ex dictador bignone a juicio
20 de abril de 2009
Argentina. También está involucrado el ex general Santiago Riveros. En la causa se investigan los crímenes de cinco militantes peronistas durante la última dictadura.
El ex subcomisario Luis Abelardo Patti, el ex general Santiago Omar Riveros y el ex presidente de facto Reynaldo Benito Bignone irán a juicio oral en una causa por secuestros, torturas y desapariciones durante la última dictadura militar.
Fuentes judiciales informaron a la agencia DyN que así lo dispuso hoy el juez federal subrogante de San Martín Juan Manuel Yalj, al elevar a juicio oral y público una causa por delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército.
Puntualmente, Patti, Bignone y Riveros están procesados por los crímenes de cinco militantes peronistas, entre ellos el ex diputado Diego Muniz Barreto. Y también por los casos de Gastón Gonzalvez y Carlos Souto.
Por estos casos, la Cámara de Diputados había rechazado el pliego de Patti, ex intendente de Escobar, cuando resultó elegido en 2005, aunque más tarde la Corte Suprema lo habilitó a asumir ese cargo. La Cámara baja le quitó los fueros.
©clarín 
[Gustavo Veiga] Argentina. El legajo de la Conadep de Claudio Vallejos (DNI 13.831.862) tiene 274 folios y allí figura que pasó por los campos clandestinos de detención El Vesubio, El Banco, La Cacha, El Atlético, el BIM 3 y hasta La Perla, en Córdoba. Sus crímenes los contó él mismo con lujo de detalles en entrevistas concedidas a los medios entre 1984 y 1986, tanto en la Argentina como en el exterior. De ellas también se desprenden contradicciones, sobre todo entre las notas que dio aquí y las que le hicieron en Brasil. En las primeras dijo que había presenciado interrogatorios "en dos o tres oportunidades" y en las segundas que asesinó a "por lo menos treinta personas" y que participó "como agente activo de muchas de esas torturas".
Gustavo Veiga] Argentina. Cuando se piensa en la edad de los represores de la última dictadura, se teme que mueran antes de cumplir su condena. O algo peor: que ni siquiera lleguen a juicio. La mayoría son octogenarios. No es el caso de Claudio Vallejos. A los 50 años, quizás esté libre en algún lugar de Brasil y se siga haciendo pasar por periodista de una revista que no existe para cometer estafas. La última vez que lo detuvieron in fraganti fue el 7 de enero pasado en Bom Jesús, estado de Santa Catarina. Lo buscaban por estelionato ("delito de quien encubre en un contrato la obligación que pesa sobre sus bienes", según el diccionario). Nadie lo perseguía por sus crímenes en la Argentina, que incluyen asesinatos y torturas cometidos entre 1976 y 1979, cuando integraba un grupo de tareas de la Marina.
[Diego Martínez] Mendoza, Argentina. El obispo emérito Juan Rodolfo Laise, el ex juez federal Eduardo Allende y su secretario Carlos Martín Pereyra González, actual juez de la Cámara Federal de Mendoza, serán investigados por la Justicia junto con decenas de militares retirados y policías, todos libres e impunes, por su rol en San Luis durante la última dictadura. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal puntano, que el mes pasado condenó a prisión perpetua a cinco represores, fallo cuyos fundamentos se conocieron ayer.
[Diego Martínez] Argentina. A los 77 años, luego de treinta de lucha inclaudicable para exigir verdad y justicia, falleció ayer Mabel Gutiérrez, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y una de las máximas referentes de los organismos de derechos humanos del país. Integraba la organización desde el secuestro de su hijo Alejandro, el 24 de julio de 1978. Durante las últimas semanas participó de reuniones y encuentros, incluso con la presidenta Cristina Fernández, para consensuar estrategias con vistas a acelerar los juicios por crímenes de lesa humanidad. Representaba a Familiares ante el Instituto Espacio para la Memoria. Sus restos serán velados hasta las cuatro de la tarde en la sede de Familiares, Riobamba 34. Luego su familia la despedirá en el cementerio Parque Iraola de Berazategui. Sus cenizas, tal su último deseo, se van a esparcir el martes a las once de la mañana en el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado en el Parque de la Memoria de Costanera Norte.
[Diego Martínez] Argentina. La impunidad que reina en Mendoza, con más de doscientos desaparecidos y ningún represor preso, podría comenzar a revertirse. Con el visto bueno de los organismos de derechos humanos, la firma de dos fiscales federales y del flamante fiscal general ante el Tribunal Oral, la Unidad de Coordinación y Seguimiento de investigaciones sobre terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación presentó ante el juez federal Walter Bento un plan de trabajo para acumular causas a fin de agilizar las instrucciones y lograr en el corto plazo los primeros procesos orales y públicos. El fiscal federal Jorge Auat, director de la Unidad, anunció también la creación de una oficina de asistencia, con siete empleados, que ya funciona en una dependencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
[Emilio Ruchansky] Argentina. Las abuelas fueron con sus nietos, los pibes llevaron mazas y cortafierros, veinte policías miraron la escena de cerca sin atinar a interrumpirla: eran las 10.45 cuando un mazazo quebró el silencio y el muro. Los bloques de cemento sobre la calle Uruguay no estaban amurados al piso sino a las columnas de acero; no hacía falta estudiar mucho el asunto, bastaba con golpear esas juntas para que cayeran los últimos cinco bloques. Y cayeron ayer, antes de que saliera el amparo judicial para frenar la construcción, antes de la visita del ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, que había prometido la suspensión de la obra hasta el lunes. El muro se levantó arbitrariamente; tirarlo, para los damnificados, fue una especie de justicia por maza propia.
Argentina. "La pena de muerte no es eficiente como forma preventiva del delito", sentenció el ministro de la Corte Suprema de Justicia. Fue uno de los argumentos que se expusieron en la mesa "Reflexiones entre el derecho y la teología", que compartió con el rabino Daniel Goldman, como respuesta a la ofensiva mediática en favor de la reimplantación de la pena capital como solución a los denominados "problemas de inseguridad". El martes, ante un auditorio repleto, en el hall central del edificio de la Comunidad Bet El, los disertantes expusieron sus argumentos legales, jurídicos y teológicos contrarios a cualquier tipo de condena que haga foco en la "muerte del reo". La discusión se basó en un interrogante central que recorrió cada una de las explicaciones de los expositores: "¿Por qué, como una trágica sombra, la pena de muerte acompañó a la historia?", fue la pregunta formulada por el abogado y moderador, Martín Magram, para dar inicio al debate. La "sensación de inseguridad" de un grupo de vecinas del barrio de Belgrano presentes en el encuentro funcionó como cierre y excusa para una próxima discusión.