acelerarán juicios por lesa humanidad
8 de abril de 2009
[Laura Vales] Argentina. La Corte Suprema presentó oficialmente la Comisión para acelerar las causas por delitos de lesa humanidad. El organismo, que se ocupará de resolver los problemas que traban los juicios a los represores, quedó integrado por diez personas, que son representantes de los tres poderes del Estado más un grupo de jueces invitados por su conocimiento del tema. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, estimó en 1800 los casos acumulados en embudo tras la anulación de la Obediencia Debida y el Punto Final.
La comisión –su título completo es Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad– se reunirá semanalmente y dará a conocer sus decisiones en la página web del Poder Judicial (www.cij.gov.ar). "Tenemos ante nosotros un problema que básicamente es organizativo", consideró Lorenzetti en la ceremonia. En ese sentido, señaló que la comisión realizará tareas de superintendencia, como las de facilitar infraestructura en el caso de los juicios orales demorados por falta de salas de audiencias y acelerar la designación de jueces para cubrir los juzgados vacantes. De la misma manera, la comisión también controlará que los procesos "se resuelvan en un plazo razonable".
En representación del Ministerio Público fueron designados en el organismo Jorge Eduardo Auat y Pablo Parenti, de la unidad fiscal de Coordinación de la Procuración para las causas por violaciones a los derechos humanos. Por el trabajo que realizan allí, se considera a Auat y Parenti como quienes tienen el más claro panorama sobre los procesos abiertos en el país. Auat fue, por otra parte, fiscal en la investigación de la Masacre de Margarita Belén, y Parenti tuvo un rol importante en la elaboración del fallo con que el ex juez Gabriel Cavallo dictó la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad.
La Corte nombró en la comisión a Alfredo Kraut y Walter Vendi- tti. El primero es conocido como un hombre de diálogo directo con Lorenzetti, ya que fue su secretario letrado y en la actualidad se desempeña como titular de la Secretaría General y de Gestión del máximo tribunal; después de los ministros, Kraut es el funcionario con mayor autoridad en el área de Gestión de la Corte. Venditti es secretario letrado de la Corte, un cargo que históricamente funcionó como de nexo entre el máximo tribunal y los juzgados con juicios contra represores.
El Ministerio de Justicia puso en la comisión al subsecretario de Política Criminal Alejandro Slokar, elegido por Aníbal Fernández por su conocimiento de las reformas del Código Procesal para acelerar los juicios. El Consejo de la Magistratura envió al ex secretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, impulsor del juicio contra los militares que durante la guerra de Malvinas estaquearon soldados. El Congreso designó a Juan Carlos Salerni, director de Asuntos Jurídicos del Senado.
En el equipo hay tres figuras convocadas por la Corte. Son el juez Daniel Rafecas (a cargo de la megacausa por los delitos cometidos por el Primer Cuerpo de Ejército), el secretario general de la Cámara de Casación Javier Carbajo y el juez jubilado del Tribunal Oral Federal Nº1 de la Capital Federal, Mario Gustavo Costa.
El acto se realizó en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Lorenzetti estuvo acompañado por Elena Highton de Nolasco y el presidente del Consejo de la Magistratura, Luis María Bunge Campos.
La creación de un grupo con representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial fue una propuesta de los organismos de derechos humanos, ante las demoras en los procesos a los represores que ponen en riesgo la posibilidad de llevarlos a juicio.
La comisión ya tuvo dos reuniones, la segunda de ellas ayer. Uno de los temas en los que ya comenzó a trabajar fue en la redistribución de las causas acumuladas en el Tribunal Oral Número 5 de la Capital Federal. La Cámara de Casación ya aprobó la reasignación de juicios, lo que originó una serie de cuestiones a resolver, como encontrar las salas donde se harán los procesos orales.
El primer pedido les fue presentado ayer, al término del acto, por Nilda Eloy, quien reclamó que se dé una solución a los problemas por los cuales la causa por la desaparición de Julio López carece desde hace dos meses de instrucción.
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Argentina. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó ayer un proyecto de ley que impulsa la despenalización de las figuras de calumnias e injurias respecto de expresiones relacionadas con temas de interés público. En la presentación de la iniciativa, el presidente del organismo, Horacio Verbitsky, adelantó que "el proyecto fue enviado tanto al Ejecutivo como a los bloques oficialistas y opositores". De esta manera, el CELS se remitió a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que en su fallo a favor del periodista Eduardo Kimel, en mayo de 2008, ordenó adecuar la legislación interna para evitar que el uso de estas figuras legales afecte el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
[Adriana Meyer] Argentina. Italia avanzó ayer en el procesamiento del genocida Emilio Eduardo Massera y comenzará a enjuiciarlo "en rebeldía" el 30 de septiembre por el asesinato de tres ciudadanos ítalo-argentinos durante la dictadura. "Es un momento de gran satisfacción que parecía que nunca llegaría, que nunca íbamos a poder juzgar a Massera, pero gracias a la determinación de los jueces italianos ahora será posible llevar a los estrados este caso", dijo Giancarlo Maniga, abogado de los familiares de las víctimas sobre la decisión de un tribunal de Roma que vio indicios de una "corresponsabilidad más que fundada" de Massera en los homicidios de Angela María Aieta, madre del dirigente de la JP Dante Gullo, secuestrada el 5 de agosto de 1976; así como de Giovanni Pegoraro y su hija, Susana, ambos secuestrados el 18 de junio de 1977, y de su nieta nacida en cautiverio. Mientras tanto, la Justicia argentina revisa la determinación de que el anciano ex almirante es inimputable, algo que frena los procesos locales en los que está acusado.
Argentina. El 4 de febrero pasado, Página/12 anticipó el contenido del informe médico realizado por el perito italiano Piero Rocchini, que señalaba que el ex almirante Emilio Eduardo Massera estaba en condiciones de ser juzgado y que los síntomas que presentaba eran ficticios. Las conclusiones del estudio indicaron que "Massera, quien experimenta una moderada declinación psíquica, causada por una inicial demencia vascular, con acentuación de las manifestaciones sintomatológicas a causa de una concomitante perturbación ficticia con síntomas psíquicos, o de un cuadro de simulación, debe ser considerado plenamente en condiciones de ser sometido a juicio, pese a posibles intentos manipulatorios, más o menos conscientes, actuados por medio de exageraciones, incluso espectaculares, de síntomas psíquicos ficticios".
[Horacio Verbitsky] Argentina. Leandro Manuel Ibáñez y María Elena Perdighe presentarán un reclamo judicial contra los bancos extranjeros que financiaron a la dictadura militar que secuestró e hizo desaparecer a sus padres, en 1976 y 1977 en la ciudad de La Plata. Un estudio porteño de abogados, con apoyo de expertos de la Universidad de Nueva York, invocará normas y antecedentes internacionales y norteamericanos, como la jurisprudencia del Tribunal de Nuremberg, que condenó a empresarios alemanes que vendieron el gas letal usado en el campo de concentración de Auschwitz, emplearon mano de obra esclava y donaron dinero a las SS, y la Convención contra el Genocidio, que contempla sanciones no sólo a los perpetradores sino también a sus cómplices. "Quiero saber quién le daba plata a la Junta Militar que gobernaba un país quebrado pero podía pagarle el sueldo a los asesinos de mi padres y comprar las máquinas para torturarlos", explica María Elena Perdighe, de asombroso parecido con su madre, según afirman quienes la conocieron.
[Diego Martínez] Hace treinta años se destacaron como interrogadores en centros clandestinos del Primer Cuerpo de Ejército. Cuando el juez federal Daniel Rafecas ordenó sus detenciones, ambos decidieron fugarse. El viernes Juan Máximo Copteleza se cansó de jugar a las escondidas y se entregó en la mesa de entradas del juzgado. Pedro Santiago Godoy no se resignó, burló con éxito a la Justicia durante más de cuarenta meses, hasta que el jueves pasado Interpol lo detuvo mientras caminaba con un familiar. Ambos se negaron a declarar y ya pasan sus días en cárceles comunes.
[José Pablo Feinmann] Argentina. El 13 de mayo de 1985, el teniente general Lanusse se presentó a dar testimonio en el Juicio a las Juntas de la sombría dictadura que se instaló en 1976 con el apoyo total del establishment, de las clases medias y con la complicidad, el silencio o la aceptación pasiva de toda la prensa del país. Lo que dijo en esa oportunidad está olvidado. Nadie lo cita. No ha tenido relevancia. Y es de lamentar, sobre todo, que sea ignorado por las nuevas generaciones de oficiales de un Ejército que –es nuestra opinión y, creemos, se desprenderá de los dichos de Lanusse– él se negó, con fuertes razones, a hundir en el lodo en que lo hundieron los que aplicaron en nuestro país las crueles doctrinas de contrainsurgencia que el ejército francés había elaborado a partir de sus experiencias (fracasadas) en Indochina y Argelia.
[Laura Vales] Argentina. "Despertemos a la justicia con ruido, con silbidos, con cantos", propuso la chica desde el escenario y abajo, en la Plaza de Mayo, la gente respondió con lo que tenía más a mano. Dos flaquitos que sostenían una pancarta la apoyaron en el suelo para aplaudir; el morocho del bombo hizo sonar el parche como en la cancha, y casi enseguida otros le siguieron el ritmo con las manos. Petardos, redoblantes, batucadas, cantitos. En el 33 aniversario del golpe del ’76, miles de personas reclamaron masivamente que se aceleren los juicios a los represores. Hubo dos marchas, una convocada por los organismos de derechos humanos y otra que reunió a las organizaciones de izquierda. Así, se hicieron dos actos con discursos muy diferenciados, durante una jornada en la que se pudo ver gente marchando a la plaza toda la tarde. Los primeros manifestantes llegaron al escenario montado junto a la Pirámide de Mayo a las tres y media, y cuatro horas más tarde todavía los últimos grupos seguían tratando de que se hiciera espacio para acercarse al lugar.