cuando hombres amenazantes les sacaban fotos, y la vuelta no era alrededor del monumento central, sino en todo el perímetro de la plaza. Llevó la primera bandera que tuvieron las Madres en Rosario. Y durante muchos años creyó que su hija estaba viva.
"Ahora en retrospectiva te parece imposible que hayamos podido pensar que estaba viva", dice Victoria, mientras acuna a su hijo más pequeño, de 9 meses, y mira al más grande, de 6 años, jugar por el mismo departamento donde vivían sus abuelos en 1976, y donde "las fuerzas conjuntas del Ejército, la policía y la Prefectura" fueron a buscar a su mamá, en 1976. No la encontraron, pero robaron todo lo que había. El primer allanamiento que sufrió Lila Forestello fue el 1º de junio de 1976. La patota volvió un mes después. Entonces, junto a su marido y la otra hija, María Susana, decidieron irse a España. Un infarto masivo le quitó también a su compañero de vida, y Lila volvió a la Argentina a fines del 76. Una sola vez pudo volver a ver a Marta María y su nieta, en la Florida, en el verano de 1977. El 19 de agosto de ese año, secuestraron a la joven con su pequeña hija en Lavalle entre 9 de julio y 3 de febrero.
Lila se enteró casi a la medianoche, y salió en busca de ayuda. Fue a ver a un juez provincial amigo de su marido, pero recibió como respuesta que "no podía hacer nada". Desde entonces, comenzó a ir todas las mañana al Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, en Córdoba y Moreno, para preguntar sobre su hija. Nunca obtuvo respuestas. Durante los primeros quince días de la desaparición de Lala, además, buscó incansablemente a la niña. Un juez de menores le restituyó a la nieta. Pero a su hija no volvió a verla. Victoria vivió con su abuela desde entonces, y hasta que hizo su propia familia. Nunca militó en política ni organismos de derechos humanos. "Siempre lo viví como algo personal. Fue como un acuerdo tácito. La que se expuso fue mi abuela", dice ahora.
Lila fue querellante y testigo en el juicio que comenzó el 31 de agosto del año pasado. "Fue bastante esperado", dice con elegancia sobre la larga lucha que libró durante más de 30 años. Cuenta, al pasar, los pedidos de información, las presentaciones judiciales, las marcas que fueron dejando algunos relatos. Como el careo con Héctor "Pollo" Baravalle, en 1984 y los primeros relatos de Eduardo "Tucu" Costanzo, en los que él mencionó entre las personas asesinadas a "la hija de un dentista que jugaba al golf. Ese era mi marido". Relata que entonces, junto a otras dos querellantes de esta causa, Cecilia Nazabal y Alicia Gutiérrez, le pidieron a Costanzo que hiciera ese relato para ellas, pero él se negó.
Supo que Lala había estado en el Servicio de Informaciones de la jefatura provincial por el relato de una testigo de este juicio, Laura Ferrer Varela. "Me enteré ahora de que había estado en la policía", dice Lila. Para su abogada, Gabriela Durruty, la participación de Lila en el juicio tuvo una importancia especial. "Una característica del caso de Marta María es que nos permitió evidenciar la vinculación que existía no sólo entre las distintas fuerzas, entre el Ejército y la policía, sino también entre los distintos centros clandestinos. Dado que ella fue vista por Laura Ferrer Varela en el servicio de Informaciones que dependía de la policía de Feced y después estuvo al menos en tres centros clandestinos dependientes del Ejército, Quinta de Funes, Escuela Magnasco y la Intermedia", puntualiza Durruty, para quien "fue un orgullo representar a la familia". La profesional afirma: "Me impresiona la fuerza de Lila, que no sé de dónde la sacó, porque ella fue madre y abuela y a su vez nunca dejó de luchar para saber qué pasó con su hija Marta María".
Y eso que sufrió amenazas e intimidaciones. Durante la dictadura, los llamados telefónicos eran permanentes, sólo se paraban durante unos días, cuando Lila hacía la denuncia ante el único juez que se la tomaba, en los Tribunales provinciales. Ahora mismo, en 2009, un mes antes del juicio, dos hombres estuvieron averiguando en la puerta del edificio si ella vivía allí. Entonces se incorporó al Programa de Protección de Testigos, al que elogia porque "han tenido muchas atenciones" con ella.
Pero jamás dejó de buscar justicia para Lala. ¿Cómo era? "Muy linda, llamaba mucho la atención porque tenía unos ojos muy claros, y era morocha. Además, era muy inteligente, le faltaban una o dos materias para recibirse de licenciada en Estadística, en la UNR, era muy buena alumna y estaba muy bien considerada por su gran inteligencia", dice la Madre sobre la hija que le arrebataron.
Para Lila fue difícil el comienzo del juicio. "Tenía una gran angustia, era vivir todo de nuevo", dice. Pero está satisfecha con la condena, aunque las lágrimas sigan surcando su rostro cuando la recuerda. "Lo que dijeron estos jueces, para mí, fue aleccionador", dice ahora, y quiere subrayar también el alegato de la fiscal Mabel Colalongo. "Me satisfizo. Me pareció muy bien porque ahí demostró que no hubo tal guerra, que no había enfrentamientos con todos los apresados, sino que se los llevaban de sus casas, que los secuestraban en la calle". Por eso, Lila, siente que el juicio fue importante, más allá de la sentencia. "Cuando leí la nota del juez Otmar Paulucci (publicada el domingo pasado en Rosario/12), a mí me satisfizo, porque yo quiero que esto se sepa. Aunque también me pregunto cómo un juez podía ignorar lo que había pasado".

25 de abril de 2010
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memoria del desprecio


La violación como matiz de género del terrorismo de estado. Uno de los casos que fundamentan la denuncia penal y el juicio político contra el camarista Luis Miret es la privación ilegítima de la libertad, tormentos y violación de Luz Faingold, entonces de 16 años.

[Horacio Verbitsky] Argentina. Aún hoy, a 35 años de la pesadilla, es una mujer joven, porque entonces era apenas una niña. La pequeña productora agropecuaria Luz Amanda Faingold Casenave cosecha uva y aceitunas en una finca de 17 hectáreas. Su esposo murió en un accidente de auto hace nueve años. Con él tuvo tres hijos, que recién hace un mes conocieron por una nota de este diario lo que había padecido su mamá. El entonces juez Luis Francisco Miret la mantuvo detenida durante tres semanas, una de ellas incomunicada, en calabozos policiales en los que fue torturada y violada a sus 16 años. La conmoción familiar fue enorme al saber que luego de su secuestro en Guaymallén había sido violada en el D2 policial, donde Miret la alojó pese a su edad. "Al principio me costó darme cuenta por qué se incluyó mi nombre en la nota. Pero luego entendí que tenía que saberse toda la verdad". A raíz de la publicación "me puse a pensar en los delitos que se cometieron en relación a otras chicas, lo había olvidado. No había vuelto a hablar de este tema" agrega. La violación era el matiz específico de género en las torturas que sufrían todos quienes pasaban por allí. Sus padres conocían los hechos, pero no sus hermanos, bastante menores que ella, ni sus hijos. "Hoy gracias a la difusión del caso estamos más unidos, estamos mejor porque aceptamos nuestra historia, la persecución que sufrimos. Cuando salió la nota se habló de mí y vi que tenía que hablar yo". Luego de varias semanas muy dolorosas, el núcleo familiar emergió fortalecido. La semana pasada Luz Faingold se constituyó como querellante en la causa penal contra Miret y contra el también camarista Otilio Romano, quien entonces era fiscal, y contó su historia al fiscal de derechos humanos Omar Palermo. La causa se inició por denuncia de los ex presos políticos Fernando Rule y David Blanco, y comprende hechos contenidos en los expedientes Mochi, Luna, Rabanal y Menéndez por la participación primaria de Miret y Romano en crímenes contra la humanidad, incumplimiento de deberes de funcionario público, participación en torturas y apremios ilegales y en abuso sexual agravado. La pauta reiterada era no investigar a miembros de fuerzas de seguridad denunciados por torturas, violaciones y robos y en cambio tomar como válidas las declaraciones de los detenidos contra sí mismos obtenidas bajo tortura. Al mismo tiempo, el Consejo de la Magistratura prosigue la instrucción del caso contra Miret y Romano, cuyo juicio político por estos hechos solicitaron los organismos defensores de los derechos humanos de Mendoza, con la adhesión posterior del gobierno de Celso Jaque.
Faingold aclara que se ha cruzado en la calle con Miret "y no me ha interesado vengarme. Sí me interesa que se haga justicia, por los demás. He hecho un trabajo personal para no albergar ni transmitir a mi entorno sentimientos de odio sino esperanza en la justicia, que algún día llegaría. Todo mi esfuerzo ha sido pensando en aportar un grano de arena para que nuestra sociedad comprenda que respetar los derechos humanos es la tarea más importante. Algún día las cosas van a cambiar. Me siento sana, no tengo odio, sino estaría enferma. Se sigue viviendo el gorilismo argentino, pero Mendoza está cambiando".
Luz fue detenida en la noche del 28 al 29 de agosto de 1975 cuando acompañaba a su novio Eduardo Glogowsky. "Me encapucharon, me pegaron, hubo abusos y un simulacro de fusilamiento. Me trasladaron a la D2, yo no sabía entonces qué lugar era". Eduardo militaba en el partido Política Obrera, Luz no tenía militancia propia. Miret ordenó la entrega de Luz a sus padres, como correspondía, pero media hora después revocó la decisión (el garantismo no le duró ni una foja: ambas decisiones constan en la que lleva el número 138 del expediente Mochi). "Me tuvieron siete días en el D2, fui torturada y violada, me gritaban y abrían la puerta constantemente. No nos daban de comer, ni agua, ni nos dejaban ir al baño". Una noche la llevaron a un hogar de menores para "guardar un viso de normalidad", y de allí la condujeron a declarar. "Tanto en la D2 como ante Miret sentí muchísimo miedo. Esperaba que con el juez pudiera hablar y me encontré con alguien que era igual a los milicos. Prudencio Mochi tiene razón cuando dice que recuerda a Miret como un milico más. Nos despreciaba como si él fuera nazi y nosotros judíos, con un desprecio y un trato de odio increíble, como nunca más vi en mi vida. Tenía desprecio por las personas que éramos. No podía mirar a otro lado más que a su cara de odio. Era muy chica entonces, venía de una clase media alta, y nunca había sufrido así tanta falta de respeto, ni volví a sufrirlo en mi vida". Un peritaje del Cuerpo Médico Forense indicó que "necesita urgente tratamiento psiquiátrico y presenta depresión, angustia y vulnerable a vivencias psicotraumáticas", pero Miret no hizo caso. "Tampoco tuve abogado defensor. Volví a aterrorizarme, como en el D2. Mi madre golpeaba y gritaba invocando la Constitución, hasta que logró entrar y presenciar mi declaración. Fue la primera vez que la vi en una semana de incomunicación. Pero Miret la hizo callar". El juez le preguntó por un recorte de diario pegado a una hoja de su carpeta de clases sobre el acople en órbita de una nave espacial estadounidense Apollo con una Soyuz soviética. "No lo podía creer. Le dije la verdad, que era la tarea del profesor de matemáticas y astronomía. Nunca olvidé su cara y su odio, nunca volví a sentirme tan aterrorizada". Miret le negó la excarcelación y la retuvo otras dos semanas en el hogar de menores, hasta que la Cámara de Apelaciones la puso bajo la custodia de sus padres. Pero tuvo que huir después de dos nuevos allanamientos en su casa, ya en 1976. El primero, a las 5 de la mañana. "Amenazaron a mi hermano, lo pusieron contra la pared, mataron al perro. Yo me escapé por los techos hasta la casa de un vecino. Cuando ocurrió el segundo allanamiento ya no estaba en mi casa. Me salvé porque alguien le dijo a mi madre que me sacara del país. Mi padre insistía para que me quedara, no podía entender que persiguieran a alguien inocente". Miret y el juez federal Gabriel Guzzo solicitaron su extradición al Uruguay, que no la concedió pero la intimó a dejar su territorio en 24 horas. Pasó tres meses en Río de Janeiro como refugiada del ACNUR hasta que Francia le concedió la visa y se asiló en París. Diez meses después del triunfo de Alfonsín volvió al país, a pesar de que tenía todavía orden de captura. "Yo sabía que no había hecho nada. Me presenté al juzgado federal y al tiempo cerraron la causa". Luz insiste en que se publique "algo positivo, no una cuestión de venganza personal. Estoy por el respeto a la dignidad humana, a los niños, a las mujeres, a la Tierra, hoy que justamente es el Día de la Tierra". Por eso eligió la foto que ilustra la tapa de este diario, "con el Cordón del Plata al fondo y cerca del cauce del Río Blanco. Está buena porque refleja cuánto quiero a Mendoza, aunque sea tan conservadora".

La Suspensión
El miércoles 21 la Comisión de Interpretación y Reglamentos de la Universidad Nacional de Cuyo propuso por unanimidad la suspensión preventiva como profesor de Miret, denunciado por la Comisión de Estudiantes por los Derechos Humanos y la Ética y por el Observatorio de Derechos Humanos de Mendoza. El miércoles ese dictamen será tratado por el pleno del Consejo Superior de la Universidad, que elevará su recomendación al rector Arturo Somoza, quien ya dejó saber que a fin de año no renovará el contrato de Miret. Pero los estudiantes reclaman que sea sancionado ya mismo.

Marchas Militares
Dada la gravedad de las denuncias "esta comisión propone al Consejo Superior que aconseje al señor rector que disponga suspender preventivamente mediante resolución fundada y otorgarle vista en los plazos legales al doctor Luis Miret a los efectos de que pueda ejercer plenamente su derecho de defensa", dice la resolución universitaria aprobada el miércoles de esta semana. Durante la sesión la comisión estudiantil proyectó imágenes obtenidas en archivos y bibliotecas, donde se ve a Miret cuando juró su cargo de juez federal, en 1976, junto a la plana mayor del gobierno provincial de facto. "A medida que las fotos aparecían los colores de la cara del decano de la Facultad de Derecho, Ismael Farrando, y del vicedecano Eduardo Emili tornaban de un gris parduzco a un rojo cada vez más furioso. Como correlato, vimos las caras de los otros consejeros superiores que con mucho interés, a medida que avanzaba nuestro relato, comenzaron a mostrar indignación contra Miret y afirmación por lo que pedíamos", cuenta uno de los estudiantes. Como si no hubieran transcurrido tres décadas la Facultad de Derecho le entregó a Miret el texto de la acusación dos semanas antes de la sesión y los nombres de los miembros de la Comisión de Estudiantes y el registro de audio del Consejo Directivo de la facultad de Derecho ante el que la expusieron. El adjunto de la cátedra de Miret, José Rodríguez, asiste a todas las actividades que se realizan para denunciar el caso y toma nota de lo que dice cada uno. Hace tres años, Rodríguez organizó junto a la ahora disuelta agrupación estudiantil Derecho al Cambio la presentación en el hall central de la facultad de la banda del Liceo Militar General Espejo, que tocó marchas militares. Las autoridades de la facultad se cuadraron como en una formación militar.

Campeón del Garantismo
Miret dijo al diario mendocino El Sol que era el "campeón del garantismo" y que no fue "juez del proceso, sino juez de carrera que actuó durante el proceso". Bajo el gobierno constitucional de 19731976, Miret sólo fue defensor oficial, si bien tuvo algunas causas como juez subrogante. Recién en junio de 1976 fue designado juez. Muchos como él juraron por las actas y estatutos golpistas, porque en caso contrario hubieran perdido el cargo y corrido riesgo de secuestro. Pero algunos, como el actual juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, nunca aplicaron esos textos infralegales y, por el contrario, investigaron torturas, ordenaron libertades y concedieron opciones para salir del país. Miret y Romano no sólo los juraron, además los aplicaron con entusiasmo y se pronunciaron por la inconstitucionalidad de las normas que se les oponían. En el reportaje, Miret dijo que no recordaba haber visto detenidos con marcas de torturas ni haberse enterado de la existencia de desaparecidos. Sostuvo que todos los detenidos decían haber sido torturados "para desvirtuar la indagatoria policial". Cuando se les permitía tomar indagatoria, los policías estaban "tentados en hacer cualquier apremio, como mínimo, un submarino, que no deja marcas, o colgarlos de las piernas por una noche y, entonces, al día siguiente, algunos cantan", dijo con preciso conocimiento de la jerga canera. Esos apremios, "podían ser o no ciertos", agregó. En los cuatro expedientes constan no sólo las denuncias de torturas de un gran número de detenidos, sino también los peritajes médicos que las confirman. Miret también dijo que los decretos de María Estela Martínez de Perón e Italo Luder, que ordenaban aniquilar la subversión eran secretos, por lo que recién los conoció en 1985 durante el juicio a los ex Comandantes. Tampoco eso es cierto. Los decretos 2770, 2771 y 2772/75 por los que Luder extendió a todo el país la orden que Isabel había circunscripto a Tucumán, fueron públicos, como consta en el Boletín Oficial del 4 de noviembre de 1975. Sobre la desaparición del profesor Mauricio López, Miret pensó que "se había escondido". En una significativa admisión de su idea sobre la legalidad agregó que cuando le dijeron que "gente encapuchada" se lo llevó en un camión del Ejército pensó que "lo habrán detenido". Respecto de la apropiación de los hijos de detenidos desaparecidos, Miret explicó que hoy es considerada un delito contra los derechos humanos, "pero en 1976 o 1977, si nos decían que los hijos de los aprehendidos eran dados en adopción, no nos causaba el sentimiento que hoy causa".

Defensa Propia
También negó haberse excusado por amistad íntima con el general Juan Pablo Saa durante el juicio de 1987. Sin embargo, la foja 88 del expediente 49283, Romero, Daniel, contiene la excusación presentada por Miret, quien consideró que no tenía objetividad para juzgar "a mi amigo el general Juan Saa". Invocó para ello el artículo 75, inciso 12 del Código de Procedimientos en lo Criminal que regía entonces, y que no alude a amistad sino a "amistad íntima". Saa fue procesado pero Carlos Menem lo indultó. Pese a su amistad íntima, Miret se negó a excusarse cuando se realizaron los juicios por la verdad en 2001 y tomó la declaración de Saa en forma complaciente. Luego de sucesivas apelaciones la Corte Suprema de Justicia decidió que debía apartarse porque como él mismo había admitido no era un juez imparcial, pero ante la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida los juicios por la verdad se interrumpieron.
Romano y Miret engañaron a la opinión pública y a la Federación de Colegios de Abogados (FACA), que expresó "preocupación por la indebida intromisión por parte del Ejecutivo Nacional a la necesaria independencia del Poder Judicial, al solicitar la promoción de juicio político a integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza". Ni Romano ni Miret fueron denunciados por el Poder Ejecutivo Nacional, sino por las víctimas y sus defensores. El Colegio de Abogados de Mendoza pretendió que se los acusaba por haber aplicado jurisprudencia de la Cámara de Casación Penal cuando decidieron dejar en libertad a todos los represores detenidos en Mendoza. Tampoco es así: el denominado plenario Díaz Bessone de la Cámara de Casación es del 30 de octubre de 2008, pero la Cámara mendocina comenzó a disponer esas libertades el 23 de mayo y continuó el 13 y el 18 de setiembre. A esa fecha sólo quedaban tres detenidos. La Cámara de Casación tampoco dijo que había que dejar a todos en libertad sino evaluar la situación procesal, en caso de riesgo de fuga u obstaculización del proceso. La deliberada decisión de trabar y dilatar para que no se llegue a un juicio oral es una estrategia defensista de Miret y Romano, ya que en tal debate testimoniarían quienes los acusan. En el reportaje a El Sol, Miret mencionó el caso de su ex compañero en la Cámara Federal, Carlos Pereyra González. Durante el juicio oral en San Luis quedó en evidencia la complicidad de Pereyra González con el terrorismo de Estado cuando era secretario de juzgado. A raíz de ello debió renunciar y ahora puede ser juzgado. La responsabilidad de Romano como fiscal y de Miret como juez es mucho mayor que la de un secretario, de modo que ya sabían lo que les esperaba de llegarse al juicio.

Hay Que Aguantar
Otilio Romano dijo al militante diario La Nación, que lo publicó en su tapa, que las acusaciones por su actuación y la de Miret durante la dictadura eran para presionarlos por la ley de medios, cuando la cronología demuestra que los organismos de derechos humanos entregaron al Consejo de la Magistratura la denuncia el 22 de marzo y la Cámara recibió la apelación por la ley audiovisual una semana después. Pero además, en el año 2003, cuando nadie pensaba en modificar la ley de radiodifusión de la dictadura, el periodista Rodrigo Sepúlveda presentó su tesis de graduación a la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Cuyo, que incluye testimonios filmados en 2000, cuando Kirchner sólo era gobernador de Santa Cruz. Juan Carlos Yanzón y Hugo Tomini cuentan allí que los policías del D2 les bajaron la venda con la que los mantenían sin vista para que hablaran con el juez.

–¿Cómo está? –preguntó Miret.
–Dolorido –respondió Hugo Tomini.
–Hay que aguantar –fue el único comentario del juez.

Cuando denunciaron las torturas de que habían sido víctimas y las violaciones a las mujeres, Miret respondió con un gesto de indiferencia. Algunos meses después, Tomini consiguió que le dieran la opción para salir del país. Su padre fue a ver a Miret para que llenara los formalismos necesarios. "Si el presidente Videla no tiene nada contra su hijo, yo tampoco", dijo. "Era un soldado de su general. No se ponía en juez, era uno más del escalafón", describe Tomini. En el trabajo de Sepúlveda también se recoge el testimonio de Jaime Torrens, a quien Miret le dijo que lo iba a condenar porque "más allá de las pruebas que tenga, usted es mi enemigo".

Entrevista de Ana F. Adelardi.

25 de abril de 2010
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pacto de sangre del último dictador


El último dictador explicó por qué morirá con sus secretos. Reynaldo Bignone, cuarto presidente de la última dictadura, que acaba de ser condenado a 25 años de prisión en cárcel común, dijo que prefiere el juzgamiento al repudio de los militares de entonces.
[Por Martín Granovsky] Argentina. A un cuarto de siglo del Juicio a las Juntas, los condenados de hoy repiten los mismos argumentos de sus jefes condenados entonces. El 20 de abril último fue el turno de Reynaldo Benito Antonio Bignone, quien recibió una pena de 25 años de prisión a cumplir en cárcel común por 56 casos probados de privación ilegítima de la libertad y tortura en el campo de concentración de Campo de Mayo, donde fueron llevados alrededor de cinco mil secuestrados que jamás aparecieron con vida. Igual que Jorge Videla o Emilio Massera, Bignone desarrolló una argumentación que podría parafrasearse así: "Responsable de todo, pero culpable de nada".
Para Bignone, el cuarto de los dictadores-presidentes luego de Videla, Roberto Viola y Leopoldo Galtieri, la carencia de culpa parece explicarse por la existencia de un "combate singular". Definió Bignone: "Singular por sus características de guerra irregular contra un enemigo cruel, artero y sanguinario con métodos aberrantes y solapados".
Bignone, de 82 años, dijo en su alegato que solo efectuaría "algunas reflexiones" ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, integrado por Marta Milloc, Héctor Sagretti y Daniel Cisneros. Ya sabía que la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos había pedido 50 años de prisión, en tanto que las Abuelas, los fiscales, la Secretaría de Derechos Humanos y el abogado Pablo Llonto (en nombre de familiares de víctimas) reclamaban 25 años.
En la primera parte de su alegato repitió la historia oficial que habían dibujado los defensores y reos de 1985, cuando la Justicia civil procesó por iniciativa del entonces presidente Raúl Alfonsín a los comandantes militares de la dictadura que gobernó entre 1976 y 1983. El eje fue, y sigue siendo, que la Argentina libró una guerra, y que esa guerra "fue iniciada por las organizaciones terroristas". En el juicio del ’85, el fiscal Julio Strassera afirmó irónicamente en respuesta a los argumentos militares que esa guerra no fue tal sino "una cacería de conejos".
Una parte complementaria del eje doctrinario señala que el combate del Ejército en esa presunta guerra obedeció a las órdenes de un poder constitucional, el de la presidenta 1974-1976 María Estela Martínez de Perón. Isabel firmó un decreto que involucró a las Fuerzas Armadas en la represión. Pero en el alegato de Bignone, ella habría sido la continuadora del espíritu de Juan Perón, presidente entre el 12 de octubre de 1973 y su muerte, el 1° de julio del ’74. Quizás en busca de enredar al peronismo actual en una discusión, Bignone citó el mensaje de Perón de enero de 1974, tras el ataque al cuartel de Azul por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo. El entonces presidente dijo que había que "aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal".

Historia sin Golpe
Como cada uno de los jefes militares juzgados entre abril y diciembre de 1985, Bignone intentó sin éxito convertir un juicio penal en un juicio definitivo sobre la historia –como si éste, por otra parte, existiera– y quiso elegir qué personaje encarnaría él mismo en la obra. Con un agregado: en ese juicio definitivo debía quedar cristalizado que los comandantes actuaron como una prolongación de la represión ejercida por Perón e Isabel. Y otro más: en los textos doctrinarios del Estado terrorista que procuran justificar la matanza no suele aparecer el golpe del 24 de marzo de 1976, un giro histórico violentísimo.
La Historia como disciplina está en perpetua construcción, lo mismo que la valoración política de cada uno sobre el pasado. De los comienzos de 1974 pueden reconstruirse o valorarse, entre otros temas, tanto la posición política del ERP de haber continuado con la lucha armada como el papel del propio Perón en el ‘Navarrazo’ de febrero, el golpe que el coronel retirado Antonio Domingo Navarro, jefe de policía de Córdoba, dio contra el gobernador Ricardo Obregón Cano y el vice Atilio López, que ese mismo año sería uno de los primeros muertos de la Triple A junto con Silvio Frondizi. Así como Perón ordenó la renuncia del gobernador bonaerense Oscar Bidegain luego del ataque de Azul, intervino Córdoba después del ‘Navarrazo’.
La represión ilegal asistemática estaba lanzada, sería más profunda con Perón muerto y se aplicaría también en Tucumán en 1975. Las Fuerzas Armadas capitalizaron la experiencia y la información adquiridas desde el golpe contra Perón en 1955, y en 1976, ya desde el mando del Estado, iniciaron la etapa de ilegalidad más sistemática, persistente, global y, por lo tanto, de un efecto letal superlativo.
El punto es que en 1976 ninguna de las formaciones guerrilleras, ni Montoneros ni el ERP, tenía ya poder alguno. Si el golpe era una forma de disciplinamiento que sus encargados creían definitoria y fundacional, queda claro que la apelación al peligro guerrillero era solo una coartada para la masacre. Y lo era a tal punto que ni siquiera sus protagonistas mencionan el golpe cuando les toca el turno de defenderse ante los jueces de la Constitución.
Coartadas como ésa abundan en los alegatos dictatoriales, de Videla a Bignone. Bignone aportó el lunes, también, alguna falacia sobre la disciplina y una de las definiciones más sinceras escuchadas hasta ahora sobre el pacto de sangre, ese silencio sobre lo que hicieron que los jefes de la masacre mantienen hasta la tumba.

Cómo Dejar Este Mundo
En su falacia de la continuidad militar desde 1974, Bignone mencionó la obediencia debida y argumentó que solo existe la obediencia. El cuarto dictador recordó que puso en funciones a otros oficiales o fue puesto en funciones a lo largo de su carrera bajo el juramento de acatar órdenes "en bien del servicio y en cumplimiento de leyes y reglamentos militares". Dijo que "jamás un subordinado mío dejó de cumplir una orden que yo hubiera impartido". Eso significaría –pretendió razonar– o que "fueran todos pusilánimes" o que las órdenes estuvieron bien impartidas.
Como en el análisis de toda falacia puede aparecer una contradicción que lleve a la verdad, también hay una pista en las palabras del propio Bignone. Dice: "No soy jurista, pero siempre me han enseñado que en una (la justicia ordinaria) el principal bien protegido es la vida y la libertad. En la justicia militar el principal bien protegido es la disciplina. El juzgarnos apartándonos caprichosamente del juez natural da como resultado una falsa interpretación del deber militar y las vicisitudes que implica la guerra". Groucho Marx decía que la justicia militar es a la justicia lo que música militar es a la música. Sin ofender a ningún cornetista de banda, lo cierto es que la justicia militar, la "natural" en palabras de Bignone, es un resorte administrativo, como sucede con un expediente laboral. En última instancia manda el que manda. En cambio, los jueces que lo condenaron el lunes último pertenecen a un poder independiente, el Judicial.
El pacto de sangre aparece planteado por Bignone de este modo: "Para el momento supremo de dejar este mundo, resulta preferible el juzgamiento que el repudio unánime de mis superiores, camaradas y subalternos".
Podría pensarse que, en el caso de Bignone, esa frase responde solo a un arranque mesiánico. No es así. En su alegato, los fiscales Marcelo García Berro, Javier Augusto De Luca y Juan Patricio Murray detallaron no solo el plan sistemático de represión sino la participación de Bignone en la posterior destrucción de pruebas dentro de lo que describieron como "un plan mayor" en el que la "lucha antisubversiva" fue utilizada solo como "una fachada".
Los fiscales dan importancia delectiva al uso del "secreto operacional militar" en la represión y sostienen que "la coronación de este sistema" es el decreto del Poder Ejecutivo número 2726, del 19 de octubre de 1983, cuando Bignone era presidente y faltaban 11 días para las elecciones generales que ganó Alfonsín. El decreto establecía dar de baja "las constancias de antecedentes relativos a la detención de las personas arrestadas a disposición del Poder Ejecutivo nacional".
Por un mensaje militar, el 561/83, los encargados de las zonas de represión que hubieran recibido documentación clasificada sobre la represión debían "proceder a la devolución inmediata para la incineración por acta".
"Nadie dispone la eliminación de algo inocuo, y para saber si algo es inocuo o no lo es debe conocer su contenido", dice el alegato fiscal. "Bignone no puede alegar desconocimiento." Y añade: "Muchos de estos actos ‘oficiales’ posteriores, en realidad no deben ser considerados como realizados sin promesa anterior al hecho (característica clásica del encubrimiento) sino con promesa o acuerdo anterior porque los ejecutores podían contar con la impunidad posterior, al momento de su realización. Todos fueron desarrollados mediante la suma del poder público, y constituyeron verdaderos aportes en el terreno de la coautoría o de la participación criminal".
Parte de ese aparato fue la ley 22.924, llamada "de Pacificación Nacional", que amnistiaba los delitos de la "lucha antisubversiva" y los denominados "excesos" en la represión.
Esa verdadera autoamnistía militar fue derogada en diciembre de 1983 por el Congreso a propuesta del presidente democrático.
Bignone fue jefe del Estado Mayor y más tarde comandante de Institutos Militares, el organismo encargado de formación de oficiales. Recibió conscriptos, varios de ellos desaparecidos bajo bandera, y condujo Campo de Mayo, donde funcionó en la dictadura uno de los tres grandes campos de concentración junto con La Perla, en Córdoba, y la Escuela de Mecánica de la Armada. En su caso, el silencio no es solamente una decisión individual: es parte del plan.

25 de abril de 2010
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denuncian a escuela de policía


Un cadete dijo que lo torturaron, pero asuntos internos asegura que no hay ni una prueba. Un chico de 19 años dijo que lo tuvieron doce horas en una pileta de natación, en la escuela Vucetich. El auditor general aseguró que ningún testimonio respaldó la denuncia. "No tenía ningún tipo de lesiones", afirmó.
Argentina. El padre de un joven de 19 años que el lunes había ingresado a la escuela de la Policía Bonaerense Juan Vucetich denunció que dos oficiales sometieron a su hijo a torturas. "Lo mantuvieron doce horas en una pileta, lo hicieron caminar cuatro kilómetros de rodillas y lo obligaron a firmar su baja" el miércoles, aseguró el padre. Apenas se conoció la denuncia, el jefe de la fuerza, Juan Carlos Paggi, ordenó una investigación. "Desde el director para abajo están involucrados todos y sometidos a investigación", dijo. Pero horas después, el titular de la Auditoría de Asuntos Internos, Manuel Sandberg Haedo, aseguró que "no surgió ningún elemento de prueba que pudiera avalar la denuncia de tortura". Anoche, en el domicilio de la familia denunciante, aseguraban que el chico estaba internado en el Hospital San Juan de Dios de La Plata por una descompensación física y alta tensión arterial.
El lunes pasado, la escuela Juan Vucetich abrió sus puertas a toda una nueva camada de cadetes, entre ellos el joven denunciante de 19 años, domiciliado en Berazategui. "Es un chico bien. Somos de una familia humilde y trabajadora. El fue a buscar un empleo", explicó Jorge Ferreira, padre del joven.
Según la denuncia de la familia, todo se complicó dos días después. En la medianoche del martes el chico se habría ofrecido "para hacer una imaginaria guardia nocturna; a las 2 de la mañana se presentó su jefe y le preguntó por novedades. El le dijo que no pasó nada y vio una sombra pasar por detrás suyo. Entonces, el jefe le pidió proceder y reducir al desconocido", relató Ferreira. Según el padre, el joven logró detener a esa persona y, después de un forcejeo, lo golpeó. El supuesto sospechoso se sacó una capucha y resultó ser otro oficial.
"Le pidió (al joven) que se ponga firme, tomó un palo y le comenzó a pegar en el cuerpo frente a los compañeros. Después le ordenó que se desnude y lo hizo tirar a una pileta, donde le tiraban piedras para que las busque", contó el padre. Según la denuncia, el cadete estuvo doce horas en el agua, desde las 2 de la madrugada hasta las 14 del miércoles, y después fue obligado a gatear desde la pileta hasta la entrada cuatro veces, unos cuatro kilómetros. Además lo pincharon con alfileres en la mano y lo obligaron a firmar la baja. El miércoles a la tarde llegó desvanecido a casa", concluye la denuncia de Ferreira.
El hombre hizo la denuncia el jueves y, ese mismo día, el jefe de la bonaerense ordenó "que los médicos fueran al domicilio del cadete a revisarlo y cuando volvieron le di intervención a la Dirección de Asuntos Internos para que investigue qué sucedió".
Los resultados de esa intervención los dio a conocer ayer el auditor general de Asuntos Internos, quien concurrió ayer a la Vucetich en compañía del fiscal Néstor Ichazo. "Fuimos sin avisar, interrogamos a todos los cadetes, a los tutores, y nadie dijo haber visto un episodio como el denunciado", dijo Sandberg Haedo a Página/12.

–¿Puede ser que no hayan dicho nada por miedo? –preguntó este diario.
–Podría haber sido en algún caso, pero no en todos. En la Vucetich hay personal policial y civil, docentes y proveedores. Lo descartamos de plano.

Según el funcionario, los cadetes relataron que esa mañana desayunaron con el joven Ferreira quien "les manifestó que extrañaba a su hijo y manifestó un síndrome de abstinencia al cigarrillo, ya que en la escuela sólo está permitido fumar después de almorzar o cenar". El auditor relató además que el denunciante tuvo el miércoles a la mañana una entrevista con la psicóloga de las escuela, a la que le manifestó que quería pedir la baja y que "se reincorporaría cuando su hijo tuviera uno o dos años". A esa misma hora, según la denuncia, debía encontrarse en la pileta de natación.
La UFI Nº 4 de Berazategui abrió una investigación, pero hasta el momento los médicos legistas no habrían encontrado signos de tortura. "No presenta signos de golpe, no tiene lesiones en las rodillas y sólo se detectó una lesión puntiforme entre los dedos de una mano.
La familia, sin embargo, sostiene la versión de la agresión: María del Carmen Ferreira, tía del joven, denunció un encubrimiento desde la institución al sostener que "a un chico que lo ayudó (a su sobrino) le dieron de baja automáticamente". A pesar de todo, el padre aseguró que su hijo "quiere volver a la policía porque quiere trabajar".
El auditor general afirmó, después de recorrer la escuela, que "es imposible que nadie haya visto al chico en la pileta, ya que (el natatorio) está ubicado en el centro del predio, que es un lugar de paso obligatorio" dentro de la escuela. "Además, el agua estaba muy fría como para haber estado en ese lugar durante doce horas", desconfió el funcionario. Según el auditor, el fiscal tampoco encontró pruebas que ratifiquen la denuncia.
El informe médico que recibió la auditoría refiere que el chico se encontraba ayer en un "estado tembloroso", refería "dolores postraumáticos", pero "no presentaba lesiones", la presión arterial y el ritmo cardíaco era normal y "no presentaba lesiones en las rodillas".
La auditoría es un organismo civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y ajeno a la Policía Bonaerense, a diferencia de la Policía Federal, donde Asuntos Internos forma parte de la propia fuerza.

24 de abril de 2010
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rechazan extradición de astiz


Niegan un pedido de extradición de Astiz. Francia había reclamado al ex marino por la desaparición de las monjas Alice Domon y Léonie Duquet, pero el pedido fue rechazado porque está siendo juzgado aquí por los mismos hechos.
Argentina. La Justicia Federal de Bahía Blanca denegó ayer un pedido de extradición del Estado francés para el represor Alfredo Astiz, en el marco de la causa por los crímenes de las monjas Alice Domon y Léonie Duquet. El juez ad hoc Santiago Martínez, a cargo del Juzgado Federal 2, rechazó la solicitud por considerar que "Astiz se encuentra siendo juzgado" en Argentina "por los mismos hechos por los cuales se pedía la extradición", es decir "la detención, tortura y desaparición de las monjas francesas". El ex marino, dado de baja luego de ufanarse de ser el hombre mejor preparado del país para matar a un político o a un periodista, continuó escuchando durante los últimos días los testimonios de los sobrevivientes de la ESMA y familiares de desaparecidos, en el primer juicio oral y público significativo a los ex miembros del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Armada.
Astiz se había presentado ante la Justicia bahiense el martes. El ex capitán entregó entonces un escrito de ocho carillas en el que exhortó a que se defienda la soberanía nacional, criticó la actitud de Francia de pretender juzgarlo y argumentó desconocer el principio de jurisdicción universal para juzgar delitos de lesa humanidad, aplicado a fines de los ’90 por el juez español Baltasar Garzón respecto de represores sudamericanos e invocado ahora por abogados argentinos para juzgar en el país los crímenes del franquismo en España.
La audiencia de ayer, que no contó con la presencia del ex marino, se llevó a cabo al mediodía en la sede del juzgado bahiense, con la participación del fiscal Antonio Castaño. El juez ad hoc Martínez señaló que Astiz es juzgado en estos días por su responsabilidad en los mismos hechos por los que se pide la extradición y apuntó que son "incluso más amplios y graves" los que se juzgan en Comodoro Py. Admitir la extradición, argumentó, configuraría "un claro caso de doble persecución penal, violatoria de la garantía del ‘ne bis in idem’", que deriva "del principio de inviolabilidad de la defensa en juicio, es un complemento de las demás garantías que protegen la libertad individual e importa un principio básico y regulador del proceso". Sólo resta saber si la Embajada de Francia apelará la decisión.
Astiz declaró el mes pasado durante más de una hora ante el TOF5 porteño. Lejos de negar los crímenes o mostrar arrepentimiento, intentó justificarlos con citas de Perón, con los decretos de aniquilamiento de Luder, Ruckauf & Cía. y con un supuesto "apoyo de la sociedad, reflejado en el periodismo de la época". También sugirió que Néstor Kirchner dio en 2003 "un golpe de Estado" al designar "una nueva mayoría automática" en la Corte Suprema de Justicia y que existe "un ataque organizado y sistemático al grupo de personas que combatió el terrorismo".

24 de abril de 2010
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