no quieren candidatos criminales
6 de mayo de 2009
[Adriana Meyer] Argentina. Como una película en continuado, la historia de Luis Patti candidato no tiene fin. Con su postulación a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires a punto de ser oficializada, los familiares de sus víctimas y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) lo volverán a impugnar por su activa participación en la represión ilegal y el terrorismo de Estado desplegada durante la última dictadura. Esto ocurrirá el martes, en el plazo establecido por la Justicia electoral para cuestionar a los candidatos presentados para las elecciones de junio. "Una vez más lo impugnamos, pero ahora está procesado con prisión preventiva y con su caso más cerca de ir a juicio oral", dijo a Página/12 Carolina Varsky, del CELS. Aunque en su presentación pondrán los mismos argumentos e idéntica convicción, los impugnantes saben que la Justicia electoral podría rechazar el planteo. ¿La razón? La actual legislación requiere de una condena firme, que Patti aún no tiene, para sacarlo del ruedo. Por eso los querellantes del caso que lo llevó a la cárcel insisten desde hace meses ante los diputados que no tratan una ley que permitiría truncar en su origen las aspiraciones políticas de represores como el ex comisario.
Faltaban pocos días para Navidad cuando el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, el CELS, el Serpaj, Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Herman@s, la directora del Instituto para la Memoria Ana María Careaga e Hijos fueron a la Cámara de Diputados para apoyar el pedido de tratamiento del proyecto de ley para inhabilitar a represores que aspiren a ocupar cargos públicos, que pensaba hacer la diputada Victoria Donda "sobre tablas". Ante el levantamiento de la sesión debido a la falta de quórum, el presidente del bloque de diputados oficialistas, Agustín Rossi, se comprometió públicamente ante los organismos de derechos humanos a emitir dictamen de comisión en febrero y a impulsar el tratamiento de la iniciativa en el recinto en la primera sesión de 2009.
El proyecto de Donda aún no tiene dictamen. El año pasado estuvo cinco meses en la Comisión de Asuntos Constitucionales y cinco veces fracasó la reunión conjunta para tratarlo con las de Justicia y de Derechos Humanos. Ahora, en plena campaña electoral, Rossi tiene aún más dificultades para que su tropa acuda al Congreso. La semana pasada tampoco los diputados de la oposición estuvieron en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales prevista para tratar la iniciativa de la legisladora de Libres de Sur. Sólo 9 de sus 33 integrantes se hicieron presentes.
Los organismos de derechos humanos y los familiares querellantes en la causa por el secuestro del ex diputado Diego Muniz Barreto y su colaborador Juan Fernández, el homicidio de Gastón Gonçalves, la desaparición de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención ilegal de Osvaldo Ariosti seguirán impulsando que esa ley salga "sí o sí", aun en medio de los tiempos electorales que paralizaron la actividad parlamentaria. "Todos abandonaron el barco, pero si es necesario volveremos a hablar con cada uno de los diputados de la comisión, porque la diferencia es que con la nueva ley Patti nunca más podría ser candidato, y esto no nos volvería a pasar", sintetizó uno de los representantes de las víctimas del confeso torturador.
A partir del cierre de listas, previsto para el 9 mayo, la Cámara Nacional Electoral difundirá en Internet todas las candidaturas. Desde ese momento hay tres días para presentar impugnaciones. Diego Morales, del CELS, explicó que una acordada de la Cámara reglamentó esa forma de publicidad que permite conocer a los postulantes, algo que antes ocurría cuando las listas ya estaban oficializadas. Si bien la gravedad de los cargos contra Patti no se ha modificado, Morales se manifestó consciente de que tampoco cambió la cuestión de fondo. Esto es, que la falta de una condena volvería a provocar el rechazo de la impugnación. De todos modos, el abogado destacó que esta vez podrían llegar hasta la Corte Suprema para hacer valer los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que recomiendan limitar las candidaturas de quienes se encuentren sospechados de haber cometido delitos de lesa humanidad.
"Me parece muy bien, defendemos el derecho a muerte, yo voy a impugnar a (Néstor) Kirchner por insano", opinó el duhaldista Daniel ‘Chicho’ Basile, principal impulsor del regreso de Patti a las primeras listas políticas, consultado sobre el pedido de inhabilitación para el represor.
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[Carlos Rodríguez] Argentina. Gustavo Kollman, defensor oficial de la Justicia federal porteña que más de una vez, en sus intervenciones judiciales, se ha manifestado en favor de la despenalización de la droga para consumo personal, insistió ayer en que "la criminalización del adicto no conduce a la solución del problema que representa el tráfico de drogas". En diálogo con
Argentina. En sólo un mes, la sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal declaró tres veces inconstitucional la norma que castiga la tenencia de drogas para consumo personal y sobreseyó a las personas involucradas en cada una de las causas. Todos los acusados fueron detenidos con pequeñas cantidades de marihuana, aunque ninguno superaba los 24 gramos entre sus pertenencias. Estos pronunciamientos ocurrieron el miércoles 8 y los martes 14 y 21 de abril.
Argentina. Según la encuesta pedida por el Ministerio de Justicia de la Nación y hecha por el Indec en más de 50 mil hogares, en Argentina, el éxtasis es la tercera droga ilegal más consumida, después de la marihuana y la cocaína. Otros informes, como los de la Sedronar, la secretaría de prevención de las adicciones y lucha contra el narcotráfico, afirman que el consumo de éxtasis se duplicó en los últimos años.
[Emilio Ruchansky] Argentina. El pibe había viajado desde La Pampa hasta Buenos Aires para ir a un festival de música electrónica y, según relató después, fue el elegido para comprar las pastillas de éxtasis que se tomaría con siete amigos. Entre todos juntaron 400 pesos y consiguieron quince píldoras, una ganga si se tiene en cuenta que cada una cuesta no menos de 35 pesos. Sus amigos ya estaban dentro del festival realizado en Costa Salguero y mientras él hacía la cola para entrar se puso a contar las pastillas para asegurarse de que no lo habían estafado. Justo en ese momento fue detenido por personal de la Prefectura Naval Argentina. Ayer, a nueve meses del hecho, se difundió el fallo de Cámara Federal porteña que lo absolvió por entender que se trataba de un caso de tenencia para consumo personal y que esa conducta no debe ser penalizada. La sentencia también discute la "tenencia simple", una figura penal muy cuestionada por los usuarios. Aunque ya hubo fallos que despenalizaron la tenencia para consumo de la marihuana y la cocaína, la sentencia pone al éxtasis en la misma bolsa.
[Adolfo Pérez Esquivel] Cada persona guarda en su memoria hechos, acontecimientos, que marcan su vida y que no son aislados en la vida del pueblo y la situación del país y en la comunidad de pertenencia de cada uno.
[Diego Martínez] Argentina. Víctor Basterra detalla cómo extrajo fotos de torturadores. El Tigre Acosta admite que se sentía Jesucristo cuando seleccionaba pasajeros para los vuelos. Carlos Lorkipanidse relata la tortura a su hijo de veinte días. El cura Emilio Grasselli teoriza que los marinos eran menos brutos que el Ejército. Carlos Capdevila se quiebra al contar cómo arrancaba bebés a sus madres. Graciela Daleo rememora el Mundial en Capucha. Enrique Weber explica que Rodolfo Walsh no le dio otra alternativa que matarlo. Relatos e imágenes, hipotéticos en el caso de los imputados, formarán parte del proceso más importante desde el Juicio a las Juntas en 1985, que filmó ATC y se emitió en flashes sin sonido, a pedido de Raúl Alfonsín, contra la voluntad del tribunal. Un cuarto de siglo después, con Fuerzas Armadas subordinadas a la Constitución y un gobierno que impulsa las causas, el juicio a los iconos del terrorismo de Estado no podrá ser escuchado ni visto más que por el centenar de personas que quepa en Comodoro Py y será filmado por una cámara operada por personal de la policía.
[Diego Martínez] Argentina. Luego de conocer los fundamentos del fallo del Tribunal Oral Federal de San Luis que ordenó investigarlo por encubrir delitos de lesa humanidad durante la dictadura, el juez Carlos Martín Pereyra González renunció a su cargo en la Cámara Federal de Mendoza. El magistrado también es investigado junto a sus colegas de la Sala B por el Consejo de la Magistratura, a partir de una denuncia de organismos de derechos humanos de Cuyo por su "actitud consecuente y manifiesta a favor de la impunidad de ejecutores del terrorismo de Estado". Familiares de desaparecidos de San Luis pedirán que la renuncia no interrumpa el jury de enjuiciamiento.