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testimonio de silvia fue demoledor


Relato de secuestro, tortura y violación. El valor de contar.
[Sonia Tessa] Rosario, Argentina. Silvia Suppo fue secuestrada el 24 de mayo de 1977 en Rafaela, su ciudad natal, junto a su hermano y uno de sus compañeros, Jorge Destéfanis, que al salir en libertad –tras cinco años preso en Coronda– se convirtió en su pareja. La noche de su caída la trasladaron a un centro clandestino de detención de la ciudad de Santa Fe. Allí fue torturada y violada. Quedó embarazada producto de esa violencia, y sus captores se ocuparon de "subsanar el error" llevándola a hacer un aborto. Estuvo un año y medio prisionera. Su compañero, Reinaldo Hattemer, había sido secuestrado el 25 de enero de 1977 y continúa desaparecido. Silvia volvió a su ciudad en 1978, cuando salió con libertad vigilada. El 5 de octubre del año pasado declaró en el juicio oral y público contra el ex juez federal Víctor Brusa y otros cinco represores. Fue una testigo clave. Al día siguiente, relató en una conversación telefónica lo que significó para ella dar su testimonio: "Estoy contenta por la tarea cumplida. Yo les decía a las chicas (otras testigos, que fueron sus compañeras de cautiverio) que estaba nerviosa, pero en el fondo para mí significaba muchísimo, y también para mi esposo, que murió hace tres meses y estuvo cinco años preso en Coronda". Silvia empezaba a disfrutar de su nieta, tenía 51 años.
Silvia terminó la escuela secundaria en 1976, y menos de un año después, cuando tenía 18, fue secuestrada. Estudiaba enfermería en la capital provincial, donde vivía con su pareja, que fue secuestrado en la iglesia de Rafaela a la que había ido para presenciar el casamiento de su hermano. Los dos eran militantes montoneros. Rafaela es una ciudad conocida como la perla del Oeste, de economía pujante y mentalidad conservadora. Después del secuestro de Reinaldo, todo fue una pesadilla. "De ahí en más cambió mi vida rotundamente, ya no pude ir a Santa Fe, empecé a buscar trabajo, y el 24 de mayo de ese año me detuvo personal de Rafaela, que reconocí porque eran los mismos que estaban en la iglesia", relató el 6 de octubre pasado a Página/12. Su primer lugar de cautiverio fue la Jefatura de su ciudad, pero esa misma noche la trasladaron, junto a otros compañeros, a Santa Fe. "Nos metieron en un Falcon y nos trasladaron a mí y a mi hermano en el asiento de atrás, y al que después fue mi esposo, Jorge, en el baúl de ese auto", relató. Llegó a la comisaría 4ª, un centro clandestino de detención en el que escuchó cómo torturaban a su hermano. "De tanta picana, se descompuso. Yo escuchaba que había un estudiante de medicina, que les decía ‘despacio porque este chico se queda’. Así lo llevaron al hospital Cullen, desde donde se escapó y consiguió, a través de unos familiares, llegar a Rafaela. Allí se comunicó con mis padres", relató Silvia.
En tanto, a ella la torturaron la misma noche que se descompuso su hermano. Le decían que a su novio lo habían tirado en un avión, y que estaba en el río Paraná. "Dos veces fui sometida a torturas", relató.
Los padres de Silvia tenían contactos con Jorge Casaretto, entonces obispo de la zona. "Llegó a la 4ª como al mes y medio. Hasta ese momento mis padres no sabían dónde estaba yo", contó Silvia, que a partir de allí fue trasladada a la Guardia de Infantería Reforzada, dirigida por Juan Calixto Perissotti, que no era un centro clandestino de detención, porque las prisioneras recibían visitas, pero donde estaban a expensas de la patota, que iba a buscarlas para torturarlas y violarlas, como parte de la estrategia de aniquilamiento. "A partir de entonces nos iban a ver con nuestros familiares. Estuve un año y medio hasta diciembre de 1978, cuando me liberaron con la vigilada. Tenía que presentarme en Avenida Freyre, no podía salir de la ciudad de Rafaela sin pedir permiso, fue un año y medio más. Por supuesto que nadie nos daba laburo", siguió contando en octubre del año pasado.
Frente a los jueces del Tribunal Oral que juzgó a Brusa y otros cinco represores, Silvia fue contundente. No era la primera vez que denunciaba lo ocurrido. "Hicimos la denuncia frente a la Conadep, también habíamos contado lo que nos había pasado a una agrupación de la Cruz Roja que vino en 1978. Lo hicimos frente a abogados, frente a la fiscal Griselda Tessio, pero jamás habíamos podido hacerlo frente a un tribunal", indicó.
Aseguró que no le había costado hablar sobre lo ocurrido, aunque durante años mantuvo silencio sobre la violencia sexual que sufrió. "No me costó hablar de lo ocurrido. Lo que yo mantuve unos años en silencio, aunque mis amigos y compañeros lo sabían, era la cuestión de la violación y el aborto. Estuve esperando que mis hijos crecieran, es lo único que a mí me condicionaba, para que entendieran, para explicarles mejor. Después de todo, tenés que hacer un proceso para poder contarlo", relató el año pasado, luego de su impactante testimonio ante el tribunal.
Ante la pregunta sobre el aborto que le practicaron, Silvia no dudó. "Peor hubiera sido el embarazo, te digo. A mí me encantan los chicos, tuve dos hijos. Pero fueron embarazos deseados, actos de amor." De hecho, sus hijos –una mujer y un varón– tienen 21 y 24 años. "Cada vez que escucho en otros casos, es una atrocidad dejar avanzar un embarazo producto de una violación, yo no hubiera podido. Por favor, qué hubiera sido de mí", se preguntó el año pasado.
Para ella, fue terrible escuchar al responsable de su lugar de detención, Perizotti, decirle que iban a subsanar el error que significaba su embarazo. "Como que hubiera sido el error, me quedé helada. No fue ningún error, tres personas no te violan por error. Como si hubiera sido producto de algún estúpido que lo hizo, como si no lo hubieran utilizado como método", enfatizó.
El testimonio en el juicio a Brusa fue demoledor. Y también un alivio para Silvia. "Fue terrible, estar presa, mi hermano preso, todos los compañeros de Rafaela presos. Allá éramos pocos, pero hubo también gente comprometida", afirmó. Cuando salió en libertad, cuando empezó la relación sentimental con Destéfanis, si bien nunca retomó la militancia política, sí trabajó en los organismos de derechos humanos. "Nos costó un montón, siempre hicimos actos para el 24 de marzo, siempre asumimos quiénes éramos. Esto, en una ciudad tan reaccionaria, tiene un costo bastante grande. Pero las nuevas generaciones van cambiando. No está todo perdido. Nos costó marcar nuestra identidad, porque acá hay más cosas que perder, es una ciudad chica. Nosotros vivimos de nuestro comercio, entonces siempre te cuestionás. Pero hubo algo que supera todo, fue como un sacerdocio", relató sobre el camino que llevaron en su ciudad.
Y después de muchos años de espera, pudo declarar frente a un tribunal. "Desde la última vez que declaramos, en la etapa de instrucción, no veía la hora de que fuera el juicio. Te remueve todo el pasado, tenés un poco de nerviosismo por el lugar en el que estás, muy expuesta, pero sentís que le das un poquito de cierre a la historia", afirmó.

30 de marzo de 2010
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secuestro equivocado


Otro episodio sospechoso.
Argentina. El de ayer no fue el primer episodio sospechoso relacionado con testigos de la causa Brusa, que investiga el terrorismo de Estado en Santa Fe. El miércoles 25 de noviembre del año pasado, dos desconocidos intentaron secuestrar a Avelino Cantelli, un comisario de la policía que un día antes había testificado en el juicio a los represores. Luego de interceptar a la víctima a la salida de su casa, encapucharla, subirla a una camioneta y llevarla hasta una casa, los secuestradores descubrieron que no tenían al testigo sino a un vecino suyo, de su misma edad y cierto parecido físico, a quien finalmente decidieron liberar. Según le contó a Página/12 el comisario Cantelli, luego de este episodio, su vecino escuchó que sus captores dijeron "que podría haber más secuestros en Santa Fe".
Eugenia Cantelli, hija del comisario, relató el incidente: "Mi papá tiene un vecino que es muy parecido. A las 10, una camioneta lo secuestró, le pusieron una capucha y le dijeron ‘quieto, Cantelli, porque te matamos’. Uno se dio cuenta de que no era mi papá al que habían secuestrado y lo dejaron en el Puente Negro", una zona en las afueras de la capital provincial. La inesperada víctima era un ferroviario jubilado, de apellido Bianchi, que vive en el mismo edificio que el testigo, en el mismo piso, en el departamento de enfrente. Ese día, minutos antes de que Bianchi saliera de la casa, Cantelli había entrado, por lo que los secuestradores cometieron la confusión.
Un día antes del intento de secuestro, el comisario había declarado como testigo de la causa que investiga al ex juez Brusa y a cinco policías por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Cantelli se había desempeñado como jefe de la Sección Robos y Hurtos de la policía de Santa Fe durante la dictadura, donde conoció a algunos de los acusados, a quienes señaló como miembros del llamado Departamento de Informaciones, "una especie de brigada antisubversiva". Pero su declaración había sorprendido porque, además, había acusado al ex gobernador santafesino Jorge Obeid, por haber "reciclado" a uno de los jefes del grupo de tareas que operó en esa provincia, Nicolás Correa, como asesor de seguridad durante su primer mandato. Correa, que también estaba implicado en la causa, falleció en 2007, sin condena.
En una entrevista con este diario, unos días después del intento de secuestro, Cantelli aseguró que hay, al menos, un ex policía detrás del episodio. "Una cosa mafiosa –lo calificó–. Estos tipos son profesionales, los que secuestraron a mi vecino estaban organizados."

30 de marzo de 2010
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mataron a silvia suppo


Asesinaron en Rafaela a Silvia Suppo, testigo de la causa Brusa. Doce puñaladas sin explicaciones. Aunque se investiga la hipótesis de robo, la mujer dio su testimonio en el juicio y también impulsaba una causa por la desaparición de su compañero, con imputados que viven en esa ciudad. Hay dos detenidos por robo seguido de homicidio.
[Sonia Tessa] Santa Fe, Argentina. Silvia Suppo fue una testigo importante del juicio contra el ex juez federal Victor Brusa, y también impulsaba la causa que investiga la desaparición de su compañero, Reinaldo Hammeter, secuestrado el 25 de enero de 1977, en la catedral de Rafaela. Esta causa tiene imputados que viven en la misma ciudad. Ayer, entre las 9 y las 10 de la mañana, fue asesinada de doce puñaladas en su negocio, ubicado en pleno centro de su ciudad, de 95 mil habitantes, donde es inédito un crimen con semejante ensañamiento. Según la versión policial, entraron a robarle, dado que faltaba el dinero de la caja y alguna mercadería de la talabartería. Al cierre de esta edición había dos personas detenidas, de 18 y 19 años, con antecedentes delictivos, y la policía buscaba a otros dos, siempre bajo la hipótesis de robo. En cambio, la abogada Lucila Puyol, de HIJOS Santa Fe, consideró una "irresponsabilidad tomar esta determinación a partir de tan pocos elementos. Está claro que este es un asesinato en su calidad de testigo".
Puyol subrayó que "por su calidad de víctima y de testigo para la causa Brusa, y para la causa de Hatemmer, que se encuentra en etapa de instrucción, así como la cercanía con el 24 de marzo y los otros elementos que está aportando la familia, como las intimidaciones permanentes que sufría, está claro que no se puede investigar como un robo".
La víctima tenía 51 años, dos hijos de 21 y 24, y se encontraba sola en el negocio dedicado a la venta de artesanías en cuero y plata en Sargento Cabral al 200, en el microcentro, a metros de la avenida Santa Fe y a pocas cuadras de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional V. También vivía allí. El homicidio ocurrió en horario comercial y a plena luz del día. Recién a media mañana el cuerpo aún con vida de Suppo fue advertido por una ocasional clienta. Suppo yacía en sobre un charco de sangre, semiinconsciente, y fue trasladada de urgencia al Hospital Jaime Ferré, donde pese a los esfuerzos realizados falleció minutos después del mediodía cuando era intervenida quirúrgicamente, debido a un paro cardiorrespiratorio, entre otras complicaciones por las heridas recibidas. Según los investigadores, los atacantes actuaron con total impunidad.
Los hijos de Silvia pidieron que la autopsia se realice en la ciudad de Santa Fe. Junto a abogados querellantes de las causas por delitos de lesa humanidad se entrevistaron con la fiscal Cristina Fortunato, que entiende en la causa, para pedirle que se tome el caso con la gravedad que corresponde. Subrayaron la importancia del testimonio de la víctima en el juicio contra Brusa, su participación en otro proceso por la desaparición de su compañero -del que también sería una testigo muy importante- que tiene cuatro imputados, de los cuales al menos dos residen en Rafaela. La familia de Silvia todavía no prestó declaración, pero relatará sobre las permanentes intimidaciones, hechas por personas que se paraban desafiantes frente a su negocio.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Horacio Ghirardi, afirmó: "Estamos siguiendo personalizadamente la investigación, con los jefes policiales y de las distintas áreas, tanto del Ministerio de Seguridad como de Justicia. Lo seguimos muy de cerca para ver cómo evoluciona el hecho". Justamente, ayer la policía detuvo a dos personas y realizaba allanamientos en la zona de Rafaela en busca de otros dos que -según una fuente- "tendrían alguna implicancia o algún tipo de complicidad".
Silvia no formaba parte del Programa de Protección a Testigos del Ministerio de Justicia de la provincia, pero su asesinato devela la indefensión en la que se encuentran los testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad. "Cuando dio testimonio, se le ofreció su ingreso al programa, pero ella no requirió nada. Aún así, siempre estuvimos en relación con ella", indicó el director del Programa, Oscar Blando. El funcionario agregó que ayer fueron a hablar con el jefe de la Unidad Regional, Juan Mondino y el juez de la causa, Alejandro Mognaschi. "Queremos saber si fue un robo o una situación vinculada con los derechos humanos. Si fue un robo, hay que tranquilizar a los testigos. Si no lo fue, es un hecho gravísimo y hay que redoblar los esfuerzos del Estado", agregó Blando, quien subrayó que la familia de la víctima recibió asistencia de funcionarios del programa.
También el abogado Jorge Pedraza, director provincial de Investigación y Reconstrucción de la memoria histórica, estuvo ayer en Rafaela. "Llama la atención en Rafaela, porque un hecho así tan violento en el centro, con resultado de muerte no era común hasta hoy y por el ensañamiento con que la asesinaron", indicó el funcionario, quien destacó que la hipótesis policial apuntaba al robo seguido de muerte.
Suppo declaró el 5 de octubre pasado en la causa conocida como Brusa, que tuvo también como imputados a Juan Calixto Perizotti, Héctor Colombini, María Eva Aebi, Mario Facino y Eduardo Ramos. El 21 de diciembre pasado, se conoció la sentencia de 19 a 21 años de prisión para los acusados de privación ilegítima de la libertad y tormentos.
Tras su asesinato, el espacio Juicio y Castigo de Rosario reclamó "al estado el inmediato esclarecimiento de este doloroso hecho, ya que sucede en un contexto de declaraciones de algunos nostálgicos golpistas y de actos preocupantes que se vienen sucediendo en distintas provincias. Es necesario que las autoridades arbitren todos los medios necesarios para generar tranquilidad en testigos y querellantes de los distintos juicios para que los mismos sigan adelante con la justa condena a todos los genocidas".
Silvia fue secuestrada el 24 de mayo de 1977 en Rafaela. Esa misma noche la trasladaron a Santa Fe junto a su hermano y Jorge Destefanis, quien al salir en libertad, tras cinco años de prisión en Coronda, fue su pareja. Jorge, a quien sus compañeros llamaban Corcho, murió tres meses antes del juicio oral y público a Brusa. El día después de declarar frente al Tribunal Federal Oral, Silvia le dijo a esta cronista que se sentía "contenta por la tarea cumplida".

30 de marzo de 2010
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asesinan a testigo en juicio por ddhh


Asesinaron en su negocio en Rafaela, Santa Fe, a Silvia Suppo, ex detenida-desaparecida, testigo en el juicio contra el ex juez Brusa. Doce puñaladas para una víctima de la dictadura. Silvia Suppo impulsaba también la causa por la desaparición de su compañero, Reinaldo Hammeter. Dos de los imputados viven en Rafaela. Las hipótesis van desde el robo hasta la venganza.
[Sonia Tessa] Rosario, Argentina. Silvia Suppo fue una testigo importante del juicio contra el ex juez federal Víctor Brusa, y también impulsaba la causa que investiga la desaparición de su compañero, Reinaldo Hammeter, secuestrado el 25 de enero de 1977, en la catedral de Rafaela. Esta causa tiene imputados que viven en la misma ciudad. Ayer, entre las 9 y las 10 de la mañana, fue asesinada de doce puñaladas en su negocio, ubicado en pleno centro de su ciudad, de 95 mil habitantes, donde es inédito un crimen con semejante ensañamiento. Según la versión policial, entraron a robarle, dado que faltaba el dinero de la caja y alguna mercadería de la talabartería. Al cierre de esta edición había dos personas detenidas, de 18 y 19 años, con antecedentes delictivos, y la policía buscaba a otros dos, siempre bajo la hipótesis de robo. En cambio, la abogada Lucila Puyol, de Hijos Santa Fe, consideró una "irresponsabilidad tomar esta determinación a partir de tan pocos elementos. Está claro que este es un asesinato en su calidad de testigo".
Puyol subrayó que "por su calidad de víctima y de testigo para la causa Brusa, y para la causa de Hammeter, que se encuentra en etapa de instrucción, así como la cercanía con el 24 de marzo y los otros elementos que está aportando la familia, como las intimidaciones permanentes que sufría, está claro que no se puede investigar como un robo".
La víctima tenía 51 años, dos hijos de 21 y 24, y se encontraba sola en el negocio dedicado a la venta de artesanías en cuero y plata en Sargento Cabral al 200, a pocas cuadras de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional V. También vivía allí. El homicidio ocurrió en horario comercial y a plena luz del día. Recién a media mañana el cuerpo aún con vida de Suppo fue advertido por una ocasional clienta. Suppo yacía sobre un charco de sangre, semiinconsciente, y fue trasladada de urgencia al Hospital Jaime Ferré, donde pese a los esfuerzos realizados falleció minutos después del mediodía, cuando era intervenida quirúrgicamente, debido a un paro cardiorrespiratorio, entre otras complicaciones por las heridas recibidas. Según los investigadores, los atacantes actuaron con total impunidad.
Los hijos de Silvia pidieron que la autopsia se realizara en la ciudad de Santa Fe. Junto a abogados querellantes de las causas por delitos de lesa humanidad se entrevistaron con la fiscal Cristina Fortunato, que entiende en la causa, para pedirle que se tome el caso con la gravedad que corresponde. Subrayaron la importancia del testimonio de la víctima en el juicio contra Brusa, su participación en otro proceso por la desaparición de su compañero –del que también sería una testigo muy importante–, que tiene cuatro imputados, de los cuales al menos dos residen en Rafaela. La familia de Silvia todavía no prestó declaración, pero relatará sobre las permanentes intimidaciones, hechas por personas que se paraban desafiantes frente a su negocio.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Horacio Ghirardi, afirmó: "Estamos siguiendo personalizadamente la investigación, con los jefes policiales y de las distintas áreas, tanto del Ministerio de Seguridad como de Justicia. Lo seguimos muy de cerca para ver cómo evoluciona el hecho". Justamente, ayer la policía detuvo a dos personas y realizaba allanamientos en la zona de Rafaela en busca de otros dos que –según una fuente– "tendrían alguna implicancia o algún tipo de complicidad".
Silvia no formaba parte del Programa de Protección a Testigos del Ministerio de Justicia de la provincia, pero su asesinato revela la indefensión en la que se encuentran los testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad. "Cuando dio testimonio, se le ofreció su ingreso al programa, pero ella no requirió nada. Aun así, siempre estuvimos en relación con ella", indicó el director del Programa, Oscar Blando. El funcionario agregó que ayer fueron a hablar con el jefe de la Unidad Regional, Juan Mondino, y el juez de la causa, Alejandro Mognaschi. "Queremos saber si fue un robo o una situación vinculada con los derechos humanos. Si fue un robo, hay que tranquilizar a los testigos. Si no lo fue, es un hecho gravísimo y hay que redoblar los esfuerzos del Estado", agregó Blando, quien subrayó que la familia de la víctima recibió asistencia de funcionarios del programa.
Suppo declaró el 5 de octubre pasado en la causa conocida como Brusa, que tuvo también como imputados a Juan Calixto Perizotti, Héctor Colombini, María Eva Aebi, Mario Facino y Eduardo Ramos. El 21 de diciembre pasado, se conoció la sentencia de 19 a 21 años de prisión para los acusados de privación ilegítima de la libertad y tormentos. Además, Silvia impulsaba la causa por su compañero desaparecido el 25 de enero de 1977. Allí hay cuatro imputados, de los cuales al menos dos aún viven en Rafaela.
Tras su asesinato, el espacio Juicio y Castigo de Rosario reclamó "al Estado el inmediato esclarecimiento de este doloroso hecho, ya que sucede en un contexto de declaraciones de algunos nostálgicos golpistas y de actos preocupantes que se vienen sucediendo en distintas provincias. Es necesario que las autoridades arbitren todos los medios necesarios para generar tranquilidad en testigos y querellantes de los distintos juicios para que los mismos sigan adelante con la justa condena a todos los genocidas".

30 de marzo de 2010
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procesado por falso testimonio


Procesaron a Frillocchi por falso testimonio.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. La justicia federal le inició al ex PCI del Ejército, César Luis Frillocchi, una causa por falso testimonio después declarar en el juicio a su colega Horacio Américo Barcos, en el Tribunal Oral de Santa Fe, donde casi termina preso por mentir. Entre otras cosas, Frillocchi reveló que operaba con nombres falsos que comenzaban con sus mismas iniciales, como era norma entre los agentes secretos: Carlos Lucas Fernández y Carlos Leandro Fittipaldi. Y mencionó a dos jefes del Destacamento de Inteligencia Militar 122 con los que tenía trato: el coronel Antonio Ramón Ricciardi (entre 1977 y 1979) y el coronel Luis Alberto González, que sucedió al anterior.
En su declaración, Frillocchi intentó despegarse en todo momento de Barcos, pero las contradicciones fueron tantas que el fiscal Martín Suárez Faisal lo acusó por falso testimonio y pidió su detención. El Tribunal Oral Federal hizo lugar al requerimiento del Ministerio Público, pero dejó ir al PCI en un fallo dividido: el presidente, José María Escobar Cello, apoyó la petición fiscal pero los dos vocales, María Ivón Vella y Daniel Laborde le votaron en contra.
Barcos está acusado de integrar un grupo de tareas que secuestró a los esposos José Alberto Tur y Amalia Ricotti, en mayo de 1978. Ya en la etapa de instrucción de la causa, el 9 de junio de 2006, Frilocchi había declarado como testigo. Le preguntaron "si Barcos prestó servicio en algún organismo policial o colaboró con la policía en tareas de represión". Y contestó: "No tengo conocimiento de ello y nunca supe que el mismo fuera policía o colaborador de algún organismo de ese tipo".
Un año después, en octubre de 2007, el Ejército envió al juez Reinaldo Rodríguez la lista de los PCI que prestaron servicio en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 en 1978 y apareció el nombre de Frillocchi. La fiscal federal Nº 2 Cintia Gómez interpretó entonces que el testigo había faltado a la verdad, le pidió al juez que "extraiga las copias pertinentes" y lo investigue por falso testimonio.
La semana pasada, Frillocchi volvió a ser acusado por el Ministerio Público. "El testigo ha incurrido en numerosas contradicciones. Ha afirmado falsedades y ha negado y callado la verdad", dijo el fiscal Martín Suárez Faisal.
Frillocchi insistió en varias partes de su relato que él había ingresado como PCI después del secuestro de Tur y Ricotti, el 16 de mayo de 1978. "Yo entré en agosto de 1978. Nada que ver".
Sin embargo en su legajo figura que usted ingresó el 1º de mayo de 1978 -le planteó el fiscal Suárez Faisal.

No. Mienten -contestó Frillocchi.

Más adelante, se le exhibieron dos fojas de su propio legajo que el Ejército envió al Tribunal Oral. La propuesta como PCI el 17 de abril de 1978 y la designación el 1º de mayo de 1978 como Carlos Leandro Fittipaldi: -No sé, pero yo entré en agosto. Cobré desde agosto. Antes nada.
El fiscal le preguntó entonces quién era su jefe en el Destacamento de Inteligencia en 1978 . "El coronel Ricciardi", respondió. Y después quiso saber si conocía a militares de la unidad: los capitanes Julio César Domingez y Héctor Melitón Martínez y el suboficial Eleodoro Jorge Hauque. "No los conozco", fue la respuesta de Frillocchi.

29 de marzo de 2010
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para escapar se disfrazó de profesor


Piden explicaciones a la Universidad del Litoral por la tarea de un ex PCI. El abogado Horacio Coutaz, querellante en juicios por delitos de lesa humanidad, solicitó a las autoridades de la UNL que digan qué hace César Luis Frillocchi en esa institución. El reclamo, en la cara del vicerrector, no obtuvo respuestas.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. Los querellantes en los juicios por el terrorismo de estado en Santa Fe le pidieron a la Universidad Nacional del Litoral explicaciones públicas "sobre la labor" que cumplió en esa casa de estudios un agente secreto del Ejército que operó como Personal Civil de Inteligencia, César Luis Frillocchi, quien la semana pasada declaró en el juicio a otro PCI, Horacio Américo Barcos, y estuvo a punto de quedar preso por mentir. "Por respeto a la memoria de los muchos detenidos y desaparecidos que tiene esta Universidad, al menos debemos pedir una explicación sobre cuál fue la labor de Frillocchi como PCI en esta casa", dijo el abogado Horacio Coutaz. El planteo fue hecho en un acto público y en la cara del vicerrector de la UNL, Miguel Irigoyen y el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, José Manuel Benvenutti, pero quedó sin respuesta. Frillocchi ocupa aún hoy un cargo jerárquico en la UNL y llegó a integrar al Consejo Superior hasta que trascendió su relación con Barcos y que ambos habían sido PCI al servicio del Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe durante la dictadura.
"Debemos reflexionar sobre las deudas que aún tiene la democracia", dijo Coutaz. Lo escuchaban el gobernador Hermes Binner, la vicegobernadora Griselda Tessio, la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Rosa Acosta y el secretario de Justicia, Roberto Vicente, que poco antes habían entregado a la UNL ejemplares del libro ‘Historias de vida’ y una copia de la sentencia del juicio al ex juez Víctor Brusa y a cinco represores santafesinos. "Resaltaba en el juicio -recordó Coutaz que durante la dictadura, en agosto de 1981, Brusa fue propuesto como juez federal de Santa Fe apoyado por el Destacamento de Inteligencia 122. Lo paradójico es que no fue designado por el régimen militar, pero sí en democracia en los años ’90 y por un Senado de la democracia".
Entonces, "sin caer en una cacería de brujas, es momento también de reflexionar sobre el papel que tuvieron cada una de las instituciones, sus funcionarios y empleados".
"Y una muestra clara de eso es lo que ocurrió en la (última) audiencia en el juicio a Barcos, donde un PCI que trabajó como espía desde el año 1977 a 2005 se desempeñó en lugares claves de la Universidad Nacional del Litoral. Entiendo que esta circunstancia es pública desde hace un tiempo y salió en los medios desde hace más de un año", explicó.
"Frilocchi no sólo era agente secreto, sino que su labor en inteligencia estaba dentro del campo estudiantil, era efectiva de calle y riesgosa, como surge de su legajo. Y el martes terminó con una investigación por falso testimonio".
"Creo que por respeto a la memoria de los muchos detenidos y desaparecidos que tiene esta Universidad, al menos debemos pedir una explicación sobre cuál fue la labor de Frillocchi como PCI en esta casa", concluyó Coutaz. El vicerrector Irigoyen y el doctor Benvenutti no respondieron el pedido.
Benvenutti ya había declarado en el juicio a Barcos el día anterior a que lo hiciera Frillocchi, a quien no mencionó por su apellido que dijo no recordar. "¿Tiene conocimiento si la Universidad sancionó a un empleado por ser PCI?", le preguntó la abogada querellante Zulema Rivera. "Si, fue a principios del año pasado que se planteo esta cuestión en el Consejo Superior de la UNL. Yo soy presidente de la comisión de Interpretación y Reglamento. Y uno de los consejeros, Roberto Pozo, planteó que un consejero no docente estaba nombrado en una lista de PCI en el Juzgado Federal Nº 1 a cargo del doctor (Reinaldo) Rodríguez. Yo no recuerdo lamentablemente el nombre (de Frillocchi) -se disculpó Benvenutti . Entonces, el Consejo Superior pidió informes al Juzgado. Esta persona pidió licencia por enfermedad y después renunció al cargo en el Consejo. Desde el Juzgado dijeron que esta persona estaba en dicha lista, pero que no podían informar más debido al estado de la causa".

¿Y desde la Universidad no se hizo un planteo más general? -insistió la doctora Rivera.
No recuerdo. No, me parece que sólo fue en relación a esa persona -concluyó el decano de la Facultad de Derecho.

29 de marzo de 2010
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retraso en entrega de genocida


Estados Unidos concedió una prórroga a la extradición del represor Roberto Guillermo Bravo. Es uno de los autores materiales de la Masacre de Trelew. Página/12 reveló que se había reciclado en Florida. La sentencia de extradición estaba prevista para el 2 de abril, pero Bravo pidió más tiempo, entre otras cosas, porque tuvo que viajar a Guantánamo.
[Diego Martínez] Argentina. A menos de un mes del inicio del juicio por la Masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar, el teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, identificado por los sobrevivientes como quien recorrió los calabozos para dar los tiros de gracia y ciudadano norteamericano desde 1987, obtuvo el jueves una señal alentadora por parte de su patria adoptiva. Pese a que hace ya dos años admitió en un memorándum de su empresa RGB Group Inc. que dedicaba "tiempo y esfuerzo a limpiar su nombre", el juez Robert Dubé, miembro de la Corte de Florida, le concedió sin fundamentos ochenta días de prórroga: no dictará la sentencia de extradición el 2 de abril, como había previsto, sino el 23 de junio. El expediente, al que accedió Página/12, incluye un dato notable: Bravo acaba de viajar a Guantánamo como jefe de la Fuerza de Tareas sobre Tratamiento de Enemigos Combatientes de la American Bar Association.
El Ñato Bravo era jefe de turno la madrugada de la masacre. Los sobrevivientes María Antonia Berger, René Haidar y Alberto Camps, caídos para siempre en la siguiente dictadura, lo señalaron como el encargado de rematar a los fusilados. El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, ordenó su detención el 9 de febrero de 2008. Diez días después Página/12 reveló que Bravo vivía en Florida y era dueño de RGB Group Inc., firma que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y provee de servicios médicos a fuerzas militares norteamericanas.
El 7 de marzo de 2008, según escribió el fiscal Jeffrey Sloman cuando pidió no dilatar la extradición, el marino devenido empresario admitió en un memorándum dirigido a clientes y colegas que debía dedicar "tiempo y esfuerzo a limpiar su nombre", e informó que daba "un paso al costado" con el fin de "eliminar distracciones" que pudieran afectar a la empresa. "No voy a permitir que acusaciones basadas en hechos distorsionados sigan sin tener respuesta", advirtió. "Como ciudadano norteamericano estoy listo para responder a estos cargos a través de nuestro sistema judicial (sic) y cuando sea el momento. Mis abogados también tomaron medidas para confrontar esta persecución política vengativa", sostuvo.
La detención se concretó el 25 de febrero, cuando la tarea de higienizar su nombre con el respaldo de sus abogados llevaba casi dos años. A la semana recuperó la libertad, luego de pagar en efectivo 25 mil dólares sobre un total de 1,2 millón que el juez Dubé le fijó como fianza. El magistrado le retuvo entonces el pasaporte, le prohibió salir del estado de Florida, le retiró el permiso para navegar y anunció para el 2 de abril la audiencia para dirimir la extradición.
Al solicitar la prórroga, el abogado Neal Sonnett argumentó que su cliente no era extraditable por cuanto el pedido de la Argentina se enmarcaba en una "ofensa política" que no describió. Agregó que Bravo fue amnistiado en 1973, causal que el juez Sastre y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazaron ante planteos de otros imputados por considerar que el fusilamiento de los presos políticos fugados de la cárcel de Rawson era un delito de lesa humanidad, imprescriptible e inamnistiable. Al enumerar las tareas que le impidieron a Bravo avanzar en la lectura del expediente, que recibió en castellano e inglés, Sonnett apuntó un "procedimiento quirúrgico", viajes de negocios, su actuación como miembro del directorio de la American Bar Association y como jefe de la Fuerza de Tareas de Tratamiento de Combatientes Enemigos de ese organismo, "incluido un viaje a Guantánamo la semana pasada". La misión de la task force sería la elaboración de leyes para fijar estándares claros sobre los procedimientos aplicables a los "combatientes enemigos" que tienen ciudadanía norteamericana en la cárcel de la Bahía de Guantánamo.
El fiscal Jeffrey Sloman, que representa en el caso los intereses del Estado argentino, argumentó que la detención no pudo haber tomado por sorpresa a Bravo, explicó que llevaba dos años preparando su respuesta al pedido de extradición y citó como pruebas el memo de RGB Group Inc. y un artículo con declaraciones de su abogado publicado por el diario Miami Herald en marzo de 2008. El fiscal destacó "la naturaleza y el propósito limitado de una audiencia de extradición", explicó que no era el momento "de contradecir evidencia" ni de "establecer una defensa de los crímenes alegados", le reclamó al juez Dubé que "procediera expeditivamente" pero no logró conmoverlo. En media carilla, sin emitir ningún fundamento, el magistrado resolvió postergar su sentencia para el 23 de junio. Ese día se sabrá si garantiza la impunidad de Bravo o si concede la última palabra al Departamento de Estado.
Los imputados en condiciones de ser juzgados por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia son seis: los capitanes Luis Emilio Sosa y Emilio Jorge del Real y el cabo Carlos Amadeo Marandino como autores directos de dieciséis homicidios agravados por alevosía y premeditación, más tres en grado de tentativa. Como cómplices necesarios serán juzgados el contraalmirante Horacio Mayorga, enviado por el gobierno de facto de Agustín Lanusse tras la fuga del penal de Rawson, y el jefe de la base Zar, capitán Rubén Paccagnini. El responsable del sumario interno que respaldó la falacia del intento de fuga, capitán Jorge Bautista, será juzgado por encubrimiento. El Centro de Información Judicial informa en su sitio web que el juicio comenzará el próximo 22 de abril.

29 de marzo de 2010
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quién dio el golpe en argentina


Como decía Marx de la irrupción de Luis Napoleón en el poder de la Francia de mediados del siglo XIX, la dictadura argentina no fue "un rayo en cielo sereno".
[Edgardo Mocca] Hay sobradas razones para criticar el relato del golpe del 24 de marzo de 1976 y su secuela de terrorismo y decadencia nacional como la usurpación cometida por un puñado de militares contra una sociedad civil inocente, vulnerada en su honor. Los que vivimos el clima político de los días anteriores al golpe no podemos olvidar que aquéllos eran tiempos de asfixia política y que la demanda de "que vengan los militares" había cobrado una fuerza enorme en la Argentina de entonces. Como decía Marx de la irrupción de Luis Napoleón en el poder de la Francia de mediados del siglo XIX, la dictadura no fue "un rayo en cielo sereno".
Sin embargo, el esfuerzo por situar históricamente el acontecimiento devino, en algunos casos, en una suerte de dispersión de las responsabilidades. "Todos fuimos culpables" es el santo y seña de una interpretación según la cual los partidos políticos (todos ellos), los militantes populares, el movimiento sindical, estudiantil y social, los pequeños empresarios y millones de hombres y mujeres participaron en pie de igualdad en una suerte de "responsabilidad nacional" en los horrorosos sucesos que se desencadenaron después del asalto militar al poder. La imagen que transmite esta narrativa es la de una sociedad plana, sin actores políticos de asimétrico peso y relevancia, sin sectores económicamente poderosos, sin intereses sociales en pugna. No es, claro está, un mero error historiográfico, una equivocada metodología de reconstrucción de los hechos; detrás de ese relato hay una operación ideológica de construcción de la realidad. De la de hace 34 años y de la de hoy.
Efectivamente, el golpe y la dictadura no fueron hechos meramente militares. Funcionó en su gestación una poderosa coalición político-social y una coordinación ideológica que aun una recorrida ligera por los diarios de los meses previos pone rápidamente en evidencia. Estela de Carlotto acaba de decir los nombres y apellidos de los grupos empresarios que no solamente apoyaron a la dictadura sino que elaboraron en la sombra de la conspiración su plataforma económica y colaboraron de modo siniestro con la represión contra los trabajadores de sus propias empresas: nada que no se supiera, pero sí la valentía de decirlo sin eufemismos. Sí, la dictadura nacida en 1976 fue cívico-militar. Su proyecto era la expresión de la coalición de los sectores económicos más concentrados de la época. Estos sectores proveyeron ministros, respaldos internos y externos y medios de comunicación a la dictadura. Les dieron también la verborragia revanchista y anticristiana en las homilías de muchos "pastores" de la cúpula eclesiástica. La dictadura tuvo su Justicia y sus políticos. Sus patrones y hasta sindicalistas delatores de militantes. Eso no hace a todos los argentinos igualmente responsables por esa época de horror.
La Plaza de Mayo de este 24 de marzo fue multitudinaria y extraordinariamente plural en su composición. Fue también una de las más apasionadas de los últimos tiempos. Esa pasión está indudablemente asociada a las tensiones actuales. Como para darle más calor a esa pasión, el ex presidente Duhalde no encontró mejor momento que unas horas antes de la conmemoración para dar a conocer su propuesta de someter el juicio a los terroristas de Estado a una consulta popular. La impresión superficial –es decir multimediática– es que en Argentina se enfrentan un bando de la pasión con otro de la "razón".
En el bando de la pasión militan los que miran al pasado. Los que están dispuestos a desaprovechar "la gran oportunidad" que tiene nuestro país, agitando las divisiones del pasado. Son resentidos útiles o, peor aún, demagogos que perversamente manipulan el dolor popular. En cambio, en el bando de la razón están los serenos, los pacíficos y civilizados, los partidarios del diálogo y el consenso.
Cuando se mira más de cerca la cuestión, aparece el carácter fraudulento de ese mapa de la política argentina. Encontramos, por ejemplo, que entre los "pasionales" están las Madres y las Abuelas con la autoridad política y moral de haber mantenido viva la llama de la justicia y la verdad sin haber condescendido nunca con la violencia y la venganza. Y entre los "racionales" y "pacíficos" –incluso como portavoz del elenco– hay un político que tiene en su curriculum una sangrienta represión a la movilización social que costó la muerte de dos militantes.
Los racionales suelen declamar a favor de un país donde rija el Estado de derecho. Pero no les parece mal que haya jueces que dilatan ilimitadamente los juicios a represores y a apropiadores de bebés. Tampoco que la ley de regulación de los medios audiovisuales aprobada por las dos cámaras y promulgada por la Presidenta sea suspendida y reemplazada de hecho –a través de la suspensión dictada por un grupo de jueces– por la "ley" que aprobara la "CAL" (aunque parezca orwelliano, también Videla tenía su "Congreso"), es decir que quienes ponen el grito en el cielo por los decretos de necesidad y urgencia se sienten tranquilos cuando se imponen los diktats de los terroristas de Estado. Si una propuesta análoga a la de Duhalde de frenar la acción de la Justicia por medio de un referéndum hubiera provenido del Gobierno, ya podríamos imaginarnos el grito escandalizado de los racionales-legalistas: el populismo chavista de los Kirchner estaría, en ese caso, construyendo una tiranía plebiscitaria en lugar de nuestra democracia liberal.
Lo que estaría bien sería que todos aceptáramos que la pasión está entre nosotros y que la política no es posible ni deseable sin pasiones. Que asumiéramos que esa versión liberal, tan de moda en los noventa, que concibe un mundo de mujeres y hombres huérfanos de amores, odios y rencores y calculadores hiperracionales de costos y beneficios pertenece al mundo de las utopías, en este caso más bien a una antiutopía de pesadilla. Con frecuencia, los que predican esa antropología en nombre del enfriamiento de las pasiones han aprobado guerras de exterminio, como las que sacudieron al mundo en las últimas décadas del siglo pasado, necesarias, según ellos, para imponer el mundo del libre mercado en territorios hostiles.
No hay un intento de salir de la pasión para entrar en la racionalidad. Hay, en cambio, un proyecto de construcción de un "partido del orden" alternativo al actual rumbo. Ese parece ser el programa del famoso "Moncloa criollo" de Duhalde. La propuesta de consulta popular sobre el terrorismo de Estado se suma a la propuesta de que las Fuerzas Armadas participen en la represión del delito y a la de renovación sindical con Hugo Barrionuevo como portaestandarte. No parece un pacto para la construcción de un nuevo orden democrático (como fue el antecedente español) sino un acuerdo amplio para restaurar el orden de siempre. Ese orden que no concibe enfrentamientos con la cúpula católica ni con los jueces ni con monopolios mediáticos. Es una operación de normalización de la sociedad argentina después del desvarío populista. Hay un antecedente de la operación, muy recordado estos días, que no respetó ni las instituciones ni la vida.

29 de marzo de 2010
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