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hora de hacer justicia


Empezó el juicio por el secuestro y asesinato de Floreal Avellaneda en 1976. Con el ex jefe de Inteligencia del Ejército Fernando Verplätsen y su superior Santiago Omar Riveros sentados entre los seis acusados, empezó el primer juicio por la represión en Campo de Mayo.
[Adriana Meyer] Argentina. "Imputado Verplätsen, por favor esté atento", le dijo la jueza Lucila Larrandart al ex jefe de Inteligencia del Ejército, y repitió la advertencia varias veces durante la apertura del juicio oral y público por el asesinato de Floreal Avellaneda, el secuestro de su madre, Iris, y las torturas sufridas por ambos. Luego del clásico "silencio en la sala" habían aparecido los envejecidos represores, vestidos con relativa informalidad, y por varias horas evitaron al público fijando su mirada en el tribunal. Antes del segundo cuarto intermedio, la defensa pidió que las audiencias no duren más de seis horas "por la edad y el estado de salud" de los imputados, lo que provocó risas en el auditorio y la amenaza de Larrandart de desalojarlo. "Es que empezaron un periplo hoy a las 2 de la mañana en Marcos Paz, a las 5 estaban en Campo de Mayo y luego los llevaron a Devoto antes de traerlos a San Martín", argumentó uno de los defensores oficiales. Los generales retirados Santiago Omar Riveros, Fernando Ezequiel Verplätsen y Carlos García perdieron el beneficio del arresto domiciliario hace una semana, de modo que llegaron desde la cárcel junto al resto de los acusados a este juicio, el primero por delitos de lesa humanidad cometidos en el megacentro clandestino de Campo de Mayo.
Los tribunales de San Martín habían sido vallados el domingo a la noche, cuando los militantes del Partido Comunista (PC) y de la Federación Juvenil Comunista (FJC) iniciaron una vigilia para esperar el inicio del juicio por sus camaradas Iris Avellaneda y el Negrito Floreal. La doble valla, al estilo cancha de fútbol, y un despliegue considerable de efectivos bonaerenses fue previsto por la eventual presencia de agitadores pro-militares que nunca llegaron. En el acceso al auditorio sólo se pasaba con revisación de bolsos y detector de metales.
Fueron llegando dirigentes del PC y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Patricio Echegaray, José Schulman, Graciela Rosenblum, entre otros) y los fiscales de la Unidad Coordinadora de causas por delitos de lesa humanidad Jorge Auat y Pablo Parenti, junto con el ex fiscal de Bahía Blanca Hugo Cañón. Apenas ingresaron los jueces Larrandart, Héctor Sagretti y Marta Isabel Miloc, se ubicaron a su derecha los abogados querellantes (por la FJC y la Asociación de Detenidos-Desaparecidos) Liliana Mazea, Elea Peliche y Jorge Brioso, además de Carlos Zamorano (PC) y Ciro Anichiarico (Secretaría de Derechos Humanos). Y a su izquierda los represores y sus abogados, los defensores oficiales Carlos Palermo y Juan Carlos Tripaldi, en tanto que la acusación fiscal estará en manos de Horacio García Berro, Juan Murray y Jorge De Luca.
"Está probado que Iris Pereyra de Avellaneda fue secuestrada y detenida en forma clandestina por el Ejército, que sufrió torturas con picana eléctrica, golpes, estaqueamiento y simulacro de fusilamiento, que estuvo detenida en condiciones inhumanas tales como inanición y desnudamiento, estuvo encapuchada y vendada, lo que le provocó un estado físico que los testigos describieron como deplorable, al punto que otras cautivas la bautizaron ‘la Vieja’, siendo que tenía 38 años", describió la secretaria del tribunal, en los primeros párrafos de la elevación a juicio de la causa. Dos Madres de Plaza de Mayo cubrieron sus cabezas con los pañuelos blancos, y al rato varios comenzaron a ponerse remeras rojas con inscripciones tales como "El Negrito vive". A todos –incluidos los cronistas, camarógrafos y fotógrafos que pudieron trabajar con comodidad– los separaba otro doble vallado de los protagonistas del juicio. Así quizás el torturador de la Bonaerense Alberto Aneto, el ex jefe del Comando de Institutos Militares Riveros, el ex jefe de la Escuela de Infantería García, el ex jefe de Inteligencia Verplätsen, el capitán Raúl Harsich y el mayor César Fragni, que firmaron el acta de detención de Iris Avellaneda, se hayan sentido más seguros.
Las tías del Negrito fueron fundamentales para reconstruir lo sucedido. Ayer el tribunal recordó su peregrinar por comisarías y despachos, sus pedidos al genocida Carlos Suárez Mason y al obispo Pio Laghi, los hábeas corpus jamás contestados. Los vecinos dieron cuenta de los disparos con que la patota del Ejército abrió la cerradura de la casa de los Avellaneda, de los Ford Falcon que manejaban, de las pelucas que usaron para tratar de ocultar su rostro. Buscaban a Floreal padre, acusado de ser el responsable financiero de la célula 1 del PC en Vicente López. Pero el dirigente, de trayectoria gremial en la zona, había logrado escapar por una ventana. "El Estado quiso ocultar para garantizar la impunidad del plan sistemático de los comandantes, con la clandestinidad, la falsedad, la omisión, el uso de la estructura de las Fuerzas Armadas y la cadena de mandos", dijo la secretaria en una mención a la causa 13, más conocida como Juicio a las Juntas de 1985. Es en tal sentido que los acusados en este juicio participaron de "procedimientos ilegales, con amplias facultades de ejecución y respecto de los destinos de los detenidos". El pedido de elevación de las querellas había enfatizado que "no hubo errores ni excesos, fueron metódicos y sistemáticos en exterminar al enemigo marxista", y que era necesario juzgar a "todos los represores por todos los compañeros, en el marco de un genocidio".
Durante la instrucción, Riveros había negado las imputaciones y las había adjudicado a "los terroristas que tienen deseos de venganza por haber perdido". Este genocida, ex representante ante la Junta Interamericana de Defensa, había admitido que aspiraban al "aniquilamiento, a quebrar y reducir a la nada al enemigo hasta su destrucción total", y había afirmado que "no hubo desaparecidos, sólo terroristas aniquilados, en una guerra revolucionaria que fue irregular por orden del gobierno constitucional". Se verá si cuando le toque hablar se muestra tan verborrágico. Los seis represores están acusados de allanamiento ilegal, robo, tormentos, privación ilegal de la libertad, agravada por ser contra un perseguido político, y homicidio agravado por ensañamiento. "Es un modo cruel de matar, haciendo sufrir a la víctima padecimientos físicos y psíquicos", escribió el fiscal Jorge Sica en su pedido de elevación a juicio. Al final de la jornada el tribunal concedió que, "en principio", las audiencias no serán muy extensas, atendiendo a que Harscich es insulinodependiente y Riveros tiene 86 años. Además, determinó que los traslados sean "cárcel de Devoto-San Martín", sin escalas.
A mediodía ya había un puñado de militantes de otros partidos de izquierda que acudieron al "aguante". Durante el segundo cuarto intermedio esta cronista buscó a Iris Avellaneda para preguntarle qué había sentido al ver a los seis represores, finalmente sentados en el banquillo de los acusados. Luego de buscarla un rato la encontró cantando y bailando junto a sus compañeros de la Fede, en la calle frente a Tribunales. La pregunta se volvió abstracta.

28 de abril de 2009
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juicio por crimen del negrito avellaneda


Hoy se inicia el juicio oral por el asesinato del Negrito Avellaneda ocurrido en 1976. En esta entrevista, los padres de Floreal Avellaneda recuerdan a su hijo, cuentan cómo fue el secuestro perpetrado por una patota del Ejército y cómo afrontaron la tragedia familiar. "Queremos que (el represor) Riveros sea condenado y vaya a una cárcel común", dicen.
[Adriana Meyer] Argentina. "Era el hijo más dulce, un chico rebelde pero con causa", dice Iris Etelvina Pereyra de Avellaneda sobre su hijo Floreal, secuestrado junto con ella en 1976, arrojado al Río de la Plata tras sufrir torturas que lo destrozaron. Aquella madrugada del 15 de abril, cuando la patota del Ejército irrumpió en su casa de Munro, a patadas y balazos, buscaban a su marido, el dirigente comunista Floreal Avellaneda. Pero como advirtieron que había escapado por una ventana, decidieron llevársela a ella y a su hijo mayor. A sus 70, Iris tiene la mirada y la voz intensas, y cuenta la historia que repitió muchas veces, la tragedia familiar que luego de 33 años llega hoy a juicio oral, con el general Santiago Omar Riveros y otros cuatro represores como acusados.
Al Negrito, como lo llaman, lo escuchó por última vez tras una sesión en que ambos fueron torturados. Su cadáver apareció en las costas uruguayas un mes después, con signos de haber sido empalado. Ella comenzaba su periplo por centros clandestinos y cárceles, hasta que dos años más tarde salió en libertad y se reencontró con su marido, que había estado clandestino y escondido por sus compañeros. Floreal vendió su auto y se compraron una casa en Villa Tesei, donde Iris decoró la cocina con botellas pintadas y azulejos grises con florcitas. "Cocinamos juntos, él es Petrona y yo Juanita", cuenta con una sonrisa mientras el perro de enfrente insiste en ladrar "porque es muy llorón". Iris terminó séptimo grado y dice orgullosa que ahora hizo un curso de computación y navega en Internet. "Tengo mi terapia, tejo mucho y ando en bicicleta. A los seis años empecé a tejer, pero con ramitas de paraíso, hasta que mi mamá nos compró las primeras agujas", dice. "También tenemos barras, nos juntamos con matrimonios grandes a cantar y guitarrear."

¿Pudieron reconstruir sus vidas después del ataque y el secuestro?
Tanto reconstruimos nuestra vida que tuvimos otro hijo, Marcos Rodrigo, que ahora tiene 29 años y ya nos dio dos nietos. (Mira a Floreal) Su primera amargura fue cuando perdió a su mamá, luego la pérdida de nuestro primer hijo, cuando tenía tres meses. Y después lo del Negrito, hay que ver que eso nos impactó (le tiembla la voz).

¿Cómo se sostuvieron todos estos años?
Apoyándonos el uno con el otro, con la familia, los hijos, los nietos nos ayudan, y los camaradas que andan detrás nuestro, que no es poco.

¿Cómo era su vida al momento del secuestro?
Era una militante muy callejera, teníamos una responsabilidad grande porque éramos la célula madre del Partido Comunista de la zona, hacíamos finanzas, piquetes. Trabajábamos que era una maravilla.

Floreal, ¿usted trabajaba en una fábrica?
Sí, en General Motors, Wobron y Tensa. Fui matricero. En Tensa, que era una de las más importantes de zona norte, tuvimos una serie de conflictos. Me afilié en 1943 a la Juventud Comunista, nací afiliado (Iris se ríe), mi familia tenía una trayectoria de lucha, mi madre Florinda Filgueiras de Avellaneda fue parte del Socorro Rojo y cofundadora de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en 1937. Se ocupaban de los presos políticos de Uriburu. Después del golpe, mi padre estuvo detenido 36 meses. En la huelga metalúrgica del ’54 toda la familia fue presa. En la cárcel organizamos cursos, obras de teatro, jugábamos al ajedrez y al dominó.

¿Cómo era la situación en la fábrica en 1976?
En Tensa había un núcleo de sindicalistas combativos, y como los burócratas no podían dominarnos metieron a la policía con matones armados y quedamos de rehenes de la empresa. Pero cuando salimos paramos la fábrica 20 días. Había del PRT, del PST, de Vanguardia Comunista, del Partido Comunista, de la JTP. Pero lo extraordinario es que trabajamos juntos, con compañerismo a pesar de las diferencias ideológicas.

¿Por qué cree que lo fue a buscar el Ejército?
Tenía una historia sindical, pero posiblemente fue lo que pasó en Tensa.

Iris, ¿cómo vivió ese momento?
En 1974 ellos fueron despedidos y yo había conseguido trabajo en una empresa en San Martín, de soldadora. Entraron a las 2 de la mañana, pateando puertas, baleando. Floreal pudo zafar porque la hermana le dijo "andate que son de las Tres A".

Floreal: –Tiraban sobre la puerta de entrada, mi hermana vivía adelante y nosotros atrás, como en un dúplex. Llegué a saltar por una ventana a la casa de la vecina y uno del grupo con ropa de fajina me vio y empezó a disparar. Le dije al Negrito, que quería venir conmigo, "tirate al piso", porque estaban a los balazos. De ahí salté a lo de mi hermana y vi que los tenían a todos contra la pared, con armas largas. Fui saltando por los techos, pasé toda la manzana, hasta que llegué a la casa de un conocido.

Iris: –Abrí la puerta, fueron arriba y vieron que al lado de la cama había una media sola, miraron, y se dieron cuenta de que éste se escapó por ahí. Unos estaban a favor de llevarlo al Negrito, otros decían que no. Pero al final nos sacaron a los dos, nos vendaron, nos encapucharon y nos llevaron a la comisaría de Villa Martelli. Estábamos en ropa de dormir, me hicieron poner un vaquero y una camperita, el Negrito tenía un pantalón de gimnasia azul y una remera blanca. El que entró en casa, ese tal Rolo (Aneto, uno de los imputados que va a juicio), lo hizo a cara descubierta, así que después lo reconocimos. Al Negrito le dieron como en la guerra, y aunque ponían la música a todo lo que da yo sentía sus gritos y él seguro los míos. Me picanearon bajo los brazos, boca, pechos y los genitales. Fue tremendo porque te mojan y te ponen una almohada para que no grites, pero la desesperación es terrible, pensás "tierra tragame". Me preguntaban por mi marido, tenés que saber dónde está, me decían. Después de la tortura, que estuve cerca del Negrito, me dijo "mami, decí que papi se escapó".

¿Ahí en la comisaría pudo juntarse con el Negrito?
Estaba atada a una canilla, vendada y encapuchada. El tosía, no lo pude ver ni tocar, sólo escucharlo, estábamos cerca... (se disculpa por la emoción que interrumpe sus palabras). Parece que lo viví ayer. Empecé a gritar de desesperación y me pusieron un trapo sucio en la boca. Fue el último contacto con mi hijo. En Campo de Mayo siguió la tortura interminable. Nunca negué que era del Partido Comunista, pero estoy tan feliz de que no delaté a nadie. Una sola vez me preguntaron por mis compañeras, en realidad querían a Floreal porque se les había escapado. Si hubiéramos adivinado lo que vino después, nos habríamos escapado todos.

¿Cuánto tiempo estuvo en Campo de Mayo?
Unos quince días, con tortura continua. Me hicieron un simulacro de fusilamiento, me gatillaron y me dijeron que pidiera tres deseos. Y yo ¿qué iba a pedir? Pedí por el Negrito, y entonces me dijeron de mal modo "no preguntes más porque ya lo reventamos". Después me tiraron en un colchón, mientras me decían "con los comunistas no se puede", como que no habían podido quebrarme, pienso. Se quedaron con las ganas conmigo.

¿Qué pasó luego?
Uno que le decían ‘a Parca’ o ‘Ginebrón’ me pegó un latigazo en la pierna, nos subieron a un celular a Olmos. Cuando pregunté por qué estaba en la cárcel me dijeron que estaba acusada de "comunista montonera". Una médica me curó los ojos, que no veía nada por las vendas. En noviembre me trasladaron a Devoto. Ahí la tortura era psicológica, no nos dejaban leer ni tejer, nos arruinaban la comida que la Liga nos llevaba. Salí en libertad en julio de 1978. Durante ese tiempo había mandado cartas a todos lados preguntando por el Negrito, nadie me contestó. Cuando llegamos a Coordinación Federal, unos milicos me preguntaron por qué estaba ahí, les dije que por comunista, y me respondieron si no me daba vergüenza. Les contesté que claro que no, que lo que más me dolía era que me habían matado a mi hijo. Y el tipo se enfureció y dijo "y ésa es la educación que le diste", y le dije "es la misma que recibí yo cuando me afilié al partido". "Querés un consejo, desafiliate", me dijo. Y le respondí que ya era grandecita para que me diera consejos. Entonces me llevó a una celda, con un pellizcón en el brazo y me tiró al piso. El colchón que había ahí era sangre viva, así que me pasé la noche parada pegada a la mirilla. No me daban la libertad porque decían que yo les había robado, cuando fue al revés, además de secuestrarnos nos habían robado todo.

¿Cómo encontraron al Negrito?
Floreal: –El 15 de mayo, justo el día que él cumplía años, salió en el diario Crónica que aparecieron ocho cadáveres en el Río de la Plata, y uno tenía un tatuaje que decía F y A, igual al que me había hecho yo y el Negrito tenía uno igual. El cadáver había aparecido en las costas de Uruguay, destrozado en la zona anal porque lo habían torturado, se ve que falleció por empalamiento. Esas bestias... (se seca unas lágrimas) Nuestro abogado Julio Viaggio pidió las huellas dactiloscópicas y las fotografías del cuerpo, estaba atado con sogas. El cuerpo ya estaba identificado, por eso fueron procesados varios militares en el Juicio a las Juntas, donde declaró Iris. Cuando ella salió en libertad empezamos los trámites para extraditar los restos. Pero en el cementerio del Norte nos dijeron que no estaba más. El cadáver desapareció, hay una querella que pasó por tres jueces y no avanza. El 16 de junio de 1979 hubo un operativo militar en el cementerio, eso es muy sospechoso. Los militares uruguayos nos deben una respuesta, actuaron por el Plan Cóndor.

¿Cómo era Floreal?
Me confiaba todo, estudiaba en la secundaria y quería ser mecánico naval. Desde los 13 años estaba afiliado a la Federación Juvenil Comunista. Un militar lo apadrinó y entró en la ESMA, pero no tenía aptitudes militares y le dieron de baja porque se agarró a piñas con su superior. Protestó porque a los chicos que entraban no les preguntaban si sabían nadar. Tenía medallas de natación. En esa época tenía una novia, María, con la que se había ido de viaje a Misiones.

El juicio tardó 33 años en llegar. ¿Cómo se sienten?
Iris: –Estamos bien, había que desembuchar todo esto. Es un comienzo de justicia para los 30 mil desaparecidos.

Floreal: –Pensaba que el Negrito era uno de los más chicos, pero cuando estuvimos en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado me di cuenta que hay víctimas de 13, de 14 años. Este es el primer juicio que se le hace al Comando de Institutos Militares. Tenemos una vecina que había desaparecido, María Rosa Moro, la llevaron de FATE. Su cuerpo apareció en Troubille, en Uruguay, junto con el del Negrito.

Iris: –Esto es casi un caso juzgado, tantos años hace que estamos en esta lucha, ellos saben perfectamente qué hicieron con el Negrito y con nosotros. Nos querían hacer desaparecer a toda una generación que quería el bien de su país, y nosotros éramos parte de eso, mientras ellos querían imponer el sistema neoliberal. Los que seguimos con vida tenemos el compromiso de seguir luchando.

¿Qué esperan del juicio?
Floreal: –Que Riveros sea condenado y que vaya a una cárcel común.
27 de abril de 2009
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exhuman a obispo de los pobres


La investigación sobre la muerte de Enrique Angelelli. El cadáver del obispo católico fue exhumado esta semana. Buscan determinar si Angelelli recibió golpes en el cráneo o un impacto de bala, como sostienen algunos testigos. También se hará un estudio accidentológico.
[Washington Uranga] Argentina. Más de treinta y dos años después del 4 de agosto de 1976, en que el cuerpo del obispo de La Rioja Enrique Angelelli apareciera en una ruta que une Chamical con la ciudad de La Rioja, la Justicia sigue en búsqueda de la verdad. Esta semana el cadáver del obispo católico fue exhumado de la cripta donde se encuentra depositado en la iglesia catedral de La Rioja, para realizar una nueva autopsia ordenada por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena. En quince días estarán los resultados. La versión de muerte "accidental" ofrecida por la dictadura militar tuvo siempre poco sustento, aunque entonces pocos se atrevieron a cuestionarla en público. Ni siquiera la Iglesia institucional, en aquel tiempo conducida por prelados afines al régimen dictatorial, levantó su voz para denunciar lo que para muchos fue claramente el asesinato del "obispo de los pobres", a quien los militares habían sentenciado a muerte.
El 18 de julio de 1976 fueron secuestrados y asesinados los sacerdotes de Chamical Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, colaboradores de Angelelli. El 4 de agosto el obispo celebró una misa en Chamical, donde denunció el asesinato. La muerte y el presunto accidente se produjo esa misma noche, cuando Angelelli regresaba a la capital conduciendo su propia camioneta. El entonces sacerdote Arturo Pinto, quien lo acompañaba, recuerda que durante el trayecto fueron seguidos por un auto que luego se les cruzó en el camino, generando un vuelco. Una carpeta con toda la documentación que Angelelli había recogido sobre la muerte de los curas y del laico Wenceslao Pedernera apareció días después en el despacho del general Albano Harguindeguy, ministro del Interior, según el testimonio brindado por Peregrino Fernández ante el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Personas de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta documentación nunca fue incorporada al expediente judicial.
Lo que ahora investigan los peritos forenses de la Corte Suprema, Luis Bossio, Fernando Trezza y Víctor Cohen, es si existen indicios que permitan establecer si Angelelli recibió golpes en el cráneo, como aseguran algunos testigos, e incluso un impacto de bala, como sostienen otros. Además se hará un estudio accidentológico para determinar si el presunto accidente de tránsito pudo haber ocurrido de la manera en que se lo expone en el expediente judicial que se cerró tras la muerte.
Roberto Rodríguez, actual obispo de La Rioja, dijo que "la Iglesia acompaña" la investigación porque "busca llegar a una verdad". En el mismo sentido se había pronunciado Carmelo Giaquinta, arzobispo emérito de Resistencia y titular de una comisión eclesiástica creada en 2006 para investigar la muerte de Angelelli. Dos años y medio después de haber iniciado las investigaciones, "que no pretenden ser paralelas al proceso judicial", según expresó Giaquinta, el arzobispo manifestó que no es posible establecer por esta vía una conclusión definitiva sobre la forma en que Angelelli encontró la muerte. Pero sí señaló que "cuando hice mi primer viaje a La Rioja, en septiembre de 2006, escuché voces sobre ‘un tiro en el occipital derecho’, ‘la nuca destrozada a golpes’, ‘las manos quemadas’, ‘los tobillos despellejados’", por lo cual recomendó la exhumación.
Angelelli fue rápidamente reconocido como "mártir" por el pueblo cristiano más sencillo, mucho antes que de la Iglesia oficial reivindicara su figura. A nivel popular el obispo es objeto de actos de culto, se lo venera y se elevan oraciones solicitando su intervención. Existen imágenes y altares en su memoria. Muchas capillas y oratorios llevan su nombre, y hasta una radio, la del obispado de Neuquén, se llama "Comunidad Enrique Angelelli". Transcurrieron treinta años hasta que en 2006 el cardenal Jorge Bergoglio fue hasta La Rioja para presidir institucionalmente los actos recordatorios de la muerte del obispo. Hasta entonces la jerarquía había encontrado siempre la forma de eludir un pronunciamiento. En ese mismo momento se inició la investigación eclesiástica encabezada por Giaquinta. Desde siempre, el obispo emérito de Viedma, Miguel Hesayne, sostuvo –junto a un puñado de otros obispos entre los que siempre se contaron los ya fallecidos Jorge Novak y Jaime de Nevares– que está probado "en forma definitiva e incontrovertible" que hubo "homicidio calificado", considerando de "patraña criminal" la versión de la dictadura sobre el accidente.
Angelelli, hijo de inmigrantes italianos, nació el 18 de julio de 1923 en Córdoba. En 1964 asumió como obispo de La Rioja y en su primer mensaje afirmó que "no vengo a ser servido sino a servir. Servir a todos, sin distinción alguna, clases sociales, modos de pensar o de creer; como Jesús, quiero ser servidor de nuestros hermanos los pobres".

26 de abril de 2009
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al chacal febres lo mataron


La jueza Sandra Arroyo Salgado tiene nuevos indicios que apuntan a que el represor Héctor Febres fue asesinado. Hace un año, la Cámara de San Martín consideró que no había elementos para dilucidar si el ex prefecto fue asesinado o se suicidó.
[Adriana Meyer] Argentina. El represor Héctor Febres no tenía una personalidad proclive al suicidio. Así lo determinó el Cuerpo Médico Forense en las conclusiones de la ‘autopsia psicológica’ que había solicitado la jueza federal Sandra Arroyo Salgado para determinar si el prefecto, que estaba siendo juzgado y apareció muerto en su celda en diciembre de 2007 envenenado con cianuro, pudo haber atentado contra su vida. Hace un año la Cámara de San Martín consideró que no había elementos suficientes para establecer que Febres fue asesinado, aunque tampoco para afirmar que se suicidó, y ordenó liberar a los prefectos que la jueza había acusado de estar involucrados en el homicidio. Sin embargo, desde ese momento Arroyo Salgado decidió continuar con su hipótesis de que el represor fue silenciado para evitar que involucrara a otros y que aportara datos cuando le tocara hablar en el juicio. Por eso buscó profundizar la investigación con elementos que apuntan al asesinato, y encontró varios. Además del resultado de la autopsia psicológica, volvió a declarar el médico de Febres, Víctor Hugo Giuliani, que refirió que su paciente le dijo que "iba a decir todo lo que sabía en el juicio, que su declaración iba a comprometer a más de uno".
Giuliani declaró por segunda vez en el expediente, al que Página/12 tuvo acceso, y dijo que quince días antes de su muerte lo empezó a ver "más ansioso", que le mostró "un cuaderno grande y le dijo ‘en esta carpeta está lo que voy a decir en el juicio, me va a servir para despegarme a mí, va a ser una bomba’". Al parecer, el prefecto guardaba con celo la carpeta, al punto que cuando Giuliani se la pidió para verla se negó a mostrársela. "Cuando Febres me mencionó esa carpeta le pregunté: ‘Gordo, ¿por qué no deslindás tu responsabilidad, cómo puede ser que estás en la misma situación que Massera y el Tigre Acosta si vos eras un oficial subalterno’, a lo que me contestó: ‘Yo voy a declarar, voy a deslindar mi responsabilidad’", dijo el médico. En otro tramo de su testimonio, Giuliani explicó que su paciente le dijo que no había declarado antes porque "nunca pensó que las causas llegarían a este punto, y por eso los últimos días estaba muy nervioso, pero claramente manifestó su intención de declarar y me dijo que su declaración iba a comprometer a más de uno".
Este testigo vivió una situación que también abona la hipótesis del homicidio. Durante una de las visitas que solía hacerle, al llegar al camarote escuchó una conversación en la que un hombre "le hablaba a Febres en tono increpante". El prefecto "no se dejaba hablar así por cualquiera, tenía que ser un superior, esta persona lo estaba amenazando, lo vi salir de forma abrupta y cerró la puerta fuertemente como para dar un portazo", explicó. Giuliani dijo que le preguntó quién era esa persona. "Es un corredor de seguros de vida, porque si hablo... y realizó un gesto como de degüello pasándose la mano de canto por el cuello, haciéndome notar que si hablaba lo matarían", fue la respuesta.
Otro elemento que se suma a la posibilidad del asesinato es la carta redactada por el propio Febres, fechada el 10 de julio de 2000 y dirigida a su esposa. "Muchas son las horas que he pasado meditando todo lo que ha pasado y lo que vendrá, es una pesadilla que me persigue y a la que no pongo fin por propia mano porque no tengo las agallas para hacerlo (...) de ninguna manera estas líneas reflejan un suicidio por no tengo la decisión ni la valentía de hacerlo, pero si esta carta es leída es porque ya no estoy en este mundo", escribió de su puño y letra.
La carta, los testimonios, los estudios toxicológicos, sumados a la sustracción de la computadora de Febres y a la alteración de la escena del crimen conforman las piezas del rompecabezas que aún no completa Arroyo Salgado. A éstas, se suma la autopsia psicológica, y un estudio interdisciplinario ordenado para definir si a Febres le dieron el cianuro para que se suicidara o lo tomó por propia determinación.

Instigar al Suicidio o Ayudar a Cometerlo
En la autopsia psicológica entregada por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, elaborada tras el análisis de las cartas manuscritas de Febres y otros elementos, el psiquiatra Marcelo Rossi y la psicóloga forense Norma Miotto describieron que la personalidad de este represor tenía componentes narcisistas y psicopáticos. "No surgen elementos que permitan inferir en esa época (13 días antes del fallecimiento) riesgo suicida", indicaron. "Se encontraba expuesto al stress del juicio oral bajo imputaciones graves, al derivado de una prolongada detención, con el agravante de la situación económica familiar, entrando además en juego un conflicto de lealtades y la posibilidad de ser condenado", precisaron. Al momento de hacer una evaluación del papel de la víctima en su propio fin, los especialistas dijeron que "de los elementos considerados no surge una clara intención suicida".
El imputado prefecto Rubén Iglesias, ex jefe de la delegación Delta de la Prefectura, impugnó la autopsia psicológica, pero el fiscal Adrián Gentili rechazó el planteo de nulidad. De todos modos, en noviembre, la jueza ordenó la realización de un estudio interdisciplinario, para terminar de despejar dudas.
Participan del mismo un especialista en tanatología, un perito toxicológico, una licenciada en psicología, un médico forense y un ex perito de la Corte Suprema. "El contexto en el que se produjo el deceso de Febres, signado por particularidades referentes a la notable carencia de un mínimo contralor en el acceso de personas y objetos a las dependencias de aquella sede administrativa, junto a las características que presentó la escena del crimen y a aspectos atinentes a la idiosincrasia de la propia víctima, se tornan definitorias a la hora de ponderar la necesidad de disponer de un estudio interdisciplinario (ciencia forense, psicología, criminología)", argumentó la magistrada. En tal sentido, recordó que "el alojamiento de Febres en Prefectura Zona Delta distaba de aquel proporcionado a una persona comúnmente privada de su libertad en forma cautelar. En efecto, su ‘celda’ constaba de un living comedor, una habitación y un baño emplazados en el segundo piso de aquella dependencia pública." Además destacó que "el occiso se manejaba con absoluta libertad en el interior del edificio que ocupa la Prefectura Zona Delta e incluso contaba con diversos medios de comunicación (celular, teléfono de línea y computadora) que le permitían, a su sola discreción, mantener contactos permanentes con el exterior. Febres poseía las llaves de su camarote, con las que "cerraba la puerta desde adentro con una vuelta y media para que no se pudiera abrir desde afuera". Varios testigos, entre ellos sus familiares, declararon ante la jueza que las visitas ingresaban sin control y sin ser revisados sus bolsos o carteras.
La Cámara le había marcado a la jueza que amigos, familiares y hasta su sacerdote confesor –que lo acompañaron desde que se produjo su detención, en 1998 en el marco de la causa por la apropiación sistemática de menores– habían puesto en evidencia el estado de angustia que habría padecido Febres por los procesos penales que afrontaba y por su eventual traslado a una cárcel común y los inconvenientes que esto generaría para su familia "lo cual de algún modo podría abonar la hipótesis de autodestrucción". Sin embargo, también hay elementos demostrativos de "una personalidad inquebrantable y, por lo tanto, incompatible con decisiones de tal tenor". En concreto, dijo Arroyo Salgado, "Febres exhibía diferentes estados de ánimo según se encontrare con familiares o amigos", ante unos mostrándose entero y ante otros agobiado y extenuado. El humor de Febres había empeorado desde el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, ex jefe de Policía Bonaerense, porque se veía reflejado en esa situación, según el relato de su amigo Roberto Goñi. El cuerpo de Febres apareció con cantidades masivas de cianuro pero la Justicia todavía no determinó si lo instigaron a tomarlo o lo consiguió él mismo.

26 de abril de 2009
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otra cuenta pendiente de la rata astiz


Más de treinta represores procesados por el caso de Dagmar Hagelin. El juez Sergio Torres responsabilizó a los marinos de "privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público". Alfredo Astiz fue quien le disparó a la joven de origen sueco.
Argentina. "Parate, flaca, que te tiro." La joven escuchó la voz de alto y siguió corriendo. El hombre se agachó, apuntó y le tiró a la cabeza. La rubia cayó sobre el asfalto. El rubio y sus compañeros la llevaron a la Escuela de Mecánica de la Armada. El autor del disparo fue Alfredo Astiz, que ayer fue procesado por la desaparición de Dagmar Hagelin, la adolescente de nacionalidad sueca a la que le disparó en El Palomar el 27 de enero de 1977.
Además de Astiz, otros 33 represores fueron procesados por este hecho, entre ellos, Jorge ‘Tigre’ Acosta, Antonio Pernías, Ricardo Miguel Cavallo, Luciano Becerra, Eugenio Vilardo, Hugo Damario, Carlos Daviou, Juan Carlos Fotea, Miguel García Velazco, Ernesto Frimón Weber, Juan Torti, Raúl Scheller, Néstor Omar Savio, Julio César Coronel y Antonio Vañek. El juez federal Sergio Torres impuso a cada acusado, además, un embargo de un millón de pesos.
La investigación por la desaparición de Hagelin fue cerrada por prescripción, pero luego de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y varios trámites procesales fue reabierta. Los represores involucrados en el caso fueron indagados en marzo.
"No sé de qué me está hablando", dijo Astiz cuando el magistrado lo interrogó sobre los "vuelos de la muerte" en los que los desaparecidos eran arrojados vivos al mar. El ‘ángel rubio’ negó haber integrado un grupo de tareas y se definió como un "administrativo".
La joven fue secuestrada el 27 de enero de 1977 cuando iba a visitar a su amiga Norma Susana Burgos, quien fue esposa del dirigente montonero Carlos Caride y que había sido detenida ilegalmente el día anterior.
Supuestamente, el objetivo del grupo de tareas que respondía a Emilio Eduardo Massera era localizar a una militante de la organización Montoneros "de aspecto similar al de Dagmar".
Algunos testimonios recogidos durante la investigación señalan que en el secuestro encabezaba el operativo un hombre "alto, rubio, atlético y de ojos celestes" que luego fue identificado como Astiz. Luego del balazo –según se desprende del expediente–, los represores pararon un taxi, se apoderaron del vehículo y metieron a la joven en el baúl. Dagmar aún estaba viva, ya que trató de evitar con sus manos que la encerraran. Cuando llegó a la ESMA todavía seguía con vida, pero desde entonces está desaparecida.
El secuestro de Hagelin se convirtió en uno de los casos testigo de los crímenes del terrorismo de Estado. Ragnar Hagelin, padre de la joven, consiguió que el reclamo trascendiera las fronteras y que el gobierno sueco lo tomara como propio.
Luis Zamora, abogado de la familia, tuvo que combatir dos rechazos de la Corte Suprema, que se negó a reabrir el expediente en 2001 y 2003. En diciembre del año pasado, el máximo tribunal finalmente dispuso que el caso fuera investigado. Se basó en un dictamen de la Procuración General de la Nación que señaló que se trataba de un crimen de lesa humanidad y, como tal, debe ser considerado imprescriptible.
"Privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público y sin las formalidades establecidas por la ley, en concurso real con homicidio en grado de tentativa, en concurso real con robo de automotor con armas consumado" son algunos de los delitos por los que Torres procesó ayer a los represores.

24 de abril de 2009
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ex dictador debe rendir cuentas


Elevan a juicio oral una causa en la que están procesados por delitos de lesa humanidad. La disposición del juez federal de San Martín Juan Manuel Yalj abarca a Luis Patti, Santiago Omar Riveros y Reynaldo Bignone, acusados por tormentos, privación de la libertad y homicidio.
Argentina. La Justicia tarda pero llega, ahora para las víctimas de Luis Abelardo Patti, Santiago Omar Riveros y Reynaldo Bignone. El juez federal de San Martín Juan Manuel Yalj elevó a juicio oral la causa en la que estos represores están procesados por los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada y aplicación de tormentos y homicidio agravado por alevosía en perjuicio de un grupo de militantes peronistas. Así lo habían pedido los abogados querellantes al fiscal Jorge Sica y éste a su vez al magistrado, que ayer habría rechazado los últimos recursos planteados por la defensa de Patti, a cargo del ex camarista de Casación Alfredo Bisordi. El juez también envió a juicio a Eduardo Espósito, jefe del área 410 del Cuarto Cuerpo de Ejército, y a Juan Fernando Meneghini, ex comisario de Escobar, donde revistaba Patti.
Los abogados Pablo Llonto y Ana Oberlin, que representan a los familiares de las víctimas, habían pedido en septiembre la elevación del caso a juicio oral, dado que ya había confirmación de la Cámara de Apelaciones sobre el procesamiento de estos represores por haber secuestrado al ex diputado justicialista Muniz Barreto y a su colaborador José Luis Fernández, por el homicidio del ex militante de la Juventud Peronista Gastón Gonçalves, las desapariciones de Carlos Souto y los hermanos Luis y Guillermo D’Amico y por la detención ilegal de Osvaldo Arriosti, hechos ocurridos entre marzo de 1976 y febrero de 1977 en la zona del Primer Cuerpo de Ejército.
Por su parte, los abogados de Patti, Bisordi y Silvio Duarte, habían solicitado el sobreseimiento del ex subcomisario, 49 medidas de prueba y el apartamiento de algunos querellantes: todo fue rechazado por el juez Yalj. Bisordi asumió la defensa de Patti luego de renunciar como camarista de Casación y de que el entonces presidente Néstor Kirchner lo acusara de frenar las causas contra represores.
Muniz Barreto fue secuestrado junto con Fernández en Ramallo y fueron trasladados a la Unidad Regional de Tigre, para luego quedar alojados en el centro clandestino de detención que funcionaba en Campo de Mayo. El ex diputado, que integró el bloque de legisladores de la llamada Tendencia, apareció muerto el 6 de marzo de 1977 en la localidad entrerriana de Raíces Oeste dentro de su auto, un Fiat 128. Fernández logró sobrevivir y dar testimonio de los hechos, antes de exiliarse en España, donde falleció. Gonçalves fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 y pasó por la comisaría de Escobar, donde fue torturado. En tanto, Souto fue secuestrado en agosto de 1976 en Garín. Ambos se encuentran desaparecidos. Por esos días, Patti era oficial subinspector en la comisaría de Escobar.
El torturador que llegó a ser intendente de esa localidad quedó detenido en Marcos Paz en noviembre de 2007. Había obtenido una banca de diputado en las elecciones nacionales de octubre de 2005, pero la Cámara baja le impidió asumir al considerar que carecía de idoneidad moral para el cargo. La inhabilitación llegó a la Justicia y la Corte Suprema le permitió asumir, al sostener que primero debe permitirse el juramento del candidato electo y luego proceder a su desafuero. Esto ocurrió en abril pasado y Patti salió en libertad, aunque luego de ocho días tuvo que volver a acomodarse en el pabellón de lesa humanidad porque el Congreso aceleró sus reflejos y le quitó los fueros para que pudiera ser investigado por las violaciones a los derechos humanos que se le imputan, en el juzgado que ocupaba Alberto Suáres Araujo antes de renunciar. Desde ese pabellón es que el represor, que no abandonó sus aspiraciones políticas, hace campaña vía telefónica, como informó Página/12 el sábado.
Patti estuvo imputado en media docena de expedientes por delitos de lesa humanidad, como el asesinato de los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, y llegó a estar preso acusado de haber torturado a los presos comunes Mario Bárzola y Miguel Guerrero. Además, tiene un procesamiento en una causa que también fue elevada a juicio oral por encubrimiento al teniente Jorge Granada cuando estaba prófugo en la causa por la Contraofensiva.
Riveros estaba a cargo del comando del Cuarto Cuerpo de Ejército, que tenía jurisdicción represiva en la zona donde se cometieron los hechos. Riveros, que fue indultado por el ex presidente Carlos Menem, goza de prisión domiciliaria y a partir del próximo lunes comenzará a ser juzgado por la desaparición de Floreal Avellaneda, por el secuestro de su madre y las torturas aplicadas a ambos en una comisaría de Villa Martelli.
Bignone, el último presidente de la dictadura militar, fue jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares, con jurisdicción en Campo de Mayo, entre 1976 y 1977.

21 de abril de 2009
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se suicidó criminal alfredo marcó


Se suicidó en La Rioja el represor Alfredo Marcó. El ex capitán del Ejército tenía 66 años y estaba acusado de ser un cruel interrogador durante la represión ilegal, en la última dictadura militar. Se disparó un tiro en la sien.
Argentina. Se trata del ex capitán Alfredo Marcó, quien fue encontrado sin vida en su casa con un disparo en la cabeza y a horas de la exhumación del cuerpo de Angelelli. Según la CONADEP, era uno de los principales interrogadores en una cárcel provincial y tuvo activa participación en el golpe.
El ex capitán del Ejército, Alfredo E. Marcó, fue encontrado sin vida en su vivienda de avenida San Francisco. La Policía informó que se tiró un tiro en la sien.
Según la CONADEP, sería uno de los principales interrogadores en una cárcel provincial durante la última dictadura, pero nunca llegó a ser enjuiciado. La decisión la tomó a horas de la exhumación del cuerpo de Angelelli.
Según el diario Independiente, en la mañana de ayer, alrededor de las 10,30 personal de la Comisaría IV, fue alertado sobre el hallazgo de un hombre sin vida en una residencia ubicada en la zona de La Quebrada, motivo por el cual una comisión policial concurrió al lugar.
Desde la Regional IV se informó que se trataba del teniente coronel retirado, Alfredo Eugenio Marcó, de 66 años, quien se domiciliaba en la avenida San Francisco Km. 7 y medio, al lado de la residencia de la familia Maciel y frente al conocido comedor ‘La Tablita’.
Marcó, -de acuerdo al informe policial-, fue encontrado en el interior de su dormitorio, tirado sobre la cama con un disparo en la cabeza a la altura de la sien y para lo cual utilizó un revólver calibre 38 corto, con el que se tiro un proyectil que puso fin a su vida.
Al momento de producirse el hecho, los familiares de Marcó se encontraban en el inmueble y fueron quienes escucharon el disparo en el interior de la habitación. El ex militar se encontraba casado con Patricia Santángelo.
A poco de conocida la noticia, se multiplicaron los comentarios, por cuanto muchos riojanos, en especial ex presos políticos, trajeron a la memoria la activa participación que tuvo Marcó en oportunidad del golpe militar del año 1976, cuando ostentaba el grado de capitán y estaba subordinado al entonces teniente coronel Goenaga.
Fue denunciado en el informe de la Comisión Provincial de Derechos Humanos, año 1984, como uno de los principales ‘interrogadores’ de los presos políticos que eran alojados en el Instituto de Rehabilitación Social (cárcel), junto con los oficiales Goenaga, Moliné, Malagamba, y los policías Juan Carlos ‘Bruja’ Romero, Enrique ‘Quito’ Moreno y un tal ‘Cabezón’ Córdoba.
Luego de su paso por la fuerza militar, Marcó se desempeñó en distintas actividades de la faz privada, entre ellos en el desaparecido diario El Sol que era dirigido por Tomás Agustín Álvarez Saavedra, que marcó una clara política contra la pastoral de monseñor Angelelli.
Además, se pudo saber que se habría desempeñado como efectivo en una empresa de seguridad privada.
La muerte de Marcó, llamativamente se produjo a 48 horas de la exhumación del cadáver de monseñor Enrique Angelelli para conocer, mediante pericias, cuáles fueron las causales de su muerte, y a pesar de que figuraba en las causas abiertas por la Comisión de Derechos Humanos, nunca fue enjuiciado. En ese sentido una fuente de la Justicia Federal admitió que el ex militar no aparecía, al menos como testigo, en alguna de las causas.

20 de abril de 2009
©ámbito
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asesino de monjas seguirá preso


Niegan libertad a ex marino procesado por violaciones a los derechos humanos en Argentina. Entre otras causas, Ricardo Cavallo está acusado por los secuestros de dos monjas francesas.
Argentina. El máximo tribunal penal de Argentina negó la libertad del ex marino Ricardo Cavallo, extraditado en 2008 desde España y procesado por delitos de lesa humanidad cometidos en la mayor cárcel clandestina de la última dictadura, informaron fuentes judiciales.
La medida fue dispuesta por la Cámara Nacional de Casación Penal tras un pedido del abogado defensor de Cavallo, Alfredo Solari, dijeron las fuentes.
Cavallo, alias Sérpico, tiene confirmada seis procesamientos por delitos de represión cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), por donde se calcula que pasaron unos 5.000 detenidos ilegalmente por el gobierno militar entre 1976-1983.
Entre otras causas, el ex marino es acusado por los secuestros de las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon, de la fundadora de la agrupación Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y del escritor y periodista Rodolfo Walsh.
Durante la dictadura argentina desaparecieron 18.000 personas, según cálculos oficiales, aunque los organismos de derechos humanos elevan esa cifra a 30.000.

20 de abril de 2009
©la tercera
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