la investigarán por apología del crimen
10 de marzo de 2010
La seguirán de cerca. La Justicia ordenó investigar a Cecilia Pando por apología del delito. La Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal revocó el sobreseimiento de María Cecilia Pando en una causa en la que fue denunciada por una serie de publicaciones en un blog donde "defiende y enaltece el terrorismo de estado".
Argentina. El tribunal hizo lugar al recurso de apelación presentado por el fiscal Luis Comparatore, quien había considerado como "prematura" aquella decisión, informó hoy el Centro de Información Judicial en un comunicado.
La causa se había iniciado por el director de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, Carlos Pisoni, quien denunció diversos ilícitos cometidos por Pando, principalmente porque "pronuncia discursos en donde se defiende y enaltece el terrorismo de estado desplegado por la última dictadura militar, los que luego quedan registrados en la página que posee la organización: AFYAPPA.blogspot.com".
Al apoyar el recurso presentado por Comparatore, la Cámara indicó que "se advierte acertada la posición del Ministerio Fiscal en razón de que las probanzas reunidas en el sumario se exhiben escasas para concluir que la Sra. Pando resulta ajena a la comisión del delito que se le atribuye. Pero, fundamentalmente, por cuanto el restringido escenario examinado por el a quo, además de segmentar el universo de situaciones relatadas por el Sr. Pisoni, se circunscribe a un período extraño al específicamente delimitado en la denuncia".
De esta manera, se decidió revocar el sobreseimiento de Pando, quien deberá seguir siendo investigada por el juez de instrucción.
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[José Maggi] Argentina. Las defensas de los represores de la causa Amelong-Guerrieri, comenzaron ayer a explicar sus argumentos. El primer turno fue para la defensa del imputado Óscar Pascual Guerrieri, quien integrara el Cuerpo Comando del Destacamento de Inteligencia 121 del II Cuerpo del Ejército durante la dictadura militar con el grado de teniente coronel. Apenas comenzó la audiencia, testigos, querellantes, organismos de derechos humanos y público, desplegaron las fotos de los desaparecidos y la jueza Beatríz Caballero de Baravani ordenó desalojar la sala.
Argentina. El máximo tribunal del país rechazó un "recurso de queja" de la defensa del ex magistrado, actualmente a la espera de ser enviado a juicio oral en otra causa penal por el pago ilegal de 400 mil dólares al ex acusado del caso Carlos Telerín y, procesado en otra pesquisa por el supuesto desvío de una de las pistas de la investigación.
Santa Fe, Argentina. Murió impune otro represor santafesino. Se trata del coronel Albino Mario Alberto Zimmerman, que fue jefe de la Policía de la provincia de Tucumán entre mayo de 1977 y mediados de 1977 y era juzgado hasta la semana pasada por crímenes de lesa humanidad junto a otros dos genocidas: los generales Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez. Zimmermann había nacido el 15 de mayo de 1933 en la localidad de Sarmiento, cursó la primaria en Esperanza, en el colegio San José de los Hermanos Maristas y la secundaria en Santa Fe, en el colegio de la Inmaculada de la Compañía de Jesús. Luego ingresó al Colegio Militar de la Nación en 1950. Alcanzó en grado de coronel y oficial del Estado Mayor en el arma de Artillería.
Argentina. El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley que establece un nuevo régimen de contrato de trabajo para el personal de casas particulares (que deja de llamarse de "servicio doméstico"). La normativa propuesta equipara sus derechos a los de los restantes trabajadores y les otorga la relación de dependencia, no importa cuántas horas semanales se desempeñen en el domicilio de su empleador. Bajo el sistema actual –fijado por un decreto de 1956–, sólo tienen relación de dependencia quienes trabajen por lo menos cuatro horas diarias, cuatro días a la semana, y las indemnizaciones por despido son muy inferiores a las de los restantes trabajadores. La normativa también regula las horas de descanso para quienes trabajen "cama adentro". El proyecto de ley fue anunciado por la presidenta Cristina Fernández en su discurso por el Día Internacional de la Mujer.
[Mariana Carbajal] Argentina. A. G. ganó la batalla legal. Por unanimidad, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut avaló el pedido de la adolescente de 15 años de Comodoro Rivadavia para interrumpir un embarazo producto de la violación perpetrada por su padrastro, según denunció en la Justicia. El fallo revocó la sentencia de la Cámara de Apelaciones que había negado la autorización y encuadró el caso como un aborto no punible contemplado en el inciso 2 del Código Penal. Es decir, confirmó que cualquier mujer –y no únicamente aquellas con discapacidad mental– tienen el derecho a terminar con una gestación fruto de una violación. Es la primera vez que una Corte provincial se pronuncia con una interpretación amplia de los alcances de este permiso para abortar. "La interpretación restrictiva del inciso en análisis implica atribuir a las mujeres actos heroicos que el derecho no puede imponer", señala el fallo de 80 páginas al que tuvo acceso este diario. Además, el Superior Tribunal le "encomendó" al Hospital Regional de Comodoro realizar la práctica "en el menor plazo que indique la ciencia médica", pero advirtió que si ese centro de salud provincial no cuente con los recursos humanos para realizarla, se debe llevar adelante en otro hospital público o clínica privada de la ciudad. Al mismo tiempo, sugirió al gobernador Mario Das Neves implementar una guía de atención de los abortos no punibles para que los médicos sepan cómo actuar, no se judicialicen los pedidos y se eviten demoras innecesarias en el acceso al derecho, como le ocurrió a A. G., que desde hace dos meses esperaba una respuesta favorable. Mientras tanto, otras dos niñas abusadas sexualmente reclaman un permiso judicial similar: María, de 15 años, en Comodoro, y una nena de 14, en Santiago del Estero.
Argentina. La diputada provincial de SI Alicia Gutiérrez presentó un pedido de informes solicitándole a Poder Ejecutivo que constatara si algún agente que presta actualmente servicios en organismos dependientes del gobierno provincial figura en los informes desclasificados como personal civil del Batallón 601 de Inteligencia durante la última dictadura militar y si los mismos se encuentran bajo investigación por delitos de lesa humanidad.
Argentina. "Pido la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua para los cinco imputados por el cargo que detentaban en el Destacamento de Inteligencia, los perjuicios ocasionados a las víctimas, los mecanismos empleados, el sadismo, la cobardía, la imposición de tormentos en forma cruel, las terribles condiciones de detención, el aprovechamiento perverso de las víctimas indefensas, la impunidad y ausencia de arrepentimiento de los acusados". De este modo concluyó ayer su alegato la fiscal federal Mabel Colalongo, el pedir la condena para Oscar Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo. Hoy comenzarán a hablar las defensas de los imputados, en las instancias finales del juicio.