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reconoció a su torturador


Ex detenida identificó a Eleodoro Hauque por la foto de Rosario/12. Silvia Abdolatif fue interrogada reiteradamente en el GIR, donde era entregada por la carcelera María Eva Aebi. Uno de sus interrogadores, el que hacía preguntas y amenazaba, era Hauque, un jefe de la patota de la dictadura en Santa Fe.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. Silvia Abdolatif reconoció por una foto que publicó Rosario/12 a uno de los jefes de la patota de la dictadura, Eleodoro Jorge Hauque, como uno de los dos represores que la sometieron a interrogatorios en las penumbras de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR). Una escalada de terror, amenazas y tortura psicológica que padeció durante quince días, en 1977. "Vi la foto y no tuve dudas, este es el tipo que me interrogaba", dijo. Ya el 26 de octubre último, cuando declaró en el juicio al ex juez Víctor Brusa, Silvia había denunciado a uno de esos interrogadores con nombre y apellido: Horacio Américo Barcos, el mismo agente secreto del Ejército que hoy es juzgado por el secuestro y tormentos a los esposos José Alberto Tur y Amalia Ricotti. "Uno era Barcos", afirmó entonces ante el Tribunal Oral. Pero le faltaba identificar al otro, hasta que este diario publicó la cara de Hauque. Y ella pudo reconstruir la pesadilla.
Los interrogatorios comenzaban siempre a la noche, cuando la GIR se convertía en zona liberada del grupo de tareas. Su carcelera, María Eva Aebi, también condenada en el juicio a Brusa se encargaba de sacarla de una habitación muy chica que compartía con otras compañeras. Le ponía una capucha y la dejaba en algún rincón o corredor solitario, donde después aparecían los dos represores que la interrogaban a cara descubierta. "Uno era Barcos y el otro Hauque, ahora puedo reconocerlo", afirmó Abdolatif.
Hauque era uno de los jerarcas de la represión en Santa Fe. Un suboficial retirado del Ejército que siguió en actividad como Personal Civil de Inteligencia (PCI) al servicio del Destacamento Militar 122. Operaba como el jefe de los PCI y uno de sus subordinados era Barcos. "Yo tenía un ’encargado de calle’ que era el señor Hauque", dijo Barcos ante el Tribunal que lo juzga. Y recordó su ubicación en la pirámide de los espías: "cuadro C 3, personal de calle, agente secreto" y su nombre clandestino: Héctor Andrés Benítez, que repite las iniciales del real. Su indagatoria en el juicio comenzó el lunes pasado y seguirá hoy.
Un ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122 también confirmó ante la justicia que Hauque "manejaba" a los PCI. "Existía el personal de calle, clase C 3, con encubrimiento, los cuales no eran conocidos por mi. Eso lo manejaba Hauque, que era el responsable de tomar contacto con ellos", dijo el coronel Domingo Manuel Marcellini ante el presidente del Tribunal, José María Escobar Cello, que fue a Mendoza a recibir su testimonio, el 21 de mayo de 2009. Marcellini falleció a principios de marzo, pero su declaración es una de las pruebas en el juicio a Barcos.
En el juicio a Brusa y compañía, Abdolatif relató que después del secuestro el 23 de marzo de 1977 y las torturas en el centro clandestino La Casita, la llevaron a la GIR junto con nueve compañeras de militancia. A mediados de año empiezan a tener visitas de familiares cada quince días. Hasta que una noche, luego de una de esas visitas, comienzan los interrogatorios. "Venía María Eva Aebi, me sacaba de la habitación, me ponía la capucha, bajaba las escaleras y me dejaba contra una pared, sola. Me decía: ’Flaquita, decí la verdad’. Y se iba. Después, aparecían dos hombres que me sacaban la capucha y me interrogaban a cara descubierta", dijo Abdolatif. La pesadilla se repitió entre siete y diez veces durante dos semanas hasta que recibió la siguiente visita de su familia.
Uno de los interrogadores "era robusto, de cabeza grande y pelo negro ondulado y canoso, mal trazado, con saco y camisa. Al lado, había otro más bajo, más delgado y cara bien angulosa que nunca me interrogaba y me miraba de perfil", recordó Silvia. La amenazaban con sacarla de la GIR. Incluso, hasta había un auto en la puerta como para que supiera que podía desaparecer en cualquier momento. "La amenaza era siempre la misma y el discurso también: ’Hija de puta, tenemos que venir todos los días desde Paraná y vos decís siempre lo mismo. Acordate de tu hijo, de tu marido y de tus padres’".
Abdolatif dijo que no hace mucho pudo identificar por una publicación periodística a uno de aquellos interrogadores nocturnos, el que permanecía en un segundo plano. "Vi la foto y el nombre de Barcos. Y yo creo que esa persona delgada que acabo de describir se parece mucho a Barcos", le dijo al Tribunal que juzgó a Brusa.
Silvia denunció que uno de los represores era Barcos. No sabía quién era el otro hasta la semana pasada que Rosario/12 publicó la foto de Hauque. "Me faltaba la otra persona, pero cuando veo la foto en el diario, digo: ’este Hauque es el que estaba al lado de Barcos cuando venía a interrogarme en la Guardia de Infantería’", relató a este cronista.

¿Durante cuánto tiempo se prolongaron estos interrogatorios?
Unos quince días, entre una visita y la otra. No fueron todos días, pero en ese lapso me interrogaron entre siete y diez veces. Siempre de noche.

¿Uno era Hauque y el otro Barcos?
Sí. Cuando yo veo la foto de Rosario/12, digo: ¿este es el tipo que estaba al lado de Barcos?

¿Quién era el que interrogaba?
Hauque. Barcos era más delgado, más bajo, se mantenía en un segundo plano, mirándome. El que me interrogaba y patoteaba era Hauque. Todos los interrogatorios fueron en distintos puntos de la Guardia de Infantería, en la planta baja, en los pasillos, en las calles internas. Esto también está denunciado en otra causa por el secuestro de Daniel Gatti cuando hicimos el reconocimiento de la GIR.

5 de abril de 2010
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cuyanas


Piden destitución de jueces y fiscales comprometidos con dictadura militar.
[Horacio Verbitsky] A la denuncia de los organismos defensores de los derechos humanos de Mendoza se sumó esta semana el gobierno provincial, que también solicitó al Consejo de la Magistratura la destitución de los camaristas federales Otilio Romano y Luis Francisco Miret, por la comisión de delitos penales durante la última dictadura militar en casos de crímenes de lesa humanidad. Según la presentación del ministro de Gobierno, Justicia y Derechos humanos, Mario Adaro, ambos omitieron en forma sistemática salvaguardar la integridad de las personas detenidas a su disposición y no promovieron como debían la investigación de los delitos que esos prisioneros denunciaron contra su integridad y su propiedad. Además, obstaculizaron en forma deliberada y con parcialidad manifiesta las investigaciones dispuestas por otros magistrados.
Uno de los expedientes en que se basa la denuncia es el que corresponde a la causa Mochi. En fuentes de la justicia federal mendocina consultadas para esta nota se teme que el expediente haya desaparecido en el presunto asalto a su casa que denunció Romano. Según dijo, le habían robado documentos y su computadora personal, dato que genera escepticismo porque el supuesto episodio no se habría producido en el departamento en que vive el camarista, sino en la casa que dejó al separarse de su esposa. Los otros dos expedientes en que se basan los pedidos de destitución, Luna y Rabanal, fueron digitalizados. Pero ese proceso no llegó a realizarse con Mochi, expediente que fue retirado en dos ocasiones por Romano. Si la Corte Suprema de Justicia dispusiera la apertura general del archivo de la Cámara Federal mendocina y dispusiera la participación de fiscales para investigar su material, aparecerían otras causas de aquella época en las que se verifica que Romano y Miret no denunciaron las condiciones de detención de personas privadas de su libertad (por ejemplo, entre la detención en la sede de la Inteligencia policial y el traslado a una comisaría hay un período que no está registrado en el legajo del detenido, espacio durante el que se producían las torturas) y se opusieron al contacto de los detenidos con sus abogados. En un juicio contra el ex Comandante del Cuerpo III de Ejército, el fiscal Romano que debía acusarlo alegó que Luciano Menéndez había cumplido órdenes, lo cual fue desmentido en la audiencia por el propio militar, quien se declaró salvador convencido de la patria mediante los crímenes que se le reprochaban.
Al mismo tiempo, el rector de la Universidad Nacional de Cuyo Arturo Somoza anunció su disposición a no renovar el contrato docente a Miret, quien una vez jubilado no tiene derecho a reclamo alguno. El contrato de locación vence en diciembre, anunció. En la misma universidad se realizó un acto en el que la comisión estudiantil de derechos humanos solicitó la expulsión del camarista, por "complicidad con la dictadura".
Coincide con esta lectura Nora de la Canal, la esposa del economista Eduardo Pablo Setti, quien fuera vicepresidente de Bodegas y Viñedos Giol, durante la intervención federal de Antonio Cafiero en Mendoza, en 1975. "Después del golpe le armaron una causa a Setti para ponerlo preso a Cafiero por la construcción de vasijas vinarias", dice. El juez de la causa le anticipó que en pocos días recuperaría la libertad porque no había elementos de peso en su contra. Pero el juez fue removido por el gobierno y reemplazado por el defensor oficial, que era Miret. El fiscal era Romano, quien se opuso a la excarcelación. Con Setti detenido, Miret negoció un nuevo ascenso. "Los oficiales del Ejército y de la Fuerza Aérea entraban a su despacho como si estuvieran en su casa. Y al poco tiempo pasó a camarista", dice De la Canal. Pese a haber intervenido como juez, Miret volvió a tomar la causa como camarista. Los considerandos de la sentencia que firmó un año después apuntan al sobreseimiento de Setti, pero la última foja, que mantiene abierta la investigación, está escrita con otra máquina. La causa prescribió después de catorce años, sin llegar nunca al juicio que hubiera puesto en evidencia todas sus irregularidades. Una vez en Buenos Aires, le llevaron una notificación a un domicilio que Setti no había constituido en el proceso y como no contestó libraron una orden de captura. "El hostigamiento y la persecución eran consentidas por Miret y Romano, que son títeres de los militares. Es increíble que hayan seguido haciendo carrera", concluye De la Canal.
Inquieto por las repercusiones del caso, el asesor presidencial Juan Carlos Mazzón se comunicó con María Angelica Escayola, viuda del histórico abogado de derechos humanos de Mendoza Alfredo Guevara, cuyo hijo es uno de los denunciantes contra Miret y Romano, para pedirle una vieja foto donde Mazzón aparecería apoyando una solicitud de juicio político contra Miret en los ’80. De ser cierto, constituiría un agravante para su rol actual. Mazzón es el protector político del diputado Enrique Thomas, que presentó el amparo contra la ley de medios, y de la jueza Olga Pura Arrabal, que lo concedió por un presunto defecto formal en la sanción de la Cámara de Diputados. Además intentó una negociación con Romano para frenar el pedido de juicio político si el fallo por la ley de medios favorecía al gobierno. El martes Miret buscará el apoyo de la rama Cuyo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, que preside, durante un encuentro en los Tribunales Federales de Mendoza. La estrategia diseñada por Romano en una declaración para el militante diario La Nación consiste en atribuir las denuncias a presiones oficiales por su intervención en la ley de servicios audiovisuales, lo cual requiere forzar la cronología de los hechos: el pedido de destitución precedió en una semana la llegada de aquel expediente a la Cámara.

4 de abril de 2010
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hermanos distéfani acuden a tribunales


Marina y Andrés se presentaran ante los tribunales. Son los hijos de Silvia Suppo, asesinada en Rafaela. Ahora tendrán acceso a la pesquisa y podrán solicitar distintas medidas de prueba, entre ellas la reconstrucción del homicidio.
Lo harán con el patrocinio de los abogados Lucila Puyol y Guillermo Munné, que -por primera vez tendrán acceso a la pesquisa y podrán solicitar distinta medidas de prueba, entre ellas la reconstrucción del homicidio. "Hasta ahora nos habíamos enterado por los medios", dijo Puyol, molesta por que el sumario estuvo toda la semana en sede policial y por lo tanto "no pudimos constituirnos como querellantes y conocer el expediente".
Las únicas noticias que recibieron los hermanos Destéfani fue a través de la fiscal Cristina Fortunato, que hasta ayer reemplazó en la causa a su colega Rodolfo Zender. "La fiscal decidió esta presente en la declaración de los imputados en sede policial para garantizar el derecho del imputado, pero también el de las víctimas y que no hubiera ninguna manipulación.

¿Ninguna declaración forzada?
Exacto. Los detenidos se están haciendo cargo que fueron los autores materiales, pero como no hemos tenido acceso a nada, ni siquiera conocemos los informes de la autopsia esperamos presentarnos (mañana) como querellantes para tener acceso a todo y poder a partir de ahí, proponer medidas. A una semana del hecho, es muy aventurado dar una opinión.

Uno de los acusados dice fue un asesinato en ocasión de robo.
No dice eso. Dice que entraron a robar. Y en el forcejeo que ellos plantean se habría cometido el crimen. No hemos visto la declaración y no sé si hay detalles en ese aspecto.

¿Cómo evalúan la investigación?
Una de las quejas procesales que tenemos que es hubiéramos querido que el sumario se instruya en sede judicial. Creemos que la gravedad del crimen lo amerita. El ensañamiento que hubo sobre el cuerpo de Silvia Suppo. Y el hecho de que tampoco hubo signos de resistencia. Lo dijo la perito de parte que participó en la autopsia (en representación de la familia Destéfani), que no hay signos de que ella se hubiera resistido. Por lo tanto, son las cosas que no se pueden entender en lo que ha sucedido y eso ameritaba una intervención judicial desde el principio y que los hijos de Silvia, a través de sus abogados, pudieran ser parte y proponer medidas. Lo que no se descarta en ningún proceso judicial. Pero ustedes saben que fue muy contaminada la escena del crimen y eso, en las primeras horas, resulta fundamental.

La escena del crimen fue muy contaminada. ¿A qué se refiere?
No fue vallado el lugar. Cuando llegaron los hijos, estaban todos los vecinos del negocio tocando cosas, pisando. Y ellos nos dijeron que tuvieron pedirles que se fueran. Había vecinos que no se retiraban y les tuvieron que pedir por favor que se retiren.

Usted dijo que la autopsia revela que no hubo signos de resistencia. Uno de los acusados habría dicho que el ataque se produjo porque Silvia se resistió. ¿Esto es así?
No lo podemos saber. Ustedes tienen que entender, que el imputado no tiene obligación de decir la verdad. El interrogatorio policial y luego la indagatoria son su derecho de defensa. Ellos pueden mentir. Entonces, no pongamos a la indagatoria de un imputado en la misma calidad que el testimonio de un testigo que tiene la obligación de decir la verdad. Por lo tanto, nosotros sacaremos algunas manifestaciones, pero de ninguna manera podemos decir que el imputado dice la verdad.

Entonces, ¿no hubo signos de resistencia?
Eso es lo que dice nuestra perito de parte en la autopsia. Todavía no está el informe del médico, el doctor Pimpinella.

¿Cómo está caratulada la causa?
No lo sabemos porque recién pasó a sede judicial.

¿Hay una mora del juez?
En los tiempos procesales no. Nosotros consideramos que por la trascendencia nacional del caso, el asesinato de una testigo importantísima en causas donde se ventilan delitos de lesa humanidad, creemos que eso ameritaba desde un primer, así como se constituyó la fiscal (Fortunato), también lo hubiera hecho el juez y nosotros como parte querellante.

4 de abril de 2010
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la mató porque lo conocía


‘Sosita’ le dijo ayer al juez que conocía a Silvia Suppo porque a veces le lavaba el auto frente a su negocio en Rafaela. Rodrigo Sosa y su primo Rodolfo Cóceres, le dijeron ayer al juez Mognaschi, que ingresaron al negocio de artesanías y cueros de Silvia, para robarle y la mataron para que no los reconociera. Negaron haber asesinado por encargo.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. Los dos detenidos por el asesinato de Silvia Suppo confesaron ayer ante la justicia la autoría del crimen. ‘Sosita’ -como medio Rafaela conoce a Rodrigo Sosa-, un muchacho de 19 años que se ganaba la vida lavando autos y su primo, Rodolfo Cóceres, de 22, dijeron ante el juez de Instrucción Nº 2, Alejandro Mognaschi, que ingresaron al negocio de artesanías y cueros de Silvia, en Sargento Cabral al 200, para robarle, pero que después la mataron para que no los reconociera. ‘Sosita’ dijo que sabía quién era Silvia porque cada tanto solía lavarle el automóvil, pero negó haber actuado por encargo de un tercero. Una confesión que refuerza la presunción del robo que termina en homicidio y relega a un segundo plano la teoría del sicario. "Fue otro gran avance en la causa", dijo el fiscal Rodolfo Zender, quien -sin embargo no descartó ninguna hipótesis. "No las descarto porque se trata de un hecho repulsivo y es necesario que no quede ninguna duda y ningún cabo suelto. Vamos a hacer todo lo posible para llegar a la verdad histórica, cualquiera sea", precisó en un diálogo con Rosario/12.
Ayer, el juez Mognaschi se hizo cargo de la investigación, interrumpió su descanso de Semana Santa y regresó a su despacho de Tribunales, donde recibió el sumario policial y le tomó declaración indagatoria a ‘Sosita’ y al primo. El otro que también interrumpió su licencia fue el fiscal Zender, competente en el caso, pero que esta semana había sido reemplazado por su colega Cristina Fortunato. El viernes a la noche, Zender llamó por teléfono a Fortunato y le dijo que él iba a estar presente en la indagatoria.
Los dos presos ya habían sido interrogados en sede policial, en la comisaría 1ª de Rafaela, donde ‘Sosita’ se abstuvo de declarar, pero su pariente admitió la autoría del crimen y lo involucró. Ayer, hablaron los dos y durante cuatro horas, entre las 8 de la mañana y las 12, ambos asistidos por la defensora pública, Magdalena Santa Cruz.

"El acto procesal fue muy positivo para el esclarecimiento del hecho", dijo el fiscal Zender ante una consulta de este diario. "Los imputados no guardaron silencio, al contrario se explayaron en cuanto a sus conductas. Uno de ellos (Cóceres) ya había declarado en sede policial, ratificó sus dichos y agregó nuevos elementos de juicio, más completos. El juez lo interrogó y yo le hice unas cuántas preguntas", agregó. "El otro imputado de 18 años (‘Sosita’) que no había declarado en sede policial esta vez sí lo hizo y su declaración fue muy rica en elementos de juicio. Se explayó en la conducta desplegada por ambos".
"El trámite va marchando aceleradamente por los carriles normales. Y ahora habrá que tomar algunas diligencias investigativas hasta que el juez defina la situación procesal de los imputados", explicó.

¿Esta confesión fortalece la pista del robo que termina en crimen?
Yo no descarto ninguna hipótesis porque obviamente se trata de un hecho realmente repulsivo contestó el fiscal Zender.

Y agregó: "No quiero que quede ningún cabo suelto y ninguna duda, sobre todo en los damnificados. Quiero transmitir tranquilidad a los familiares de la víctima que vamos a hacer todo lo posible en la Fiscalía y no me cabe duda que también en el Juzgado para llegar a la verdad histórica, cualquiera sea". Y aseguró que "vamos a agotar todas las hipótesis porque si nosotros estamos convencidos, los familiares también podrán decir que se trabajó bien, que hicimos todo lo posible para esclarecer este caso. Por eso es conveniente no apresurarse si al final del camino logramos llegar a la verdad histórica", insistió Zender.
Mañana, los hijos de Silvia, Marina y Andrés Destéfani se presentarán como querellantes en la causa con el patrocinio de los abogados Lucila Puyol y Guillermo Munné. Hasta ahora, los hermanos Destéfani no han tenido acceso al expediente que exhibe puntos oscuros y contradicciones. Repasemos.

- El ataque. El primo de ‘Sosita’ que confesó en sede policial e involucró a su pariente dijo que apuñalaron a Silvia en la parte de adelante del negocio y que después la llevaron al fondo, detrás de un mostrador de madera, donde no se puede ver desde afuera del local que es vidriado. Fueron nueve cuchilladas. Pero entre el punto del ataque y el lugar donde una clienta ocasional encontró a Silvia bañada en sangre hay por lo menos ocho metros de distancia. ¿Cómo hicieron ‘Sosita’ y su primo para trasladar a la mujer de un lugar a otro sin que quedara una gota de sangre en el trayecto? ¿Cómo hicieron para no desacomodar cajas y mercadería del local? Porque detrás de ese mostrador de madera donde Silvia se desangraba y agonizaba todo estaba en orden, no había una caja fuera de lugar. Ahora, con la confesión de ayer, habría sido un ataque en dos etapas: las primeras puñaladas para desplomarla y la última, un remate en el cuello, cuando Silvia ya estaba desvanecida en el fondo del local.

- La escena del crimen: "Fue muy contaminada", dijo un allegado a la familia Destéfani. No hubo ningún vallado que preservara el lugar del hecho y eso en las primeras horas era clave para rescatar pistas y evidencias. Los primeros en llegar fueron efectivos de la Policía de Rafaela. Después, les avisaron a los hijos de Silvia que cuando entraron al negocio de su madre estaba repleto de vecinos y curiosos. A varios de ellos ni siquiera los conocían y algunos estaban tocando cosas y caminaban de un lado a otro. Prácticamente los tuvieron que echar. Había vecinos que no se iban y Marina les pidió por favor que se fueran. "¿A usted le parece que eso está bien?", preguntó a Rosario/12 un amigo de los hermanos Destéfani. Por eso, la fiscal Cristina Fortunato -que intervino la primera semana en el caso pidió una nueva pericia criminalista a la Policía de Santa Fe, pero la familia de Silvia aún no ha tenido acceso al informe.

- La resistencia. Según el primo de ‘Sosita’, Silvia Suppo ofreció resistencia al robo y la mataron. El libreto policial repitió la supuesta confesión. "Se resistió y por eso la mataron", fue su cantinela mediática. Falso. La autopsia revela que Silvia no se resistió, a pesar de que sus agresores la rodearon y la apuñalaron por el pecho y la espalda. "No tiene heridas defensivas y cortantes en las manos y en los brazos", le informó a la familia Destéfani la perito de parte Dolores Perassolo, que participó en la autopsia. El informe estará listo el lunes. Marina Distéfani también dijo en público que su mamá "no era de atrincherarse ante un hecho de violencia. Tenía una nieta y muchos motivos para vivir. No le importaba el dinero. No se hubiera resistido, no era su personalidad, su forma de actuar. Así que estaba totalmente indefensa en el momento en que sufrió el ataque", afirmó.

- El teléfono celular. La policía dejó trascender que lo habían secuestrado en la casa de ‘Sosita’. Otra versión afirmó que apareció en la casa de un pariente. Y que al chip lo habían tirado en la calle. Los investigadores de uniforme presionaron a los hijos de Silvia para ver si reconocían el teléfono que está limpio y sin memoria. Los chicos dijeron que era el mismo modelo y color, pero no podían decir si era el mismo que utilizaba su madre.

- El botín: Así calificó el libreto policial el producto del robo. Los asesinos de Silvia se habrían alzado con "monedas extranjeras, alhajas y otras pertenencias" por un monto que hasta calcularon en 10 mil pesos. Las supuestas divisas no eran más que un billete viejo y arrugado de un dólar que Silvia guardaba como amuleto en la caja de su negocio, más algunas monedas de colección. Y las alhajas resultaron ser anillos y pulseritas de plata que no valen más de 30 pesos cada una, pero que en el circuito delictivo carecen de valor comercial. No robaron la platería fina, ni la ropa cara o las camperas de cuero. "Hasta ahora no hay ninguna razón para pensar que fue un delito común", dijo otro allegado a la familia Destéfani.

- El dinero. El cálculo de los 10 mil pesos es otra falacia. El primo de ‘Sosita’ dijo que en la caja registradora del negocio no había más de 200 pesos. Es lógico, era el cambio de un lunes a la mañana, en el arranque de la semana. Sacaron algo más de la cartera de Silvia para sumar 270 pesos. Ese era todo el botín en efectivo que apenas les alcanzó para pagar los pasajes del micro y escapar a Santa Fe. En el fondo del comercio, hay una puerta que comunica a la cocina comedor de la casa de los Destéfani que también es de planta alta. Silvia guardaba algo de dinero en su domicilio porque pensaba visitar a su hermano, Hugo Suppo, en París dentro de quince días y ya tenía los pasajes comprados. Pero sus atacantes no ingresaron a la casa y no se llevaron nada. El cálculo policial molestó a la familia. "Decir que el monto del robo era de 10 mil pesos nos habla de una versión interesada o de una maldad".

- El robo al voleo. Otras fuentes policiales insistieron que el asalto fue al voleo. "Los ladrones (sic) únicamente deseaban asaltar a la mujer pero, ante su resistencia (sic), le aplicaron doce puñaladas mortales (sic). Le sacaron dinero, mercadería y su teléfono celular y huyeron", se escribió en algún portal de noticias. La familia no cree esa trama. "No hay ningún elemento serio que diga que esto fue un robo común. Lo que robaron es bastante poco. Los detenidos son chicos jóvenes que de salir a robar hubieran ido una casa de venta de teléfonos celulares y no una talabartería. No robaron ropa ni camperas de cuero. Hasta ahora no hay ninguna razón para pensar que fue un delito común".

- El primer detenido. Una de las versiones que salió a pocas horas del crimen ya mencionaba un detenido y dos prófugos. Algunos hasta arriesgaron que había dos detenidos. El primer detenido no fue más que un demorado que aportó algunos datos sobre ‘Sosita’ y su primo.

4 de abril de 2010
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cuando la investigada es la justicia


Denuncia contra jueces por la apropiación de un menor durante la dictadura. Gustavo Mitchell, de la Cámara de Casación, firmó la entrega del menor a su apropiador en 1976. José Martínez Sobrino, ahora juez y en esa época secretario, también fue involucrado, pero él asegura que sólo fue testigo del hecho.


[Irina Hauser] Argentina. Uno de los jueces de la Cámara de Casación que suspendió los estudios genéticos que podrían determinar si los hijos adoptivos de Ernestina de Noble son hijos de desaparecidosnción de los juzgados de menores para que se analicen todos los "expedientes penales y tutelares vinculados al hallazgo de niños entre 1976 y 1983" y las adopciones derivadas de ellos. "Allí podría haber muchas pistas para dar con tantos chicos que aún no recuperaron su identidad", señaló el abogado a Página/12. La denuncia hace hincapié en el papel del Poder Judicial de la dictadura en "consolidar la apropiación de niños, mediante el robo de su historia, su origen e identidad y la entrega a los apropiadores a través de un marco de supuesta legalidad judicial". Plantea, además, que los jueces sean investigados por el Consejo de la Magistratura. También incluye un reclamo para que la Corte Suprema intervenga la vocalía de Mitchell y que establezca "si ha omitido excusarse en causas similares que lo involucran"; que "reasuma la superintendencia del TOF6" para "preservar la prueba" y con su intervención "garantice que no haya nuevas dilaciones" en el juicio donde estarán en el banquillo represores como Jorge Rafael Videla, Cristino Nicolaides y Reynaldo Bignone. fue denunciado por su responsabilidad en la apropiación de un bebé cuando era titular de un Juzgado de Menores en la dictadura. Se trata de Gustavo Mitchell, quien firmó la entrega del chico, Simón Riquelo, al subcomisario Osvaldo Parodi, vinculado con el secuestro de su madre. La denuncia, presentada por un grupo de familiares de desaparecidos y por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, también apunta a José Martínez Sobrino, que era secretario de Mitchell y ahora integra el Tribunal Oral Federal Nº 6 (TOF6), a cargo del juicio sobre el plan sistemático de apropiación de menores, que incluye el caso de Riquelo, que recuperó su identidad en 2002. El 13 de julio de 1976, a la medianoche, Simón fue arrancado de los brazos de su mamá, la uruguaya Sara Méndez, cuando un grupo de quince personas –que dijeron pertenecer a los ejércitos argentino y al uruguayo– irrumpió en su casa. Ella fue torturada y llevada al centro clandestino de detención Automotores Orletti. Cerca de las cuatro de la mañana, la comisaría 33ª le notificó al juzgado de Mitchell la aparición de un bebé "abandonado" en la puerta del Sanatorio Norte. Sara no volvió a saber nada de su hijo hasta 2002, cuando la Justicia pudo terminar de reconstruir la historia. En el secuestro y el robo del chico participaron, según se estableció, el represor Eduardo Ruffo y el subcomisario Parodi, de la seccional 33ª. Parodi –que murió– pidió y consiguió, a través del juzgado de Mitchell, primero la tenencia del nene y luego su adopción definitiva. La denuncia contra Mitchell y Martínez Sobrino fue presentada ante el Procurador General, Esteban Righi, y advierte que "la gravedad" del caso es que "juzgan su propia participación en el robo de niños". Uno, como juez de tribunal oral, debe sustanciar el juicio por medio centenar de apropiaciones, incluida la de Riquelo. El otro, como camarista de Casación, ya entiende en expedientes sobre apropiaciones y podría tocarle resolver apelaciones sobre aquellas en las que intervino. "Ambos magistrados participaron en el despojo de la identidad, de los criterios de asignación, del ocultamiento a sus verdaderas familias y de la confección de un expediente ideológicamente falso para realizar una adopción irregular", advierte el texto, que firman varios querellantes del juicio a cargo del TOF6, representados por el abogado Alejo Ramos Padilla. No hay constancias, dicen, de que en el expediente que derivó en la adopción de Simón se haya intentado dar "con los padres o familiares del niño", "no hubo verificación de hábeas corpus o de nacimientos". Según pudo saber Página/12, los fiscales Martín Niklison y Félix Crous, asignados al juicio oral –que podría empezar en el segundo semestre– recusarían esta semana a Martínez Sobrino. Alegarían su relación con el caso que debe juzgar y el hecho de que custodia las pruebas. "No creo que me tenga que excusar porque fui funcionario en un sumario donde la policía manifestó que había aparecido un menor en las escalinatas de un sanatorio. No me siento contaminado por haber presenciado ese hecho, soy un testigo", le dijo Martínez Sobrino a este diario. "Quien dispuso la entrega fue el juez, Mitchell, que me lo informó entonces. En muchos casos así, si nadie reclamaba al niño, y alguien con condiciones económicas, sociales y morales pedía la guarda, seguramente se le concedía para evitar mandarlo a un instituto de menores. La adopción se tramitó aparte, en el expediente tutelar", puntualizó. "Con Parodi (el apropiador) no tuve trato. No tuve conocimiento de la apropiación ni intervine en una maniobra encubridora", añadió. A los dos meses, contó, fue cesanteado por razones políticas y gremiales (era socio fundador de la Unión de Empleados de la Justicia) en la misma tanda que las juezas Carmen Argibay y Lucila Larrandart. En cambio, Mitchell fue ascendido a camarista en 1979. Lo reemplazó José Allevato, también denunciado, ya que antes era secretario tutelar. Hoy es abogado. Una de las medidas que Ramos Padilla y los familiares pidieron a la Procuración es que impulse la interve

3 de abril de 2010
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dolor en marcha por silvia suppo


Masiva marcha en Rafaela reclamó por el crimen de Silvia Suppo. Más de 1200 personas recorrieron 800 metros en un día lluvioso para reclamar por el esclarecimiento de un homicidio que la policía presume como un robo, pero que pocos rafaelinos creen, porque otras sospechas corren de boca en boca.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. Fue una marcha del silencio alrededor de la plaza central que en Rafaela es el doble de grande de otras ciudades. Un recorrido de 800 metros en un día lluvioso y frío que terminó en grito de dolor: "¡Silvia Suppo! ¡Presente! ¡Hoy y siempre!". Y en una demanda: "Verdad y justicia? para un crimen que la policía presume como un robo, pero que pocos creen en Rafaela porque otras sospechas corren de boca en boca. Más de 1200 personas respondieron ayer al llamado de los dos hijos de Silvia, Andrés y Marina Destéfani, una convocatoria que sorprendió a muchos y ya tuvo su primer impacto: el juez de Instrucción Nº 2, Alejandro Mognaschi interrumpió su descanso de Semana Santa, le pidió a la policía que cierre el sumario y hoy mismo tendría pensado indagar en Tribunales a los dos acusados por el homicidio: "Sosita", un pibe de 19 años que se negó a declarar en sede policial y su primo de 22 que admitió la autoría del crimen y también involucró a su pariente.
Al frente de la marcha una bandera rompía el silencio y el viento con una pregunta inquietante: "¿Robo o asesinato político? ¡Esclarecimiento ya!". La portaban Andrés, en un extremo, y en el otro, Marina, con su esposo y su pequeña hija, la nietita de Silvia. Estaban emocionados por la respuesta popular y decenas de adhesiones entre ellas la del obispo de Rafaela, Carlos Franzini pero demostraron un aplomo admirable. Caminaban con las manos entrelazadas.
El punto de encuentro había sido una esquina de la plaza 25 de Mayo, donde nace el bulevar Santa Fe. El intendente de Rafaela, Osmar Perotti, sus secretarios del gabinete y concejales del justicialismo se sumaron a la marcha, aunque lejos del primer plano. Lo mismo hicieron varios legisladores: la diputada nacional Victoria Donda y los diputados provinciales Ricardo Peirone y Rosario Cristinani (Frente para la Victoria) y su colega Antonio Riestra, el único del Frente Progresista.
La ausencia de funcionarios del gobierno de Hermes Binner y de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia no pasó desapercibida. "No vino nadie porque nos dijeron que la marcha estaba politizada. No entienden nada", se lamentó un amigo de la familia Desféfani.
Los Desféfani son conocidos en Rafaela. La historia de Silvia era respetada en la ciudad, tanto como su compromiso en la denuncia al terrorismo de Estado y su templanza ante los golpes de la vida. El año pasado falleció su esposo, Jorge Destéfani, poco antes de que él también pudiera declarar en el juicio al ex juez Víctor Brusa y a otros cinco represores santafesinos que fueron condenados de 19 a 23 años de cárcel. "Es gente muy querida. Por eso la marcha tiene una cuadra y media, a pesar del feriado, el frío y la lluvia", dijo otra participante.
La marcha comenzó a rodear la plaza, en dirección a la Municipalidad de Rafaela. Atrás se levantaron otras banderas: una de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y de otros organismos de derechos humanos. Estaban todos: los Hijos, las Madres, Familiares y la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe. Y entre los manifestantes, la foto de Silvia se multiplicaba en carteles.
Era un recorrido de ocho cuadras, pero a poco de avanzar el cielo se oscureció y se largó la llovizna. Faltaba una cuadra para concluir la vuelta cuando la lluvia apuró aún más los pasos. Los manifestantes buscaron refugio y se apretaron entonces bajo la Recova Ripamonti, un monumento histórico de Rafaela que hoy está en ruinas. Allí se leyó una larga lista de adhesiones: gremios, organizaciones sociales y políticas y hasta funcionarios municipales, que sólo se acercaron a saludar a los hermanos Destéfani cuando la marcha había concluido.
Los propios rafaelinos estaban sorprendidos por la convocatoria. "Esto es muchísima gente para Rafaela, una ciudad conservadora si las hay. Es viernes santo, muchos se fueron de la ciudad y es un día muy feo", planteó un tercer participante. A su lado, sobresalían los jóvenes, sobre todo los estudiantes. Y también los amigos y vecinos de Silvia. Más otros conocidos: la directora del Nodo Rafaela, Natalia Enrico; el presidente del Centro Comercial e Industrial, Óscar Parra; el gerente de la Sociedad Rural y varios empresarios.
Bajo el techo de la Recova Ripamonti se leyeron las adhesiones y se recordó la pregunta que atraviesa a la ciudad: "¿Robo o asesinato político? Esclarecimiento ya". "Creo que nadie en Rafaela cree que esto fue un homicidio por robo y que se les fue la mano. Lo dice todo el mundo, lo dicen en la marcha. ¿Cómo va a ver una cuadra y media de gente un viernes santo si el caso estuviera esclarecido? La gente pidió verdad y justicia", dijo la abogada de Hijos, Lucila Puyol, que patrocina a los hermanos Destéfani. El último grito fue de dolor y bronca: "¡Silvia Suppo, presente! ¡Hoy y siempre!".

Informe de Miguel González.

3 de abril de 2010
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confeso asesino de silvia suppo


El joven admitió la autoría del crimen de Suppo junto a ‘Sosita’. Rodolfo Cóceres, de 22 años, admitió su participación en el hecho. "Es un gran avance en la causa", dijo el juez de Rafaela a cargo de la investigación. La autopsia confirmó que Silvia recibió nueve puñaladas en un ataque despiadado.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. Uno de los jóvenes presos por el asesinato a sangre fría de Silvia Suppo de Desféfani admitió ayer la autoría del crimen, pero involucró también al otro detenido. "Es un gran avance en la causa", dijo el juez de Instrucción Nº 2 de Rafaela, Alejandro Mognaschi, aún cuando la confesión se produjo en sede policial porque el sumario recién llegará a su despacho en Tribunales el lunes y por lo tanto las indagatorias judiciales se realizarán la semana que viene. El principal sospechoso, ‘Sosita’, un pibe de 19 años que se ganaba la vida limpiando autos a 150 metros del negocio de Silvia se abstuvo de declarar, pero el que habló fue su primo, de 22, que aceptó la participación de ambos en el homicidio. Mognaschi confirmó también el resultado de la autopsia: Silvia recibió nueve puñaladas en un ataque despiadado y cruel que aumenta aún más las dudas de su familia sobre el verdadero móvil del crimen. Ella era testigo clave en causas por violaciones a los derechos humanos. Y hoy, a las 10, sus hijos, Marina y Andrés Destéfani, encabezarán una marcha en Rafaela, por la avenida Santa Fe, frente a la plaza 25 de Mayo, con la consigna "verdad y justicia. ¿Robo o asesinato político? ¡Esclarecimiento ya!".
‘Sosita’, como medio Rafaela conoce a Rodrigo Sosa y su primo, Rodolfo Cóceres, oriundo de Santa Fe, fueron interrogados ayer en la comisaría 1ª de la ciudad, donde está detenido el lavacoches. ‘Sosita’ se abstuvo de declarar, pero su pariente admitió la autoría del crimen y la participación de ambos, según reveló una fuente de la investigación consultada por Rosario/12.
No fue una indagatoria porque ésta se realizará recién la semana que viene en el despacho del juez Mognaschi, pero la declaración en sede policial tuvo otra característica: participaron en el acto la fiscal Cristina Fortunato y la defensora pública Magdalena Santa Cruz, que asistió a los imputados, lo que es infrecuente cuando el sumario aún no ha llegado a Tribunales. La doctora Fortunato presenció las declaraciones en la comisaría 1ª a pedido de los hijos de Silvia para que después no haya nada en la prevención que origine dudas y cuestionamientos. Los hermanos Destéfani ya han resuelto presentarse como querellantes en la causa con el patrocinio de la abogada de Hijos, Lucila Puyol y su colega Guillermo Munné.
"Uno de los detenidos admitió su participación en el hecho", dijo la fuente consultada por este diario, pero evitó los detalles. Al cierre de esta edición y a partir de la confesión del primo de ‘Sosita’ se realizaban nuevas diligencias en la búsqueda de los puñales del crimen y otras pruebas.
"Hasta ahora se avanzó sobre la pista del robo. No hay otra cosa", agregó la fuente, con lo cual la investigación relegó a un segundo plano la hipótesis del sicario que fue evaluada incluso por la vicegobernadora Griselda Tessio, ex fiscal federal en las causas por delitos de lesa humanidad.
La decisión del juez Mognaschi de dejar el sumario en manos de la policía hasta después de Semana Santa fue considerado en algunos medios políticos como "un voto de confianza" a la pesquisa. "La investigación está muy bien encaminada", había dicho el magistrado. Y ayer se encargó de reforzar en público la hipótesis del robo. "Si tenemos en cuenta la saña con la que actuaron (los asesinos de Silvia Suppo) advertimos que hoy muchos jóvenes, lamentablemente bajo efectos de pastillas u otras drogas, pueden tener reacciones muy violentas o imprevisibles", dijo el juez al noticiero de Cablevisión Rafaela.
Sin embargo, la familia de Silvia descree del libreto policial. "Por la violencia y sofisticación del ataque todo indica que se trata de un crimen y no de un asalto. Eran dos jóvenes (armados con facas) contra una mujer sola que no presentó defensa", dijo Hugo Suppo, hermano de la víctima, que fue entrevistado desde París por el colega Reinaldo Sietecase, en su programa de Radio del Plata.
Suppo está exiliado desde 1977 en Brasil, pero hoy es profesor invitado en la Universidad de la Sorbona, donde esperaba reencontrarse con su hermana. "Silvia iba a venir a visitarme a París dentro de 15 días, ya tenía los pasajes comprados", dijo.
"No creo que la hayan matado para robarle", agregó. "Porque en Rafaela no hay hechos criminales con estas características. Y uno no precisa ser de la Policía para darse cuenta de que en un simple robo de cartera y algún dinero en caja no se dan nueve puñaladas. Es innecesario, dos son suficientes en caso de alguna resistencia o de gente drogada. Pero si uno piensa en el tiempo que se precisa para hacer eso, se trata de una cosa que no es un robo, es evidente. No se justifica. Un ladrón no es un asesino, en principio", dijo.

¿Usted está convencido que este es crimen político?
Pero claro que estoy convencido -contestó Hugo. Y planteó otra hipótesis inquietante: "Claro que puede haber fuerzas extrañas que quieran hacer aparecer esto como un robo, es evidente. Pero yo desafío a cualquier persona normal (a explicar) cómo en un robo alguien le da nueve cuchilladas a una mujer indefensa para robarle carteras. Este hecho sólo habla por si mismo. No precisamos ser de la Policía técnica ni grandes detectives. El hecho éste ya es evidente. Y también es evidente que ellos no sabían quién era Silvia, de quién se trataba- concluyó Suppo.

3 de abril de 2010
2 de abril de 2010
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el derecho a cambiarse el nombre


Presentan dos proyectos de ley que benefician a personas travestis y transexuales. Una de las iniciativas busca facilitar el acceso al cambio de nombre en el documento. La otra intenta mejorar la atención sanitaria para personas trans. Ambos proyectos fueron presentados en el Congreso, con el apoyo de distintos legisladores.
[Soledad Vallejos] Argentina. "Acuérdense, el derecho de una es el derecho de todas", dijo la dirigente trans Marcela Romero, esgrimiendo el DNI con su verdadera identidad de género, logrado en 2009 tras una década de lucha. De pie, un público de activistas trans de todo el país y militantes jóvenes de la Federación Argentina LGBT aplaudió a rabiar. Coreaban, como mantra, "documentos legales para travestis y transexuales", mientras diputadas y diputados nacionales y de la ciudad de Buenos Aires y autoridades del Inadi, que habían asistido para comprometer su apoyo a las demandas trans en el mundo legislativo, las acompañaban. La primera vez que las personas trans, como colectivo, llegaron al Congreso para pedir por sus derechos llevaba una hora de presentación. Ya las dirigentes de la Asociación Travestis, Transexuales, Transgéneros de la Argentina (ATTA), Marcela Romero y Claudia Pía Baudracco, habían detallado los dos proyectos de ley, uno sobre identidad de género y documentos de identidad, el otro sobre atención sanitaria para personas trans, que presentaron para ampliar la agenda de derechos ciudadanos todavía pendientes, de acuerdo con las organizaciones militantes de la diversidad.
La presentación en sociedad de las demandas, por lo pronto, fue tan triunfal como poco tímida, lo cual podría explicarse por lo conseguido y también lo pendiente: mientras el proyecto de identidad de género, que apunta a la modificación de los datos registrales –partida de documento, DNI–, tiene estado parlamentario desde el año pasado, cuando fue ingresado por su autora, Silvia Augsburger (diputada MC), el de atención sanitaria para trans, que busca autorizar tratamientos y cirugías de reasignación de sexo sin necesidad de intervención judicial, aún no ha sido tomado por ningún diputado, aunque ya ha sido presentado en mesa de entradas por la Falgbt.
En un principio, el evento había conocido la formalidad propia de una presentación política realizada en un ámbito institucional. Aun cuando no pudieron asistir, por el maratón de reuniones y encuentros cruzados que atraviesa el Congreso en estos días, al menos catorce diputadas y diputados nacionales, de seis partidos diferentes, enviaron adhesiones al encuentro y prometieron su apoyo en el trámite parlamentario. A esos nombres, además, hay que sumar a Fernanda Gil Lozano (CC) y Cecilia Merchán (Libres del Sur), que ayer compartieron mesa con la presidenta de la Falgbt, María Rachid; las activistas trans Romero y Baudracco; el presidente del Inadi, Claudio Morgado, los socialistas Julián D’Angelo y Verónica Gómez (quienes asistieron en nombre del diputado Roy Cortina), y la legisladora porteña María José Lubertino (FpV).
"Estoy en un bloque donde no todos pensamos lo mismo, especialmente en cuanto a aborto y matrimonio gay", señaló Gil Lozano, quien explicó que a pesar de esas disidencias internas de su espacio (es conocida la oposición de Elisa Carrió a estas propuestas), ella no puede sino sentir "alegría" al ver la agenda legislativa inmediata porque "éstos sí son temas de militancia para mí". "El cotidiano me asusta, y en cambio esto, esta inclusión, es la integración de la dimensión amorosa en la política", definió, antes de evaluar y recomendar a las activistas trans posibles estrategias. "Muchas veces, en los bloques se da el no a estas propuestas pero sin meditar. Muchas veces ése no es producto de una profunda ignorancia, falta reflexión, faltan datos. No abandonen la estrategia de hablar con las personas de los distintos bloques. Cuesta, pero así van a poder dar fundamentos y van a poder cambiar decisiones que a veces se toman por carencia de información. Yo las felicito, recibí con alegría estos proyectos", agregó.
Precisamente, estadísticas habían sustentado parte de la presentación de los proyectos en el Congreso. De acuerdo con un relevamiento realizado por Analogías a fines de 2008, el 66,6 por ciento de los habitantes de las grandes ciudades del país están a favor de que las personas trans puedan cambiar el nombre que figura en su DNI; sólo el 22,5 se mostró en desacuerdo y el 5,9 no supo ni contestó. Cuando se trata de intervenciones sobre el cuerpo, el consenso es aún mayor: el 75,7 se mostró de acuerdo con que una persona trans pueda someterse a una operación de readecuación de sexo; el 20,3 no estuvo de acuerdo; el 4 no supo ni contestó.
Ayer por la mañana, todas esas cifras, sumadas a la certeza de haber comenzado a encontrar respaldos institucionales, saturaban de optimismo el aire del salón cedido para la ocasión en el Congreso. Hubo apoyos del PS, acompañamiento de Lubertino, quien también habló en nombre de Diana Maffía, y el respaldo del Inadi. También, Cecilia Merchán hizo explícito el apoyo del interbloque Proyecto Sur, Libres del Sur y SI. "Tenemos que pensar en la identidad y no solamente desde los derechos civiles, sino también desde una perspectiva histórica, profundamente cultural, de justicia social", sostuvo, por lo que "éstas son las leyes fundamentales para tener un país más justo".
Al fondo del salón, el secretario general de la Federación, Esteban Paulón, susurraba un "esto es histórico" mientras paseaba la vista por una concurrencia donde reinaban todos los looks, excepto los habituales en el Congreso. El martes, muchas de esas activistas, que en un momento de la presentación trazaron un mapa del país al ir poniéndose de pie y enunciando su provincia de origen, habían empezado a tener sus primeras herramientas de trabajo político, durante un taller de ATTA en el que él había colaborado. Ahora escuchaban a una de sus compañeras, Luisa Paz, de remera rosada y cabello cortito, tan notable en ese contexto de melenas infinitas. Ella había viajado desde Santiago del Estero para la ocasión; había escuchado la presentación sentada en primera fila, desde donde caminó hacia el micrófono cuando la llamó Rachid. "Tuve sensaciones encontradas –dijo–. Odio, bronca, alegría, varias cosas. Vi pasar, como si fueran filminas, situaciones de violencia personales y de compañeras. Esta ayuda que estamos encontrando para poder tener libertad, crecer, hacer algo, me pone en esta situación de vulnerabilidad diferente, que no sé cómo manejar. Muchos no entienden la importancia de tener el nombre propio en el documento, de poder vivir la vida que elegimos. Disculpen mis lágrimas."

3 de abril de 2010
1 de abril de 2010
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