las taser no saldrán a la calle
Informe de Gabriel Morini. 6 de marzo de 2010
La justicia porteña prohibió el uso de las pistolas eléctricas. El recurso de amparo presentado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad contra el uso de "elementos de tortura" por parte de la Policía Metropolitana fue aceptado por la Justicia. El gobierno de Macri dijo que apelará la medida.
Argentina. La Justicia porteña decidió ayer prohibir el uso de los dispositivos eléctricos Taser X26 por parte de la Policía Metropolitana, haciendo lugar a un recurso de amparo presentado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad. La medida fue celebrada por dirigentes de la oposición, quienes adelantaron que darán impulso a un proyecto de ley en la Legislatura para prohibir definitivamente su uso. Por su parte, el gobierno porteño adelantó su intención de apelar la medida y pretende seguir adelante con su implementación.
La magistrada a cargo del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Número 9, Andrea Danas, dictó ayer una medida cautelar y ordenó suspender el uso de esas armas por parte de la Metropolitana, hasta tanto exista sentencia definitiva. El recurso de amparo impulsado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) las consideraba "un elemento de tortura", y había sido presentado ante la Justicia el pasado 22 de febrero.
La jueza, en su dictamen, consideró que a primera vista las pistolas "no resultan razonables" para ofrecer seguridad a la población. Además sostuvo que su uso "puede lesionar derechos como la vida, integridad física y salud de las personas, aun de quienes se encuentran en perfecto estado de salud" y que "la incorporación de estos dispositivos puede fomentar el encubrimiento o la impunidad policial favoreciendo situaciones de abuso".
Consultados por Página/12, voceros de la Policía Metropolitana aseguraron que respetarán el fallo de la Justicia porteña, pero anticiparon que la intención de la fuerza conducida por Eugenio Burzaco es apelar la medida. "La Justicia está obstaculizando la gestión", aseguraron desde el macrismo en referencia a este fallo y al que impidió emplazar en terrenos del Parque Sarmiento la nueva comisaría de la Metropolitana.
"No está fundamentado. No se puede judicializar un hecho a futuro", sostuvieron las fuentes consultadas al aclarar que el fallo ordena la "suspensión" del uso de las Taser, las cuales el gobierno porteño asegura no tener en su poder. Desde el gobierno comunal dejaron en claro que la resolución de apelar la medida la tendrá que promover la Procuración porteña, pero aseguraron que la Metropolitana "no tiene intención de desechar el uso de las Taser" y piensa continuar con su implementación. Lo que aún no han podido precisar es en qué momento la fuerza recibirá los artefactos adquiridos mediante contratación directa el pasado 14 de enero.
En un comunicado, la nueva fuerza destacó que "la utilización criteriosa" de este tipo de equipamiento "bajo circunstancias puntuales y por personal debidamente entrenado disminuye el uso de armas que sí ocasionan la muerte". Al mismo tiempo destacaron los mecanismos de control técnicos que poseen los dispositivos, los cuales están destinados a prevenir abusos y excesos.
"La Justicia no deja de sorprender y no sé qué elementos técnicos se evaluaron para evitar el uso de las Taser", afirmó el subsecretario de Derechos Humanos, Helio Rebot. "A veces existen juicios de valor más por desinformación que por otra cosa", consideró el macrista, al tiempo que subrayó que los dispositivos eléctricos "protegen los derechos humanos" y "no permiten que haya violencia".
En tanto que la medida que ordenó la jueza Danas fue celebrada por dirigentes de la oposición, quienes adelantaron que darán impulso a un proyecto de ley en la Legislatura para prohibir definitivamente el uso de las Taser por parte de los efectivos de la Metropolitana.
"Vamos a plantear en el ámbito de la Legislatura lo que mundialmente dicen los organismos de derechos humanos acerca del peligro que implican estas armas", afirmó el diputado de Encuentro Popular para la Victoria Francisco ‘Tito’ Nenna. El proyecto de ley impulsado por el legislador opositor propone la prohibición en la Ciudad de la utilización de "armas eléctricas o electrónicas u otros dispositivos similares de descargas eléctricas".
Tras la difusión de la orden judicial, el bloque de legisladores de Proyecto Sur también expresó su "conformidad con el fallo y la expectativa de que se prohíba el uso de estas picanas eléctricas en todo el territorio argentino", algo que también había intentado el actual senador Rubén Giustiniani, aunque sin éxito, en el 2006.
3 de marzo de 2010
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Argentina. Luego de cinco días de detención, un juez de Miami ordenó ayer la libertad provisional del teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, imputado como uno de los autores materiales de la Masacre de Trelew, el 22 de agosto de 1972. Ciudadano norteamericano y dueño de la firma RGB Group Inc., que brinda servicios médicos a las fuerzas armadas de los Estados Unidos, para recuperar su libertad Bravo pagó en efectivo 25 mil dólares sobre un total de 1,2 millón que Robert Dubé, juez federal de Miami, le fijó como fianza. El magistrado también le retuvo el pasaporte, le prohibió la salida del estado de Florida, le retiró el permiso para navegar y fijó audiencia para el 2 de abril en una corte de Miami, donde se comenzará a dirimir el proceso de extradición del marino argentino.
[Juan Carlos Tizziani] Argentina. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comenzará hoy la búsqueda de los restos de un desaparecido durante la dictadura que fue secuestrado por la patota de Agustín Feced en Rosario, su cuerpo apareció después acribillado en la zona de Barrancas y posteriormente terminó inhumado en el cementerio municipal de Santa Fe, en octubre de 1976. El caso está vinculado con la caída de otros dos militantes políticos en Rosario, inhumados también en Barrancas, en setiembre de 1976, que ya fueron identificados en una causa que instruye el juez federal Reinaldo Rodríguez desde principios de 2008, pero cuyos nombres se mantienen en reserva por pedido de las familias. La investigación sumará más pruebas sobre los métodos del terrorismo de estado: secuestros, torturas, homicidio y desaparición del cuerpo, dijo Miguel Nieva, integrante del EAAF que realizará los trabajos de excavación en el cuadro 5 del cementerio santafesino.
[José Maggi] Argentina. Las llaves de la vieja casona de Córdoba y Moreno ya están en manos del municipio: ayer los empresarios que explotan el bar temático Rock & Feller’s se las entregaron al secretario de Gobierno Fernando Asegurado y al director del Museo de la Memoria Rubén Chababo. Y aunque el acto público que estaba previsto no tuvo una recorrida por el inmueble, no fue menos emotivo para muchos de los presentes. "Hoy no pudimos, pero esperamos poder ingresar el 23 de marzo" apostó Iván Hernandez Larguía, una de las voces cantantes de la Comisión Directiva del Museo de la Memoria.
[Lorena Panzerini] Argentina. A pesar de la "alegría" que expresaron miembros de organizaciones de derechos humanos de Rosario por la recuperación de la casona de Moreno y Córdoba, donde funcionará el Museo de la Memoria, muchos criticaron al municipio por las demoras permitidas para la entrega del inmueble a los propietarios del bar Rock & Feller`s. Al mismo tiempo coincidieron en tener "diferencias" con el proyecto original que desde la dirección del museo se pretende llevar adelante, en el lugar donde funcionó el Comando del II Cuerpo del Ejército, durante la última dictadura. "Tenemos una satisfacción tremenda, porque no podíamos concebir que allí funcionara el Rock & Feller`s; fue terrible", aseguró Norma Ríos, miembro de la comisión y titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario. Hoy, a las 19, las agrupaciones se autoconvocan en un acto en el que la municipalidad hará entrega simbólica de las llaves de la casona de la emblemática esquina a la Comisión Directiva del Museo, luego que ayer, los propietarios del bar hicieran lo propio con el municipio, tras la prórroga que se les había concedido en enero pasado para continuar la actividad gastronómica por otros 60 días.
[Diego Martínez] Argentina. Durante treinta y dos años vivió con identidad falsa, apropiado por Víctor Alejandro Gallo, capitán del Batallón de Inteligencia 601, carapintada, delincuente de fuste, que llegó a gatillarle en la cabeza. "Era su juguete de guerra", resume. La duda comenzó a los veinte pero hizo falta una década y la presión de los amigos para acercarse a Abuelas. En dos semanas quebró a la apropiadora, supo que nació en cautiverio en Campo de Mayo, que se llama Francisco Madariaga Quintela, que su mamá Silvia ejerció como médica hasta que el Ejército la borró de la tierra, y conoció a su padre, Abel, secretario de Abuelas desde 1983. "Es un regalo de la vida que alguien te cuente tu historia. Hay que pelear por la verdad. Quien busca, encuentra", enseña.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia solicitó al Archivo Nacional de la Memoria la copia de un documento protegido por el secreto durante 27 años de democracia que se conoció esta semana: la lista de los 103 agentes civiles de Santa Fe que reportaron durante la dictadura al Batallón 601 y operaban como Personal Civil de Inteligencia (PCI) en el Destacamento de Inteligencia Militar 122. "Es una publicación de extraordinaria importancia para las investigaciones que se están llevando adelante por los delitos de lesa humanidad", dijo el director provincial de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica, Jorge Pedraza.
[José Maggi] Santa Fe, Argentina. Los nombres del Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Ejército, que actuaron en esta región durante el período más feroz de la dictadura, siempre fueron ocultados al público. Fueron inaccesibles durante más de 20 años, pero tras la reapertura de las causas por terrorismo de estado, fiscales y jueces comenzaron a pedir sus nombres al Ministerio de Defensa. Ante el cúmulo de requerimientos y en base al "derecho de la sociedad a conocer su pasado", la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa elaboró y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 4/2010, que eliminó las restricciones al acceso a la información calificada como "secreto de Estado" entre 1976 y 1983. Rosario/12 accedió al listado de quienes prestaron "servicios" en Rosario, entre 1976 y 1979 (que se reproduce en la tapa del diario), que fue incluido en una de las causas que investiga delitos de lesa humanidad.