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aviones de la muerte


Dos de los Electra usados por la Armada para arrojar prisioneros al mar. Una de las aeronaves está en el museo de la base Comandante Espora, en Bahía Blanca. La otra, en un predio de una empresa privada en Esteban Echeverría. Página/12 revela dos nuevos testimonios sobre la metodología utilizada por las Fuerzas Armadas para deshacerse de los detenidos-desaparecidos.
[Diego Martínez] Argentina. Dos de los aviones usados por la Armada para desaparecer de la tierra a sus enemigos secuestrados en la ESMA permanecen en exposición. Se trata de modelos Lockheed L-188 AF Electra, el mismo que el ex capitán Adolfo Scilingo utilizó en su segundo vuelo, confesado hace ya catorce años. Ambos integraron durante la dictadura la 1ª Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil, con base en el sector militar del aeropuerto de Ezeiza, última escala antes de la muerte. Mientras, la Justicia no esboza ninguna estrategia para identificar a los pilotos y tripulantes que participaron de los vuelos de la muerte.
El Electra mejor preservado, matrícula 5-T-2, bautizado Ushuaia, está en el museo de la base aeronaval Comandante Espora, en Bahía Blanca, y luce un "esquema de colores de baja visibilidad": gris oscuro, descolorido por los años, con la bandera argentina en la cola. El segundo, matrícula 5-T-3 Río Grande, está desde 1997 en un predio de la firma Astilleros Irupé de Marina del Sur SRL, en Camino de Cintura al 8300 de la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. Conserva los colores originales de la Armada, blanco con líneas celestes, aunque los emblemas de la fuerza fueron tapados.
La 1ª Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil, que participó de los últimos eslabones del proceso de secuestro, tortura, muerte y desaparición, dependía de la 5ª Escuadra Aeronaval. Sus comandantes fueron los capitanes de corbeta César Enrique Avila en 1976 y José Roberto Fernández en 1977. La certeza sobre el uso de ambos aparatos para arrojar personas al mar surge de combinar la confesión de Scilingo con un dato originado en la burocracia naval: hasta 1982 la Armada tenía sólo tres Electra, todos "con portalón trasero con capacidad de ser abierto en vuelo", según explicó una fuente con acceso a registros de la Marina al periodista Roberto Leiva, del diario Crónica. El tercero, matrícula 5-T-1, Antártida Argentina, habría sido desguazado y convertido en chatarra.
El piloto y blogger Carlos Abella, en su artículo ‘El Electra del Camino de Cintura’, detalló que el decreto de compra de la flota lo firmó el dictador Agustín Lanusse, pero que ingresaron al país tras el retorno del peronismo al poder. La fuente naval precisó la fecha: diciembre de 1973. Durante la guerra de Malvinas los Electra "prestaron servicio con el Grupo de Tareas 80.4 bajo el mando del capitán de navío Jorge Vildoza", torturador de la ESMA prófugo desde 1986. "Los amplios interiores de los Electra" sirvieron para trasladar material bélico, personal y carga, apuntó Abella, que no mencionó el relato de Scilingo.
El empresario Jorge Ramírez compró el aparato con la idea de "conseguir un sponsor para pintarlo y obtener algún tipo de ingreso desde lo publicitario, ofreciendo la posibilidad de ganar un aerocartel de 36 metros de largo sobre el Camino de Cintura, vista obligada para los transeúntes", contó el piloto. El proyecto incluía "una confitería con asientos enfrentados delante de un parque de recreación, con lago artificial destinado a actividades náuticas, situación que hasta el presente no prosperó".
El abogado y periodista Pablo Llonto, que patrocina al padre de Norma Arrostito, asesinada y desaparecida luego de un año de cautiverio en la ESMA, solicitó al juez Sergio Torres que dicte una medida de no innovar sobre los dos Electra en exposición y que disponga su custodia con vistas a futuras inspecciones oculares y reconocimientos. Aún no obtuvo respuesta.

"El Nivel de los Subversivos"
La cita es un bar de Bahía Blanca. Roberto Venancio Del Valle, 62 años, suboficial de la Armada, integró en 1976 la 2ª Escuadrilla de Sostén Logístico Móvil de mecánicos de Ezeiza, que no operaba con los Electra sino con los más antiguos Douglas DC3, utilizados también para arrojar personas al mar. La 2ª Escuadrilla fue comandada por los capitanes de corbeta Norberto Horacio Dazzi en 1976 y Adolfo Guillermo Videla en 1977.
La cita es para hablar sobre la muerte de su hijo, cabo segundo Eduardo Del Valle, el 27 de agosto de 2007 en la base Espora. La versión oficial dice que se suicidó de un disparo en la cabeza. "Lo mataron", afirma el padre. "No tenía ningún motivo. Algo escuchó o vio", sugiere, y enumera: robo de accesorios de aviones, drogas, prófugos con protección. Agrega que tenía signos de violencia en la cabeza y que no confía en la Justicia. "A cinco días de la muerte, la secretaria del fiscal, sobrina del almirante Carlos Marrón, dijo que esperaban los resultados de las pericias para archivar la causa. Logramos la calificación de ‘muerte dudosa’ pero hasta ahí llegamos", concluye. Consciente de que el hombre de manos curtidas ha hablado sobre los vuelos, Página/12 propone el tema:
Un día vi manchas de sangre en el patín de cola de un DC3. Abrí la puerta y vi restos de sogas, de unos cuarenta centímetros, y restos de ropas, pedacitos de telas como de camisas arrancadas. Pensé "hijos de puta, están matando gente". Se corrió la bola, hubo malestar y, como a la semana, el comandante juntó a toda la Escuadrilla.

–¿Quién era el comandante?
–Capitán Dazzi.

–¿Qué les dijo?
–Que estábamos en guerra y que había que rebajarse al nivel de los subversivos para poder combatirlos. Ahí empiezan a involucrar a todos.

–¿A todos?
–A mí no me tocó, no sé por qué –responde. El hijo que lo acompaña escucha casi sin respirar–. "Muchos quedaron locos", continúa. "¿Te acordás del que salía a correr desnudo?", le pregunta al hijo, que sigue en silencio. "Creo que se suicidó. Otro quedó mudo", agrega.

–¿Por qué había sangre?
–Les pegaban con una estaca de hierro en la cabeza. Me lo contó un muchacho que después gritaba cuando dormía, un mecánico que era soltero y vivía en Ezeiza.

"Nunca vi cuando traían a los secuestrados", afirma Del Valle, aunque sabe que "había pendejitas chiquitas" y, para graficar, coloca sus manos casi pegadas al pecho. Agrega que los vuelos "se hacían siempre de noche", que "ponían como operadores de tierra a civiles amigos" y que "no se registraba nada: esos vuelos salían sin comunicación".
Página/12 se comunicó con el capitán Dazzi. El ex jefe de la Escuadrilla confirmó su destino de 1976 pero no respondió preguntas y sugirió que las debe responder la Armada. Consultado sobre la orden de "rebajarse al nivel de los subversivos", cortó la comunicación.

El Colorado Ormello
Rubén Ricardo Ormello era en 1976 cabo segundo de la Armada. Tenía 21 años, era mecánico motorista y también prestaba servicios en el área militar de Ezeiza. Su recuerdo de los vuelos lo escucharon sus compañeros del hangar de aeroparque de Aerolíneas Argentinas, empresa a la que ingresó durante la dictadura. Página/12 confirmó el dato con dos fuentes que lo escucharon en lugares y momentos distintos. Ambos están dispuestos a declarar ante la Justicia.
"Escuché el relato en el hangar 2 de Ezeiza. Sería 1984 o 1985. Habíamos ido a reparar un Fokker F-28. El jefe de turno conocía la historia y le pidió que la repitiera", recuerda el primer testigo. "Contaba que colocaban un DC3 en la plataforma y llegaba un colectivo. Venía un ‘tordo’ con un maletín y se paraba en el portón del avión. Se los bajaba ‘medio en bolas y como en pedo’ y con los ojos tapados. ‘Los sentábamos en el portón y el tordo les daba un jeringazo de Pentonaval. Los apilábamos adelante y cuando ya estaba listo salíamos a volar. Cuando nos avisaban empezábamos a arrastrarlos y los tirábamos por el portón’, contaba Ormello" y reconstruye el operario, ya jubilado.
"Yo lo escuché una madrugada en el hangar de aeroparque. El turno noche era el más distendido, se charlaba mucho. Eramos cuatro o cinco", recuerda el segundo testigo, que reitera un relato similar. "Lo contó con frialdad, con naturalidad, como quien se limitó a cumplir una orden", agrega.
Las dos fuentes citan un detalle que los paralizó. "Una vez trajeron a una gorda que pesaba como cien kilos y la droga no le había hecho el efecto suficiente –contaba Ormello–. Cuando la íbamos arrastrando se despertó y se agarró del parante. La hija de puta no se soltaba. Tuvimos que cagarla a patadas hasta que se fue a la mierda", recordaba el joven suboficial, ya retirado y sin remordimientos.
Página/12 buscó a Ormello para darle la palabra. El encuentro debió concretarse el jueves 13 de agosto en su lugar de trabajo, el aeropuerto de Mendoza. No pudo ser: el ex marino viajó a Buenos Aires minutos después del arribo del cronista para embarcarse hacia Colombia. Por la tarde, en su caserón de Godoy Cruz, su esposa confirmó que "está de viaje" y "por mucho tiempo". No facilitó ningún teléfono y tomó nota de los de Página/12. Ormello nunca se comunicó.
El mes pasado la Unión de Promociones Navales renegó desde las páginas del diario La Nueva Provincia por lo que llama "presos políticos". Lamentó que Astiz, Acosta & Cía. "sean juzgados individualmente, como si hubieran cometido delitos en forma personal", y aseguró que durante la dictadura existió una "participación integral" de la Armada. Tal vez los vuelos sean el mejor ejemplo.

6 de septiembre de 2009
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suspenden juicio de marcellini


Juicio de coronel Marcellini suspendido.
Santa Fe, Argentina. El Tribunal Oral Federal suspendió por una semana el juicio al ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini, el único mando del Ejército que sigue en el banquillo en Santa Fe. Marcellini estaba internado ayer en el hospital Italiano de la ciudad de Mendoza, donde se sometió a un examen médico y psiquiátrico a cargo de dos peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que concluyeron que no estaba en condiciones de salud para afrontar el juicio y sugirieron un nueva revisación en siete días. La Fiscalía aceptó, los querellantes apoyaron el planteo y el Tribunal resolvió suspender el juicio a Marcellini por una semana, a la espera de que pueda retornar a su casa y seguir las audiencias por un sistema de video conferencias que se instaló en su domicilio.
En la audiencia, se leyeron las conclusiones de los peritos que revisaron a Marcellini. El informe médico dice: "El estado de salud actual del imputado no le permite estar en su domicilio particular a fin de comparecer a juicio mediante el sistema de video conferencia. Y se recomienda la revaluación evolutiva de la afección y del tratamiento en el plazo de una semana".
En cambio, el informe psiquiátrico concluyó que Marcellini está lúcido. "Cursa la etapa vital con leve descenso de sus funciones psíquicas acorde a la edad cronológica (79 años). Presenta sus facultades mentales dentro de la normalidad médico legal. Y desde el punto de vista psiquiátrico, no presenta impedimentos para comparecer en su domicilio particular ni comparecer a juicio mediante el sistema de video conferencias".
El defensor oficial del Tribunal Oral, Favio Procajlo, que patrocina a Marcelini, dijo que ayer se había comunicado por teléfono con "el médico de la Defensoría General de la Nación" que participó en el examen. "Marcellini está gravísimo, eso es lo que me tradujo de este informe", dijo Procajlo. Y pidió que el juicio al militar "se suspenda en forma definitiva, y en su caso, si mejorara su salud, cosa que resulta difícil, que se le haga un juicio por separado".
Según el defensor, enjuiciar a Marcellini "en estas circunstancias, sería atentar contra sus derechos constitucionales. Probablemente agravaría su salud si se lo somete al stress de un juicio por video conferencias".
El presidente del Tribunal, Roberto López Arango, interrumpió el discurso del defensor: "Me parece que excede el motivo de la vista. Acá, se trata de un informe médico, así que le pediría que por favor se limite al tema"- le advirtió el juez.
Ya concluyo, señor presidente. Quería agregar que es voluntad del señor Marcellini y así me lo manifestó, someterse a juicio.

5 de septiembre de 2009
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el primer perejil absuelto


El primer absuelto por la nueva doctrina de la corte es un joven detenido en Córdoba por ocho gramos de marihuana. El juez federal de Córdoba venía procesando a los consumidores encontrados con poca cantidad de droga. Ahora, con la despenalización de la tenencia dictada por la Corte Suprema, tuvo que sobreseer a un hombre de 27 años detenido en abril.
[Emilio Ruchansky] Argentina. Roberto Ledesma, un joven cordobés de 27 años, se convirtió ayer en el primer perejil sobreseído en nombre del fallo Arriola de la Corte Suprema de la Nación, que la semana pasada declaró inconstitucional penar la tenencia de drogas para consumo personal. El juez federal de Córdoba dejó "a salvo" su criterio, que por lo que pudo saber este diario es contrario al de la Corte Suprema, pero decidió favorecer al acusado debido a las similitudes del caso que debía resolver con el que expuso la Corte. Ledesma tenía en un bolsillo ocho gramos de marihuana prensada y no estaba fumando. Mercedes Crespi, la defensora oficial que lo asistió, reconoció que en los primeros seis meses del año tuvo más de 320 casos como éste. "Es vergonzoso los recursos que se malgastan en perseguir consumidores", dijo la abogada.
La policía detuvo a Ledesma a minutos de la medianoche del 2 de abril de 2009 en la esquina de San Luis y Marcelo T. de Alvear, en Córdoba capital. Al igual que el caso Arriola, la requisa obedeció a tareas de inteligencia de los uniformados que buscaban dar con un dealer que viviría por la zona. El joven fue revisado sin orden de un juez aunque el procedimiento fue considerado legal. Según explicó Crespi, "en determinadas circunstancias, cuando se sospecha que alguien lleva un elemento que puede constituir delito es posible la requisa sin autorización". Cabe recordar que en muchas causas no llegan a juicio porque la prueba, la droga, se obtuvo ilegalmente.
Sin oponer resistencia, el joven vació sus bolsillos y de uno de ellos, el delantero derecho del pantalón, extrajo lo que el expediente definió como "una sustancia de origen vegetal de color verde amarronada, similar en sus características a la picadura de marihuana, acondicionada en el interior de cuatro envoltorios de nylon". Inmediatamente, se le inició una causa por infracción al artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737 (tenencia para uso personal). Las penas previstas en esta norma van de un mes a dos años de prisión canjeable por una medida curativa.
Ledesma pasó esa noche en la comisaría y cuando se entrevistó con su defensora oficial recibió el consejo más habitual para estos casos: no declarar. Su caso estaba en manos del juez Alejandro Sánchez Freytes, del Juzgado Federal número 2, y estuvo en el limbo judicial varios meses. No lo habían procesado, pero tampoco estaba sobreseído. Crespi, su defensora, estaba tapada de trabajo y se puso a redactar el pedido de sobreseimiento dos días después de la salida del fallo de la Corte, luego de leerlo completo.
"Yo ya tenía un texto estándar para pedir la inconstitucionalidad de la figura que pena la tenencia para consumo y agregué algunos tramos del fallo Arriola. Entre el lunes y el jueves pasado debo haber mandado 40 pedidos de este tipo en los tres juzgados en los que defiendo. La verdad es que me sorprendió la rapidez en la respuesta y también la decisión del juez, porque antes me había negado el mismo pedido", contó Crespi.
Dos de los nueve ayudantes que tiene esta defensora se dedican exclusivamente a las causas por tenencia para consumo personal y son asistidos ocasionalmente por otros ayudantes. "Y lo mío no es tan grave, hay juzgados y fiscalías colapsados por estas causas", dijo Crespi, que hace poco más de un año que asumió como defensora oficial y los números no le cierran. En el primer semestre de 2009 tuvo 320 casos de consumidores de droga detenidos por la policía y "en verdad son más todavía porque los casos me llegan más tarde", agregó.
En su fallo de seis carillas, el juez citó los votos de los magistrados de la Corte Suprema sobre el caso Arriola, cuyo veredicto fue unánime. En el tramo que versa sobre el voto de Enrique Petracchi, el juez Sánchez Freytes aclaró: "Después de la reforma constitucional, han ingresado principios internacionales que han impactado fuertemente en nuestro derecho constitucional. Ello se ha visto reflejado en diversos pronunciamientos de la Corte que han generado una constelación o cosmovisión jurídica en la que el precedente ‘Bazterrica’ encaja cómodamente".
El principio constitucional en juego es el de los actos privados que no afectan a terceros. El fallo Bazterrica fue firmado también por Petracchi en 1986 y es similar, en la cuestión de fondo, al caso Arriola. Este juez de la Corte repitió sus propios argumentos al fallar sobre esta cuestión el martes 25 de agosto pasado. Del voto del doctor Ricardo Lorenzetti, Sánchez Freytes tomó un extracto en el que se afirma: "No se trata sólo del respeto de las acciones realizadas en privado, sino del reconocimiento de un ámbito en el que cada individuo adulto es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea".
El fallo también retoma lo dispuesto por Carlos Fayt, que señaló que el marco constitucional de los derechos de la personalidad comprende la intimidad, la conciencia, el derecho a estar a solas y el derecho a disponer de su propio cuerpo. "Como último punto –sostiene Sánchez Freytes–, conviene resaltar que la Corte sostuvo que la decisión tomada en modo alguno implicaba ‘legalizar la droga’. Consideró que no estaba demás aclarar ello expresamente, pues ese pronunciamiento tendría seguramente repercusión social, por ello se debía informar a través de un lenguaje democrático, que pudiera ser entendido por todos los habitantes". A poco más de una semana de conocerse el fallo de la Corte Suprema, la decisión de este juez cordobés hace presumir que sus colegas de otros tribunales federales imitarán su ejemplo. Y no porque estén necesariamente obligados, ya que –a diferencia de otros sistemas jurídicos, como el norteamericano, donde existe el "stare de quisis"–, la jurisprudencia de la Corte no es obligatoria para el resto de los tribunales.
Sin embargo, Crespi recordó a Página/12 que los jueces tienen una "obligatoriedad moral" ante el fallo Arriola. "Pueden no hacerle caso, pero yo apelaría a la Cámara Federal y lo seguiría haciendo hasta llegar a la Corte Suprema y ya se sabe cómo terminaría la historia. Si lo hacen, si insisten en penar la tenencia para consumo personal, estarían yendo en contra de algo que se conoce como ‘economía procesal’", dijo la defensora. Por economía procesal hay que entender un gasto innecesario de recursos humanos y financieros.
Este gasto que ha sido mencionado varias veces por Aníbal Fernández, cuando aseguró que el 70 por ciento de las causas judiciales por drogas son contra consumidores y que se ahorraría una cifra estimada en 350 millones de pesos. El doble del presupuesto nacional sobre VIH, como gusta decir el jefe de Gabinete. En Córdoba, comentó la defensora, hubo un gran rechazo al fallo de la Corte por parte de sectores conservadores.
El propio jefe de la policía local, Alejo Paredes, consideró que "con esta decisión iba a aumentar la venta", que muchas veces su agentes detienen a alguien "con cinco o seis ravioles pero la Justicia considera que era una cantidad para consumo". Crespi tiene en claro que hasta que no cambie la ley, la criminalización de la tenencia para consumo personal seguirá favoreciendo a la institución policial, porque "ellos aprovechan la prohibición para ejercer un control social sobre los jóvenes".

5 de septiembre de 2009
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tercera jornada del juicio a brusa y cía


Cómo operaba el circuito represivo. El requerimiento de elevación a juicio de la Fiscalía -que se leyó ayer en la sala del Tribunal Oral relató el secuestro y el paso de las víctimas por los centros clandestinos.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. El ex juez Víctor Brusa y sus cinco compañeros de banquillo escucharon ayer las acusaciones fiscales en su contra en la segunda audiencia del juicio oral y público por delitos de lesa humanidad. Brusa fue imputado por "apremios ilegales" en ocho casos, mientras que los cinco policías: Héctor Colombini, Mario Facino, Juan Calixto Perizzotti, María Eva Aebi y Eduardo Ramos, serán juzgados por "privación ilegal de la libertad" y "tormentos" en concurso real. El requerimiento de elevación a juicio de la Fiscalía -que se leyó en la sala del Tribunal Oral relató cómo operaba el circuito represivo en Santa Fe: el secuestro; el paso de las víctimas por los centros clandestinos como ‘La Casita’, en las afueras de Santo Tomé , donde el grupo de tareas arrancaba declaraciones bajo torturas. Y luego, en una etapa posterior, esas mismas confesiones aparecían en manos de Brusa que intentaba judicializarlas bajo presiones y amenazas. Una de sus denunciantes, Anatilde Bugna, le comentó sus padecimientos en ‘La Casita’, pero el ex juez se burló de ella: "Agradecé que lo podés contar", le dijo, según el relato del fiscal Eduardo Grioglio, que intervino en la etapa de instrucción.
El secretario del Tribunal Oral, César Toledo y la prosecretaria Marta Quiroga se alternaron en la lectura del requerimiento del fiscal y el auto de elevación a juicio del conjuez que cerró esa etapa de la causa, Leandro Corti. El fiscal Grioglio reconstruyó el circuito clandestino de la represión en Santa Fe y citó el testimonio ante la Conadep de un secuestrado en el campo de concentración de La Perla, en Córdoba, a quien después trasladaron a Santa Fe y pasó por tres centros clandestinos que podía localizar: uno, en Santo Tomé; otro, en San José del Rincón y un tercero, en Coronda. Dos fueron localizados: ‘La Casita’ de Santo Tomé, y una casaquinta en Villa California, en cercanías de Rincón, a la que los represores llamaban "Borgia", según los esposos Daniel García y Alba Sánchez, que estuvieron secuestrados en esa vivienda.
La acusación fiscal colectó las pruebas que pesan sobre los seis imputados. Y en el caso de Brusa, sintetizó el testimonio de las ocho víctimas de la dictadura que lo acusan: Anatilde Bugna, Ana María Cámara, Stella Vallejos, José Shullman, Mario Millán Medina, Roberto Cepeda, Daniel García y Alba Sánchez.
Bugna, Cámara y Vallejos cayeron en marzo de 1977, fueron torturadas en "La Casita" y luego trasladadas a la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), donde operaban Perizzotti y Aebi. Allí se toparon con Brusa. Bugna recordó ese encuentro con el entonces empleado del Juzgado Federal a cargo del juez Fernándo Mántaras. "Estaba detenida en la GIR cuando me llevaron a un recinto vacío, donde me esperaba Brusa, que tenía en sus manos la declaración que me habían tomado en el centro clandestino", dijo. Denunció los tormentos que había padecido en ‘La Casita’, pero Brusa le contestó con tono burlón: "Agradecé que lo podés contar".
El encuentro de Ana María Cámara fue parecido. Un día la llevaron a la oficina de Periozzotti donde estaban algunos miembros de la patota que la había secuestrado, entre ellos Eduardo Ramos y ‘el Tío’. Después, la llevan a otra piecita, donde reconoce al ‘Pollo’ Colombini. Ahí le dicen que van a abrirle una causa federal y que no debe cambiar la declaración hecha en ‘La Casita’ porque "si no iba a volver a la 220v". Al tiempo, se presentó Brusa como secretario del Juzgado Federal de Santa Fe. Brusa le muestra la declaración firmada bajo torturas y como Cámara la desconoce y le pide que le tome una nueva declaración para denunciar los apremios ilegales. "Este no es el acuerdo que habíamos hecho", dijo Brusa. Se puso violento, y comenzó a hacer una exhibición de karate. Unos minutos después, se asomó el juez Mántaras y preguntó: "Quién es esta niña".

Ana María Cámara -le contestó Brusa.
¡Ah, la hija del doctor Cámara...! -completó Mántaras, como para demostrar que conocía a su padre. Y ordenó: "Prosiga nomás, doctor Brusa". El juez cerró la puerta y se fue.

El relato de Stella Vallejos es similar al de sus compañeras: los vejámenes y torturas en ‘La Casita’, los interrogatorios con capucha en la GIR -por los mismas personas que habían estado- en el centro clandsetino y el encuentro con un Brusa -muy encolerizado- que "tiraba patadas al aire".
Roberto Cepeda es otro militante político que pasó por ‘La Perla’ y la comisaría 4ª a la que calificó como "una carnicería". Cepeda recordó a Brusa como un funcionario judicial que "portaba armas en forma ostensible" y "tenía un conocimiento muy importante de la estructura de Montoneros, al punto que se jactaba de las caídas y las muertes".

5 de septiembre de 2009
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amenazan a fiscal


La esposa de un fiscal de la causa contra Brusa también recibió amenazas. La esposa de uno de los fiscales que actúa en el juicio contra el ex juez federal Víctor Brusa, y que se desempeña como empleada judicial en el Tribunal Federal de Reconquista, encontró en su escritorio amenazas anónimas, que están siendo investigadas. Mañana se reanudarán las audiencias.
Argentina. El hecho ocurrió ayer en la ciudad del norte de esta provincia, pero tomó estado público en las últimas horas ya que el ministro de Justicia de la provincia, Héctor Superti, hizo conocer su repudio y expresó su solidaridad con la empleada judicial y el fiscal federal.
Ayer por la mañana, María Almeyda, esposa del fiscal José Candioti, se reintegró a sus tareas habituales luego de una licencia, y encontró en su escritorio una foto familiar en la cual a sus hijos le habían dibujado el lazo de una horca y le habían marcado los ojos.
En tanto, mañana se reanudarán las audiencias en el juicio oral que se le sigue al ex juez federal Brusa y otros imputados por delitos de lesa humanidad, luego del cuarto intermedio obligado por la ausencia por enfermedad del coronel Domingo Marcellini, a quien debe efectuársele la lectura del requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público.
Profesionales médicos nacionales y provinciales viajaron a la provincia de Mendoza, donde se encuentra el ex militar, para analizar su estado de salud y determinar si podrá asistir a las audiencias o escuchará las acusaciones a través del sistema de videoconferencia.

3 de septiembre de 2009
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murió jefe de torturadores


Murió el ex coronel carapintada Mohamed Ali Seineldin. Un paro cardíaco terminó con la vida de Seineldín, el ex coronel que entrenó a torturadores, peleó en Malvinas y atentó contra la democracia.
[Nora Veiras] Argentina. A los 75 años murió ayer el ex coronel Mohamed Alí Seineldín, el inspirador de los carapintadas que se levantaron en armas para evitar el juzgamiento de los represores. Formado como comando, fanático nacionalista y adorador de la Virgen de Luján, fue acusado de enseñar a torturar en Centroamérica, fue reivindicado como héroe de Malvinas, fue condenado a cadena perpetua por la rebelión de Semana Santa del ’90, fue indultado por el ex presidente Eduardo Duhalde y terminó enseñando tiro y desalojando campesinos contratado por terratenientes en Santiago del Estero.
Su nombre empezó a trascender cuando en 1987 desde Panamá, donde seguía desempeñándose como instructor militar, comandó el primer alzamiento contra el gobierno de Raúl Alfonsín. La citación judicial a los militares acusados de secuestros, torturas y asesinatos desencadenó la resistencia castrense cuando recién despuntaba la democracia tras casi ocho años de terrorismo de Estado. Sin embargo, su influencia en el interior del Ejército venía macerando desde hacía años. En el ’83, en una entrevista con la revista Ariel, destinada a los cadetes del Liceo Militar (reproducida en el ’87 por El Periodista), Seineldín desplegó su pensamiento:

- "La ley 1420 derogó la enseñanza católica obligatoria de las escuelas, quitando de esta manera la savia natural que sustentó durante siglos nuestra cultura occidental. Posteriormente, y a sólo un año de la Revolución Comunista de 1917, vino la Reforma Universitaria de 1918, yo creo que los resultados de esta descristianización los hemos podido comprobar con el producto que dio el terrorismo marxista-leninista que asoló nuestra Patria. Deben recordar que sus principales dirigentes salieron de la universidad".

- "El país tiene dos instituciones básicas: la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Hoy las dos son atacadas, el enemigo es coherente en esto, el día en que ambas estén debilitadas, prácticamente nuestra Patria no existirá más. No se olviden de que aquí llegó el Adelantado español con la espada y la cruz. ¿Y a qué vino? ¿A matar y a destruir? ¡¡No!! Llegó para convertir a los aborígenes para hacerles conocer la verdad. Por lo tanto, la Iglesia y las Fuerzas Armadas conforman un sólo núcleo, debiendo ser estas últimas las continuadoras de las enseñanzas de Cristo".

- "La Guerra Revolucionaria busca alterar o cambiar los valores impuestos por Dios y su accionar es tan viejo como el mundo mismo. Es la lucha del Bien contra el Mal, de los Hijos de la Cruz contra los Hijos de las Tinieblas, de Cristo contra el Anticristo".

- "El Estado de paz no existe, es un anhelo, pues el Hombre y las naciones están en lucha permanente".

Sus Prácticas
Después de los levantamientos de Semana Santa y Monte Caseros en 1987, que había encabezado el entonces teniente coronel Aldo Rico, Seineldín, quien había compartido con él la "gesta" de Malvinas, hizo declaraciones en las que exigía una "solución política para terminar con el grotesco de que una situación de guerra como la que vivimos entre 1975 y 1980 se la juzgue con leyes propias de épocas de paz" y consideraba que la lucha antisubversiva fue una "guerra larga de miles y miles de pequeños combates, en la que vale todo". Esos dichos le valieron una sanción. Sin embargo, las cartas ya estaban echadas y el crescendo continuó. En el ’88 lideró en persona la rebelión de Villa Martelli y negoció con el general Isidoro Cáceres. Allí surgió el primer encontronazo con el riquismo, que quería forzar un enfrentamiento para liberar a su jefe que estaba preso en Magdalena.
Con la llegada de Carlos Menem al poder, el nombre de Seineldín había empezado a circular como posible jefe del Ejército. El origen árabe del entonces coronel y su amistad con Zulema Yoma alimentaban toda clase de versiones. Menem le permitió recuperar la libertad, estaba preso por atentar contra la democracia, pero el idilio con el coronel se quebró en el ’90: en octubre Seineldín le envió una carta advirtiendo que "están dadas las condiciones para que sucedan acontecimientos reivindicatorios de tal gravedad, que ni usted, ni yo, estamos en condiciones de precisar". Sesenta días de arresto fue la respuesta oficial pero nada lo detuvo.
Desde su prisión en San Martín de los Andes el 3 de diciembre de 1990 dirigió a sus hombres, encabezados por Gustavo Breide Obeid, a tomar el Edificio Libertador y parte del Regimiento de Patricios. Murieron 13 personas, entre ellas el teniente coronel Hernán Pita y el mayor Federico Pedernera, ambos leales, asesinados en Patricios. También murieron cinco civiles, cuando un tanque carapintada atropelló en la ruta Panamericana a un colectivo de la línea 60. Seineldín fue condenado a prisión perpetua. Estuvo tras las rejas trece años: uno en Caseros, cuatro en Magdalena y el resto en Campo de Mayo.
En el ’94, el ex presidente Arturo Frondizi intercedió sin éxito ante Menem para que lo indultará. Fue Duhalde, quien antes de entregar el poder a Néstor Kirchner firmó, en 2002, ese beneficio que borra la pena pero no el delito para Seineldín y también para Enrique Gorriarán Merlo, el líder guerrillero condenado por la toma del Regimiento de La Tablada en 1989.
Ya en el ’92, Seineldín se había volcado a la política. En prisión formó el Movimiento por la Identidad Nacional e Integración Iberoamericana. Reivindicaba el carapintadismo como "un sentimiento de resistencia a la opresión, a la injusticia, a la sumisión, a la corrupción, al deshonor". Años más tarde, el canciller de Panamá, José Mulino, aseguró que "Seineldín fue uno de los principales instructores de tortura contra el pueblo civilista que exigía democracia y libertad". Recordó que entrenó en ese país a un grupo militar cuya misión era torturar opositores al régimen del general Manuel Noriega.
"Nunca dejé de ser soldado, es un sello que llevaré hasta la muerte", repetía Seineldín. Su predicamento se fue desdibujando al ritmo de su fanatismo religioso y de sus pronósticos apocalípticos sobre una tercera guerra mundial. Apoyó a su incondicional aliado Breide Obeid en sus sucesivas y fallidas candidaturas desde el Partido Popular para la Reconstrucción. Apenas recuperó la libertad desenfundó una poderosa Glock para enseñar tiro en un polígono de Lanús. Poco después lo contrató un empresario de la salud para estar seguro en sus otros negocios: despejar de intrusos sus campos en Santiago del Estero.
Una de sus últimas apariciones había sido en 2007, en un acto por Malvinas en Chubut, donde se abrazó con el ex jefe del Ejército Roberto Bendini. Fue un ícono de los militares forjados en la Doctrina de la Seguridad Nacional.

3 de septiembre de 2009
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una verdad sobre el paco


El paco, un posible crack.
Argentina. En medio de la charla, hubo un comentario que sorprendió a los asistentes. Lo hizo el jefe de toxicología del Hospital Fernández, Carlos Damín, quien aseguró que "el mal llamado paco" no está hecho a base de hidrocarburos ni solventes y "no es basura", sino algo parecido al crack que se fuma en Estados Unidos, pero de origen vegetal. "Tenemos el análisis de varias muestras entregadas por Gendarmería y policía y lo que notamos es que no se trata de los residuos del clorhidrato de cocaína, es parte de la fase previa, es un alcaloide", detalló Damín.
"A partir de la pasta base se puede fabricar el clorhidrato o el mal llamado paco, y por las cantidades decomisadas notamos otro fenómeno: el de la cantidad de dosis. El paco pesa entre 0,01 y 0,03 gramos, una persona que consume cocaína regularmente puede tomar un gramo o más. Por eso, los que fuman paco pueden llegar a tomar 100 dosis, que es lo que equivale a un gramo", explicó el médico.
Entre las sustancias de corte del "mal llamado paco" enumeró la cafeína, el bicarbonato y la anfetamina. Luego mencionó los graves daños neurológicos que causa esta sustancia y aclaró que a los paqueros no los mata la sobredosis, porque por "la poca cantidad que ingieren, aunque lo hagan muchas veces, no alcanza para intoxicarse, lo que los mata es lo que los rodea, el hambre, las peleas, algún intento de asaltar al dealer".

3 de septiembre de 2009
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el punto de partida


La presentación de los proyectos a los diputados. Los miembros del Comité Científico expusieron ante los legisladores los fundamentos de su programa y los principales proyectos. Los argumentos de los expertos.
[Emilio Ruchansky] Argentina. Con buena concurrencia de diputados, el Comité Científico en materia de drogas presentó sus propuestas ayer por la tarde en el anexo del Congreso. Del otro lado del mostrador estaban los presidentes de las distintas comisiones que recibirán los nuevos proyectos antes de ser tratados en el recinto: Salud, Adicciones y Legislación Penal. La charla duró casi tres horas y comenzó con la presidenta del Comité, la fiscal Mónica Cuñarro, que admitió que una de las debilidades a la hora de combatir el narcotráfico es "la investigación preliminar" de la policía. Algo que no causó mucha sorpresa. Más tarde diría: "Sabemos a quién le conviene que las cosas no cambien y el esfuerzo se dirija a perseguir consumidores".
Por la mañana, los asesores fueron a la Casa Rosada, donde presentaron al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, tres anteproyectos terminados: asistencia médica integral, internaciones de los usuarios problemáticos y bienes incautados en procedimientos antinarcóticos. Luego de un repaso de los tres documentos que divulgó el Comité (análisis de la ley actual, precursores químicos y situación de los usuarios), Cuñarro aclaró a los diputados que la reforma de la ley 23.737 será lo último porque urge dar atención sanitaria a las personas con problemas de adicción.
"Tratamos de establecer un catálogo de derechos en el tema del tratamiento de las adicciones", dijo Cuñarro en referencia a los proyectos de salud y agregó: "Apuntamos a que haya una inclusión de los sectores más vulnerables que suelen quedar al margen cuando tienen estos problemas para evitar tanto sufrimiento". Por otra parte, la fiscal planteó como una posible solución al extendido uso de paco "perseguir los insumos con los que se prepara". Antes de finalizar, señaló que el cronograma que recibían era un punto de partida para la discusión.
La primera pregunta fue de la diputada Nora Guinzburg: "¿Los sufrimientos ustedes lo atribuyen a la ley de drogas actual?". Cuñarro contestó: "El mal llamado paco (ver aparte) es consecuencia de laxar los controles estatales y eso es algo en lo que la ley tiene mucho que ver porque alteró las autoridades de aplicación. Además, la ley tiró todo el problema al sistema penal". El diputado Leonardo Gorbazc reclamó el proyecto que despenaliza la tenencia para consumo personal, a lo que la fiscal respondió: "Pasó sólo una semana del fallo de la Corte, hay que esperar un poco más. El 11 de septiembre lo vamos a terminar de definir".
El siguiente interlocutor fue el preocupado Juan Acuña Kunz, quien repitió el discurso de los prohibicionistas: que el fallo de la Corte avala la venta de drogas minorista, que si se libera la demanda va a crecer el uso de drogas. El discurso de este médico fue tildado de "ensalada de frutas" por la fiscal. La confusión era obvia, no se despenaliza la sustancia, sino la tenencia. La jueza Patricia Llerena puso como ejemplo el coma diabético. "¿Si a un automovilista diabético le encuentran un caramelo en el bolsillo, lo llevamos preso? La tenencia de drogas es un delito de peligro abstracto y por lo tanto no se puede penar con tanta facilidad".
Otra de las aclaraciones que surgieron de la charla fue la de los compromisos internacionales en materias de drogas. "La convención de Viena del ’88 aclaraba que la tenencia debía penarse o no de acuerdo con los derechos constitucionales de cada país", dijo Cuñarro. La siguiente intervención fue de Vilma Ibarra y no contuvo preguntas, más bien el apoyo a la despenalización de la tenencia y el pedido de políticas criminales más eficientes para combatir al narcotráfico. "Hoy es más fácil conseguir droga en una esquina de Buenos Aires que comprar una Coca-Cola light", aseguró la diputada.
El cierre estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Salud, el doctor Juan Sylvestre Begnis. Con su agudo sentido del humor parafraseó el proyecto de bienes decomisados como el fin de "los bienes del comisario" y admitió que el sistema sanitario solo está preparado para atender casos graves de adicción. Y concluyó: "Queremos tener la oportunidad de contener estas patologías sociales".

2 de septiembre de 2009
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