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amelong sigue hablando


Y Amelong siguió hablando. Por segundo día consecutivo en el juicio.
Argentina. La presidenta del Tribunal Oral Federal Nº1 Beatriz Caballero de Barabani permitió ayer en la segunda jornada consecutiva que el represor Juan Amelong, se explayara con toda libertad sobre la vida de los denunciantes. Con la anuencia del tribunal y las quejas de la fiscal Mabel Colalongo y las querellas, Amelong descalificó a Jaime Dri argumentando que su compañera Olimpia Díaz tenía una relación con el general Torrijos -hombre fuerte de Panamá -quien usó su amistad con Emilio Massera para sacarlo del país. . Ayer Amelong volvió a mezclar frases ciertas de testimonios vertidos en el juicio, con citas de libros, y declaraciones periodísticas y hasta incluyó dichos de testigos a las que les cambió directamente el sentido, para tratar de desligitimar a sus cuatro denunciantes directos: Adriana Arce, Carlos Novillo, Dri y Eduardo Costanzo, sobre quien ya había dicho que "hacía todo por dinero" sin poder probarlo. También se tomó su tiempo para cuestionar la declaración de Gustavo Bueno en Brasil comparándola con la primer declaración del quebrado servicio de inteligencia del Ejército, con la segunda hecha en el estado de Pará, violentando todo criterio y sentido común: tomar lo conveniente y negar lo que lo comprometía, tratando de mostrar al antiguo compañero de armas como un mentiroso. Dijo que Bueno "es un hombre que está acostumbrado de faltar a la verdad, está acostumbrado a actuar así". En otro tramo de su declaración señaló que nunca supo nada sobre una propiedad de su familia localizada en la autopista Rosario Santa Fe, "lo cual hecha por la borda las declaraciones de Dri, Bonasso y Costanzo". La jornada también tuvo una ardua discusión entre la fiscal Colalongo y la presidenta Barabani, por la inclusión de hecho de una serie de documentación aportada por Amelong en su ampliación de indagatoria: en la misma solo se prueba que La Intermedia es propiedad de su madre Martínez Cobos Infante de Amelong, y que durante el período en que Costanzo denunció la matanza de militantes políticos, en el campo se habría producido trigo, y no maíz, como relata Dri. La fiscal planteó que es extemporánea la inclusión de esta documental, ya que solo se admitirá si fuese fundamental para le proceso, aunque la cuestión de fondo sera decidida en las próximas jornadas.

17 de febrero de 2010
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la murga vista por dos antropólogas


La celebración del carnaval analizada por dos antropólogas. La actividad de las murgas viene creciendo desde 1985. Por ese entonces casi no existían y hoy ya son más de cien. Hay proyectos oficiales para recuperar los feriados de carnaval, eliminados por la dictadura y hoy vigentes sólo en la ciudad.
[Adrián Pérez] Argentina. "Sos la murga que nace en la entraña del malón, de la raza que destila este sudor", dice el tema ‘Negra Murguera’, de Bersuit Vergarabat, como tributo musical a un fenómeno cultural que se apropia de las calles de Buenos Aires durante febrero, amalgamando estandartes, disfraces y desfiles en una variedad de personajes paridos por las agrupaciones barriales. Con un origen en las fiestas paganas de la antigüedad que se brindaban en honor al dios del vino –Dioniso en la mitología griega–, el carnaval se remonta cinco mil años atrás a Sumeria y Egipto; celebración que rescata antiguos elementos de las fiestas de invierno romanas o saturnalias, donde amos y esclavos eran libres de intercambiar vestimentas y roles. Y aunque llegó al Río de la Plata con el hombre blanco, entre el abanico de celebraciones que el calendario gregoriano determina, el carnaval está entre los momentos del año donde el ingenio y lo popular se estrechan en un abrazo fraterno e interminable. Página/12 dialogó con dos antropólogas de la Universidad de Buenos Aires especialistas en el carnaval porteño para adentrarse en sus orígenes, significados y rituales. Analía Canale es licenciada en Ciencias Antropológicas de la UBA y becaria del Conicet en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la misma universidad, donde estudió la poética, las canciones y presentaciones ante el público de las murgas a partir de mediados de los ’80. Su trabajo se centró en los cambios producidos en un proceso que la investigadora determina como de "resurgimiento", cuando la actividad murguera comienza a practicarse durante todo el año. "Aunque para 1985 quedaban muy pocas murgas y en algunos barrios comenzaban a formarse dos o tres nuevas, a mediados de los ’90 fueron treinta y cinco, y cerca de 2000 crecieron hasta ser cien. Con el retorno de la democracia se produjo toda una movida en cuanto a la recuperación del espacio público, no sólo desde los movimientos populares, sino también desde el Estado."
Ese panorama comenzó a profundizarse, a fines de 1980, con la apertura de talleres. "Fue entonces cuando se produjo un nuevo espacio donde se aprende a ser murguero en muy poco tiempo y la murga muda su centro de los barrios y del aprendizaje folklórico desde la participación familiar. En los talleres se aprende canto, baile, a tocar el bombo con platillos y a escribir las letras de las canciones", destaca la antropóloga y, además, afirma que la aparición de nuevas generaciones interesadas en el carnaval "jugó un papel importante en el proceso de resurgimiento". En esta nueva escena comienzan a formarse agrupaciones donde "el interés de los jóvenes, especialmente de clase media, está puesto en prácticas artísticas, pero ya no al estilo de las escuelas más tradicionales sino con formas más participativas". ¿Por qué la murga atrajo particularmente a ese estrato socio-etario? "Ellos se involucran con expresiones artísticas que permitan formas más democráticas de participación y que no requieran una formación estructurada o estandarizada, ni escuelas de música, teatro o conservatorios."
Además de los jóvenes, para que ese paradigma cambiara, fue necesaria la emergencia de otro actor que participara activamente en el nuevo modelo. "Muchos de los viejos murgueros de los barrios fueron quienes comenzaron a enseñar en los nuevos talleres; ellos identificaron, a través del interés que mostraban los jóvenes, que eran poseedores de una forma de arte popular. Así pudieron revalorizar sus propios conocimientos y formas de expresión", indica.
El discurso irónico es otra de las características que rescata la antropóloga. "La crítica es un tipo de canción dentro de la presentación de las murgas que es considerada central. Es una construcción lírica que se edifica a partir de la ironía, la burla, la inversión de los sucesos o personajes que hayan tenido algún interés durante los sucesos del año anterior." "Con la crítica, que puede ser de una o hasta tres canciones, se pretende mostrar que la interpretación popular de las noticias o de los hechos considerados importantes por la política, la sociedad o el espectáculo son de una importancia relativa", amplía. Por el orden de aparición, las canciones reciben tres clasificaciones. En la presentación o canción de entrada se menciona el nombre de la agrupación, barrio de origen o ciertas características propias de la agrupación (la más antigua, la que se destaca por su baile) y se hacen promesas de brindar alegría y felicidad. Funciona como "carta de presentación", donde se mencionan los colores de pertenencia.
El homenaje es otro de los tipos de canciones. En este caso, se destaca algún personaje con reconocimiento o anónimo. "Pueden haber canciones de homenaje referidas al barrio de Saavedra, a su murga o a Goyeneche –ejemplifica la investigadora–. La canción de homenaje forma parte del discurso crítico porque al resaltarse los valores de esa figura o personaje se contrastan con los valores de los que se burlaban, anteriormente, en las canciones de crítica. Es una canción que puede o no hacerse y cuya interpretación es patrimonio de las formas más tradicionales." El cierre de cada murga llega con la canción de despedida o retirada, donde se suele hacer alusión al "mito del eterno retorno del carnaval", a la idea del entierro y renacimiento del festejo. "En las canciones se habla mucho del ‘volveremos’, ‘esta murga seguirá’ o ‘hasta el otro carnaval’, bajo una idea de permanencia en el tiempo", describe Canale.
La antropóloga considera que el proceso que llevó a las actividades de carnaval a ser declaradas Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en 1997 fue interesante porque inauguró una negociación entre legisladores porteños y murgueros, que "generó un proyecto conjunto donde los murgueros tuvieron que organizarse entre sí e institucionalarse para poder mediar con el Estado". Antes, el corsero era un empresario que organizaba todo y las agrupaciones "trabajaban cada una por su lado con mucha competencia entre ellas para obtener los mejores lugares de actuación. Pero con la intervención estatal, al que muchos consideran un ‘gran corsero’, las agrupaciones tuvieron que coordinarse entre sí para generar un espacio importante de participación", puntualizó.

17 de febrero de 2010
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una rata con ganas de provocar


Amelong volvió a declarar ante el tribunal de Rosario. Los abogados querellantes destacaron "la sorna con que se refirió a la mayoría de las víctimas queriendo presentar a todos los testigos como una banda de mentirosos". "Parece que los enjuiciados somos las víctimas", remarcó una sobreviviente.
[José Maggi] Argentina. El represor Juan Daniel Amelong amplió ayer su declaración indagatoria, que usó para intentar marcar contradicciones en los testimonios de decenas de víctimas que lo ubicaban en tiempo y espacio en el lugar donde se cometieron los delitos. Con la complacencia en primer término de la presidenta del TOF Beatriz Baravani, Amelong desplegó calificativos sobre sus denunciantes, y hasta llegó a hacer valoraciones morales sobre sus denunciantes. Pero el punto máximo de cinismo lo hizo al negar el robo de bebés durante la dictadura. "Prueba de que no lo hice es que aquí declararon cuatro de ellos", dijo en referencia a Sabrina Gullino, Sebastián Alvarez, Pablo del Rosso y ’Nachito’ Laluff. La complacencia de Baravani ante el dislate argumental de Amelong, provocó la reacción de la fiscal Mabel Colalongo, quien fue llamada al orden por la presidencia del TOF que amenazó con sancionarla si persistía en su actitud. Pero las querellas y el público presente, hicieron el resto: en varias ocasiones los gritos de indignación se escucharon desde el sector del público, que reaccionó también retirándose de la sala. Las críticas hechas a sus denunciantes fueron subiendo de tono, hasta llegar a Carlos Novillo, quien estaba presente en la sala, y que perdió a dos hermanos en la dictadura. Allí se interrumpió durante un largo rato la sesión.
La abogada querellante Ana Figueroa relató que "Amelong hizo una ampliación de su indagatoria que técnicamente pareció más un alegato, siendo un individuo que durante 33 años logró obstaculizar este proceso con éxito y ahora pretende que se abra una nuevo período probatorio cuando se cerró en los primeros meses del 2009. De acuerdo a normas internacionales de derechos humanos, a la Constitución no corresponde hacer lugar a nada de todo lo que este hombre ha estado planteando".
La letrada destacó "la sorna con que se refirió a la mayoría de las víctimas queriendo presentar a todos los testigos como una banda de mentirosos. Es realmente absurda la utilización que hizo del método de defensa: Amelong hizo al Tribunal 30 pedidos de oficio de prueba con datos que conocía desde el mismo momento en que leyó el requerimiento de elevación a juicio de esta causa".
La actitud de la presidente del Tribunal fue muy permisiva durante la mañana, aunque por la tarde encauzó el tema como correspondía. Es que al mediodía la abogada Figueroa solicitó en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -que representa- un veedor a la Corte Suprema de Justicia, lo que disparó la reacción del tribunal.
Al terminar la jornada, Adriana Arce, querellante en la causa, opinó que "no está garantizada la legalidad en este proceso porque la presidencia del tribunal actuó por fuera del Código Penal. Lo que nos se puede admitir es que un señor que va a hacer uso de una ampliación de indagatoria, es decir de las cosas que considera que no son correctas y lo perjudican, termine hablando sobre cada uno de los testigos, tratando de devaluar sus testimonios a partir de valoraciones éticas, morales y personales, de cada uno de los testimoniantes. Acá están confundidos los roles, parece que los enjuiciados somos las víctimas y no este señor que se ha dado el lujo de defender a otros imputados de otras causas. Y como es abogado a Amelong lo llamaron ’señor’ y ’doctor’. Quisiera saber en qué juicio a un reo lo tratan así", disparó Arce.
"La presidenta del tribunal le dice señor a un asesino, y le ha dejado decir lo que ha querido, y nos han faltado el respeto al propio estado y a las víctimas. Y se les ha dicho a los jueces que debían estar agradecidos por estar sentados allí. Esta no es una dictadura, pero aparece que este tribunal no tiene claro que se debe respetar la Constitución, y estos jueces son funcionarios de un estado que permite el avasallamiento de nuestros derechos", sentenció Arce.
"Amelong se dedicó a señalar supuestas contradicciones de los testigos de la causa, fundadas en sus propias anotaciones, que a todas luces son antojadizas y no se ajustan a los testimonios que dieron los sobrevivientes y familiares", explicaron las abogadas de H.I.J.O.S. Ana Oberlin y Nadia Schujman. "Incluso el mismo Amelong reconoció en un momento que eran sus anotaciones, y que en algún casos se puede haber equivocado en lo que escribió", agregaron.
La declaración del imputado estuvo plagada de provocaciones al público y los testigos. La abogada Oberlin tuvo que pedirle al tribunal que le llame la atención a Amelong "cuyas declaraciones estaban rayando el cinismo".
Para Daniela Asinari, abogada querellante, la declaración de Amelong "intentó desvirtuar la declaración de los distintos testigos que pasaron por el juicio, esforzándose en marcar contradicciones que en realidad no hacen mas que reforzar la credibilidad de los testigos".

17 de febrero de 2010
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impune desde 1987


Capturan a un represor prófugo.
[Diego Martínez] Argentina. Luego de años burlando con éxito a las fuerzas de seguridad, la Policía Federal detuvo ayer en Santa Teresita al ex agente penitenciario Néstor Norberto Cendón, que tenía pedido de captura del juez Daniel Rafecas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Como suboficial de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal y con el alias "Néstor Castro", Cendón actuó como guardia y como miembro de los grupos operativos que actuaron en el centro clandestino La Ponderosa, más tarde Vesubio. También formó parte del Grupo de Tareas 2 del Batallón de Inteligencia 601. Un antecedente lo diferencia de la mayor parte de los represores: con el retorno de la democracia, preso por delitos comunes, Cendón admitió su participación en la represión ilegal y aportó información valiosa ante distintos emisarios de la Conadep. Sus declaraciones permitieron confirmar el paso de varios secuestrados por el centro de exterminio ubicado en la Autopista Ricchieri y Puente 12, y también identificar a muchos de sus pares, unir grados militares y apellidos con los apodos que recordaban los sobrevivientes, dato no menor con vistas a su seguridad a cuatro días del comienzo del primer juicio oral y público a un grupo de torturadores encabezados por el coronel Pedro Durán Sáenz. Vivió impune desde 1987, cuando se sancionó la ley de punto final, hasta ayer.

14 de febrero de 2010
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capturado con disfraz de profesor


Martín Rodríguez, capitán del ejército, declaró y fue preso. "Su nombre de guerra era Toro, pertenecía a uno de los grupos de tareas más temidos", contó hace años el ex sargento Víctor Ibáñez. El capitán se había reciclado como docente de la Universidad Católica de Salta. Quedó detenido en Marcos Paz.
[Diego Martínez] Argentina. Hace treinta años, como capitán del Ejército, Martín Rodríguez interrogaba a secuestrados en Campo de Mayo. Tras el retiro se recibió de licenciado en Ciencia Política en la Universidad Kennedy y se radicó en Salta. Fue entrenador de rugby del Jockey Club y dirigió la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica, que encabeza el arzobispo Mario Antonio Cargnello. Una investigación de Pablo Llonto, abogado de los hijos del ex diputado Diego Muniz Barreto, permitió identificarlo. Ayer, con 63 años y media vida impune, se presentó bolsito en mano en el juzgado de San Martín, a cargo de Juan Manuel Yalj. Dos horas después salió con esposas, que mostró con odio ante el fotógrafo de Página/12, y ya pasó su primera noche en el penal de Marcos Paz.
"Su nombre de guerra era Toro, pertenecía a uno de los grupos de tareas más temidos", contó el ex sargento Víctor Ibáñez años atrás. "Terminó procesado por un asunto de robos de autos. Entre sesión y sesión de tortura les hacía firmar a los prisioneros un formulario de transferencia para quedarse con los vehículos", recordó el ex guardia de El Campito.
La segunda pieza la aportó Juan José Fernández, secuestrado junto a Muniz Barreto en febrero de 1977. Ambos pasaron por las manos de Luis Patti y luego fueron trasladados a El Campito. El 6 de marzo, adormecidos, fueron arrojados al fondo de un arroyo en el interior de un Fiat 128. Fernández sobrevivió y, antes de exiliarse, declaró ante un escribano. Dejó constancia de un diálogo telefónico que escuchó en cautiverio:

–Habla el capitán Rodríguez, comuníqueme con el coronel Sambrano –grabó en su mente.

Luego el capitán transmitió información arrancada bajo torturas. Con esos datos, Llonto preguntó al Ejército cuántos capitanes Rodríguez había en Campo de Mayo en 1977. Respuesta: uno. Citado a declarar, Ibáñez no dudó al ver la foto del represor. "Era el más salvaje", agregó.
Ayer a las once, con barba crecida, remera y saco gris, Rodríguez se presentó ante el juez. Ante la ausencia del fiscal Jorge Sica, declaró sólo ante Yalj y su secretario. Tres horas después salió esposado. "No vas a tener perdón", le gritó Juana Muniz Barreto, que perdió a su padre cuando tenía quince años. Rodríguez se subió al patrullero y, a diferencia de Luis Patti, que se cubría las esposas, mostró las suyas para la foto.
"El corazón me latía fuerte –contó luego Juana–. Ahora siento paz: la satisfacción de haber logrado algo por lo que venimos batallando hace tiempo, la tranquilidad de saber que ya no está entre nosotros como un profesor respetable. Siento haber cumplido con mi deber de hija. Pensé todo el tiempo en mi papá, en lo feliz y agradecida de haberlo tenido quince años, en el orgullo que siento por su valentía, y estoy segura de que él estaría orgulloso de su hija", confesó. "También pensé en mis hijos: éste es el mejor legado que puedo dejarles", concluyó. Llonto se mostró satisfecho "porque en un mes, después de años de investigación, cayeron dos de los torturadores más salvajes de Campo de Mayo". El otro es Carlos Somoza, alias Gordo, ex interrogador del Batallón 601.
Rodríguez nació el 14 de marzo de 1946 en Posadas, Misiones. Cuando se produjo el golpe de Estado era teniente primero. En diciembre de 1976 ascendió a capitán, grado que anteponía a su apellido y que permitió identificarlo. En 1976 y 1977 alternó destinos entre la Escuela de Servicios General Lemos y el Comando de Institutos Militares. Sus calificaciones a fines de 1977 demuestran que tenía un óptimo concepto por parte de sus superiores. "Un brillante oficial que prestigia al instituto", escribió el coronel Eugenio Guañabens Perelló, que ahora afronta su primer juicio por crímenes de lesa humanidad.
El decano de la Facultad de Derecho de la UCA salteña, Armando Isasmendi, se enteró de la detención por Página/12 y dijo ignorar la citación judicial. "Sabíamos que estaba por declarar y estábamos a la expectativa de ver qué sucedía", admitió segundos después Martín Andrés Rodríguez, homónimo y director de la carrera de Relaciones Internacionales.

¿Lo sorprende la noticia?
Y... sí, uno sabe que son militares de esa época, pero dice "son profesores", mejor no meterse en esos temas.

¿Muchos militares como profesores?
Sí, la UCA tiene relación con Ejército y Gendarmería. También por el perfil de las materias: geopolítica, estrategia.

Un ex alumno consultado por Página/12 recordó a Rodríguez como "una persona querida, muy correcto". "No era un defensor de los derechos humanos pero tenía posiciones racionales –recordó–. Muchas veces comentaba cosas de la dictadura pero nunca hablaba de su propio rol. Sólo decía que debía actuar la Justicia."

14 de febrero de 2010
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diez represores tras las rejas


La policía de seguridad aeroportuaria detuvo a ex guardias de La Escuelita. Con una serie de operativos simultáneos, la PSA capturó a una decena de suboficiales que actuaron en el centro clandestino de Bahía Blanca. Fueron trasladados a la cárcel de General Roca y hoy comienzan a declarar como imputados.
[Diego Martínez] Argentina. Llegaron a Bahía Blanca desde regimientos de la Patagonia con la misión de custodiar La Escuelita, el centro clandestino del Cuerpo V de Ejército. Durante tres años dejaron de ser baqueanos en la Cordillera, pasaron a llamarse Abuelo, Perro, Pato, Zorro, Loro, Zorzal, entre otras especies, y se dedicaron a torturar a secuestrados vendados y encadenados. La mayoría se adaptó de buen gusto. Unos pocos se permitieron pequeños gestos de humanidad. Alguno se arriesgó a sacar una carta y un par de aros de una secuestrada embarazada para sus padres. "Nosotros también éramos esclavos", aseguró uno de ellos tres años atrás. La buena nueva llegó el martes: luego de un tercio de siglo de impunidad, tras una investigación del fiscal federal Abel Córdoba y por orden del juez Alcindo Álvarez Canale, la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a diez ex guardias de La Escuelita, que hoy comenzarán a declarar como imputados.
"Tal vez se apiaden de los abuelos y las familias de los chiquitos nacidos en cautiverio y tengan más dignidad que sus superiores, que siempre negaron la información", se esperanzó Alicia Partnoy, sobreviviente y autora de La Escuelita. Relatos testimoniales, sobre las formas de resistencia y la convivencia con los represores en el centro de exterminio bahiense. "Si, como decían, lo que los llevó a ser mano derecha de torturadores y genocidas era el miedo a sus jefes, en un país donde todos teníamos miedo a esos asesinos, ¿qué les impide hablar ahora que sus superiores no están en el poder?", se preguntó Partnoy, luego de recordar al guardia que sacó la carta de Graciela Izurieta, quien dio a luz en diciembre de 1976 en la maternidad clandestina del general Abel Teodoro Catuzzi, ya fallecido.
"Les cabe la misma caracterización que a todos los que fueron parte del genocidio: asesinos", consideró Eduardo Hidalgo, secretario de la APDH de Bahía Blanca y sobreviviente del centro de exterminio del general Adel Vilas, impune por insania y domiciliado en Bulnes 2087, 7º B, de la ciudad de Buenos Aires. "Si fuera posible alguna expectativa, desearía que cuenten lo que vieron y lo que saben, pero la verdad es que no espero nada de estos criminales perversos", confesó Hidalgo, y lamentó la muerte de Hugo Marcial Verdún, alias Zorro, quien estuvo a punto de matarlo a golpes.
Los guardias provenían de regimientos de Las Lajas, Junín de los Andes, Convuco y Zapala, todos en jurisdicción del Cuerpo V, y no conocían la ciudad. La mayoría no había terminado la escuela primaria y eran guías de montaña. "Hombres sencillos", resumió Vilas, que se acercaba a La Escuelita a presenciar interrogatorios y alguna vez almorzó con los guardias. La tarea principal era verificar que los secuestrados no hablaran, no se movieran, no espiaran por debajo de las vendas, y trasladarlos a la sala de torturas cada vez que el suboficial Santiago Cruciani o el coronel Antonio Losardo deseaban interrogarlos.
El horror del terrorismo de Estado no impidió gestos mínimos de humanidad: permitir a los secuestrados hablar en voz baja, informarles sobre los compañeros que habían sido trasladados, permitir un vistazo para ver al resto de los cautivos. "Para nosotros también fue una tortura. Teníamos prohibido hacer preguntas, hablar con los secuestrados, no éramos dueños de nada", contó años atrás un ex guardia a Página/12. "Tampoco podíamos pedir que nos sacaran, debíamos tener una buena explicación, y estos tipos eran capaces de cualquier cosa. Nadie se animó", agregó.
Seis de los detenidos, igual que Verdún, vivían en Junín o San Martín de los Andes: Raúl Artemio Domínguez, Andrés Desiderio González, José Marcelino Casanovas, Gabriel Cañicul (vendía productos regionales en una cabaña), el taxista Armando Barrera y el gasista José María Martínez. Felipe Ayala vivía en Bariloche. Arsenio Lavayén en Plottier, en las afueras de Neuquén. El teniente Fernando Antonio Videla fue detenido en Villa Dominico, cerca de La Plata. El guía turístico Bernardo Cabezón se aprestaba a salir de excursión desde su residencia en el lago Huechulafquen, en Neuquén. Las capturas simultáneas, a cargo de la Regional V de la PSA, se produjeron el martes. Los detenidos fueron trasladados a la cárcel de General Roca, donde quedaron incomunicados. Hoy comenzará a declarar Videla, ex jefe del grupo de guardias.

13 de febrero de 2010
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atrapan a nueve criminales


Detuvieron a nueve represores por la causa de ‘La Escuelita’ acusados por delitos de lesa humanidad.
Argentina. El fiscal federal de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, Abel Córdoba, reveló que se concretaron nueve detenciones de militares en diferentes sitios de la Capital Federal y de la provincia de Neuquén, vinculados con el centro detención clandestino ‘La Escuelita’ donde desarrollaban tareas como guardias durante la dictadura militar.
Córdoba explicó que "en las próximas horas podrían concretarse otras más", y preciso que se trata de nueve detenciones aunque en un principio se había informado que los detenidos eran diez que habían sido apresados por la Policía Aeroportuaria en distintos lugares.
"Todas estas personas habrían actuado como guardias en el centro clandestino de detención conocido como ‘La Escuelita’ en Bahía Blanca", indicó Córdoba, para luego precisar que "la gran mayoría de las detenciones se produjeron en Neuquén, y las restantes en Capital Federal".
Córdoba dijo que "el accionar de este grupo de personas era encubierto, secreto y el momento de tomar contacto con las víctimas y testigos, no lo hacían con sus identidades sino con alias o apodos, por lo que hubo que realizar un importante entrecruzamiento de datos, testimonios, y documentación para configurar una prueba, o una hipótesis para imputarlos".
Por su parte, el titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bahía Blanca Eduardo Hidalgo, dijo que la detención de los nueve militares "es una gran avance para la causa", y puso de manifiesto "la enorme tarea de investigación y compromiso por parte del personal de la Policía Aeroportuaria, y del fiscal federal Abel Córdoba".
"Este grupo de militares era comandado por un teniente primero de apellido Videla, él era el jefe de la tropa de guardia de la escuelita, y todos funcionaban con apodos o alias, que ahora en el juicio se podrá determinar. Eran torturadores que entraban y salían del Centro de Detención", añadió Hidalgo, quien también fue detenido y torturado en ese sitio durante la dictadura.
El titular de la APDH de Bahía Blanca, comentó además que "a este mismo grupo también pertenecía un médico de apellido Streich, que años después que se iniciaran los juicios y se dictaran las órdenes de detención fue encontrado internado en un Geriátrico de Haedo (Buenos Aires) con serios problemas mentales".
"Y en esta misma banda actuaba ademas un personaje conocido con el alias de ‘El Zorro’, quien me torturó a mí estando detenido en La Escuelita y me dejó al borde la muerte. Lamentablemente este personaje murió y nunca pudo pagar por sus delitos de lesa humanidad", expresó Hidalgo.
Por último el titular de la APDH de Bahía Blanca, dijo que "si bien hemos luchado contra 20 años de impunidad, por suerte hemos tenido jueces de Cámara o fiscales como Abel Córdoba que con su gran compromiso por los derechos humanos nos ayudan a mantener la esperanza de seguir sentando represores ante la justicia", finalizó.
Por otra parte el gobierno nacional ofreció una recompensa de 100 mil pesos para quien aporte datos sobre el teniente coronel (r) Guillermo Julio González Chipont, un represor que desde el año 2009 se halla prófugo de la Justicia, en el marco de una causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Comando V del Cuerpo del Ejército, en Bahía Blanca.
A González Chipont se le imputan delitos de lesa humanidad a través de su accionar como "integrante de un Consejo de Guerra" en la órbita del Comando Vto Cuerpo de Ejército con asiento en Bahía Blanca, durante la dictadura militar.
En ese sentido el fiscal Córdoba precisó que el pedido de captura nacional e internacional del represor "data desde junio del año 2009", tras lo cual "y luego de diferentes medidas solicitadas desde la fiscalía, finalmente se dispuso el ofrecimiento de una recompensa para quien aporte datos fehacientes sobre González Chipont".
Según se informó, la resolución que dispone el ofrecimiento de la recompensa de 100 mil pesos lleva el número 171/2010 y es firmada por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak.
El militar prófugo es requerido por el Juzgado Federal a cargo de Alcindo Álvarez Canale, quien lleva adelante diversas causas por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar en el Comando del Vto Cuerpo de Ejército.

11 de febrero de 2010
©telam 
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recompensa por criminal prófugo


Recompensa para un represor prófugo. El gobierno ofrece 100 mil pesos a quien aporte datos para la detención del militar retirado Guillermo González Chipont, quien está imputado por crímenes de lesa humanidad.
Argentina. El ministro de Justicia, Julio Alak, ofreció una recompensa de 100 mil pesos a quien revele datos útiles para la detención de un presunto ex represor de la dictadura prófugo que, en 2006, llamativamente, fue ascendido a teniente coronel por el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner.
Según la resolución 171/2010 firmada por Alak y publicada hoy por el Boletín Oficial del Estado, se trata del teniente coronel retirado del Ejército Guillermo Julio González Chipont, quien está imputado en la causa por los crímenes contra la humanidad perpetrados en jurisdicción del V Cuerpo de Ejército, con sede en Bahía Blanca.
Ese expediente, número 05/07, tramita en el juzgado federal 1 de Bahía Blanca del magistrado Alcindo Álvarez Canale, con intervención del fiscal federal subrogante Abel Córdoba, quienes el 16 de junio de 2009 libraron un pedido de captura para González Chipont, nacido en Salta hace 68 años.
Estuvo destinado en el área de Inteligencia del V Cuerpo cuando tenía el grado de teniente primero y la Justicia le imputa la supuesta autoría mediata de, entre otros delitos, privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos contra tres estudiantes universitarios, que en 1976 pasaron por el centro clandestino de detención ‘La Escuelita’.
Se trata de los jóvenes Pablo Bohoslavsky, Julio Alberto Ruiz y Rubén Alberto Ruiz, quienes después de ‘La Escuelita’ fueron sometidos a Consejo de Guerra acusados de la supuesta colocación de un artefacto explosivo -para los investigadores judiciales habría sido un autoatentado de los militares- y terminaron presos en la cárcel de Rawson.
Lo más curioso del caso González Chipont es que ahora provoca un ofrecimiento de recompensa por parte del Gobierno, pero en 2006 recibió el beneficio del ascenso de grado por el Poder Ejecutivo, en reconocimiento a su activismo durante la dictadura en el grupo de oficiales del Ejército denominado "los 33 orientales".
En 1980 el entonces dictador Leopoldo Fortunato Galtieri pasó a retiro forzoso a "los 33 orientales", varios de ellos de orientación peronista, porque no estaban "adecuadamente compenetrados con la filosofía y el sentir institucional del proceso de reorganización nacional" y "su permanencia en actividad perjudica la cohesión espiritual" del Ejército.
González Chipont presentó varios recursos contra su cese pero el Ejército los rechazó y finalmente debió colgar el uniforme.
Hasta que en democracia el gobierno de Raúl Alfonsín le restituyó su condición de militar en aplicación de la ley 23223, según consta en las actas del Congreso de los Diputados, y el gobierno de Kirchner le reconoció en 2006 hasta el grado de teniente coronel.
No es el único caso de militares del grupo "los 33 orientales" ascendidos en democracia y luego comprometidos en causas por violaciones a los derechos humanos: el teniente coronel Miguel Ángel García Moreno está procesado y por ir a juicio oral en la causa del V Cuerpo, y el teniente coronel retirado Gustavo Vitón se encuentra imputado en la provincia de Neuquén.

11 de febrero de 2010
©los andes 
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