primeras nupcias
14 de noviembre de 2009
Los dos hombres que lograron el aval judicial para casarse tienen allanado el camino porque el gobierno porteño no apelará el fallo. Alex Freyre y José María Di Bello irán el lunes a pedir turno al Registro Civil: la Justicia porteña los autorizó y Mauricio Macri anunció que no apelará la decisión.
[Andrés Osojnik] Argentina. El matrimonio gay está a un paso de ser realidad en la Argentina. Después del fallo de la Justicia que declaró inconstitucional el impedimento de casarse a dos personas del mismo sexo y que ordenó al Registro Civil de la ciudad a celebrar la unión de la pareja que lo había solicitado, el jefe de Gobierno porteño anunció que no apelará la decisión. En consecuencia, el lunes próximo, Alex Freyre y José María Di Bello, fallo en mano, volverán a pedir turno para casarse. Los novios intentarán que la fecha de la boda sea el 1º de diciembre, el Día Internacional de Lucha contra el Sida. Ambos son militantes de esa causa.
Ayer por la mañana, María Rachid, la presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans se desesperaba haciendo llamados para confirmar un rumor. Se había difundido que Mauricio Macri no apelaría la sentencia que obligaba al gobierno de la ciudad a unir en matrimonio a Alex y José María. Uno y otro le iban diciendo que sí, que parecía que el hombre del Pro se había pronunciado en ese sentido. Se enteró de que Macri estaría al mediodía en un acto público. Excitada, se metió en el primer taxi que se le cruzó y enfiló al hotel donde se iba a desarrollar el evento. "Necesitaba oírlo directamente, con mis propios oídos", explicaría más tarde.
Llegó al hotel y allí estaba el hombre, rodeado de cámaras y micrófonos.
–¿Es verdad que va a acatar el fallo del matrimonio gay? –se le preguntó.
–Más allá de respetar la educación y la formación que tuve, a esta altura de mi vida privilegio la libertad de que cada uno decida lo que lo hace más feliz, siempre respetando los derechos de los otros –respondió.
Luego Macri señaló que se trata "de un paso adelante, que hoy puede ser un tema controvertido, pero en un tiempo será tomado como natural. Pasó así con el divorcio, que hace décadas generaba convulsión en la sociedad y hoy está incorporado como algo normal".
–¿Le costó tomar esa decisión? –fue otra pregunta.
–Dentro del PRO hay distintas opiniones –reconoció–. Se discutió y hubo posturas en favor de que se apele, pero primó el espíritu de la libertad.
La mención a las disidencias internas no es menor. El Pro y la gestión del gobierno porteño se caracterizan por sus posturas conservadoras y los derechos sexuales y reproductivos no son ajenos a esa visión. De hecho, los legisladores de ese mismo partido en la Cámara de Diputados se pronunciaron en contra del proyecto de ley para instaurar en el Código Civil nacional la posibilidad del matrimonio entre personas de igual sexo.
El anuncio de Macri resultó sorpresivo en ese contexto, pero es solo el último capítulo de la larga pelea que viene sosteniendo el colectivo gay lésbico del país para instaurar lo que llama "los mismos derechos con los mismos nombres". La batalla arrancó en febrero de 2007: desde entonces hubo pedido para casarse rechazados, recursos de amparo que otros jueces también denegaron, hubo campañas, recolección de adhesiones y hasta hubo una de las causas que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y mientras el máximo tribunal, con un dictamen favorable del procurador general, empieza a analizar el caso, una jueza concedió uno de los amparos a favor de los demandantes, Alex y José María.
Para agregar condimentos llamativos respecto de la postura de Macri, el mismo amparo que ahora acata con el argumento de la libertad había sido rechazado por su gobierno: en el amparo, el gobierno porteño era el demandado y como tal debió sentar su postura antes de que la jueza fallara. La posición fue contraria a la demanda: el argumento fue que la Justicia no era la vía adecuada para debatir el asunto y que impedir el casamiento entre personas homosexuales no es discriminatorio.
–¿Que el gobierno porteño no apele implica automáticamente que Freyre y Di Bello se puedan casar? –preguntó Página/12 a Gustavo López, secretario jurídico de la Falgbt y cabeza del equipo de le dio forma a las presentaciones de los amparos.
–Ese fallo, si no es apelado, tiene fuerza de ley para los demandantes, Alex y José María.
–¿No puede apelar otra persona, otra entidad?
–Los únicos que pueden apelar son las partes, los demandantes y el demandado. También lo podría hacer la fiscal, pero si una parte está conforme y la otra también, no parece muy razonable que se oponga. Es como si yo demando a alguien porque me debe plata y ese alguien me dice "sí, tiene razón, le debo esa plata", ¿por qué un fiscal se va a oponer?
–¿Qué alcances tendría el casamiento en este caso?
–El de cualquier matrimonio, el mismo efecto entre las partes, con iguales derechos e iguales obligaciones. El matrimonio para ellos es ley ahora.
–¿Podrían adoptar?
–La ley establece que puede adoptar una persona o un matrimonio. Y ellos serán un matrimonio.
María Rachid no daba abasto ayer para atender la serie de felicitaciones y compartir los festejos. Más temprano y después de haber hecho pública su postura, Macri la había llamado para comunicársela en forma personal. El jefe de Gobierno le pidió también que le pasara con Freyre y Di Bello.
"Celebramos la decisión de no apelar el fallo y ahora más que nunca estamos convencidos de que hay consenso social y consenso político para avanzar hacia la igualdad jurídica para nuestra comunidad", dijo luego Rachid a este diario. "Ahora convocamos a todos los diputados y diputadas a expresar esa convicción política que, estamos convencidos y convencidas, ellos también comparten en la Cámara de Diputados de la Nación –indicó–. Necesitamos un gesto de esos diputados y diputadas para alcanzar el reconocimiento pleno de nuestros derechos."
La dirigente de la Falgbt se refería al cono de sombra en que quedó envuelto el proyecto de modificar el Código Civil para instaurar el casamiento gay en el país. Después de dos sesiones de las comisiones de Familia y Legislación General en las que parecía que la iniciativa se encaminaba a la aprobación, la reunión decisiva no se llegó a concretar, porque el FpV y los radicales no dieron quórum.
Más allá del debate parlamentario, la semana próxima puede ser decisiva para convertir a la Argentina en el primer país de América latina en celebrar una boda gay: Alex y José María irán al Registro Civil de Uriburu al 1000 a pedir turno. "Estamos muy felices, emocionados, pero también con un peso de responsabilidad muy grande porque no es sólo para nosotros, sino que implica un empuje para la igualdad jurídica en Argentina y en el resto de América latina", decían anoche los futuros contrayentes.
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Argentina. A más de 20 años de los hechos, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la recuperación del cuartel militar de La Tablada comienzan a ser juzgadas. El juez federal de Morón, Germán Castelli, ordenó la detención del general Alfredo Arrillaga y del mayor Jorge Varando, y declaró de lesa humanidad e imprescriptibles las ejecuciones y torturas a miembros del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que el 23 de enero de 1989 coparon ese regimiento. Al resolver que estos delitos no prescribieron, Castelli entendió que "el presidente de la Nación (Raúl Alfonsín), ante un ataque a la democracia tendiente a derrocarlo, y en cumplimiento de sus legítimas atribuciones, activó el más vigoroso brazo armado del país en defensa de la Nación". Pero agregó que "varios de los agentes convocados, además de cumplir exitosamente la misión encomendada, aprovecharon el extraordinario poder otorgado, el dominio del escenario de los hechos, la estructura y los recursos estatales, para sobrepasar, sigilosamente, el poder presidencial, y así planificar y ejecutar graves violaciones al derecho humanitario internacional".
Argentina. Se trata del ex general Alfredo Arrillaga, quien ya se encuentra detenido acusado por delitos cometidos durante la represión en la dictadura, y del mayor Jorge Eduardo Varando, quien está procesado y camino al juicio oral por la represión del 19 y 20 de diciembre que precedió a la caída de Fernando De la Rúa, quien aún no fue apresado ya que no fue hallado en el domicilio al que una delegación policial concurrió a detenerlo.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. La escritora Alicia Barberis declaró ayer en el juicio a los represores santafesinos que vio una camioneta Vitara blanca a metros de una quinta de Villa California, en San José del Rincón, a principios de 2005, poco después de que dos querellantes, Daniel García y Alba Sánchez, señalaran esa casa como un centro clandestino de la dictadura (‘el Borgia’), donde estuvieron secuestrados cinco meses, desde diciembre de 1977 hasta mayo de 1978, junto a una compañera de militancia, Andrea Trincheri (‘la Tana’). "Vi esa camioneta en la esquina de esa casa, una o dos veces, como si estuviera de custodia", dijo Barberis. Los García denunciaron el chupadero ante la justicia en noviembre de 2004 y a partir de allí comenzó una escalada de intimidaciones y amenazas: el mismo día que hicieron la denuncia ante el juez federal Reinaldo Rodríguez, una Vitara blanca rondó por las inmediaciones de su casa y sacó fotografías. Al mes siguiente, participaron de un reconocimiento del lugar y a la semana, en enero de 2005, uno de sus hijos fue víctima de una encerrona en la calle, cuando un hombre lo agarró por el cuello, le puso una pistola en la cabeza. Y después se fue en una Vitara blanca.
[José Maggi] Argentina. El Tribunal Oral Federal Nº 1 fijó ayer las fechas para inspeccionar cinco centros clandestinos de detención: el reconocimiento a La Calamita y La Intermedia será el lunes 23 de noviembre, el de la Escuela Magnasco y la Quinta de Funes el martes 24 y finalmente el de la ex Fábrica Militar de Armas el miércoles 25 del corriente mes. En tanto en la jornada de ayer declararon tres empleados jerárquicos de la Fábrica Militar, y la prima de Ariel Morandi, quien estuvo en ese centro clandestino.
[Mariana Carbajal] Argentina. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación recibió 6746 denuncias y detectó 8354 personas que sufrieron maltratos familiares en su primer año de funcionamiento: ocho de cada diez afectadas son mujeres; entre los varones, seis de cada diez son niños y adolescentes. Casi nueve de cada diez denunciados son hombres. La mitad de los agresores son parejas de la víctima y casi un tercio, ex parejas, según reveló ayer la ministra del máximo tribunal Elena Highton de Nolasco, al dar a conocer las estadísticas. La jueza expresó su profunda preocupación porque nueve de cada diez casos derivados al fuero penal terminan rápidamente archivados o con un sobreseimiento, sin ser investigados. "Lo que queremos es que no se minimice el problema", dijo y adjudicó esta tendencia al desconocimiento de los magistrados sobre las características del fenómeno de la violencia machista. "Como se trata de amenazas o de gritos los archivan, pero después de muchos años puede terminar en homicidio", advirtió Highton. Distintos estudios mundiales muestran que el 50 por ciento de las mujeres víctimas de homicidio fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, según datos del Estudio a Fondo de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra las Mujeres.
[Nahuel Lag] Argentina. La Justicia porteña tiene nuevos elementos para avanzar en la causa contra el grupo de choque del gobierno macrista denominado UCEP, que se encarga de "ordenar el espacio público" expulsando "indigentes" de la vía pública. Ayer, el juez Roberto Gallardo accedió a dos CD que contienen información de una de las computadoras de las oficinas que el organismo tiene en el Edificio del Plata y que había logrado ocultar en el allanamiento realizado el jueves por orden del magistrado. Los documentos a los que tuvo acceso Página/12 reafirman las denuncias que en las últimas semanas se hicieron contra la unidad de control que sigue operando en horas de la madrugada, la mayoría de las veces contra "asentamientos de indigentes", y contiene un informe en el que se resaltan los "grandes hitos" realizados por el organismo y se proyectan objetivos para lograr mayor "eficiencia". También se admite que las víctimas de los desalojos suelen ser familias enteras.
Buenos Aires, Argentina. Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina informó hoy que ha sido identificado el cadáver de Mónica Graciela Santucho, asesinada por la dictadura militar cuando tenía 14 años y que había sido secuestrada junto con sus padres a fines de diciembre de 1976.