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compró casa robada a secuestrados


Olvidos del comprador de la casa robada por la patota al matrimonio García. El empresario inmobiliario Omar Roberto Galetto compró el inmueble que los represores le sustrajeron a dos víctimas. Ayer, en el juicio oral y público, el testigo se excusó de responder muchas de las preguntas, y fue contradictorio.
[Juan Carlos Tizziani] Argentina. El empresario inmobiliario Omar Roberto Galetto se escudó ayer en su desmemoria en el juicio a los represores santafesinos cuando le preguntaron sobre la compra de una casa en calle Milenio de Polonia 4050, propiedad de los esposos Daniel García y Alba Sánchez, quienes denunciaron que el grupo de tareas que los secuestró durante la dictadura también los despojó de todos sus bienes: la vivienda, los muebles que había adentro, una camioneta Ford F 100 y una lancha que guardaban en la cochera. "Fuimos un botín de guerra", dijo García en el juicio. Ayer, Galetto admitió que compró la propiedad, pero pifió en la época: dijo que la operación había sido "en 1983, 1984 o 1985", pero la escritura tiene fecha 30 de marzo de 1979.
Y describió al supuesto dueño de la casa como "un señor de físico grande, alto", de "40 a 50 años" que "me dijo que era abogado, pero el apellido no me acuerdo" y cuando le exhibieron una copia del documento de identidad de García no lo reconoció. "No sé quién es", contestó. La descripción del vendedor que aportó Galetto no se condice con García, quién no es abogado y en esa época tenía 25 años.
García, su esposa y una compañera de militancia que estaba clandestina en Santa Fe, Andrea Trincheri, cayeron el 6 de diciembre de 1977. Un grupo de tareas los mantuvo secuestrados en una casa quinta en Villa California (que reconocieron la semana pasada), hasta el 25 de mayo de 1978. Pero no pudieron regresar a su casa de Milenio de Polonia. "Nos dijeron que la casa había sido comprada con dinero de la subversión y por lo tanto debía volver a la patria", relató García en el juicio. El matrimonio y sus hijos se refugiaron entonces en la casa de sus padres.
El seguimiento y las llamadas intimidatorias siguieron hasta marzo de 1979, cuando los García fueron obligados a transferir la vivienda bajo amenazas. Una de las pruebas que el matrimonio aportó en el juicio es una carta del escribano Régulo Martinez, que los convocó "a realizar la escritura, pero con un abogado, Guillermo Pereyra y la señora Beatriz Norma Lértora", recordó Daniel.
La escritura se firmó en la escribanía de Martínez. García fue con su esposa y allí se topó con uno de los integrantes del grupo de tareas e imputado en el juicio: Héctor "Pollo" Colombini. "El escribano nos dijo: "Firme acá, firme acá. Y hasta luego", afirmó el querellante. Con el tiempo, García descubrió que la escritura no estaba a nombre del doctor Pereyra, sino que figuraba un corredor inmobiliario, Omar Roberto Galetto, a quien no conocían. "Inclusive, en la escritura, mi apellido materno está cambiado: figura Tonelli y yo soy Torielli", agregó.
Ayer, Galetto declaró como testigo en el juicio, propuesto por el defensor oficial Fabio Procajlo, que defiende al ex juez Víctor Brusa. De entrada se hizo el sorprendido. "No sé por qué estoy acá", dijo. Pero cuando Procajlo le preguntó si había comprado la casa de Milenio de Polonia contestó: "Sí, la compré con un crédito del Banco Hipotecario en 1983, 1984 o 1985. El dueño me dijo que era abogado, pero el apellido no me acuerdo".

¿Recuerda cómo fue la transacción? -insistió el defensor de Brusa.
Había un señor de físico grande y no me acuerdo más -respondió

Galetto. Su estado de tensión le impedía controlar el movimiento de sus piernas.
El fiscal Martín Suárez Faisal pidió que le muestren los documentos sobre la transferencia del inmueble incorporados a la causa. La transacción se hizo el 30 de marzo de 1979. Galetto se sorprendió con la fecha: "Yo creí que era en 1984", dijo. Y cuando leyó que García figuraba como vendedor, agregó: "Sí, García me la vendió".

-¿En la firma de la escritura estaba la esposa de García? -le preguntó el presidente del Tribunal, Roberto López Arango.
No recuerdo. La fecha sí puede ser 1979. Esto que está acá es real.

Además del escribano, ¿había otra persona?
No recuerdo.

¿Qué destino tuvo la casa? -quiso saber el fiscal.
Fui a vivir.

¿Tenía marcas de bala?
No me acuerdo.

Galetto dijo que le mostraron la casa antes de comprarla. "Vivía un matrimonio con tres o cuatro chicos", relató. Los García tienen dos hijos. Una jueza del Tribunal pretendió entonces indagar sobre ese punto: "¿La persona que le mostró la casa era la misma que después firmó la escritura?" -preguntó la doctora Andrea Creus
No recuerdo -sostuvo Galetto

A pesar de que antes había dicho que compró la casa en 1984 y después se rectificó cuando vio la escritura de 1979, Galetto pareció tener otra traición de la memoria cuando recordó la búsqueda de una propiedad para no perder la chance del préstamo del Banco Hipotecario. "Fue una búsqueda bastante violenta (sic) porque se terminaba el período para tomar el crédito. Un momento traumático (sic)", dijo con cierto tono de melodrama. Y después, cuando le preguntaron a quién le había pagado el precio de la casa, volvió a escudarse en la desmemoria. "No sé, alguien se llevó la plata. No recuerdo quién", dijo.

24 de noviembre de 2009
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a juicio la banda de suárez mason


Comienza el juicio a diecisiete represores del Primer Cuerpo de Ejército. Los represores juzgados actuaron en los centros clandestinos de detención Club Atlético, El Banco y Olimpo, que dependía del Primer Cuerpo de Ejército. Estaban bajo las órdenes de Suárez Mason y de Olivera Róvere.
[Diego Martínez] Argentina. ‘El Turco Julián’ reparte cadenazos y explica: "No soy un monstruo, lo hago por la patria". Un adolescente judío es obligado a ladrar, caminar y morder como un perro. ‘Quintana’ toca la guitarra y le canta el feliz cumpleaños a un secuestrado. ‘Cobani’ muele a patadas a una mujer embarazada de siete meses. ‘Soler’ se ufana de estar infiltrado en la Facultad de Derecho. ‘El Cura’ lleva un televisor para que los cautivos vean la misa de domingo y se ofrece como confesor para impartir castigos y absoluciones. Guerreros sin uniforme recitan discursos de Hitler y violan a mujeres indefensas.
Las imágenes, recuerdos de sobrevivientes de los centros clandestinos Club Atlético, Banco y Olimpo, se recrearán a partir de mañana en el subsuelo de Comodoro Py, donde el Tribunal Oral Federal 2 (TOF-2) juzgará durante ocho meses a diecisiete imputados por secuestros, torturas y homicidios contra 184 víctimas. Los delitos de lesa humanidad que llegan a juicio se cometieron en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, bajo el mando de los generales Carlos Suárez Mason, ya fallecido, y Jorge Olivera Róvere, condenado por el TOF-5 a prisión perpetua simbólica: en libertad.
El juicio oral que conducirán Jorge Alberto Tassara, Ana María D’Alessio y María Laura Garrigós de Rébori será el más representativo hasta ahora de las dimensiones del terrorismo de Estado en la ciudad de Buenos Aires. Desde el primer proceso por delitos de lesa humanidad en Py, en 2006, pasaron por el banquillo autores mediatos como los brigadieres de Mansión Seré o los ex jefes de áreas, ladrones de bebés como el gendarme Víctor Rei, asesinos como los de la Masacre de Fátima, y el torturador Julio Simón, alias ‘el Turco Julián’, juzgado en soledad. El juicio que comienza mañana, con cuatrocientos testigos y quince imputados como autores directos de los delitos, marca un quiebre en el proceso de verdad y justicia, que dará un nuevo paso el 11 de diciembre, cuando comiencen a rendir cuentas ex miembros de grupos de tareas de la ESMA, y otro cuatro días más tarde, cuando arranquen las audiencias con ocho represores de El Vesubio como acusados.
Diez de los imputados son de la Policía Federal, entre ellos el principal Roberto Antonio Rosa, alias ‘Clavel’, de breve fama por su relación con el juez Norberto Oyarbide en un caso de protección de prostíbulos; el oficial Ricardo Taddei, alias ‘Padre’ o ‘Cura’, detenido en 2006 en Madrid y extraditado desde España, donde vivió veinte años; el subcomisario Samuel Miara, alias ‘Cobani’, condenado a doce años de prisión por la apropiación de los mellizos Reggiardo Tolosa; el suboficial Simón, que va en busca de su tercera condena; y el guardia Juan Carlos Falcón, alias ‘Kung Fu’, por su destreza en las artes marciales. Los últimos tres son investigados en primera instancia por abusos sexuales denunciados por sobrevivientes. Acompañarán a los policías un agente del Servicio Penitenciario Federal, dos oficiales superiores de Gendarmería responsables de la seguridad de los centros clandestinos y los traslados a Campo de Mayo, y cuatro integrantes del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, donde se procesaba la información obtenida en las mesas de torturas y se ordenaban nuevos secuestros: su ex jefe, coronel Carlos Alberto Roque Tepedino; el agente civil Raúl Guglielminetti, famoso por su eficacia en secuestros extorsivos a principios de los ‘80 y ex custodio del presidente Raúl Alfonsín; el capitán Enrique José Del Pino, alias ‘Miguel’, detenido en 2007 luego de un año y medio prófugo; y el coronel Mario Alberto Gómez Arenas, condenado en Neuquén por su actuación como jefe del Destacamento de Inteligencia 182. Gómez Arenas será juzgado esta vez como segundo jefe de la Central de Reunión del batallón de Viamonte y Callao.
A diferencia de los jerarcas de Mansión Seré o de los ex jefes de áreas, que comenzaron y terminaron el proceso en libertad, la mayor parte de los imputados que juzgará el TOF2 están detenidos en cárceles: ocho en el pabellón de lesa humanidad de Marcos Paz, tres en Devoto, tres en Ezeiza, y el capitán Del Pino en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo, en el corazón de la mayor guarnición del Ejército, donde ningún fiscal ni juez federal realizó nunca una inspección ocular. Sólo el coronel Tepedino, retratado por Página/12 en 2003 mientras violaba el arresto domiciliario, conserva ese privilegio por gentileza de la justicia.
El circuito Atlético, Banco y Olimpo fue en la práctica "un mismo centro que mutó de nombre y ubicación pero no de detenidos, guardias y elementos de suplicio", escribió el juez federal Daniel Rafecas, responsable de la instrucción de la megacausa Primer Cuerpo. El primero funcionó hasta diciembre de 1977 en los sótanos de la División Suministros de la Policía Federal, en Paseo Colón, y fue demolido para construir la autopista 25 de Mayo. Patotas y secuestrados fueron trasladados de manera provisoria a El Banco, en Autopista Riccheri y Camino de Cintura, mientras se acondicionaba El Olimpo, en Lacarra y Ramón Falcón, funcionó hasta fines de 1979, cuando Suárez Mason dejó la jefatura del Primer Cuerpo.
El juicio oral tendrá dos etapas. La primera es la causa Miara, tiene quince acusados y abarca 181 casos de privaciones ilegales de la libertad y torturas. La segunda, conocida como ‘Tepedino’, es sobre el homicidio de Carlos Fassano y Lucila Révora de De Pedro, embarazada de ocho meses. Tiene a dos imputados comunes (Del Pino y el penitenciario Juan Carlos Avena), a quienes se sumarán los coroneles Tepedino y Gómez Arenas. La postergación es porque el ex jefe del Batallón 601 afronta desde hace tres semanas su primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo, en el TOF de San Martín.
La instrucción de la megacausa Primer Cuerpo continúa a cargo del juez Rafecas, que en junio del año pasado elevó los casos que llegan a juicio. Tras la reasignación de expedientes que por razones de conexidad se abarrotaban en el TOF-5, ordenada por la Cámara Nacional de Casación Penal a instancias de la Procuración General de la Nación, el juicio a los grupos de tareas de la Policía Federal recayó en el TOF-2. El comienzo estaba previsto para el 20 de octubre pero se postergó por las denuncias contra el juez subrogante Alberto Pravia, investigado por irregularidades en un concurso del que participó como jurado.
La acusación estará a cargo del fiscal federal Alejandro Alagia y de un grupo de organismos encabezados por el CELS y Kaos. El juicio comenzará mañana a las 14 con la lectura del auto de elevación. Dos horas antes, en la vereda de Comodoro Py, la agrupación H.I.J.O.S. lanzará la campaña ‘Ponete la camiseta por el Juicio y Castigo’. A diferencia de sus pares del TOF-5, los jueces Tassara, D’Alessio y Garrigós de Rébori permitirán el ingreso de reporteros gráficos minutos antes de cada audiencia. A diferencia del resto de los tribunales que juzgan crímenes de la dictadura, impedirán tomar imágenes de los acusados hasta la etapa de los alegatos. Se trata de un novedoso modo de burlar la acordada de la Corte Suprema de Justicia sobre publicidad de los procesos, ahora con el objetivo de volver a someter a los sobrevivientes a reconocimientos en público de quienes los torturaron en cautiverio.

Buenos Muchachos
Imputado                                        Alias                             Fuerza
Raúl Guglielminetti                      Mayor Guastavino     Civil
Samuel Miara                                 Cobani                          PF
Julio Simón                                     Turco Julián                 PF
Raúl González                                Negro o Mayor Raúl  PF
Eufemio Uballes                            Führer o Anteojito       PF
Eduardo Kalinec                            Doctor K                       PF
Roberto Rosa                                  Clavel                            PF
Juan Carlos Falcón                         Kung Fu                       PF
Luis Donocik                                  Polaco Chico                PF
Óscar Rolón                                    Soler                              PF
Ricardo Taddei                              Padre o Cura                PF
Juan Carlos Avena                         Centeno                        SPF
Guillermo Cardozo                       Cortés                           Gendarmería
Eugenio Pereyra Apestegui         Quintana                     Gendarmería
Enrique Del Pino                           Miguelito                     Ejército
Carlos Tepedino                                                                   Ejército
Mario Gómez Arenas                                                           Ejército

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habla la viuda de una masacre


Habla la viuda de Alberto Corazza, una de las víctimas de la masacre de las Verbenas. Marta Pugliese quiere ser querellante en la causa para investigar el asesinato de su esposo y ocho personas más, en un enfrentamiento fraguado por el Ejército para asesinar a militantes del ERP, en 1977 en Granadero Baigorria.
[José Maggi] Argentina. Marta Pugliese es la viuda de Alberto Corazza, una de las nueve víctimas de la Masacre de Las Verbenas como se conoce al enfrentamiento fraguado que el Ejército simuló para asesinar a un grupo de militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, en una propiedad del barrio San Fernando de Granadero Baigorria. El último domingo, Marta pudo conocer en este diario el testimonio de Eduardo Costanzo quien reveló la trágica trama, oculta por más de treinta años y la hizo retroceder al atardecer del 2 de julio de 1977 cuando después de soportar la burla del General Galtieri, se llevó un cajón cerrado, con los restos de su esposo. No pudo abrirlo, ni velarlo. Su duelo duró así más de una década. Ahora, Marta quiere ser querellante en la causa que se abrió en la justicia federal y que con la denuncia de Costanzo impulsa ahora la fiscal Mabel Colalongo.
Marta comienza recordando esa triste jornada: "El 2 de julio de 1977 me entregaron su cuerpo en la morgue de la Escuela de Policía de Rosario donde fuimos con mi cuñado Simón Coraza que era psiquiatra. Previo a este trámite el mismísimo general (Leopoldo Fortunato) Galtieri me interrogó en el Comando del Segundo Cuerpo. Cuando le pedí que me dejara llevar el cuerpo de mi esposo para darle cristiana sepultura, Galtieri se rió y me dijo `cómo le va a dar cristiana sepultura a un comunista y guerrillero’. Esa es su opinión, le contesté. Finalmente a la seis y media de la tarde, llegamos a la puerta de la morgue policial y a mi no me dejaron entrar, porque como estaba embarazada de tres meses, me dijeron que me iba hacer mal. Mi cuñado ingresó y le costó reconocerlo". Su hermano Simón lo identificó por las secuelas físicas de un accidente que había tenido Alberto: cuando estaba con nuestro hijo Camilo en un parque de diversiones que estaba pegado a la Terminal de Omnibus, una hamaca voladora lo golpeó en la cabeza, cuando estaba atando al nene. Tuvo una problema serio y quedó hemipléjico, tenía paralizado el lado izquierdo, y caminaba con un bastón. Esta operación le dejó una cicatriz importante en la cabeza del lado derecho, por la que lo reconoció. Habida estado dos meses secuestrado y tenía barba.

¿Tenía disparos su cuerpo?
Como no lo podíamos ver, le pedí al señor de la funeraria que cuando lo sacara de la morgue le levantara la ropa y se fijara : me contó que tenía dos disparos, uno en la pierna y otro a la altura del corazón. Como que estaba rematado. Cuando lo sacamos de la morgue me dijeron que no podíamos abrir el cajón, ni velarlo tampoco, y que lo tenía que traer directo al cementerio a Santa Fe. Pero antes tuvimos que pasar por Granadero Baigorria y después por San Lorenzo para que el Registro Civil y la policía no dieran el permiso para transitar con el cuerpo hasta Santa Fe. Finalmente lo pusimos en un panteón familiar.

¿Cómo vivió toda esa historia?
Yo estaba embarazada de tres meses, y sentí muchísimo dolor injusticia y bronca. En todo momento traté de estar tranquila porque todo eso podía dañarme.

¿Cómo fue su vida después?
Lo esperé a Alberto durante diez años, no podía aceptar que estuviera muerto. Mi duelo me duró diez años. Yo lo esperaba, para mi era imposible que le hubiese pasado algo. Es muy difícil de aceptar cuando desaparece una persona, yo lo busqué a Alberto por todas partes, toqué todas las puertas, golpeé todas las puertas durante los casi dos meses que estuvo secuestrado.

¿Con quién habló?
Presenté un recurso de habeas corpus en el juzgado federal de Rosario, fui a la policía, mandé cartas al poder ejecutivo nacional, provincial, y al Segundo Cuerpo de Ejército cuando el 1 de julio de 1977 apareció la noticia en los diarios.

¿Cómo lo secuestran a Alberto?
No lo sé. Se fue a trabajar el 18 de mayo del 77 y nosotros teníamos que vernos para llevar al médico a Camilo, al Sanatorio Británico. Me llamó a la casa de mi tía, y me dejó dicho que me iba a volver a hablar, pero faltó a la consulta médica. Era raro que faltara, no llegaba tarde a ningún lado. Después volví a nuestra casa de Libertad al 1600, en un barrio muy humilde cerca de Casiano Casas. Vivíamos en Buenos Aires pero nos vinimos a Rosario después de la muerte de Perón en el 75 porque se había puesto muy bravo por allá, y perseguían mucho a los abogados. Vendimos nuestro departamento y compramos acá, pero nos agarró el Rodrigazo.

¿Cómo recuerda a Alberto?
Terminó la secundaria y entró a la Facultad de Derecho a los 15 años, y a los 18 ya era abogado. Después dió cátedra de Sociología ad honorem, para devolverle a la facultad la posibilidad de haberlo hecho estudiar. Tenía ese nivel de conciencia.

22 de noviembre de 2009
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adn complica a dueña de clarín


Argentina: Ley sobre hijos de desaparecidos complica a dueña de diario Clarín
Senado aprobó legislación que autoriza a tomar aunque sea por la fuerza las muestras biológicas de descendientes de detenidos desaparecidos.

[Pedro Schwarze] Argentina. Con el respaldo de los votos oficialistas, de la Unión Cívica Radical (UCR), de los socialistas y de los peronistas disidentes, el Senado argentino aprobó la noche del miércoles por abrumadora mayoría, de 57 votos a favor y uno en contra, una ley que autoriza a la justicia a ordenar la toma compulsiva de muestras biológicas para obtener el ADN y determinar así la identidad de presuntos hijos de desaparecidos durante la última dictadura transandina (1976-1983).
La medida impulsada por el gobierno y respaldada por la agrupación de las Abuelas de Plaza de Mayo, generó un debate por el choque entre el derecho a la intimidad y el derecho a la verdad.
La nueva ley establece que "serán admisibles mínimas extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas" para determinar la identidad de una persona, y establece que si el juez lo estima "podrá ordenar la obtención de ADN por medios distintos a la inspección corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo".
Las Abuelas de Plaza de Mayo calculan que unos 500 niños nacieron cuando sus padres estaban detenidos, algunos de los cuales fueron entregados en adopción a los mismos represores. Hasta ahora, esa organización  ha logrado ubicar e identificar a 99 de ellos. Sin embargo, algunos supuestos hijos de detenidos desaparecidos se han negado a hacerse exámenes para confirmar o descartar esa posibilidad.

Procesamiento y Detención
Uno de los casos más conocidos es el de los hijos de la dueña del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble (84), quienes se han negado a entregar muestras biológicas. Precisamente la líder de la opositora Coalición Cívica Elisa Carrió acusó al gobierno de Cristina Fernández de utilizar esta ley en su disputa con Clarín. Pero la presidenta de las Abuelas, Estela de Carlotto, descartó esa intencionalidad. "Acá estamos buscando a centenares de nietos, no los Herrera de Noble", aseguró.
Sin embargo, el analista James Neilson aseguró a La Tercera que "muchos dan por descontado que Néstor Kirchner ha aprovechado una oportunidad para atacar una vez más a la dueña de Clarín". Aun cuando era conocido en algunos círculos, el caso quedó al descubierto en 2002, cuando el juez Roberto Marquevich puso bajo arresto durante algunos días a la viuda de Roberto Noble, el fundador de Clarín, por los cargos de falsificación de documento público, falsedad ideológica, uso de documento público falso e inserción de datos falsos en un documento civil.
Todas esas acusaciones estaban basadas en los trámites de adopción de sus hijos, Marcela y Felipe, en 1976. Ernestina Herrera, quien enviudó en 1969, adoptó a ambos pocos meses después del golpe militar de ese año. Las Abuelas de Plaza de Mayo recibieron desde 1985 "denuncias de que los hijos adoptivos de la señora Herrera de Noble eran hijos de desaparecidos", explicaron. Pero no fue hasta comienzos de 2001 cuando presentaron una querella para aclarar esa sospecha. Sin embargo, hasta ahora no se ha avanzado más. "Muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal", ha dicho Ernestina Herrera.

Julio Burdman, Analista Político Argentino: "Los Kirchner Quieren Dejar Huella en la Cuestión de los 70"

¿Por qué no se había tramitado anteriormente esta ley si tenía tanto apoyo parlamentario?

Supongo que porque estamos frente a algo nuevo. Ya había antecedentes de leyes que promovían los análisis genéticos. Pero este proyecto surge de un avance tecnológico en el campo de la "genética forense" que permite estudios más certeros y que le dio otra entidad científica.

¿Es el caso de los niños robados el gran tema pendiente de la dictadura en Argentina?
Es una herida abierta, pero no la única. Siempre estuvo pendiente un gran sinceramiento de lo ocurrido de parte de los asesinos involucrados, principalmente -pero no únicamente- de aquellos que lo hicieron desde las estructuras del Estado. A esta altura de la historia, quién sabe si alguna vez sucederá.

En el plano de los beneficios políticos ¿qué gana el gobierno con esta ley?
Los Kirchner quieren dejar huella de gestión en la cuestión de los 70. Y toda medida en esta dirección la viven como una obra propia.

¿Puede ser usada esta ley como un arma desde el gobierno contra Clarín y su dueña?
Responder eso sería suponer que hubo alguna ilegalidad en la filiación de sus hijos, cosa que desconozco. Pero es claro que una revelación de esas características sería letal para cualquiera.

21 de noviembre de 2009
©la tercera h
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ex juez se niega a declarar


El ex juez federal Víctor Montti se abstuvo de declarar frente al juez. "No declaré porque faltan pruebas", dijo el acusado por delitos de lesa humanidad que fue secretario de juzgado, señalado por ex detenidos políticos por convalidar torturas y amenazar a cautivos. Durante años gozó de protección judicial.
[Juan Carlos Tizziani] Argentina. El ex fiscal general de Mar del Plata, Víctor Manuel Montti, se abstuvo de declarar en una indagatoria ante el conjuez Ricardo Lazzarini, que lo investiga por delitos de lesa humanidad cuando era secretario del Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe, en 1977, por entonces a cargo del juez Fernando Mántaras, un activo colaborador de la dictadura. "No declaré porque faltan pruebas", dijo Montti al salir del Tribunal donde escaló alto y llegó a ser juez federal Nº 2 durante más de un año, desde setiembre de 1983 hasta octubre de 1984, ya en democracia. Las pruebas que Montti quiere conocer antes de declarar son los testimonios de cuatro ex presos políticos que lo denunciaron hace más de veinticinco años: Orlando Barquín, Francisco Klaric, José Villarreal y Roberto Cepeda, quienes ratificaron esas denuncias hace un mes, en el juicio a seis represores santafesinos, entre ellos el ex juez Víctor Brusa.
Lazzarini ya pidió al Tribunal Oral una copia de esos testimonios en video y audio, pero ahora el fiscal Eduardo Grioglio solicitó que también se los transcriba al papel y cuando esa tarea concluya, Montti volverá a ser citado para ampliar la indagatoria, si es que quiere hablar.
En el juicio a Brusa y compañía, Barquín reiteró que Montti lo presionó para que firme una declaración arrancada bajo torturas en la comisaría 4º. "Me dijo: ’ya viste que mal la pasaste, si no ratificás esto ante mi presencia, volvés y te va a pasar exactamente lo mismo’", recordó ante el Tribunal Oral. Klaric lo definió como un integrante de la "patota judicial" que integraban Mántaras, Brusa y el ex juez Miguel Angel Quirelli. Villarreal sostuvo que había "complicidad" entre los grupos de tareas que los torturaban y el elenco judicial. Y Cepeda ratificó que Mántaras y Montti no hicieron nada cuando denunció las torturas que había sufrido en dos centros clandestinos de Córdoba: La Perla y La Rivera. "Me dijeron que había tenido suerte, que la había sacado barata", afirmó.
En realidad, Montti ya fue indagado hace dos años, el 18 de octubre de 2007, por la denuncia de Cepeda. Pero su situación comenzó a complicarse cuando Lazzarini desestimó un planteo de cosa juzgada por las denuncias de Barquín y Klaric porque descubrió que el ex secretario de Mántaras había sido sobreseído por el ex juez Héctor Tripicchio, pero sin siquiera ser "indagado o molestado" por esos hechos. El 12 de agosto, la Cámara Federal de Rosario ratificó el fallo del conjuez y ordenó proseguir la investigación.
Lazzarini citó entonces a una nueva indagatoria para el 12 de noviembre, pero Montti se excusó "por un problema familiar de último momento. Tuvo que internar al padre de 96 años que vive con él en Mar del Plata", dijo su abogado, el penalista Néstor Oroño.
Al final, la cita se concretó el miércoles último. Pero cuando Montti se anotició que Lazzarini había pedido al Tribunal Oral una copia de los testimonios de Barquín, Klaric, Villarreal y Cepeda en el juicio a Brusa y compañía, se abstuvo de declarar. "No declaré porque faltan pruebas y hasta que no se adjunten al expediente para que podamos analizarlas es imposible declarar, así que será más adelante", le dijo a Rosario/12.
El fiscal pidió que se agreguen a la causa la transcripción de los cuatro testimonios y se cite a Montti a ampliar la indagatoria que ahora ni siquiera tiene fecha. Una causa intrincada. Pero a pesar de eso, la investigación a Montti ya no es sólo por la denuncia de Cepeda, ahora Lazzarini le imputó los supuestos "apremios ilegales" que denunció Barquín en 1983 y por los que nunca había sido "molestado" y un "incumplimiento de los deberes de funcionario público" por los otros casos.
En el juicio a Brusa, Cepeda relató un encuentro que tuvo con Montti varios años después de haber pasado por las tumbas de la comisaría 4ª. Lo llamó a su despacho en el Juzgado y le dijo: "Yo sé que ustedes vivieron cosas muy injustas, pero le pido que recuerde que yo no fui Brusa". El miércoles, cuando salía de la indagatoria, Rosario/12 le preguntó: "¿Es cierto que usted le dijo a Cepeda que no era Brusa?". Montti respondió con una ironía: "Es evidente que no soy Brusa, con sólo mirarme, él es más joven y tiene cabello, yo no".

20 de noviembre de 2009
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compromiso con los derechos humanos

Abogada argentina reemplazará al magistrado de Guyana.


[Mariana Carbajal] Argentina. Silvia Fernández de Gurmendi, diplomática de carrera, con destacada experiencia como jurista en cuestiones de derecho internacional, se convirtió en la primera argentina elegida jueza por la Asamblea de Estados Parte en el Estatuto de Roma. "La elección de Silvia Fernández de Gurmendi es no sólo un reconocimiento de su formación jurídica y dedicación, sino también de ese compromiso de la Argentina con los derechos humanos", destacó el canciller Jorge Taiana al celebrar el nombramiento, a su regreso de Brasil.
Fernández tiene 54 años y actualmente es directora de Derechos Humanos de la Cancillería. Formada en las universidades estatales de Córdoba (UNC) y Buenos Aires (UBA), es profesora titular de posgrado de Derecho Penal Internacional en la UBA y autora de numerosas publicaciones, y ayer resultó electa.
La CPI tiene 18 jueces, que representan en forma equitativa a las regiones del mundo. En enero se eligieron varios magistrados, entre ellos uno de Guyana, que nunca llegó a asumir por razones personales y renunció. Para cubrir esa vacante es que el Gobierno nominó a Fernández. Era la primera vez que la Argentina postulaba un/a candidato/a para juez de la CPI. En ese tribunal, encargado de juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, otro argentino, el abogado Luis Moreno Ocampo, se desempeña como fiscal desde 2003, cuando empezó a funcionar la CPI.
La nominación en el país de Fernández debió sortear el mismo mecanismo que los candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese proceso no recibió ninguna impugnación ni observación. Y finalmente fue aprobada por el Senado, donde tampoco recibió cuestionamientos. La Corte Penal Internacional es un tribunal ya conocido por la flamante jueza: la abogada cordobesa tuvo una extensa participación en el proceso de su creación y puesta en marcha. Además, condujo la elaboración internacional del procedimiento penal que utiliza la CPI, que incluye las disposiciones sobre protección y participación de víctimas. Y fue vicepresidenta de la Conferencia de Roma, de 1998, en la que se adoptó el estatuto que creó el tribunal. De 2003 a fines de 2006 estuvo trabajando en la CPI como directora de una de las tres divisiones de la Fiscalía, la encargada de la cooperación internacional para poder llevar adelante las investigaciones.
Su candidatura no fue la única de la región. Fernández competía por el cargo, entre otros, con otra muy buena postulante, la abogada chilena Cecilia Medina, jurista de prestigio internacional, actual presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Articulación Regional Feminista, integrada por diversas organizaciones que trabajan en derechos humanos y justicia de género en los países de la región, expresó su apoyo a ambas candidatas.
También avalaron la postulación de la argentina la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional del Litoral, la Asociación por los Derechos Civiles y la Federación Argentina de Colegios de Abogados, entre otras entidades académicas, profesionales y de la sociedad civil.
En su extenso currículum se destaca una vasta experiencia como diplomática y jurista internacional en cuestiones de derecho internacional y humanitario y derechos humanos. Fue, entre 1994 y 2000, consejera legal de la Misión Permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas y represente del país ante la Sexta Comisión de la Asamblea General y otros comités legales de la Asamblea General y Consejo de Seguridad. Ayer celebró en La Haya.

19 de noviembre de 2009
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dónde está lópez 34


Treinta y ocho meses sin Julio López.
[Argentina] Ayer se cumplieron 38 meses de la desaparición del albañil Jorge Julio López, testigo y querellante en la causa en la que fue condenado por genocida Miguel Etchecolatz.
Durante las marchas y actos realizados en La Plata, la ex detenida de la dictadura y querellante Nilda Eloy dijo que "no es que no haya pistas", sino que "todas apuntan a la Policía Bonaerense" y aseguró que la causa que investiga el destino de su compañero de cautiverio "se frenó cuando se siguieron las líneas investigativas que conducían" a esa fuerza policial, de la cual Etchecolatz fue jefe de Investigaciones durante la dictadura. Eloy señaló que "la desaparición de Julio López constituyó un mensaje muy claro de ‘estamos y podemos’", en referencia a los vestigios de la dictadura.
Además de marchar como todos los 18, organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos plantaron un árbol en la última esquina donde fue visto el testigo, en 66 y 137 del barrio de Los Hornos.

19 de noviembre de 2009
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aprueban despenalización de calumnias


El Senado convirtió en ley la despenalización de las calumnias e injurias. También proyectos promovidos por los organismos: el de obtención de ADN por medios alternativos y que el Banco de Datos Genéticos sea un ente autárquico.
[Diego Martínez] Argentina. A diez años del compromiso asumido por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Senado convirtió en ley anoche, por unanimidad, el proyecto oficial para despenalizar los delitos de calumnias e injurias. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner había anunciado el proyecto en septiembre, en la ESMA, durante un homenaje a los miembros de la CIDH que en 1979 corroboraron los crímenes de la última dictadura. La promesa de eliminar ambos delitos del Código Penal fue incumplida por todos los presidentes argentinos durante la última década. En la misma sesión y luego de un debate de cuatro, la Cámara alta también aprobó tres proyectos oficiales reclamados por organismos de derechos humanos:

- El primero permite a los jueces que intervienen en causas por apropiaciones obtener muestras de ADN "por medios distintos a la inspección corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo", tal como aprobó la Corte Suprema y como se aplicó con éxito en nueve casos de jóvenes recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo. Se aprobó por 57 votos a favor y sólo uno en contra.

- El segundo convierte el Banco Nacional de Datos Genéticos, que tenía una doble dependencia funcional, en un ente autárquico que funcionará dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El BNDG se encarga de realizar los exámenes genéticos que hicieron posible identificar a decenas de hijos de desaparecidos. Fue el que mayor resistencia tuvo: 38 votos a favor, 20 en contra.

- El tercero establece que las asociaciones o fundaciones registradas conforme a la ley pueden constituirse como querellantes en los procesos por crímenes de lesa humanidad, al margen de representar a víctimas directas, siempre que su objetivo estatutario se vincule con la defensa de los derechos lesionados. La ley pone fin al cuestionamiento de distintos tribunales a la legitimidad de organismos que patrocinan a víctimas o familiares. Se aprobó por 50 votos a favor y siete en contra.

La eliminación de los llamados "delitos contra el honor" del Código Penal implica cumplir el fallo de la Corte Interamericana en el caso de Eduardo Kimel, el periodista condenado por criticar la actuación de la Justicia durante su investigación de la Masacre de San Patricio en 1976. El tribunal le ordenó al Estado dejar sin efecto la sentencia, indemnizar al periodista, reconocer su responsabilidad en un acto público y modificar su legislación para evitar violaciones a la libertad de expresión, punto que se cumplió ayer.
El debate comenzó poco antes de las seis de la tarde. Los tres proyectos, con dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, se debatieron en conjunto. El pampeano Rubén Marín los presentó en nombre del oficialismo. Remarcó que el traspaso del BNDG a Ciencia y Tecnología y no al Ministerio de Justicia, como establecía el proyecto original, era un pedido de los partidos que asegura "una independencia y autonomía mayor". Sobre el proyecto de extracción de ADN, destacó que estaba en línea con los fallos de la Corte Suprema y las indicaciones de la Comisión Interamericana, y que trataba de "contemporizar un medio de prueba que la tecnología puso al servicio de los jueces, sin invadir la privacidad de la persona".
Luis Petcoff Naidenoff fundó la negativa al proyecto del BNDG tras remarcar la trayectoria de la UCR, por haber excluido de las leyes de impunidad la apropiación de menores. Cuestionó que se limita la utilización del BNDG a causas vinculadas con delitos de lesa humanidad; la misma crítica formuló Sonia Escudero, del Interbloque Federal: el traspaso implica "la apropiación de once mil muestras de ADN, y se deja en desamparo total a actuales y futuras víctimas de delitos", afirmó.
Petcoff leyó una carta de Adolfo Pérez Esquivel. Según el Premio Nobel de la Paz, el Banco bajo la órbita del Ejecutivo "afecta el requisito de la imparcialidad", porque la Secretaría de Derechos Humanos es querellante en causas penales, y por ende "implica otorgar un salvoconducto a los imputados". El radicalismo también objetó que los jueces pudieran ordenar la extracción de ADN de imputados. "Si pasamos esa línea nos llevamos puesta la arquitectura garantista de la Constitución", afirmó. Samuel Cabanchik, de la Coalición Cívica, consideró que la transformación del Banco era "inmotivada para las necesidades de investigación y reparación", sugirió errores de redacción y consideró "bochornoso" que no se haya solicitado la opinión de las autoridades del Banco.
La senadora chaqueña Elena Corregido prefirió relatar la recuperación de Martín Amarilla Molfino. "Le quitaron el derecho a la intimidad, que es el de mirarse con su madre cuando se alimenta", dijo, y recordó que "su propia sospecha lo llevó a hacerse los análisis de ADN, datos que el Banco no tenía, porque su familia ignoraba que la mamá estaba embarazada". "Todos tenemos derecho a la identidad y a recuperar a nuestros hijos y nietos. Con estas leyes estamos asegurando el derecho a la verdad", afirmó.
Daniel Filmus recordó que "este Congreso aprobó las leyes de impunidad" y destacó "el aval para debatir estos proyectos es el respaldo de los organismos de derechos humanos". "Cuando buena parte de la sociedad les daba la espalda, Madres y Abuelas siguieron luchando. Hoy plantean estos temas como centrales para recuperar la dignidad de la sociedad", dijo. Rubén Giustiniani fundó la disidencia del socialismo sobre el traspaso del Banco, y respaldó los otros proyectos. "Van a significar un instrumento legal importante para avanzar en el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad", afirmó. "Hoy damos un paso adelante en el camino de la verdad, la justicia y la consolidación de la democracia", cerró.

19 de noviembre de 2009
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