argentina

secuestro con fechas falsas

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Las fechas falsas para encubrir el secuestro. María Carolina Guallane fue retenida ilegalmente en 1977.

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[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. La querella coincidió con el fallo del juez Reinaldo Rodríguez que consideró la "supresión de identidad" de María Carolina Guallane un delito de lesa humanidad imprescriptible. "No corresponde considerar prescripta la acción penal por los hechos que, en el marco del terrorismo de estado imperante en la época, le produjeron a mi representada la pérdida de su identidad y la relación con su familia biológica por un espacio aproximado a los veinte años", dijo el abogado Jorge Pedraza.
Pedraza sostiene las fechas falsas del expediente de Paula tenían un objetivo: encubrir el secuestro de la niña durante dos meses. "El móvil de este delito fue para resguardar a la autoridad militar por si el deplorable estado de salud de María Carolina al 5 de abril de 1977 se empeoraba, ya que la habían retenido ilegalmente luego del operativo del 11 de febrero de 1977. En efecto, recién el 5 de abril de 1977 con riesgo de muerte es entregada a la autoridad judicial. En ese período, entre el 11 de febrero y el 5 de abril de 1977 estuvo en manos de los captores de su padre, muy probablemente en el mismo centro clandestino de detención que lo tuvieron a él para torturarlo y asesinarlo, usándola como una herramienta de presión sicológica. El cargo antedatado lo firma la secretaria del Juzgado de Menores Dra. Margarita Stella Mayoraz, quien resultó responsable de estos delitos al igual que el por entonces juez de Menores, doctor Luis María Vera Candioti", sostuvo el abogado querellante.
Según Pedraza, la actitud de Vera Candioti en el caso de Paula "no fue aislada sino repetida" y mencionó el antecedente: "el caso de María Pía Josefina Kerz, según consta en la causa "Pedraza, Jorge Daniel s/solicita investigación" (Expte. 238/04), que tramitó en este Juzgado y luego fuera remitida por acumulación al Juzgado Federal Nº 4 de Rosario por estar relacionada con los asesinatos de la pareja Ricardo Klotzman y María Cecilia Barral"
"Barral fue secuestrada en Rosario a punto de parir en agosto de 1976 le roban su hijita al nacer probablemente en el Hospital Militar de Paraná y se la entregan al matrimonio Kerz en su casa de calle Amenabar al 2900 en la ciudad de Santa Fe, en un hecho ocurrido a mano armada, donde fue amenazado en la vereda el vecino Dr. Francisco Caminos, ex integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Luego de eso el juez Vera Candioti autorizó en diciembre de ese año la inscripción en el Registro Civil de la niña "N.N. Kerz", en vez seguir el camino legal de internación en Casa Cuna y otorgamiento de guarda conforme el orden de la lista de inscriptos para tal fin, toda vez que era absolutamente verosímil considerar que los padres biológicos de la beba habían sufrido la violencia que los mismos integrantes del grupo de tareas mostraron frente al doctor Caminos, al lado de la puerta de la familia Kerz, hecho que fue denunciado oportunamente en las instancias del Juzgado de Instrucción en turno y en el Juzgado de Menores", agregó.
"No quedan dudas que la joven Guallane Cortassa padeció la supresión de identidad durante 20 años por culpa del terrorismo de estado. El Ejército sabía perfectamente que era hija de Cortassa y de Blanca Zapata porque a esta última la había asesinado con un tiro de gracia en la cabeza y al primero se lo habían chupado en el operativo y lo tuvieron torturando hasta matarlo. Pero evidentemente les fue útil tenerla a la niña en forma irregular al lado del padre, para quebrarlo, sin entregarla a Casa Cuna y la Juzgado de Menores el mismo 11 de febrero de 1977".

29 de marzo de 2010
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supresión de identidad no prescribe

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Candiotti es el tercer juez imputado de delitos de lesa humanidad en Santa Fe. El magistrado está imputado en una causa en la que se investiga la supresión de identidad de María Carolina Guallane, que sobrevivió al asesinato de sus padres biológicos a manos de la dictadura, cuando ella era sólo una beba.

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[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. La situación de Luis María Vera Candioti se complicó esta semana con una fallo que lo convierte en el tercer juez de Santa Fe imputado por delitos de lesa humanidad. Los otros son Víctor Brusa, condenado a 21 años de cárcel por apremios ilegales en ocho casos y Víctor Montti, procesado por apremios ilegales en un caso y encubrimiento. Ahora, el juez federal Reinaldo Rodríguez rechazó el sobreseimiento del ex juez de Menores por "prescripción de la acción penal" en una causa que investiga "la supresión de identidad" de María Carolina Guallane, la joven que sobrevivió a la masacre de su familia biológica, el 11 de febrero de 1977, cuando apenas caminaba y recién recuperó sus raíces 20 años después, en 1998, con los análisis genéticos que le devolvieron el nombre: Paula Cortassa. "La supresión de identidad de los hijos de aquellos asesinados o desaparecidos políticos durante la dictadura constituyó una práctica extendida en todo el país", formó parte de "un plan sistemático de la represión" y por lo tanto se trata de "delitos de lesa humanidad" e imprescriptibles, dijo el juez Rodríguez. La defensa de Vera Candioti ya apeló el fallo ante la Cámara Federal de Rosario.
Vera Candioti está acusado por falsear el expediente judicial en el que se tramitó la entrega de Paula (que es Carolina) a un matrimonio de Venado Tuerto que la adoptó de buena fe, en abril de 1977. El trámite es increíble. Un grupo de tareas del Ejército atacó la casa donde vivían los Cortassa el 11 de febrero de 1977, pero según el documento la niña fue puesta a disposición del juez de Menores, el 4 de febrero, es decir siete días antes. Una prueba de la infamia. El padre biológico de Carolina, Enrique Cortassa fue secuestrado con vida y está desaparecido y la madre, Blanca Zapata, embarazada a término, recibió un disparo en la cabeza, pero agonizó dos semanas hasta el 24 de febrero en el hospital José María Cullen. Los libros de guardias de la sala Policial indican que el bebé habría nacido muerto.
La investigación de la masacre de la familia Cortassa y la supresión de identidad de Paula fue acumulada el año pasado en una megacausa que se instruye por medio centenar de crímenes de la dictadura, entre ellos el asesinato de Blanca Zapata y la desaparición de Enrique Cortassa.
La causa acumulada avanzó entre setiembre y octubre de 2009 cuando el juez Rodríguez indagó y procesó a dos jefes del Destacamento de Inteligencia Militar 122: los tenientes coroneles Roberto Diab y Domingo Morales y al comisario Juan Calixto Perizzotti por los homicidios de Zapata y Cortassa y la supresión de identidad de Paula, entre otros delitos. En realidad, Diab está imputado por 46 homicidios y Morales y Perizzotti por 16.
En esa línea, el doctor Rodríguez indagó también a otros dos imputados en el caso de Paula: el doctor Vera Candioti y el teniente coronel Carlos Enrique Pavón, que en el momento de los hechos era teniente 1º y firmó el documento del Ejército que puso la niña a disposición del juez de Menores, el 4 de febrero de 1977, siete días antes que fueran secuestrados sus padres. La fecha está antedata: el mes y el año escritos a máquinas y el "4" agregado a mano. En la indagatoria, Pavón deslindó su responsabilidad y negó ser el autor de ese "4", por lo que ahora el juez Rodríguez espera el resultado de una pericia caligráfica y la declaración de otros testigos para resolver la situación procesal del militar.
Mientras tanto, Vera Candioti optó por otra estrategia defensiva: pidió su sobreseimiento por "prescripción de la acción penal", pero el juez Rodríguez rechazó el planteo y ratificó que "la supresión de identidad" de niños es un delito de lesa humanidad imprescriptible.
"Paula Cortassa y sus padres fueron víctimas de un ataque que formó parte" de un plan sistemático de represión, interpretó el magistrado. "En efecto, en el plan criminal de la dictadura también era una práctica sistemática la desaparición de los hijos de los supuestos subversivos, que en su mayoría eran hombres y mujeres de 20 a 30 años, en edad de procrear, circunstancia que por sí sola hacía presumir que los máximos responsables de las juntas (militares) desde el inicio habían previsto y regulado el destino que se le daría a aquellos niños que quedaban desamparados luego del secuestro de sus padres o nacían durante el cautiverio de sus madres", explicó.
"El plan criminal de la dictadura abarcó la desaparición de niños", dijo el juez. Y agregó: "Alarma, por ejemplo, la existencia de ordenes secretas antisubversivas dictadas por el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, general (Roberto) Viola, el 17 de diciembre de 1976 que contemplan la manera que debían actuar los encargados de las operaciones de seguridad respecto de la detención de "jefes, hombres, mujeres y niños" y que específicamente existiese un documento titulado ‘Instrucciones sobre el procedimiento a seguir con menores de edad hijos de dirigentes políticos o gremiales cuando sus padres se encuentren detenidos o desaparecidos’, proveniente del Ministerio del Interior, de abril de 1977, documento que no fue ubicado y que se presume que fue destruido".
"Por lo tanto, como lo que se investiga acá es la supresión de la identidad de menores, hijos de aquellos asesinados o desaparecidos políticos durante la dictadura, lo cual constituyó una práctica extendida en todo el territorio nacional, existe en este caso razón para interpretar que con los elementos de criterios reunidos hasta el momento, la conducta asumida, debe ser calificada como delito de lesa humanidad" e "imprescriptible".

29 de marzo de 2010
rosario 12

atacaron ex cárcel secreta

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Ahora es el Centro Popular de la Memoria. Durante la dictadura, fue una cárcel secreta de la policía de Santa Fe.

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Santa Fe, Argentina. Los organismos de derechos humanos integrantes de la Comisión Directiva del Centro Popular de la Memoria, denunciaron ayer que el edificio ubicado en Dorrego y San Lorenzo fue atacado por desconocidos en la madrugada de ayer. En el lugar funcionó el centro clandestino de secuestro, tortura y desaparición perteneciente al Servicio de Informaciones de la policía de Santa Fe. "Nuevamente ha sido ultrajado este lugar histórico tan emblemático para nuestra ciudad. Esta nueva provocación ofende la memoria de nuestros queridos familiares y compañeros desaparecidos por la sangrienta dictadura, a los sobrevivientes y a las organizaciones del campo popular", señalaron.

27 de marzo de 2010
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fiscal colalongo responde

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Ante pedidos de nulidad.

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[José Maggi] Argentina. "Las víctimas no esperaron 34 años para tener cualquier verdad, de modo que no iban a ser ellas mismas las que falsearan los sucesos de los que fueron víctimas. Esto me parece que no puede ser discutido, nadie espera 34 años para mentir". Esta fue la réplica que ayer brindó la fiscal federal Mabel Colalongo contestando el pedido de nulidad de la defensa de Guerrieri-Amelong por "contaminación de los testigos".
La fiscalía contestó ayer varias de las nulidades señaladas por las defensas "muchas de las cuales ya han sido resueltas por Casación o la misma Corte".
En primer termino la fiscal leyó una parte del fallo de la Causa 13 vinculada a la validez de los testigos-victimas que fueron cuestionados, según los dichos de Galarza Azzoni, argumentando que están "contaminados" por hablar con otros testigos, por los 34 años que pasaron. "En realidad ninguno de los testigos víctimas han dicho en esta audiencia lo que no conocían, y si alguna cara la vieron en los diarios lo aclararon. Las víctimas no esperaron 34 años para tener cualquier verdad, nadie espera 34 años para mentir".
Este punto ya había sido resuelto en el Juicio a las Juntas diciendo que estos eran testigos necesarios en los hechos que fueron cometidos "en la absoluta clandestinidad y por los que tenían el dominio de todo ya que podían ocultar, destruir pruebas, negar información, algo que de hecho ocurrió".
Las más relevantes fueron hechas sobre la prescripción de los delitos. "Tratar de imponer la prescripción de estos delitos aberrantes, luego que estos mismo señores arrancaron leyes del perdón mediante la violencia es premiar en todo caso los mismos mecanismo de violencia y la imposición por la fuerza que vinieron haciendo para generarse la impunidad absoluta después de 34 años".
Colalongo cerró su intervención con un llamado a los jueces: "Deben valorar y entender la particularidad de este juicio y la necesidad de aplicar sus decisiones en otro tipo de reglas que no son los cotidianas, sino las que exigen el debido respeto al derecho de gente, que exigen el debido respeto a la elección que hemos hecho cuando decidimos estudiar esta carrera: el apego a las normas republicanas, al estado de derecho y a un orden jurídico que reafirme que somos un pueblo libre, un pueblo civilizado, y al que nos importa la vida. Debemos honrar lo simbólico de estos juicios, porque ya no pueden ser reparadores después de 34 años, debemos consolidar el símbolo que implican para el estado de derecho. Por eso esperamos tener un fallo que se convierta en un mensaje para las víctimas: que como sociedad nos interesa lo que a ustedes les pasó".

27 de marzo de 2010
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la retaguardia de las madres

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El gobierno distinguió a cuatro padres de desaparecidos. El Premio Azucena Villaflor fue entregado por la Presidenta a Julio Morresi, Bruno Palermo, Marcos Weinstein y a la memoria de Emilio Mignone, en reconocimiento a su apoyo a las denuncias de las Madres de Plaza de Mayo.

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[Alejandra Dandan] Argentina. Una voz fuera de escena iba presentando cada uno de esos rostros. Luego, ellos se acercaban hasta el escenario, "muy mayores", como se retrataron poco después, mientras le pedían a la Justicia poder "cerrar el permanente duelo que nos acompaña". Cristina Fernández y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, les entregaron a cada uno el premio Azucena Villaflor, el reconocimiento del Gobierno a la trayectoria en la lucha por los derechos humanos. El homenaje a quienes empiezan a ser nombrados como los Padres de la Plaza se entregó simbólicamente a cuatro de los que iniciaron el camino de denuncias contra la dictadura de Estado, acompañando desde atrás, en un segundo círculo expectante, a las Madres. Fueron Julio Morresi, Bruno Palermo, Marcos Weinstein y Emilio Mignone, cuyo reconocimiento lo recibió su nieto.
Detrás de la Presidenta se amuchaban funcionarios y ministros. Delante, al lado de Eduardo Jozami, director del Centro Cultural Haroldo Conti, aguardaba cada uno de los homenajeados.
"Somos la retaguardia asociada a la vanguardia ética que significaron las Madres de Plaza de Mayo", dijo Marcos Weinstein poco después, durante el acto. Los que mantenían un segundo círculo alrededor de las rondas de las Madres, siguiéndolas desde las recovas de alrededor de la Plaza de Mayo, vigilantes. Por eso el Premio se llama Azucena Villaflor, dijo, una de las catorce madres que en 1977 comenzaron a girar en torno de la Plaza.
Weinstein es el padre de Mauricio, su único hijo varón, un estudiante avanzado de la Escuela Carlos Pellegrini, militante de la JP y la UES, secuestrado el 19 de abril de 1978, con media docena de compañeros. Marcos trabajó desde entonces entre las Madres de Plaza de Mayo, en la APDH y, con su mujer, se sumó al Movimiento Judío por los Derechos Humanos.
Tras delinear los momentos más importantes de ese camino, Weinstein habló del presente, de "ese poder que vuelve a insinuarse ahora políticamente y nos debe alertar porque quiere promover el modelo de la impunidad". Como reclaman los organismos de derechos humanos, se paró para hablar de la lentitud de la Justicia, y fue entonces cuando recordó: "Pero somos muy mayores", para señalar un tiempo que se está acabando. "Permítannos cerrar el permanente duelo que nos acompaña, decir adiós y recuperar a los nietos desaparecidos con vida."
Ninguno de sus compañeros habló. Cuando cada uno era nombrado, se acercaban hasta la mesa donde CFK se paraba a entregarles la "Azucena".
Julio Morresi subió primero. Es el padre de Norberto, un militante de la UES que alguna vez, según su padre, cambió los entrenamientos de fútbol por el trabajo social en las villas. Julio dijo a veces que se sentía responsable de que Norberto haya sido tan peronista. Lo secuestraron el 23 de abril de 1976, a los 17 años, lo fusilaron y lo enterraron como NN en un cementerio de General Villegas. Su padre se acopló hace 33 años a la ronda de las Madres y pertenece a Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.
Norberto Palermo se acercó enseguida. Es el padre de Norberto Hugo, que desapareció el 14 de octubre de 1975, a poco de obtener la baja del servicio militar en Campo de Mayo. Los militares le dieron franco cerca de las 23, pero nunca llegó a su casa. Su padre reconoció el cuerpo en la morgue del cementerio de San Miguel, aunque la policía le negó que fuera su hijo. Delante, parado en medio de la sala del centro cultural, Norberto escuchó el relato sobre sí mismo antes de tomar su flor.
Al final llamaron a Santiago, el nieto de Emilio Mignone. Su hija Mónica militaba en un grupo católico en el Bajo Flores, la secuestraron el 14 de mayo de 1976. Mignone, que venía de una larga experiencia en el campo educativo, se puso al servicio de los primeros años de trabajo de la APDH. En 1979 creó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
"El olvido no existe", dijo Weinstein citando a Jorge Luis Borges. "Nuestros hijos eran adolescentes idealistas, por gente como ellos estamos en esta tarea", con "nuestras familias amputadas y reconstruidas a través del afecto". En la sala, adelante, los que estaban sentados tenían en sus faldas remeras la leyenda de "Juicio y castigo". Cuando terminó de hablar Weinstein, antes de que tomara la palabra la Presidenta para anunciar su compromiso de acompañar las demandas que no prosperen hasta los Tribunales Internacionales de Justicia, las remeras quedaron a un lado. Los que estaban sentados se pararon. "Padres de la Plaza", les cantaron, "el pueblo los abraza".

26 de marzo de 2010
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otro que integró la patota judicial

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Procesaron al ex juez federal Víctor Montti por apremios ilegales y encubrimiento. El acusado fue secretario del mismo juzgado federal de Santa Fe que Víctor Brusa durante la última dictadura. Se jubiló en 2002, en Mar del Plata. Fue denunciado por tres detenidos políticos por apretarlos y negarles asistencia.

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[Juan Carlos Tizziani] Santa_Fe, Argentina. Otro ex juez federal de Santa Fe, Víctor Manuel Montti, que se retiró como fiscal de la Cámara Federal de Mar del Plata en 2002, fue procesado por delitos de lesa humanidad. El conjuez Ricardo Lazzarini lo imputó por "apremios ilegales" al ex diputado del PJ, Orlando Barquín, más "encubrimiento" y "falsedad ideológica" por la "omisión de denunciar" las torturas que sufrieron otros dos detenidos políticos: Roberto Cepeda y José Villarreal y la "omisión de auxilio" para procurarles asistencia médica. Ordenó un embargo sobre sus bienes de 400 mil pesos y le ratificó el beneficio de excarcelación que le había concedido su antecesor en la causa, el ex conjuez Leandro Corti. "La conducta dolosa de Montti se verifica sin hesitación alguna, habida cuenta el conocimiento de la situación de las víctimas y la voluntad de no prestarle auxilio pese a la ausencia de riesgo personal. Está claro que nadie le impedía obrar conforme a su deber" de funcionario público, dijo Lazzarini en una resolución de 35 fojas al que tuvo acceso Rosario/12. El fallo fue apelado por la defensa.
La justicia avanza sobre la "patota judicial" de la dictadura, como la definió una de sus víctimas. El jefe era el juez federal de Santa Fe, Fernando Mántaras que murió impune, un nazi confeso que ordenaba apretar a detenidos políticos. Uno de sus laderos, el ex juez Víctor Brusa ya está en la cárcel, condenado a 21 años de prisión por "apremios ilegales" en ocho casos. Y ahora le tocó al segundo: Montti, que era secretario de Mántaras durante la dictadura, asumió como juez federal Nº 2 de Santa Fe (entre setiembre de 1983 y octubre de 1984), después se radicó en Santa Cruz y se jubiló como fiscal general en Mar del Plata.
Montti es investigado en una causa en la que están procesados por "asociación ilícita" Brusa y otros cinco policías: Héctor Colombini, Mario Facino, Juan Calixto Perizzotti, Eduardo Ramos y María Eva Aebi. Y siguen imputados dos coroneles fallecidos: Juan Orlando Rolón y Domingo Marcellini, porque el conjuez aún no dictó el sobreseimiento por extinción de la acción penal. En realidad, el expediente es un desdoblamiento del juicio oral que se realizó el año pasado y terminó con condenas a los represores de 23 a 19 años de prisión por secuestros y torturas.
En el fallo, Lazzarini relata las denuncias que pesan sobre Montti. Barquín lo acusó de haberlo obligado a firmar una declaración que le arrancaron bajo tortura, en 1977, en un centro clandestino. "Me dijo que si no lo firmaba me iban a volver a torturar y no me acuerdo si lo firmé", recordó.
El ex legislador volvió a denunciar el hecho en 1984, cuando era juez federal Héctor Tripicchio que dictó el sobreseimiento de Montti, pero sin indagarlo. En 2008, Lazzarini desarchivó el expediente y descubrió el simulacro. Montti planteó entonces una excepción de "cosa juzgada", pero el conjuez la rechazó y la Cámara Federal de Rosario ratificó el criterio: era un delito de lesa humanidad que no estaba prescripto ni había sido investigado.
Ahora, Lazzarini volvió a citar aquel fallo de la Cámara del 12 de agosto de 2009 que ordenó investigar a Montti por la denuncia de Barquín. "Los elementos de juicio que surgen de las pruebas reunidas permiten afirmar en este estado del proceso que el imputado habría realizado apremios ilegales, entendiendo por tales a los rigores usados con los presos para forzarlos a confesar o declarar algo o para influir de alguna manera en sus determinaciones. En general, hay acuerdo en que los apremios se distinguen de las vejaciones por la finalidad, ya que mientras allá el acto se agotaba en si mismo como mortificación aquí resulta que es un medio para que ’se haga o se diga algo’".
Lazzarini evaluó también los testimonios de Cepeda y Villarreal, tanto en la causa como en el juicio a Brusa y compañía. Incluso, citó una declaración de otro ex secretario del Juzgado Federal, Rodolfo de Aguirre, que reveló cuál era la relación de Mántaras con Brusa y Montti. De Aguirre dijo que "Mántaras era un personaje nefasto". "Un nazi" y "promilico", que tenía una "estrecha relación" con Montti porque "pensaban igual".
Está probado en la causa que Montti "tomaba conocimiento" de los tormentos a los presos políticos, pero "deliberadamente no dejaba constancia en actas de tales circunstancias cuando era su obligación hacerlo y dar fe de ello", dijo Lazzarini. Montti "no insertó en las actas de indagatorias o de careos" las denuncias de torturas de los detenidos políticos y "silenció hechos ocurridos ante él", con lo cual "varió la dirección jurídica de los actos" y "el contenido en los documentos. Tal falsedad ideológica, fue tendiente a la ocultación de delitos ya cometidos" que él estaba obligado a denunciar por "su carácter de secretario del Juzgado".
En consecuencia, "en la calificación jurídica de los hechos investigados, el delito de falsedad ideológica concurrirá idealmente con el de encubrimiento por omisión de denunciar".
Además, en el caso de Cepeda "Montti habría omitido prestarle auxilio, pese a su deber de actuar" porque el denunciante "no sólo le manifestó haber sido sometido a torturas, sino que le mostró el estado en que estaba, lo que denotaba la necesidad de una asistencia médica inmediata". Harto elocuente son los dichos de Cepeda: "Le mostré el estado en que estaba, los pies, las piernas, las manos, un corte en la cabeza sobre el lado izquierdo en la parte superior de la frente, aparte tenía un olor horrible".
"La situación de Cepeda se condice con el desamparo, pues no tenía posibilidad de lograr por sí y menos aún por otros, los medios para superar la situación de inasistencia médica en la que se encontraba", agregó el doctor Lazzarini.
"La conducta dolosa de Montti se verifica sin hesitación alguna, habida cuenta el conocimiento de la situación de las víctimas y la voluntad de no prestarle auxilio pese a la ausencia de riesgo personal. Está claro que nada le impedía obrar conforme al deber" de funcionario público, concluyó.

26 de marzo de 2010
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la marcha hacia plaza de mayo

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La marcha por los 34 años del golpe de estado de 1976 convocó a 30 mil personas. La movilización salió de plaza San Martín y pasó frente a los Tribunales Federales donde se realiza el juicio Guerrieri-Amelong. Los manifestantes desbordaron el Monumento, donde se leyó un documento que pidió prisión perpetua a los genocidas.

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[José Maggi] Argentina. Treinta mil voces dijeron ayer presente en el patio cívico del Monumento a la Bandera, como culminación de una marcha que partió desde Plaza San Martín, y que pasó frente al edificio de los tribunales federales de Oroño al 900. La columna se desplegó por más de quince cuadras: mientras la cabecera pisaba la esquina de San Luis y Corrientes había grupos que recién partían desde Moreno y Córdoba.
Las banderas de Madres de la Plaza 25 de Mayo, de Familiares de ex detenidos y desparecidos políticos, MEDH (Movimiento ecuménico por los derechos humanos), APDH (Asamblea Permanente por los derechos humanos), H.I.J.O.S, de la Liga Argentina por los derechos del hombre y del Colectivo de ex presos sobrevivientes, se destacaron entre la multitud que asistió al acto de este 24 de marzo marcado por el primer juicio por terrorismo de estado que se sustancia en los tribunales locales.
Una de las Madres, Norma Vermeulen, fue la primera oradora: "Pasaron treinta y cuatro años desde el golpe genocida, aunque tiempo antes desde la Triple A ya venían asesinando a miles de hombres y mujeres comprometidos con la lucha por una patria con justicia social. Esta fecha sintetiza la puesta en marcha de la maquinaria asesina más poderosa de la que tengamos memoria, desde el genocidio a nuestros pueblos originarios".
Fue el turno entonces de Carlos Novillo, sobreviviente de La Calamita y quien tiene un hermano desaparecido: "Hoy queremos reivindicar a nuestros compañeros como luchadores sociales y políticos. Como en otros momentos de nuestra historia nacional, pero con un nivel de masividad superlativo, durante las décadas del 60 y 70, el país vivió un proceso de enorme participación política del pueblo, en el que se debatía qué modelo de país se quería para el presente y para el futuro", indicó.
Prosiguió Paula Luna, hija del desaparecido Daniel Gorosito: "La lucha por la justicia social, la unión latinoamericana, los derechos de los trabajadores, de la mujer, de los jubilados y de nuestros chicos, fueron banderas de nuestros compañeros y son estandartes que nos siguen convocando. Somos nosotros, los trabajadores, los estudiantes, los profesionales, los docentes, las amas de casa, los religiosos, hombres y mujeres del pueblo; los que debemos transformarnos en partícipes activos de los destinos de nuestra comunidad".
"Y así -agregó a su turno Ramón Verón- como llenamos este monumento para exigir el juicio y castigo a los terroristas de estado, debemos estar todos junto a los trabajadores que resisten a los despidos, suspensiones y baja de salarios".
Fue entonces que Alicia Gutiérrez marcó el objetivo de "lograr entre todos poner como principal eje de la agenda social la distribución de la riqueza; y desterrar los intentos de quienes pretenden esconder las consecuencias de la desigualdad con políticas de mano dura".
"A su vez -sumó Héctor ’Chinche’ Medina- debemos unir nuestras voces y cuerpos para impedir que los grandes capitales sigan profundizando el saqueo de las riquezas de nuestros suelos, ríos, mar y subsuelos, nueva gran estafa que pagarán las próximas generaciones de argentinos, y que hoy ya pagan, desde Andalgalá a San Lorenzo, los pueblos contaminados, los campesinos desplazados, los pueblos originarios".
"Del mismo modo -agregó Laura Ferrer- debemos estar juntos para defender e impulsar el proceso de construcción de la unidad latinoamericana, en la que están inmersos numerosos países de nuestra América del Sur y el Caribe".
A su turno Juane Basso recordó que "el 24 de marzo de 1976, los militares golpistas, alcahuetes y empleados de los poderes imperiales, vinieron a barrer con esas luchas y esas banderas, bajo la Doctrina de Seguridad Nacional, y desplegaron un estado de terror sistemático. Utilizaron el aparato del estado para imponer una política en beneficio de los grandes grupos económicos, liquidaron las libertades democráticas, las conquistas de los trabajadores y se dedicaron a aniquilar todo vestigio de resistencia a sus planes".
Entonces Gustavo De Vincenzo recordó una denuncia del colectivo de organizaciones: "el primer juicio contra los represores en Rosario no fue verdaderamente público; ya que las dimensiones de la sala no contemplaron el derecho y posibilidad de presenciar y ser parte del mismo".
El texto dejaba sin embargo la posibilidad a la esperanza: "Esperamos que los magistrados el día de la sentencia se reivindiquen, no esquiven las contundentes pruebas y documentos producidos durante el juicio y estén a la altura de la valentía de los testigos y querellantes". Y en este sentido exigieron "cadena perpetua y cárcel común y efectiva para los genocidas del juicio Guerrieri Amelong".

26 de marzo de 2010
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plebiscito para la impunidad

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Rechazo a la idea de hacer un plebiscito para terminar con los juicios a los represores. El ex presidente propuso que en 2011 se vote también si seguir o no con los juicios por los crímenes de la dictadura. Hasta los macristas reprobaron su idea. El centroizquierda promoverá una declaración del Congreso en contra de su iniciativa.

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[Werner Pertot] Argentina. Eduardo Duhalde no se rinde. Luego de proponer un país "para los que quieren a Videla", el ex presidente planteó que se debería hacer un plebiscito para poner punto final a los juicios a los represores por delitos de lesa humanidad. "Los juicios tienen que terminar", sentenció Duhalde contra lo que dictaminaron el Congreso y la Corte Suprema. Así, recuperó la doctrina de su amigo, el ex ministro de Educación macrista Abel Posse. Le contestaron desde funcionarios del gobierno nacional, gobernadores y dirigentes de derechos humanos hasta los distintos sectores de la oposición, el PRO incluido. El centroizquierda impulsará un pronunciamiento en el Congreso a favor de los juicios a los represores.
Desde que se lanzó a la presidencia, Duhalde viene insistiendo con terminar con los juicios por los crímenes de la última dictadura. Su idea no es nueva: soslayando nombres, el ex presidente Néstor Kirchner contó en diversas oportunidades que Duhalde le propuso, antes de que asumiera en 2003, que la Corte menemista declarara constitucionales las leyes de impunidad para dar por cerrados los reclamos de reapertura de las causas. Duhalde aprovechó la conmemoración del 24 de marzo para reiterar su idea a la salida de un encuentro del Movimiento Productivo Argentino (MPA): "Los juicios tienen que terminar. Hay que mirar para adelante. El pueblo argentino debería votar en las elecciones de 2011 qué quiere hacer", propuso. "Ya lo hizo Uruguay, dos veces", ejemplificó.
El dirigente no podría haber cosechado más repudios. "Si la opinión de Duhalde es ésa, más vale que no se presente a elecciones. Una persona que propone el olvido, la convivencia con los asesinos, es una persona peligrosa para la política", consideró la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, durante la marcha a Plaza de Mayo. Más temprano, en la ex ESMA, Marcos Weinstein, de la Fundación Memoria Histórica y Social, planteó que "ese poder que vuelve a insinuarse ahora políticamente nos debe alertar porque quiere promover el modelo de la impunidad".
Desde el gobierno nacional hicieron fila para responderle. "Acá no hay plebiscito que valga. Es un despropósito. Duhalde debe pensar que le da algún tipo de beneficio con algún sector derechoso", estimó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. "Duhalde es el pasado. Se están juzgando delitos concretos y nadie que perdió a un familiar quiere olvidar", señaló el ministro del Interior, Florencio Randazzo. "En el Día de la Memoria, Duhalde propone el olvido", cuestionó el ministro de Justicia, Julio Alak, que estimó que sus declaraciones "nos llenan de espanto y tienen como finalidad otorgarles impunidad a los represores". En el gobierno bonaerense, la secretaria de Derechos Humanos, Sara Derotier de Cobacho, consideró que "lo que Duhalde tendría que hacer es aconsejarles a sus amigos que no se profuguen de la Justicia". En tanto, el gobernador entrerriano Sergio Urribarri planteó que la propuesta de Duhalde es "desubicada". "Borrar y hacer cuenta nueva es una aberración", indicó.
Duhalde también recibió críticas de diversos sectores de la oposición. "Me parece lamentable. Acá no hay venganza. La Justicia argentina ha funcionado de manera ejemplar y tiene que seguir funcionando para marcar un derrotero en América latina. No sé a quién está apelando Duhalde, porque la inmensa mayoría de la sociedad argentina está de acuerdo con la investigación de los delitos del terrorismo de Estado", planteó a este diario el referente de Proyecto Sur, Pino Solanas. En tanto, el diputado del EDE Martín Sabbatella consideró que "Duhalde decidió mostrarse tal cual es: como un lobbista de derecha que quiere borrar los crímenes del pasado, que propone plebiscitar si tiene que funcionar la Justicia o si se debe tapar el horror. Su propuesta es reaccionaria y antidemocrática. La enorme movilización de hoy demuestra lo que lo que la inmensa mayoría de la sociedad quiere: memoria, verdad y justicia".
"Todos tenemos la obligación de salirle al cruce. La Constitución prohíbe expresamente un plebiscito en materia penal. Y Duhalde lo sabe. Lo que hace no es una propuesta, sino que es una señal a determinado grupo. Y eso es jugar con fuego", consideró Eduardo Macaluse, del SI, que impulsará una declaración de todas las bancadas a favor de los juicios a los represores. "Que Duhalde está con los milicos y la impunidad nadie lo puede ignorar", remarcó el dirigente del PTS, Christian "Chipi" Castillo, mientras marchaba a Plaza de Mayo.
"La Argentina ya ha elegido un camino, que es el correcto: el de verdad, justicia y condena a los responsables del terrorismo de Estado. La Argentina ha elegido este camino y es el mejor camino para que conozcamos lo que pasó y no se repita nunca más", consideró Adrián Pérez, diputado de la Coalición Cívica-ARI. Por su parte, el jefe de la bancada del PRO, Federico Pinedo, advirtió a Página/12 que "es un tema que está resuelto por la Corte Suprema". "No entiendo muy bien lo que dice Duhalde, pero da la impresión de que sería reeditar la ley de punto final y la Corte ya dijo que no se puede –recordó Pinedo–. Me da la sensación de que es un tema del pasado, no del futuro."

26 de marzo de 2010
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