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equipo forense en mendoza


El Equipo Argentino de Antropología Forense comenzará la búsqueda de desaparecidos en Mendoza. Peritos del Equipo iniciarán mañana excavaciones en 21 tumbas situadas en el cementerio de la capital mendocina en busca de desaparecidos. Se trata del mismo grupo que ya exhumó e identificó cientos de cuerpos en la Argentina y otros países del mundo.
Mendoza, Argentina. Las tareas comenzarán a las 9 en el Cuadro 33 del Cementerio de Mendoza por disposición del titular de la Unidad Fiscal Especial, Omar Palermo, en el marco de la investigación iniciada en octubre de 2006 por Familiares de Detenidos y Desaparecidos ante el Juzgado Federal 1 a cargo del juez Walter Bento, donde se tramitan las causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.
Se estima que los trabajos de exhumación tendrán una duración de una semana y durante ella "se realizarán excavaciones en 21 tumbas donde hay distintas órdenes de enterramiento donde pueden haber varios cuerpos", sostuvo Mariú Carrera, integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Mendoza.
La actriz mendocina, acompañada de familiares de desaparecidos en las escaleras de ingreso de los Tribunales Federales de esta ciudad, explicó que las exhumaciones se realizaran en el cuadro 33 del cementerio, porque "allí estuvieron enterrados los cuerpos de su compañera de teatro Raquel Herrera y su esposo, Juan Vicente Bernal, y que fueron retirados por sus familiares en distintas gestiones judiciales", entre otros desaparecidos.
Resaltó la experiencia del Equipo Argentino de Antropología Forense con tareas en el cementerio de San Vicente en Córdoba, en La Perla, en la ESMA y otros lugares del país. Admitió Carrera que los antecedentes de los hechos investigados "se remontan al período 1975/1978 en que militantes políticos fueron secuestrados, torturados y fusilados por las fuerzas clandestinas del terrorismo de Estado y enterrados en forma clandestina e irregular en el cuadro 33 del cementerio, lugar destinado a los indigentes.
Recordó que todo esto acontece mientras se aguarda la realización del primer juicio oral y público en Mendoza el próximo 11 de marzo por violaciones a los derechos humanos contra los represores que actuaron durante la dictadura.

23 de febrero de 2010
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miles de policías en causas judiciales


Seis mil 500 policías involucrados en causas judiciales. El ministro de Justicia reveló que en este momento hay 8.500 causas con policías involucrados. "Queremos que se jerarquicen y se trabajen prioritariamente", dijo Superti.
[José Maggi] Rosario, Argentina. El ministro de Justicia, Héctor Superti, entregó ayer una verdadera fotografía de la crisis policial, al revelar que "hay 8.500 causas con policías involucrados... son más de 6500 policías involucrados sobre un plantel provincial de 17 mil hombres". Es decir que una tercera parte de la fuerza policial está siendo investigada por algún delito.
Superti reveló estos datos al presentar un curso de investigación criminal en Rosario destinado a abogados y policías en la Facultad de Derecho de la UNR. Consultado sobre los alcances de la causa por la emboscada a la barrabrava de Ñuls que terminó con un chico de 14 años asesinado y agentes bajo sospecha, el ministro señaló que ese no es el único caso pero que "el avance de la Justicia es muy lento".
"Tenemos zonas en las que uno advierte el crimen organizado, por lo que los investigadores necesitan instrumentos distintos", explicó al valorar la formación criminalística. "Mientras tanto habría que desarrollar instrumentos hoy vigentes como ante lo sucedido con el crimen de un joven en un tiroteo aberrante. Sobre este tema le hemos pedido al jefe de policía de provincia que se hagan cargo directamente de todo el aporte policial a esa investigación, ya que hay algunas vinculaciones con policías. Y le hemos pedido al procurador (el jefe de los fiscales) una vez más que en las causas donde hay policías las declare de prioridad en la investigación y juzgamiento, y le hemos pedido que coloque veedores. De igual modo le solicitamos a la legislatura que conforme la comisión bicameral que controla a la Dirección de Control Civil de fuerzas de seguridad. Todo lo que hacemos hoy va a ser importante en el futuro porque va a dar muchas más posibilidades, pero todos los poderes tenemos que poner todo para que estos hechos se esclarezcan, y así poner un poco de límite a semejante tipo de actitudes que alteran la paz social".

¿Cuál es la radiografía que hacen con respecto a estas organizaciones mafiosas que involucran incluso a policías? ¿cuál es la dimensión de este fenómeno?
La policía que está vinculada con causas judiciales puede serlo por un tema conyuntural o un tema más orgánico. No tengo en este momento claro cuál es el panorama de los orgánicos sobre todo en esta causa porque se está trabajando. Pero uno maneja datos que demuestran que cada vez hay que profundizar más esta investigación para saber cuál es el panorama. En este momento hay 8.500 causas con policías involucrados, las que queremos que se jerarquicen y se trabajen prioritariamente. Dentro de esas causas sobre un plantel de 17 mil en toda la provincia, hay más de 6500 policías involucrados. Si el policía está involucrado indebidamente creo que de manera rápida hay que desvincularlo porque tiene que seguir trabajando tranquilo, y si es responsable también de manera rápida tiene que estar resuelta su situación.

¿Qué piensa de los jueces que se excusan de entender en las causas como consecuencia de amenazas?
No voy hablar de casos concretos porque la Cámara debe resolverlo aún. De todas formas creo es responsabilidad de los magistrados y también políticamente del órgano predispuesto para la persecución penal que es el Ministerio Público Fiscal. El procurador hoy es el jefe de los fiscales y es un tema que tiene que tomar con toda la seriedad y tomar toda la estructura del Ministerio Público para que los jueces arbitren los medios para que trabajen estas causas y para que dejen de prescribir en Santa Fe las causas importantes.

La balacera al micro con hinchas de Ñuls puso otra vez en la agenda pública el funcionamiento de cajas negras policiales, tal el caso de la denuncia de pago de protección a un narco que habría organizado al ataque. ¿Cuál es su análisis del tema hoy, que estuvo ya hace tiempo en los medios de prensa tras las denuncias del oficial Juan Raffo?
Vuelvo a decir lo mismo que en su momento: vamos a manejar hipótesis, porque al no haber sentencia no hay certeza. Pero las sospechas tienen que provocar respuestas políticas, y ante la mismas la respuesta política debe ser desde todos los lugares del estado.

20 de febrero de 2010
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el aborto no es un capricho


Habla la madre de la nena violada por su padrastro, a la que la justicia le negó el acceso al aborto no punible. La madre de la chica de 15 años apelará hoy el fallo de la jueza de Comodoro Rivadavia que rechazó su pedido. Dice que acudió a la Justicia para preservar la prueba y demostrar la violación. "Mi hija está corriendo riesgos en su salud", afirma.
[Mariana Carbajal] "Quién es esa jueza para obligar a mi hija a tener un hijo que es producto de una violación, de un embarazo no querido. Se toma atribuciones que no le corresponden. Yo soy la madre. Y mi hija tiene derecho a abortar. Lo dice el Código Penal. Estoy segura de que si hubiera sido su hija la decisión hubiera sido otra." La que habla es Aurora Luisa Fuentes, la madre de la adolescente de 15 años, de Comodoro Rivadavia, que reclama un aborto no punible. Se refirió así, en diálogo con Página/12, a la magistrada de Familia Verónica Daniela Robert, quien le negó el permiso para llevar adelante la práctica médica. Hoy, Fuentes, en representación de su hija, apelará la sentencia con el respaldo del equipo legal del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Es llamativo que la jueza Robert utilizara los mismos argumentos para obstruir la interrupción del embarazo que usó una jueza de Menores platense, en 2006, en el caso de LMR, una adolescente con discapacidad mental que había sido abusada sexualmente por un tío: por las trabas que puso la Justicia en aquel caso, la Argentina enfrenta una demanda en el Comité de Derechos Humanos de la ONU y probablemente sea condenada.
"El aborto lo podría haber hecho en forma particular. Si hubiera sabido que íbamos a tener tantas trabas y demoras, no hubiera recurrido a la Justicia. Pero yo quiero que se lo haga en un hospital público para resguardar material genético que permita probar la violación", explicó Fuentes a este diario. Está indignada y "desilusionada con la Justicia". Cuenta que la violación fue denunciada el 3 de diciembre en la Agencia de Delitos contra la Integridad Sexual y las Relaciones Familiares de Comodoro Rivadavia. El pedido del aborto no punible lo presentaron en los primeros días de enero en el fuero civil. La jueza Robert se tomó más de un mes en pronunciarse, en un caso en el que la premura es fundamental.
El acusado de la violación es quien era desde hacía trece años pareja de Fuentes. "Para mi hija era su padre, la crió desde que tenía dos años. La destruyó. A ella y a toda la familia. A mí también, como mujer, como madre, como esposa", dice Fuentes. La violación, según le contó su hija, ocurrió cuando ella había viajado a la ciudad de Buenos Aires con otro de sus hijos para realizarle un control médico.
Fuentes tiene diez hijos: dos parejas de mellizos, de 10 y 4 años, la adolescente que fue víctima de la violación y otra niña de 13 viven con ella. Los otros cuatro, mayores de edad, ya se han casado.
"Somos católicos. Mi hija tiene el bautismo, la comunión y la confirmación. El aborto no es un capricho. Si el embarazo hubiese sido de un noviecito, no estaríamos pidiéndolo, seguramente. Ella quiera abortar porque se está produciendo un daño en su salud. Psíquicamente está corriendo riesgos, llora, no quiere ver a sus amigas y amigos. No quiere empezar la escuela, siente vergüenza", cuenta Fuentes. La adolescente, que reclama su derecho a un aborto no punible, contemplado en el artículo 86 del Código Penal, pasó a primer año de Polimodal en una escuela de Comodoro Rivadavia. "Era una nena alegre y ahora está encerrada. No sé qué espera la jueza (Robert). Mi hija ha amenazado con quitarse la vida si no la dejan abortar", advierte Fuentes.
Además de ese drama, Fuentes atraviesa por otro conflicto: tras la denuncia de violación, su marido no le pasa dinero para mantener a los niños. "Tengo casa propia, pero económicamente no tengo nada. Nos están ayudando vecinos. Estamos viviendo un tormento", describió. Fuentes iniciará una demanda por una cuota alimentaria contra su ex pareja.
La gestación rondaría la semana 16. Uno de los argumentos que suscribió la jueza para negar el permiso fue que el embarazo estaba muy avanzado y sería riesgoso interrumpirlo. Es lo que alegó el Comité de Bioética del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia para pronunciarse en contra de intervención. "Me dicen que mi hija correría riesgos con un aborto a esta altura del embarazo, pero es mentira, si hasta la 26 semanas se pueden hacer. Cuántas madres pierden a sus hijos a los cuatro o cinco meses y no les pasa nada y cuántas mujeres se hacen abortos clandestinos y tampoco les pasa nada. Si a mi hija el aborto se lo hace un médico especialista ¿cómo va a correr riesgo su vida?", dice Fuentes.
La jueza Robert utilizó en su fallo argumentos tomados de la sentencia de la jueza de Menores de La Plata, Inés Siro, con el cual le negó un aborto no punible a LMR, una joven de 19 años, pero con una edad mental de una niña, que fue abusada sexualmente en 2006 y debió enfrentar un cúmulo de obstáculos para interrumpir la gestación producto del ataque sexual. El fallo de Siro fue ratificado en segunda instancia. Pero luego, la Suprema Corte bonaerense le dio el aval a LMR para abortar. Finalmente, la chica tuvo que recurrir a una clínica privada, con el apoyo de organizaciones integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, porque ningún hospital público aceptaba realizarle la práctica. El embarazo rondaba las 16 semanas. Se hizo sin ningún inconveniente. Pero por las trabas que enfrentó, denunció al Estado argentino ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con el acompañamiento de la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), entre otras entidades. En el marco de esa demanda, el Estado argentino reconoció en setiembre de 2008 que negar el acceso al aborto no punible es una violación de los derechos humanos de las mujeres.
Hoy, con el patrocinio legal de la abogada Sandra Grilli y el respaldo del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Fuentes presentará la apelación. Pero los días siguen corriendo y el embarazo avanza. La adolescente, mientras tanto, sufre ensimismada. Y desde el Estado nadie le da la respuesta que está esperando.

20 de febrero de 2010
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gruñidos de cavernícola


Menéndez reivindicó el "combate al terrorismo marxista". En el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Tucumán, el ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército leyó una defensa del terrorismo de Estado, pero se negó a declarar.
Argentina. Ni la acumulación de condenas ni los gritos de "¡asesino!" que lo acompañan cada vez que atraviesa la puerta de un tribunal, modifican la actitud de Luciano Benjamín Menéndez. Ayer, ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán y, por séptima vez en dos años, el ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército reiteró su negativa a declarar, sostuvo que los juicios por crímenes de lesa humanidad son inconstitucionales, celebró que "se combatió y venció al terrorismo marxista" y consideró que "la Argentina es el primer país donde compatriotas juzgan a sus soldados victoriosos". Durante la misma audiencia se negó a declarar el general Luis Alberto Cattáneo, en tanto abrió la ronda de testigos la abogada Mirta Mántaras, experta en derecho militar, quien consideró que "los militares nunca supieron hacer Inteligencia, sino que obtenían información a través de la tortura y la infiltración en los grupos subversivos".
A pedido de sus médicos, Menéndez sigue el juicio desde una oficina cercana a la sala, frente a una cámara que transmite su imagen al tribunal. Desde allí, tal como lo hizo dos veces en Córdoba y otra ante los jueces tucumanos, comenzó a leer su tradicional arenga para justificar el terrorismo de Estado. "Estos juicios son inconstitucionales, ningún habitante puede ser juzgado por comisiones especiales ni sacado de sus jueces naturales", aseveró el octogenario, imputado esta vez por secuestros, torturas y homicidios en la Jefatura de Policía de Tucumán. "Cuando la subversión marxista inició el asalto armado contra la patria, estaba vigente el Código de Justicia Militar, que designaba como mi juez natural al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas", agregó.
Menéndez aseguró que las Fuerzas Armadas actuaron "sin cometer delito alguno" y que, "por mi carácter de comandante, fui el único responsable". "Por eso, a mis dignos subordinados de ayer no se les puede imputar nada", reclamó. "Hoy se da una paradoja grotesca", continuó. "Los terroristas marxistas, que desde el extranjero atacaron la República, y que no creían en nuestras instituciones, usan esas mismas instituciones para juzgarnos por haberlas defendido", añadió. "Este es el primer país en el que sus compatriotas juzgan a los soldados victoriosos que lucharon por y para ellos", dijo, y advirtió que "no declararé ante nadie que no sea mi juez natural", para "no ser cómplice de los marxistas que, haciendo uso de las vías legales, quieren llevarnos otra vez al abismo".
La abogada Mántaras recordó que el golpe de Estado fue cívico-militar, ya que había intereses particulares en concretar un cambio económico y político sin resistencia ni disturbios sociales. La abogada de la APDH de Bahía Blanca, autora de ‘Genocidio en Argentina’, explicó que al comienzo del Operativo Independencia había limitadas acciones foquistas en Tucumán, protagonizadas por no más de ochenta guerrilleros. El objetivo era "la población urbana, no lo que pasaba en los montes", dijo.
"Los militares nunca supieron hacer inteligencia, sino que obtenían información a través de la tortura y la infiltración en los grupos subversivos. Atacaron al pueblo para torturar y hacer desaparecer a la gente. Las cuentas bancarias en Suiza nacieron de negocios turbios paralelos a la matanza, con privatizaciones de empresas públicas y achicamiento del Estado", planteó. "Desde el Estado hubo acciones criminales organizadas en forma sistemática y voluminosa, cuando aniquilar significaba sólo que se detenga la actuación subversiva", concluyó.
Durante la audiencia del miércoles, además de la declaración de Antonio Domingo Bussi, quien calificó como "una epopeya" la actuación de las Fuerzas Armadas que implantaron el terrorismo de Estado, declararon el ex comisario Roberto Albornoz, ex jefe del Servicio de Información Confidencial (SIC) de la policía, y el agente Carlos de Cándido. "Presté declaración no sé en cuántas causas, porque hace seis años que me tienen guardado injustamente", renegó El Tuerto Albornoz. "Niego y rechazo de manera terminante: no he cometido ningún delito, no soy un asesino", afirmó a los gritos. Aceptó responder preguntas pero pronto comenzó a contradecirse y optó por el silencio.
De Cándido, imputado por usurpación de domicilio, dijo desconocer que la casa que ocupó pertenecía a desaparecidos. Aseguró que estaba desesperado porque se le vencía el alquiler, su familia no sabía adónde ir, por lo que aceptó la vivienda que le ofreció un superior.
–Cuando se enteró de quién era la casa, ¿no le llamó la atención que usted y su hermano ocuparan distintas casas pero de los mismos dueños? –le preguntó el fiscal Alfredo Terraf.
–Más vale –respondió el imputado–. Dijimos "estamos viviendo en la casa de una persona que no está".

20 de febrero de 2010
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picanas con acento francés


La llegada de las pistolas de impulso eléctrico Taser a Francia desató un escándalo. El importador presentó una querella contra la Red por los Derechos Humanos, que había denunciado los estragos causados por la Taser. Después montó una burda red de espionaje para vigilar a los denunciantes, con ayuda ilegal de la policía francesa.
[Eduardo Febbro] Argentina. Desde París, Francia. La utilización de la pistola de impulsos eléctricos Taser desató en Francia las mismas polémicas que en el resto de los países donde esta arma es utilizada por las fuerzas de seguridad. En Francia, el modelo X26 de Taser es empleado por el ejército, la Policía Nacional, la Gendarmería y, desde hace un tiempo, por algunas secciones de la Policía Municipal. Los referentes del arma son tanto más controvertidos cuanto que, en dos ocasiones, fue catalogada con severidad por las Naciones Unidas y Amnistía Internacional. Sin embargo, en el caso francés, la introducción de la pistola dio lugar a un grotesco episodio de espionaje, seguimiento en la calle y procesos judiciales cuyos principales protagonistas fueron la misma policía, el importador del arma, Antoine di Zazzo, director de la empresa Taser, SMP Technologies y Olivier Besancenot, ex portavoz de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y hoy dirigente del Nuevo Partido Anticapitalista, el NPA.
La trama sucia de esta historia comienza cuando el importador, Antoine di Zazzo, presentó una querella judicial contra Olivier Besancenot y contra la RAID-H, la Red de alerta y de intervención por los derechos humanos, la cual denunció los estragos causados por la Taser X26. El negocio de la seguridad y del miedo es lo suficientemente jugoso como para que la defensa de la pistola eléctrica movilizara a una red de espías, de funcionarios públicos, de agentes de aduana y de detectives cuyo único propósito consistió en espiar a las personas que se habían opuesto con más determinación a la utilización del arma.
El episodio empieza en la campaña para las presidenciales de 2007. En ese entonces, Besancenot denunció la peligrosidad de la pistola Taser y ello le valió una querella judicial presentada por Antoine Di Zazzo. Entretanto, la polémica sobre la pistola fue creciendo de la mano de la ONU y de Amnistía Internacional, lo cual amplificó el impacto de las denuncias del líder trotskista y de los adversarios del arma.
A finales de 2008, el Comité de la ONU contra la tortura había concluido que la utilización de la pistola Taser constituía "una forma de tortura". Luego, en un detallado informe de 126 páginas, Amnistía desmontó los argumentos que servían al importador de Taser para basar sus querellas judiciales, a saber, en que no existía ningún documento capaz de probar que la pistola provocaba la muerte. En ese informe, Amnistía comprobó que entre 2001 y finales de 2008, 351 personas habían muerto luego de haber recibido una descarga de la pistola eléctrica. La organización aporta la prueba de la relación que existe entre la muerte y la descarga. De las 330 personas que murieron en Estados Unidos por el uso de la Taser, Amnistía estudió las autopsias y determinó que en 38 casos el deceso tiene como "cofactor o factor principal" el empleo de esa pistola. Los otros elementos aportados por la ONG son igualmente contundentes. Por ejemplo, la mayoría de las personas muertas tenía un promedio de 36 años y gozaba de una excelente salud.
Tal vez fueron esos argumentos los que condujeron al importador de Taser a montar un burdo espionaje en el que intervino una oficina de detectives privados dirigida por Gérard Dussaucy, ex comisario de la policía judicial y antiguo miembro de los servicios de Inteligencia, un agente de aduanas, Roland Minard, más otros seis policías. Al igual que el importador, todos los integrantes de la maquinación fueron inculpados. Los policías proporcionaron informaciones sobre Besancenot sacadas de los ficheros policiales. La compañera, el hijo, el auto y las cuentas bancarias del líder trotskista fueron "radiografiadas" a pedido de Antoine Di Zazzo: espionaje telefónico, monitoreo de las cuentas bancarias, seguimientos en la calle, toma de fotografías a distancia, control de sus horarios personales y los de su familia, el importador no se privó de hurgar en la intimidad a fin de encontrar una falla y contraatacar. Los espías consignaron la dirección del jardín de infantes adonde va el hijo de Besancenot, su nombre, su edad y sus costumbres. La compañera de Besancenot, llamada en el documento "el objetivo", fue seguida a cada momento. El importador conocía incluso el número de las cuentas bancarias de la pareja y el dinero que había en ellas. Besancenot presentó una querella judicial por "violación de la vida privada, de los derechos de las personas resultante de ficheros y datos informáticos, y del secreto profesional".
La investigación concluyó con todos los implicados en el banco de los acusados. También pudo determinarse que todos esos datos se obtuvieron a partir de un fichero de exclusivo uso policial llamado Ficoba. Allí interviene la colaboración de miembros de la policía en servicio con la agencia de detectives privados, a la cual le suministraron los datos. La investigación posterior avanzó rápidamente. La policía llegó a encontrar en las oficinas de SMP Technologies-Taser copias del informe sobre Besancenot así como pruebas del dinero girado por la empresa al detective Dussaucy, unos 4000 euros. Antoine Di Zazzo nunca tuvo límites en la defensa de su negocio.
El importador de Taser llevó a los tribunales a Amnistía Internacional luego de que la ONG publicara en su portal de Internet un informe sobre los estragos que causa la pistola. No se conocen hasta hoy casos de utilización abusiva de esa pistola por la policía francesa.
Con todo, Taser sigue encontrando en Francia mucha resistencia. Hasta ahora sin éxito, el diputado ecologista Noêl Mamère propuso que se presentara un proyecto de ley para prohibir el empleo de la pistola Taser en el país.

18 de febrero de 2010
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buscando pruebas


La Universidad Católica de Salta y su profesor preso. El teniente coronel retirado Martín Rodríguez quedó detenido luego de declarar por la represión en Campo de Mayo. Desconcierto de sus alumnos en la UCA de Salta, que espera "un dictamen legal".
[Diego Martínez] Argentina. Mientras el juez federal Juan Manuel Yalj analiza la declaración indagatoria del teniente coronel Martín Rodríguez, quien admitió su participación en operativos y en reuniones de oficiales de Inteligencia con el condenado general Fernando Verplaetsen, pero sólo "escuchó hablar" de un lugar de detención en Campo de Mayo, las autoridades de la Universidad Católica de Salta anticiparon que pedirán "un dictamen legal" para evaluar la situación del ahora ex profesor, preso en Marcos Paz. Sus alumnos, en tanto, no salen del asombro, aunque admiten que el militar no ocultaba que "cumplió órdenes" durante la dictadura y generaba discusiones cada vez que "decía que antes estábamos mejor". Rodríguez no es el primer militar/profesor de la UCS que afronta problemas penales. El ex teniente Daniel Fernando Karlsson estuvo imputado pero fue sobreseído por su actuación durante la dictadura en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes. El coronel Manuel Cornejo Torino, ex director de Fabricaciones Militares, es juzgado por la venta de armas a Ecuador y Croacia.
Cuando aún no se habían reabierto las causas sobre el terrorismo de Estado, el sargento Víctor Ibáñez, ex guardia de Campo de Mayo, mencionó ante el periodista Fernando Almirón al "capitán Rodríguez". Dijo que se apodaba Toro y que "pertenecía a uno de los grupos de tareas más temidos". Un sobreviviente de El Campito relató un diálogo en el que un "capitán Rodríguez" transmitía a un superior información arrancada en un interrogatorio bajo tortura. Cuando el Ejército informó que había un solo "capitán Rodríguez" en Campo de Mayo, el juez Yalj lo citó a indagatoria.
El viernes, luego de informar del viaje a las autoridades de la universidad que según su web "se sitúa en la corriente occidental y cristiana", Rodríguez se presentó bolso en mano en el juzgado de San Martín. Negó haber usado el apodo Toro, negó haber participado de interrogatorios y dijo desconocer "que alguna persona los haya realizado". Admitió en cambio su participación en operativos y su relación con Verplaetsen, que va por segunda condena a perpetua.

¿Cómo era el procedimiento si en alguna vivienda no les permitían realizar el control? –preguntó el juez.
En ese caso no ingresábamos por la fuerza sino que, suponiendo que en dicho lugar se estaba intentando ocultar algún tipo de actividad relacionada con la subversión, se daba intervención a la policía y nos retirábamos –respondió impávido el profesor Rodríguez.

"Verplaetsen organizaba reuniones en las que se daban directivas, órdenes o se referían anécdotas sobre circunstancias que habían sucedido", dijo sin entrar en detalles. "Se convocaba a todos los oficiales de Inteligencia en un aula para sesenta o setenta personas ubicada detrás de la oficina del coronel Verplaetsen", agregó. Consultado sobre la existencia del centro clandestino, respondió que "escuchó hablar, se comentaba acerca de la existencia de un lugar donde había detenidos, pero de ninguna manera tomó conocimiento acerca de su ubicación o estuvo en dicho lugar". Sólo admitió su presencia en la Universidad Kennedy, donde estudió Ciencia Política entre 1975 y 1978.
"La comunidad educativa está descolocada", admitió ante El Tribuno el profesor Néstor Quintana. "Nunca imaginé lo que dice Página/12" (sic), agregó. El rector Alfredo Puig calificó la detención como "un hecho sorpresivo", propuso "pensar en el principio de inocencia" y anticipó que pedirá un dictamen a los abogados de la UCS. "No lo puedo creer. Al profe lo aprecio un montón", confesó su ex alumno Nicolás Ruiz. "Tengo una sorpresa enorme", coincidió Santiago Tangona. "Sólo nos decía que cumplía órdenes, no nos animamos a preguntarle cuáles", enriqueció el debate Julio Nakhle. "Solíamos discutir cuando decía que antes estábamos mejor", agregó.
"La familia, el rugby y el Ejército son sus pasiones", recordó el ex subteniente Federico Storniolo, director de informatesalta.com, donde publicó una foto suya, de uniforme, junto con Rodríguez. Confesó que decidió "servir a la Patria" luego de ver "un ejemplo" en su profesor, y luego de aclarar que "no reivindico, desconozco (sic) o niego lo que pudo haber pasado", informó a sus lectores que "sobre estos temas tan sensibles como inconducentes (sic) se habla sólo de una verdad". "La otra verdad algún día saldrá a la luz y entonces sí podremos decir que hay justicia y que la guerra se ganó (sic) no sólo por las armas", concluyó. El periodista despidió al imputado con palabras de antología: "Con afecto, mi Teniente Coronel".

18 de febrero de 2010
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estúpido dizque nos salvó del marxismo


Bussi repitió que salvaron al país del "marxismo" y negó la existencia de desaparecidos. En la segunda jornada del juicio por la represión ilegal en la Jefatura de Policía de Tucumán, el represor se presentó como "un protagonista principalísimo" que con sus subordinados "contribuyó a salvar las instituciones de la República".
[Ramiro Rearte] Tucumán, Argentina. "Hubo una guerra y en ella sólo existen muertos en combate. Los cuerpos que recuperábamos iban a la morgue, pero nadie los buscó, con la única excepción de Julio Alsogaray (sobrino del capitán ingeniero Álvaro). Tenían vergüenza de hacerlo o les aconsejaron que no lo hagan para poder reclamar luego una indemnización. Por cada uno se pagó 250.000 dólares." El dictador Antonio Domingo Bussi repitió ante el tribunal que lo juzga por 22 desapariciones que no hubo desaparecidos y que las Fuerzas Armadas protagonizaron "una epopeya" para derrotar "el marxismo leninismo". Condenado ya a cadena perpetua por el secuestro y desaparición del ex diputado Gerónimo Vargas Aignasse, usó casi tres horas para reivindicarse como "protagonista principalísimo" de la lucha antisubversiva, relatar el apoyo de la Iglesia y deslindar responsabilidades en los políticos que ampararon "el accionar" militar. Su ex jefe Luciano Benjamín Menéndez, quien ya acumula tres condenas, seguía el relato desde una sala contigua protegido por sus problemas de salud.
Bussi, quien llegó en ambulancia y fue asistido con dos tanques de oxígeno por personal del Sistema Provincial de Salud tucumano, se jactó de "la calidad institucional y la libertad de expresión", que había en Tucumán durante su paso como interventor militar, como jefe de la subzona 32. Por otra parte, tildó a Diego Guelar, dirigente del PRO, como "terrorista", a pesar de que Guelar había pedido una amnistía para represores a fines del año pasado. A pesar de haber comenzado diciendo que "estoy enfermo y me siento enfermo y es de vuestro conocimiento por la documentación médica presentada", enfatizó en varias oportunidades palabras como "revolución", "terroristas", "República". Varios de los familiares de las víctimas abandonaron la sala como signo de repudio ante la visión fundamentalista del represor.
"Mis médicos me han prevenido de las consecuencias de acudir y someterme a las exigencias de este debate y voy a agotar hasta el último de mis esfuerzos para contribuir a la verdad histórica que rodearon los supuestos hechos, que fue cambiada y distorsionada pero que no se ajusta a la realidad que vivió la Argentina y Tucumán en la década del ’70. Lo hago para contribuir con mi verdad como protagonista principalísimo de la historia", dijo Bussi.
"A muchos de los muertos fue difícil identificar, porque fueron tragados por la espesura del monte o por las tácticas desplegadas por las propias organizaciones guerrilleras, como los cementerios clandestinos o las fosas comunes, para evitar que se conociera su identidad", dijo Bussi, sin inmutarse. Los abogados querellantes le pidieron al tribunal que se les prohíba a los imputados agraviar la memoria de las víctimas.
El abogado Bernardo Lobo Bugeau le dijo a Página/12 mientras salía de la sala de audiencias que "no se puede sostener una teoría como la que expresa Bussi, ya que se olvida de qué manera se secuestró a muchas personas y cómo se quedaban con sus casas y sus bienes".
A sus distorsiones históricas sumó un exabrupto verbal. "Que me disculpen las damas si se sintieron agraviadas por mis palabras. Y también que me disculpen los damos", dijo Bussi. En ese momento, un puñado de seguidores del represor aplaudieron. El presidente del Tribunal, Raúl Jiménez Montilla, les llamó la atención y el fiscal general Alfredo Terraf dijo que "no se puede permitir que haya gente que se exteriorice y aplauda, porque está prohibido por ley". Y luego de leer el artículo referido a este tema, agregó: "Si cada vez que alguien diga algo van a aplaudir, esto se va a convertir en un circo y no en un juicio".
El detenido sostuvo enfáticamente la teoría de los dos demonios, al resaltar que ninguno de los "caídos" en el monte tucumano fue reclamado por sus familiares. "Son los códigos de la guerra", dijo el represor, que llegó a primera hora a la sala de audiencias para evitar los abucheos de los militantes de los organismos de derechos humanos y partidos políticos de izquierda que se encontraban en la puerta del lugar. "Lo que digo lo hago en resguardo de mis subordinados de todas las jerarquías que con sacrificio y coraje han ayudado a salvar las instituciones de la República, entre ellas la misma Justicia de la época. Me voy a permitir rescatar esta época pero, no de mi boca, sino de la boca de las instituciones de entonces, para que sepan cuál es la verdad", resumió Bussi.
Al referirse al presidente Juan Domingo Perón, por el "que muchos se rasgan sus vestiduras", citó una frase del año 1974, "luego del ataque de la guarnición de Azul, en enero de ese año, Perón dijo que estábamos en presencia de verdaderos enemigos de la Patria. Organizados para luchar con fuerza en contra del Estado. Se trata de poner coto a la acción disolvente y criminal que atenta contra la existencia misma de la Patria".
Cuando leyó la parte referida al apoyo eclesiástico, citó a los capellanes castrenses Adolfo Tortolo ("Tengo la convicción de que las Fuerzas Armadas, aceptando la responsabilidad tan grave y seria de esta hora, cumplen con su deber") y Guillermo Bolatti ("si este proceso iniciado en nuestra Patria a los seis meses fracasa, terminaremos en el Marxismo"). También expuso la posición del Episcopado Argentino del año 2005, "llama a no callar los crímenes de la guerrilla. Los jóvenes deben conocer también este capítulo de la verdad histórica", aseveró. Luego pidió un receso por sentirse "descompensado", repitió esta actitud dos veces más durante la jornada.
En esta oportunidad, a Bussi no lo acompañó casi nadie. Estuvo su hijo José Luis, pero no su hijo Ricardo, ya que atraviesan por una disputa política interna para determinar quién se queda con las migajas que dejó el geronte cuando se alejó de su partido Fuerza Republicana.
El geronte insistió con que "la guerrilla metida en los montes carece de banderas y de sentimientos. No tiene sentimientos porque destruye y no tiene bandera porque es antinacional". Minutos más tarde fue trasladado en ambulancia hacia el coqueto country de Yerba Buena, donde cumple su condena mientras caía la tarde en la capital tucumana.
En la causa por la represión en la Jefatura de Policía de Tucumán están imputados, además de Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, los ex militares Albino Mario Zimmerman y Alberto Cattáneo y los ex policías Roberto ‘El Tuerto’ Albornoz y los hermanos Luis y Carlos de Cándido.

18 de febrero de 2010
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a juicio ex jerarcas militares


Inicia juicio a ex jerarcas militares por crímenes en la dictadura argentina.
Buenos Aires, Argentina. Dos ex jerarcas militares argentinos comenzaron a ser juzgados este martes por crímenes de lesa humanidad contra 22 opositores en la norteña provincia de Tucumán durante la última dictadura argentina (1976-83), informó una fuente judicial.
Los represores Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Bussi son juzgados junto a otros dos militares y tres policías por el secuestro y desaparición de 22 personas en la jefatura de policía de Tucumán (1.300 km al norte), uno de los distritos más castigados por el terrorismo de Estado durante la dictadura.
El Tribunal Oral Federal de Tucumán a cargo del proceso es el mismo que en agosto de 2008 condenó a Bussi y Menéndez a prisión perpetua por la desaparición del entonces senador Guillermo Vargas Aignasse durante el régimen castrense.
Menéndez, de 82 años, quien dirigía el poderoso III Cuerpo del Ejército, con jurisdicción en las provincias del norte del país, fue condenado además en otras dos ocasiones a prisión perpetua por sendos casos de violaciones a los derechos humanos.
Bussi, en tanto, era el gobernador de facto de Tucumán en la dictadura.
Unas 30.000 personas fueron desaparecidas durante la dictadura en Argentina, según entidades humanitarias.

17 de febrero de 2010
©mi punto 
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