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billares de buenos aires


El mundo bohemio de los clubes de billar porteños. Se reúnen en sótanos o en elegantes salones, pero lejos de la vista. No piden aclamaciones, más bien el silencio, que es regla. Encarnan una tradición con aires de tango y cálculo. Una recorrida por los clubes de billar porteños.
[Soledad Vallejos] Buenos Aires, Argentina. Pueden ser la encarnación de las tradiciones porteñas más tangueras, pasarse horas haciendo cálculos y conversando sobre teorías para lograr el juego perfecto, dedicarse en silencio a perfeccionar golpes y conocer anécdotas que cuentan, en realidad, otras historias de la ciudad. Los billaristas de Buenos Aires conforman una tribu pequeña, algo secreta y totalmente tradicional, tanto que en los hechos sigue rigiéndose por la regla (no escrita) de preferir exclusivamente la sociedad de los varones. En eso, como en otras tantas cosas, sostiene con orgullo un mundo tan asociado a la identidad urbana como las carreras de caballos y el café.
Pero espacios tradicionales como la sala de Los 36 Billares, el sótano de la confitería Richmond de Florida, el Boedo Billar Club, el Augusto Vergez o el Unión de Quilmes no permanecen solos. A pesar del clima de tango de los ’40, de que los jugadores jóvenes están lejos de ser mayoría y de que las mesas de juego hace rato dejaron de estar a la vista de cualquiera en los cafés, el billar resiste. En Internet, por caso, son unas cuantas las publicaciones especializadas (http://tacoytiza.blogspot.com, www.billarjuvenil.com.ar, las más notables y constantes), y en clubes y salas los jugadores resisten.
Afuera podrán ser las 12 de la noche o del mediodía; escaleras arriba apenas se notaría la diferencia. Cualquiera sea la hora, la luz de los tubos alumbra muy poco más allá de los límites de las mesas y desde las gradas el público (uno, dos, diez, no importa cuántos) seguiría enmudecido de cómo un golpe de taco es capaz de definir una carambola. Tres mesas, cada una de ellas con dos jugadores, están en lo mejor de sus partidas; casi el triple de personas sigue las alternativas de los encuentros entre los pasillos y las sillitas elevadas sobre las cuales pende un cartel lapidario: "El billar se juega y se mira en silencio".
Apenas pasaron las seis de la tarde. "Ahora casi no hay gente. Se llena a las tres de la tarde", dice el canoso de bigotes y auténtica garganta con arena ante cuyo paso, mesa a mesa, se escucha un "¡Coco!" de contraseña. Si algo pareciera sobrar en este mundo de tacos sordos y paños verdes son códigos, pero Jorge "Coco" Gómez se mueve como si los conociera a todos. Probablemente sea así, porque no en vano es el presidente del Boedo Billar Club, la primera institución porteña dedicada al deporte de salón más emparentado, dicen sus practicantes, con el ajedrez. "Acá hay gente que viene todos los días. Pero todos", agrega mientras se detiene en un extremo del salón dispuesto a albergar nueve partidos simultáneos. "Lo que pasa es que al que le gusta, viene, quiere practicar. No es un juego fácil éste." Tan complejo es y tan codificados por la destreza sus diferentes universos que en el club no se mezclan principiantes con practicantes avezados: el primer piso pertenece a los que dominan ya ciertas zonas de las técnicas; quienes recién comienzan y toman clases son confinados al sótano, de donde podrán ir emergiendo sólo en función de sus progresos.
Los jóvenes están lejos. El billar, aunque tiene amantes y lealtades, está en problemas, al menos en lo que a la ciudad de Buenos Aires se refiere. Los sponsors, más que escasear, brillan por su ausencia, los fondos apenas alcanzan para organizar torneos locales, mucho menos para fomentar competencias con estrellas internacionales. Ni siquiera percibiendo las cuotas mensuales de sus más de 300 asociados (alguna vez fueron el triple), que pagan alrededor de 20 pesos al mes, y los pagos por el alquiler de cada mesa, el Boedo, que fue el primero de los clubes de billar de la ciudad (su fundación data de 1950), puede darse lujos, como podría serlo una campaña para acercar otras camadas de billaristas. La renovación, el acercamiento de otros públicos capaces de garantizar la transmisión de la pasión, cree Gómez, está difícil porque la costumbre del billar "se fue perdiendo por su mala fama, porque estaba asociado a estar todo el día en el café. Hoy no es así, y casi no hay billares en los cafés, pero ya está hecho".
Después de un golpe seco, una bola blanca corre hasta chocar con la colorada, pegar en un lateral de la mesa, después en otro y finalmente impactar de lleno en la amarilla. "Es una carambola ésa", explica Gómez, poco antes de saludar a un señor de edad tan imprecisa como indudablemente elevada y aclarar en voz baja: "Fue presidente de Argentinos Juniors... él llevó a Maradona al club". De fondo se escucha otro golpe contra una bola y Gómez se tienta con una cajita rectangular que guarda tres bolas: "¿Te explico la teoría?", pregunta mientras rodea la mesa e indica que los puntitos blancos en torno del paño son los diamantes que sirven para calcular golpes. "Esto que vos ves es matemático: salida menos llegada te da el ataque. Mirás, hacés la cuenta y sabés qué tenés que hacer." A eso hay que sumar cálculos de energía cinética, controlar la postura del cuerpo, cuidarse de imprimir sólo la fuerza adecuada al golpe, conocer la propia agudeza visual...
"Este muchacho sabe muchísimo de teorías... ¡vení, Ramón!", llama Gómez a uno de los socios, que acude presto con la experiencia de tener 66 años de vida y 50 de billares encima. "Bueno, para aprender hay que dedicarse. Yo, por ejemplo, para entenderlo agarré papel cuadriculado y me puse a estudiar la mesa. Después de un tiempo, de repente, se te abre una luz y entendés", explica bajo la mirada atenta de Gómez, que asiente. Ramón cree que "el billar no es para el que busca un escape, no es para el facilismo"; Gómez, que "el que viene a divertirse y pasar el rato no le dé valor". ¿Por qué fue desapareciendo lentamente de la vida pública, por qué fue perdiendo presencia? "Es que el argentino tiene miedo a perder –especula Ramón– y en el billar tenés que arriesgarte, estudiar, practicar. No hacerlo es faltar el respeto al juego. En esto no se puede hacer cualquier cosa y disimular el error."
El paraíso de los billaristas es Europa: allí los jugadores pueden ser profesionales y vivir de su juego; allí los torneos reparten premios suculentos y tienen sponsors que no temen aportar el dinero necesario. "Y en las universidades se enseña teoría de los billares", aporta Ricardo Migliavacca. El, que en su vida de civil es contador, organiza torneos de billar (como el que entre el 17 y el 21 de febrero se realizará en Mar del Plata) y firma los correos enviando su "cordial abrazo billarístico". Ahora, a poco de las nueve de la noche, recién empieza a pensar en irse del Augusto Vergez. El club homenajea con su nombre al primer argentino que obtuvo un título deportivo mundial y aunque ahora tiene sede en Palermo, nació en Monserrat. Pero la concurrencia fue fiel y Migliavacca está orgulloso de seguir contándose entre los 250 socios actuales, junto con "muchos profesionales, médicos, algunos comerciantes, psicólogos, actores... Daniel Rabinovich viene acá, Aldo Barbero también, y otros muchachos que actúan".
Cruzando el océano, entonces, se encuentra el paraíso de los aficionados al billar que se saben talentosos. La prueba es Juan Pablo Sisterna, el hombre de 34 sentado frente a Migliavacca que refiere, como si nada, los cuatro meses de 2007 que pasó entrenando en un centro de alto rendimiento en Murcia. "Fui como alumno y jugador, estuve compitiendo para un club. Tenía un maestro y compartía el entrenamiento con jugadores más profesionales, en un lugar de la costa mediterránea. Salía a correr, hacía pesas en el gimnasio y después unas cinco horas de billar."
"Tuvo mala fama el billar, sí, pero la gente, de lo que no conoce, habla sin saber", dice Abel Callejas, que alguna vez jugó una final mundial en Düsseldorf y tiene montones de torneos sudamericanos en su haber. "Es que cuando éramos chicos era diferente –tercia Migliavacca–. Yo de pibe repartía carne para la carnicería de mi viejo, y una vez, como el pedido no llegaba, no llegaba, no llegaba, el cliente lo llamó para ver qué pasaba. Mi viejo me terminó encontrando: yo estaba en un café, tenía 16 años pero había logrado meterme a jugar en un torneo, porque jugaba muy bien. Y cuando llegó mi viejo estaba jugando la final, podía ganar, ¡pero me sacó corriendo y no pude terminar!". "Acá vagos no hay, es un deporte al que hay que dedicar mucho tiempo, es muy difícil", insiste Callejas y procura, como cada uno de los jugadores que tienen oportunidad de hacerlo, diferenciar la práctica del billar de las ocasiones en que se juega pool. "El pool es más fácil, se puede jugar charlando, tomando algo. Esto no es un pasatiempo."

7 de febrero de 2010
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pistolas que carga el diablo


Los peligros de las taser x26 que Mauricio Macri compró para la Metropolitana. Las autoridades porteñas defienden su utilización, aunque el propio fabricante advierte que pueden provocar graves daños o incluso la muerte. Taser recomienda, por ejemplo, no disparar al tórax para evitar fallas cardíacas.
Argentina. La propia compañía texana Taser reconoce el peligro que implica la utilización de las polémicas pistolas "no letales" X26 que la flamante Metropolitana adquirió con el propósito de "probarlas". La guía para usuarios del arma sostiene que someter a una persona a 15 segundos de descargas produce el mismo efecto físico que haber sido estrangulado o haberse trabado en lucha, y advierte que esos efectos psicológicos y metabólicos "aumentan el riesgo de morir o de un daño severo". A pesar de que el mismo fabricante admite los efectos indeseados del uso de las pistolas de descarga eléctrica, el gobierno porteño continúa defendiendo su empleo en el caso de delitos menores y contravenciones a los que se abocará la nueva policía.
Taser tuvo que enfrentar más de 300 juicios por las X26 que fabrica en Estados Unidos y distribuye para fuerzas de seguridad en todo el mundo, entre ellas la Metropolitana, que acaba de adquirir cinco pistolas. "Pero no hemos perdido ninguno", se ufanó ante la consulta de Página/12 un representante de la empresa en la Argentina. La compañía texana logró sortear los procesos judiciales porque la guía para usuarios –a la que este diario tuvo acceso– funciona como un deslinde de responsabilidad: advierte todos los riesgos que entraña utilizar los dispositivos y destaca que el sujeto, al resistirse a la autoridad, "ya está poniendo en riesgo su vida".
Entre los posibles efectos adversos, se cuentan hernias, dislocaciones en tendones y ligamentos e incluso fracturas, debido a las contracciones que sufren los músculos durante las descargas. Las personas con enfermedades preexistentes son más propensas a sufrir heridas y menciona como población de riesgo, aunque no limita, a: embarazadas, personas con osteoporosis, o que han sufrido operaciones, niños, o personas de contextura pequeña. También destaca que el daño puede ser mayor si la persona reacciona intentando hacer un movimiento rápido al momento de recibir la descarga eléctrica, algo que parece previsible que suceda en la práctica.
El problema principal, y por el cual asociaciones de derechos humanos consideran a las Taser como "instrumento de tortura", surge de la utilización discrecional que realizan las fuerzas que la usan en las calles. En varios estados de Norteamérica la pistola se encuentra prohibida –incluyendo Nueva York– y varios países están acotando su utilización, ya que ha provocado muertes y demandas de damnificados contra la misma policía, con casos emblemáticos como el ocurrido en Canadá.
Aunque el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, había afirmado que "no es una picana; no produce dolor ni lesiones, y menos aún secuelas físicas, sino una simple parálisis muscular", la misma empresa Taser reconoce que existen riesgos y recomienda, por ejemplo, no disparar al tórax para evitar fallas cardíacas.
Desmayos y caídas provocadas por el colapso en el sistema nervioso periférico que controla la movilidad pueden redundar en heridas y efectos no deseados. Si se dispara apuntando a la cabeza también podría causar epilepsia. Stress y dolor acompañado de temblores, pánico y miedo previo y posterior son otros efectos probables cuando se utilizan las Taser. Efectos psicológicos y cambios en el metablolismo también son descriptos en la guía. El manual confiesa que someter a una persona a 15 segundos de descargas equivale al mismo efecto físico que haber sido estrangulado, o haberse trabado en lucha. Estos efectos psicológicos y metabólicos "aumentan el riesgo de morir o de un daño severo", afirma la compañía. Amnistía Internacional, por su parte, ha recomendado a varios departamentos de policía que lleven consigo desfibriladores portátiles en caso de que el individuo experimente una falla cardíaca y sea necesario reanimarlo.
La cronología comenzó el 14 de enero con la firma, por parte del ministro Montenegro, de la Resolución Nº 20 - MJYSGC/10 para adquirir por contratación directa cinco dispositivos ‘Taser X26’ y cinco carabinas semi automáticas ‘Pepper Ball’, que lanzan gas pimienta y cuestan 1785 dólares cada una.
Los dispositivos Taser X26 no son armas de fuego, ya que utilizan un sistema de propulsión de nitrógeno comprimido para transmitir pulsos eléctricos administrando una descarga de 50 mil voltios que deja al individuo incapacitado en forma inmediata. El X26 utiliza dos dardos conductores lanzados a una distancia de hasta 11 metros y transmite una señal eléctrica que ataca al sistema nervioso periférico, afectando la movilidad y el equilibrio.
El fabricante admite que los dardos pueden atravesar varias capas de ropa así como también penetrar hasta una pulgada dentro de la piel, provocando heridas, si la persona está con el torso desnudo o se apunta a una parte descubierta del cuerpo a poca distancia, un dato que había sido negado por las autoridades porteñas. La descarga se activa con el pulsador ubicado en el gatillo y opera en ciclos de unos pocos segundos cada uno, para no realizar una descarga continua. El costo de cada uno de los aparatos, según Bucello y Asociados, es de 2700 dólares por unidad.
El jefe de Gobierno Mauricio Macri aseguró ante la polémica generada que las Taser estarían acompañadas por cámaras, destinadas a evitar abusos por parte de los agentes. El costo de las Taser Cams que irán anexadas a los dispositivos es de 1370 dólares cada una. Según pudo averiguar Página/12, cada una de las cámaras que acompañarán a las Taser de la Metropolitana tiene una memoria que almacena hasta 90 minutos de grabación y se activa de manera automática cuando el dispositivo se coloca en posición de disparo. La memoria de la cámara se encuentra encriptada por lo que no se puede alterar, pero como es limitada, una vez que transcurre una hora y media de grabación los datos anteriores se eliminan y comienza un nuevo ciclo, perdiendo lo almacenado.
Como complemento, el dispositivo posee un chip que registra en su memoria todo el uso del aparato, siempre que sea disparado. Es decir, que es posible obtener un registro de cuántas veces fueron disparados los dardos. Si lo que se necesita es saber bajo qué circunstancias se utilizó, habrá que recurrir a la Taser Cam, siempre y cuando el video de la situación esté disponible.
De la suma de lo que cuesta cada dispositivo surge que el gobierno porteño, sin regatear un centavo de descuento por cantidad, tendría que haber pagado el equivalente a 113.000 pesos por todo el equipamiento. Sin embargo, el costo de la operación fue de 121.000 pesos, pagaderos a la firma Bucello y Asociados S.R.L., representante exclusivo de Taser en Argentina y el proveedor de la mayoría del armamento y material que utilizan las fuerzas de seguridad en el país.

Informe de Gabriel Morini.

7 de febrero de 2010
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policías la violaron en la comisaría


La chica, de 14 años, fue detenida por los papeles de la moto y llevada al destacamento de Guerrico, en Río Negro. Allí, dos policías la violaron y golpearon. Logró escapar y enviar un mensaje a un amigo. Los dos policías siguen en funciones.
[Mariana Carbajal] Argentina. Una niña de 14 años denunció que fue violada por dos uniformados que estaban de guardia y borrachos en el destacamento policial de la localidad de Guerrico, una zona rural de la provincia de Río Negro, a unos 10 kilómetros de General Roca. El hecho ocurrió el 1° de enero y lo investiga el juez de instrucción N° 4 de esa ciudad, Emilio Stadler. Llamativamente, los dos agentes –uno de ellos es suboficial superior– siguen prestando servicios, pero la jefatura de la fuerza provincial los trasladó a otra repartición, el mecanismo al que suele apelar la Iglesia Católica para proteger a sacerdotes imputados de abusar sexualmente de chicas o chicos. Con el lema, "¡Basta de abuso, violencia y ultraje contra las mujeres!", hoy a las 18.30 familiares y vecinos de la niña junto a la Multisectorial de Mujeres del Alto Valle se congregará frente a la seccional para reclamar la separación de sus cargos de los imputados.
"Yo gritaba y pedía ayuda, pero nadie me escuchaba. No había nadie cerca", contó Laura –nombre ficticio– a su mamá, Gloria Apablaza. Según denunció el mismo 1° de enero en la comisaría 3ª de Roca (de la cual dependen la brigada rural de Guerrico), ese día por la tarde, Laura llevaba a su hermana de 22 años en una moto de poca cilindrada a tomar el colectivo desde la chacra en la que viven, hasta una parada situada a pocos metros del destacamento, a la vera de la ruta 22. Laura esperó a que su hermana subiera al micro, pero cuando ya estaba regresando a su casa la detuvieron los dos uniformados para pedirle la documentación de la moto. Laura no la tenía. Entonces, según denunció la niña, la hicieron ingresar a la seccional. Los dos policías, describió Laura, estaban borrachos, seguramente tras los festejos del fin de año. "Mi hija nos contó que la hicieron subir al segundo piso y ahí la violaron, en el mismo destacamento. La tuvieron un par de horas, ella trató de pedir ayuda pero nadie la escuchó. Se quiso escapar pero le tiraron de los pelos y la golpearon, quedó como inconsciente. Al final se pudo escapar", relató ayer a Página/12 la madre de Laura. La moto, agregó, había quedado con la llave puesta. Ya en la calle, en segundos, la niña envió un mensaje de texto a un amigo: "Me violaron". Su amigo, sereno de una empresa frutihortícola de la zona, lo recibió a las 17.07, precisó Apablaza. Con golpes y sangre en la cara, aturdida, Laura arrancó el vehículo y aceleró lo que pudo. Pero en la huida por la ruta 22, a gran velocidad, la moto mordió la banquina y se tumbó. Laura quedó tirada en el suelo. La casualidad quiso que su hermana, la misma que había dejado en la parada algunas horas antes, la vio accidentarse desde el colectivo en el que regresaba de General Roca. Fue ella quien la encontró. Por los golpes y traumatismos que había sufrido, Laura estuvo tres días internada.
Los policías acusados son Rubén Darío Rubio y Víctor Manuel Chumbita. "Queremos que los detengan", dijo la madre de Laura a este diario. La niña declaró en una Cámara Gesell en tribunales el 26 de enero. Apablaza está citada mañana. El fiscal del caso es Miguel Fernández Jadhe. Un dato llamativo: las pericias médicas realizadas a la niña las hizo personal policial, que se quedó con las vestimentas que tenía el día que sufrió el ataque sexual denunciado. El abogado de la familia de la niña es Rodolfo Ponce de León.
En declaraciones a la radio LU 19, de Río Negro, el jefe de la policía de Río Negro, Víctor Cufré, informó que los acusados "están apartados del servicio en la zona de Guerrico para facilitar la investigación. Y comenzó un sumario administrativo" contra ambos. Al mismo tiempo aseguró que siguen en funciones: "Están trabajando en la zona de Roca porque no hay ninguna medida de la Justicia".
"Es inadmisible que estén en funciones, cobrando sueldos del Estado, amparados por la cúpula policial. El jefe de la policía de Río Negro es duramente cuestionado. Una jueza de la provincia, Marisa Bosco, ordenó que se lo investigue por entorpecer una causa en la que están involucrados policías con redes de trata; la defensora del Pueblo también pidió su relevo por encubrir a hombres de la fuerza y denunció nexos entre proxenetas y policías. Ninguna mujer puede sentirse segura en la provincia mientras haya policías abusadores en comisarías y a sueldo", señaló a Página/12 Susana Yappert, integrante de la Red PAR (Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista) y parte de la Multisectorial que hoy marcharán a la brigada rural de Guerrico.
Laura vive con su madre y su padre en una sencilla vivienda ubicada en una chacra en la que se cultivan peras. El padre, Raúl, es tractorista y encargado del lugar: gana 1800 pesos por mes. La madre trabaja sólo en la época de la cosecha, por estos días, controlando la calidad de las frutas: cobra 70 pesos por jornada. Laura está recibiendo apoyo psicológico que le consiguió el Observatorio de Derechos Humanos de General Roca. En las últimas semanas, contó su mamá, pasó por distintos estados de ánimo. "Se encerraba en su cuarto a llorar y no quería hablar. De a poco nos fue contando lo que le hicieron a mí y a su hermana. Tiene mucha bronca. Ahora nos dice que no quiere volver a la escuela, tiene vergüenza, aquí todos se enteraron." En Guerrico, los vecinos cuentan que el destacamento "era como un prostíbulo, que se llenaba de mujeres". Laura cumple 15 años el 26 de abril. A sus padres ya les pidió un regalo. "Quiere una notebook, pero ya le dijimos que no se la vamos a poder comprar, que tiene que elegir otra cosa", contó ayer su mamá. Mientras tanto, los imputados están libres y con uniforme policial.

5 de febrero de 2010
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justicia da marcha atrás


La Cámara de San Martín consideró prescripta la represión por La Tablada. La "sala de feria" del tribunal revocó el fallo del juez Germán Castelli, que había calificado como delitos de lesa humanidad los fusilamientos de los integrantes del MTP que coparon el regimiento. La CIDH consideró responsable al Estado por las ejecuciones.
Argentina. Tres meses después de que la Justicia en primera instancia determinara que fueron delitos de lesa humanidad los fusilamientos de los integrantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que atacaron el cuartel de La Tablada, la Cámara Federal de San Martín consideró prescriptas esas ejecuciones al determinar lo contrario: que se trató de "un hecho aislado que no afectó a la población civil".
Los camaristas revocaron el fallo que el juez federal de Morón, Germán Castelli, había firmado el 10 de noviembre, y en el que había calificado de imprescriptibles las ejecuciones y torturas a 29 miembros del MTP que coparon el Regimiento de Infantería Mecanizada 3, y que tras ser capturados por el Ejército fueron torturados y fusilados. El magistrado se había respaldado en un dictamen de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) que determinó que el fusilamiento de los irregulares rendidos se realizó "en representación del Estado argentino, y contrariando las directivas del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas". Según la Cámara de San Martín, "no se advierte de lo actuado
que confluyan los elementos objetivos y subjetivos que caracterizan a los crímenes de lesa humanidad", por lo que, en virtud de los 21 años transcurridos, son hechos que ya no pueden ser juzgados. En el fallo consideró que se trató de "un acto aislado, espontáneamente emprendido y no planificado con anterioridad, en respuesta a la inesperada agresión ilegítima de que fueron objeto tanto la instalación del Ejército Argentino como sus efectivos".
Sin descartar que los fusilamientos y tormentos aplicados a prisioneros rendidos hubieran ocurrido, consideró que los mismos habrían respondido "a la propia iniciativa de los ejecutores" y no "que hayan obedecido a la política del Estado". El fallo fue emitido por la denominada "sala de feria" del tribunal, integrada por los camaristas Jorge Barral, Hugo Fossati y Alberto Crisculo. Estos jueces entendieron que "no se actuó contra una población civil por una determinada política previa y planificada, sino que se actuó en el marco de un combate espontáneo para recuperar rehenes e instalaciones militares ilegítimamente atacadas".
El juez Castelli había fallado que el fusilamiento de los "irregulares" militantes del MTP tras su rendición "constituyen crímenes de lesa humanidad y como tales son imprescriptibles". En su resolución, que ahora fue revocada, el juez de primera instancia recordó que el entonces presidente Raúl Alfonsín había activado "el más vigoroso brazo armado del país en defensa de la Nación". Pero sostuvo que "varios de los agentes convocados, además de cumplir exitosamente la misión encomendada, aprovecharon el extraordinario poder otorgado, el dominio del escenario de los hechos, la estructura y los recursos estatales, para sobrepasar, sigilosamente, el poder presidencial". Y consideró que así se ejecutaron "graves violaciones al derecho humanitario internacional, que incluyó dificultar las investigaciones".
El juicio por el ataque al cuartel de La Tablada, que había culminado con la condena a los atacantes, ignoró lo que terminó estableciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en 1997: el Estado argentino es responsable por las ejecuciones y torturas a los detenidos. "Las autoridades no lograron identificar los cadáveres de dichas personas a fin de establecer la causa de la muerte", dijo la CIDH al referirse a Carlos Burgos, Roberto Sánchez Nadal, Iván Ruiz Sánchez, José Alejandro Díaz, Carlos Samojedny, Francisco Provenzano, Berta Calvo, Ricardo Veiga y Pablo Martín Ramos. Cinco de ellos permanecen en condición de desaparecidos. Ese organismo internacional determinó la necesidad de realizar "una investigación independiente, completa e imparcial de los hechos para identificar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos". El juez Castelli había accedido a detener e indagar al mayor Jorge Varando y al general Alfredo Arrillaga por su responsabilidad en los hechos, pero el destino de la causa fue sellado ayer con la resolución de la Cámara.

5 de febrero de 2010
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piden 25 años para ex dictador


Las querellas pidieron 25 años de prisión para los generales Bignone y Riveros. En el marco del juicio por la represión ilegal en Campo de Mayo, pidieron que se condene por secuestros y desapariciones al ex presidente de facto y al ex jefe del Primer Cuerpo, que ya está condenado en otra causa. El martes completará su alegato el fiscal.
Argentina. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reclamó ayer al Tribunal Oral Federal 1 de San Martín que condene a la pena máxima prevista en el Código Penal, 25 años de prisión, a los ex jerarcas de Campo de Mayo, incluido el último dictador, general Reynaldo Benito Bignone. La misma pena de prisión efectiva para Bignone y para el ex jefe del Comando de Institutos Militares, el ya condenado Santiago Riveros, reclamó la abogada Alcira Ríos, en su caso por el secuestro, las torturas y el asesinato de Silvia Mónica Quintela, desaparecida tras dar a luz en la maternidad clandestina de Campo de Mayo un varón al que llamó Francisco, que aún no conoce su verdadera identidad. A última hora comenzó el alegato del fiscal Juan Patricio Murray, que continuará el martes a partir de las 9.30.
A diferencia del miércoles, cuando comenzó la acusación de los abogados Ciro Annicchiarico y Mariana Maurer, los imputados prefirieron ayer no estar presentes en la sala de audiencias, la cancha de papi fútbol de la sociedad de fomento José Hernández, en Florida. El general Fernando Ezequiel Verplaetsen, ex jefe de Inteligencia de Campo de Mayo, está internado en el Hospital Militar, en tanto el ex comisario Germán Montenegro no está entre los acusados incluidos en el alegato de la Secretaría de Derechos Humanos, por lo que tampoco estuvo presente.
Sí escucharon el detalle de sus responsabilidades individuales y los pedidos de pena, desde una sala contigua, los generales Riveros, Bignone, que en 1977 era segundo jefe del Comando de Institutos Militares, Jorge Osvaldo García (director de la Escuela de Infantería y luego del Colegio Militar de la Nación), Eugenio Guañabens Perelló (director de la Escuela de Servicio para Apoyo de Combate General Lemos) y el coronel Alberto Roque Tepedino, ex jefe del Batallón de Inteligencia 601 que nutría de interrogadores a Riveros y procesaba la información obtenida bajo tortura en el edificio de Callao y Viamonte.
La secretaría pidió 25 años de prisión para todos los citados, excepto para Guañabens Perelló, imputado en un solo caso (el secuestro, las torturas y la desaparición de Pablo Eduardo Albarracín, que cumplía con el servicio militar obligatorio), para quien solicitó veinte años de cárcel. Los abogados consideraron como agravantes que todos los imputados eran oficiales del Ejército de las más altas jerarquías, que "se formaron gracias al esfuerzo de todos los ciudadanos argentinos", y que lejos de rebelarse "ante los métodos aberrantes del proceso cívico militar", todos ellos "se sintieron y fueron parte consciente y voluntaria del horror".
El alegato de la abogada Alcira Ríos fue sólo por el caso de Silvia Quintela, médica cirujana de 28 años que militaba en la Juventud Peronista y trabajaba en una clínica en Béccar, cerca de la villa La Cava. Quintela fue secuestrada el 17 de enero de 1977 en Florida, donde se desarrolla el juicio, por un grupo de tareas del Ejército. Luego fue trasladada al Campito, el mayor centro de torturas del país, en Campo de Mayo, donde logró que le permitieran atender a algunos secuestrados que llegaban heridos, entre ellos a Juan Carlos Scarpatti, que llegó al centro clandestino con nueve balas en el cuerpo y sobrevivió para contarlo.
"A Cacho Scarpatti lo tiraron en un rincón para que se muriera. Silvia y otra secuestrada, Graciela Eiroa, también desaparecida, le sacaron las balas y le curaron las heridas", recordó ayer la abogada Alcira Ríos, que lleva el caso desde el retorno de la democracia."La mantuvieron con vida hasta que nació su hijo, a mediados de 1977. Una sobreviviente contó que ella pensaba mucho en su hijo. ‘No van a ser tan criminales de quedarse con los chicos, ¿no?’, le preguntaba. Por esa época los militares de Campo de Mayo ya programaban las cesáreas para que tuvieran a los hijos cuando ellos quisieran", recordó. Luego del parto por cesárea la llevaron otra vez al Campito, y una semana después, según la declaración de Scarpatti, "la trasladaron" quién sabe a dónde.
Ríos destacó ante los miembros del tribunal que la desaparición es un delito permanente, que continúa en tanto no aparecen los cuerpos. "Sólo los imputados pueden permitirnos llegar a la verdad, pero lamentablemente continúan fieles al pacto de silencio que sellaron mucho antes del comienzo de la dictadura", explicó la abogada, que pidió 25 años de prisión para Bignone y Riveros, únicos imputados por el caso. El martes continuará el alegato de los fiscales Juan Patricio Murray, Javier De Luca y Marcelo García Berro.
Hasta el momento sólo Riveros y García, condenados en el primer juicio de Campo de Mayo por el caso Floreal Avellaneda, pasan sus días en el penal de Marcos Paz. Bignone, Guañabens Perelló y Tepedino gozan de arresto domiciliario, en el último caso a pesar de haberlo violado en 2003, tal como documentó Página/12. El comisario Montenegro está excarcelado, por lo que llega y se va caminando por sus propios medios.

5 de febrero de 2010
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suspenden reanudación de juicio


Se suspendió el reinicio del juicio a los represores. El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario suspendió ayer el reinicio de las audiencias debido a que el represor sufre una "afección cardíaca" que "le impide participar de las mismas". De todas maneras, los alegatos comenzarían hoy.
Colombia. El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario suspendió ayer el reinicio de las audiencias por el juicio contra cinco represores que operaron en los centros clandestinos de detención la Quinta de Funes y Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu. El presidente del TOF Otmar Paulucci comunicó que la actividad se retomará recién mañana, debido a que los defensores oficiales del imputado Oscar Pascual Guerrieri presentaron un informe médico que alega que su defendido se encuentra impedido de participar del proceso por presentar problemas de salud. Además de anunciar el informe que señala la "afección cardíaca" que "le impide participar de la audiencia", el TOF1 informó que ya cursó una solicitud al cuerpo de médicos forenses para chequear el estado de salud de Guerrieri, imputado por graves delitos de lesa humanidad junto a Jorge Fariña, Juan Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo.
La jornada comenzó con una rueda de prensa frente al tribunal convocada por el Espacio Juicio y Castigo Rosario, que nuclea a organismos de derechos humanos como Madres, Familiares, APDH, MEDH, HIJOS y a un conjunto de organizaciones sociales y políticas, en la que reclamaron al Tribunal Federal Oral Nº 2 que "una sala donde entren todos los familiares, testigos, querellantes y público que quiera ser parte de este proceso".
Los organismos también pidieron a los jueces que "sean fieles a la verdad y den cárcel común perpetua y efectiva para todos los represores, pena que se desprende claramente de la prueba generada a lo largo del proceso".
Juicio y Castigo Rosario marcó su convicción: "No nos quedan dudas que la pena que le cabe a los represores es la cadena perpetua. Porque en este juicio, a través de los valientes testimonios de los sobrevivientes del genocidio, de los documentos aportados, e incluso de las declaraciones de dos integrantes de la propia patota, se han probado 17 homicidios, increíbles torturas realizadas".
Estaban presentes la diputada Alicia Gutiérrez, Eduardo Toniolli, Ana Moro, Elida Luna, Juan Rivero, Carlos Novillo, y la secretaria de Derechos Humanos Rosa Acosta, acompañada por el director y subdirector del Programa provincial de Acompañamiento y Protección de Testigos y Querellantes de Delitos de Lesa Humanidad, Oscar Blando, y Daniel Boccoli, respectivamente.
Acosta valoró como "muy importante esta instancia porque nos estamos acercando al final de la primer causa por delitos de lesa humanidad de Rosario". La funcionaria provincial destacó que "desde la Secretaría de Derechos Humanos y desde un comienzo, tanto en este juicio como en el de Santa Fe, hemos colaborado para que el desarrollo de los mismos se haga con el debido proceso, contando con los elementos, protegiendo a las víctimas y a los abogados querellantes, y generando espacios para la publicidad que debe tener todo juicio, sobre todo los de delitos de lesa humanidad".
En ese sentido, Acosta recordó que a través de la Secretaría de Comunicación Social y con la Dirección Provincial de Gobierno Digital, "facilita una conexión satelital gratuita para los medios audiovisuales de todo el país y transmite por Internet a través de la página web oficial las partes del juicio autorizadas por el tribunal. Así sucederá con los alegatos que están próximos a producirse en la causa Guerrieri, y con la sentencia".
"Con esta medida se busca garantizar el acceso a la información de la ciudadanía a estos juicios históricos en los que se juzgan las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura, como un aporte a la democracia y a la búsqueda de memoria, verdad y justicia", indicaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La secretaria de Derechos Humanos destacó: "Hemos estado trabajando durante estos dos años a través de los equipos de investigación, apoyatura y seguimiento de causas judiciales por delitos de lesa humanidad, aportando pruebas extraídas de la documentación que obra en poder del Ejecutivo a través del Archivo Provincial de la Memoria".
Tanto Acosta como Blando, Bóccoli y otros funcionarios acompañaron a víctimas, testigos, querellantes y organismos de derechos humanos que se nuclearon ayer en la puerta del tribunal federal de Rosario.
La causa Guerrieri, más conocida como Quinta de Funes, y su acumulada Jordana Testoni, investiga delitos cometidos por el terrorismo de Estado en distintos centros clandestinos de detención de la zona. Tras comenzar el 31 de agosto de 2009, se suspendió a fines de diciembre y continúa a partir de mañana en lo que representa el tramo final del juicio.

3 de febrero de 2010
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armas de policía son tortura


Denuncian ante la justicia al gobierno porteño por las pistolas que electrocutan. Mauricio Macri y su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, fueron denunciados por el abogado Eduardo Barcesat a raíz de la compra de las Taser. El jefe de Gobierno defendió otra vez el uso del arma porque "dan seguridad".
Argentina. Un nuevo capítulo, esta vez judicial, se abrió en torno de la polémica compra por parte del gobierno porteño de las pistolas Taser X26 para equipar a la flamante Policía Metropolitana. El abogado Eduardo Barcesat denunció penalmente al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y a su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, por "actos preparatorios" del presunto delito de torturas por la compra de las pistolas que descargan electricidad. Mientras la oposición porteña impulsa que se prohíba por ley el uso de estas armas, Macri insiste en que son para "dar seguridad".
En una denuncia de seis carillas presentada el lunes y ratificada ayer, Barcesat señaló que las pistolas que liberan impulsos eléctricos tienen "carácter de instrumento de tortura gravemente lesivo de la integridad de la persona humana". Consultado por Página/12, el constitucionalista dijo que el objetivo es "frenar la utilización" de esos dispositivos de manera cautelar antes de que la Metropolitana salga a la calle este viernes: "Un delito está en curso y es deber de la Justicia evitar que se consume". Barcesat afirmó que "está en juego la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura", así como normas constitucionales que prohíben los tormentos y artículos del Código Penal que reprimen con hasta 25 años de prisión al funcionario público que impusiere "cualquier forma de tortura".
La utilización de esas pistolas de descarga eléctrica "registra numerosos precedentes de haber provocado la muerte de quienes recibieron la descarga, lo que ha motivado severos pronunciamientos de organizaciones de derechos humanos", aludiendo, entre otros, a Amnistía Internacional, que ha hecho observaciones adversas al uso de estos dispositivos.
La denuncia recayó en el juzgado federal a cargo de Claudio Bonadío. Los próximos pasos girarán en torno de la competencia del juzgado y la celeridad con la que el fiscal impulse la causa. Fuentes judiciales indicaron que Bonadío remitirá el expediente al fiscal Gerardo Di Massi para que formule el respectivo "requerimiento" si considera pertinente la apertura de la investigación penal. Tanto el fiscal como el juez podrían declararse incompetentes por entender que debe intervenir la Justicia de instrucción y no la federal, ya que los funcionarios denunciados son comunales y no nacionales.
Sin embargo, Barcesat explicó a este diario que la elección del fuero federal fue "meditada" y la causa "se inició en esa sede porque se trata de la aplicación de una convención internacional –contra la tortura–, que es materia eminentemente federal". El abogado sostuvo que los "casos excepcionales o delitos especiales" a los que el gobierno de la ciudad hace referencia para justificar el uso de las Taser "es una cobertura semántica para la aplicación lisa y llana de un instrumento de tortura".
En tanto que legisladores porteños de la oposición también presentaron un proyecto para prohibir el uso, dentro de la ciudad, de las pistolas Taser X26 por parte de fuerzas de seguridad. El legislador de Encuentro Popular para la Victoria Francisco "Tito" Nenna elaboró el proyecto de ley, que fue refrendado por los bloques Nuevo Encuentro, Proyecto Sur y Coalición Cívica.
El proyecto plantea la modificación de un artículo de la ley de conformación de la Policía Metropolitana a partir de la inclusión de un inciso que prohíbe la utilización de "armas eléctricas o electrónicas tales como rifles electrónicos, pistolas electrónicas u otros dispositivos similares de descargas eléctricas, así como cualquier otra técnica o instrumento observado u objetado por el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas".
Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, volvió a defender el uso de las armas de descarga eléctrica argumentando que "más de 300 policías del mundo las usan", e insistió en que "son en beneficio de dar seguridad a la gente". Macri aseguró que "es tecnología que ayuda a disuadir, sin víctimas fatales", y aseguró que el personal "está entrenado" para utilizarlas.
En el mismo sentido, el diputado macrista Martín Borrelli acusó: "Aquellos que critican las Taser terminan defendiendo el uso del bastón y la pistola, denostando por ignorancia métodos más modernos y menos violentos para la represión del delito".

3 de febrero de 2010
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último tramo del juicio


Comienzan los alegatos de las querellas contra represores. El Espacio Juicio y Castigo convoca a un acto para esta mañana en reclamo de una sala donde entren familiares, testigos, querellantes y público. Y reforzarán el pedido de cárcel común perpetua y efectiva para todos los represores.
Argentina. Hoy se reinicia el juicio oral y público por terrorismo de estado que se sustancia ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario. La jornada comenzará con la ampliación indagatoria de Juan Daniel Amelong, uno de los cinco represores sentados en el banquillo, que intentará despegarse de las acusaciones lanzadas en su contra desde Brasil por Gustavo Bueno, ex miembro del aparato de inteligencia militar durante la última dictadura. A la misma hora que esto ocurra el espacio Juicio y Castigo Rosario, integrado por organismos de derechos humanos como Madres, Familiares, APDH, MEDH, HIJOS y un conjunto de organizaciones sociales y políticas, convocó en las puertas mismas del tribunal federal de Oroño 940 a "todos los rosarinos a acompañar este último tramo del juicio en el que se leerán los alegatos de las querellas, es decir, las acusaciones finales contra los imputados". A través de un comunicado el espacio Juicio y Castigo convocó a partir de las 10 de la mañana para "apoyar a los querellantes y testigos".
La actividad estará centrada en varios ejes, según señala el comunicado de los organismos: "Seguiremos reclamando al Tribunal Federal Oral Nº 2 que queremos una sala donde entren todos los familiares, testigos, querellantes y público que quiera ser parte de este proceso. Y reforzaremos nuestro pedido de cárcel común perpetua y efectiva para todos los represores (pena que se desprende de la prueba generada a lo largo del proceso)".
El texto aclara que "además recordaremos que el próximo miércoles, día en que se realicen las actividades conmemoratorias patrias en San Lorenzo, no podemos olvidar el proceso pendiente que continúa abierto en relación al candidato no asumido Pedro ’Pili’ Rodríguez (quien se encuentra procesado por el delito de secuestro y torturas contra militantes del Cordón Industrial)".
"A nosotros no nos quedan dudas de que la pena que le cabe a los represores es la cadena perpetua. Porque en este juicio, a través de los valientes testimonios de los sobrevivientes del genocidio, de los documentos aportados, e incluso de las declaraciones de dos integrantes de la propia patota, se han probado 17 homicidios, increíbles torturas realizadas a decenas de secuestrados en los cinco centros de detención ilegal montado por la dictadura, el robo de bebés, y la desaparición decenas de militantes comprometidos en la lucha contra el terrorismo de estado", concluye el comunicado de Juicio y Castigo.
Cabe recordar que los cinco imputados del juicio son los militares Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Amelong y los civiles de inteligencia Walter Pagano y Eduardo Costanzo, quienes están siendo juzgados por ser parte de la patota que operó en los centros clandestinos de detención La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia y Fábrica Militar.
Por su parte la Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional del Sinidcato de Prensa Rosario expresó ayer su "disconformidad y preocupación por la forma en que debieron trabajar los periodistas de la ciudad en la cobertura del juicio que, por delitos de lesa humanidad, se desarrolla en los Tribunales Federales de Rosario. Las condiciones establecidas para el trabajo periodístico en el marco de la causa Guerrieri Amelong, resultaron limitativas ya que impidieron ingresar a la sala con los instrumentos de trabajo. Se desconoció el contenido y los alcances de la acordada 29/2008 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referida a la difusión de los juicios orales".
El texto señala que "desde el martes 1º de septiembre de 2009 en que comenzó el proceso les fue asignado un sitio a los trabajadores de prensa, el auditorio de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, ubicado a más de 13 cuadras del lugar en el que se desarrolla el juicio, en el Tribunal Oral Federal Nº1 . Pero lo más preocupante fue la prohibición para que los trabajadores de prensa ingresen a ese espacio con sus instrumentos de trabajo. Así, quienes durante esos meses cubrieron las instancias de cada día, debieron dejar a la entrada de calle Entre Ríos al 400, sus grabadores, teléfonos móviles y computadores portátiles. Esta prohibición, debe darse cuenta el Tribunal, va en desmedro de la rigurosidad periodística que nuestros compañeros debieron salvar con un gran esfuerzo, que aunque realizado, no tiene justificación ni menoscaba la gravedad de la prohibición".

3 de febrero de 2010
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