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piden perpetua para chacales de rosario


Pidieron prisión perpetua para cinco represores de Rosario. Los últimos alegatos de las querellas.
[José Maggi] Argentina. El Tribunal Oral Federal de Rosario Nº1 escuchó ayer tres alegatos de otras tantas partes querellantes en contra de los cinco imputados del primer juicio contra represores de la dictadura en Rosario. Al momento de argumentar su pedido de prisión perpetua para los cinco detenidos, Ana Oberlin y Nadia Shujman de HIJOS, argumentaron: "Esta sentencia no va a poder reparar lo que los imputados con su accionar doloso generaron. Lo que va a lograr esta sentencia es devolverles la credibilidad en las instituciones del estado. Les va a demostrar que ustedes, señores jueces, no son nuevos garantes de la impunidad, y además, va a hacer que los responsables de estos hechos estén donde tendrían que haber estado siempre: en la cárcel".
Las abogadas de la agrupación HIJOS analizaron el contexto de los hechos que se les imputan a los represores de los centros clandestinos de detención Quinta de Funes y Fábrica de Armas, Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo; los encuadraron en "un plan sistemático" aplicado en todo el país y "cometido en el marco de un genocidio", tras lo cual justificaron su pedido de "prisión perpetua e inhabilitación absoluta" para todos los acusados.
Sobre el destino de catorce de los detenidos desaparecidos que pasaron por los centros clandestinos Quinta de Funes y La Intermedia, Oberlín aseguró que "de todo el caudal probatorio analizado en forma integral es claro en el sentido de que los detenidos fueron asesinados y, además, dicha consideración es acorde al marco en el cual se sucedieron estos hechos, dentro de los lineamientos generales del plan sistemático de represión clandestina e ilegal que sufrió nuestro país, donde la decisión de ejecutar a las víctimas y hacer desaparecer sus cuerpos fue una práctica extendida".
Al cierre de la acusación que duró unas siete horas entre lunes y martes Oberlín señaló que los cinco imputados "deberán responder en calidad de coautores por los delitos cometidos con el fin de encubrir otros delitos, como la aplicación de tormentos por ser perseguidos políticos; y privación ilegítima de la libertad agravada por durar más de un mes, y por mediar violencia y amenazas, perpetrados en el marco de un plan sistemático de represión clandestina, ya que estos acusados conformaron un grupo operativo organizado en el marco del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario que se hizo cargo del secuestro, tortura, desapariciones físicas y muertes de personas".
Aunque la sentencia "no va a lograr que Eduardo Toniolli hijo pueda sentarse a hablar con su padre de política, esa pasión que los unía o que pueda jugar al TEG con él o ir a ver a Ñuls. Tampoco va a hacer que Fernando, el hijo de Fernando Dussex, le pueda contar a su papá que se está por recibir de arquitecto ni que Sebastián Alvarez pueda tomarse unos mates con su madre Raquel (Negro) para contarle lo bien que se lleva con su hermana Sabrina, una nieta recuperada".
Luego fue el turno de Gabriela Durruty y Daniela Asinari que representan a los querellantes Juan Rivero, Ramón Verón y Adela Panello de Forestello. La condena solicitada luego de cuatro horas de alegato fue de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua a cumplir en cárceles comunes para los cinco imputados "por todos los delitos en el marco del genocidio ocurrido".
En otro tramo del alegato la querella señaló: "Creemos que si se condenara a estos cinco criminales por 28 casos de privación ilegítima de la libertad agravada, 28 casos de tormentos agravados y 16 casos de homicidio calificado, prácticamente se los estaría equiparando a delincuentes comunes y eso sería muy injusto para los delincuentes comunes, porque estos señores no son delincuentes comunes, ellos cometieron los crímenes más graves que pueda sufrir la humanidad".
El último turno fue para la abogada Virginia Blando Figueroa, que representa a Adriana Arce, sobreviviente de la ex Fábrica Militar. "Esta probado que Arce fue secuestrada y torturada, se le infringieron lesiones gravísimas en un aborto sin anestesia, que le costaron su capacidad de reproducción", indicó la letrada.

24 de febrero de 2010
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en carne viva


Detienen a ladrones de bebés. Apropiadores detenidos.
Argentina. Francisco Madariaga puso en marcha la causa judicial por su apropiación. Llegó al local de Abuelas de Plaza de Mayo sabiendo ya que quienes dijeron ser sus padres biológicos no lo eran. Por primera vez en su vida, su apropiadora –separada desde hace diez años del carapintada Víctor Alejandro Gallo– le había confesado la verdad: era hijo de una desaparecida. La denuncia judicial se hizo el 15 e intervino la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. De inmediato, se realizó el estudio de ADN en el Banco de Datos Genéticos del Hospital Durand y el resultado dio positivo con la familia Madariaga–Quintela. El jueves pasado fue detenida la apropiadora y también el carapintada Gallo.
Desde hace tiempo Francisco venía teniendo dudas sobre su identidad. Pero la verdad surgió después de un planteo que le hizo a Susana Colombo, quien creía que era su madre. Ella, en tratamiento psicológico desde hace años, terminó admitiendo la verdad y acompañó a Francisco hasta el local de Abuelas de Plaza de Mayo. Francisco mismo declaró en la causa judicial que ella supo siempre que él nació en cautiverio y que era hijo de una mujer asesinada durante la dictadura. Por esa razón, fue detenida por la jueza y, además, ayer le denegó un pedido de excarcelación. De todas maneras, Arroyo Salgado está estudiando la situación de salud de la apropiadora que, por otra parte, jugó un papel positivo en la resolución del caso.
Víctor Alejandro Gallo fue detenido el jueves pasado. Es accionista de una empresa de seguridad y tiene una condena a diez años de prisión por robo con armas. Fue juzgado por una supuesta relación con el sórdido caso conocido como la Masacre de Benavídez, en la que fue ejecutada una pareja y luego los homicidas salieron a buscar a las dos hijas de las víctimas. También las llevaron a un descampado de Benavídez, donde les dispararon, pero milagrosamente una de las chicas sobrevivió y denunció a los ejecutores. El triple homicidio tenía que ver con una banda de extorsionadores que funcionaba en Tribunales, aunque siempre se sospechó que existía también una vinculación con el tráfico de drogas. En esa causa judicial no se encontraron pruebas para condenar a Gallo por los homicidios, pero sí por haber participado en un robo a mano armada. Gallo tiene, además, otra condena: se trata de lesiones infligidas a su esposa, antes de la separación.
Gallo tuvo una activa participación en el movimiento carapintada y ahora no sólo será imputado por Arroyo Salgado por la apropiación de Francisco sino que todo se incorporará a la llamada causa Riveros, la que investiga los crímenes en lo que fue el mayor centro clandestino de detención y asesinatos de la dictadura, la guarnición de Campo de Mayo, que estaba a cargo del general Santiago Omar Riveros. Por allí pasó la mayor cantidad de secuestrados y prácticamente no hubo sobrevivientes.

24 de febrero de 2010
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como ser un fantasma


Francisco Madariaga Quintela conto junto a Abel, su padre, como recuperó su identidad después de 32 años. En rueda de prensa, padre e hijo mostraron su alegría por el reencuentro. Francisco dijo que "no tener identidad es como ser un fantasma". Su padre, el hombre que se sumó a la búsqueda de Abuelas, comentó: "Es un tigre, como su madre". Silvia Quintela está desaparecida.
[Laura Vales] Argentina. Tienen la misma nariz –grande y carnosa–, la misma frente ancha y los pómulos idénticos, marcados y altos. Viéndolos juntos, uno sentado junto a otro, es imposible no pensar con el primer vistazo que son padre e hijo. Ayer, Abel y Francisco Madariaga contaron en una conferencia de prensa cómo se encontraron después de tres décadas. Abel, el papá, es secretario de Abuelas de Plaza de Mayo y buscaba a Francisco desde 1983. Pero fue el chico el que, ya crecido y convertido en un adulto, finalmente terminó encontrando al padre. A los 32 años, tras haber sido apropiado y criado por un oficial de inteligencia de Ejército, se presentó en Abuelas con la sospecha de que era hijo de desaparecidos, para hacerse los análisis de ADN.
Así se convirtió en el nieto recuperado número 101. En su caso, con la suerte extra de tener vivo a su papá, integrante de la dirección del organismo de derechos humanos –único hombre en un círculo de mujeres– y uno de los responsables de diseñar la estrategia de comunicación para que los jóvenes que sienten dudas sobre su filiación se acercaran a la entidad.
En la sede de Abuelas, donde se realizó la conferencia, Francisco estuvo acompañado por dos amigos, Cristian y Juan, treintañeros como él y que, según contó, fueron claves en la historia ("quiero agradecerles porque me obligaron a venir", les dijo públicamente). Mezclada entre el público, también estuvo Lucía, su ex novia, que también lo apoyó en el proceso.
Francisco había llegado a Abuelas el 3 de febrero para hacer la consulta. Después, todo fue rápido. El día 4 fue a sacarse sangre para el análisis, y a las dos semanas la Justicia le informó sobre los resultados y le ofreció ponerlo en contacto con su verdadera familia. Resultó que además del padre había un tío (Daniel Quintela) y dos primas (Elena y Mariana) que también lo buscaban.
–Que nuestro encuentro haya sido tan natural va a darles fuerza a otros pibes –vaticinó ayer Abel, el papá–. Es un efecto de siembra; nos llevó tiempo sembrar, pero la cosecha viene cada vez más rápida.

Premio
La historia sobre el nacimiento de Francisco fue relatada por Estela de Carlotto, la titular de la entidad. El joven nació en el hospital militar de la guarnición de Campo de Mayo, en julio de 1977. Su madre, Silvia Mónica Quintela, era, como Abel, militante de la organización Montoneros. Silvia había estudiado medicina en la Universidad de Buenos Aires y estaba haciendo la residencia como cirujana en el hospital municipal de Tigre cuando el 17 de enero de 1977 un grupo de tareas de la dictadura la secuestró. Tenía 28 años y estaba embarazada de cuatro meses.
La llevaron al centro clandestino de detención El Campito, donde la vieron varios sobrevivientes. En julio de 1977 fue trasladada al Hospital Militar, donde le hicieron una cesárea. Silvia dio a luz a un varón al que le puso de nombre Francisco, como quería su compañero.
Fueron las abuelas del recién nacido Sara Elena de Madariaga y Ernestina ‘Tina’ Dallasta de Quintela las que iniciaron su búsqueda y la mantuvieron en los años de la dictadura. Abel, que tras el secuestro de su mujer se había exiliado en Suecia y más tarde en México, volvió a la Argentina en 1983 y se encargó activamente de la búsqueda; así se sumó al trabajo de las Abuelas. Con los años, se convirtió en el coordinador de los equipos técnicos de la entidad, y después pasó a ser parte de su mesa directiva.
"Todos los nietos son queridos, pero éste es un premio para un padre que luchó toda la vida", definió Carlotto, que en la presentación estuvo acompañada por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.

Mentiras y Violencia
En la conferencia de prensa, como era de esperar, hubo lágrimas de emoción. Lloraban los amigos de Francisco, lloraban varios integrantes de Abuelas, lagrimeaba aproximadamente la mitad de los que estaban en el salón mientras la otra mitad respiraba hondo y aguantaba. Abel contestó las preguntas de todos los medios con la voz firme, pero le temblaban las manos. En cambio, Francisco parecía totalmente aplomado: se lo veía alegre, pura sonrisa.
El padre, orgulloso, dijo que el hijo era "un tigre, como la madre". Y aseguró que físicamente era "muy parecido" a ella "aunque, pobrecito, con algunos rasgos míos". Francisco relató a su vez que, después de conocerlo, lo primero que hizo fue pedirle una foto de su madre.
Francisco contó, además, su vida con los apropiadores. Fue anotado como hijo propio por un oficial del Ejército, Víctor de Alejandro Gallo, al que describió como un hombre "muy violento". "Fueron años oscuros, feos", dijo sobre su infancia. En la familia, integrada por la mujer del militar, Inés Susana Colombo, y dos hermanos, nunca le dijeron que no era hijo biológico, y en su documento de identidad figuraba con el apellido del militar, con el nombre de Alejandro Ramiro, pero aun así, con los años fue acumulando dudas. "No me veía parecido a nadie, y además era una familia violenta, no me dejaban avanzar. No tenía ayuda familiar... por eso pensaba que una familia no podía hacer eso con un hijo propio."
Así empezó a dar los pasos que lo llevarían a recuperar la identidad. "Lo busqué diez años", resumió ayer, hablando del padre, pero sugiriendo que ese fue el tiempo que vivió con dudas y sin poder resolver la situación. Finalmente, cuando ya estaba muy avanzado en su búsqueda, la mujer de Gallo le confesó que, como él sospechaba, podía ser hijo de desaparecidos. Le dijo que "lo habían traído de Campo Mayo", en julio del ’77, y que Gallo "le había dicho que se trataba de un niño abandonado".
El militar era oficial de Inteligencia del Ejército; durante la dictadura integró el Batallón 601. Recuperada la democracia, Gallo acumuló antecedentes delictivos. En los ’80 participó del robo de una financiera y luego de la Masacre de Benavídez, donde fue asesinada una familia, hechos por los que estuvo detenido. En la actualidad es dueño de la agencia de seguridad Lince. Lo detuvieron el jueves, junto con su ex mujer, acusados de la apropiación. Se sospecha además que, en las últimas semanas, pudo haber estado detrás de dos incidentes que sufrió Francisco.
Antes de terminar la rueda de prensa, Abel pidió hacer dos agradecimientos, "a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y al Poder Ejecutivo, porque desde que la apropiación de niños pasó a ser un problema de Estado, hemos resuelto más de treinta casos".
Le pidieron a Francisco que hablara a los que están en una situación similar a la que él pasó. "No tener identidad es como ser un fantasma", contestó, "pero encontré una familia gigante, con amor y contención. Eso es lo que buscaba: para mí, es un regalo".

24 de febrero de 2010
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mató a dos personas a garrotazos


El ex soldado, Domingo Jerez, declaró hoy que vio cómo el ex gobernador de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, asesinó a dos detenidos que no pudo identificar. El testimonio fue brindado en el marco del juicio que lleva a cabo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención en la ex Jefatura de Policía tucumana.
Tucumán, Argentina. "Antonio Bussi mató a garrotazos a dos personas en El Timbo Viejo (donde existía un CCD). Cuando ya no se movían, dijo que se encarguen de los cuerpos: en general, se los tiraban al costado del camino o los quemaban y enterraban en el monte", afirmó el testigo.
Jerez aseguró que había presenciado asesinatos, torturas, desaparición de cuerpos, allanamientos y otros delitos y que Bussi recorría frecuentemente los CCD.
"Para ellos era más fácil matarlos, torturarlos, hacerlos sufrir y desaparecer que llevarlos a la Justicia, pese a que existía la cárcel y los jueces para que se juzgue a las personas como se debía. Hay mucha otra gente que sabe, pero que tiene miedo de venir", sostuvo, en referencia a la resistencia de participar de las audiencias.
En la sesión declararon también los familiares y amigos de dos de los 22 desaparecidos, cuyos casos se están juzgando: Joaquín Ariño y Carlos Apaza.
El tribunal resolvió, además que los siete imputados (cuatro militares y tres policías) no podrán más interrogar en forma directa a los testigos, como ocurrió la semana pasada, sino que deberán dirigirse a ellos a través de sus abogados defensores. Esta decisión fue adoptada a pedido de los abogados querellantes.

24 de febrero de 2010
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el nieto 101


Francisco es el nieto nuúmero 101 en ser recuperado. Francisco Madariaga Quintela, el nieto 101 que recuperó su identidad, aseguró que siempre sintió que "no pertenecía a la familia" en donde vivía porque "eran muy violentos". Su apropiador fue el capitán retirado del Ejército y ex carapintada Víctor Alejandro Gallo, condenado en 1997 a diez años de prisión por su participación en la llamada Masacre de Benavídez.
Argentina. "Fueron 32 años de angustia, de vivir mucha violencia y maltratos. Ha sido una historia oscura...", confió Francisco en la conferencia de prensa que brindó esta tarde junto a su padre, Abel Madariaga, actual secretario de Abuelas, y la titular del organismo, Estela de Carlotto.
El nieto 101 recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo afirmó que vivió "como un fantasma" y con "un vacío adentro inexplicable" durante los 32 años que pasó apropiado por un represor de la dictadura y sin conocer su verdadera identidad.
"Es hermosa la vivencia de encontrar algo tuyo y algo que me habían privado, 32 años, de la verdad", comentó Francisco abrazado a su progenitor.
Francisco Madariaga Quintela es hijo de Silvia Quintela, secuestrada por la dictadura militar el 17 de enero de 1977 en la localidad bonaerense de Florida, cuando estaba embarazada de cuatro meses, y de Abel Madariaga, quien se exilió y regresó al país en 1983.
Carlotto celebró que el apropiador "felizmente esté detenido dada su peligrosidad y el riesgo de vida que corría el chico y la familia biológica".
El militar detenido por estar acusado de la apropiación es el capitán retirado del Ejército y ex carapintada Víctor Alejandro Gallo, que ya en 1997 fue condenado a diez años de prisión por un Tribunal de San Martín por su implicación en la llamada Masacre de Benavídez, donde un matrimonio y su hija fueron asesinados, en 1994.
Carlotto confió que Francisco "tuvo sus dudas y se acercó" a Abuelas de Plaza de Mayo para certificar su identidad y explicó que "todo se desarrollo rápidamente dada la peligrosidad del apropiador... un hombre que está detenido felizmente dado el riesgo que corría el chico de vida y la propia familia biológica".
"En unos días estuvo resuelto el tema (de cotejo del ADN) con el resultado del Banco Nacional de Datos Genéticos que es el único lugar donde se pueden obtener las comparaciones lógicas" con las muestras genéticas de los familiares de los desaparecidos, añadió.

24 de febrero de 2010
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el valor de la prueba


Alegatos de las querellas contra represores en Rosario. "A los crímenes más graves que se han producido en este país les corresponden la más alta de la sanciones que deben ser ejemplificadoras", señaló la abogada Figueroa. También expusieron las abogadas de HIJOS, que hoy continuarán su alegato.
[José Maggi] Argentina. "No hay ninguna excusa: ni jurídica, ni ética, ni política para no aplicar las más graves sanciones para los más graves delitos calificados como crímenes de lesa humanidad". La frase fue pronunicada ayer por la abogada Ana María Figueroa en su alegato frente al Tribunal Oral Federal Nº 1 que juzga a cinco represores por terrorismo de estado. En ese marco Figueroa pidió -en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación- la pena de prisión perpetua para Óscar Pascual Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Jorge Fariña, Walter Pagano y Eduardo Costanzo por hallarlos responsables del secuestro, tortura y asesinato de 14 militantes políticos durante la última dictadura.
El Tribunal Oral Federal Nº 1 escuchó ayer las exposiciones de tres abogadas querellantes: Figueroa, Nadia Shujman y Ana Oberlin, por HIJOS. Para Oberlin "se llegó a la certeza necesaria para condenarlos y para derrumbar el estado jurídico de inocencia que está establecido en la Constitución en el artículo 18 y en el Código Penal de la Nación, por la contundencia de toda la prueba. A los cinco imputados los condenan las pruebas", remarcó la letrada de HIJOS que hoy pedirá una pena similar a la solicitada por Figueroa.
El Tribunal de Rosario dio inicio este lunes a las audiencias de alegatos en el juicio oral que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en Santa Fe por el ex teniente coronel Pascual Guerrieri y otros cuatro imputados.
Los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Baravani y Jorge Venegas Echagüe comenzaron a escuchar las exposiciones de las querellas. Luego será el turno del Ministerio Público Fiscal y más tarde de las defensas de los acusados.
En nombre de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Figueroa reivindicó "el accionar de las víctimas de derechos humanos", defensa que el organismos asumió "como política de estado".
La letrada planteó "la vigencia absoluta del principio del ius cogens y del derecho internacional de los derechos humanos desde la propia constitución del estado de derecho en 1853". Y en este sentido remarcó que "por las normas internacionales existentes no hay ninguna excusa ni jurídica, ni ética, ni política como para no aplicar las más graves sanciones para los más graves delitos calificados como crímenes de lesa humanidad".
Figueroa hizo un desarrollo histórico de las luchas por la Verdad y Justicia y destacó la importancia de los organismos internacionales desde la Comisión Interamericana, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que fuera recepcionada cuando fue sancionada la legislación que declarara que "son insanablemente nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos".
Rescató "el compromiso del estado argentino en cumplir estrictamente con los tratados de derecho internacional de derechos humanos que marcan que estos delitos siempre deben ser enjuiciados, y que establecen la inderogabilidad del juicio, la necesidad del juzgamiento, la existencia de la universalidad y la imprescriptibilidad de los delitos. Es decir que a los crímenes más graves que se han producido en este país les corresponden la más alta de la sanciones que deben ser ejemplificadoras, por una cuestión de prevención social general, pero además de una prevención humanitaria, incluso de la perdurabilidad de la raza humana, por lo cual estos crímenes deben ser siempre sancionados".
Figueroa hizo también una diferencia de distintas construcciones epistemológicas entre los derechos subjetivos y los derechos humanos asi como el derecho penal liberal clásico, y el derecho penal internacional de derecho humanos, para explicar por qué deben ser juzgados y sancionados estos delitos.
Se trata ilícitos cometidos en los centros clandestinos de detención conocidos como ‘Quinta de Funes’, ‘Escuela Magnasco’, ‘La Intermedia’ y ‘La Calamita’, y en el que funcionó en la ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu.
El alegato es el momento de la acusación final que realizan los querellantes a través de sus abogados. Ana Oberlin y Nadia Schujman, representan a Eduardo Toniolli, Fernando Dusex, Alicia Gutiérrez, Sebastián Álvarez -familiares de desaparecidos- y Olga Moyano -sobreviviente del centro clandestino Fábrica Militar. Para HIJOS, "el valor de la prueba producido es contundente" por lo que pedirán al tribunal "cadena perpetua para todos los imputados".

24 de febrero de 2010
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conoció a su papá a los 32 años


Abuelas identificó al nieto 101, Francisco Madariaga Quintela. Silvia Mónica Quintela dio a luz en cautiverio. Su marido, Abel Pedro Madariaga, logró sobrevivir y al volver del exilio se incorporó a Abuelas para buscar a su hijo. Lo encontró hace pocos días. Hoy se presentarán juntos ante la prensa.
Argentina. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo dará a conocer hoy en una conferencia de prensa todos los detalles que permitieron recuperar al nieto 101, que durante más de treinta y dos años fue privado de su identidad por sus apropiadores. Francisco Madariaga Quintela es hijo de Silvia Mónica Quintela, secuestrada y asesinada en el centro clandestino de detención Campo de Mayo. Su padre, Abel Pedro Madariaga, logró sobrevivir, y tras volver del exilio, se unió a la Asociación Abuelas para iniciar personalmente la búsqueda de su hijo, en lo que constituye un caso inédito en este tipo de investigaciones. En tanto, su apropiador, el capitán retirado y ex carapintada Víctor Alejandro Gallo, fue detenido el viernes pasado.
Silvia Quintela fue secuestrada por la dictadura militar en la mañana del 17 de enero de 1977 en la localidad bonaerense de Florida, cuando estaba embarazada de cuatro meses. A las 9.30, y mientras caminaba por la calle Hipólito Yrigoyen rumbo a la estación de tren para encontrarse con una amiga, fue rodeada por tres vehículos pertenecientes a un grupo de tareas. Personal de civil que pertenecía al Primer Cuerpo del Ejército la introdujo en uno de los Ford Falcon y se la llevó con rumbo desconocido. Silvia, de profesión médica, tenía en ese momento 28 años y dedicaba parte de su tiempo a la militancia en la Juventud Peronista y a la atención de personas carenciadas en una clínica de la localidad bonaerense de Beccar. Su compañero, Abel Madariaga, secretario de prensa y difusión de la organización Montoneros, fue testigo pero logró escapar. Esa misma tarde, otro grupo de tareas realizó un allanamiento en la casa de la madre de Silvia y allí le comunicaron que había sido detenida.
Exiliado primero en Suecia, en 1980, y luego en México, Madariaga regresó temporalmente a la Argentina en 1983, donde se entrevistó con varios sobrevivientes del centro clandestino de detención Campo de Mayo. A su regreso de manera permanente, se unió a Abuelas de Plaza de Mayo, ocupando el cargo de secretario, para encabezar en persona la búsqueda que le permitiese dar con el paradero de su compañera. Esos testimonios pudieron aportar datos fehacientes de su destino de cautiverio y del nacimiento de su hijo, que luego fuera apropiado.
Beatriz Castiglione, sobreviviente de El Campito y compañera de detención de Silvia junto a otras embarazadas, ratificó haberla visto cautiva en Campo de Mayo y recordó que su seudónimo en el centro clandestino era "María". Para ese entonces ya cursaba su séptimo mes de gestación.
Otro de los testimonios clave fue el de Juan Carlos Scarpati, con quien Quintela estuvo detenida. En su declaración, Scarpati afirmó que fue atendido por la médica en una lugar llamado Las Casitas –dentro del CCD Campo de Mayo–, en virtud de las heridas que le habían provocado al capturarlo. El mismo testigo aseguró que Quintela dio a luz fuera de la sala de partos de El Campito cuando los alumbramientos comenzaron a realizarse por cesárea programada en el Hospital Militar de Campo de Mayo. "Pude estar unas horas con él", comentó al reincorporarse al día siguiente ya sin su bebé y con la promesa de sus captores de entregarlo a su familia.
El capitán retirado del Ejército y ex carapintada Víctor Alejandro Gallo fue detenido el viernes pasado, mientras se daba a conocer a las partes el resultado de los estudios que probaban su vínculo. Gallo se encuentra ahora imputado por el delito de apropiación ilegal de un menor de edad, pero también había sido condenado en 1997 a diez años de prisión, por la Cámara Penal de San Martín. En ese caso, se lo encontró culpable de los delitos de robo calificado, tenencia de arma de guerra, privación ilegal de la libertad y coacción, junto a otras dos personas que la Justicia condenó por la llamada Masacre de Benavídez, ocurrida el 6 de septiembre de 1994.
La conferencia de prensa en la que padre e hijo se mostrarán juntos por primera vez se llevará a cabo hoy a las 12. De esta manera, Abuelas revelará de qué modo se logró recuperar la identidad del nieto número 101 y la red de complicidades que permitieron su apropiación.

23 de febrero de 2010
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el agente secreto del ejército


El 5 de marzo comienza el segundo juicio a un represor en Santa Fe. Se trata de Horacio Barcos. Lo acusan de privación ilegal y torturas del dirigente de la CTERA e historiador santafesino José Alberto Tur -ya fallecido y a su ex esposa, Amalia Ricotti, quienes permanecieron cautivos en un centro clandestino.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. El Tribunal Oral Federal volvió a modificar la fecha del segundo juicio a un represor de la dictadura en Santa Fe, Horacio Américo Barcos, un ex agente secreto que operaba como Personal Civil del Ejército (PCI) en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 y estaba encubierto en el sindicato de los obreros de la construcción (UOCRA). Ahora comenzará el viernes 5 de marzo, después de haber sido postergado dos veces el año pasado por planteos de la defensa. Barcos será juzgado por "privación ilegítima de la libertad agravada" y "tormentos agravados" en dos casos y en concurso real. Lo acusan de haber integrado el grupo de tareas que secuestró al dirigente docente de la CTERA e historiador santafesino José Alberto Tur -ya fallecido y a su ex esposa, Amalia Ricotti, quienes permanecieron cautivos en un centro clandestino de detención durante dos semanas, entre mediados de mayo y los primeros días de junio de 1978, en vísperas del Mundial de Fútbol.
El juicio a Barcos estaba previsto hace diez meses. Debía comenzar el 7 de mayo de 2009. Después, pasó para el 30 de junio. Luego, se postergó para el 2 de marzo próximo. Y finalmente, se acordó iniciarlo tres días más tarde, el viernes 5, porque uno de los jueces del Tribunal Oral de Santa Fe, José María Escobar Cello, participa como suplente en el juicio por delitos de lesa humanidad en Rosario. Los otros magistrados son Ivón Vella y Daniel Laborde, quien reemplazó al doctor Ramiro Puyol, que ya se había apartado del caso porque tiene un hermano desaparecido y luego se jubiló.
Durante las audiencias están citados unos quince testigos, entre ellos la docente Adriana Arce, secuestrada en Rosario en mayo de 1978, horas después de haberse reunido en Santa Fe con Tur, con quien compartía la militancia gremial en CTERA. Arce es sobreviviente del centro clandestino Fábrica Militar de Armas y en noviembre declaró en el juicio en Rosario, donde identificó a los represores que participaron en su secuestro y martirio, tal como lo había hecho ya en 1984 ante la Conadep, y en 1985, en el juicio a las juntas militares.
También están convocados a testimoniar el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, José Manuel Benvenutti -donde Tur dictaba una cátedra , el secretario general del gremio ATE, Jorge Hoffmann y los periodistas José Luis Pagés y Rogelio Alaniz, entre otros.
Tur y su esposa fueron secuestrados por un grupo de tareas de la dictadura el 15 de mayo de 1978, cuando "salieron de su casa" en el automóvil de la pareja para "realizar una visita familiar". El hecho fue denunciado en Santa Fe, pero también en el exterior. Su hermano, Carlos Tur, residente en México, remitió diez días después, el 25 de mayo de 1978, una carta a la secretaria de Derechos Humanos de Estados Unidos, Patricia Derian, en la que relató el secuestro y le pidió la intervención del gobierno del presidente Jimmy Carter para que la dictadura de Videla libere al matrimonio.
Carlos Tur no será testigo en el juicio, pero ya aportó a la causa todas las pruebas de las gestiones que hizo hace 32 años para lograr la libertad de su hermano y la esposa de éste, entre ellas la denuncia que envió a Derian y una carta posterior del 7 de junio de 1978 en la que informó que el matrimonio había sido liberado. Las notas a Derian y otras que mencionan la desaparición de Tur y Ricotti en Santa Fe -como una lista de Amnistía Internacional y cables secretos de la embajada de Estados Unidos fueron algunos de los miles de documentos desclasificados por el Departamento de Estado norteamericano sobre violaciones a los derechos humanos en la Argentina, que hoy están disponibles en la Web (desclasificados.com.ar).
La denuncia del secuestro dice que la noche del 15 de mayo de 1978, "José Tur y su esposa salieron de su casa en auto para realizar una visita familiar. Nunca llegaron al lugar al que se dirigían, encontrándose al día siguiente el auto abandonado cerca del domicilio al que tenían intención de llegar. Los familiares comenzaron al día siguiente con las averiguaciones de rutina, y ayudados por otras personas, han denunciado el hecho por la prensa, radio y televisión y han presentado un recurso de amparo ante la justicia. Las respuestas de las autoridades policiales, militares y judiciales han sido unánimemente negativa", le escribió Carlos Tur a Patricia Derian.
Y planteó tres hipótesis sobre las causas de la desaparición de su hermano y la esposa. "Los motivos de este secuestro pueden tener relación con las detenciones que se están realizando por la realización del Mundial de Fútbol, o por razones gremiales o por el hecho de que Tur haya sacado su pasaporte en el último mes para viajar al Perú de vacaciones".
"Al haber transcurrido 10 días sin haber obtenido un reconocimiento oficial de la detención y de su ubicación, solicito la mayor difusión posible de este nuevo atropello a los más elementales derechos humanos. La finalidad de esta denuncia es presionar a las autoridades argentinas para que dejen en libertad a Tur y a su esposa o al menos declarar públicamente cuál es su lugar de detención", concluyó.
Carlos Tur agregó a la denuncia la currícula de su hermano secuestrado: la actividad docente, sus investigaciones y publicaciones históricas y su militancia gremial. José Tur fue "organizador y dirigente de la Federación Unica Santafesina de Trabajadores de la Educación (FUSTE)" y era "delegado por dicha federación ante la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA)", explicó.
El 7 de junio de 1978, ya liberada la pareja, Carlos Tur remitió la segunda carta a Patricia Derian, también desde la ciudad de México. "Estimada señora", le dice. "Quiero informar a usted que mi hermano José Alberto Tur y su esposa, Amalia Ricotti fueron liberados por las autoridades argentinas el viernes 2 del corriente, después de haber sido secuestrados en la ciudad de Santa Fe el 15 de mayo último"
"Agradezco a usted muy sinceramente cuanto haya podido hacer para lograr este resultado y la felicito por la eficacia de su acción. Quedo entonces a sus órdenes y aprovecho la oportunidad para saludarla muy atentamente", concluyó.

23 de febrero de 2010
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