anulan anulación de matrimonio gay
20 de abril de 2010
Un fallo de Liberatori confirmo un matrimonio gay anulado. Corresponde al primer matrimonio entre mujeres, que ya fue legalmente habilitado, anulado y anulada su anulación, lo que vuelve a su permiso. La jueza Liberatori, además, ordenó investigar cómo las apelaciones católicas recaen en los mismos jueces.
[Soledad Vallejos] Argentina. Para "resguardar los derechos jurídicos adquiridos" de Norma Castillo y Ramona ‘Cachita’ Arévalo, la jueza porteña Elena Liberatori anuló la anulación que pendía sobre el matrimonio celebrado el 9 de abril. En la misma resolución, a la que este diario tuvo acceso, la titular del juzgado porteño Nº 5 solicitó a la jueza nacional Martha Gómez Alsina, responsable de la medida cautelar de anulación, que "tenga a bien inhibirse de seguir entendiendo" en el tema, ordenó el secuestro del acta que registró la boda y libró oficios a los consejos de la Magistratura porteño y nacional para "denunciar la afectación de la autonomía" de la Justicia de la ciudad "en virtud de la grosera intromisión". Y en caso de que Gómez Alsina "discrepe", Liberatori invitó a su par "a someter la controversia a la Corte Suprema de la Nación". La jueza porteña también puso de relieve una casualidad notable: la tendencia a que aparezcan los nombres de Gómez Alsina y el también juez nacional Félix de Igarzábal al sortearse estas causas sobre matrimonio civil. Por ello, su resolución también indica "librar oficio a la Oficina de Sorteos" de la Cámara de Apelaciones, para averiguar datos de la presentación iniciada por el abogado Ernesto R. Lamuedra, que derivó en la anulación comunicada mediáticamente.
Tras conocer el fallo, la Federación Argentina LGBT (FALGBT) reafirmó en un comunicado que "ninguno de los (cuatro) matrimonios entre parejas del mismo sexo fue legalmente anulado en Argentina", y anunció que hoy denunciará ante el Consejo de la Magistratura a Gómez Alsina y su colega Félix de Igarzábal, quien durante el verano buscó anular otro casamiento autorizado por Liberatori, el de Damián Bernath y Jorge Salazar.
Hasta ayer en la noche, la pareja afectada por la anulación, pedida por un tercero, cuyo nombre se repite en otras causas similares, no había sido notificada. (Tampoco hasta anoche lo había sido, por otra parte, el matrimonio Di Bello-Freyre, que a fines de la semana pasada se enteraba, por los medios, de la resolución del juez fueguino Marcos Meillien.) El fallo de Liberatori también se hizo eco de esa poco habitual manera de dictar resoluciones. Su fallo da cuenta de que las esposas "refieren (...) trascendidos periodísticos que mencionan que habría una orden de esa jueza de la Nación (por Gómez Alsina)", que todo cuanto saben del caso Castillo y Arévalo "ha sido difundido por medios periodísticos, toda vez que (...) no han sido notificadas".
Luego de días de trascendidos, el fallo de la jueza porteña resolvió "declarar la nulidad" de lo resuelto por Gómez Alsina a pedido de Ernesto Ricardo Lamuedra, un señor de ideas recurrentes: en noviembre del año pasado, intentó infructuosamente que un juzgado obligara a Mauricio Macri a apelar el fallo por el cual la jueza porteña Gabriela Seijas autorizó la primera boda entre varones de Argentina; en marzo de 2010 pidió a Igarzábal que anulara la boda entre Bernath y Salazar. Gómez Alsina, por otra parte, no había sido una jueza de actuación pública hasta fines del año pasado. Su nombre sólo había aparecido en los medios en 2006, porque, tras un año de alejamiento por orden judicial, había restituido la tenencia de un niño de tres años a su madre, y poco después el pequeño murió, por una golpiza que ella y su pareja le propinaron. Pero en diciembre de 2009 su nombre circuló cuando dictó la medida cautelar que impidió que José María Di Bello y Alex Freyre se casaran en suelo porteño.Un señalamiento de esas coincidencias formarán parte, también, de la denuncia que presentará al Consejo de la Magistratura la Falgbt, según indicó su presidenta María Rachid.
En tanto, sigue en pie la posibilidad de que mañana la Cámara de Diputados trate el proyecto de matrimonio civil para todas y todos. El presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), César Cigliutti, pidió a Eduardo Amadeo (PF) y Gladys González (PRO) que retiren los proyectos de enlaces civiles, "introducidos tardíamente". "No fueron discutidos en las sesiones públicas de las comisiones", señaló en un comunicado. Por lo demás, la víspera de una posible sesión histórica despierta pasiones. Por un lado, el pastor Rubén Proietti (titular de la Federación Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina –Faciera–, vinculado al mediático pastor Luis Palau y con llegada directa al macrista Santiago de Estrada) y el pastor Rubén Solomone (presidente de la Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal –Fecep–) desde hace días vienen convocando a sus adeptos al Congreso, para esta tarde, porque "el proyecto de ley de matrimonio homosexual avanzó peligrosamente." Prometen "un lema tan dramático como poderoso: un mensaje de los niños: ‘queremos mamá y papá’". En tanto, la ONG católica Centro Nueva Tierra manifestó en una carta abierta su apoyo a la Falgbt y señaló que "incluso en el seno de la Iglesia Católica hay –y podría haber muchos más si las posiciones de la jerarquía no fueran tan persecutorias e hipócritas– espacios de aceptación".
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[Juana Menna] Argentina. A Gina no le importa que Constitución sea una estación de trenes atestada a las seis de la tarde. Fantasea con que quizás, en medio de tanta gente, alguien haya dejado olvidado un cuaderno de la muerte, como sucede en ‘Death Note’, su animé favorito. No le importa el calor húmedo que soporta envuelta en encajes negros. Tampoco, que el chico que reparte volantes de telefonía celular sobre calle Brasil le grite "adiós, Frankenstein" quizá porque tiene la piel pálida maquillada y el pelo batido color azabache. También puede ser que al chico lo haya cautivado su minifalda, o las medias oscuras que sisean mientras camina con las piernas apretadas, o la carterita de puntillas comprada en un outlet de Turdera. A ella no le importa que la miren. Está acostumbrada. Además, su madre camina delante suyo como una guardiana sigilosa. Gina sólo quiere tomarse el subte para llegar al centro y sacar la entrada de la próxima fiesta de cosplay. Después, vuelta a Glew a hacer los deberes, como la alumna aplicada de 15 años que es.
Valeria, criada con una abuela que le enseñó el arte de la costura, se encarga de copiar el traje de Misa a la perfección para su hija. "En los ochenta me vestía igual a Madonna aunque en esa época no existía el ‘cosplay’ en Argentina", dice. De hecho, aquí los primeros ‘cosplayers’ comenzaron a verse a mediados de los noventa cuando fanáticos de ‘La guerra de las galaxias’, ‘Robotech’ o ‘Akira’ se juntaban a ver proyecciones de sus películas favoritas. La llegada masiva del animé japonés con ‘Dragon Ball’ o ‘Sailor Moon’ a través de la televisión primero y la web después determinó que muchos adolescentes comenzaran a copiar los trajes, pero también el modo de hablar y moverse de sus personajes. Es que ‘cosplayarse’ no implica sólo una estética sino también una puesta en escena, casi un tributo.
Los fans afirman que en Japón se gasta más papel en impresión de mangas que en papel higiénico. Y es que en ese país, el manga es una megaindustria. Según el sitio www.imperioanime.com, más del 30 por ciento de los 127 millones de habitantes que hay en Japón consume animé. Ninguna revista especializada distribuye menos de un millón de ejemplares. Además, se estima que hay aproximadamente 3000 artistas profesionales dedicados a la producción de manga, aunque también existen amateurs que producen fanzines (revistas para circulación privada), llamados ‘dojinshi’. Las discográficas vieron el negocio y pusieron a sus músicos a diseñar las bandas de sonidos de animé para garantizar fama y masividad.
Afuera es mediodía de domingo. Adentro del boliche de San Telmo en semipenumbras, unos 1500 chicos a partir de 13 años participan de la fiesta Awake, otro clásico de los encuentros que reúnen a los otakus. Una de ellas es Sabrina Ferrino, de 21 años. A ella le gusta cosplayarse como Chun-Li (un nombre mandarín que pude traducirse como "bella primavera"), una estudiante de kung fu que muchos consideran la gran heroína del ‘Street Fighter’.
Como tampoco ocultó sus tareas sucias mientras regían las leyes de impunidad, abundan testigos que lo incriminan.
[Diego Martínez] Argentina. La culpa de que Manuel Gonçalves se haya criado con una identidad falsa es de su mamá. En lugar de registrarlo como Dios manda y acompañar al centenar de militares que la visitó con óptimas intenciones, Ana María Granda lo anotó con apellido falso y se resistió a entregarse hasta morir acribillada. También son responsables sus padres y los de su compañero, entonces desaparecido, pues al igual que cientos de abuelos en 1976 no estuvieron donde debían para recuperar al nieto. El razonamiento que hará furor en Marcos Paz lo suscribe el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, en el sobreseimiento de Juan Carlos Marchetti, juez de menores que en lugar de buscar a la familia de Manuel falseó el expediente de adopción para entregarlo a personas de confianza. La fiscal federal María Marta Poggio y los abogados Ana Oberlin y Lucas Ciarniello Ibáñez, que representan a Manuel, a la Secretaría de Derechos Humanos y a Abuelas de Plaza de Mayo, apelaron la decisión, que ahora evalúa la Cámara Federal de Rosario.
Argentina. Los jueces integrantes de la Cámara Federal de Mendoza, Luis Francisco Miret y Otilio Romano cuentan con un extenso historial en la Justicia vinculados a la dictadura militar y sus intereses. En los últimos meses salieron a la luz por el fallo que suspendió la ley de medios y por haber acusado a los organismos de Derechos Humanos de haberlos "amenazado" por ello. En realidad, las entidades reclamaron sus juicios políticos antes de esa sentencia. Ambos jueces intentaron negociar el archivo de ese pedido de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura a cambio de fallar a favor de la ley de medios.
[Horacio Verbitsky] Argentina. A sus 60 años, Prudencio Mochi aún arrastra la secuela de las torturas que padeció cuando tenía 25, aplicadas por la Inteligencia policial de Mendoza en 1975. "Una vez que soy liberado, comienzo a padecer crisis epilépticas. Recibí tratamientos en Italia, en Francia y en Holanda. Luego me descubren un trauma en el lóbulo frontal derecho, producto del golpe que recibí cuando me detuvieron. Durante años me traté con Misoline", dijo en un reportaje telefónico que concedió desde México.
sobre las filas de la Iglesia Católica que hoy preside, incluyendo la desaparición de sacerdotes. Quienes hablan son una teóloga que durante décadas enseñó catequesis en colegios del obispado de Morón, el ex superior de una Fraternidad sacerdotal que fue diezmada por las desapariciones forzadas, un seglar de la misma Fraternidad que denunció los casos al Vaticano, un sacerdote y un laico que fueron secuestrados y torturados.
[Sonia Tessa] Argentina. "Me violaron. Horacio Américo Barcos y otro", contestó, contundente, la sobreviviente Amalia Ricotti durante su declaración en el juicio oral y público contra Barcos, cuya sentencia a 11 años de prisión se conoció el lunes pasado. Con los primeros juicios a genocidas en etapa de sentencia en la provincia de Santa Fe, testigos y querellantes despejan diferentes aspectos del horror. Situaciones que se hicieron visibles durante el largo proceso que permitió llegar a estos juicios toman su verdadera dimensión. Por eso, la Unidad Fiscal de Investigación y Seguimiento en las Causas por Derechos Humanos, dirigida por Jorge Aguad, elabora un documento que dará herramientas a los fiscales de todo el país para remover los obstáculos procesales y garantizar que todas las víctimas de delitos sexuales que deseen incluirlos específicamente en su acusación, puedan hacerlo, porque son delitos de lesa humanidad, y por lo tanto, imprescriptibles. Además, buscan asimilar el tratamiento de la violación con el que recibe la tortura en las causas por derechos humanos. Es decir, que no se requiera prueba médica para su constatación. Según explicaron desde la misma Unidad, se trata de una guía para facilitar que las víctimas que quieran un castigo específico a la violencia sexual puedan obtenerlo.