dudas sobre la trata
2 de febrero de 2010
Sostiene que la ley no permite atacar las redes de prostíbulos. En una polémica declaración, el juez marplatense y titular del Colegio de Magistrados local, Manuel Fernández Daguerre, sostuvo que la ley impide la persecución de las redes de prostitución. Defendió la actuación policial y la reglamentación de la prostitución.
[Carlos Rodríguez] Mar del Plata, Argentina. El titular del Colegio de Magistrados local, Manuel Fernández Daguerre, hizo polémicas declaraciones sobre el tema de la trata de personas. "En Mar del Plata no se ha sido permisivo con la trata", sostuvo Fernández Daguerre, en un momento en que llueven las denuncias sobre la existencia de prostíbulos que siguen funcionando aunque sus dueños estén presos. Hasta llegó a afirmar que la ley "no castiga la prostitución", cuando hay 45 causas abiertas con 15 personas procesadas por la explotación de mujeres que son traídas, por lo general, de países limítrofes en forma ilegal. Gustavo Vera, de la organización La Alameda, denunciante de los proxenetas marplatenses, consideró que "lo que dice Fernández Daguerre demuestra por qué hay prostíbulos que fueron allanados y cuyos dueños están presos, que siguen abiertos como si nada hubiera sucedido, sin que los jueces hagan nada al respecto".
En declaraciones al periodista José Luis Jacobo, en el programa radial "Noticias y Protagonistas", que fueron reproducidas por el diario El Atlántico, Fernández Daguerre también manifestó su "profundo respeto" por la gestión del cuestionado jefe del Distrito Centro de la Policía de Mar del Plata, Gustavo Salvá, aunque al mismo tiempo admitió que "sería muy inocente si pensara que no hay connivencia policial en alguna de estas cosas". Según Fernández Daguerre, si un juez mandaba a allanar un prostíbulo, antes de la sanción de la Ley de Trata, "decían ‘ése debe ser el que no arregló’" porque en "una actividad de ese tipo, como la de los boliches nocturnos, parecería ser que si uno no tiene una muy buena relación con la policía, dos allanamientos en una semana acaban con el negocio. De hecho, a la tercera vez que allanamos un lugar, se mudó".
Recordó que en la época en la que estaba al frente de un juzgado correccional "los jueces correccionales, Camadro, Dominella, Hooft y yo, todos coincidíamos en opinar: cuando hubo una modificación del Código Penal por el cual se mejoraron muchísimo las investigaciones de abusos sexuales", sin embargo "se hizo más complejo para alcanzar a todos los casos de abusos". Eso porque, según Fernández Daguerre, la Legislatura "decidió no punir al proxeneta".
Insistió en que "cuando se modificó la ley de delitos contra la honestidad, ese delito desapareció. Creo que fue un acto expreso de la Legislatura de decir que ese tipo de actividad (la del proxeneta) no debía ser penado, a mi criterio equivocadamente", opinó. Consideró que "una cosa es que una persona se dedique libremente a la prostitución, que decida ejercer la prostitución, porque para eso no hay límite legal, no hay delito ni contravención que lo pene. Otra cosa es que alguien lo explote y se sirva de eso".
"Desde ese momento nosotros venimos diciendo: cada vez que dicen la barbaridad de los prostíbulos, de la prostitución en la calle, la actividad de los travestis, que mientras esas conductas sean autorreferenciales, que no causen lesiones o perjuicios a terceros o escándalos, eso no era punible y uno no podía meterse. Yo no podía como juez ni la policía debía ingresar a un privado para hacer ningún tipo de control ni castigar una actividad que estaba legalmente permitida." Fernández Daguerre opinó que lo que habría que hacer es "reglamentar la actividad a nivel provincial y nacional" porque "si esa actividad existe, y no se puede evitar que una persona decida dedicarse a eso, hay que reglamentarla para prevenir contagio de enfermedades, para evitar este tipo de cuestiones que ahora está con ley de trata".
Admitió sobre el final que sí hubo alguna permisividad con los "privados" donde se ejerce la prostitución. "Hemos sido permisivos absolutamente con la existencia de privados porque la ley no los castiga, salvo que produzcan escándalos. Me consta que Salvá, que también es abogado, venía a decirnos ‘doctor, tengo esta lista de privados, quiero ir...’ Entonces yo le preguntaba: ‘¿Producen escándalo? ¿Se quejan los vecinos?’ Más de una vez le dijimos ‘no Salvá, usted no puede entrar’."
"A partir de algunas investigaciones, hechas precisamente por Salvá –resaltó–, nos encontramos con que sobre todo con las traídas de países vecinos, con engaños diciendo que era otro el trabajo y las usaban para la prostitución, empezamos a trabajar en este tema. Hacíamos el procedimiento, se detectaba algún tipo de coacción, algo que tenga que ver con la trata e inmediatamente lo pasábamos a la Justicia federal, que era la competente. Lo hacía Hooft, la doctora Fernández, lo hacía yo, todos los jueces correccionales."
Precisó que se han "clausurado privados en cantidad donde había escándalos, íbamos con la Municipalidad y retirábamos las pertenencias. En Mar del Plata no se ha sido permisivo con la trata, pero la ley no castiga la prostitución", insistió como si ignorara la existencia de redes dedicadas a la trata de personas. "Que vengan ahora desde afuera a decir que hubo complicidades judiciales, policiales y municipales, ofenden realmente", concluyó.
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[Carlos Rodríguez] Mar del Plata, Argentina. Mientras avanza la investigación judicial sobre la red de casi un centenar de prostíbulos marplatenses denunciada por La Alameda, la causa, publicada por Página/12, destapó la olla: no fue ésta la primera vez que la Justicia en Mar del Plata tomaba contacto con una presentación semejante. Los 94 prostíbulos que integran la red ya habían sido denunciados ante los tribunales federales de esta ciudad, pero sus causas se cocían a fuego lento sin que avanzaran o directamente derivaban al archivo. La denuncia desenmascaró el negocio policial y sus protecciones necesarias para el funcionamiento de semejante red, con prostíbulos que abren sus puertas a escasos metros del centro, o de otros que siguen funcionando pese a que sus dueños se encuentran detenidos por orden judicial. Por si faltara algo, se disparó una polémica judicial, entre fiscales que pretenden la clausura de los locales denunciados y jueces que sostienen que "no se puede hacer nada porque en Mar del Plata ser proxeneta no es delito". Según estimaciones, el negocio que sigue funcionando a la luz del día bordea el millón y medio de dólares al mes.
[Adriana Meyer] Argentina. Se habían juntado a principios de 2006 para planear un golpe de Estado. Eran ex policías y ex militares vinculados con partidos marginales y carapintadas, y un año más tarde fueron denunciados en la causa por la desaparición de Jorge Julio López. Hubo allanamientos, que coincidieron con el primer año de ausencia del testigo clave del caso Etchecolatz, pero la Justicia nunca analizó esa información ni citó a dar explicaciones a los presuntos conspiradores. Dos años más tarde, el nuevo fiscal del caso López decidió que el hecho debía ser investigado en otra causa. Las autoridades nacionales en materia de seguridad están al tanto de esta iniciativa. Por su parte, la querella de Justicia Ya! sigue considerando que, por su nivel operativo y sus vínculos con la represión de la dictadura, esta banda podría haber sido la responsable de secuestrar a López. Algunos de sus miembros tienen relación con asiduos visitantes al pabellón de represores de la cárcel de Marcos Paz.
Argentina. A un año de la desaparición de Luciano Arruga, el chico de 16 años que fue visto por última vez en una esquina de Lomas del Mirador, en La Matanza, la causa por "averiguación de paradero" no tiene imputados. Sin embargo, la fiscal Celia Cejas, a cargo de la causa desde marzo, aseguró a Página/12 que "la hipótesis de la responsabilidad policial es la más firme" y las sospechas están puestas en los ocho efectivos que cumplían funciones la madrugada del 31 de enero en el destacamento de Lomas del Mirador. Los abogados de la familia Arruga solicitarán que los uniformados sean citados a declarar como imputados a partir de los testimonios contradictorios que dieron en varias audiencias, en calidad de testigos. "No tengo esperanzas de encontrar a Luciano mientras se mantenga la forma de trabajo de la policía y la complicidad con el sistema político y judicial", afirmó Vanesa Orieta, hermana de Luciano. El peritaje de los libros policiales finalizado en diciembre tampoco permitió agregar pruebas contundentes a la causa.
[ Diego Martínez] Argentina. Organismos de derechos humanos y sobrevivientes del mayor centro clandestino de Mendoza, que funcionó en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial, denunciaron ante el Consejo de la Magistratura y pidieron la destitución de dos miembros de la Cámara Federal local por no investigar denuncias de secuestros, torturas y violaciones, cometidas por miembros de fuerzas de seguridad antes y durante la última dictadura. Se trata de Otilio Roque Romano y Luis Francisco Miret, que hace un tercio de siglo eran respectivamente fiscal y juez federal. El escrito destaca el "compromiso ideológico" de Romano "con la persecución sistemática de población civil emprendida por el régimen militar" y recuerda que Miret era amigo confeso del general Juan Pablo Saa, ex jefe militar de la provincia, indultado por Carlos Menem.
Argentina. Los imputados del primer juicio significativo a represores de la ESMA que gozan de arresto domiciliario podrán seguir circulando por los pasillos de Comodoro Py junto con sus esposas, hijos y amigos, sin ningún control ni custodia, mezclados entre abogados y familiares de sus víctimas desaparecidas. Así lo decidió ayer el Tribunal Oral Federal 5, al rechazar un pedido del Ministerio Público Fiscal y de las querellas para que sean custodiados por alguna fuerza de seguridad al menos durante los traslados a la sala de audiencias. El juicio oral y público a Acosta, Donda & Cía. continuará el viernes 5 de febrero con la lectura de los requerimientos de elevación del fiscal federal Eduardo Taiano.
Argentina. Manifestantes de organizaciones sociales denunciaron que la policía los reprimió ayer en el piquete de Circunvalación y Oroño, cuando realizaban la jornada nacional de protesta. Allí, dos personas resultaron agredidas con perdigones de balas de goma y culatazos de armas. "La represión partió de dos uniformados, que se bajaron de la camioneta y empezaron a tirar. A los que se tiraron al piso, les pegaron culatazos en la cabeza", aseguró Martín Frutos, uno de los integrantes del Movimiento Barrios de Pie, quien agregó: "Lo hicieron con total impunidad". Desde prensa de la Unidad Regional II indicaron que el personal policial "intervino entre los manifestantes" al advertir "intenciones de robo" a un automóvil. Argumentaron que los piqueteros "arrojaron piedras a los efectivos, y éstos respondieron para dispersar. Incluso hay tres uniformados lesionados, con contusiones por piedras en el rostro". Más tarde, tras una asamblea que se realizó a las 15, las organizaciones sociales decidieron levantar los cortes. Hoy, a las 13 se reunirán con autoridades locales, provinciales y nacionales, para avanzar en los pedidos por el plan nacional Argentina Trabaja.
Argentina. Una porción del territorio que pertenece a la comunidad mapuche Paichil Antriao, instalada la mayor parte en el cerro Belvedere, en la ciudad neuquina de Villa La Angostura, se encuentra con presencia policial y, el último lunes, volvió a ser centro de un violento operativo de represión, esta vez en uno de sus lugares sagrados. El pasado 2 de diciembre, los habitantes de la comunidad sufrieron un violento desalojo, tal como lo informó Página/12. Desde ese momento, la presencia de la policía en tierra mapuche y sus intimidaciones se hicieron una constante. No obstante, hace unos diez días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó involucrarse en el asunto y pidió un informe al Estado argentino en el que se detalle la situación territorial y los actos de agresión denunciados. El Gobierno tenía plazo hasta el viernes para presentar la documentación, afirmó el abogado de la comunidad.