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eua desclasifica documentos

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Estados Unidos desclasifica archivos relativos a la última dictadura argentina.
Washington, Estados Unidos/Argentina. La Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó ayer por segunda vez consecutiva una enmienda para desclasificar los archivos de la época de la última dictadura argentina, lo que busca esclarecer el destino de los hijos de desaparecidos nacidos bajo cautiverio durante ese período. La enmienda "es una herramienta muy importante en la búsqueda de la verdad de lo sucedido en la Argentina durante el período de la última dictadura militar", comentó el embajador argentino en Estados Unidos, Héctor Timerman. La enmienda establece que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) informe a los Comités de Inteligencia de la Cámara baja y del Senado de cualquier información que tengan sobre las violaciones de derechos humanos del gobierno militar de Argentina desde mediados de la década de 1970 hasta mediados de 1980, así como sobre el ascenso al poder de ese gobierno.

5 de marzo de 2010
27 de febrero de 2010
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españa extradita a criminal argentino

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Aprobaron extradición de ex subcomisario de la Policía Federal.
España/Argentina. El gobierno español aprobó ayer la extradición a la Argentina del represor Jorge Alberto Sosa, ex subcomisario de la Policía Federal en Neuquén, quien está acusado de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Sosa, de 73 años y con doble nacionalidad argentina-española, fue detenido por orden del Juzgado Federal de Neuquén a través de Interpol el 8 de julio de 2009 en la localidad de Onteniente, Valencia, donde residía con su familia desde 1992. Tras su detención, la Audiencia Nacional de España dictó orden de prisión provisional, pero desde el 15 de octubre de 2009 el represor se encuentra en libertad al haber depositado una fianza. Sosa está imputado por asociación ilícita, 18 delitos de detención ilegal cometidos por funcionario público, agravada por su duración mayor de quince días, y 17 torturas y otros delitos contra la integridad moral.

5 de marzo de 2010
27 de febrero de 2010
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empezó juicio por crímenes en el vesubio

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Los acusados son los militares Humberto Gamen, Pedro Durán Sáenz y Hugo Pascarelli y cinco guardias penitenciarios del que fue uno de los mayores centros de exterminio del Primer Cuerpo de Ejército. Por ese campo pasaron unos 2500 secuestrados.
[Diego Martínez] Argentina. A poco menos de treinta y cuatro años del golpe de Estado, un cuarto de siglo desde el juicio a los ex comandantes y tres años desde que los torturadores Miguel Etchecolatz y Julio Simón comenzaron a rendir cuentas ante un tribunal, los juicios a represores de la dictadura comienzan a afianzarse como una sana costumbre de la democracia argentina. Ayer, en menos de noventa minutos, los policías que custodiaban la sala de audiencias de Comodoro Py vieron partir con esposas a los marinos Acosta, Donda, Astiz & Cía., imputados por crímenes en la ESMA, e ingresar a los militares Durán Sáenz, Gamen y Pascarelli, menos conocidos pero acusados por idénticos delitos de lesa humanidad en el centro clandestino Vesubio.
El primer juicio oral y público a un grupo de ocho jefes y guardias de uno de los mayores campos de exterminio del Primer Cuerpo de Ejército, por el que se estiman pasaron dos mil quinientos secuestrados, sufrió varias postergaciones y comenzó en un momento del día atípico, el atardecer, por problemas que ya son costumbre: las dificultades de los poderes Judicial, Ejecutivo y del Consejo de la Magistratura para cubrir en plazos razonables las vacantes en los tribunales y para encontrar salas de audiencias acordes con el interés que generan los procesos de lesa humanidad.
La última postergación fue por la jubilación de la jueza María San Martino, que no puede dejar el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) hasta que se lean los fundamentos del fallo por la tragedia de LAPA, y se solucionó con la designación como subrogante de Pablo Bertuzzi, quien acababa de ser designado en La Plata. La falta de salas era un problema ostensible al menos desde abril pasado, cuando se reasignaron las causas acumuladas en el TOF5. El tribunal de San Martín que juzga a los jerarcas de Campo de Mayo demostró que con voluntad un juicio se puede realizar en un gimnasio. El ejemplo no cunde en Py: hasta ahora el tribunal que juzga Vesubio compartirá la sala con los de ESMA y Atlético-Banco-Olimpo. Pocas audiencias semanales para centenares de testigos eternizarán los juicios y obligarán a excarcelar más represores por exceder los plazos con prisión preventiva. Cambió el motivo, no el problema, y no aparece la solución.

La Política del Avestruz
La jornada de ayer arrancó en la calle, al mediodía, con actividades organizadas por H.I.J.O.S.. Entre banderas de organismos y de agrupaciones a las que pertenecieron algunos de los desaparecidos vistos en Vesubio, como el Partido de la Liberación o Vanguardia Comunista, se mezclaron sobrevivientes, familiares y allegados a las víctimas, con artistas como Juan Palomino, el músico Eduardo Schmidt o Fabián Matus, hijo de la fallecida Mercedes Sosa.
"Los amigos de los asesinos de la ESMA decían recién que falta poco, que esto se termina pronto. Hay que estar atentos, compañeros", advertía micrófono en mano Lita Boitano, histórica de Familiares, desde un trailer reservado a expositores. A las cinco de la tarde militantes y periodistas vieron salir el camión del Servicio Penitenciario Federal con Donda, Astiz & Cía. y se aprestaron para el comienzo del nuevo juicio. Detalle no menor: a diferencia de la costumbre que impuso el TOF5 en tiempos de Guillermo Gordo, cuando los periodistas debían firmar una papeleta en la que certificaban que el tribunal garantizaba el principio de publicidad que en la práctica incumplía, ayer ni siquiera fue necesario acreditarse. A las 17.55 el murmullo viró en silencio: de saco y corbata, esposados, con las manos adelante, ingresaron cinco penitenciarios que supieron ser guardias del Vesubio y hoy promedian sesenta años: Ramón Erlán, José Maidana, Roberto Zeolit, Diego Chemes y Ricardo Martínez. Detrás, sin esposas, entraron el general Humberto Gamen y los coroneles Pedro Durán Sáenz y Hugo Pascarelli. Los tres están libres. El fiscal Félix Crous reclamó que sean detenidos durante el juicio, argumentó que la cercanía de la sentencia puede incentivar las fugas, citó el antecedente Febres para destacar que en caso de confesar la verdad, la libertad los pondría en riesgo, recordó que el criterio se aplicó en Córdoba, Santa Fe, Neuquén y San Martín, pero no conmovió al TOF4, que también integran Leopoldo Bruglia y Jorge Gorini.
Cuando vio ingresar a la docena de fotógrafos, el coronel Pascarelli, 82 años, ex jefe del área militar 114 dentro de la que funcionó Vesubio, se escondió detrás de su abogado, que sonrió para las cámaras. Cuando los reporteros buscaron el filón para disparar, Pascarelli se cubrió la cara. Un periodista lo comentó en la bandeja superior y la mujer de un imputado, de ceño fruncido y blusa almidonada, reivindicó al soldado:

¡Claro que se cubren! ¡Lo bien que hacen!
¿Le parece bien que se escondan como avestruces?

Claro que sí –ratificó la mujer, con un rosario en las manos, mientras el joven que la acompañaba la observaba con pena.

5 de marzo de 2010
27 de febrero de 2010
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chacal pretende que hubo guerra

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El represor dijo que Rodolfo Walsh se suicidó y que "la guerra no terminó". En contra de lo dicho por sus camaradas, mencionó que en el cuerpo del escritor había "vestigios de la pastilla de cianuro", pero no dijo qué hicieron con su cadáver. Calificó su Carta Abierta como "un arma de la guerra civil revolucionaria terrorista".
Argentina. Preso con prisión preventiva en el penal de Ezeiza, sin computadora pero con papel y birome, abundante tiempo libre y los recuerdos que cada semana le dispara la lectura de la acusación por los crímenes en la ESMA, el capitán retirado Jorge Eduardo Acosta se refirió en una carta al Tribunal Oral Federal Nº 5 a la muerte del escritor y periodista Rodolfo Walsh. El ex jefe de Inteligencia del Grupo de Tareas 3.3.2 no dijo qué hizo la Armada con el cadáver, no dijo quién se robó los originales de su obra secuestrados en la casa del Tigre donde pasó sus últimos días, pero contrariando las confesiones de sus camaradas a los secuestrados en la ESMA, según las cuales Walsh murió acribillado mientras se defendía con una pistola calibre 22, Acosta escribió que el escritor "se suicidó". En tono amenazante advirtió que "la guerra no terminó".
Acosta admitió haber encabezado el grupo de tareas de la ESMA, calificó al escritor como "un importantísimo miembro de la organización Montoneros", y apuntó que "Walsh estaba dispuesto a morir, sí o sí, porque llevaba una pistola calibre 22". Como sustento de su hipótesis mencionó también "vestigios de la pastilla de cianuro", afirmación que cuanto menos certifica que la Armada realizó una autopsia sobre el cadáver de Walsh. Agregó que los elementos de análisis que él conoce pero oculta a la sociedad "no dejan duda alguna de la intención de no permitir su detención con vida".
En el escrito, una decena de carillas manuscritas, el capitán de fragata retirado se quejó de la "persecución política" que a su criterio existe "contra algunos de los que derrotamos a los terroristas, para restablecer la paz". También renegó de las fotografías "con primeros planos", que el TOF Nº 5 autorizó a registrar luego de años de resistencia.
El procesado dijo que se sintió "intimidado" por el "aplauso cerrado" que provocó en la sala de audiencia la lectura de la Carta Abierta a la Junta Militar, que Walsh alcanzó a despachar el 24 de marzo de 1977, antes de ser emboscado y asesinado. La carta que el colombiano Gabriel García Márquez calificó como una obra maestra del periodismo universal "es un documento pero también un arma de la guerra civil revolucionaria terrorista", escribió el Tigre Acosta. Agregó que el aplauso que generó la lectura significa para él que "la guerra no terminó".
En el escrito dirigido al TOF Nº5 Acosta lamentó, además, no poder recibir ayuda espiritual en las misas de los días jueves. "Está suficientemente probado que yo he sido el jefe de Inteligencia de la UT (léase unidad de tareas) 3.3.2 desde enero de 1977, y por ello he participado en la guerra fratricida que no inicié ni definí en su contenido", consignó el procesado, quien manifestó sentir respeto por todas las víctimas, "entre ellas Rodolfo Walsh", quien "de no haberse suicidado, estaría declarando como testigo en mi contra".
El TOF Nº 5 prosiguió ayer con la lectura de la acusación contra los diecisiete procesados en el primer juicio significativo por los crímenes en la ESMA, que continuará el próximo miércoles a partir de las diez de la mañana. A pedido del abogado Alfredo Solari, se leerá también el auto de elevación a juicio del juez Sergio Torres, por lo que recién en dos semanas los defensores podrían plantear las cuestiones preliminares y comenzarían a declarar los testigos.

5 de marzo de 2010
27 de febrero de 2010
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juicio por asesinatos en cárceles secretas

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Comienza juicio en Argentina por crímenes de la dictadura en cárcel ilegal. Tres coroneles retirados y cinco antiguos agentes penitenciarios deberán rendir cuentas ante el Tribunal Oral Federal 4 de Buenos Aires.
Argentina. Las desapariciones del escritor Haroldo Conti, del guionista de historietas Héctor Oesterheld y del cineasta Raymundo Gleyser, entre otras, comenzarán a ser ventiladas desde este viernes en un juicio por crímenes cometidos durante la dictadura argentina en una cárcel ilegal conocida como ‘El Vesubio’.
Tres coroneles retirados y cinco antiguos agentes penitenciarios deberán rendir cuentas ante el Tribunal Oral Federal 4 de Buenos Aires por 156 hechos de privación ilegal de la libertad y tormentos cometidos entre 1976 y 1978.
Los ex coroneles Héctor Gamen, Hugo Pascarelli y Pedro Durán Sáenz fueron los máximos responsables de ‘El Vesubio’, mientras que los ex agentes penitenciarios Diego Chemes, Roberto Zeoliti, José Maidana, Ricardo Martínez y Ramón Erlán estuvieron a cargo de los interrogatorios bajo tormentos de los detenidos.
Entre las víctimas de ese antiguo campo de concentración estuvieron Oesterheld, creador del cómic ‘El eternauta’; Conti, autor de obras como ‘Alrededor de la jaula’, ‘En vida’ y ‘Mascaró’, y ‘Gleyser’, quien con sus documentales buscó reflejar los flagelos sociopolíticos de América Latina.
El tribunal tiene previsto escuchar el testimonio de unos 280 testigos, 75 de ellos sobrevivientes de esa cárcel ilegal situada a las afueras de Buenos Aires, que fue demolida en 1978.
Según cifras oficiales, 18 mil personas desaparecieron en Argentina en la última dictadura (1976-1983), aunque las organizaciones de derechos humanos elevan la cantidad de víctimas a 30.000.

26 de febrero de 2010
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sobre la rata detenida en miami

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Bravo, el que pegó los tiros de gracia, fue detenido ayer en Mami uno de los represores que participó de la masacre de Trelew. El teniente de navío retirado Roberto Bravo fue capturado en Estados Unidos, donde vive desde los ’70. Tres sobrevivientes de la masacre lo señalaron como el encargado de rematar a las víctimas. Ahora se inicia el proceso de extradición.
[Diego Martínez] Argentina. A treinta y siete años, seis meses y tres días de la Masacre de Trelew, cuando oficiales de la Armada fusilaron a dieciséis presos políticos en la base Almirante Zar, fue detenido ayer en Miami el teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, sindicado por los tres sobrevivientes como quien recorrió los calabozos para darles el tiro de gracia a las víctimas. La captura de Bravo, radicado en Estados Unidos desde los años ’70 y presidente de una empresa que factura millones de dólares a cambio de servicios médicos a las fuerzas armadas norteamericanas, fue solicitada dos años atrás por el juez federal de Rawson, Hugo Sastre. El juicio oral a seis imputados por la masacre del 22 de agosto de 1972, a cargo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, comenzaría en abril en el teatro Verdi de Trelew.
El 19 de febrero de 2008, tras la orden de detención, Página/12 informó que el Ñato Bravo vivía en Miami, donde preside RGB Group Inc. Un empleado informó que "entra y sale todo el tiempo", pero fue imposible obtener su palabra. Igual que en los años que siguieron a la masacre, cuando se escondió en la base naval de Puerto Belgrano y luego en la Agregaduría Naval en Washington, Bravo prefirió guardar silencio.
El juzgado de Rawson tardó diez meses para traducir las pruebas. En marzo pasado el agregado judicial de la Embajada de los Estados Unidos formuló "recomendaciones", que con el respaldo de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería se lograron satisfacer en dos meses. El pedido de extradición se presentó ante el Departamento de Estado el 15 de julio. El 20 de enero, a pedido de un juez de Florida, se enviaron las huellas dactilares del marino. Ayer fue detenido y hoy probablemente se sepa si la Justicia le concede la posibilidad de pagar una fianza para permanecer en libertad durante el proceso de extradición, que podría durar varios meses, sobre todo porque Bravo tiene ciudadanía norteamericana.
Los imputados en condiciones de ser juzgados son los capitanes Luis Emilio Sosa y Emilio Jorge del Real y el cabo Carlos Marandino, los tres como autores directos de dieciséis homicidios agravados por alevosía y premeditación, más tres en grado de tentativa, por los sobrevivientes María Antonia Berger, Alberto Camps y René Haidar. Como cómplices necesarios serán juzgados el contraalmirante Horacio Mayorga, enviado por el gobierno de Alejandro Lanusse tras la fuga del penal de Rawson, y el jefe de la base Zar, capitán Rubén Paccagnini. El responsable del sumario interno que respaldó la falacia del intento de fuga, capitán Jorge Bautista, será juzgado por encubrimiento.

Engordar o Matar
Gracias al testimonio de los sobrevivientes, a quienes el poeta Francisco Paco Urondo entrevistó en la cárcel de Villa Devoto el 24 de mayo de 1973, el comportamiento del teniente Bravo está documentado desde hace tres décadas. Cuando se hizo cargo de su primera guardia ordenó que los sacaran a comer de a uno, con varios soldados apuntando, y fijó un límite máximo de cinco minutos.
–¡Si seremos boludos! –pensó en voz alta–. En lugar de matarlos estamos engordándolos.
Camps recordó que Bravo "se las ingeniaba para estar siempre de noche. La mayor parte de las guardias las cumplía él con su equipo, diurnas y nocturnas. Dormía un turno, seis horas, y después estaba todo el día".
Bravo "buscaba excusas" para sancionarlos. "La sanción, por llamarla así, era hacernos desnudar y hacer cuerpo a tierra de boca hacia abajo o de espalda en el suelo, o pararnos lejos de la pared y hacernos apoyar con la punta de los dedos en la pared: eso en un tiempo prolongado entumece los dedos", contó Camps. Otra tortura era impedirles dormir. "Recorría las celdas y apenas encontraba a alguno que estuviera cabeceando, lo pateaba, o nos hacía estar parados", agregó.
Con Mariano Pujadas tenía una saña particular. Le hacía barrer el piso desnudo.
–¿Hace frío? –preguntaba, y largaba la carcajada.
Clarisa Lea Place se negó a ponerse cuerpo a tierra. Bravo sacó la pistola, la martilló y se la puso en la cabeza:
–Vas a morir, hija de puta –le advirtió. Poco después cumplió.
La madrugada de la masacre, Bravo era jefe de turno de la guardia. Despertó a los presos a las 3.30.
–Ya van a ver lo que es meterse con la Marina. Van a ver lo que es el terror antiguerrillero –les advirtió.
Los hicieron salir de los calabozos, formar en dos filas y dieron una orden que nunca antes habían dado:
–Mirar al piso.
La primera ráfaga de ametralladora impactó en la hilera de la derecha. Entre quejidos y puteadas, Sosa y Bravo, pistola en mano, recorrieron los calabozos para dar los tiros de gracia.
Camps recordó que junto con Mario Delfino se tiraron cuerpo a tierra a tiempo. Aún estaban ilesos cuando "llega Bravo y nos hace parar, con las manos en la nuca, en la mitad de la celda. Estaba parado, más o menos a un metro de distancia. Nos pregunta si vamos a contestar el interrogatorio, le decimos que no, y ahí me tira, a mí primero, y cuando estoy cayendo escucho otro tiro y veo que cae Mario. Tiró desde la cintura con pistola".
Berger llegó a escuchar cuando inventaban la versión que luego difundirían la Armada y Lanusse:
–Bueno, vos tenías una metra y Pujadas intentó quitártela.
Haidar escuchó la explicación de Bravo cuando llegaron los primeros marinos que no habían participado:
–Aquí Pujadas le quiso quitar la pistola al capitán, se quisieron fugar.

26 de febrero de 2010
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cae implicado en masacre de trelew

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A 38 años de la matanza fue detenido en Miami uno de los imputados de la Masacre de Trelew. La justicia de Estados Unidos detuvo esta tarde al ex teniente de la Armada Argentina Roberto Guillermo Bravo, uno de los imputados por el asesinato de 16 presos políticos en la Base Almirante Zar, de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972.
Argentina. La información fue brindada por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, y por el juez federal, Hugo Sastre, de Rawson. "La Cancillería nos informó que fue detenido el teniente Roberto Bravo, sobre quien habíamos librado un pedido de captura por su participación activa en los hechos que se investigan", indicó el juez.
La Masacre de Trelew ocurrió en la madrugada del 22 de agosto de 1972. Allí fueron asesinados 16 de los 19 presos políticos alojados en la Base militar, luego de un frustrado intento de fuga de la cárcel de Rawson, ocurrido una semana antes. Los únicos sobrevivientes fueron María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar, asesinados más tarde durante la última dictadura militar. Los muertos, Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Angel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart.
La Justicia determinó que en el lugar del fusilamiento actuaron cinco oficiales y un suboficial de la Armada Argentina: Luis Emilio Sosa; el teniente Roberto Bravo; los capitanes Emilio Del Real y Herrera (fallecido); Carlos Amadeo Marandino y el cabo Marchand (fallecido). Ninguno cumple prisión efectiva, salvo Bravo, quien fue apresado en Miami y sobre el cual se espera un largo proceso de extradición.
El secretario penal del juzgado federal de Rawson, Gustavo Lleral, confirmó que "en diciembre, remitimos a la justicia norteamericana las huellas dactilares de Bravo. (...) Era un requisito para acreditar la identidad, y eso nos dio la pauta de que existía la voluntad de la justicia norteamericana de avanzar", indicó Lleral.

26 de febrero de 2010
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alegato de la fiscal colalongo

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Alegato de la fiscal Colalongo contra los represores. "Estos hechos no son tormentos ni amenazas sueltas, por las 28 víctimas en los diferentes centros clandestinos se debe pedir justicia", señaló la fiscal, quien recordó que "este juicio registra solo un pequeño número de casos".
[José Maggi] Argentina. "El primer aniversario de la Junta Militar motivó un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llamaban aciertos eran errores, lo que reconocían como errores eran crímenes y lo que omitían eran calamidades". La frase que parafrasea a la ‘Carta Abierta’ de Rodolfo Walsh resonó ayer en el sala de audiencias del Tribunal Oral Federal Nº1 y fue pronunciada por la fiscal federal Mabel Colalongo, quien ayer comenzó su alegato -que continuará el martes próximo- contra los cinco represores imputados en la causa Guerrieri-Amelong.
En la jornada alegó la última querella en los juicios que se siguen a los imputados Oscar Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en centros clandestinos de detención La Calamita, Quinta de Funes, Ex Fábrica Militar Domingo Matheu y la Intermedia de Rosario y alrededores.
La fiscal Colalongo comenzó analizando los antecedentes históricos que refrendaban que la lucha contra militantes políticos no había comenzado en el 76 sino en la década del sesenta con las primeras movilizaciones populares. Y así conocer ante el jurado y el público asistente, partes del fallo del caso del represor ‘Turco’ Simón, y tramos de entrevistas al general Albano Harguindeguy en las que el represor aconsejaba los "interrogatorios duros y en caliente" para lograr sacar mayor información a los detenidos. Entre otras también recordó alguna confesión del militar que había reconocido: "Hemos cometidos errores, porque somos seres humanos". O el reconocimiento del general Ramón Genaro Díaz Bessone: "El problema fueron los desaparecidos".
Las órdenes secretas que el Ejército Argentino había editado en forma de Operaciones contra elementos subversivos del 17 de diciembre de 1976, firmada por el general Eduardo Viola, fueron recordadas por la fiscalía. Dice al respecto el reglamento RC 9 1: "Subversión: se entenderá por tal a la acción clandestina o abierta, insidiosa o violenta que busca la alteración o la destrucción de los principios morales y las estructuras que conforman la vida de un pueblo, con la finalidad de tomar el poder e imponer desde él, una nueva forma de vida basada en una escala de valores diferentes. El objetivo final de la subversión se ubica en la toma del poder", es solo una de las frases del manual citado.
Colalongo advirtió: "Este juicio registra solo un pequeño número de casos, porque se constituyó con elevaciones parciales y por eso muchísimos casos por los que deberían responder estos acusados no lo son y hay muchísimos ausentes que deberían estar acusados".
En parte de su alegato Colalongo señaló que "estos hechos no son tormentos ni amenazas sueltas". "Por las 28 víctimas en los diferentes CCD se debe pedir justicia", agregó.
En ese sentido la fiscal señaló que "los hechos se realizaban en el marco de un plan y al amparo del dominio absoluto de un aparato. Si no comprendemos eso no le daremos la dimensión que estos hechos tienen".
Colalongo manifestó que "en el mismo tiempo que en las facultades de Derecho se nos enseñaban las garantías de la Constitución Nacional, miles de habitantes de nuestro país en todo el territorio nacional eran secuestrados saliendo de sus lugares de trabajo, ingresando en ellos, yendo a sus lugares de estudio, y en su mayoría sacados de sus casas en la tranquilidad de la noche, sin que se los pusiera a disposición de un juez".
En otro tramo del alegato la fiscal indicó: "Aquí los acusados gozan de un juicio que les ofrece un estado de Derecho que hoy tenemos y no es por ellos, porque ellos no hicieron honor a la república, ni al estado democrático, ni nada". "Fue todo lo contrario", alegó.
Colalongo también parafraseó al ex fiscal Julio César Strassera cuando dijo que "escuchar estos hechos ha significado el descenso a zonas tenebrosas del alma humana donde el horror, la frialdad, son difíciles de imaginar antes y de comprender después". "Nadie, absolutamente nadie se merece que le ocurran hechos como los que estamos escuchando. Por eso pedimos un juicio justo para estos señores, el juicio que no tuvieron sus víctimas", subrayó.
El rol determinante de la inteligencia militar en la dictadura también fue remarcado por la fiscalía, así como el circuito de centros clandestinos por donde fueron trasladadas las víctimas.

25 de febrero de 2010
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