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carta anónima como prueba


La recibió un testigo que declaró en el juicio.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. El Tribunal Oral Federal aceptó como prueba en el juicio a los represores santafesinos un anónimo enviado por correo a uno de los testigos que declaró ayer, Froilán Aguirre, quien recibió una lista con una decena de nombres de supuestos integrantes del grupo de tareas que lo secuestró y torturó en un centro clandestino de San José del Rincón, pero en la que no figura el comisario Roberto Martínez Dorr, alias ‘Morrongo’, que él acusa por los tormentos que padeció en la comisaría 1ª, donde estuvo 29 días encapuchado y maniatado en un calabozo. Aguirre leyó la carta ante los jueces, mencionó los integrantes de la patota y les pidió que la incorporen como prueba en el proceso. "Uno de los párrafos niega lo que yo digo, pero yo no tengo dudas", dijo. Y ratificó que fue Martínez Dorr quien lo sometió a una "feroz paliza" en la comisaría 1ª porque había dibujado en la pared una estrella de ocho puntas con sus iniciales: "FA", la fecha de su secuestro: "8/9/76" y una firma: "Montos". "¿Así que sos monto?", dijo que le preguntaba Morrongo mientras le azotaba la cabeza contra la pared.
Aguirre militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios cuando fue secuestrado el 8 de setiembre de 1976. Tenía 17 años. Cayó en una cita en el hospital Iturraspe, junto a un compañero de militancia que recién supo su nombre muchos años después. Los rodearon y los llevaron a un chupadero. "Tengo la sensación que era en la zona de Rincón porque atravesamos el puente Oroño (sobre la laguna Setúbal). Era una marcha ligera, sin detenciones y escuchába que se comunicaban con otro grupo. Unos se identificaban como ’fábrica’ y los otros de ’depósito’", relató Froilán.
El vehículo bajó en un camino arenoso y lo entraron a una casa. "Me torturaron con picana eléctrica, pasaron algunas horas. Uno pierde la noción del tiempo. Escuché los gritos del otro compañero que eran desesperantes, hasta que se hizo un silencio y ruidos de cadenas como si lo estuvieran desatando. Y no escuché más nada".
A la madrugada lo trasladaron a la comisaría 1ª, a un calabozo muy chiquito. "Estuve encapuchado y esposado durante 29 días. No me podían dar agua y no podía comer, así que estuve desvanecido creo que varios días. Después, todas las noches venían y me golpeaban y me pateaban", recordó Aguirre.
Un día, Aguirre dibujó una estrella de de ocho puntas con sus iniciales: "FA", la fecha de la caída: "8/9/76" y una firma: "Montos". "Cuando se dieron cuenta entró al calabozo un oficial al que le decían ’Morrongo’ y después me enteré que era Martínez Dorr que me dio una paliza descomunal. Me preguntaba: ’¿Así que sos monto?’ Me azotó la cabeza contra la pared veinte veces veces. Me saltó arriba del cuerpo y con un manojo de llaves me golpeaba en los testiculos. Uno de los detenidos que estaba ahí tuvo un ataque de vómitos por la forma en que me habían pegado". Froilán dijo que pudo "reconocer la fisonomía" de su torturador. Lo pudo "reconocer perfectamente". Era Martínez Dorr.
Tiempo después, lo trasladaron a la Guardia de Infantería Reforzada, donde un capitán del Ejército de apellido Cerini lo interrogó sobre su situación y le preguntó sobre el compañero de militancia que había caído con él. Le dijo que no sabía su nombre. "No te hagas el pelotudo porque ese tipo está un metro 80 bajo tierra", le contestó Cerini. La respuesta del militar le confirmó que habían matado a su compañero en la sala de torturas en el chupadero de Rincón. Con el tiempo se enteró que se llamaba Juan Alberto Osuna y que su cuerpo apareció en un enfrentamiento fraguado en Paraná.
Aguirre sacó entonces una carta que recibió hace unos días y comenzó a leerla ante el Tribunal. Era una lista con los nombres de los supuestos integrantes de la patota que lo secuestró y torturó. Mencionó a un imputado en el juicio, al ex suboficial del Ejército Nicolás Correa que también estuvo imputado hasta su fallecimiento, algunos policías y a un militar. Pero no aparecía el comisario que él acusa por la golpiza en la comisaría.
"Un párrafo de la carta niega lo que yo digo, pero yo no tengo dudas que (su torturador) es Martínez Dorr", insistió Froilán. El abogado querellante Horacio Coutaz aclaró al Tribunal que la carta anónima que había recibido Aguirre no era la única, con lo cual deslizó que otros sobres fueron a parar a otras manos. El presidente del Tribunal, Roberto López Arango dispuso que se extraigan fotocopias del anónimo y se distribuyan entre las partes. La defensa no se opuso, y por lo tanto quedó incorporada como prueba en el juicio una lista enviada por correo, con un remitente falso, en la figuran varios represores, pero falta uno.

10 de noviembre de 2009
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ensañamiento pocas veces visto


Sobrevivientes de La Perla recordaron el paso por allí de Hilda Cardozo. La compañera de Ramón Verón, testigo en la causa Amelong, está desaparecida. Dos sobrevivientes del centro de detención cordobés relataron ayer haber compartido cautivero con ella. "Nunca vimos a una persona en tan mal estado", señalaron.
[José Maggi] Argentina. Dos sobrevivientes del centro clandestino cordobés conocido como La Perla, declararon ayer en la causa Guerrieri-Amelong, y relataron haber compartido su cautiverio con Hilda Cardozo, la compañera desaparecida de Ramón Verón, testigo en la causa. Hilda estuvo detenida en la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu, pero fue llevada a la ESMA, y después a La Perla, donde llegó con signos de haber sido torturada. Ambos testigos remarcaron que "nunca habían visto una persona en tan mal estado, su cuerpo todo llagado: tenía sus pechos quemados con cigarrillos y hasta tenía heridas de puntazos en su vientre", relató a Rosario/12 Carmen Pérez Sosa.
"Los dos dijeron haber estado detenidos en La Perla en momentos en que es traída Hilda Cardozo a este CCD. Detallaron en qué condiciones se encuentran con Cardozo agregando que la misma estaba muy mal, incluso Pérez Sosa dijo que a pesar de que ellos habían sido torturados se horrorizaron de ver en el estado en que se encontraba Hilda", señaló Daniela Asinari, abogada patrocinante.
Los testigos relataron "que se evidenciaba en el cuerpo de Hilda por las lastimaduras que tenía un ensañamiento pocas veces visto". Además, Pérez Sosa declaró que "Hilda pudo decirles que los métodos de tortura que aplicaron en ella estando en Fábrica Militar no fueron tan aberrantes como en La Perla".
Según Pérez Sosa y ‘Toto’ López, Hilda habría llegado a La Perla a mediados de junio de 1978 y estuvo allí hasta los primeros días de julio. "Hubo como tres momentos en que a Hilda la van a buscar a La Perla y en las dos primeras la vuelven a dejar y fue la tercera vez que la llevan y ya no volvió", coincidieron los testigos.
Luego declaró Guillermo Repetto, quien fue empleado jerárquico de la Fábrica Militar durante la dictadura. "En ese tiempo como director de Fábrica Militar estaba Jordana Testoni y en enero del 78 un pedacito de lo que era el predio de Fábrica se limita y muchos dejaron de tener acceso", narró.
Por último declaró Viviana Rivero hija del querellante Juan Rivero . quien recordó "los hechos vividos en la casa el día que lo secuestran a Juan". "Estábamos jugando con mi hermano y de pronto irrumpen en la casa muchas personas que se quedan por varias horas hasta que llegó mi padre que estaba trabajando. Todos estaban armados", declaró la testigo.
"Luego estas personas continuó permanecieron en el domicilio dos días después de habérselo llevado". Rivero indicó que "las mismas personas siguieron merodeando la casa durante unos quince días, evidentemente esperando a alguien más".
"Durante ese tiempo, unos quince días no pudimos regresar a nuestra casa y cuando volvimos vimos que nos habían robado una cantidad importante de cosas y habían destrozado todo", indicó la hija del querellante.
"En la puerta de la casa había quedado personas vestidas con el color de traje militar (verde) y otros vestidos de azul", recordó Viviana que en esa época era una nena de siete años.
Cabe recordar que en la audiencia se elevó por parte de la fiscalía y la querella un pedido al Tribunal Oral Federal Nº 1 para que la inspección en la ex Fábrica Militar de Armas se haga en "forma desdoblada. Es decir, que la parte querellante ingrese sin la presencia del imputado Daniel Amelong, quien solicitó asistir a la misma.

10 de noviembre de 2009
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en qué trabajan ahora los cobardes


De la milicia a los negocios. Cinco ejecutivos en empresas de seguridad privada.
[Diego Martínez] Argentina. Cinco ex miembros del Grupo de Tareas 3.3 ocupan u ocuparon altos cargos en empresas de seguridad privada. El capitán de navío Hugo Roberto Ortiz es presidente, accionista y director técnico de Protección Millenium SA, con sede en Santos Dumont 4457. Sus clientes van desde el HSBC hasta el barrio privado Marinas del Pilar. Rafael León Rodríguez es director técnico de Laseg SRL, que presta servicios de vigilancia privada y custodias personales. El contraalmirante Jorge Horacio Fuertes fue hasta 2006 director técnico de S&E Seguridad Privada SA. En 2007 lo reemplazó su camarada Rodríguez. El capitán de fragata Carlos María Zanardi Ocampo fue director y luego responsable técnico de Kontrol Defensa Electrónica SA, que presta "servicios de vigilancia privada, custodias personales y vigilancia con medios electrónicos, ópticos y electro-ópticos, con autorización para el uso de armas". Su esposa informó que volverá a la ciudad "recién en diez días". El capitán de navío Basilio Baltasar Chantir fue durante diez años jefe de seguridad y servicios del centro comercial Alto Palermo y es desde 2004 director de operaciones de Otto Garde y Cía. y de GLA SA, según su web "la primera gerenciadora profesional de Retail Real Estate, un segmento que combina el negocio de bienes raíces con el mercado de centros comerciales". Ambas firmas comparten personal, teléfono y sede: Ramón Falcón 7145. Página/12 intentó hablar con Chantir el viernes. En su trabajo, por la mañana, informaron que "salió a una reunión". Por la tarde, que "en realidad hoy no estuvo". Su esposa recomendó llamarlo al anochecer. Tras conocer el motivo informó que "está en Uruguay, viene periódicamente".

10 de noviembre de 2009
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625 procesados por derechos humanos


Hay 625 procesados por delitos de lesa humanidad. La Procuración General de la Nación informó que la cantidad de procesados por delitos de lesa humanidad en todo el país asciende a 625, de los cuales 279 fueron elevados a juicio oral.
Argentina. El relevamiento de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado indicó que otros 161 imputados comenzarán a ser juzgados a la brevedad.
El dossier fue publicado hoy por el oficial Centro de Información Judicial (CIJ), y destaca que las cifras son un "indicador del avance y el volumen del proceso general de juzgamiento", así como "un parámetro de la dimensión de los juicios orales venideros". De las 161 personas que transitan la "etapa intermedia" del proceso y que ingresarán próximamente a la fase de juicio oral, 96 lo harán por primera vez.

10 de noviembre de 2009
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capturan a represor prófugo


Detuvieron al represor Jorge Díaz Smith. Es un ex miembro de la Prefectura Naval Argentina que integró los grupos de tareas de la represión ilegal. Fue detenido hoy en una quinta de la localidad bonaerense de Marcos Paz, según informaron fuentes del Ministerio de Justicia de la Nación.
Argentina. Díaz Smith tenía pedido de captura del juzgado federal Nº 12, a cargo de Sergio Torres, y está acusado de cometer crímenes de lesa humanidad en el centro de detención ilegal que funcionó en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).
La detención se concretó luego de una investigación llevada adelante por la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia.
Díaz Smith, que integraba la lista de los represores por quiénes el Estado ofrece una recompensa de hasta 100 mil pesos, está acusado en la causa en la que se investigan los delitos ocurridos en la ESMA.
El operativo estuvo a cargo de personal de la División Seguridad del Estado de la Policía Federal, que detuvo al prófugo hoy a las 7 en una quinta de la localidad bonaerense de Marcos Paz.
El ministro de Justicia, Julio Alak, expresó su satisfacción por la captura del represor y dijo que "se trata de un nuevo paso en el proceso de búsqueda de justicia que se reabrió en la Argentina a partir de la derogación de las leyes de impunidad, a instancias del gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner".
En tanto, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, aseguró que espera "que se concreten las otras capturas pendientes en la causa para posibilitar el avance del proceso de Memoria, Verdad y Justicia que el Gobierno nacional viene impulsando desde el 25 de mayo de 2003".
Además de Díaz Smith, los otros capturados son los ex represores Pedro Santiago Godoy, Claudio Orlando Pittana, Juan Máximo Copteleza, Felipe Romeo, Jorge Horacio Granada, Julián Oscar Corres, Norberto Raúl Tozzo y Jorge Antonio Olivera.
En su mayoría, se trata de personas vinculadas a causas sobre privación ilegítima de la libertad y desaparición de personas, como la que investiga los hechos ocurridos en ESMA.
Ahora son 17 los prófugos acusados de cometer delitos de lesa humanidad buscados por el Gobierno a través del sistema de recompensas establecido por la ley Nº 26.375, que permite el pago de retribuciones económicas por un monto de hasta 100 mil pesos a quienes aporten datos fehacientes para dar con los buscados.
Ellos son Roberto González, Pedro Osvaldo Salvia, Eduardo Ángel Cruz, Néstor Norberto Cendón, Luis Enrique Baraldini, Gonzalo Sánchez, Jorge Raúl Vildoza, Juan Carlos Linares, Héctor Mario Schwab, Eduardo Abelardo Britos, Juan Carlos Vázquez Sarmiento, Aldo Mario Álvarez, Jorge Héctor Di Pascuale, Jorge Héctor Vidal, Fernando Federico Delgado, Guillermo Federico Madueño y Héctor Mendoza.

10 de noviembre de 2009
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dictador videla seguirá preso


En Campo de Mayo. Negativa a un pedido de excarcelación del dictador. La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó excarcelar al ex presidente de la dictadura militar Jorge Rafael Videla en la causa por la sustracción de recién nacidos. El dictador deberá seguir cumpliendo en Campo de Mayo la prisión preventiva.
Argentina. La defensa de Videla había pedido la concesión del beneficio basada en la edad del procesado y en el tiempo que lleva detenido, pero la Sala III del tribunal, por dos votos contra uno, se opuso al pedido de los abogados Adolfo Casabal Elía y Luis Boffi Carri.
Videla, de 84 años, está alojado en Campo de Mayo desde hace algo más de un año, cuando el juez federal Norberto Oyarbide, a pedido de un grupo de Abuelas de Plaza de Mayo representadas por el abogado Alejo Ramos Padilla, le revocó la prisión domiciliaria.
La mayoría de la Sala III, integrada por Liliana Catucci y Eduardo Riggi, consideró que se debía mantener la decisión de Oyarbide.
Catucci sostuvo que Videla, salvo la edad, no reúne los requisitos para obtener la prisión domiciliaria, "pues los dictámenes médicos reflejan que las patologías que padece no lo inhabilitan para permanecer detenido en un alojamiento común".
Riggi agregó que es "evidente" la existencia de riesgos procesales en caso de otorgamiento de la excarcelación, concepto al que sumó "la gravedad de la pena" a Videla y "el grado de verosimilitud" de los hechos investigados.
En disidencia, la camarista Angela Ledesma evaluó que Videla "ya ha cumplido 7 años de encarcelamiento cautelar sin que se haya realizado juicio oral y público donde se discuta su responsabilidad en la sustracción, ocultamiento y retención de menores" y que, a su criterio, "resulta excesivo".
En octubre de 2008 Videla, quien se hallaba en su domicilio, fue trasladado a su nuevo lugar de detención, una celda en la Unidad 34, en el establecimiento que se encuentra dentro de un predio del Ejército, pero que está a cargo del Servicio Penitenciario.

10 de noviembre de 2009
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lago castro, colaboracionista


Sobrevivientes señalaron a un ex preso común como integrante de la patota. El Tribunal Oral pidió informes sobre un detenido que, según lo dicho por once testigos, fue llevado desde Coronda para colaborar con el grupo de tareas. Interrogó, hizo simulacros de fusilamiento y también participó en las torturas.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. El Tribunal Oral que juzga a los represores santafesinos pidió informes al Servicio Penitenciario de la provincia sobre un ex preso común, José Ricardo Lago Castro, que once testigos en el juicio señalaron como un colaborador del grupo de tareas que operaba en la comisaría 4ª y tres de ellos acusaron por simulacros de fusilamiento. El nombre de Lago Castro comenzó a escucharse desde el primer día de las testimoniales cuando dos ex detenidos políticos, Orlando Barquín y Francisco Klaric, lo sindicaron como un colaboracionista de la represión ilegal. Lo llamativo es que la mayoría de los testigos lo llamaron "Castrolago", cuando en realidad es Lago Castro, nacido en Bilbao, España, el 19 de octubre de 1943. Quizás la confusión se debe a que los represores solían llamarlo "teniente Castro".
El pedido de informes fue remitido a solicitud de la defensora oficial Judith Funes, quien junto a su colega Adriana Gastaldi comparte la defensa de dos imputados en la causa: el ex jefe de la comisaría 4ª, Mario Facino y al ex oficial de Inteligencia de la Policía santafesina, Eduardo Ramos.
Lago Castro estaba preso en la cárcel de Coronda cuando pasó a disposición del Area 212 en dos oportunidades. La primera: entre el 12 de agosto y el 2 de setiembre de 1976. Y la segunda: desde el 4 de noviembre de 1976 hasta el 14 de setiembre de 1977. Su segundo pase a disposición del Ejército fue ordenado por el oficial de operaciones del Area 212, teniente coronel Carlos Adalberto Rodríguez Carranza, el 4 de noviembre de 1976. El traslado se concretó al día siguiente, a cargo del entonces jefe de la Oficina de Coordinación del Area 212, Julio Alberto Villalba. Y casi un año después, el 14 de setiembre de 1977, Lago Castro volvió a la cárcel de Coronda, pero esta vez en otro traslado al mando del segundo coordinador del Area 212, Juan Calixto Perizzotti, quien ya había reemplazado a Villalba a mediados de enero de 1977 y hoy es uno de los seis imputados en el juicio.
Barquín, Klaric y María Cecilia Mazzetti acusaron a Lago Castro por simulacros de fusilamiento en la seccional 4ª, un centro de interrogatorios y torturas de la represión. "Un día escuchamos disparos cerca de la comisaría. Y apareció un preso común, Lago Castro, que colaboraba con los represores, con una ametralladora. Nos grita que nos pongamos contra la pared que se acababa nuestra vida. Le dije a Klaric con mucho miedo: ’Me parece que nos matan’. Como pasaron unos minutos nos animamos a darnos vuelta y no había nadie. Creía que nos mataban", dijo Barquín en el juicio. Klaric coincidió con el relato. "Lago Castro era un preso que había pasado a colaborar con la patota. Andaba suelto y armado. Nos hacía simulacros de fusilamiento con ametralladoras. Nos decía: ’Los voy a hacer cagar’".
Mazzetti padeció varios traslados, entre ellos uno de la Guardia de Infantería a la comisaría 4ª. "Me hacen poner en el patio contra la pared y le dicen a alguien: ’Hacete cargo, esto es tuyo, ocupate vos’. Veo que un hombre se acerca con un arma y empieza a gatillarme en la cabeza. Hasta que le dicen: ’Castrolago volvé a tu celda, basta’. Era un preso que estaba ahí, no sé si jugando", recordó Cecilia ante el Tribunal.
Otros testigos que apuntaron a Lago Castro fueron Mariano Millán Medina, Carlos Chiarulli, Carlos Raviolo, Carlos Pacheco, Roberto Cepeda, Luis Baffico, Rafael Bugna y el periodista José Luis Pagés.
Millán Medina lo recordó como un preso común "medio rapadito que habían traído de la cárcel de Coronda. Los compañeros me decían que tuviera cuidado, que no le digamos nada, porque salía de noche con la patota". Mientras que Chiarrulli lo calificó como un "informante", con quien tuvo que compartir una celda durante varios días y no dejó de interrogarlo. Antes de llegar a la comisaría 4ª, Chiarulli había sido torturado en un centro clandestino conocido como "La Casita". "Yo tenía serios problemas de movilidad por la picana eléctrica. Había quedado muy dañado. Me arrastraba más de lo que caminaba y este hombre (Lago Castro) me seguía interrogando". Hasta que después lo ubicaron en otra celda con más presos políticos.
Raviolo dijo que conoció a Lago Castro cuando le sacaron la capucha y lo pusieron en una celda grande junto con Pacheco y Chiarulli. "Nos dijo que había estado en la cárcel de Coronda y no sé por qué problema lo llevaron a la 4ª", explicó. Pacheco agregó que el soplón les había dicho que él también "era un preso político, pero que en realidad era un preso común llamado (José) Ricardo Lago Castro".
Según Cepeda, Lago Castro "colaboraba como uno más en el grupo de tareas". Mientras que Rafael Bugna recordó que "en la jaula de la comisaría 4ª había cuatro presos comunes que estaban allí por colaborar con los presos políticos de la cárcel de Coronda. Uno de ellos era de apellido Lago Castro, que se la pasó arengando: ’¡Viva el Che! ¡Viva Cuba!’".
El periodista José Luis Pagés también mencionó a Lago Castro hace dos semanas cuando declaró en el juicio y el Tribunal Oral le preguntó sobre los integrantes del grupo de tareas. "Uno era un presidiario que se hacía decir ’capitán’, se vestía como tal, interrogaba y picaneaba", respondió.

10 de noviembre de 2009
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identifican a 28 represores más


Documento exclusivo que revela los nombres de 81 personas que integraban el gt 3.3 La orden firmada por Massera para condecorar a 81 integrantes o colaboradores del Grupo de Tareas de la ESMA reveló la existencia de 28 personas que no fueron denunciadas. Más pruebas para el juicio que comienza la próxima semana.
[Diego Martínez] Argentina. El 12 de septiembre de 1978, cuando la mayor parte de los secuestrados de la ESMA ya habían sido "trasladados" en vuelos de la muerte, el almirante Emilio Massera condecoró a ochenta y un hombres por su actuación "en el Grupo de Tareas 3.3, en operaciones reales de combate". La lista incluye secuestradores, torturadores, mecánicos que reparaban autos robados, médicos que atendían partos en cautiverio e inyectaban a las víctimas de los vuelos, aviadores, técnicos aeronáuticos y hasta el electricista que reparaba las picanas. Alfredo Astiz, Jorge Acosta y otros once combatientes serán juzgados desde la próxima semana en Comodoro Py. Ocho están procesados con prisión preventiva. Cinco continúan prófugos. Murieron como mínimo 27: los menos como imputados –incluido el prefecto Héctor Febres, envenenado antes de escuchar su sentencia–, la mayoría en el anonimato. Página/12 investigó y buscó al resto: 28 desconocidos, libres e impunes. Cinco son dueños o directores técnicos de empresas de seguridad privada. Varios hicieron carrera en la Armada y supieron merodear altas esferas de gobierno. Uno fue director de Inteligencia Naval hace apenas cinco años. Otro presidió el Foro de Almirantes Retirados, bastión de lucha a favor de la impunidad de sus miembros.
La resolución secreta lleva el número 745/78. Se titula "Otorgar distinciones a personal componente del Grupo de Tareas 3.3" (GT 3.3). Invoca como fundamento la resolución 736/78, que instituyó premios a protagonistas de "hechos heroicos y acciones de méritos extraordinarios, individuales o de conjunto", y la firma Massera, comandante en jefe de la Armada. La lista incluye sesenta marinos, ocho miembros de la Policía Federal, tres del Ejército, tres del Servicio Penitenciario Federal, dos de Prefectura y cinco civiles, divididos en cuatro categorías: heroico valor en combate, honor al valor en combate, operaciones de combate a secas, y premio al esfuerzo y la abnegación. Sólo cuatro figuran además como heridos en combate. Excepto los suboficiales, todos son realzados con el rango de Don. La orden escrita firmada por Massera fue incorporada a la causa a cargo del juez federal Sergio Torres hace casi seis meses.

Un Operador Florido
La resolución de la Armada, que niega conservar información sobre la guerra sucia, fue incorporada a la causa "a título de colaboración" por el capitán de fragata médico Carlos Octavio Capdevila, procesado con prisión preventiva por atender a mujeres embarazadas en la ESMA a partir de 1979. La condecoración incluye a los colegas que lo precedieron: Carmelo Spatoco, Héctor Reinaldo Ricciardi y el comisario Francisco Antonio Diez, todos fallecidos. El 18 de mayo, preso en el penal de Ezeiza, ‘Tommy’ Capdevila solicitó ampliar su declaración. Explicó que llevaba seis años detenido y consideró injusto que le prorrogaran su prisión preventiva. "Mi colaboración no ha sido tenida en cuenta", afirmó, y le recordó al juez que varios miembros del GT 3.3 que mencionó en 2007 "no han sido llamados a prestar declaración indagatoria".
Citó como ejemplo al capitán de navío auditor Pedro Carlos Florido. Reiteró que supo "por comentarios del capitán Acosta que en 1977 y 1978 cumplió funciones" en la ESMA, que lo vio "salir numerosas veces del despacho del capitán (Horacio) Estrada" en 1980, y manifestó su sorpresa de que, lejos de estar detenido, "hasta no hace mucho tiempo siguió manejando nuestras causas como integrante del Servicio de Inteligencia Naval, por tener relación personal con varios jueces federales, entre los que se encuentra Su Señoría y (María) Servini de Cubría", declaró.
En base al Plan de Capacidades de la Armada y a las directivas del Consejo de Defensa 1/75 "Lucha contra la subversión", ambos de 1975, Capdevila calculó que la suma de oficiales superiores y jefes que participaron de la guerra sucia asciende a 1200 marinos, "que indudablemente tenían capacidad de decisión". "Sólo resta a Su Señoría ordenar a la Armada que suministre los datos de quiénes cubrían esos cargos e indagarlos", propuso.
"En mi modesta opinión todos aquellos que hasta la fecha no aparecieron deben estar muertos", arriesgó, y para dar con los responsables de los vuelos consideró "imprescindible investigar a la Fuerza Aeronaval 3 de Ezeiza", dato que coincide con las declaraciones de ex mecánicos del área militar de Ezeiza citados el mes pasado por Páginal12.

Tiburones y Panteras
Varios condecorados tuvieron una larga carrera naval. La mayoría pasó a retiro en la década del ’90. Seis siguieron en actividad en el siglo XXI. Héctor Julio Alvarez alcanzó el grado de vicealmirante. En 1998 participó como comandante del Area Naval Austral del primer ejercicio combinado con la Armada de Chile. En la foto que publicó La Nación aparece tomando un café, en Puerto Williams, con el contraalmirante chileno Jorge Arancibia Clavel. En 1999 el presidente Fernando de la Rúa lo nombró director de Personal Naval. Entre 2003 y 2006 presidió el Foro de Almirantes Retirados.
Cinco llegaron a ser contraalmirantes: Gerardo Enrique Ferrer, Jorge Daniel Marquardt, Jorge Horacio Fuertes, Mario José Bilesio y Horacio Luis Ferrari. En septiembre de 2003 el ex presidente Néstor Kirchner designó a Ferrari como Director de Inteligencia Naval, cabeza de la estructura que sería denunciada por el espionaje ilegal en la base Zar. El ex ESMA es también vicepresidente del Centro Naval y "capitán general de rugby" en el club Centro Naval. Un sobreviviente denunció en 2007 que Ferrari era el apellido de 'Pantera', jefe de operaciones del GT 3.3 que reemplazó a Enrique Yon. Otro mencionó al "teniente Ferrari" a secas. El fiscal Eduardo Taiano precisó en su dictamen de 2005 que ‘Pantera’ era en 1977 teniente de navío. El condecorado era en 1978 teniente de fragata. Vive en un departamento de la avenida Libertador.
Entre los distinguidos hay al menos dos sobre quienes obran en la causa datos contundentes. Un "suboficial Mazola" aparece en distintas declaraciones como "ayudante de Acosta y Radice". En 2005 Taiano incluyó en su dictamen a "Aníbal José Mazola" y apuntó que actuó entre 1977 y 1979 en el sector de logística del GT 3.3. La Armada respondió que ningún suboficial tenía ambos nombres y envió el certificado de defunción de un tal Julio Mazola. Hasta allí llegó la búsqueda de la Justicia. La condecoración precisa el nombre: "Suboficial mayor Domingo Aníbal Mazola", que hoy tiene 78 años.
Los sobrevivientes recuerdan a tres miembros del Servicio Penitenciario Federal en la ESMA. ‘Fragote’ es Carlos Generoso, preso en Ezeiza. ‘Paco’ es Roberto Naya, prófugo. El tercero se apodaba ‘Yoli’, "presumiblemente apellidado Guerra", apuntó el fiscal Taiano. Massera condecoró a tres penitenciarios: Generoso, Naya y el "oficial adjutor Arturo José Guerra", que hoy tiene 59 años, vive en Ezeiza y llegó a ser alcaide mayor.
Un razonamiento similar se aplica a los miembros de la Policía Federal. Massera condecoró a siete. Ernesto Weber, maestro en el arte de la picana, goza de arresto domiciliario. Juan Carlos Fotea Dineri, alias ‘Lobo’, está preso en Marcos Paz. Siguen prófugos Roberto González, alias ‘Federico’, el ‘Gordo Juan Carlos’ Linares y Pedro Salvia, alias ‘Angosto’. Carlos Pérez, alias ‘Bicho’, está muerto. El último es el agente Raúl Cabral, cuyo apellido nadie conocía y "tiene que ser Tiburón porque es el único que falta del grupo de la Federal", apunta un sobreviviente. Taiano incluye a ‘Tiburón’ en 1977 y 1978 en el sector operaciones del GT 3.3.

Abnegados
Las condecoraciones "al esfuerzo y la abnegación" son las únicas que incluyen a civiles. Oscar Hermelo intervenía en la preparación de los autos no identificables que se usaban en los secuestros. "En 1977 era mi subordinado en el Taller de Automotores, hombre de confianza del grupo de tareas", escribió el capitán Adolfo Scilingo en 1995, cuando el menemismo designó a Hermelo como fiscal de ejecución. El artículo que ese año publicó Horacio Verbitsky incluye una foto en el taller de la ESMA donde Scilingo le entrega una maqueta de un auto en reconocimiento por su labor. Hermelo sobrevivió en el Ministerio Público hasta el mes pasado. Renunció tras una investigación ordenada por el procurador Esteban Righi a partir de una denuncia del legislador Juan Cabandié, nacido en la ESMA. El fiscal Alejandro Alagia consideró probada su actuación en la ESMA.
Gonzalo Torres de Tolosa, también abogado, ex defensor de varios de sus compañeros, está denunciado como asiduo visitante a la ESMA, miembro del sector "automotores", y pariente lejano del Tigre Acosta. Scilingo declaró que el "Teniente Vaca", a quien identificó como Torres de Tolosa, lo acompañó en uno de sus dos vuelos de la muerte. Estuvo apenas un día preso, por orden del juez español Baltasar Garzón. Taiano solicitó su detención hace ya cuatro años.
El mérito del "instructor de práctica" Carlos Héctor Gattoni sería el buen mantenimiento de las picanas. "Gattoni era el apellido de un profesor de la ESMA a quien apodaban ‘Gato electrónico’", recordó un sobreviviente. "Era profesor de electricidad o de física. Había quedado mal de la cabeza después de tirarse un clavado a una pileta vacía. Tenía entre 30 y 35 años, usaba bigotito", agregó.
Entre los abnegados figura también el suboficial mayor del Ejército Juan Alberto Brezzo, mencionado por Scilingo en "automotores" con "un sueldo espectacular", y el "instructor de práctica" José Cotelo. El capitán de navío Oscar José Cabrera murió en 1981. El capitán Osvaldo Agustín Garutti, fallecido hace una década, era íntimo del almirante Chamorro, director de la ESMA. El agente civil Luis Antonio Corvini falleció a los 84 años hace menos de un año. Su esposa no recuerda la condecoración aunque sí que "trabajó toda la vida en la ESMA, enseñaba mecánica". El médico Francisco Antonio Diez, comisario inspector de la Policía Federal y vecino de Palermo nacido en 1920, habría muerto dos años atrás.

10 de noviembre de 2009
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