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encuentro en casa rosada


Familiares de Silvia Suppo se reunieron con la presidenta. El hermano y el hijo de Suppo fueron recibidos ayer por el Jefe de Gabinete, a quien le remarcaron que fue un "crimen político". En un tramo de la reunión se sumó la presidenta, quien se mostró "muy sensible con lo ocurrido con Silvia".
[José Maggi] Argentina. El hermano y el hijo de Silvia Suppo, asesinada a puñaladas en Rafaela luego de declarar en una causa por terrorismo de estado, fueron recibidos ayer por la presidenta Cristina Fernández, y por el jefe de Gabinete Aníbal Fernández. Hugo Suppo planteó que el de su hermana fue un "crimen político", y reveló que la presidenta le ofreció todo el apoyo del Estado necesario para resolver el crimen. De igual modo reveló que Cristina "rescató la valentía de la vicegobernadora Griselda Tessio quien había hablado de "sicarios" a tan solo 24 horas del crimen. "Fuimos muy bien recibidos por la Presidenta, charlamos más de diez minutos, lo que valoramos justamente porque fue bastante tiempo por las ocupaciones que tiene. Se mostró muy interesada en la causa, y muy sensible con lo ocurrido con Silvia, por lo que nos fuimos realmente emocionados con este encuentro", apuntó Suppo a este diario.

¿Qué le planteó a la presidenta?
Nuestra preocupación por encontrar la verdad, y ella nos contestó que nos ponía a disposición todo el aparato del estado, en el sentido técnico para que la investigación avance por buenos caminos. Esto es lo que nos ha dicho- respondió Hugo.

¿Qué le transmitieron al jefe de Gabinete?
Nuestra angustia y preocupación con la forma en que la investigación estaba siendo conducida y la necesidad de abandonar esta línea investigativa que sostiene que ha sido un robo seguido de muerte. Y le pedimos investigar con más recursos la otra hipótesis que nosotros sostenemos. En resumen los detalles y las contradicciones del caso.

¿Cuáles son las contradicciones del caso?
Todavía no leímos en su totalidad el expediente que tiene 1.500 páginas y que recién hoy (por ayer) le entregaron a Marina, la hija de Silvia que está en Rafaela. Nuestra duda es cómo va a ser el asesino alguien conocido de la víctima, que dicen cuidaba coches en esa zona del negocio, y la policía dice que la mató porque lo reconoció. Es un comportamiento irracional. Puede ser creíble que se encuentren accidentalmente en otra zona de la ciudad y la robe, y por lo tanto la mató para que no lo delate. La otra hipótesis es ilógica.

¿Están convencidos del móvil del crimen?
No sabemos el nombre del autor intelectual, pero está claro que la Policía de Santa Fe tiene alguna cosa que ver, quiero decir algunos miembros de esta institución, no puede haber otro grupo interesado en eliminar a Silvia. Esta fuerza tiene varios hombres en el proceso de investigación de las causas (por delitos de lesa humanidad) en las que declaró o iba a declarar mi hermana.

¿Usted sostiene que fue un crimen político?
Yo diría que sí, claro que la justicia tendrá la última palabra. Por eso hay que darle a la justicia, medios para investigar, es lo que nos prometió la presidenta. Imagino que será ayuda técnica, Gendarmería quizás pueda analizar la escena del crimen, algo que no hubo porque la policía de Santa Fe hizo un trabajo muy precario, muy mal hecho y hay que corregirlo.

¿Cómo llegaron a reunirse con la presidenta?
Llamamos por teléfono, me pidieron un email y una dirección, lo que demuestra la sensibilidad de la presidenta, quien se mostró muy interesada y muy sensible. Dijo que estaba muy preocupada por este crimen como todos los argentinos, es decir que tuvo el mismo comportamiento que el ciudadano común, porque nadie cree en la versión de la policía. Yo estoy hace una semana en el país, y he conversado con mucha gente y nadie cree que haya sido como dice la policía. La presidenta tampoco lo cree.

¿Mañana (por hoy) vuela hacia Francia, ¿cómo deja el país?
Me siento amparado porque siento que la sociedad civil y la presidenta están preocupados y quieren investigar y buscar la verdad, regreso pensando que mi viaje a este país, mejor no pudo haber sido.

23 de abril de 2010
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ai denuncia discriminación en formosa


Informe de Amnistía Internacional sobre aborígenes en Formosa. Amnistía Internacional investigó la situación de los pueblos indígenas de Formosa. Denuncia que sufren una "sistemática violación" de los derechos humanos, despojo de tierras y una estructura estatal que reprime a las comunidades originarias.
[Darío Aranda] Argentina. "Exigimos respeto" es el título de la reciente investigación de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación de los pueblos originarios de Formosa, donde describe "la violación sistemática de derechos humanos, el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y un aparato político-estatal que margina y coacciona a los pueblos indígenas". Durante dos años, la ONG de derechos humanos trabajó junto a comunidades originarias de la provincia. Ahora denuncia "la violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas". "El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas", afirma Amnistía.
La comunidad El Descanso está integrada por 130 personas y habita la zona del Bañado la Estrella (zona de humedales muy conocida en el norte del país), de donde obtienen parte de sus alimentos. A pesar de contar con título de propiedad comunitario, en 1997 el gobierno ingresó a sus parcelas y comenzó a cavar profundos canales para derivar aguas del bañado. La obra de infraestructura perjudicó radicalmente la vida de los pilagá.
Según leyes nacionales e internacionales que protegen los derechos indígenas, toda actividad que pudiera modificar la forma de vida debe contar con la aprobación de las comunidades afectadas. "No hubo consentimiento y ni siquiera se le informó a la comunidad. Los requisitos mínimos de transparencia brillaron por su ausencia", afirma Amnistía Internacional, que analizó la situación de la comunidad El Descanso, la tomó como caso testigo y, en base a testimonios de otras comunidades y documentación, lo hizo extensivo a la provincia.
El informe de AI señala que las obras de infraestructura, con canales de hasta seis metros de profundidad y diques de tierra que inundan espacios comunitarios, le significaron a la comunidad un impacto negativo en la disponibilidad de recursos –sobre todo peces–, le implicaron el talado de árboles y, sobre todo, la inundación de casi la mitad de las tierras, incluido el cementerio de la comunidad.
Amnistía puntualiza que se violó el derecho a la propiedad comunitaria: "Es difícil imaginar al Estado argentino ingresando a la casa de alguien que vive en la ciudad, realizando un canal en las tierras de importantes empresarios ganaderos del campo o inundando un cementerio de personas no indígenas de la manera en que lo hizo en las tierras de la comunidad de El Descanso. Dicha injerencia está prohibida por ley y habría desatado la indignación de muchos y desencadenado causas judiciales millonarias por reparaciones."
La ONG, nacida en 1961 y con presencia en 150 países, denuncia que se violó el derecho al consentimiento libre, previo e informado, derecho humano fundamental de los pueblos indígenas que posibilita que las comunidades puedan tomar decisiones informados sobre los asuntos que podría afectar su forma de vida.
También advierte que el Estado provincial niega "rotundamente" que los pilagá hayan sido perjudicados con la obra e incluso "ha afirmado que la comunidad se está beneficiando del proyecto del canal".
"La historia de discriminación, violencia y explotación a las que fueron sometidos los miembros de la comunidad El Descanso como parte del pueblo indígena pilagá recuerda situaciones que han sufrido otros pueblos indígenas en Argentina y es sólo un ejemplo del círculo de discriminación, exclusión, silenciamiento e inseguridad que mantiene a los indígenas en la pobreza y alimenta la violación de sus derechos humanos", destaca AI, y afirma que las comunidades pilagá enfrentan un "grave" empobrecimiento económico y "escasez crónica de comida".
Este diario solicitó una entrevista a la Subsecretaría de Comunicación de Formosa, cuyo gobernador es Gildo Insfrán, a fin de recabar una opinión sobre el informe de AI, pero no obtuvo respuesta.
Amnistía Internacional recuerda que desde una década atrás las organizaciones indígenas denuncian el secuestro de DNI durante los comicios y la coerción para votar por determinado candidatos. Amnistía confirmó que las últimas dos elecciones se repitió la sustracción de documentos "articulada con el secuestro de indígenas en galpones la víspera de las elecciones" y la compra de votos a cambio de frazadas, ladrillos o mercadería.
La ONG también responsabiliza al Estado nacional por no tomar medidas –"argumentando el respeto por el sistema federal"–, frente a las denuncias de la comunidad por violación de sus derechos y lo acusa de "estar ausente y haber abandonado a las comunidades indígenas a su propia suerte".
"La falta de voluntad política y el no tomar en serio los reclamos de las comunidades indígenas como la de El Descanso no sólo vulnera los derechos de la comunidad, sino que refuerza su situación de discriminación y marginalización histórica", denuncia y explica que, de esa forma, se "refuerza el empobrecimiento, la marginalización y el silenciamiento de la comunidad de El Descanso y de los pilagá en general".
Amnistía Internacional afirma que "la violación sistemática" de derechos ocurridos en la comunidad El Descanso es una muestra de lo sucedido en toda Formosa e incluso en distintas regiones del país. "Muchos indígenas en la Argentina, al igual que los pilagá, siguen enfrentando la marginación y la discriminación y tienen grandes dificultades para que sus voces sean escuchadas y para acceder a la justicia sin discriminación", alerta y subraya que el Estado argentino "debe asumir y cumplir sin demoras" el derecho de los pueblos originarios a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos naturales.
Entre las numerosas recomendaciones, se solicita proteger a las comunidades indígenas de posibles represalias, reclama el cumplimiento efectivo de la ley 26.160 (prohibición de desalojos y relevamiento de tierras) y se insta a las autoridades de la Argentina a que adopten de manera "urgente las medidas necesarias para garantizar que se respeten, promuevan y cumplan los derechos de los indígenas de la comunidad de El Descanso y se rompa así el ciclo de discriminación y exclusión al que están sometidos".
La ONG siempre dirige sus recomendaciones a los gobiernos por entender que éstos son los responsables de lograr el respeto, promoción y cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, la investigación también aborda la responsabilidad de la sociedad argentina, donde encuentra las "profundas raíces históricas y culturales del racismo y la discriminación de los que son víctimas hombres y mujeres indígenas".

22 de abril de 2010
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hablan hermanos noble herrera


En medio de la controversia política y judicial por las muestras de ADN. Advierten que temen convertirse en "una presa más" de la embestida contra Clarín.
Argentina. Los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera decidieron romper el silencio que habían mantenido en torno a la controversia por la realización del examen de ADN para determinar su identidad biológica, a pesar, dicen, de que "nunca quisimos hacer de nuestra identidad algo público". La razón de esta decisión: "Nos sentimos maltratados y no queremos que nos lastimen más".
Lo hicieron en cuatro solicitadas publicadas hoy en los diarios Clarín, La Nación, Crítica y Página 12 en las que dicen tener miedo de "habernos convertido en una presa más de esa embestida". En su mensaje, se refieren, concretamente, a "una campaña muy fuerte de ataques oficiales" contra su madre, Ernestina Herrera de Noble, directora de Clarín, en el marco de la causa en la que se investigan sus adopciones y el origen de sangre de sus identidades, que viene recorriendo los estrados judiciales desde 2002.
"El uso político de nuestra historia es algo que nos parece injusto. Tratamos de estar serenos, pero la presión a veces es muy fuerte. Hace poco, por cadena nacional, la Presidenta de la nación se refirió a nosotros sin nombrarnos. Su mensaje, lejos de tranquilizarnos, nos inquietó. Sus palabras fueron perturbadoras", afirman los hermanos Noble Herrera en las solicitadas que firmaron de puño y letra.
Tras destacar, como "lo más importante" el vínculo que los une a su madre, Felipe y Marcela Noble Herrera dicen en su declaración: "Como tantos hijos adoptivos, no conocemos nuestro origen biológico, pero como cualquier persona hemos forjado nuestra identidad a lo largo de nuestras vidas". Y agregan: "Nunca tuvimos ningún indicio concreto de que podamos ser hijos de desaparecidos. Hace años, dos familias que buscan a sus nietos se presentaron ante la Justicia y alegaron que podríamos ser nosotros. Aunque nada indica que podamos serlo, en 2003 aceptamos voluntariamente hacer las pruebas genéticas, porque entendemos su incertidumbre y el dolor de quienes buscan a sus familiares".
Pero las dos familias querellantes (García-Gualdero y Miranda-Lanouscu) se opusieron a que los Noble Herrera cotejaran su ADN con el de ellos en el Cuerpo Médico Forense. Algo que había sido avalado por todas las instancias judiciales e, incluso, por la Corte Suprema de Justicia. Los querellantes exigían que la prueba se hiciera en el Banco Nacional de Datos Genéticos para cotejarlos con todas las muestras que hay allí.
"Aún hoy no comprendemos por qué, a lo largo de casi siete años, estas familias nunca aceptaron la realización del análisis. Nos preguntamos una y mil veces por qué siguen con una duda que arrastran hace tantos años. Por qué los tironeos y las demoras pueden ser más importantes que la respuesta que buscan".
Luego de largas demoras en la causa, los hermanos pudieron, finalmente, entregar muestras de sangre y saliva al Cuerpo Médico Forense en diciembre de 2009.
Pero al día siguiente, el juez Conrado Bergesio ordenó obtener compulsivamente, en el domicilio de los hermanos las mismas muestras de ADN que habían entregado voluntariamente el día anterior. Y luego, ordenó cotejarlas en el BNDG -que desde fines de 2009 depende del Poder Ejecutivo Nacional- con todas las familias que dejaron allí sus datos genéticos. Los Noble Herrera consideraron que no tienen garantías científicas, ya que en esta modalidad de análisis no se prevé la existencia de contrapruebas ni sus peritos pueden tener el debido control del proceso. Esto ocurre a raíz de una ley aprobada por el Gobierno también a fines del año pasado.
Ante este hecho, los abogados de los jóvenes presentaron recursos de apelación, primero ante la Cámara de San Martín y luego ante Casación, que no hizo lugar al planteo. Lo que sostuvo este tribunal en su fallo es que, al no tener el escrito de apelación las firmas de Marcela y Felipe, la Cámara Federal de San Martín debió haberla rechazado "in limine", es decir, sin analizar otra cuestión.
"Como en 2002, cuando llegaron a detener ilegalmente a nuestra madre, nuevamente las presiones políticas y mediáticas han vuelto a adueñarse de nuestra causa. Y no queremos que algo tan íntimo como nuestra identidad continúe bastardeada por acusaciones lanzadas sin sustento, ni por ataques que tienen otros objetivos y nos hacen daño", dicen los hermanos Noble Herrera, en su solicitada dirigida "a la opinión pública".
"No somos chicos, somos dos personas adultas, responsables, que solo pretendemos ejercer nuestros derechos y tomar nuestras propias decisiones, sin presiones y en libertad. Pero sentimos que no podemos hacerlo frente a un Gobierno que nos persigue", afirman, y luego se preguntan: "¿Por qué exponen públicamente sólo nuestro caso? ¿Por qué no se preocuparon por las demoras en los exámenes que ofrecimos y traerían paz a tres familias? ¿Se interesan por nosotros o tienen la necesidad política de que seamos hijos de desaparecidos y de inventar acusaciones contra nuestra madre?". Sobre el final, los Noble Herrera sostienen: "Nuestros miedos son muchos. No somos un botín" y advierten no querer "ser víctimas de una manipulación en los análisis genéticos" sin "garantías legales ni científicas y por una persecución política". Luego, concluyen en su declaración pública: "Hace 34 años nuestra madre nos eligió como hijos. Y nosotros, todos los días, la elegimos como mamá. Nada ni nadie podrá destruir ese vínculo".

22 de abril de 2010
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indios del chaco reclaman ante cs


Dirigentes indígenas del gran chaco, con la Corte Suprema de la Nación. Representantes de pueblos originarios de los tres países que abarcan el Gran Chaco Americano (Argentina, Bolivia y Paraguay), reunidos en Buenos Aires en un encuentro trinacional, llevarán hoy sus reclamos a la Corte Suprema de Justicia.
Argentina. El Gran Chaco Americano ocupa una superficie de un millón de kilómetros cuadrados sobre Argentina, Bolivia y Paraguay y en él sobreviven 200 mil integrantes de 15 pueblos originarios. Hoy, representantes de comunidades indígenas de ese territorio se reunirán con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, para reclamar por el desmonte y el "genocidio étnico". El encuentro se realiza en el marco del encuentro trinacional de la Semana de los Pueblos Indígenas, en la que los dirigentes de esas comunidades debaten sobre un problema en común: el incumplimiento de las legislaciones nacionales e internacionales que reconocen los derechos a la tierra de las comunidades contra el avance de la frontera agrícola sojera, las empresas forestales y de hidrocarburos sobre las recursos naturales que mantienen su modo de vida ancestral. El encuentro se realiza hasta el jueves en Buenos Aires con el lema "somos vida, somos tierra, queremos justicia". Antes de la reunión en la Corte Suprema, Página/12 se reunió con referentes indígenas del Gran Chaco para repasar reclamos y reivindicaciones.
"No podemos vivir peleando unos con otros. Pero hasta ahora los derechos indígenas fueron vulnerados. Por eso, aquí estamos las autoridades originarias de los pueblos de las tres naciones para solicitar a los gobernantes y los magistrados que cumplan con la ley para que podamos recuperar nuestros territorios, nuestra autoestima, nuestra identidad cultural, orgullosos de la herencia de los antepasados y no ya avergonzados como antes", indicó el referente guaraní Quintin Valerosa Cuellar, dejando escapar el aroma a coca que trajo desde Yacuiba, Bolivia.
La bolsita de hojas de coca corre y la toma el cacique wichí Dino Salas, que llegó desde la localidad salteña de San Ignacio de Loyola para encabezar mañana la reunión con Ricardo Lorenzetti. En el encuentro, los dirigentes llevarán su preocupación por "la excesiva lentitud en los procesos judiciales y administrativos" en temas como el "genocidio étnico" que sufre el pueblo toba en El Impenetrable chaqueño y los desmontes ilegales en la provincia de Salta, problemáticas por las que la Corte Suprema ya se expidió en 2007 y 2009, respectivamente. "A pesar de la declaración de la Corte Suprema de parar el desmonte en cuatro departamentos, venimos a solicitar que se resguarden a las familias que, aún hoy, están amenazadas por desalojo en sus tierras ancestrales", apuntó Salas.
La demora en el incumplimiento de una orden de la Corte Suprema desató entre los referentes del Gran Chaco el reclamo por la aplicación de las legislaciones nacionales e internacionales que aseguran los derechos preexistentes de los pueblos originarios (ver aparte). Por eso, el coordinador del programa trinacional, Alipio Valdez, indicó que "no hay por parte de los gobiernos un reconocimiento que se traduzca en la titularización de los territorios y las tierras de los pueblos siguen estando sujetas a la expansión de las empresas agropecuarias, forestales y petroleras". Además, Valdez subrayó que "en el Chaco (Americano) el problema es más grave porque sigue siendo una región marginal para los tres estados".
Por la riqueza natural que ubica al Gran Chaco como quinta prioridad entre los hábitats más significativos en recursos genéticos y diversidad biológica, según un estudio del Banco Mundial, las actividades extractivas de los recursos naturales se extienden en los tres países. "En ninguno de los tres países los gobiernos consultan a los comunidades antes de que las empresas entren a desmontar para plantar soja, realizar pozos petroleros o comprar tierras para el ganado. Como dicen los políticos, ‘la torta tiene que ser repartida’. El pueblo indígena busca su economía y los gobiernos tienen que facilitárselo", sentenció Sixto Codutti, representante del pueblo toba de Pampa del Indio, Chaco. "No estamos en contra del desarrollo, no estamos en contra de ningún beneficio que pueda alcanzar a toda la humanidad, pero sí estamos en contra de que no se respete a la Madre Tierra", aclaró Cuellar, para los escépticos.

Informe de Nahuel Lag.

22 de abril de 2010
21 de abril de 2010
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ratas no se arrepienten


"La destrucción de mi querido Ejército". Ninguno de los condenados expresó arrepentimiento.
[D. M.] Argentina. Ni arrepentimiento, ni perdón, ni información. Los imputados que hicieron uso de sus últimas palabras reivindicaron la represión ilegal y citaron frases de Perón para justificar el terrorismo de Estado. "Nos vemos obligados a soportar las fotos de las supuestas víctimas", puso en duda Reynaldo Bignone en referencia a los desaparecidos, que no le quitaban los ojos de encima desde sus retratos en blanco y negro. El dictador criticó sin nombrarlo al general Martín Balza por su autocrítica y al Centro de Militares por la Democracia por su apoyo a los juicios. "Es preferible una condena al repudio de los camaradas", blanqueó su escala de valores.
Santiago Riveros renegó con "cristiana serenidad" porque considera que deberían juzgarlo sus "jueces naturales", que no lo hicieron cuando Raúl Alfonsín se los encomendó. Dijo ser "el único y exclusivo responsable de todo lo actuado por el Comando de Institutos Militares durante la guerra contra el terrorismo". "No ordené torturar a nadie", aseguró, aunque aclaró que "el Colegio Militar de la Nación nos educó para cumplir órdenes, cualquiera fuera su contenido".
Riveros recordó notas de la prensa que supo aplaudirlo ("La guerra está entre nosotros", revista Gente, 1975) y discursos de dirigentes políticos a favor del golpe de Estado, que según él "nada cambió". "Las Fuerzas Armadas están haciendo patria con mayúsculas", citó a Carlos Menem. "No hay soluciones", a Ricardo Balbín. "Estamos al borde del abismo", a Fernando de la Rúa. Destacó que cuando Luder, Ruckauf, Cafiero & Cía. ordenaron aniquilar a la subversión "nadie levantó su voz". Cerró con una expresión de deseos: "Que esta desgracia argentina encuentre un nuevo Cristo de civil que eche a los ladrones del templo de la República".
"No me defenderé", anticipó Bignone antes de hablar cuarenta minutos. "Ante la agresión terrorista, la Nación empeñó a sus fuerzas armadas para aniquilar al terrorismo subversivo", dijo. Cuestionó la cifra de treinta mil víctimas, aclaró que la figura del desaparecido tiene "otra significación en la guerra irregular", idea que no desarrolló. Negó la existencia de un plan sistemático de robo de bebés. "No llegan a treinta (apropiaciones), y ninguna fue por personal militar", afirmó. "De lo sublime a lo insólito", tituló el último capítulo, en referencia a la solemnidad histórica del Poder Judicial en contraste con el "improvisado escenario" que le tocó como imputado. Cerró con José Ortega y Gasset ("Yo soy yo y mi circunstancia") para advertir que sólo cambió lo segundo.
Las palabras de Eugenio Guañabens Perelló desbordaron violencia. Dijo estar "condenado de antemano", producto de "la destrucción de las instituciones de la República, empezando por mi querido Ejército. ¡Ya no existe como Ejército!", gritó. Sobre la Justicia, dijo que "le arrancaron la venda y le pusieron un ridículo antifaz". Similar reemplazo aplicó a alguna fuerza que no identificó: "¡Reemplazaron la espada por un vulgar palo de escoba!".

21 de abril de 2010
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primera noche en una cárcel común


Condenaron a veinticinco años al ex presidente de facto Reynaldo Bignone y otros represores. El último presidente de la dictadura militar, el ex general Reynaldo Bignone, fue condenado como coautor de medio centenar de privaciones ilegales de la libertad y torturas, cometidas en Campo de Mayo en 1977.
[Diego Martínez] Argentina. A los 82 años, luego de tres décadas impune, el último dictador pasó su primera noche en una cárcel común, condenado por crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín consideró a Reynaldo Bignone coautor de medio centenar de privaciones ilegales de la libertad y torturas, cometidas por sus subordinados de Campo de Mayo en 1977, cuando era jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares. Lo sentenció a veinticinco años de prisión, igual que a Santiago Riveros y a Fernando Verplaetsen. También fueron condenados los generales Eugenio Guañabens Perelló y Jorge García y el coronel Carlos Alberto Tepedino, en tanto fue absuelto el comisario Germán Montenegro. Las cuatrocientas personas que durante horas y en absoluto silencio mantuvieron en alto las fotos de sus seres queridos desaparecidos estallaron en un aplauso cuando la jueza Marta Milloc leyó que se revocaban los arrestos domiciliarios.
Lejos del oscurantismo que durante años caracterizó a los procesos en Comodoro Py, el tribunal de San Martín, que también integran Héctor Sagretti y Daniel Cisneros, ratificó que es posible juzgar a los mayores criminales de la historia argentina a la vista de la sociedad, respetando las garantías e incluso absolviendo a un imputado sin que vuele una mosca. Riveros & Cía. reivindicaron por la mañana su actuación durante la dictadura, pero prefirieron escuchar la sentencia desde un salón aledaño. También se ausentó el defensor oficial Carlos Palermo, que insultó a familiares de víctimas luego de que le gritaran "cobarde" por pedir autorización para no escuchar el fallo. Además del público que colmó la sociedad de fomento José Hernández y los que siguieron la audiencia desde la calle, diecisiete cámaras de televisión llevaron al mundo las imágenes de la sentencia.
Presidente de facto tras la aventura de Malvinas, Bignone había quedado en la historia luego de colocarle la banda presidencial a Raúl Alfonsín. También se conoce su orden de incinerar los archivos de las Fuerzas Armadas para borrar las pruebas del terrorismo de Estado, decisión que aún rinde frutos. Menos pública era hasta ayer su actuación en 1977 en el Comando de Institutos Militares (CIM), organismo del que dependían los cuatro centros clandestinos que funcionaron en Campo de Mayo, por los que se estima pasaron cinco mil personas. El tribunal de San Martín condenó al dictador por once allanamientos ilegales, seis robos, cuarenta y cuatro secuestros y treinta y ocho tormentos. Gracias al método de la represión argentina de desaparición de personas, seguirá impune por los homicidios.
Las penas más altas, tal lo requerido por las querellas y los fiscales Javier De Luca, Juan Patricio Murray y Marcelo García Berro, abarcaron también a Riveros, ex jefe del CIM y de la zona militar VI, y a Verplaetsen, su jefe de Inteligencia, ambos condenados el año pasado por el asesinato de Floreal Avellaneda. Riveros se impuso en términos cuantitativos: quince allanamientos ilegales, siete robos, sesenta y un secuestros y cincuenta y cuatro tormentos. Milloc leyó uno a uno los nombres de sus víctimas.
A veinte años de prisión condenaron al coronel Tepedino, ex jefe de inteligencia interior de la SIDE entre 1975 y 1977 y del Batallón de Inteligencia 601 en los dos años siguientes. Tepedino vivió hasta ayer en un tercer piso de Donato Alvarez 562, donde Página/12 lo retrató en 2003 mientras violaba su arresto domiciliario. Dieciocho años de pena le corresponden al general García, ex director del Colegio Militar de la Nación, y diecisiete a Guañabens Perelló, ex director de la Escuela para Apoyo en Combate General Lemos. El policía Montenegro, absuelto de culpa y cargo, fue jefe de la comisaría de Bella Vista. El tribunal resolvió "por mayoría" que se revoquen los arrestos domiciliarios y le encomendó al juez federal Juan Manuel Yalj, que instruye la megacausa Campo de Mayo, "la pronta elevación a juicio" y "la necesaria unificación" de casos "para evitar dispendio de recursos y trastornos para víctimas e imputados".
"Mi viejo estaría muy contento porque se hizo justicia por tantos compañeros", admitió Francisco Scarpatti, hijo del sobreviviente que denunció ante el mundo las atrocidades en Campo de Mayo y murió sin llegar a ver las condenas. "Cacho hizo todo, hasta el final de su vida, para que estos tipos terminaran presos", agregó orgulloso Francisco, nacido en el exilio, mientras sus compañeros del Movimiento 26 de Julio le rendían homenaje al "Comandante Scarpatti" por "su historia y su ejemplo".
"Estamos contentos, tenemos que revisar las absoluciones. Obviamente nos agravia la absolución de Montenegro", reflexionó sobrio el fiscal Murray. "Lo más importante es que un símbolo de la impunidad va por primera vez a la cárcel", afirmó el abogado y periodista Pablo Llonto. "Bignone fue el presidente de facto que ordenó quemar los archivos de las Fuerzas Armadas, que impulsó la autoamnistía para los militares, y gracias a Alfonsín fue excluido del Juicio a las Juntas. Por lo menos va a pasar un rato en la cárcel", destacó Llonto, mientras los pibes de HIJOS coreaban su nombre.
Francisco Madariaga Quintela, que recuperó su identidad hace dos meses, escuchó ayer una y otra vez el nombre de su mamá Silvia entre las víctimas por quienes se hizo justicia. "Tengo una mezcla de sentimientos", dijo. "Estoy emocionado, es la mínima pena que merecen, pero también siento bronca y tristeza porque no la puedo tener conmigo", explicó. "Estoy procesando todo. Pasa el tiempo y te chocan mucho más las historias. Lo importante hoy es que se hizo justicia por ella", rescató con los ojos llorosos.

21 de abril de 2010
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ex dictador condenado a 25 años


Condena para el último dictador de Argentina. Bignone deberá pasar 25 años en una cárcel común.
Argentina. El tribunal Oral Federal 1 dictó sentencia en el juicio por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención y tortura que funcionó en la guarnición militar de Campo de Mayo. El último presidente de facto de la dictadura, Reinaldo Bignone, fue condenado a 25 años de prisión, al igual que el ex jefe del Departamento de Inteligencia de Campo de Mayo, Exequiel Verplaetsen, y el ex jefe del Comando de Institutos Militares de esa guarnición militar, Santiago Omar Riveros. "Que fue una guerra nadie puede ponerlo en duda", había dicho Bignone para justificar su accionar, al brindar su último alegato. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se mostraron conformes con el fallo y destacaron la labor del tribunal.
También fueron condenados el ex jefe del Batallón de Inteligencia 601 del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Alberto Tepedino (20 años), el ex director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate "General Lemos", Eugenio Guañabens Perelló (17 años) y el ex director de la escuela de infantería de Campo de Mayo, Jorge Osvaldo García(18 años). En tanto, fue absuelto el ex titular de la comisaría de Bella Vista Germán Montenegro.
Los acusados fueron juzgados por allanamientos ilegales, privaciones de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 56 víctimas.
Además, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín dispuso que los represores condenados por los crímenes cometidos en Campo de Mayo entre 1976 y 1978 cumplan la pena en cárceles comunes del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El TOF 1 revocó en consecuencia las prisiones domiciliarias de Reynaldo Bignone, Carlos Tepedino y Eugenio Guañabens Perelló.
Antes de conocer su sentencia, el último presidente de facto de la dictadura militar, Reynaldo Bignone, afirmó que en la década del ’70 hubo una "guerra irregular", en la cual las Fuerzas Armadas "tuvieron que intervenir para derrocar al terrorismo", cumpliendo "órdenes indiscutibles" emanadas de un gobierno democrático.
"Que fue una guerra nadie puede ponerlo en duda", dijo Bignone al sentarse frente al Tribunal para leer durante 40 minutos un escrito, por el que fue silbado y que provocó alguna risa irónica cuando cuestionó la existencia de 30 mil desaparecidos y los casos de robos de bebés nacidos de madres secuestradas en centros clandestinos de detención.
En ese sentido, señaló que "se machaca con la cifra de 30 mil desaparecidos y hasta una jueza de la Corte (por Carmen Argibay) figura en un listado, a esa cifra la dejaron asentada como verdad incontrastable y nunca se demostró más de ocho mil y se barajan 500 robos de bebes pero no llegan a los treinta y ninguno cometido por personal militar".
Además, "se nos tilda de represores y genocidas, en principio el término represión no es descalificante, la autoridad tiene el deber de reprimir los delitos de cualquier tipo y lo de genocida no resiste el menor análisis porque lo ocurrido en nuestro país no se ajusta en lo más mínimo a la definición internacional del delito de genocidio, sólo voceros del odio pueden sostener esto".
Al igual que quien lo precedió en la palabra, el también juzgado Santiago Omar Riveros, Bignone se hizo responsable por todas las órdenes impartidas a sus subordinados, aseguro que todas fueron "legítimas" y recordó que en la justicia militar existía hasta la pena de muerte para la desobediencia.

20 de abril de 2010
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james era espía oficial


Ciro James actuaba en nombre de la Metropolitana, según declaró ayer un testigo ante Oyarbide. Un funcionario del Ministerio Público aseguró que James le dijo que estaba a cargo del "área de investigaciones" de la nueva fuerza.
Agustín Gamboa. El espía la tenía en su poder porque mantenía reuniones como representante de la Policía Metropolitana, pese a que el gobierno porteño ha negado sistemáticamente que cumpliera funciones en la fuerza. La confirmación surge de la declaración del propio Gamboa en el juzgado de Norberto Oyarbide, donde ayer precisó que tuvo un encuentro con James y Roberto Ontivero –uno de los jefes policiales desplazados por el espionaje– en el que ambos dijeron estar a cargo del armado del "área de investigaciones" de la nueva policía.
Según el relato de Gamboa, la reunión con James "se produjo al poco tiempo de la asunción de (Jorge "Fino") Palacios como titular de la Policía" porteña, en julio del año pasado. El objetivo, explicó, era coordinar acciones entre la nueva fuerza y el Ministerio Público de la Ciudad (las fiscalías). El funcionario dijo que James y Ontivero fueron juntos, como enviados de Palacios, según relataron a Página/12 allegados a la causa.
Por entonces, James todavía pertenecía a la Policía Federal, donde obtuvo la baja en septiembre. Es decir que no estaba nombrado en la Metropolitana aún, pero, según deja en evidencia el testimonio de Gamboa, se movía como uno más entre los jefes. Cerca de Oyarbide creen que este nuevo testimonio termina de derribar la teoría (fogoneada por el macrismo) de que James era un mero aspirante al que nadie conocía o un infiltrado. También podría explicar el hecho de que el Ministerio de Educación porteño le siguiera pagando por una función de asesor que jamás cumplió. En el juzgado siempre sospecharon que era una pantalla de sus tareas de espionaje.
James y Palacios están presos desde el año pasado, como dos piezas clave de lo que Oyarbide calificó como una asociación ilícita dedicada a pinchar los teléfonos del dirigente de Familiares de las Víctima de la AMIA Sergio Burstein, del empresario televisivo Carlos Avila, de abogados, más empresarios, parejas de personajes adinerados y hasta del cuñado de Mauricio Macri, el parapsicólogo Daniel Leonardo.
Está probado que James y Palacios se comunicaban permanentemente, y que el espía transitaba las oficinas de la policía porteña. Ontivero no fue citado aún, pero también hablaba seguido con James, lo que le costó el cargo. Los tres se conocen de la Federal, donde trabajaron juntos, incluso años en la Unidad Antiterrorista en Misiones.
Desde esa provincia, precisamente, se ordenaban las escuchas. Lo hacían los juzgados de Horacio Gallardo y José Luis Rey, para dar apariencia de legalidad al espionaje. Pedían intervenir ciertas líneas como si Burstein, Leonardo y compañía fueran sospechosos en casos de homicidio. James retiraba las grabaciones de la SIDE. Gallardo y Rey están siendo sometidos a juicio político y hoy se conocerá el veredicto del jurado. Si son destituidos, podrán ser indagados.
Todavía está pendiente la tanda de indagatorias a los funcionarios porteños, empezando por el propio Macri, complicado por las escuchas a su cuñado, coincidentes con el nombramiento de James en Educación, en 2008, aunque también le imputan las de Burstein. Pero todo quedó postergado a la espera de que la Sala I de la Cámara Federal defina si Oyarbide puede seguir al frente de la causa. El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, lo recusó con el argumento de que cuando era fiscal lo acusó y pidió su indagatoria, llamativamente también en un caso de escuchas. Montenegro asistió ayer con sus abogados a una audiencia en la Cámara, donde volvió a exponer sus argumentos. Oyarbide ya había refutado que como fiscal Montenegro estaba obligado a impulsar su indagatoria y que, de todos modos, fue sobreseído.
La Cámara definiría entre hoy y mañana la suerte de la causa, que si cambia de juez es candidata a entrar en un paréntesis en el mejor de los casos. Si Oyarbide es confirmado, indagará a Palacios el 28 de este mes como jefe de la banda, al ex titular de Educación Mariano Narodowski el 26, a Macri el 5 de mayo y a Montenegro quizás esta semana.

20 de abril de 2010
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