argentina

perseguida y asaltada

mqh - 08 de marzo de 2010 - 04:20 - argentina

"Todo esto debe aclararse ahora". Una denunciante que fue perseguida y asaltada.

Santa Fe, Argentina. La denunciante del ex agente civil del Destacamento de Inteligencia Militar 122, Horacio Américo Barcos, que comenzó a ser juzgado esta semana en Santa Fe, dijo que hay dos cuestiones pendientes en la investigación: las intimidaciones y seguimientos que padeció desde que recurrió a la justicia y un asalto a su casa de un grupo de encapuchados. "Pido que estos temas se aclaren", dijo Amalia Ricotti. Barcos es acusado de integrar un grupo de tareas que secuestró y torturó a Ricotti y a su ex marido ya fallecido, José Alberto Tur, en mayo de 1978.
Ricotti tiene custodia policial desde hace cuatro años, dijo al testimoniar en el juicio a Barcos. La pesadilla comenzó cuando se presentó ante la fiscal federal (Griselda) Tessio, que investigaba los centros clandestinos de detención de Santa Fe. "A partir de ahí, comencé a sufrir intimidaciones en la calle, por teléfono, seguimientos y uno de los últimos hechos fue muy violento. Ya tenía el teléfono celular del Programa de Protección a Testigos, pero no tenía custodia personal y cuando intentaba comunicarme con el responsable del programa, Alejandro Villalba, se cayó el sistema. En ese momento estaba en el centro de la ciudad y observé que me seguían. Me comuniqué entonces desde una cabina telefónica y al salir de ahí, me interceptaron tres personas: una se me abalanzó desde atrás e intentó arrebatarme el teléfono. Fue muy fuerte", dijo.
Amalia interpretó las llamadas intimidatorias como un mensaje de "la patota. Era como decir que seguían estando. Ese era el mensaje que yo entendí que me quisieron dar. Y evidentemente es así, porque desde el momento de mis denuncias, comenzaron los llamados telefónicos. Una persona me siguió. Era mostrar presencias, agresiones y evidentemente se tuvo que crear un equipo de Protección a Testigos en el año 2010" para custodiarnos.
"También me di cuenta que era seguida por una persona que posteriormente pude identificar con nombre y apellido: Gaspar Gelli, que también fue identificado por el hijo (de otros dos querellantes en el juicio al ex juez Víctor Brusa), Daniel García y Alba Sánchez".
Ricotti dijo que Gelli estuvo "citado para presentarse a una rueda de reconocimiento" de personas, pero "presentó un certificado médico" y no concurrió. Después, "lo volvieron a citar y no tenía el domicilio, su paradero es desconocido".

7 de marzo de 2010
©rosario 12

0 comentarios

juicio por terrorismo de estado

mqh - 08 de marzo de 2010 - 04:14 - argentina

El primer juicio oral por terrorismo de estado en Paraná, por el robo de identidad a Sabrina. Es el caso de la hija de dos secuestrados en la Quinta de Funes durante la dictadura: Raquel Negro y Tulio Valenzuela. Rosario/12 había comenzado de develar la trama de los mellizos de Raquel Negro, por la declaraciones de Costanzo.

[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. La supresión de identidad de Sabrina, la hija de dos secuestrados en la Quinta de Funes, Raquel Negro y Tulio Valenzuela, podría ser el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad en Paraná. La Cámara Federal de Paraná ratificó esta semana el procesamiento y la prisión preventiva de cinco imputados en la causa del Hospital Militar: Pascual Guerrieri, Walter Pagano, Jorge Fariña, Marino González y el médico Juan Antonio Zacarías y el 22 de marzo definirá la situación del sexto: Juan Daniel Amelong, quien en su condición de abogado se encarga de su propia defensa. Amelong afronta los mismos cargos que pesan sobre Pagano, por lo que si el tribunal resuelve en el mismo sentido que lo hizo con su colega de banquillo, "el expediente estaría en condiciones de ser elevado a juicio oral en poco tiempo", dijo una fuente consultada por Rosario/12.
La trama sobre el nacimiento de los mellizos de Raquel Negro comenzó a develarse el año pasado en un reportaje del periodista José Maggi al ex agente de inteligencia Eduardo Constanzo que publicó Rosario/12. Constanzo confirmó que Raquel, secuestrada en la Quinta de Funes, había sido llevada al Hospital Militar de Paraná para dar a luz un niño y una niña. Y reveló que después, la beba había sido llevada en auto por Amelong y Pagano a un convento de Rosario. Inmediatamente, la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, Ana Claudia Oberlín se presentó ante la justicia federal de Paraná y señaló en un escrito cuál podía ser ese orfanato: el Hogar del Huérfano de Rosario. La pista resultó clave para devolverle la identidad a Sabrina y avanzar en la búsqueda de su hermano mellizo.
En una audiencia realizada el jueves, la Cámara Federal de Paraná confirmó el procesamiento y la prisión preventiva de cinco de los imputados y dejó pendiente la situación de Amelong que se resolverá en dos semanas.
En realidad, se dieron tres situaciones: 1) Las defensas de Guerrieri y Pagano habían recurrido el procesamiento, pero la Cámara rechazó el planteo y confirmó el fallo de primera instancia. 2) Fariña, González y Zacarías también habían apelado, pero como sus abogados sostuvieron el recurso ante la Cámara, ésta lo consideró desistido. Y por lo tanto, el procesamiento quedó firme. 3) Ahora, la Cámara deberá definir la situación de Amelong, pero como éste se defiende a si mismo la audiencia se postergó para el 22 de marzo. La resolución fue adoptada por los jueces Aníbal Ríos, Gustavo Ibañez y Ramón González, éste último de la Cámara Federal de Corrientes porque el tribunal entrerriano tiene sólo dos vocales.
"Si la Cámara Federal de Paraná confirma el procesamiento de Amelong, la causa estaría en condiciones de ser elevada a juicio. Sería muy importante porque hasta ahora ninguna investigación por crímenes de lesa humanidad ha llegado a juicio oral en Paraná y esta sería la primera", dijo una fuente que conoce la causa.
En el juicio a Guerrieri y compañía en Rosario declararon los dos hijos de Raquel Negro: Sabrina y Sebastián Alvarez, que también estuvo secuestrado con su madre en la Quinta de Funes cuando era un niño de un año y ocho meses. Y los dos pidieron a los jueces que busquen a su hermano desaparecido. "Quería pedirles a ustedes, a la Justicia, que encuentren a mi hermano mellizo. Porque él sigue estando desaparecido. Y las personas responsables de los hechos que aquí se investigan, también lo son por su desaparición", dijo Sabrina.
Según Costanzo, el mellizo varón nació muerto, pero los testimonios de enfermeras del Hospital Militar de Paraná indicaron que había nacido vivo, con problemas de salud. "Para los Valenzuela (los hermanos de su padre biológico), está vivo. Y eso impulsa a buscarlo", agregó Sabrina. Mientras que Sebastián relató que las enfermeras pudieron ver a los mellizos, pero su madre no porque estaba encapuchada.
Los fiscales que intervienen en la causa José Ignacio Candioti y Mario Silva han solicitado distintas medidas en la búsqueda del niño. No creen en la hipótesis que nació muerto. "Si bien hay testimonios que dicen que el chiquito podría haber fallecido, no se puede confirmar fehaciente esa muerte porque el cuerpito nunca se encontró", dijo la fuente.

7 de marzo de 2010
©rosario 12

0 comentarios

civiles que colaboraron con la dictadura

mqh - 08 de marzo de 2010 - 04:08 - argentina

Rosario/12 completa la lista de colaboradores de la dictadura en la zona de rosario. En la nota de hoy se completa -con 33 nuevas identidades- los 116 nombres de quienes actuaron en los años de plomo como espías encubiertos, infiltrados en distintas organizaciones y responsables de la desaparición de muchas personas.

[José Maggi] Rosario, Argentina. El último domingo la edición de Rosario/12 publicaba el listado de quienes habían prestado servicios como Personal Civil de Inteligencia del Ejército durante el primer tramo de la dictadura argentina entre 1976 y 1979. El listado compuesto por 83 identidades se completa hoy con 33 nombres más quienes fueron espías encubiertos, algunos infiltrados en las mismas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que cumplieron esa tarea hasta el último día de 1983. Se trata en total de 116 nombres completos con los que se termina de descorrer el velo sobre quienes ayudaron a convertir en sospechoso a cada uno de los ciudadanos que atacaba "el modo de vida occidental y cristiano" tal como Albano Harguindeguy definió al enemigo. O más cerca aún "a señalar a los sospechosos que no era la gente normal, que no era la gente que iba al Jockey Club", como dijo muy suelto de cuerpo Jorge Fariña, jefe de Operaciones Especiales de Inteligencia del Destacamento 121 y uno de los cinco imputados juzgados por estos días ante la justicia federal.
"¿Por qué Edgardo (El Gato) Andrada, que está acusado de colaborar con la última dictadura militar, es entrenador de las inferiores del club?", pregunto el colega Alejo Diz a Horacio Usandizaga en los primeros días de enero de 2009. "Es empleado del club. Ví las denuncias que tiene. Pero a él le asiste el principio de inocencia. No puede hacer otra cosa", respondió entonces Usandizaga.

"-Si se prueba judicialmente su participación en la dictadura, ¿qué medida tomaría?"
-Lo echaría, de ser así no lo dudaría. En ese caso lo echaríamos con una causal. La otra manera es que venga el responsable de divisiones inferiores y me diga que no es apto o no está capacitado. Creo que nosotros debemos respetar el principio de inocencia porque no hay ninguna sentencia en su contra".

Bien. El nombre del Gato Andrada es el tercero de la lista de agentes civiles: Alasino, Rolando Sergio (agente reunión). Alisi Diris, Fabián Alejandro (dibujante). Andrada, Edgardo Norberto (agente reunión). Bustos, Jorge (agente reunión). Carre, Raúl Jorge (agente reunión). Copparo, Hugo Enrique (agente reunión). Cruz, Raúl Alfredo (agente seguridad). De León, Saúl Segundo (agente reunión). Della Ceca, Juan Carlos (dactilógrafo). Florentín, Alicia Rosalía (agente seguridad). Gómez, Carlos Walter (agente seguridad). Grosso, Eduardo Antonio (programador auxiliar). Gruboy, Eduardo Luis (operador SCD). Gutiérrez, Juan Domingo (mecánico). Herrera, Domingo Faustino (agente reunión). Igoillo, Daniel Fernando (agente reunión).
Pangia, Raúl Joaquín (agente censura). Pangia es psicólogo y protagonista de las intervenciones militares a la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario y la Biblioteca Vigil, según lo denunciara Juane Basso de HIJOS en 2007. En el año 2003 en diario El Eslabón Basso había denunciado que Pangia que acababa de ganar el cargo de director del Colegio Latinoamericano, era el mismo que se jactaba entre otras cosas de "haber eliminado la infiltración marxista" de Psicología durante la dictadura, "facultad de la cual veintidós estudiantes continúan desaparecidos". Finalmente, y luego de una fuerte presión ejercida por los organismos de derechos humanos, aquel concurso quedó desierto y el ex interventor debió abandonar el cargo. A diferencia de lo ocurrido en aquellos días, las autoridades de la Universidad Abierta Interamericana, le habían dado trabajo por entonces.
La lista de agentes civiles que colaboraron con la dictadura continúa con: Pavesio, Claudio Luis Juan (radioperador). Pérez, Gustavo Eduardo, (dactilógrafo). Perugini, Gualter A. (agente seguridad). Pettorossi, Carlos, (perfograboverificador). Ramos, Ángel Paulino (agente seguridad). Rock, Claudio Andrés (radioperador). Rodríguez, Néstor Eduardo (peón). Rojas, Manuel Rubén (agente seguridad). Romero, Carlos Daniel (agente reunión). Scacco, Jorge Omar (agente seguridad). Solé, César Ramón (agente seguridad). Spezzi, Eduardo Julio (agente seguridad). Tarrió, Osvaldo Aníbal Blas (agente reunión). Vázquez, Daniel Alberto (perfograboverificador). Wirsch, Alicia Aracelli (agente reunión). Zangara, José Felipe (agente reunión).

7 de marzo de 2010
©rosario 12

0 comentarios

la muerte ya no es lo que era

mqh - 07 de marzo de 2010 - 21:38 - argentina

Los cambios en los ritos sociales para despedir a los seres queridos. Velorios cortos o inexistentes, el luto que es ya un recuerdo, las coronas que se reducen y las cremaciones que crecen son los síntomas de la reconsideración social de la idea de finitud, una tendencia urbana firme.

[Ariel Bargach y Roly Villani] Argentina. La muerte ya no es lo que era y quizás no vuelva a serlo nunca más. Al menos en las grandes ciudades argentinas, aquella representación con esqueleto, capa y guadaña al hombro fue cediendo paso a una dama más cool, más décontracté. Hablamos de la muerte de los demás, claro. Lo que sucede con el cuerpo y el alma una vez que la muerte pisa nuestro huerto sigue siendo objeto de fe y por tanto, de debate acalorado. Pero –de manera silenciosa– se fueron desmontando uno a uno los rituales y puestas en escena con que cada uno se vinculaba años atrás con todos sus muertos. Los números siempre ayudan a sostener afirmaciones: sólo en Buenos Aires, las cremaciones ya son un 10 por ciento más que los entierros; si la mirada se extiende al Gran Buenos Aires, hay un 40 por ciento menos de velatorios y un 35 por ciento más de reducciones a cenizas, según los empresarios y funcionarios del sector. Nuevas tendencias, formas diferentes de procesar los duelos, razones económicas, cambios en los preceptos religiosos y hasta la misma comodidad son los elementos de una suma que da como resultado una bestial modificación en las costumbres sociales ante la muerte. Y a la que la clase media, sobre todo, se subió con ganas.
Un par de décadas atrás, los velatorios se hacían en las casas particulares y duraban, al menos, veinticuatro horas. Las enormes coronas de flores advertían a los vecinos que alguien había emprendido el último viaje. El color –negro– luto era condición obligatoria para los deudos y estaba muy mal visto no mortificarse. Todo este combo funerario sufrió un fortísimo impacto cuando, en la década del ’70, las empresas de sepelios se popularizaron y llevaron sus servicios profesionalizados hasta los barrios más remotos. Por esa época, Charly García le perdía el respeto luctuoso a su propio deceso, al asegurarle que no le tenía miedo y que suplicaba un anuncio para poder arreglarse. Pero la cosa no iba a quedar ahí, y en la década del ’90 el acortamiento de las ceremonias aplicó un nuevo golpe a la tradición. Ya no existen aquellas reuniones de 24 horas, en las que nadie sabía bien qué hacer y que se amparaban en una exigencia de normas que nadie vio. Costumbre adquirida en la Edad Media, hace algún tiempo que quienes deciden velar a su muerto aceptan apenas "unas horas, para que se despida quien quiera despedirse". Y después, a cerrar la sala. Ese cambio viene acompañado de detalles como que la casas ya no son tan oscuras, tan lúgubres como algunas décadas atrás. Ni siquiera se piensa ya que hay que ir de traje. Y aquel mito de los "chistes de velorio" ya no es tal: aun con un cadáver cerca, las actitudes muy distintas y las charlas más sueltas. Y las ropas, otras.
Con todo, el fenómeno está circunscripto a Capital y GBA, porque en el interior el velatorio sigue siendo un "evento social". Y hasta funciona, no tan lejos, en el interior de Buenos Aires mismo, el "abono de sepelio", una cuota mensual que las familias pagan para que el día de una muerte, Dios no lo quiera, el servicio esté cubierto. "Ahí no cambió casi nada. Ahora, ¿dónde está la pared que hace que algo funcione en General Rodríguez, pero no en Merlo? No sé", duda el gerente de la Asociación de Empresas de Servicios Fúnebres de Buenos Aires-Zona Capital (ASEF), Juan Carlos Cuburu, desde la autoridad que le da hablar en nombre de 150 casas de servicios fúnebres del primer y segundo cordón del conurbano.
Otra pregunta: ¿Y si estos cambios socioculturales también rebotaran en la cuestión del empleo? Rebotan, sí. "Antes las marmolerías estaban frente a los cementerios –rememora Roberto Reviello, titular de la Cámara Metropolitana de Sepelios–. Pero ahora, ¿quién hace algo de mármol para una tumba?" También desde la ciudad de Buenos Aires, el director de Cementerios, Néstor Julio Pan, pronostica que "estos floristas que están en la puerta, en algún momento, van a tener que adaptarse, porque ahora hay una ley que directamente prohíbe tener floreros con agua".

Si Es para Ahorrar...
Juan Carlos Cuburu estima en un 40 por ciento la baja en la actividad de las casas de servicios fúnebres. Reviello dice que "hubo descensos en los velatorios, pero no en una gran cantidad". Aunque reconoce que "hay un acortamiento importante de los tiempos y las ceremonias ya no son tan fastuosas como eran antes".
Casi siguiendo el hilo causa-consecuencia, se dio un fuerte descenso de lo que los empresarios llaman "calidad del servicio", básicamente en dos rubros: flores y ataúdes. Y tiene lógica: ¿para qué pagar una corona, cuyo precio va de 400 a 700 pesos, para una ceremonia de un par de horas? El "velorio XL" habilitaba la creencia de que esos accesorios se amortizaban mejor. Los arreglos florales que suelen ponerse encima de un cajón que va a cremación cuestan entre 100 y 300. En materia de cajones, la tendencia no sólo se dio hacia colores más claros, sino también hacia maderas más económicas. "Ataúdes de cedro prácticamente no se venden más; ahora la gran mayoría son de álamo", detalla Reviello.
La realidad de las empresas del sector es un buen indicador de la lenta desacralización de la muerte ajena. ¿Cómo se sobrevive a los cambios? "Y... algunos no sobrevivieron. Nosotros advertimos que cerraron muchas empresas fúnebres. En los últimos diez años debe haber cerrado un 10 por ciento, y algunas muy tradicionales. Y otras se transformaron, pero en desmedro de sus productos", detalla Cuburu. Así las cosas, parecería que la misma tendencia social que delegó en las empresa fúnebres el manejo de los difuntos –y que significó su rutilante oportunidad de negocio– está siendo la causa de su ocaso. "Desde hace unos 10 años empezó un cambio que responde básicamente a cuestiones económicas. ¿Qué es lo más barato? No velar. ¿Cuál es la solución final? Cremar. Aunque todo tiene un trasfondo. Se produjo un desmejoramiento y una simplificación de lo que era el sepelio. Se dejó de lado el velar, el rendir el homenaje", explica-lamenta el gerente de la Asociación de Empresas de Servicios Fúnebres de Buenos Aires-Zona Capital (ASEF), Juan Carlos Cuburu. Y, a esa razón casi puramente económica, agrega el hecho de que "hace 10 años mucha gente tenía una cobertura social; y cuando perdió el trabajo, el que pudo elegir, eligió la cobertura de salud". Y sin embargo, la demoledora lógica del gasto eficiente no termina de explicar un fenómeno tan profundo. Porque ¿antes no era caro? Claro que sí, pero la fuerza de las apariencias y el qué dirán mezclados con el miedo a la muerte y los muertos inhibía su cuestionamiento. Es decir, el costo de las prácticas ritualizadas pudo entrar en la categoría de "caro o barato" solamente después de que hubo una modificación social de la idea de muerte. Para los abuelos de las generaciones actuales, no era un ítem pasible de "reducción de costos".

Dame Fuego
Pero el punto, el gran punto, está vinculado con las cremaciones. En la ciudad de Buenos Aires, en 1999 representaban apenas el 26 por ciento de los ingresos al cementerio de la Chacarita –el único con crematorio de los tres municipales porteños–, y exactamente 10 años después llegan al 43 por ciento. "Hay una tendencia firme, pero no exclusiva de acá. Está internacionalizado esto", remarca Pan.
En general, la decisión de cremar va indisolublemente unida a la de no velar. Se contrata un servicio directo de la cochería al crematorio donde, a lo sumo, hay antes un pequeño responso. Para que esto suceda, hay que decirlo, la cremación debió antes ganar aceptación social. Se instaló con firmeza la idea de "lo que él/ella quería", y que lo que él/ella querían parece ser, siempre, que sus cenizas fueran arrojadas en. La Iglesia hizo su parte, y no sólo dejó de considerar una herejía hacer cenizas de un muerto, sino que hasta habilitó cinerarios en no pocas parroquias, donde se depositan las cenizas de quien quisiera garantizarse su subida al cielo. Al crematorio porteño se suman algunas decenas en el Gran Buenos Aires, entre públicos y privados (había apenas uno hace 10 años), aun cuando su habilitación es un examen de paciencia.
La cremación constituye, hay que decirlo, también una suerte de "solución final", con perdón de la dolorosa evocación: se hace de una vez y para siempre y evita las incómodas visitas a un cementerio y el costo de mantenimiento de sepultura/nicho/bóveda. La ida a un "camposanto" parece restringida hoy a una franja de mayores que retienen el rito casi hasta por agenda. "Mi viejo está en el cementerio de Morón. Y la verdad es que ni yo voy a verlo. Yo lo tengo en la cabeza y en el corazón", se autoejemplifica Reviello. Es que sí: ¿quién sabe dónde está el cuerpo de un bisabuelo y hasta de un abuelo? El cuidado de una tumba puede extenderse, como mucho, a dos generaciones.
Capítulo aparte para el tema urnas. Por precios, formas, calidad, esa cajita donde guardar las cenizas son todo un tema en algunas familias. No parece cuestión que dé para el debate en quienes tienen decidido arrojar los restos, pero los que deciden guardarlas piensan, y mucho, el punto. El estante de las viejas cajas cuadradas tiene ahora otras variantes, que incluyen a las biodegradables, llegadas de España. Ahora, sí, los lugares comunes sobre dónde arrojar las cenizas: la cancha del club amado, el mar, la ciudad de nacimiento, un río... Y esta ceremonia, en general pequeña, íntima, suele tener el valor de última despedida.
Queda preguntarse si no se está ante generaciones que decidieron vivir la muerte (de los otros) de manera diferente. Cuburu tiene, en su propia casa, un ensayo de respuesta: "Mi hija me dice siempre: ‘Papá, el día en que todos piensen como nosotros, ustedes van a tener que cerrar’". Lo que se va desgastando es la idea de muerte tal como se la conocía. Por eso, no es del todo erróneo decir que la muerte, amigos, descansa en paz.

7 de marzo de 2010
©página 12

0 comentarios

por la memoria en san isidro

mqh - 07 de marzo de 2010 - 14:19 - argentina

Campaña por la preservación de la memoria.

Argentina. La Comisión por Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte le solicitó al Concejo Deliberante de San Isidro la preservación y señalización de los lugares donde funcionaron centros clandestinos durante la dictadura, tal como exige la ley provincial 13.584. El pedido destaca el caso del predio de Panamericana y Thames, donde funcionó un centro de torturas utilizado por el Servicio de Inteligencia Naval como paso previo al cautiverio en la ESMA. Estudiantes de la Escuela Media 6 de San Isidro que en el marco de un proyecto de la Comisión Provincial por la Memoria investigaron la historia del predio, esperan desde 2006 la construcción de una pared por parte del municipio para levantar un mural alusivo. Lejos de concretarse, en las últimas semanas el lugar fue cercado y hay obreros podando árboles para avanzar con un proyecto inmobiliario. El pedido fue recibido por Julia Rita Kuzis, presidenta del Concejo, y también abarca la señalización del ex Comando de Operaciones Tácticas 1 (‘COT 1’) Martínez, la Comisaría 4ª y el Batallón de Arsenales 601.

7 de marzo de 2010
©página 12

0 comentarios

las hienas quieren salir a marchar

mqh - 07 de marzo de 2010 - 13:14 - argentina

Pando y los defensores de la represión ilegal preparan una marcha. Se movilizarán el 20 de abril por "Una amnistía para un Bicentenario sin presos políticos". En línea con el pensamiento duhaldista, dicen que el perdón a los represores permitiría "afianzar la paz interior y superar las secuelas más dolorosas de nuestra guerra".

El mismo día, Alberto Solanet bregaba desde un artículo de opinión en La Nación por una amnistía. "Urge, en vísperas del Bicentenario, en esta Argentina difícil, profundamente degradada, volver al cauce de la Constitución histórica, recurriendo a los remedios que están en su texto y que ninguna convención internacional ha abolido, que permitirían afianzar la paz interior y superar las secuelas más dolorosas de nuestra guerra, mediante una generosa ley de amnistía", escribió el presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. El próximo 20 de abril, las distintas ONG, creadas en defensa de la impunidad de los represores, darán forma a ambos pensamientos y realizarán una marcha por "Una amnistía para un Bicentenario sin presos políticos".
El secretario de las 62 Organizaciones Gerónimo ‘Momo’ Venegas, secretario general del Sindicato de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), oficia de nexo entre los familiares de los militares presos por delitos de lesa humanidad y el duhaldismo. Cecilia Pando, la titular de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina (Afyappa) se reunió con Duhalde junto a otras mujeres de militares. La esposa del mayor retirado Rafael Mercado es la cara visible de un entramado de oficiales retirados, curas y abogados que están estrechando vínculos con sectores políticos. Entre los hombres que rodean a Venegas se encuentra el coronel retirado Rodolfo ‘Chino’ Solís, ex jefe de Contrainteligencia de la SIDE durante el menemismo. Su hermano, el coronel retirado Esteban Solis, veterano de la guerra de Malvinas, participa también de las reuniones del Consejo de Planificación de Venegas. En el último número de la revista Soldados, que publica la Secretaría General del Ejército, salió una extensa entrevista a Solís en la que se enorgullece de la acción militar en Malvinas.
A medida que avanzan los procesos por la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos se refuerza la acción de los socios civiles de los golpes militares. En diciembre pasado, Solanet, hermano de Manuel Solanet, el ex secretario de Hacienda de Leopoldo Fortunato Galtieri, describió, en un artículo publicado en el diario Pregón de La Plata, las relaciones que tejen desde la asociación de abogados creada para defender a represores. "El 11 de noviembre, en el marco del Congreso de la Unión Internacional de Juristas Católicos, celebrado en Madrid, nuestros consocios y miembros de la Mesa Directiva, Eduardo Bieule y Octavio Schindler, presentaron los objetivos de nuestra Asociación, junto a la denuncia de los hechos que dieron motivo a su fundación. Desde ya destacamos la relevancia de esta presentación, atento a la importancia de los representantes de los países concurrentes y la estrecha relación que mantiene la institución con la Santa Sede." En el marco de la militancia que incluye la decisión de abrir sedes en Rosario y Córdoba, Solanet detalla que "los directivos de nuestra Asociación hemos mantenido entrevistas con el Nuncio Apostólico, obispos, dirigentes políticos, asociaciones afines, civiles y militares, con las cuales mantenemos estrecho contacto, y continuaremos haciéndolo con las autoridades militares en actividad y del Sistema Penitenciario Federal, etc.".
La línea argumental de los defensores de los acusados, procesados y/o detenidos por violaciones a los derechos humanos es que esos delitos prescribieron o fueron amnistiados o indultados. Hacen caso omiso de la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida y de la inconstitucionalidad declarada por la Corte Suprema.
El presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y miembro de la Corporación de Abogados Católicos –habitual querellante para impedir abortos no punibles– pone sobre la mesa la preocupación que subyace entre los socios civiles de los dictadores. En otro artículo publicado también en La Nación, Solanet considera que "la situación es hoy extremadamente grave porque, contrariamente a lo resuelto por la Cámara Federal cuando juzgó a los comandantes, en el sentido de que la defensa de la sociedad agredida había sido monopolizada por las fuerzas militarizadas, sin participación de los funcionarios que cumplían actividades civiles, ahora se pretende extender a estos sectores la responsabilidad por las extralimitaciones cometidas en el curso de la guerra. Al convalidar la detención de un ex ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires (Jaime Smart), la Cámara llegó al extremo de sostener que la sola circunstancia de haber aceptado y desempeñado tal cargo es suficiente para involucrarlo en la ejecución de hechos en los que no tuvo ni pudo tener participación alguna. Con esta nueva línea jurisprudencial, la revancha ya no tiene límites".
Distintos blogs con infaltables links a las homilías del arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, el responsable de Educación del Episcopado, reseñan las marchas que, desde fines del año pasado, actualizaron con la consigna "Por un Bicentenario sin presos políticos". Llegado el 2010 ya reclaman sin máscaras una amnistía. Por ahora, sólo Duhalde se mostró dispuesto a representar a "los que quieren a Videla". La propuesta de amnistía de Diego Guelar de PRO no encontró respaldo público en el macrismo. De Abel Posse, el efímero ministro de Educación, tuvieron que desprenderse por el desparpajo con el que alentaba las ideas de Solanet.
El embate no ceja. La Justicia sigue avanzando: hay más de seiscientos detenidos. Sin embargo, el peso de esas corporaciones de intereses organizados se hace sentir.

0 comentarios

el martirio de amalia ricotti

mqh - 06 de marzo de 2010 - 20:22 - argentina

Arrancó el segundo juicio por delitos en lesa humanidad en Santa Fe. Barcos, quien operaba como Personal Civil de Inteligencia, está acusado del secuestro y torturas del ex dirigente de la Ctera, José Tur y de su ex esposa, Amalia Ricotti. El represor abandonó la audiencia cuando la mujer detalló los apremios.

[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. Arrancó ayer el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral de Santa Fe comenzó a juzgar a un ex agente civil de la dictadura, Horacio Américo Barcos, que operaba como Personal Civil del Inteligencia (PCI) al servicio del Destacamento de Inteligencia Militar 122. Lo acusan por el secuestro y torturas al historiador y ex dirigente de la Ctera ya fallecido, José Alberto Tur y a su ex esposa, Amalia Ricotti, en mayo de 1978. Barcos se negó a declarar cuando el presidente del Tribunal, José María Escobar Cello le ofreció la posibilidad de hacer su descargo y después abandonó la audiencia cuando Ricotti lo acusó por el martirio que padecieron ella y su ex marido.
Amalia dijo que el grupo de tareas estaba integrado entre diez y quince represores y logró identificar a cinco de ellos: a Barcos por su nombre y apodo (lo llamaban ‘Quique’) y a los otros cuatro por sus alias: ‘Oca’ (que la custodiaba junto con ‘Quique’), ‘José’ (un ex montonero quebrado que colaboraba con la represión ilegal), ‘Vicente’ (que después de la liberación pasó a controlarla en la calle y hasta intentó propasarse con ella) y ‘Carlitos’ (que también desempeñaba un rol importante en el grupo). ‘Vicente’ es uno de los nombres de guerra con que se conocía al ex suboficial del Ejército, Eleodoro Jorge Hauque, identificado también como ‘Lolo’ o ‘Turco’ y que operaba como el jefe de los PCI, según reveló en la etapa de instrucción el jefe del Destacamento de Inteligencia 122, coronel Domingo Manuel Marcellini. Hauque también figura en la lista del Batallón de Inteligencia 601 que se conoció hace dos semanas.
El relato de Amalia enmudeció a la sala del Tribunal. Hasta que en un momento la voz se apagó en llanto. "¿Quiere hacer un descanso?", le propuso Escobar Cello. Y el juicio pasó a un cuarto intermedio de diez minutos. Tras la pausa, el abogado de Barcos, Néstor Oroño, pidió permiso para que su cliente se pueda retirar del recinto.

¿Qué le pasa? ¿Está enfermo? -le preguntó el presidente del Tribunal.

La respuesta de Oroño no se escuchó. Pero Barcos se levantó y se fue. No muy lejos, hasta el subsuelo, donde hay un calabozo con un plasma gigante para que los imputados puedan ver y escuchar a sus denunciantes por TV.
Ricotti dijo que ya había identificado a Barcos en un encuentro casual durante la dictadura y que después lo volvió a ver en una cola del Banco Nación. Lo encaró y le dijo: "’¿Usted se acuerda de mi? ¿Sabe quién soy yo’". Él me miró, tenía un papel en la mano y temblaba: "’No, señora’, me contestó. ’Vos sos Quique’, le dije".
No, señora, usted está equivocada. Yo soy Horacio Américo Barcos -le respondió el acusado.

El fiscal Martín Suárez Faisal le preguntó a Ricotti si "esa persona era la misma que estaba en la sala" hasta unos minutos antes.
Sí -respondió Amalia.

La abogada querellante Zulema Rivera le planteó entonces si también era la misma que la apuntó con un arma en el operativo del secuestro, el 16 de mayo de 1978, frente a los elevadores de granos del puerto de Santa Fe.
Sí- ratificó Ricotti.

¿Recuerda cómo era el arma?
Un arma corta, de puño, una pistola o un revólver.

En el secuestro, ¿alcanzó a ver a otras personas?
Sí, una persona robusta de cabello castaño. Era ‘José’. Porque así lo llamaban sus compañeros de la patota, decían que había sido montonero y que ahora estaba colaborando. Nos decían que había que tomarlo como ejemplo.

¿Que hacía ese tal José?
-Me sacó del auto. Lo vi de muy cerca.

Y cuando lo interceptaron los captores ¿le dijeron algo?
Hablaban a los gritos. Fue todo muy rápido y violento. Escuché muchos gritos.

Usted nombró a Quique y a Oca, ¿recuerda otros?
Si, ‘Carlitos’- señaló Ricotti. Un represor al que en otro pasaje del testimonio dijo que parecía estar a cargo del grupo de tareas.

Una pregunta de la jueza Ivón Vella que se confundió entre ‘José’ y ‘Carlitos’ sorprendió a Ricotti. "No entiendo qué me quiere preguntar", le contestó Amalia. Al final, el mal entendido se superó cuando Vella le planteó si había visto a ‘José’ en el centro clandestino.
Sí, estuvo en la casa porque lo nombraban. Ellos decían que era un colaborador y que había participado en el operativo. Pero yo no lo vi -respondió Ricotti.

¿Cuántas personas estaban en la sala de torturas? -siguió la doctora Rivera.
Se escuchaban muchas voces.

¿Reconoció algunas de esas voces?
La reconocí porque Quique me decía quién era.

Usted dijo que sufrió abusos sexuales. ¿Quién abusó de usted?
Quique.

Además de Quique, ¿hubo otros?
Sí.

¿La violaron?
Sí. Quique.

¿Alguien más?
Sí.

Esa persona que hacía de jefe, ¿participó en los abusos sexuales?
No sabría decirlo.

¿Por qué le preguntaban si estaba embarazada?
Era repetitivo. "Ché, Flaca, ¿no estarás embarazada?", me preguntaban- concluyó Amalia.

0 comentarios

delitos masivos

mqh - 06 de marzo de 2010 - 04:42 - argentina

Fiscal Colalongo.

Argentina. "Nadie actuó coaccionado, nadie dijo si no torturás, te torturo, si no matás, te mato. Las órdenes de matar, torturar, violar, sustraer identidad de menores, no debían ser cumplidas, debieron oponerse. Todo lo hicieron convencidos. No son crímenes de guerra ni excesos, son delitos de lesa humanidad dentro de un plan sistemático". De este modo contundente se expresó ayer la fiscal federal Mabel Colalongo ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 al describir el accionar delictivo de los cinco imputados en la causa Guerrieri-Amelong.
Básicamente la fiscal se refirió ayer a "la responsabilidad de los imputados en los hechos de la causa analizando la prueba de cargo". De los diversos testimonios prestados en la causa y de la prueba documental la fiscal Colalongo consideró "probada la participación de los mismos en los ilícitos que se les atribuyen". Se refería a Oscar Pascual Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Jorge Fariña, Walter Pagano y Eduardo Costanzo.
La representante del Ministerio Público reiteró que "todos ellos eran miembros del Destacamento de Inteligencia del Batallón 121 por lo cual era muy difícil que desconocieran el funcionamiento de los Centros Clandestinos de Detención". En este sentido, recordó "la declaración de Agustín Feced ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas donde expresamente dijo que el Servicio de Informaciones estaba bajo control operacional de las FFAA y bajo las órdenes del Servicio de Inteligencia, y la Orden 404 que imponía la presencia obligatoria del personal de Inteligencia en procedimientos de detención de elementos subversivos". Colalongo remarcó que "a diferencia de la vincha de Amelong pidiendo legalidad, este juicio se ajustó a la única legalidad posible que es la del Estado de Derecho".
La fiscal también analizó "el encuadre de las conductas de los imputados en los tipos penales correspondientes, calificando las mismas como privaciones ilegítimas de la libertad agravadas mediante el uso de violencias y amenazas, agravadas también por dirigirse contra perseguidos políticos, por haber durado más de un mes en muchos de los casos, delito de tormentos y homicidios agravados por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse cometido en procura de lograr la impunidad de los autores", agregando que, "todos estos delitos no fueron cometidos en forma aislada sino masiva por los que el Derecho Internacional los incorpora como delitos de lesa humanidad".
En otro tramo del alegato la fiscal se refirió a la participación de los imputados en los hechos, señalando que "en todos los casos se los debe considerar como coautores ya que, por el rol preponderante de la Inteligencia, tenían el dominio de los hechos y la decisión final, aún en los casos en que entregaban a los secuestrados a otra área o sub zona, como en los casos de Hilda Cardozo o Jaime Dri, y además tenían presencia activa en los lugares clandestinos de detención, por lo que no es casual que todas las víctimas los mencionen".
La fiscalía descartó que "los imputados hayan actuado bajo obediencia debida o coacción". En relación al cumplimiento de órdenes, destacó que "aún en el derecho militar, no es necesario acatar una orden manifiestamente ilegal", y que "discutir estas cuestiones es una ofensa a la racionalidad, que las víctimas aceptan con una paciencia claramente admirable. Nadie actuó coaccionado".
Las audiencias continuarán el lunes 8 a partir de las 9.30 cuando seguirá alegando la representante del Ministerio Público Fiscal. Posteriormente continuarán los alegatos de las defensas.

0 comentarios