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reconocieron cárcel clandestina


Una quinta en Villa California, en las afueras de San José del Rincón, fue reconocida por cuatro personas como un centro clandestino de la dictadura donde sufrieron secuestros, tormentos y vejámenes. Los grupos de tareas la llamaban ‘El Borgia’.
[Juan Carlos Tizziani] Argentina. Cuatro víctimas del terrorismo de estado tuvieron que esperar 32 años para ingresar ayer a una quinta en Villa California, en las afueras de San José del Rincón, que reconocieron como un centro clandestino de la dictadura donde sufrieron secuestros, tormentos y vejámenes. La abogada Miriam Ramón, Froilán Aguirre y los esposos Daniel García y Alba Sánchez identificaron la propiedad con distintos grados de certeza. "Nosotros reconocemos el lugar sin ninguna duda", dijo García, mientras que Ramón y Aguirre consideraron que la casa era "compatible" con el chupadero en el que los torturaron. La diferencia se explica. Los García estuvieron desaparecidos casi cinco meses, entre el 6 de diciembre de 1977 hasta mediados de mayo de 1978, mientras que Ramón y Aguirre pasaron por la casa un año antes, en setiembre de 1976, no estuvieron más de veinticuatro horas, pero siempre encapuchados y en el caso de Aguirre, de noche. Los grupos de tareas habían bautizado el centro operativo con un nombre inquietante: ‘El Borgia’, según García que lo denunció ante la justicia hace cinco años, en noviembre de 2004, participó al mes siguiente en un reconocimiento exterior, pero recién ayer pudo ingresar al interior.
La inspección de ayer fue dispuesta por el Tribunal Oral que juzga a los represores santafesinos, así que participaron los tres jueces: Roberto López Arango, Andrea Creus y Carlos Renna, los fiscales Martín Suárez Faisal y José Ignacio Candioti, el defensor oficial Fabio Procajlo, los cuatro denunciantes y otros dos testigos. La quinta era propiedad del abogado Jorge Ayala Bergero, quien falleció un mes antes del comienzo del juicio, así que ayer fueron convocados su ex socio y copropietario de la vivienda durante la dictadura, el contador Mario Rostagno y una hija de Ayala Bergero, que también es abogada.
La casa es hoy muy distinta a la que había hace 30 años: le corrieron las paredes exteriores, le cambiaron el techo, le modificaron las arcadas, le agregaron habitaciones, demolieron dependencias y hasta construyeron una nueva pileta. Pero los García ratificaron ayer frente al Tribunal lo que ya han dicho ante el juez federal Reinaldo Rodríguez -en la etapa de investigación y cuando les tocó declarar en el juicio, hace dos semanas: "Nosotros reconocemos el lugar, sin ninguna duda", dijo Daniel. "No necesitamos planos para saber que estuvimos acá", señaló Alba.
García dijo que la quinta está muy cambiada. Pero cuando ingresó a la sala de estar quedó impactado. "Se me heló la sangre porque había un sillón viejo y pesado, donde nos ataban para pegarnos", relató. Se lo señaló a la "Negra", como llama a su esposa. Y ella se quebró en llanto. El sillón es antiguo, de madera, con patas trabajadas. "Tiene el respaldo inclinado y allí nos ataban para pegarnos, incluso el día que vino (el ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando) Rolón. Y hoy lo vimos, está en el mismo lugar como si fuera un adorno".

¿Ustedes están seguros que estuvieron acá? -preguntó Rosario/12.
Podrán reformar la casa, demolerla, sembrarle soja encima, pero nosotros salimos de acá. Podrán presentar decenas de testigos que digan que venían acá a fiestas familiares, a bautismos, a lo que quieran. Nosotros salimos de acá- contestó García.

Durante la inspección judicial hubo un careo entre García y la hija de Ayala Bergero. "Yo intenté protestar porque esa chica en aquella época tenía cinco años y mal puede tener recuerdos o saber si el padre refaccionó o no la quinta. Sin embargo, el presidente del Tribunal insistió: ella se mantuvo en sus dichos y nosotros en los nuestros", explicó Daniel.
Daniel García y Alba Sánchez estuvieron secuestrados junto con otra compañera de militancia, Andrea Trincheri, quien también declaró en el juicio y a la que ellos habían refugiado en su casa porque estaba clandestina en Santa Fe. Froilán Aguirre también cayó junto a otro compañero, Juan Alberto Osuna, a quien escuchó gritar en la tortura en la pieza de al lado y después apareció muerto en un enfrentamiento fraguado en Paraná. Y Miriam Ramón fue secuestrada con otra compañera a la que sólo conocía por su nombre de pila: Lidia y que hoy intenta localizar porque era oriunda de Carlos Pellegrini. Lo que significa que habrían pasado por el centro clandestino por lo menos siete personas, en distintas épocas, aunque las víctimas aseguran que fueron más.
Aguirre dijo que el lugar donde está la casa es "compatible" con sus recuerdos del secuestro. "Yo siempre sostuve que estaba por esta zona (de Rincón). No lo puedo aseverar ciento por ciento, pero esta es la zona. Está cerca de la ruta, hay un tramo corto (de 200 metros), por el movimiento del auto se notaba que era una calle de tierra, cuando me bajaron pisé el césped y después para entrar a la casa había que subir un escalón", recordó.
El relato de Ramón fue coincidente. "¿Reconoció el lugar?", fue la pregunta. "Sí, por los metros que recorrimos (desde la ruta 1) ésta es la casa donde estuvimos. Además, en esta zona no había muchas casas más. Hoy existen construcciones que en esa época no estaban. Yo nací y me crié en Coronda, una zona con un suelo y olor muy característico (similar al de Rincón). Yo reconocí, precisamente eso, el suelo y el olor.

¿O sea que es compatible con el lugar donde estuvieron ustedes?
Para mi es compatible, sí -concluyó Ramón.

19 de noviembre de 2009
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claves de la reforma política


Las claves del proyecto.
Argentina. - Establece primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en todos los partidos y alianzas electorales para la designación de candidatos. Pero no habrá padrones partidarios, es decir que los ciudadanos en condiciones de votar lo podrán hacer en la interna que elijan.

- No podrán ser candidatos las personas procesadas por crímenes de lesa humanidad o por violaciones graves a los derechos humanos. Tampoco el personal superior o subalterno de las Fuerzas Armadas y de seguridad, ni los magistrados ni directivos o apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas.

- Se fija el segundo domingo de agosto como fecha para las primarias conjuntas.

- Todas las líneas internas de un mismo partido o de los distintos que componen una alianza serán parte de la junta electoral. También podrá realizarse corte de boletas, para los distintos cargos electivos, como en una elección general.

- Los partidos o alianzas que no superen en la interna el uno y medio por ciento del padrón electoral no podrán participar de la elección general.

- Se eliminan las listas colectoras o espejos.

- Habrá un solo padrón electoral unificado. No existirá más la división por sexo.

- Se prohíbe la difusión de encuestas sobre intención de voto ocho días antes de la elección general.

- Para su reconocimiento electoral, los partidos tendrán que conseguir la adhesión del 4 por mil de los empadronados de cada distrito donde busque la personería. Pero contará con 150 días después de su reconocimiento para transformar esas adhesiones en afiliaciones partidarias. Los afiliados podrán pedir su baja del padrón partidario en forma telegráfica, a cargo del Ministerio de Interior. La cantidad de afiliados se revisará cada año, si no conservan el piso mínimo perderán su personería.

- Si un partido no se presentara en dos elecciones consecutivas o sacara menos del dos por ciento del padrón electoral en cada una de ellas, también perderá su personería.

- El Estado repartirá los espacios de publicidad audiovisual entre todos los partidos y alianzas. El 50 por ciento será repartido por igual y el 50 restante de acuerdo a los porcentajes alcanzados por cada uno de ellos en la última elección general.

- Las empresas no podrán aportar al financiamiento de los partidos políticos. Los aportes deberán ser de personas física pero no jurídica.

19 de noviembre de 2009
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reforma política pasa al senado


El kirchnerismo y sus aliados consiguieron la aprobación con 136 votos contra 99. La oposición persistió en su intención de no votarla pese a los muchos cambios que se introdujeron al proyecto. El Senado la trataría el año que viene.
[Miguel Jorquera] Argentina. La suerte ya estaba echada antes de que comenzara la sesión. El kirchnerismo lograría la media sanción de la reforma política en la Cámara baja, pero no conseguiría un apoyo que atravesase la frontera del oficialismo y sus aliados más fieles. La votación arrojó 136 votos a favor, 99 en contra y una sola abstención. Junto al oficialismo, se encolumnaron los santiagueños del Frente Cívico, los neuquinos del MPN, los ex ARI fueguinos, los monobloques filo K y los peronistas disidentes cordobeses. Radicales, cívicos, macristas, el resto del PJ disidente, socialistas y los bloques de centroizquierda, además de radicales y socialistas K, se opusieron a la futura norma que regulará el Código Electoral y la vida de los partidos políticos. Pero el proyecto que establece la realización de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para la elección de los candidatos presidenciables de 2011 se resolverá el año que viene en el Senado, ya con su nueva composición legislativa.
"Siéntese Rossi, así empezamos", dijo el presidente del cuerpo, Eduardo Fellner, dirigiéndose al jefe de la bancada oficialista. Con Agustín Rossi sentado en su lugar, el oficialismo reunió el quórum (129 diputados) para iniciar la sesión. Era más de las 13.30 de una sesión citada para las 11. Una muestra que al oficialismo no le sobraba demasiado para sancionar la reforma política. La oposición, en tanto, se aglutinaba en sus despachos para evitar aportar al quórum.
El diputado Jorge Landau fue el miembro informante del kirchnerismo. Graciela Camaño, la presidenta de Asuntos Constitucionales y del plenario de comisiones en el que se discutió el despacho que llegó al recinto, dio un paso al costado. Dirigir ese debate y votarlo a favor fueron las últimas funciones que Camaño desempeñó para el oficialismo.
"El texto ya no es el mismo que envió el Gobierno, pero se reforzaron sus propuestas de mayor democratización y representación política, más transparencia y equidad electoral", abrió Landau parafraseando el extenso título de la reforma. Un texto que "contempló 111 proyectos preexistentes" e incorporó más de 50 modificaciones sugeridas desde todo el arco opositor.
Landau enumeró varios de los ejes centrales de la reforma y se adelantó a las críticas opositoras: "Están equivocados los que dicen que la norma beneficia a los partidos mayoritarios. El 80 por ciento de los costos de la campaña electoral se van en radio y televisión; y ahora eso se resolverá con equidad y el aporte del Estado. Eso favorece a los partidos con menos recursos y ha sido un reclamo de distintos partidos opositores".
Pero las críticas no tardaron en llegar. El radical Pedro Azcoiti acusó al oficialismo de la "suspensión de las internas partidarias, de implementar las candidaturas testimoniales, el presidente del PJ usa a su antojo los recursos del Estado y el Gobierno instauró un nuevo clientelismo de gobernadores e intendentes". "El bipartidismo es un hecho natural de la sociedad, no se hace por ley", sumó el jefe del bloque de la UCR, Oscar Aguad, para refutar a quienes descalificaron el proyecto porque fortalece el bipartidismo.
La cívica Patricia Bullrich también embistió contra el oficialismo. Dijo que "el clientelismo político funciona como disciplinador social" y reclamó "una autoridad electoral independiente, la implementación de la boleta única y que las fórmulas de las internas partidarias sean abiertas", para que los partidos decidan si pueden mezclar ganadores y perdedores en una misma candidatura. "La reforma del kirchnerismo no elimina el clientelismo ni garantiza transparencia en el sistema electoral", dijo por su lado Adrián Pérez.
"No estamos de acuerdo con este debate exprés del oficialismo de una norma hecha a medida de sus propios intereses", soltó la socialista Silvia Augsburger y se sumó al coro opositor por la implementación de la boleta única. "Este proyecto es profundamente conservador", sorprendió el macrista Esteban Bullrich, para afirmar que "limita la aparición de nuevas fuerzas políticas". Luego, dedicó su tiempo a replicar políticamente al kirchnerismo y sus denuncias: "Los mayores desestabilizadores están en el gobierno nacional", aseguró.
Los cuestionamientos también llegaron por izquierda. "A diferencia de otros proyectos que apoyamos, hoy no estamos de acuerdo con el corazón de esta iniciativa. Ese corazón es el de las internas abiertas, que en lugar de reordenar el sistema político busca resolver las internas del PJ y del Acuerdo Cívico y Social", sostuvo Carlos Raimundi, de SI. "Esta ley es para resolver la interna del partido gobernante. Pero si ven que la van a perder, esta ley va a tener cambios", advirtió su compañero de bancada Eduardo Macaluse.
"Toda la ciudadanía deben dirimir lo que resuelven los órganos partidarios, para los cuales no hay nuevas exigencias. Pero no hay ninguna decisión para democratizar los partidos", agregó Vilma Ibarra, del Encuentro Popular y Social. Sus compañeras de bloque, Cecilia Merchán y Victoria Donda (Libres del Sur), habían señalado a través de un comunicado que "el oficialismo dice que quiere terminar con los sellos de goma, pero ha puesto todo su esfuerzo para salvar dos estructuras viejas y anquilosadas, como son el PJ y la UCR".
El cierre fue para el jefe del bloque oficialista. "Quiero despejar el fantasma de que (la reforma) es un traje a medida para algún candidato. Faltan dos años (para 2011), en la Argentina eso es mucho tiempo, vale ver lo que pasó en los dos últimos", remarcó Rossi. "Creo que estamos votando una buena ley –continuó–, debatida intensamente, tratando de recabar la opinión de todos los bloques, incorporado modificaciones más allá de que su voto sea positivo o negativo." La penúltima batalla del año parlamentario ya estaba ganada para el kirchnerismo en la Cámara de Diputados. La que queda no será fácil: el 3 de diciembre, y ya con la nueva composición parlamentaria, la oposición irá por la mayoría en todas las comisiones legislativas de la Cámara baja.

19 de noviembre de 2009
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escándalo por espionaje en argentina


Luego del escándalo por las averiguaciones sobre el patrimonio de políticos, el gobierno porteño debió despedir a Osvaldo Chamorro. Con Macri en España, Rodríguez Larreta, Montenegro y Peña anunciaron la medida que consideraron "una falta ética".
[Werner Pertot] Argentina. Jorge ‘Fino’ Palacios, preso. Osvaldo Chamorro, echado. Guillermo Oscar Rodríguez, procesado. A menos de un año de su creación, el jefe, subjefe y secretario administrativo de la Policía Metropolitana debieron renunciar. Los policías elegidos por Mauricio Macri fueron jaqueados por el procesamiento por encubrir la investigación de la AMIA, por el escándalo de espionaje de Ciro James y por una causa por sobreprecios en el menemismo, respectivamente. El juez Norberto Oyarbide detuvo a Palacios, a quien indagará hoy por su vinculación con el caso de espionaje. Chamorro debió renunciar ayer luego de que la Justicia comprobara que investigó a legisladores opositores, dirigentes del gremio de municipales y hasta a funcionarios macristas. Aunque lo echaron por considerar que se trató de "una grave falta de ética", en el gobierno porteño indicaron que Chamorro les dijo que el que pedía los informes financieros era Palacios.
Desde España –de donde volverá mañana–, Macri ordenó la eyección de Chamorro. Es el segundo jefe que debe abandonar la policía porteña y probablemente se imponga una revisión del resto de la fuerza. La salida a la calle de la Metropolitana se postergará hasta que asuma su nuevo titular, Eugenio Burzaco, después de que termine su mandato como diputado el 10 de diciembre. Mientras tanto, el cargo quedará vacante, con el ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, como jefe político. El oficial con mayor rango es Carlos Kervokian, sumariado por la muerte de un joven de 17 años en un operativo a su cargo en la cancha de Huracán.
"En un primer momento creímos que (Palacios y Chamorro) eran las personas indicadas para conducir la fuerza. Ahora entendemos que esa persona es Burzaco", señaló Montenegro, en una conferencia de prensa que compartió con el secretario general Marcos Peña y el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. Más temprano, el ministro de Justicia visitó el juzgado de Norberto Oyarbide, donde tuvo una reunión en la que el magistrado le explicó que en una computadora que usaba Chamorro y que se secuestró de Strategic Security Consultancy –una de las empresas de seguridad vinculadas a Palacios– se encontró una carpeta rotulada ‘Osvaldo’. Allí había un documento de Word con la clave para acceder a la base de datos Nosis. Entre las búsquedas que la Justicia comprobó que se hicieron con esa contraseña estaban los legisladores opositores Diana Maffía, Gonzalo Ruanova, Silvia La Ruffa, el legislador electo Francisco ‘Tito’ Nenna y el sindicalista Patricio Datarmini. También aparecían Larreta y habría otros macristas que, a comienzos del año, le habían recomendado a Macri que no designara a Palacios.
Además de compartir oficinas (los investigadores descubrieron que se tiró una pared para unir los departamentos), a Chamorro y Palacios los une su relación con James. Chamorro declaró ante Oyarbide que se vio dos veces con el espía –a quien Palacios recomendó para ingresar a la Metropolitana–, pero luego se comprobó que tiene más de 80 llamadas con James: diez a su celular y el resto a su despacho.
Tras el encuentro con Oyarbide, los macristas tuvieron una nueva reunión de cúpula al mediodía, de la que participaron Larreta, Peña, Montenegro, el titular de PRO, José Torello; el vicepresidente primero de la Legislatura Diego Santilli y el secretario de Medios Miguel de Godoy. Mientras comían empanadas, hubo un pase de facturas entre algunos dirigentes que sostenían que a Chamorro habría que haberlo echado junto con Palacios. También discutieron la posibilidad de descabezar a toda la cúpula policial, pero se resolvió entregar sólo la renuncia de Chamorro.
A las 13.45, Peña y Montenegro llamaron a un muy ofuscado Macri que, tras escuchar los detalles, dispuso que le pidieran la renuncia a Chamorro. El subjefe, a cargo de la Metropolitana, la entregó al instante. Según contaban en el Palacio de Gobierno, el policía les dijo en privado que él no tenía la culpa, que esas consultas al Nosis las había hecho Palacios. En público, Montenegro comentó que "la explicación que da es que no tiene claro quién pidió esa información".
En la mesa chica de la gestión PRO siguen culpando al gobierno nacional por la difusión del caso. "Esto va a seguir para largo", pronostican los más pesimistas. En el encuentro de ayer, algunos dirigentes plantearon que Burzaco, cuando asuma, debería analizar caso por caso quiénes son los mandos medios para ahorrarse nuevas sorpresas. También decidieron esperar a su asunción para hacer el postergado lanzamiento de los primeros 800 policías de la Metropolitana. Por ahora, el futuro jefe de la fuerza está de viaje por Israel. "Se está capacitando", dicen en Bolívar 1.
En la conferencia de prensa, Montenegro intentó separar este caso del de espionaje de James. Indicó que investigar a opositores a través de Nosis "no es espionaje, porque es información pública. No es ilegal, pero en el contexto general, donde el subjefe sería un posible sospechoso, es una falta de ética grave". "Esto lo sorprendió a Macri. No sabemos por qué recabó esa información", estimó Rodríguez Larreta. "Creíamos que eran las mejores personas, pero surgieron estos problemas y se eligió priorizar la transparencia de la gestión. Por eso, se fueron", dijo Peña.

–¿De quién es la responsabilidad política por la designación de Palacios y Chamorro? –preguntó Página/12.
–El responsable político del área soy yo –contestó Montenegro.

–¿Qué ocurrió con los sumarios que se habían ordenado en los ministerios de Justicia y de Educación?
–Se le está enviando toda la información a Oyarbide.

Tras la conferencia, los macristas auguraban que iban a detener a Palacios –algo que ocurrió por la noche– y se lamentaban ante los titulares de los canales de televisión, que decían "espiaban a Bartolomé Mitre, director de La Nación". "Pero si Mauricio es amigo de él", se quejó un funcionario. "Puede estar hasta el Pato Donald en esa lista."

19 de noviembre de 2009
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el fantasma de julio lópez


Piden veinticinco años de prisión para el comisario Ulibarrie en Corrientes. El sargento retirado de la Policía Federal Juan Carlos Camino, el más importante testigo en la causa por cuatro desapariciones, denunció ante Página/12 que policías en actividad, vinculados con Ulibarrie, el principal acusado, vigilan sus movimientos.
[Diego Martínez] Argentina. Los querellantes y el representante del Ministerio Público coincidieron ayer en Corrientes en pedir 25 años de prisión para el comisario retirado Diego Manuel Ulibarrie, utado por cuatro secuestros (ocurridos días antes del golpe de Estado) de personas que permanecen desaparecidas. A menos de una semana de la sentencia, el principal testigo de la causa, Juan Carlos Camino, ex agente de la Policía Federal, denunció ante Página/12 que policías en actividad vinculados con Ulibarrie vigilan sus movimientos, recordó que el acusado es dueño de una agencia de seguridad y manifestó: "No quiero que me pase lo mismo que a (Julio) López", en referencia al testigo del juicio a Miguel Etchecolatz que desapareció antes del fallo. Desde el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados admitieron conocer el caso, informaron que se le ofrecieron alternativas para garantizar su seguridad pero que no se incorporó a Camino a ningún programa "porque no aceptaba las medidas de protección globales, que abarcaban a toda su familia".
Ulibarrie es el único imputado del segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Corrientes, donde el año pasado fueron condenados el coronel Rafael Barreiro y el capitán Juan Carlos Demarchi, ex titular de la Sociedad Rural local. Está acusado por los secuestros de Vicente Ayala, Julio César Barozzi, Jorge Saravia Acuña y Orlando Romero, ocurridos poco después del mediodía del 16 de febrero de 1976. El mismo día, entre las seis y las ocho de la tarde, Camino reconoció a Ulibarrie a la cabeza del grupo que ingresó con dos de los secuestrados en andas, encapuchados y con signos de torturas, en la delegación correntina de la Policía Federal.
Por tratarse de un solo acusado y de un número limitado de delitos, los alegatos de ayer fueron breves. La jornada duró apenas cuatro horas. Las exposiciones estuvieron a cargo del fiscal federal Flavio Ferrini, de los abogados Ramón Leguizamón y Hermindo González por la querella unificada de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes y los familiares de las víctimas y de Daniel Domínguez Henaín por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Leguizamón interviene en la causa desde hace 33 años: presentó un hábeas corpus después de los secuestros. Ayer detalló los hechos y recordó que "los cuatro secuestrados integran hoy la triste nómina de los treinta mil desaparecidos, de la etapa más negra que nos tocó vivir a los argentinos".
Miembros de la Comisión manifestaron ayer su preocupación por "el acoso y la falta de contención de testigos como Camino", que hace tres meses identificó a Ulibarrie al frente a la patota de secuestradores, y destacaron la "capacidad de hacer inteligencia" del imputado. En diálogo con Página/12, el sargento retirado de 63 años, que en 1979 se refugió en Paraguay perseguido por otros policías, aseguró que "vigilan mis movimientos permanentemente". "Son gente que conozco, que estuvo con Ulibarrie en la época de la represión. Algunos son policías jóvenes, en actividad, pero atrás están los grandes, cercanos a Ulibarrie, que es dueño de una empresa de seguridad y está preso en un lugar light, la comisaría 5ª, desde donde mantiene sus contactos –explicó–. Por supuesto que no salgo de noche, estoy enclaustrado en mi domicilio, pero no quiero que me pase lo mismo que a (Julio) López. Pedí protección a un programa de testigos y hace como un año que estoy esperando respuesta", agregó Camino, que declaró por primera vez días antes del golpe de Estado.
Según reconstruyó Página/12 de fuentes de los programas Verdad y Justicia y de protección de testigos, ambos organismos conocen la situación de Camino, que se analizó en conjunto con los miembros del Tribunal Oral Federal correntino. El testigo no acepta custodia policial porque no le genera confianza y tampoco aceptaría ser relocalizado con su familia por los trastornos que generaría la medida. "No podemos obligarlo a aceptar una medida y tampoco él puede obligarnos a decidir qué es lo mejor para su seguridad. Sacar sólo al testigo implica transferirle la amenaza a la familia, y eso es inaceptable", fue la explicación oficial.

18 de noviembre de 2009
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dictamen contra los indultos


La procuración general pidió la inconstitucionalidad de los decretos de Menem. Los responsables de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura no pueden ser indultados, consideró la Procuración.
Argentina. Por pedido de la Corte Suprema, la Procuración General de la Nación recomendó que se dicte la inconstitucionalidad de los decretos que indultaron a los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Además, dictaminó que el ex almirante Emilio Eduardo Massera "no está en su sano juicio" y no puede afrontar los juicios que tiene pendientes, por lo que el procurador adjunto, Luis González Warcalde, aconsejó suspender todos los juicios en los que el Almirante Cero, tal como se hacía llamar, está imputado.
Massera ya había sido declarado inhábil para afrontar un juicio hace algunos años, no obstante lo cual fue enjuiciado por la Justicia italiana, que consideró que el ex marino podía estar simulando su condición. Ahora, González Warcalde sostiene que su estado de salud "le impide ejercer su derecho de defensa" porque "no se encuentra en condiciones de afrontar un proceso". El procurador argumentó que "si es absurdo pensar en que se pueda enjuiciar al loco, no lo es menos que se lo pueda penar, pues la resocialización es uno de los fines de la pena, quizás el esencial, y mal se puede habilitar en una parte –su conducta social– a quien es inhábil en el todo, su voluntad plena".
La decisión está basada en pericias médicas que determinaron que las facultades mentales de Massera "no encuadran dentro de la normalidad psicojurídica" por presentar "un trastorno psicoorgánico que trae aparejado un deterioro cognitivo global, crónico, irreversible y potencialmente evolutivo". González Warcalde también señaló que "no se han podido constatar elementos semiológicos que permitan considerar un estado de simulación".
En cuanto a los indultos, el consejo del procurador llegó en respuesta a un recurso del ex dictador Jorge Rafael Videla, que planteó ante la Corte Suprema que los indultos dictados en 1990 por Carlos Menem lo ponían a salvo de cualquier proceso penal. Al respecto, González Warcalde avaló la inconstitucionalidad de esos decretos, que ya había sido dictada por la Cámara Nacional de Casación Penal en junio de este año, que sostuvo que "surge clara la imposibilidad de dictar indultos sobre hechos calificados como delitos de lesa humanidad", y apelada por las defensas. Además, rechazó el planteo de Videla para salir en libertad debido al tiempo que lleva detenido.
"El indulto es un perdón de la pena y no de la condena. Por lo tanto, al conservar su vigencia la condena, declarativa de los hechos delictivos que la motivaron, subsiste la declaración de culpabilidad y permanece destruida toda presunción de inocencia", argumenta el dictamen, que también explica que "tampoco debería prosperar el supuesto agravio relativo a la imposibilidad de proseguir con la ejecución de la pena que se le impuso en esta causa, al tener en cuenta el tiempo que llevaría privado de su libertad con motivo de todos los procesos en los que resulta o resultó imputado".
El procurador también ratificó la competencia de la Cámara Federal, la primera instancia en que se falló en contra de los indultos, que había sido objetada por el ex dictador. González Warcalde consideró que tal competencia evitó "la impunidad de condenados por crímenes de lesa humanidad, en salvaguardia, entre otras bondades, de la responsabilidad internacional del Estado argentino".
"A la víctima de delitos de lesa humanidad le asiste el derecho a peticionar ante los jueces competentes, con el objetivo de perseguir el castigo de los culpables, y que la negación a darle respuesta por no considerarla parte del proceso o portadora de un interés legítimo constituye afectación al derecho a la jurisdicción", argumenta el dictamen.
Jorge Rafael Videla se encuentra preso en la cárcel federal de Campo de Mayo, mientras que, debido a su estado de salud, Emilio Eduardo Massera cumple arresto domiciliario en su departamento.

17 de noviembre de 2009
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masacre disfrazada como enfrentamiento


La ampliación de la indagatoria de Costanzo permitió conocer lo ocurrido en Baigorria el 23 de junio de 1977. Óscar Guerrieri daba órdenes con megáfono, y Juan Daniel Amelong estaba adentro de la casa de Las Verbenas y 9 de julio con nueve prisioneros que habían llevado desde la Calamita para matarlos. Los diarios reprodujeron la versión oficial.
[José Maggi] Argentina. Una humilde vivienda del barrio San Fernando de Granadero Baigorria guarda entre sus paredes, un secreto que permaneció escondido para la justicia hasta esta última semana: se trata de la casa ubicada en Las Verbenas y 9 de Julio, en la que la historia oficial dio cuenta de un enfrentamiento en el que fueron "abatidos nueve extremistas". Pero esta semana Eduardo "Tucu" Costanzo pidió ampliar su declaración indagatoria y reveló que todo fue un simulacro protagonizado por tres de sus compañeros en el banquillo: Juan Daniel Amelong, Jorge Fariña y Oscar Pascual Guerrieri, quienes montaron la farsa. "Allí estuvieron los integrantes de la Patota de La Calamita, desde donde los llevaron a esa casa: participaron Juan Carlos Bossi, Alberto Pelliza, Amelong, Fariña, Rodolfo Isach que quemó un Falcon viejo en la puerta de la casa para darle más espectacularidad del operativo y también Pascual Guerrieri, que estaba con una megáfono en la calle pidiéndoles que se rindieran, pero era sólo un simulacro. Amelong estaba adentro con los detenidos mientras se escuchaban disparos desde el interior".
"Todo fue una matanza dentro de la casa con los detenidos, entre los que estaba el doctor Corazza", agrega. Según recordó Costanzo, el grupo estaba formado por militantes del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) al que había detenido Jorge Walter Perez Blanco en la zona sur de Rosario. La primer detenida fue una mujer conocida como La Negra, que fue capturada por Gustavo Bueno, Pérez Blanco y Rebecchi.

En el Diario Hablaban de Ti
El enfrentamiento fraguado tuvo amplia repercusión en los medios gráficos de la época. "El Comando del Segundo Cuerpo de Ejército informó la identidad de seis de los nueve delincuentes abatidos en un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 22 de junio de 1977". Los diarios se referían así a los militantes asesinados:

-"Eduardo Luis Franco alias Lucho de profesión arquitecto, actuaba en la organización ERP desde 1971 habiendo ocupado numerosos cargos dentro de la misma. El 13 de abril de 1975 participó en el intento de copamiento al Batallón de Arsenales 121 San Lorenzo".

-"Domingo Laborde, argentino de profesión tornero, actuaba en la organización desde fines de 1974 desempeñándose en propaganda y captación ideológica dentro del sector gremial. En enero de 1977 paso a ser responsable de la secretaría legal de la Regional Rosario del PRT ERP, teniendo a su cargo el frente Swift".

-"Irma Elena Montenegro alias Negra, Eva o Celia, argentina estudiante de psicología domiciliada en Jose C Paz 2872 de Rosario. Su actuación en la organización data de 1970 y era la responsable política (cargo máximo en la regional Rosario del PRT ERP). Durante su trayectoria dentro de la organización ocupó cargos importante en Santa Fe, Buenos Aires, La Plata, San Nicolás y Villa Constitución".

-"Hilda Elena Merkel Rivas alias Kiti de nacionalidad uruguaya, ex religiosa de profesión enfermera, vivía en calle San Lorenzo 1624 de Rosario. Se inico como guerrillera en Chile en 1975 y al caer el gobierno de Salvador Allende fue detenida y luego expulsada de ese país, continuando sus actividades en Argentina".

-"Alberto Corazza, alias Beto, doctor en jurisprudencia domiciliado en Libertad 1668 de Rosario, quien se vinculó con el Ejército Revolucionario del Pueblo en agosto de 1973, trabajando desde la Asociación Gremial de Abogados de la Capital Federal en la defensa de "delincuentes subversivos" del ERP presos. En marzo de 1975 se radica en Rosario, donde continúa defendiéndolos. Durante su trayectoria en la organización se hizo conocer con los siguientes nombres supuestos: Roberto, Humberto, Gilberto además de Beto".

-"Jorge Alberto Madeo, alias Simón, argentino, electricista, vivía en calle Rodríguez 835. Ingresa a la organización en mayo de 1975 después de haber militado en el Peronismo de Base. En nombre de 1975 integra la escuadra militar de la regional Rosario del ERP, donde realiza distribución de propaganda, toma de colectivos, atentados contra domicilios de empresarios de Rosario y desarmes a personal policial en la vía pública".

La Toma de John Deere
La matanza de Las Verbenas y 9 de Julio esta íntimamente ligada con un episodio que Hugo Alberto Ojeda recreó a pedido de Rosario/12. "A mediados de 1959, cuando Baigorria no había terminado de ser Paganini, la línea de producción empezó a largar tractores. 60 hectáreas en el suroeste del pueblo, una planta industrial de más de 50.000 metros cuadrados cubiertos, accionistas sin rostro, un gerente yanqui y casi 2.400 obreros dándole plusvalía al metal: la John Deere".
Ojeda, miembro de la comisión de la Memoria de Baigorria, rememoró que "la historia es algo más que la verificación de acontecimientos del pasado irrumpiendo en el presente cotidiano. A pesar de que el SMATA local nunca se destacó por su combatividad, varias huelgas paralizaron la producción durante semanas en la década del ’60. Una mañana de invierno, los escuadrones a caballo reprimieron a sablazo limpio a cientos de obreros y los corrieron desde los portones de la fábrica hasta dispersarlos en cercanías del Control de la policía Caminera".
El relato indica que "la sirena sonaba (suena) cada 8 horas señalando los 3 turnos. En el otoño del ’75, dos Torinos grises sin patentes empezaron a aparecer estacionados bajo la sombra de los eucaliptos, del otro lado del paso a nivel. Siempre con dos represores, moviéndose a cara descubierta y haciendo ostentación de armas largas".
Ojeda recuerda el tono de la época. "Era difícil volantear. Aún así, los delegados elegían el cambio de las 16 para hacer las asambleas en la canchita. Era un mar de cascos blancos, más de mil obreros desafiando la presencia de los paramilitares y discutiendo qué hacer en esos meses vertiginosos".
La fecha no es precisa, en abril (o mayo) un comando del ERP ocupó la estación del ferrocarril de Baigorria y tomó el puesto de guardia de la John Deere. "Al día siguiente de la toma guerrillera, con la anuencia de sus directivos, una compañía del Batallón de Arsenales 121 entró en la John Deere y los oficiales arengaron a los trabajadores. Un obrero lo recuerda bien, un milico trazó una línea en el piso y les dijo: "Ustedes está de un lado, nosotros del otro", recordó el historiador.
Ya no quedaron dudas, los delegados que no eran colaboradores y los obreros combativos renunciaron y se exiliaron. "El jueves 23 de junio de 1977, la mayoría de los guerrilleros que tomaron la fábrica de tractores, después de haber sido torturados en La Calamita, fueron fusilados y arrojados al interior de la casa ubicada en Las Verbenas y 9 de Julio de Baigorria", contó Ojeda. El Comando del II Cuerpo emitió un comunicado falseando los hechos.

16 de noviembre de 2009
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relaciones peligrosas


Empresario inmobiliario vinculado con un ex jefe del ejército. La causa Brusa sigue dando sorpresas. Ahora, un hombre que negó haber conocido al ex jefe del Destacamento 122, Domingo Marcellini, fue desmentido por su sobrino frente al tribunal.
[Juan Carlos Tizziani] Argentina. Un mayor retirado del Ejército y hoy empresario inmobiliario, Eduardo Villa, dijo en el juicio a los represores santafesinos que no conocía al ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini, pero su sobrino y ex preso político, Rubén Ríos, que declaró inmediatamente después en la audiencia, lo desmintió y hasta reveló que ambos habían concurrido a una entrevista con Marcellini para agradecerle las gestiones que éste había hecho para que lo liberen, a fines de 1976.
Villa fue convocado en el juicio por su relación con el abogado Jorge Ayala Bergero, ex propietario de una casa quinta en Villa California, en las afueras de San José del Rincón, que dos querellantes en la causa, Daniel García y su esposa Alba Sánchez, denuncian como un centro clandestino de detención en el que estuvieron desaparecidos durante cinco meses, entre diciembre de 1977 y mayo de 1978. La tercera secuestrada era Andrea Trincheri (La Tana), quien se había refugiado unos meses antes en la casa de los García.
El miércoles próximo, el Tribunal Oral realizará una inspección a la quinta de Villa California que los represores llamaban ‘el Borgia’, según el relato de los García. La semana pasada declararon en el juicio la viuda de Ayala Bergero, una hija, el hermano, la cuñada y su ex socio y contador Mario Rostagno, que era copropietario de la casa durante la dictadura. Todos negaron que la quinta hubiera tenido otro destino distinto al esparcimiento familiar hasta que fue cedida en alquiler después de 1984. Y ofrecieron como pruebas fotografías familiares de distintas épocas, pero ninguna se corresponde con el período investigado en el juicio: desde principios de diciembre de 1977 hasta mediados de mayo de 1978. El martes están citados a declarar otros testigos propuestos por la familia Ayala Bergero y el miércoles, a las 10, se realizará la inspección judicial de la propiedad.
Villa reveló que Ayala Bergero fallecido un mes antes del comienzo del juicio fue su abogado durante 40 años, desde 1968, cuando él pidió el retiro en el Ejército para dedicarse a los negocios inmobiliarios. Y confirmó que tenía una sociedad de hecho con otro ex camarada, Benito Guglielmone, un capitán retirado del Ejército que tenía fluidos contactos con el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri.
Las preguntas del abogado querellante Guillermo Munné apuntaron entonces a sondear las relaciones de amistad, profesionales o de negocios entre Ayala Bergero Villa Guglielmone y Galtieri.

 "¿Usted conoció al doctor Ayala Bergero?", le planteó Munné.
Si. Me asesoraba. Era mi abogado desde hace muchos años, desde 1968 contestó Villa.

¿Por su actividad inmobiliaria intervino en operaciones de alquiler de propiedades del doctor Ayala Bergero?
No. Era mi abogado, pero no tuve negocios con él.

¿Y cuál es su relación con Benito Guglielmone?
Guglielmone falleció. Éramos de la primera promoción del Liceo Militar (General Belgrano de Santa Fe). Hicimos juntos (los barrios privados) ’La Tatenguita’ y ’El Paso’. Teníamos una sociedad de hecho respondió Villa.

¿Y usted tuvo tratos con Galtieri a través de Guglielmone o por si mismo?
No conocí a Galtieri. El que sí tenía relación con él era Guglielmone reveló Villa.

Después, cuando le preguntaron si conocía al ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini, que zafó del juicio por problemas de salud, Villa contestó: "No lo conozco. Era un oficial que estaba en Pontoneros (sic), pero nunca hablé con él", dijo.
Lo curioso es que Villa quedó al descubierto unos minutos después cuando declaró en el juicio su propio sobrino, Rubén Ríos, quien estuvo detenido durante la dictadura y fue liberado por gestiones de Marcellini. "Fuimos con mi tío a una entrevista con Marcellini para agradecerle lo que había hecho", afirmó.
Ríos dijo que fue detenido el 20 de noviembre de 1975 en la calle. Y luego pasó por un circuito represivo que incluyó la comisaría 2ª, la Policía Federal, la Jefatura de Policía, la cárcel de Coronda y la comisaría 11ª. Hasta que le concedieron la libertad a fines de 1976.

¿Su tío Eduardo Villa realizó gestiones para su liberación? le preguntaron a Ríos.
Se movió en su círculo de amistades.

¿Conoce al coronel Marcellini?
Sí, el gestionó mi salida a disposición del Poder Ejecutivo. Le fui a agradecer.

¿Fue solo o lo llevó Villa?
Fui llevado. Mi tío me acompañó, no iba a ir solo.

¿Usted dijo que el coronel Marcellini gestionó su liberación y que su tío había hecho gestiones. ¿Su liberación fue el resultado de esas gestiones?
Entiendo que sí. Su socio era Guglielmone.

¿Quién le pidió que haga ese agradecimiento a Marcellini?
Mi tío, afirmó Ríos.

15 de noviembre de 2009
©rosario 12
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