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examen de adn para los noble herrera

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La Sala II de la Cámara de Casación Penal rechazó el recurso de los abogados del Grupo Clarín y dio la razón a Abuelas. Los camaristas Gustavo Mitchell, Guillermo Yacobucci y Luis García rechazaron la legitimidad del recurso presentado por los abogados que no hicieron firmar los escritos a Marcela y Felipe Noble Herrera. Queda pendiente una apelación ante la Corte.

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Argentina. La Sala II de la Cámara de Casación Penal rechazó ayer el último recurso dilatorio presentado por los letrados que en teoría representan a Marcela y Felipe Noble Herrera. El motivo quedará en la historia de los papelones del micromundo abogadil: Jorge Anzorreguy, Alejandro Carrió y Roxana Piña apelaron las medidas de prueba que permitirían esclarecer el origen de los jóvenes, pero omitieron hacerles firmar el escrito. Gustavo Mitchell, Guillermo Yacobucci y Luis García también encomendaron al juez Conrado Bergesio que se esmere en esclarecer si Anzorreguy y Horacio Silva representan a las víctimas, rebautizadas tras una adopción irregular o a la imputada Ernestina Herrera viuda de Noble, dueña del grupo Clarín.
Las Abuelas de Plaza de Mayo destacaron en un comunicado que el tribunal "avaló la decisión de comparar las muestras genéticas de Felipe y Marcela Noble Herrera con todas las muestras del Banco Nacional de Datos Genéticos" e informaron que exigieron al juez Jorge Bergesio que "ordene al Banco comenzar las pericias cuanto antes para saber si Marcela y Felipe son hijos de desaparecidos". Los abogados de Clarín tiene diez días para decidir si apelarán ante la Corte Suprema.
Los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo y de familias querellantes que desde hace treinta años buscan a sus seres queridos celebraron la resolución. "Es un fallo muy importante, un paso decisivo que sólo puede ser revertido por la Corte Suprema de Justicia", evaluó Alan Iud, de Abuelas. "Por fin logramos después de tantos años que se abra la posibilidad de encontrar verdad y justicia", afirmó Alcira Ríos. "Es un cachetazo a la impunidad judicial de los abogados de Clarín y tal vez sea el inicio del fin de tanto ocultamiento", se esperanzó el abogado y periodista Pablo Llonto, autor de una biografía de la imputada.

La Cajita Feliz
Según el expediente de adopción de Marcela, el 13 de mayo de 1976 la viuda del fundador de Clarín se presentó ante la jueza Ofelia Hejt, de San Isidro, con una beba en sus manos. Dijo que la había encontrado once días antes en una caja abandonada en la puerta de su casa de Lomas de San Isidro y ofreció como testigos a una vecina y al cuidador de la casa de la vecina. En 2001, Roberto Antonio García, de 85 años, declaró ante el juez Roberto Marquevich que nunca fue cuidador de esa casa. Su trabajo durante cuarenta años fue como chofer de Roberto Noble y, tras su muerte en 1969, de la viuda. Tampoco la presunta vecina vivía allí, según declaró su nieta y corroboró la policía. El juez confirmó en registros oficiales otra afirmación del chofer: la señora de Noble no vivió en la casa que declaró.
El expediente de adopción de Felipe sostiene que la madre, Carmen Luisa Delta, se lo entregó a la jueza Hejt el 7 de julio de 1976. El mismo día, sin disponer un estudio ambiental ni determinar las circunstancias del nacimiento, la jueza concedió la guarda a la viuda de Noble. Marquevich determinó que la señora Delta nunca existió. Según Abuelas, el dato falso sobre el domicilio en San Isidro y la omisión del sistema de turnos fueron decisivos para determinar la competencia del tribunal. (Hejt, ya fallecida, es la misma jueza que en abril de 1977, sin disponer medidas para ubicar a su familia y pese a las evidencias de que sus padres habían sido secuestrados por el Ejército, entregó en guarda a Andrés La Blunda, de tres meses, quien recuperó su identidad en 1984.)
Las irregularidades en las adopciones derivaron en 2002 en la detención de la viuda de Noble, decisión que le costó a Marquevich su destitución en un juicio político impulsado por los abogados de Clarín. Días después de ser liberada, Herrera de Noble emitió su primera y única declaración pública sobre el tema: "Muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal", escribió, y no escatimó esfuerzos para impedirles corroborarlo.
Bergesio, que reemplazó a Marquevich, durmió la causa durante siete años. A principios de febrero, intimado por la Cámara Federal de San Martín y denunciado por retardo de justicia, ordenó dos medidas: cruzar con todo el Banco Nacional de Datos Genéticos las muestras de ADN de los jóvenes (obtenidas en allanamientos irregulares, según denunció Abuelas), y extraerles sangre, salvo que aceptaran enviar al BNDG las muestras que se realizaron en el Cuerpo Médico Forense. Anzorreguy, Carrió y Piña apelaron ambas decisiones. La Cámara respaldó lo ordenado por Bergesio y remarcó que los jóvenes no habían firmado la apelación. Casación ordenó suspender las medidas y escuchó a las partes en una audiencia pública.
Carrió sostuvo que avanzar con las medidas derivaría en un "gravamen irreparable" para las víctimas, pues "una vez que se determine su origen genético el develamiento (de sus identidades) es irreversible", y pidió que Casación le ordenara a la Cámara pronunciarse sobre ese tema de fondo. Iud recordó que Abuelas fue admitida como querellante para determinar la identidad de los jóvenes, cuestionó que no habían firmado la apelación y remarcó la "doble representación" de Anzorreguy y Silva (en medio del proceso, por causas desconocidas, las víctimas emitieron poderes a favor de Silva y de Ignacio Padilla, quinto abogado en cuestión).
Casación le dio la razón a Abuelas y no llegó a pronunciarse sobre el tema de fondo. Anzorreguy, Carrió y Piña "no acreditaron en ningún momento tener poder de representación o mandato para recurrir en interés" de quienes dicen representar, explicaron. Tampoco fundaron "las razones de necesidad y urgencia que les han impedido cumplir con las exigencias procesales", sostuvieron. "No se trata de un mero rigorismo formal. La legitimación para actuar es uno de los puntos centrales en el proceso", apuntó Yacobucci. Marcaron "la incompatibilidad de intereses entre la imputada y quienes se alega serían víctimas", le encomendaron a Bergesio esclarecer a quién representan Anzorreguy y Silva, y ordenaron remitir copia del expediente al Colegio Público de Abogados para que evalúe eventuales sanciones. "Si fuera abogado de Noble buscaría el diploma y se lo tiraría a los chanchos", reflexionó Llonto. "Me daría vergüenza ser recordado como el abogado que presentó escritos sin firma de los apelantes y que además pretende defender a víctimas y apropiadores. Ojalá el juez de turno lleve a fondo la denuncia y el Colegio les saque la matrícula. El lunes puede empezar otra historia", concluyó.

11 de abril de 2010
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tantas veces nos mataron

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Silvia Suppo, tenía 51 años, era viuda, tenía dos hijos. Su voz, su memoria, su coraje fueron fundamentales en el largo camino que todavía recorre la Justicia para alcanzar a los responsables del genocidio perpetrado durante la última dictadura militar en Argentina. En su cuerpo llevaba las marcas de la tortura, la violación y un aborto producto de esa otra forma de tortura sistemática.

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[Sonia Tessa] Argentina. Nueve puñaladas terminaron con su vida hace apenas diez días, en un hecho que mientras no esté esclarecido completamente guarda la sospecha de estar destinado no sólo a callarla, sino también a amedrentar al resto de los hombres y las mujeres que siguen dando testimonio en cientos de causas todavía abiertas. Como si quisiera ponerse a girar otra vez la correa de transmisión del terror con que los genocidas quisieron asegurar su propia impunidad. Pero el miedo, dicen quienes sobrevivieron y lo prueban sus testimonios, no alcanza a paralizar la búsqueda de justicia, la necesidad de seguir haciendo hablar a la memoria. Aunque duela, aunque arda.
Durante más de 30 años, Silvia Suppo y su compañero Jorge ‘Corcho’ Destefani lucharon por memoria y justicia en Rafaela, la conservadora ciudad de 100 mil habitantes llamada la Perla del Oeste Santafesino, donde florece la economía y permanece el espíritu de la inmigración piamontesa. Eran compañeros de militancia cuando fueron secuestrados, el 24 de mayo de 1977, y derivados juntos a centros clandestinos de detención de la capital provincial. Decidieron volver a su ciudad, contra viento y marea, cuando fueron liberados, ella después de un año y medio, él tras cinco años de cautiverio. Armaron una pareja, tuvieron dos hijos, llevaron adelante la talabartería Siempre Cuero, en el centro de la ciudad, construyeron una casa luminosa y nunca jamás dejaron de lado la militancia. Todos los 24 de marzo organizaron actos conmemorativos, invitaron a Estela de Carlotto, impulsaron los juicios contra represores. En octubre del año pasado, Silvia dio un testimonio clave en la causa Brusa, y recordó a su compañero, que había fallecido pocos meses antes por una enfermedad. El lunes 29 de marzo, a media mañana, Silvia atendía su negocio. Ilusionada porque en pocos días viajaba a París a visitar a su hermano. Entre las 9 y las 10, le asestaron 9 puñaladas. La dejaron detrás del mostrador, y fue encontrada un rato después, por una clienta ocasional. Murió cerca del mediodía, en el Hospital Jaime Ferré. "Sostenemos la hipótesis del asesinato político hasta que se nos demuestre lo contrario con una investigación convincente", afirma Marina, su hija, después de la marcha que convocó a la enormidad de 1200 personas –en Rafaela–, para pedir el "total esclarecimiento". Aunque el fiscal Rodolfo Zehnder y el juez Alejandro Mognaschi trabajen sobre la hipótesis principal de homicidio en ocasión de robo, el ensañamiento del crimen deja más dudas que certezas.
Y pone en carne viva heridas muy actuales para los testigos-sobrevivientes. "Esto provoca un profundo dolor, un dolor que siento por primera vez de esta manera. Por la historia compartida. Y no sé cómo vamos a sanarlo. Porque nosotras le encontramos la vuelta al juicio, a lograr sentencia, pero esto es un dolor al que no le encuentro palabras", expresa entre lágrimas Stella Vallejos, compañera de cautiverio de Silvia en la Guardia de Infantería Reforzada de Santa Fe. Las unía esa relación profunda que quedó como marca de vida entre prisioneras políticas que la pasaron juntas. Se visitaban cada tanto, compartían las instancias del juicio a Brusa, festejaron juntas la sentencia. En esa causa fueron condenados, el 21 de diciembre pasado, el ex juez Víctor Brusa, Juan Calixto Perizotti, María Eva Aebi, Mario Facino, Héctor Colombini y Eduardo "Curro" Ramos a penas de entre 19 y 23 años de prisión.
Mientras no esté esclarecido, lo ocurrido con Silvia actualiza el horror de la desaparición de Jorge Julio López. "En la Argentina, dar testimonio en los juicios sigue siendo exponer la vida", consideró la historiadora Andrea Andújar. Así lo viven las personas que están próximas a dar testimonio, aunque no las amedrenta. "Creo que todos somos conscientes de dónde estamos declarando y sobre qué estamos declarando. Pero es el acompañamiento de la sociedad lo que más nos protege y que se entienda que no se trata de casos cerrados, que falta mucho para investigar, con poderes económicos que los sustentan, como ocurre en el caso de los supuestos hijos de Ernestina Herrera de Noble", considera Liliana Gómez, testigo de la megacausa Feced, que está por iniciarse en Rosario. Por su parte, Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos, subraya que los testigos sobrevivientes han roto el mandato de ser correa de transmisión del terror. "Nosotros pudimos dar testimonio para luchar por justicia", afirmó. Las palabras de los sobrevivientes no sólo traen al presente a los desaparecidos, cuyo lugar de aparición es la memoria, sino que también urden la trama para construir un futuro con justicia.

Una Testigo Importante
El testimonio de Silvia fue importante, porque había podido verles la cara a los represores cuando la llevaron a reponerse de un aborto en el Centro Clandestino de Detención La Casita. Silvia se refirió específicamente a la violencia sexual como otra forma de tortura. Le llevó años ponerle nombre pero, cuando lo hizo, no dudó. Recordó que se dio cuenta de su embarazo cuando ya la habían trasladado desde el CCD de la Comisaría 4ª al GIR. Perizotti –responsable de su lugar de detención– le dijo que debían "reparar el error". Ella tenía 18 años. En una entrevista para LasI12, el año pasado, Silvia recordó su indignación ante las palabras de Perizotti. "Como si hubiera sido un error. Me quedé helada cuando me dijo eso. No fue ningún error, tres personas no te violan por error. El lo decía como si hubiera sido obra de algún estúpido, como si no lo hubieran utilizado como método", dijo Silvia. Su testimonio –como el de las otras testigos– no sólo tuvo el valor de acusar a los represores, sino que también puso las cosas en su lugar: las violaciones fueron otra forma, específica, de tortura. No le resultó fácil decirlo.
Por eso, el acto del último 24 de marzo en Santa Fe fue distinto. Leyeron la sentencia. En otra ocasión, los y las querellantes le entregaron una copia al gobernador Hermes Binner y a la vicegobernadora Griselda Tessio. Ella –que fue fiscal en causas por los derechos humanos– fue la única funcionaria provincial que salió a hablar de la posibilidad de "sicarios". Es decir, de un crimen por encargo.

La Escena del Crimen
En la misma semana del asesinato, dos jóvenes fueron detenidos como sospechosos. Rodrigo Sosa, un muchacho de 19 años que se ganaba la vida lavando autos, conocido como Sosita, y su primo Rodolfo Cóceres, de 22. A Sosita, Silvia lo conocía porque de vez en cuando el chico le lavaba el auto. Los sospechosos aseguraron que habían entrado a robar y se adjudicaron el crimen, que negaron haber cometido por encargo. Las pocas cosas que habían robado, y el presunto celular de la víctima, estaban en casa de unos familiares de Cóceres. Pero una nota publicada el domingo pasado en Página/12 por Juan Carlos Tizziani detalla algunas contradicciones: los jóvenes dijeron que la habían asesinado en la parte de adelante del comercio, y luego la arrastraron hasta detrás del mostrador, pero no hay ni una gota de sangre en todo el trayecto. También los sospechosos dijeron que Silvia se había resistido el robo, y por eso la mataron. Pero la perito de parte Dolores Perassolo no vio heridas defensivas y cortantes en las manos ni los brazos. Desde el primer día, los hijos de Silvia consideraron imposible que su madre se resistiera a un robo.
Otro punto es la contaminación de la escena del crimen. La abogada de Hijos de Santa Fe, Lucila Puyol –que junto a su colega Guillermo Munne representa a los hijos de Silvia–, afirmó: "Desde el primer momento cuestionamos cómo se contaminó la escena del crimen. Cuando la policía llegó al lugar, comenzó a tomar huellas, y había mucha gente adentro del comercio. A tal punto que, cuando entraron los hijos, ellos tuvieron que echar a los curiosos. No había ni siquiera un vallado, y eso es significativo, porque esas horas son fundamentales". La profesional también criticó que la fiscal subrogante de ese momento, Cristina Fortunato, no fuera convocada por la policía para las primeras medidas. "Ese mismo día, cuando fuimos a hablar con la fiscal, ella ni siquiera había sido notificada, le avisaron después de que la inspección había concluido", rememoró Puyol.
Después de reunirse con el fiscal, la abogada consideró que "el ensañamiento y la alevosía nos impiden plantear un homicidio en ocasión de robo, puede ser por encargo, o por lo menos calificado por la alevosía". Y señaló que "la policía está intentando cerrar rápidamente la causa. Pero, como dicen los hijos de Silvia, deberá haber un proceso que demuestre realmente cómo ocurrieron los hechos, porque ella, en calidad de testigo de crímenes de lesa humanidad, puede haber sido víctima de un atentado como hubo tantos otros".
La propia Puyol sufrió, el año pasado, el robo de su estudio jurídico, del que –justamente– faltaron los discos rígidos de las computadoras. La investigación policial cerró rápidamente como un robo común. Por eso Hijos seccional Santa Fe alertó el mismo día del crimen que no se podía circunscribir la investigación. En ese sentido, Munné reclamó al Estado que, "si como dicen las autoridades policiales, judiciales y del Ejecutivo, no se descarta la hipótesis del ataque a Silvia como testigo de crímenes de lesa humanidad, esa hipótesis debe ser trabajaba con un esquema investigativo de más amplio alcance que la del delito común. Es lo mejor para la tranquilidad de los testigos, que una situación así no se minimice, porque la vulnerabilidad se hace más grande si ante una situación de semejante gravedad no se profundiza realmente la investigación".
En esa línea, Puyol consideró imprescindible que el Estado no cristalice la impunidad, algo que ocurre "si no se investigan los hechos ocurridos, o terminan en nada, sin responsables, sin saber quiénes los sostienen, porque acá hay recursos económicos y humanos. Se necesitan recursos materiales y gente, no los hacen los represores que tienen entre 70 y 80 años". La teoría del sicario tiene que ver "con las dudas acerca de si podría haber sido un crimen por encargo, por la calidad de testigo de Silvia. Pero en la causa todavía no hay elementos en ningún sentido. Está en las preliminares".

Otra causa
Lo cierto es que Silvia era denunciante en una causa que investiga el Juzgado Federal número 1 de Santa Fe, por la desaparición de Reinaldo Hattemer, que fue secuestrado el 25 de enero de 1977 en una iglesia de Rafaela, a la que había concurrido para presenciar el casamiento de uno de sus hermanos. Silvia reconoció a cuatro personas de su ciudad, y volvió a reconocerlos cuatro meses después, cuando la secuestraron a ella, a su hermano, Hugo Suppo, y a Destefani. De los cuatro acusados como secuestradores, dos fallecieron. Y otros dos viven en Rafaela. Uno de ellos está jubilado, y el otro trabaja en la seguridad privada de una empresa. "Hasta ahora las dos causas no están relacionadas. Una cosa es la que está en el Juzgado Federal, que continúa abierta. En esa causa, Silvia y su esposo fueron denunciantes. Por otro lado, está la causa por el asesinato de Silvia, en un Juzgado de Instrucción provincial, con Sosa y Cóceres como imputados", afirmó Puyol.
Como muchos testigos en causas por crímenes de lesa humanidad, Silvia sufrió amenazas e intimidaciones. Hace un año y medio, cuando concurrió a declarar en la etapa de instrucción de la causa Brusa, la intimidaron, con personas que se paraban amenazantes en la puerta de su negocio.

Valientes Testigos
Con la causa por el asesinato de Silvia Suppo en estado preliminar, es imposible tener certezas. Sí que la víctima de un brutal asesinato fue una importante testigo contra represores en causas por crímenes de lesa humanidad. Y que en Rafaela ese tipo de asesinatos en ocasión de robo son del todo inusuales. La duda, el temor, el dolor que provoca su muerte tiene un efecto expansivo, así como el reclamo de justicia.
"El simple hecho de que nos surja la duda significa que las cosas no están claras y que sentimos que no hay una protección. Significa estar expuestos. Justamente, la protección es eso, que la sociedad tome conciencia de que estamos expuestos, que estamos juzgando genocidios, que algunos de los responsables no están procesados, que otros están prófugos, que no hay un control desde los organismos del Estado sobre qué visitas reciben y qué contactos tienen los que sí están presos. Y hay muchos con prisión domiciliaria", planteó Liliana Gómez, quien cuestionó fuertemente la respuesta del Programa de Protección de Testigos de la provincia, a cargo de Oscar Blando. "Lo primero que salieron a decir fue que Silvia no estaba en el programa. Eso nos resulta extorsivo. Quiere decir que sólo cuidan a los testigos que están en el programa. Fue una respuesta que a mí me molestó muchísimo. No es una respuesta política para dar", apuntó la testigo de la causa Feced. Para ella, las dudas que genera el asesinato de Silvia, así como la certezas de la desaparición de Jorge Julio López, "significan que el tema todavía está vivo".
Testigo de la misma causa que Silvia, y con gran cercanía afectiva hacia ella, Stella Vallejos no deja de pensar en el valor del testimonio. "Queremos ser cuidadosas, porque este tipo de hechos tienen el objetivo de amedrentar, y no queremos replicarlo", afirma Vallejos. ¿Qué significa dar testimonio? "Es una experiencia dolorosa, es exponer todo lo que nos pasó, pero es liberadora, te libera porque contribuís a la reconstrucción histórica, hacés una contribución a terminar con la impunidad, y eso no tiene precio. Lamentablemente tenemos un testigo desaparecido y una muerte que necesitamos esclarecer. Yo voy a seguir dando testimonio porque fui querellante en una causa pero voy a ser testigo en otras", afirma.
Por su parte, Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos, admitió que crímenes como el de Silvia "por supuesto que generan temor, como lo generó el secuestro de Julio López, y en ese caso incluso no había ninguna duda sobre el motivo. En este puede quedarle a alguien alguna duda. Nosotros pensamos que, hasta que se demuestre lo contrario, esto tiene objetivos políticos, de amedrentar, de amenazar brutalmente a los testigos". La sobreviviente afirmó que "generar temor es uno de los fines que buscan. Los que hace mucho que estamos en esto sabemos que no está mal tener miedo, lo que hay que lograr es que no te paralice".
Entre los mandatos que los genocidios dejaron en la sociedad, uno de ellos fue que los sobrevivientes actúen como cadena de transmisión del terror. "Ese fue el objetivo de que hubiera sobrevivientes. Pero desde la Asociación nosotros decimos que logramos vencer ese mandato. Porque logramos hacer testimonio sin transmitir el horror sino la lucha de los compañeros, quiénes eran, por qué los llevaron, la resistencia posible en los campos de concentración, la exigencia de justicia. Nosotros logramos vencer ese mandato porque seguimos luchando, y el terror no logró su objetivo, que es paralizar", afirmó la testigo en la causa ESMA. Para muchos –como lo fue para Silvia– luchar por la justicia fue un motivo de vida. "La parte central de nuestra militancia fue dedicada a eso. Nos parece que en ese sentido hemos roto el mandato de los genocidas."

La Razón de Su Vida
¿Silvia tenía miedo? Marina, su hija, de 24 años, no duda ni un instante. "Nunca tuvo miedo. Al contrario, luchaba. El miedo mayor de ella era la injusticia y la impunidad, esos eran sus fantasmas." Por eso, rememora, cuando declaró en la causa Brusa "se sacó un gran peso de encima". Y se cuela el recuerdo de su madre cuidando de ella y su hermano Andrés. "Nosotros sabíamos algo, pero ella fue esperando nuestros procesos intelectuales y psicológicos, para que pudiéramos asumir lo que tuvo que vivir nuestra madre. Ella nos protegió de estas cuestiones violentas y morbosas que no formaban parte del legado que querían dejarnos", apunta Marina.
Convocada a hablar de la persona que fue Silvia Suppo, que a los 18 años estudiaba enfermería y era militante de la Juventud Peronista, Marina subraya "el compromiso" que mantuvo durante toda su vida, que llegó hasta los 51 años. Marina recuerda que su madre "fue una luchadora, una militante de toda su vida, en todos los planos que implica para una persona. Siempre tuvo coherencia, a pesar de toda la impunidad. Calculá que recién después de 30 años pudo mandar presas a las personas implicadas. Pero no pudieron romperla ideológicamente, no pudieron corromperla. Ese fue el gran triunfo de ella, de su generación, de los sobrevivientes de aquellos años".
Marina quiere subrayar el legado político de su madre no sólo en los grandes gestos sino también en la vida cotidiana. "Desde cómo nos educó, desde el amor, pero también con esa coherencia, siempre buscando la justicia, la verdad, siempre yendo por el lado democrático, en el acto más mínimo, que supone hacer la comida, desde decisiones cotidianas y triviales, qué jugo comprar, qué información darnos, a qué escuela ir, fue muy coherente toda su vida". Por eso, considera importante recordar a su madre por el "lado humano, que es político, porque tiene que ver con la ética". Y recuerda que su mamá y su papá hicieron "una opción política. Podrían haberse perdido en el anonimato de una ciudad más grande, pero decidieron emprender su vida acá contra viento y marea. Fue muy difícil cargar con ese pasado, que ahora nos da orgullo pero en algún momento fue una carga. Ellos tuvieron mucho miedo de cómo eso nos podía afectar a mí y a Andrés. Eso lo valoro mucho, que en esta ciudad que aún es conservadora, pero lo era mucho más hace 30 años, ellos salieran a denunciar lo que les pasó".
Para Marina, no es casual la reacción de la ciudad. "El acercamiento que tuvimos fue mayor de lo esperado, el grado de compromiso que han manifestado, tanto los poderes del Estado como las organizaciones no gubernamentales, el apoyo que recibimos, fue inesperado. Rafaela se mostró súper conmovida, se acercaron muchas personas que ni siquiera habían manifestado un interés político, se movilizaron muchísimo, y eso también lo tengo que reconocer", subrayó Marina.
El crimen de Silvia Suppo movilizó a Rafaela. "De inmediato se formó un grupo de amigos y compañeros de Marina para hacer algo en relación a lo que había pasado. Nos estamos reuniendo con otras organizaciones de Rafaela y con personas en particular para continuar la lucha por el esclarecimiento del asesinato", apuntó Dahiana Belfiori, del grupo de mujeres Enredaderas. Así llegaron a la marcha del Viernes Santo, cuando juntaron la enormidad de 1200 personas, en una ciudad de 100 mil, con altos índices de apatía.
Es que Silvia y Corcho no estuvieron tan acompañados como en las grandes ciudades en su lucha por los derechos humanos, aunque últimamente veían los frutos de su prédica. "Era una mujer muy entera que junto a su compañero llevaron la lucha en mucha soledad. Pero evidentemente la semilla está plantada, porque ahora somos muchos y muchas los que estamos preocupados y activando para que se esclarezca su crimen", consideró Belfiori.

10 de abril de 2010
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para el lunes espera represor su sentencia

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El fiscal pidió 15 años de prisión para Horacio Américo Barcos. También por violencia sexual. Los alegatos se leyeron ayer, y la sentencia se conocerá el lunes próximo. El fiscal y las querellas argumentaron que las violaciones a mujeres formaron parte del plan sistemático de represión ilegal y son crímenes de lesa humanidad.

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[Juan Carlos Tizziani] Argentina. El juicio al ex agente del Ejército, Horacio Américo Barcos (‘Quique’), acusado por crímenes de lesa humanidad, ya tiene día y hora de la sentencia. El Tribunal Oral dictará su veredicto el lunes próximo, a las 19, después de escuchar ayer los alegatos de las partes. La querella pidió 21 años de cárcel efectiva y común por los cargos que se le imputan al represor: "privación ilegal de la libertad agravada" y "tormentos" en dos casos. La Fiscalía solicitó una condena algo menor: 15 años. Y la defensa abogó por la inocencia de su cliente, aunque podría celebrar si logra la mínima. Barcos está acusado por el secuestro y torturas al historiador santafesino y ex dirigente de la CTERA ya fallecido, José Alberto Tur y a su esposa, Amalia Ricotti, en mayo de 1978. Lo novedoso es que por primera vez en un juicio por violaciones a los derechos humanos en Santa Fe, tanto el fiscal Martín Suárez Faisal como los abogados querellantes Horacio Coutaz y Zulema Rivera plantearon que "la violencia sexual cometida en los centros clandestinos de detención de la dictadura fueron parte del plan sistemático de represión ilegal, y por lo tanto constituyen delitos de lesa humanidad, imprescriptibles".
Fue una audiencia maratónica de doble jornada. A la mañana, arrancaron los querellantes Coutaz y Rivera. A la tarde, siguieron los fiscales Suárez Faisal y Patricio Longo. Y el cierre quedó a cargo del defensor de Barcos, el penalista Néstor Oroño, que en los últimos tiempos ha monopolizado el patrocinio de la mayoría de los acusados por crímenes del terrorismo de estado. Después de los alegatos, el Tribunal anunció que dictará su sentencia el lunes venidero, a las 19.
Tur y su esposa fueron secuestrados el 16 de mayo de 1978, a la mañana temprano, por un grupo de tareas integrado por unas diez personas que se movilizaban en cuatro vehículos. Los llevaron a un centro clandestino de detención, al que los represores llamaban Fábrica, donde fueron torturados durante dos semanas, hasta el 31 de mayo. Los liberan, pero siguen bajo el control y la vigilancia de la patota durante un tiempo.
En el debate de ayer, la querella y la Fiscalía pidieron al Tribunal que Barcos sea condenado también por "violencia sexual" que padeció Amalia en el centro clandestino. Ya en el secuestro -recordó la doctora Rivera los represores "la insultaban con una serie de expresiones que por un lado evidenciaban cierto matiz político ("zurdita", le decían), a la vez denigraban su condición de mujer".
"Amalia estuvo desnuda durante cinco o seis días estaqueada a una cama. Era objeto de abuso sexual. ’Quique’ le pasaba una pluma por todo el cuerpo desnudo antes de echarse arriba de ella, babosearla, susurrarle, violarla, como sabemos ahora", agregó Rivera. La sala de audiencia la escuchaba en silencio. "En todos los relatos anteriores de Amalia era imposible no inferir que había sido violada. Y sin embargo, ella nunca lo pudo poner en palabras hasta que declaró ante este Tribunal", dijo la abogada.
Rivera recordó que en la etapa de instrucción, cuando Ricotti identificó a Barcos en una rueda de personas ante el juez federal Reinaldo Rodríguez, pidió que lo pusieran de perfil. Y explicó por qué. "Ella pudo ver a Barcos durante el cautiverio, justamente, en el forcejeo, en las violaciones, cuando se le corría el tabique y obviamente, su perfil fue la imagen que más claramente se le grabó en la memoria. Lo pudo ver de perfil porque se le corría la venda mientras la violaba. Entonces, no fue casual que lo hubiera identificado de perfil", precisó.
El fiscal Suárez Faisal dijo que fue probado en el juicio que "Barcos abusó sexualmente de Ricotti aprovechándose de su situación de cautiverio e indefensión". Y dijo: "La violencia sexual forma parte del plan sistemático". El fiscal citó a dos organizaciones con estatus consultivos de la ONU y la OEA: el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer (Cladem) y el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), que se presentaron como "amicus curiae" (amigos del Tribunal) en el juicio al general Santiago Omar Rivero, en el Juzgado Federal N? 2 de San Martín.

9 de abril de 2010
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españa extraditará a chacal argentino

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España extraditará a piloto de vuelos de la muerte. Argentino Julio Alberto Poch está acusado de ser uno de los pilotos que arrojó al mar o al Río de la Plata desde aviones militares a detenidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

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España. El Consejo de Ministros de España aprobó hoy la extradición a Buenos Aires del ex piloto militar argentino Julio Alberto Poch, acusado de participar en los "vuelos de la muerte" de la dictadura militar en su país.
Poch está acusado de ser uno de los pilotos que arrojó al mar o al Río de la Plata desde aviones militares a detenidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), símbolo internacional de violaciones a derechos humanos, con secuestros, torturas, asesinatos y robos de bebés nacidos en el cautiverio de sus madres.
Nacido en Argentina pero también con nacionalidad holandesa, Poch, de 57 años, fue arrestado el 22 de septiembre de 2009 en el aeropuerto de Manises (Valencia), durante un vuelo que realizaba para la compañía Transavia.
La Audiencia Nacional dictó el 15 de enero un documento en el que estimaba procedente extraditar a Poch siempre que hubiera garantías en relación con la imposición de cadena perpetua al ex teniente de fragata.
El Consejo de Ministros aprobó hoy la extradición de Poch, luego de ser logradas esas garantías por parte del ministerio de Justicia y valoradas suficientes por la Audiencia Nacional.
El 6 de octubre, el piloto dijo ante el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que él no tuvo nada que ver con los llamados "vuelos de la muerte", porque "nunca estuvo destinado" en la ESMA
Asimismo, Poch negó entonces una denuncia al respecto que le hicieron sus compañeros ante autoridades holandesas tras una comida en Bali, Indonesia.
Según la denuncia, Poch se jactaba de haber participado en "los vuelos de la muerte", en los que las personas secuestradas por los grupos represivos argentinos eran arrojadas vivas al mar, semidormidas por la administración forzada de drogas.
La Secretaría de Derechos Humanos de Argentina confirmó el 22 de septiembre pasado que en 2007 tuvo información proveniente de Holanda "de que un aviador civil de origen argentino y nacionalidad holandesa se jactaba de haber sido piloto de los aviones que tras el golpe militar arrojaban al mar prisioneros con vida".
Esa Secretaría agregó que investigó la denuncia y se trata de "Julio Alberto Poch, nacido en Buenos Aires el 20 de febrero de 1952, egresado del Colegio Nacional Buenos Aires en el año 1968, que cursó la Escuela Naval Militar entre los años 1969 y 1972".
El juez federal argentino Sergio Torres recibió esa información y realizó "diligencias sumariales en Holanda", donde Poch residía.
Torres dispuso así su procesamiento y orden de captura a través de la Cancillería, al solicitar la extradición a Holanda, que no se pudo concretar por la ciudadanía holandesa del acusado.
Argentina cursó entonces la orden de detención internacional a través de Interpol, medida que posibilitó el arresto en Valencia.

9 de abril de 2010
©la nación 

a la espera de una condena ejemplar

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El jueves 15 se conocerá la sentencia a los represores de Rosario. "Todos sabemos que esto termina dentro de dos años porque es una cuestión política", desafió Amelong, uno de los imputados.

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[Claudio Socolsky] Argentina. El Tribunal Oral Federal No. 1 de Rosario anunció ayer que el próximo jueves 15, a las 12, dará a conocer la sentencia del primer juicio oral y público que se les sigue a los represores Óscar Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo. El anuncio se hizo luego que los acusados leyeran sus alegatos, antes del fallo, en el marco del proceso por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Rosario. En su alegato, Amelong indicó desafiante que no le preocupaba que la pena que le impongan "sea de 25, de 40 o de un año", ya que "todos sabemos que esto termina dentro de dos años porque es una cuestión política", y lanzó una ironía a los integrantes del Tribunal sobre el veredicto final: "La resolución que adopten tiene dos posibilidades, o ser elogiada por Página/12 de mañana o ser denostada por la historia". "Ven venir que la sentencia será a prisión perpetua", señaló Alicia Gutiérrez, diputada provincial del SI, y querellante de la causa.
"En esta última audiencia sólo queremos escuchar dónde están los compañeros", indicaban los carteles del Espacio Juicio y Castigo Rosario, mientras en la puerta del Tribunal integrantes de las diferentes organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas que integran el Espacio escuchaban los alegatos de los cinco represores acusados en el marco de la causa Guerrieri Amelong, en la que se investiga la desaparición de 17 personas así como la privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos a más de 20 en los centros clandestinos de detención La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia y Fábrica Militar.
Los acusados tenían hasta 20 minutos para expresarse ayer en la última audiencia del juicio por crímenes de lesa humanidad, algo que cumplieron Guerrieri, Fariña y Constanzo. Pagano sólo se limitó a agradecer "la labor desarrollada por todo el equipo de profesionales que actuaron en mi defensa, y reiterar mi inocencia".
Mientras Amelong le pidió al Tribunal que le dieran 10 minutos más para seguir con su alegato porque "no van a conseguir limitarme ni hacerme callar". Dijo que sus amigos, cuando lo van a visitar a la Policía Federal de Rosario, o se comunican con él, "permanentemente manifiestan lo que vamos a hacer cuantito esto termine, que todos sabemos que sea una pena de 25, de 40 o de un año, esto termina en dos o tres años porque es una cuestión política", imaginando un indulto en otro escenario político en el país.
Después se dirigió a los integrantes del Tribunal, integrado por los jueces Otmar Paolucci, Beatriz Barabani y Jorge Venegas Echagüe: "El resultado de este juicio histórico es político y por ende la resolución que adopten tiene dos posibilidades, o ser elogiada por Página/12 de mañana o ser denostada por la historia".
Por su parte, Fariña le pidió a los miembros del Tribunal que cuando "dicten su veredicto, lo hagan con total independencia y convencimiento del derecho, la justicia, la legalidad, a pesar de todos los condicionamientos y presiones que han venido sufriendo, y seguramente sufrirán; de todo tipo, de índole político, ideológico, periodístico y gubernamental".
"Lo que expresaron los imputados en el Tribunal denota que ven venir que la sentencia será a prisión perpetua", señaló Alicia Gutiérrez, diputada y querellante. "Realmente causa mucho desagrado escuchar a Amelong dándonos siempre lecciones, y hoy declarándose inocente. A Guerrieri, invocando a la patria, a dios, al escudo, diciendo que era un hombre honesto que nunca cometió ningún delito, sin reconocer ninguno de ellos en ningún momento la culpabilidad sobre los 17 asesinatos de nuestros compañeros", precisó la legisladora.
Gutiérrez indicó que Costanzo, que volvió a denunciar a sus antiguos compañeros de patota, "preguntó algo que nosotros hoy nos estamos preguntando: ¿dónde están los compañeros que fueron asesinados en La Intermedia y la Fábrica Militar?. El dijo que había denunciado 75 asesinatos, y les dijo a los jueces que su vida corría peligro y que podía ser asesinado, y que todavía tenía mucho por decir en las futuras causas. Esperemos que los miembros del Tribunal valoren la potencia de las pruebas que se presentaron a lo largo del juicio, que demuestran la responsabilidad de los cinco imputados en el asesinato de los 17 compañeros".
Otro de los querellantes en la causa, el ex concejal Juan Rivero, espera que "la condena sea ejemplar, ya que es un buen momento para plantearnos que otra sociedad es posible en un estado de plenitud en el marco de los derechos humanos".
Eduardo Toniolli, querellante en el juicio iniciado el 31 de agosto pasado, convocó a la ciudadanía para el jueves 15 a las puertas de los Tribunales Federales, en Bv. Oroño al 900. "La única garantía de que no avancen las propuestas que tanto entusiasman a los represores, promovidas por cierta dirigencia política que pretende amnistiar a los responsables de crímenes aberrantes, es que los rosarinos participemos masivamente en cada una de las instancias en las que se expresa el repudio a los genocidas, entre ellas la del dictado de la sentencia por parte de la Justicia Federal", concluyó Toniolli.

9 de abril de 2010
©rosario 12

última audiencia en causa guerrieri

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Para escuchar a los acusados. Se espera que la semana próxima, el Tribunal emita la sentencia. El Espacio Juicio y Castigo convoca a las 10, frente a los Tribunales Federales de Oroño al 900, con la consigna: "Sólo queremos escuchar donde están los compañeros".

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Argentina. La última audiencia del juicio oral y público que se les sigue a los represores Oscar Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo se realizará hoy, a partir de las 10, en los Tribunales Federales. En el marco del proceso iniciado el 31 de agosto pasado, se espera que la semana próxima el Tribunal Oral Federal número 1 integrado por Otmar Paolucci, Beatriz Barabani y Jorge Venegas Echagüe emita la sentencia. En la instancia de hoy, los imputados tendrán la posibilidad de expresarse, durante 20 minutos, antes del fallo. Como se trata de la última audiencia, los testigos y querellantes de la causas contra el terrorismo de estado, organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales y políticas, agrupados en el espacio Juicio y Castigo Rosario convocan "a toda la ciudadanía a participar de la última audiencia del juicio Guerrieri Amelong para reclamar a los genocidas que digan a dónde están los compañeros desaparecidos".
Así lo expresan los afiches realizados por el Espacio, donde se ve una oreja, con la inscripción: "En esta última audiencia sólo queremos escuchar dónde están los compañeros". En ese marco, hoy a las 11, los integrantes del Espacio realizarán una conferencia de prensa en Oroño al 900, frente a los Tribunales, para difundir las "actividades previstas para la semana que viene, en la que se estima tendrá lugar la sentencia , y se reclamará el esclarecimiento y la investigación a fondo del asesinato de la testigo de la causa Brusa, Silvia Suppo".
Al mismo tiempo, el amplio abanico de organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales y políticas anunciaron que empapelarán los tribunales federales de calle Oroño con fotos de los desaparecidos y orejas gigantes con la pregunta "¿A dónde están los compañeros?" De este modo, los integrantes del Espacio manifestarán su repudio a las palabras que emitirán hoy los genocidas.
Para el Espacio Juicio y Castigo Rosario no quedan dudas. "Ya se probó cómo torturaron y asesinaron a 17 militantes que pasaron por los cinco centros clandestinos de detención que forman parte de la causa, ya se documentó que mataron y reprimieron para imponer un modelo económico en favor de los grandes poderes nacionales e internacionales", dijeron los militantes agrupados en el Espacio, para quienes "lo único que el pueblo quiere escuchar de los genocidas es a dónde están los cuerpos de nuestros hijos, padres, familiares y compañeros desaparecidos", dijeron.
El juicio oral y público comenzó el 31 de agosto, e investiga la desaparición de 17 personas así como la privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos a más de 20. La causa acumuló dos procesos, el llamado Quinta de Funes y el llamado Fábrica Militar de Armas. En uno se investiga un circuito de centros clandestinos de detención que incluye la Calamita, la Quinta de Funes, la escuela Magnasco y la Intermedia.

7 de abril de 2010
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gobierno porteño implicado en escuchas

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La justicia citó a declaración indagatoria al jefe de gobierno porteño, al ministro Montenegro y al ex ministro Narodowski. Por las escuchas ilegales a su cuñado Daniel Leonardo y a Sergio Burstein, familiar de las víctimas de la AMIA, Macri fue citado a indagatoria por el juez Oyarbide. Su ministro de Seguridad y su ex de Educación serán interrogados por encubrimiento.

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[Irina Hauser y Raúl Kollmann] Buenos Aires, Argentina. "Es un disparate absoluto", había dicho temprano el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para descalificar los rumores sobre el inminente llamado a indagatoria a Mauricio Macri. Al atardecer llegaba a su propio despacho un fax que refutaba aquella teoría: la citación es un hecho, está prevista para el 28 de abril a las 10 de la mañana y las razones son concretas. El juez Norberto Oyarbide cree que ya acumuló suficientes pruebas como para sostener que Macri integra la asociación ilícita que desde 2007 se dedicó a pinchar teléfonos. Le atribuye responsabilidad en dos casos puntuales: las escuchas ilegales a su cuñado, el parapsicólogo Daniel Leonardo, y a Sergio Burstein, integrante de Familiares de las Víctimas del Atentado a la AMIA. También tendrán que declarar como sospechosos de encubrimiento el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y el ex titular de Educación Mariano Narodowski. Un cimbronazo anunciado para la administración PRO.
Hasta ahora las caras más visibles de la organización eran las del ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge "Fino" Palacios y la del espía Ciro James, ambos presos en el penal de Marcos Paz ya desde el año pasado. Pero precisamente en esos nombres está la pista que condujo a la Justicia a presumir que la decena de escuchas ilegítimas detectadas hasta el momento no fue producto exclusivo del negocio manejado por un grupo de policías, sino que habría contado con el amparo de altos funcionarios porteños y el impulso del propio jefe de Gobierno al menos en dos casos puntuales: el de Burstein, cuyo teléfono fue intervenido en la misma época en que reclamaba el desplazamiento de Palacios de la jefatura de la nueva policía; y el de Leonardo, cuya escucha coincide con el nombramiento de James en el Ministerio de Educación porteño, un hallazgo que a Narodowski le costó el cargo.
La semana pasada, un fallo de la Sala I de la Cámara Federal hablaba de una "empresa del delito" y confirmaba la calificación de "asociación ilícita" que Oyarbide aplicó no sólo a James y al Fino –a quienes describía en un papel central–, sino a otros cinco policías de Misiones y una empleada judicial de Posadas. Esa resolución era la señal que el juzgado estaba esperando para avanzar sobre el ala política. El también será indagado nuevamente, el viernes 16, con la intención de definir si fue el jefe u organizador de la banda.
La escucha a Leonardo, que se hizo entre el 23 de mayo y el 22 de junio de 2008, fue determinante en el rumbo de la investigación. El dato que comprometió a Macri en forma más directa es que James activaba su celular en la zona donde vive el jefe de Gobierno casi sistemáticamente después de retirar las grabaciones de su cuñado. Eso ocurrió nueve de las catorce veces después de pasar por las oficinas de la Side en Avenida de los Incas. La antena que lo delató es la de Barrio Parque. Cerca de Macri dijeron que en aquel entonces no vivía ahí, sino en Libertador y Tagle, pero funcionarios de la causa aclararon que la antena es la misma. Franco también vive en la zona, pero según fuentes judiciales, en ese entonces no estaba en el país.
Cuando dio su primer testimonio ante Oyarbide, Leonardo atribuyó el espionaje a su suegro, Franco Macri, pero dijo que lo habría concretado con la ayuda de Mauricio. El problema, explicó, era que Franco no aceptaba el matrimonio con su hija Sandra y que todo giraba alrededor de la fortuna familiar. El empresario admitió la enemistad con su yerno en una carta pública que hasta hablaba de que había contratado una agencia de seguridad para vigilar a la hija. El jefe de Gobierno intentó que su cuñado lo desincriminara ante la prensa: le mandó un e-mail a través de su secretaria (ella lo admitió ante el juez) con el texto que pretendía que difundiera para despegarlo del escándalo.
Pero hay un detalle que completa el escenario: una semana después de que comenzó a ejecutarse la escucha al celular del parapsicólogo, James fue nombrado en el Ministerio de Educación porteño en un cargo de supuesto asesor por el que cobraba 6000 pesos mensuales, aunque jamás firmó un dictamen, y nadie en la administración porteña supo –o quiso– precisar sus funciones. La hipótesis de los investigadores es que esa contratación habría sido la pantalla para sus actividades de espía. En esos días, además, Palacios –que venía de dirigir la seguridad de Boca durante la presidencia de Macri– ya estaba trabajando en el armado de la Policía Metropolitana. El líder de PRO le confiaba todos los asuntos de seguridad y de hecho lo siguió defendiendo aún después de que quedara detenido. Todo eso hace impensable que su comisario favorito haya digitado esa escucha ilegal sin decirle nada a su jefe.
Burstein está convencido de que Macri –cuya indagatoria reclamó ayer a la mañana– tenía un interés palpable y personal en saber lo que hablaba y todo indica que a esta altura Oyarbide comparte la sospecha. "Mantuve un conflicto público con él al oponerme a la designación de Palacios en la Metropolitana y porque soy querellante en la causa donde terminó procesado por interrumpir la investigación del atentado a la AMIA. Macri decía que era todo un armado de un grupo minoritario que hacía una denuncia falsa para desprestigiarlos a él y a Palacios", le dijo Burstein a Página/12. El único de seis celulares a su nombre que usaba para hablar de la causa AMIA fue el que le pincharon. Y fue entre agosto y septiembre del año pasado, cuando era inminente el procesamiento del Fino por encubrimiento del atentado.
Montenegro será indagado el 21 de este mes. Su citación se basa en la presencia constante de James en el edificio del Ministerio de Seguridad (donde está la Metropolitana), donde nunca llegó a estar designado, mientras que a Educación no iba nunca. Algunas de sus visitas allí –a Palacios y a su sucesor, Osvaldo Chamorro– eran inmediatamente anteriores o posteriores al retiro de casetes o CD de la Side. Está filmado incluso en visitas a despachos cercanos al del ministro Montenegro. Las antenas de Nextel, además, mostraron que su celular se activó en la zona de esa cartera 480 veces en dos meses. Narodowski ya fue indagado, pero ahora está citado para el jueves 22 como encubridor, ya que Oyarbide cree que no desconocía la irregularidad de la designación de James, que ni si quiera fue publicada en el Boletín Oficial.
El año pasado, Macri decía que James era un infiltrado y que toda la historia de las escuchas era una suerte de invento para impedir que la Metropolitana saliera a la calle y alimentar así la inseguridad. Ayer, sus voceros, se limitaron a decir: "Todavía no está notificado". El propio Macri se quejó de los ataques y la "politización".

7 de abril de 2010
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más pruebas contra ex espía

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El juicio en Santa Fe al represor Barcos entra en su etapa final. El jueves se cerrará el período de pruebas y comenzarán los alegatos. Es probable que el veredicto se conozca esta misma semana. A la condena que pueda recibir se le debería sumar otra por cinco años por "extorsión" a un empresario bonaerense.

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[Juan Carlos Tizziani] Argentina. El Tribunal Oral que juzga por delitos de lesa humanidad a un ex espía de la dictadura, Horacio Américo Barcos, incorporó ayer por lectura 45 piezas documentales que acusan al imputado, al tiempo que resolvió ampliar el plazo de pruebas -hasta el jueves que viene para que el Estado Mayor del Ejército informe en qué fecha Barcos operaba como "jefe de grupo" al servicio del Destacamento de Inteligencia Militar 122. Una de las pruebas que se incorporaron por lectura al juicio es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires que condenó a Barcos a cinco años de cárcel por "extorsión" a un empresario bonaerense de Tres Arroyos. Lo que significa que si ahora es declarado culpable por los delitos que lo acusan en Santa Fe -"privación ilegal de la libertad" y "tormentos" a los esposos José Alberto Tur y Amalia Ricotti, en mayo de 1978-, a la condena que pueda recibir se le debería sumar aquellos cinco años.
La audiencia de ayer fue más breve de lo previsto. Barcos finalizó la indagatoria que se había iniciado el lunes pasado, pero sin contestar más preguntas sobre su pasado como Personal Civil de Inteligencia (PCI). Una de las dudas que se había planteado en el debate es la fecha en que Barcos ascendió a "jefe de grupo" y tenía a su cargo "cuatro o cinco agentes" que también operaban como PCI. El ex espía dijo que eso ocurrió en los años 80, mucho después de la época que se ventila en el juicio. El Ejército ya aportó el legajo de Barcos en dos soportes: en papel y en microfilmes, pero justo en la foja donde consta ese dato es ilegible el año, aunque está firmada por dos oficiales del Destacamento de Inteligencia Militar: el capitán Sergio Rubén García y el capitán Alberto Armado Balmaceda.
El defensor de Barcos, Néstor Oroño pidió entonces que se oficie al Ejército para que informe en qué período prestaron servicio en Santa Fe los capitanes García y Balmaceda. El Ministerio Público y la querella se opusieron. "La prueba no resulta necesario porque no es un hecho controvertido", dijo el fiscal Martín Suárez Faisal. Y la abogada querellante, Zulema Rivera, coincidió con el criterio.
El Tribunal pasó a un cuarto intermedio para resolver el incidente y a la vuelta hizo lugar al requerimiento de la defensa. Y postergó 48 horas el período de pruebas, hasta el jueves que viene, a la espera de que el Ejército responda el informe que solicitó Oroño.
En consecuencia, el jueves se cerrará el período de pruebas y comenzarán los alegatos de los abogados querellantes, luego seguirán los fiscales y el viernes le tocará a la defensa. Es probable que el veredicto se conozca inmediatamente después, según dejó entrever el presidente del Tribunal Oral. "La idea es terminar el juicio en el curso de esta semana", dijo el doctor José María Escobar Cello.
Tras el incidente, el Tribunal incorporó por lectura 16 piezas documentales agregadas a la causa, 19 reservadas en secretaría y ocho que se ordenaron en el curso del debate. En total: 45 pruebas. Entre ellas una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires que dejó firme una condena a Barcos a cinco años de cárcel por "extorsión" a un empresario de Tres Arroyos. El hecho ocurrió en 1996. Y hasta ahora, Barcos sólo ha cumplido una mínima parte de la pena.
Al final de la audiencia, Rosario/12 pidió al abogado querellante, Horacio Coutaz una evaluación de la indagatoria de Barcos. "Nosotros creemos que mintió deliberadamente y eso va a ser parte de nuestro alegato, sobre todo la relación con (otro PCI que declaró como testigo en el juicio, César Luis) Frillocchi, el conocimiento que tenía de Amalia Ricotti y el tipo de actividad que desarrollaban los PCI. Algunas cosas que dijo son importantes, más que nada sobre quiénes fueron sus padrinos", para que ingresara al Destacamento de Inteligencia Militar.

6 de abril de 2010
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